ESPAÑA
La bandera ya ondea en Bilbao pero Elorza no la pone en San Sebastián
El alcalde Azkuna (PNV) cumplió a las dos de la mañana el requerimiento judicial para aplicar la ley Sólo dos capitales -San Sebastián y Tarragona, gobernadas por socialistas- no izan la enseña nacionalOSCAR TORRES / LEYRE IGLESIAS
BILBAO/VITORIA.- A las 2.00 horas de la madrugada de ayer, el Ayuntamiento de Bilbao izó junto al reloj de la Casa Consistorial la bandera española, en un hecho histórico en la trayectoria de la democracia. La Justicia ha querido que sea precisamente el Ayuntamiento de la capital vizcaína el primer Consistorio vasco gobernado por nacionalistas en el que la enseña ignorada acompañe día a día a la ikurriña.El último capítulo de la pelea contra la colocación de la bandera en Bilbao no ha dejado indiferente a nadie. Resignación entre los nacionalistas, indignación del entorno abertzale, que ya ha anunciado protestas, y alegría en las filas del PP y también entre los socialistas, a pesar de que su compañero de partido Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, continúa con su negativa a colocar la bandera española en la fachada del Consistorio de la ciudad.
De hecho, San Sebastián es la única capital de provincia, junto a Tarragona -gobernadas por Odón Elorza y Josep Félix, respectivamente, ambos socialistas-, en cuyo Ayuntamiento no ondea la bandera española.
En Bilbao, la hazaña es el resultado de la sentencia firme del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV), de noviembre de 2007, que otorgaba al alcalde, Iñaki Azkuna (PNV), un plazo que acababa el próximo lunes para que la enseña española ondeara en un «lugar preferente» y de forma «permanente», «y no coyuntural», como se venía haciendo en la democracia, pues sólo se colocaba con motivo de la Semana Grande.
La vía no ha sido otra que el mandato judicial, porque a fuerza de tradición y de la casi eterna alcaldía nacionalista, la izada de las banderas ha estado siempre vinculada con las fiestas de la Aste Nagusia y marcada por la que acabó llamándose guerra de las banderas.
Esa guerra se convirtió en cita obligada para el entorno abertzale, que, con pitadas, incidentes y enfrentamientos con la Policía, emborronaron año tras año el día más festivo de la ciudad.
A partir de ayer, ambas enseñas, la vasca y la española, ondearán todos los días en la parte superior de la fachada y no en la balconada, porque esta parte del edificio se encuentra dañada, según el Ayuntamiento. El portavoz del PP en el Consistorio, Antonio Basagoiti, matizó su alegría reprochando al alcalde su colocación «de manera vergonzante» por la noche y casi detrás de una columna «para que no se vea».
Además del PP, el primero en hablar fue el portavoz socialista en Bilbao, Txema Oleaga, quien también se mostró satisfecho con la noticia. El cumplimiento de la sentencia, dijo, debe poner fin a «polémicas interesadas y estériles» sobre el asunto.
La izquierda abertzale, que, por supuesto, rechaza la colocación de la enseña, ha anunciado actos de protesta para hoy y una manifestación para el lunes. Por su parte, el socio del PNV en el Gobierno municipal, EB, restó importancia a las banderas porque «no solucionan los problema reales de la gente de Bilbao».
En San Sebastián, la bandera se mantiene ausente. No está situada en un «lugar preferente» del exterior del edificio consistorial, como obliga la ley, y el alcalde socialista, Odón Elorza, sigue adelante con su decisión de que no ondee en la fachada principal del Ayuntamiento, a pesar de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio.
Elorza se convirtió en el primer alcalde de España en comparecer ante un juez por el asunto de las banderas, acusado de desobediencia, prevaricación y omisión de funciones. La querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias fue admitida a trámite por la juez de Instrucción número 4 de San Sebastián, Ana Isabel Martín Ramos, y durante su citación judicial, el alcalde socialista alegó que ya coloca la bandera española en el interior del edificio consistorial.
La juez instructora determinó que Elorza no había cometido ningún delito y archivó la causa el pasado mes de diciembre. Antes, el 26 de noviembre, el Grupo Socialista en San Sebastián se abstuvo en una proposición del PP que instaba a colocar la bandera española, permitiendo así que la situación se mantuviera igual.
La obligatoriedad de la colocación de la bandera española afecta desde al propio Gobierno vasco hasta al Parlamento autonómico, las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa y varios ayuntamientos.
Las sentencias que obligan a las instituciones a colocar la enseña han sido dictadas por el TSJPV y recurridas en casación en todos los casos ante el Tribunal Supremo. Con este trámite, los nacionalistas han podido acogerse durante años a que la sentencia no era firme y, en consecuencia, incumplir la ley.
EDITORIAL
¿TIENE ELORZA QUE SER REQUERIDO POR UN JUEZ PARA CUMPLIR LA LEY?CRISIS EN LA JUSTICIA
De la Vega ordena a Bermejo que solucione la huelga de JusticiaJOAQUIN MANSO
MADRID.- María Teresa Fernández de la Vega se reunió el jueves con Mariano Fernández Bermejo para instarle a que resuelva hoy mismo la huelga de funcionarios que tiene paralizados los órganos judiciales de siete comunidades autónomas y otros tan importantes como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.También le transmitió el malestar del Gobierno por las críticas del ministro a los trabajadores, especialmente por cuestionar el referéndum en el que nueve de cada 10 rechazaron la oferta de Justicia.
De la Vega pidió al ministro más diálogo, aunque sin perder la firmeza, en la línea manifestada el mismo jueves en Bucarest por el presidente del Gobierno. En Moncloa disgusta cómo está llevando Bermejo la negociación y no ha sentado bien que se dirigiese a los sindicatos con tanta dureza como lo hizo en la rueda de prensa que ofreció el jueves, en la que calificó de «muro de intransigencia» a la plataforma que negocia con el Ministerio y de «fraude flagrante, impropio de un sistema democrático», el referéndum de trabajadores que deparó un resultado desolador para la propuesta del Ministerio. El Ejecutivo considera que las convocatorias asamblearias de los colectivos de funcionarios son legítimas, y de hecho es la forma habitual en que las centrales sindicales llevan a cabo consultas similares.
Entre los trabajadores ya existía un notable rechazo hacia la figura de su ministro, especialmente después de que sugiriese en distintas ocasiones que en la Administración de Justicia existe un «elevado absentismo laboral» y que el personal no está suficientemente cualificado. De hecho, en la manifestación que recorrió el centro de Madrid hace siete días, la practica totalidad de consignas y de pancartas aludía a esas declaraciones de Bermejo.
Esta inquina manifiesta de los funcionarios hacia el responsable de su Departamento puede perjudicar los planes de actuación previstos para recuperar los retrasos acumulados por la huelga, y la implantación de las anunciadas reformas en la Oficina Judicial para mejorar la eficacia del sistema, puesta en duda en el debate público en los últimos días. Principalmente, porque serán los propios trabajadores que ahora están en huelga los encargados de ejecutarlos.
Tras el fracaso, ayer, de la última mesa de negociación, Bermejo adelantó a hoy mismo la convocatoria de una reunión con los secretarios generales de los sindicatos convocantes -CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ- para desbloquear el conflicto. Puentea así a los negociadores habituales por haber «perdido la confianza» en ellos, según el Ministerio.
Su previsión era celebrar ese encuentro el lunes, pero la orden de la vicepresidenta ha tenido un efecto fulminante. Por esa repentina celeridad y porque Justicia ha anunciado que el propio ministro asumirá personalmente la negociación, por primera vez después de dos meses de una huelga que ha paralizado los órganos judiciales de media España y que ha acumulado un retraso que puede tardar un año en recuperarse.
El tono de la misiva es, además, todo lo que Bermejo no ha sido hasta ahora con los funcionarios en sus declaraciones públicas: abiertamente conciliador, en la línea de lo que le reclama el Gobierno. Donde había «un muro de intransigencia», ahora reconoce un «esfuerzo» («estoy seguro de que los sindicatos y los trabajadores también sienten que han hecho el esfuerzo de arriesgar sus retribuciones y de soportar la tensión que entraña la defensa activa y pública de sus peticiones», se lee en la carta).
La urgencia para alcanzar un acuerdo hoy mismo se reproduce más adelante: «Propongo ahora que hagamos un último esfuerzo de negociación, de aproximación, de acercamiento, que sea verdaderamente último [destacado este término en negrita en el original] en el sentido literal de la palabra, es decir, que propicie un entendimiento satisfactorio para todos».
«También creo que, después de un conflicto tan largo y tan tenso, es preciso que el acuerdo final no haga sentir a nadie derrotado o vencido», concluye Bermejo.
LAS RAZONES DE DOS MESES DE CAOS
Lo que piden los funcionarios: un incremento de 200 euros al mes, con efectos a enero de 2008. Lo que ofrece el Ministerio: 60 euros más al mes en enero de 2008, y otros 80 en enero de 2009, más una paga única de 960. 40 más al mes en abril de 2009.
Las diferencias: un agente de la Justicia no transferida cobra 1.091 euros al mes. En el resto puede llegar a 1.431 en 2009.
Lo que supone: la subida costaría 30 millones de euros, un 2% del presupuesto anual del Ministerio (1.523 millones).
Parálisis total: desde el 4 de febrero, se han suspendido más de 130.000 actuaciones judiciales en toda España.
La Inspección Judicial propone expedientar al juez del 'caso Mari Luz' por falta muy grave
MARIA PERAL
MADRID.- La «pasividad», «dejación de funciones» y «ausencia de control» del trabajo de los funcionarios encargados de proceder a la ejecución de una antigua condena dictada contra Santiago del Valle, detenido el pasado 25 de marzo como presunto responsable de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, son las razones por las que la Inspección Judicial ha propuesto que se abra un expediente disciplinario por falta muy grave al juez penal de Sevilla Rafael Tirado.La iniciación del expediente será acordada, previsiblemente, el próximo lunes en una reunión extraordinaria de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace año y medio, va a acometer en un plazo récord (dos semanas, desde que se produjo la detención de Del Valle por el caso Mari Luz) la depuración de responsabilidades. Fuentes del CGPJ indicaron que el vocal Agustín Azparren, ponente de este asunto, asumirá el detallado informe presentado ayer por el Servicio de Inspección. Aunque Azparren propondrá la apertura de un expediente a Tirado, no va a plantear a la Comisión que le suspenda cautelarmente en sus funciones.
La investigación preliminar realizada por los inspectores refleja una sucesión de «trámites dilatorios, errores y omisiones» en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, que han tenido como consecuencia una demora de dos años y dos meses en la ejecución de una condena impuesta a Santiago del Valle en 2002 y que era firme desde diciembre de 2005.
Del Valle fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por abusos sexuales cometidos en la persona de su propia hija.
La Inspección constata que la actuación de Tirado fue diligente a la hora de juzgar a Del Valle, dar cauce al recurso de apelación que éste interpuso ante la Audiencia de Sevilla e iniciar la fase de ejecución cuando el procedimiento volvió al Juzgado. El magistrado no tardó más de dos semanas en denegar la suspensión de la ejecución, ordenar el cumplimiento del fallo y dictar la providencia de citación del condenado.
Sin embargo, a partir de ahí (febrero de 2006), se desentendió de la ejecución hasta que el pasado 27 de marzo ordenó el ingreso en prisión de Del Valle, que para entonces ya había sido detenido por el asesinato de Mari Luz.
La Inspección reprocha a Tirado que, en esa fase inicial de la ejecución, acordara requerir por dos veces al pederasta para que fuera voluntariamente al Juzgado con el fin de notificarle que debía ir a prisión, un trámite «dilatorio e innecesario».
Para colmo, el primer requerimiento no se cumplimentó correctamente (fue dirigido a la representación procesal de la mujer de Del Valle, también condenada, y el error no fue suplido por el Juzgado). Ante el lógico fracaso del emplazamiento, Tirado volvió a requerir el ingreso voluntario del condenado en prisión en vez de acordar su inmediata privación de libertad.
A partir de ese momento, la ejecución estuvo paralizada un año y medio. En septiembre de 2007, la secretaria judicial -que es la que lleva a cabo la tramitación material de la ejecución- acuerda que se proceda a la detención e ingreso en prisión de Del Valle, pero se produce otro «relevante error» porque no se llega a expedir la requisitoria. Ni la secretaria judicial ni el juez lo advirtieron.
Luego se solicita un innecesario informe al fiscal -petición que tampoco se cursa efectivamente- para que diga si, ante la incomparecencia de Del Valle, procede su ingreso en prisión (que, en realidad, ya se había acordado, lo que «evidencia que la revisión de la causa no se hizo en profundidad»). La Inspección afirma que el hecho de que la ejecución material de los distintos actos procesales sea realizada por la secretaria judicial y los funcionarios «no exonera al juez de la obligación profesional de llevar el superior control y dirección» de esa actividad.
Pero, a juicio de los inspectores, la responsabilidad no se circunscribe al Juzgado. «No consta que en algún momento de la dilatada tramitación de la causa el fiscal o la Junta de Andalucía, que actuaba como acusación particular, denunciaran demoras o irregularidades en la tramitación de la ejecutoria», dice el informe. «Tampoco recurrieron las diferentes resoluciones dictadas».
El papel de la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia, no se limita a su total inacción como acusación particular en la ejecución del fallo condenatorio.
Tal como aseguró Tirado, el negociado que tramitaba esta ejecutoria estuvo vacante cinco meses (de marzo a agosto de 2006) pese a que la secretaria judicial pidió desde el primer día la cobertura de la baja. En agosto, la Junta envió a una interina procedente de un Juzgado de Menores y sin experiencia en la ejecución del procesos penales, que se encontró con 245 ejecutorias sobre su mesa. De los ocho funcionarios del Juzgado, cinco son interinos. El Juzgado de lo Penal número 1 tiene un funcionario menos que los demás dedicado a ejecutorias.
La responsabilidad de la Audiencia, prescrita La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tardó dos años y siete meses en resolver el recurso de apelación de Santiago del Valle contra su condena por abusos sexuales a su hija, que ratificó.
La Inspección del Consejo General del Poder Judicial afirma que la actuación de la Sección «evidencia un incumplimiento de especial trascendencia porque significa una pasividad alarmante en un momento procesal de extraordinaria importancia como es el dictado de la sentencia» y todo ello sin que conste ninguna razón que justifique el retraso.
Los inspectores piensan que tanto el presidente de la Sección, Antonio Gil Merino, como el ponente, Javier González, incurrieron en una falta muy grave de la que, sin embargo, no van a responder: Gil ya está jubilado y la eventual responsabilidad disciplinaria de González está prescrita, al haber transcurrido más de dos años desde que puso la sentencia. Dos años es el plazo de prescripción de las faltas más graves de los jueces.
La Inspección no detecta responsabilidad disciplinaria alguna en el juez de lo Penal número 4 de Sevilla ni en el juez de instrucción número 3 de Gijón, que también tramitan causas contra Santiago del Valle.
«TRAMITES DILATORIOS, ERRORES Y OMISIONES» La ejecución de la condena impuesta en 2002 a Santiago del Valle por abusos a su hija se demoró durante dos años y dos meses.
El juez se desentendió de la ejecución, desde que denegó la suspensión de la ejecución del fallo y citó a Del Valle para notificárselo (febrero de 2006), hasta el pasado 27 de marzo.
La secretaria judicial no dio cuenta al juez del estado de la ejecutoria. Tampoco se percató de los errores cometidos por los funcionarios y acordó trámites innecesarios. La Fiscalía no vigiló la ejecutoria. No denunció las demoras ni las irregularidades.
La Junta de Andalucía tampoco intervino en la ejecución, aunque fue acusación particular. Tardó cinco meses en cubrir la vacante de la funcionaria y lo hizo con una interina sin experiencia.
Depurar responsabilidades. La Inspección Judicial propone enviar las actuaciones a la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía para que «valoren las conductas de los funcionarios sometidos a su potestad».
UNO ENTRE MILES.
El expediente que hay en Sevilla de Santiago del Valle (izquierda) es uno más de los miles de asuntos acumulados en los juzgados de lo Penal (arriba). Sin distintivos especiales, guarda la condena de dos años por abusar de una menor en julio de 2003. A la derecha, la consejera de Justicia de Andalucía, María José López.
HUMOR GRAFICO
Gallego & ReyIdígoras y Pachi
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LA NUEVA LEGISLATURA
Rajoy: «A mí, nadie se me ha quejado de los nombramientos»En las puertas de La Zarzuela califica de «sorprendentes» las informaciones sobre que Ruiz-Gallardón será su secretario generalCARMEN REMIREZ DE GANUZA
MADRID.- El líder del PP, Mariano Rajoy, se detuvo contra toda costumbre en las puertas de La Zarzuela tras su entrevista con el Rey para departir con los periodistas y desdramatizar en lo posible el clima de descontento interno generado en su partido desde el pasado lunes.Rajoy se encogió de hombros y llegó a asegurar que «nadie» en el PP le ha manifestado que esté molesto con los últimos nombramientos parlamentarios, desmintiendo informaciones trasladadas por diputados y dirigentes que han hablado estos días con la prensa. «La respuesta puede ser sorprendente: nadie», dijo a los periodistas. Sin embargo, el candidato a la Presidencia en el Congreso del PP coincidió con el actual clima de opinión mayoritario en su partido de que contará con el apoyo de los militantes para ganar en junio.
El líder del PP señaló que estos días está «hablando con muchos dirigentes» del partido, algo que es «perfectamente entendible», según informa Europa Press. Eso sí, insistió en que esas conversaciones «son privadas» y que, por lo tanto, en lo que de él dependa «no saldrán a la luz».
Rajoy hizo estas declaraciones al término de su encuentro de casi una hora con Don Juan Carlos, dentro de la ronda de contactos abierta por el Jefe del Estado para designar candidato a la Presidencia del Gobierno. Pero, además, en un clima distendido, el dirigente popular comentó la noticia de la jornada, a propósito de su comida privada del pasado miércoles con la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
El presidente de los populares no quiso revelar el contenido de su conversación «privada» con Aguirre. Sin embargo, y al ser preguntado si en este almuerzo había limado asperezas con ella replicó: «Nunca he tenido ninguna aspereza ni ningún problema con doña Esperanza Aguirre».
Los informadores le preguntaron si, tras conversar con Aguirre, advertía la posibilidad de que haya una lista alternativa en el Congreso de junio. indicó que no podía decir nada al respecto porque lo desconocía. «Yo lo único que tengo claro», contestó, «es cuál es mi posición y cuáles son mis apoyos, que son muchos, porque así me lo han hecho saber».
En cualquier caso, afirmó que se tomaría con «toda naturalidad» que hubiera una candidatura alternativa porque en el Congreso del PP «se puede presentar cualquier militante del partido». Así, repitiendo lo que dijo a los miembros de la Junta Directiva Nacional el pasado lunes, bromeó con que, si hay una sola lista, los críticos dirán que es «un Congreso a la búlgara» y, si hay dos o tres, el de un partido «dividido».
Rajoy aseguró, a modo de mensaje interno, que los militantes saben «perfectamente» lo que pretende hacer en ese cónclave, porque, tal como viene repitiendo de sí mismo, él es una persona «previsible». «Y estoy convencido de que me van a apoyar en el próximo congreso y que yo no les voy a defraudar», insistió.
En esta misma línea, Rajoy ironizó con las informaciones que sitúan al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la próxima Secretaría General que salga del Congreso. Sin llegar a desmentir de manera tajante un rumor que ya está instalado en el en el PP, su líder indicó a preguntas de los periodistas que se «leen cosas verdaderamente sorprendentes».
Tan distendido fue su encuentro con la prensa que dio tiempo a preguntarle también qué papel tiene reservado para personas como Manuel Pizarro, Eduardo Zaplana o Esteban González Pons, a lo que respondió: «Sé lo que tengo que hacer, todo el mundo sabe lo que voy a hacer y la inmensa mayoría de los militantes y dirigentes sabe también lo que tenemos que hacer. Estoy muy tranquilo y muy sereno. Y nada más tengo que añadir en relación con ese tema».
Dicho esto, destacó que en este momento se está viendo el papel que tendrán los 154 diputados del PP y añadió que no todos pueden ser portavoces de comisiones. Eso sí, subrayó que intentará dar «el mayor juego posible a todos los que tengan ganas y quieran trabajar».
Rajoy participó ayer en una cena en Pontevedra con más de 2.000 militantes y simpatizantes. El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, le garantizó su apoyo «en todas las decisiones» que tome en el futuro.
elmundo.es Vídeo: Rajoy niega problemas con Aguirre
ESPAÑA
Muere en Murcia un niño de cinco años que pesaba 50 kilosEl pequeño, que vivía en La Unión (Murcia), pesaba 50 kilos, cuando lo normal a esa edad oscila entre los 18 y los 20 kilosJAVIER ADAN. Corresponsal
MURCIA.- La localidad murciana de La Unión está conmocionada por la muerte de F., un niño de cinco años, a causa de su obesidad. El menor, que pesaba 50 kilos, no pudo superar los problemas cardiovasculares provocados por el sobrepeso. Cuando fue atendido en el hospital de la Arrixaca, en la capital de la región, duplicaba muy por encima el percentil normal de masa corpórea para su edad.Los médicos investigan la causa del fallecimiento de este niño, que no sobrevivió a una crisis derivada de su obesidad. No se conoce que se le haya realizado una autopsia.
F. murió el pasado 2 de abril en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario Virgen de la Arrixaca, donde culminó su peregrinaje hospitalario. Se descarta que el fallecimiento del pequeño pudiera deberse a una operación para rebajar su peso, porque estas intervenciones no están indicadas para esa edad. La familia donará sus órganos.
El niño fue atendido en primer lugar en el servicio de urgencias del hospital Naval de Cartagena el 17 de marzo, por problemas derivados de su obesidad. Desde allí fue trasladado el día 18 al centro Virgen del Rosell y después, debido a su «extrema gravedad», al hospital Virgen de la Arrixaca, donde permaneció en la UCI hasta su fallecimiento por un problema cerebrovascular.
Hasta el momento de su ingreso en Urgencias del Naval, el Servicio Murciano de Salud sólo tenía registrada una consulta al niño, realizada en el centro de Atención Primaria de La Unión en enero de 2006, «por razones que no tenían nada que ver con su peso». De ahí se deduce que el pequeño era tratado por el servicio de pediatría de algún centro de carácter privado o de alguna empresa de seguros sanitarios.
Un portavoz de la Consejería de Sanidad indicó que «no se ha abierto ninguna investigación sobre las causas» del fallecimiento del menor, que ayer fue enterrado en el cementerio de La Unión.
La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de esta localidad, María Hermógenes, explicó que el niño, con cinco años, pesaba unos 50 kilos, cuando el peso normal a esa edad oscila entre los 18 y los 20 kilos.
La concejal, que acudió a dar el pésame y ofrecer ayuda a la familia, agregó que los padres y los abuelos del niño «están deshechos» y que «no se esperaban» el fallecimiento a pesar de su obesidad.
Según informó la concejala, la familia le comentó que llevaron al niño al servicio de Urgencias del Hospital Naval de Cartagena por «problemas respiratorios leves», e indicó que estaba siendo tratado por un médico endocrino.
El menor «estaba bien tratado y bien cuidado, tanto por la madre como por la abuela», informó María Hermógenes, quien insistió en que la familia es muy conocida y apreciada en el pueblo.
Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor índice de niños obesos y de sedentarismo entre la población infantil y juvenil, según todos los informes sanitarios.
HORARIO ININTERRUMPIDO
La CNC avala la liberalización comercial de Aguirre «porquere ayuda a controlar los precios»CARMEN LLORENTE / CRISTINA CABALLERO
MADRID.- No existe riesgo alguno para los consumidores; más bien al contrario: la libertad de horarios comerciales que está impulsando la Comunidad de Madrid con la Ley de Modernización del Comercio «incrementará la competencia y producirá una reducción de los precios», según la Comisión Nacional de la Competencia.«Produce extrañeza que la liberalización de horarios comerciales suscite rechazo en algunos sectores, puesto que aumentar la oferta de comercios y de horarios puede producir precios más bajos, lo que es beneficioso tanto para los consumidores como para la creación de empleo», aseguraron ayer fuentes de la Comisión a este diario.
El organismo presidido por Luis Berenguer, cuya labor es velar por la libre competencia, es, de hecho, un firme defensor de la libertad de horarios comerciales desde hace varios años. El precedente de la actual Comisión, el Tribunal de Defensa de la Competencia, ya se pronunció oficialmente sobre el tema en 2004, en un informe en el que recomendaba eliminar las trabas jurídicas para crear la segunda licencia para abrir un establecimiento.
En ese informe, todos los miembros del Tribunal suscribieron la tesis de que «la libertad de horarios favorecerá los procesos de modernización del sector y el fomento de la inversión y el empleo, y lo que es más importante, incrementará el bienestar del consumidor, por lo que constituye una medida deseable».
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -la patronal liderada por grupos de la talla de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Media Markt, Leroy Merlin o Ikea- también mostró ayer su satisfacción por el nuevo paso que quiere dar la Comunidad de Madrid en la flexibilización de los horarios comerciales, dando libertad para que cualquier establecimiento abra las 24 horas del día si así lo desea.
«Una mayor liberalización siempre es positiva, ya que actúa en beneficio de los consumidores, cada vez con menor disponibilidad de tiempo para hacer las compras», afirmó ayer un portavoz de Anged, que recordó que la mayor apertura en Madrid ha demostrado que ha repercutido en un mayor crecimiento del número de comercios y en más creación de empleo, por lo que la patronal de las grandes superficies daría la «bienvenida» a que otras comunidades siguieran el ejemplo de la región capitaneada por Esperanza Aguirre.
Madrid es con diferencia la comunidad autónoma con mayor libertad comercial, tanto en cuanto a requisitos para abrir nuevos centros comerciales o hipermercados como a cuanto amplitud de horarios se refiere. Actualmente, en Madrid se abren un total de 22 domingos y festivos al año, frente al mínimo de ocho fijados por el Gobierno en 2004, y que es el que cumplen la mayoría de las autonomías, con la excepción de Canarias y Valencia, con nueve festivos abiertos al año y Murcia, con un total de 10.
Además, hace sólo unos meses, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento declararon la madrileña plaza de la Puerta del Sol y las calles adyacentes «zona de gran afluencia turística», lo que permite a los comercios abrir todos los domingos y festivos del año.
El nuevo avance de Esperanza Aguirre en la liberalización comercial en España ha desatado la ira de las pequeñas tiendas. La Confederación Española de Comercio (CEC) afirmó ayer que el plan de Aguirre sólo beneficiará a las grandes superficies y cadenas de distribución y pronosticó la desaparición de muchos pequeños y medianos comerciantes, con el consiguiente «efecto negativo» sobre el empleo.
De hecho, la caída del consumo ya está golpeando con fuerza a los comercios tradicionales, que han comenzado a cerrar sus puertas, ante el fuerte retroceso de las ventas. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ya ha pronosticado el cierre de 80.000 tiendas por la desaceleración económica.
«La pretensión del Gobierno regional de liberalizar los horarios comerciales en días laborables y festivos es una barbaridad y supondrá la puntilla definitiva para el comercio tradicional», afirmó ayer el sindicato Comisiones Obreras.
Ademas, los pequeños comerciantes y algunas agrupaciones de cadenas de supermercados como Asedas rechazan que la liberalización de horarios favorezca un buen comportamiento de los precios.
«Más festivos abiertos representa más trabajadores y por lo tanto mayores costes, lo que termina trasladándose al precio del consumidor», asegura el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.
elmundo.es Participe: ¿Qué le parece la ampliación de los horarios comerciales?
A FAVOR Y EN CONTRA
1. Bueno para los precios . La CNC es partidaria de la liberalización de los horarios comerciales y defiende que «incrementará la competencia y producirá una reducción de los precios».
2. Más empleo. Anged, la patronal que agrupa a las grandes superficies sostiene que la liberalización horaria favorece la creación de empleo.
3. Conciliación. Las principales organizaciones de consumidores se manifestaron ayer «rotundamente a favor» de la flexibilización de los horarios comerciales en Madrid, ya que hará más fácil la conciliación de la vida laboral y la personal.
4. Desaparición de tiendas La asociación de pequeños comerciantes CE cree que una liberalización de horarios provocará el «cierre» de muchas tiendas pequeñas.
5. Ataque al libre mercado. La patronal de las medianas empresas (Copyme) cree que el plan de Aguirre «dirige el consumo hacia determinadas fórmulas comerciales y un ataque al libre mercado».
6. Beneficio a las grandes. La Confederación de Comercio Especializado (COCEM) dice que la liberalización no tiene «ni pies ni cabeza» y que se ha hecho para beneficiar a las grandes superficies.
EN PRIMERA FILA / CURRO ROMERO
Curro Romero abre las puertas de su casa a EL MUNDO: «La pureza, ése ha sido mi legado»
La bandera española ondea desde la madrugada de ayer en el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por Iñaki Azkuna (PNV), en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de noviembre pasado que, en atención a una denuncia de la Abogacía del Estado, daba de plazo hasta el lunes para que el consistorio cumpliera la Ley de Banderas de 1981. 
incluso regidos por los propios socialistas, justificaban la desobediencia de la ley. Por ello, en nuestras 100 Propuestas Para Defender la Democracia apostábamos por reformar el Código Penal para que los alcaldes que no acataran la obligación de que la enseña nacional ondee en los edificios públicos fueran inhabilitados para ocupar cargo público. 
