MALESTAR EN LA FISCALÍA por la retirada de un belén instalado por iniciativa de Olga Sánchez

Malestar en la Fiscalía por la retirada de un belén instalado por iniciativa de Olga Sánchez

Otra fiscal consideró una agresión a la libertad religiosa la colocación de las figuras navideñas en el vestíbulo principal y logró que el 'número dos' de Pumpido ordenara que las quitasen

MARIA PERAL

MADRID.- Los conflictos por la presencia de símbolos religiosos en las instituciones y centros públicos han alcanzado la Fiscalía General del Estado. Funcionarios que trabajan en la sede central del Ministerio Público en Madrid están sorprendidos, cuando no molestos, por la decisión del número dos de la Fiscalía, Juan Martín Casallo, de retirar un pequeño belén que se había instalado en el vestíbulo principal con las figuras del Niño Jesús, la Virgen María y San José junto a unas flores de pascua.

La iniciativa de hacer visible la Navidad colocando el Nacimiento en la gran mesa de cristal situada en ese vestíbulo partió de Olga Sánchez, que el pasado febrero fue promovida a la Fiscalía del Supremo tras ejercer la acusación publica en el sumario por los atentados sobre el 11-M.

Fue la propia Sánchez la que llevó las figuras del Nacimiento a la sede de la Fiscalía en la calle Fortuny y allí quedaron instaladas la pasada semana. Apenas duraron 24 horas. Cuando otra fiscal, Pilar Barrero, pasó por el lugar y vio el belén preguntó quién lo había puesto ahí y pidió que fuera retirado inmediatamente alegando que era una agresión a la libertad religiosa y que ninguna confesión tiene carácter estatal. Barrero, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, fue la cuarta mujer en alcanzar la categoría de fiscal de Sala, la máxima en el escalafón de la carrera. La designó Conde-Pumpido en marzo de 2006.

Irritada por la presencia del nacimiento, Barrero se encaminó al despacho de Conde-Pumpido, al que se accede desde ese mismo vestíbulo, para reclamar que las figuras religiosas desaparecieran de allí. No pudo hablar con el fiscal general, que se encontraba de viaje oficial en el extranjero, por lo que fue a ver al teniente fiscal, Martín Casallo, que accedió ipso facto a la solicitud.

Ahora son otros fiscales -incluidos fiscales de Sala- los que se han quejado de la actuación de Casallo por considerar que la presencia del belén no puede ofender a nadie por formar parte de la tradición cultural de nuestro país. El malestar se ha propagado también entre otros muchos funcionarios, que estiman que una cosa es no poner el belén y otra es retirarlo una vez que ya ha sido instalado.

Lo cierto es que, aunque el nacimiento nunca ha estado en el vestíbulo principal de la Fiscalía, su presencia es habitual en otras dependencias del mismo edificio y nunca ha sido causa de conflictos.

Fuentes de la Fiscalía han desmentido que Conde-Pumpido autorizara la iniciativa de Olga Sánchez.

Símbolos de fe y de polémica

Crucifijos en las aulas y en las juras de cargos o funerales de Estado católicos suscitan cada vez mayor controversia

DAVID SANZ EZQUERRO

MADRID.- El episodio del belén en la Fiscalía recupera para la actualidad la polémica sobre la presencia de símbolos religiosos en ámbitos públicos e institucionales, una asidua controversia que esta legislatura se ha abonado con la pretensión del Gobierno de modificar la Ley de Libertad Religiosa de 1980.

A un lado del debate se sitúan quienes recuerdan que la Constitución consagra el carácter aconfesional del Estado y al otro, quienes apelan a la tradición cultural cristiana de España. El artículo 16 de la Carta Magna da argumentos a ambos. «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», reza el punto tercero, que además añade: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Sólo aparece explícitamente citada una religión, lo que para algunos significa el reconocimiento de una categoría especial.

Cualquier iniciativa tocada por el matiz religioso inmediatamente levanta ampollas. Recientemente, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, tuvo que dar marcha atrás a la decisión de la Mesa de colocar una placa en honor a la monja carmelita Santa Maravillas de Jesús, por el revuelo que se generó.

El mes pasado, un juzgado ordenó por primera vez en España la retirada de crucifijos en un colegio público, el Macías Picavea de Valladolid, atendiendo a la reclamación de un padre. El PP dejó clara su postura: «A la mayoría de los españoles no le molesta que haya un crucifijo en las aulas». La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, manifestó su preferencia por la retirada de los símbolos religiosos de las aulas, aunque abogó por que sean los propios centros quienes decidan el asunto. Por su parte, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, recurrió la sentencia.

Más polémica aún arrastra la presencia de símbolos religiosos en las tomas de posesión de los cargos del Gobierno ante el jefe del Estado. La foto del presidente del Ejecutivo y sus ministros jurando o prometiendo delante de la Biblia y un crucifijo el pasado mes de abril suscitó importantes críticas en algunos ámbitos. Pese a que en los actos de toma de posesión de altos cargos en La Moncloa no hay crucifijos desde que gobierna Zapatero, el Ejecutivo no se plantea, de momento, cambiar la tradición en el acto delante del Rey. De hecho, el Congreso rechazó en mayo una iniciativa de IU e ICV en este sentido. Sólo el BNG la apoyó.

También es tradición que los funerales de Estado sean católicos. Tras el accidente del avión de Spanair del pasado agosto volvió a surgir la polémica por el hecho de que algunas de las víctimas no fueran practicantes de esta religión. Pese a todo, el acto se celebró en la Catedral de la Almudena y fue oficiado por obispos católicos, pero contó con la participación de un representante de la Iglesia anglicana. El gesto no sirvió para acallar las voces críticas.