ESPERANZA AGUIRRE arranca a Zapatero garantías de tratar a todos como a Cataluña

EL 'SUDOKU' AUTONOMICO / El presidente se reunirá con todos los líderes autonómicos «en los próximos días y semanas» / Moncloa puntualiza que el nuevo modelo pactado también tendrá «componentes bilaterales»
Aguirre arranca a Zapatero garantías de tratar a todos como a Cataluña

Dice que ha recibido en Moncloa la promesa de que la financiación autonómica se decidirá de forma multilateral, manteniendo el principio de solidaridad e incorporando el criterio de población

MARISA CRUZ


MADRID.- Esperanza Aguirre llegó puntual a su cita en La Moncloa. Estuvo con el presidente del Gobierno algo más de hora y media y salió «satisfecha y agradecida». No era para menos porque, a raíz de su encuentro, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que recibirá a todos los presidentes autonómicos.

La visita de Aguirre ha servido, por tanto, para arrancar al jefe del Ejecutivo un compromiso explícito de que el nuevo modelo de financiación autonómica se pactará multilateralmente.

La presidenta madrileña aseguró que, tras su conversación con Zapatero, en la que estuvo acompañada por su consejero de Hacienda, Antonio Beteta, está convencida de que «la voluntad del Gobierno es lograr un pacto por unanimidad». Y añadió: «Yo creo que lo va a conseguir».

Según la versión de Aguirre, el presidente le ha garantizado que el modelo que se acuerde «será multilateral» y no bilateral, como pretende Cataluña, basándose en el texto de su estatuto de autonomía. De la misma manera, resulta ya evidente que el acuerdo no estará cerrado antes de que finalice el año, como se exigía desde Barcelona.

Previsiblemente se logrará a mediados de enero, aunque se aplicará retroactivamente con fecha de 1 de enero.

Anoche, Rodríguez Zapatero se puso en contacto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, informa Europa Press. En la conversación, calificada de «cordial» por parte del Gobierno valenciano, ambos acordaron verse de forma «inminente» para tratar los principios básicos del nuevo modelo de financiación. Durante la conversación, el presidente valenciano trasladó a Zapatero su «total tranquilidad» sobre este asunto, aunque le reclamó que se reconozca en el nuevo modelo al millón de nuevos valencianos, tal y como se comprometió con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, hoy tiene previsto recibir en La Moncloa a los presidentes de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño; de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y del Principado de Asturias, Juan Vicente Alvarez Areces.

Fuentes de La Moncloa señalaron ayer que el Consejo de Política Fiscal y Financiera será convocado con la intención de cerrar definitivamente un pacto en la primera quincena del nuevo año.

Pactos bilaterales

La versión que proporcionó ayer Moncloa fue muy similar a la de Aguirre. Sin embargo, en la breve nota que emitió Presidencia se matiza que «el acuerdo será multilateral con componentes bilaterales». El segundo compromiso que adquirió Zapatero ante la presidenta de Madrid es el de que el acuerdo final «mantendrá la solidaridad». De esta manera, las comunidades con más dificultades seguirán recibiendo ayuda de las que más aportan.

Esperanza Aguirre explicó que el presidente le había asegurado también que el Estado aportará recursos adicionales al modelo de manera que ninguna comunidad perderá respecto a lo que recibe en este momento. Según esta promesa, la presidenta madrileña vaticina que, con el futuro acuerdo, todas saldrán beneficiadas.

A ella también, como previamente se hiciera con el presidente catalán, José Montilla, se le ha asegurado que, con el nuevo diseño, se cederá a las comunidades el 50% del IRPF y del IVA, y el 58% de los impuestos especiales.

Pero lo que más satisfizo ayer a la presidenta fue la «garantía» de que la comunidad que representa verá reconocida su primera reivindicación, que no es otra que la de que el nuevo modelo de financiación autonómica reconozca el incremento poblacional de Madrid desde 1999.

Aguirre asegura que el aumento es de casi 1,2 millones de habitantes. En este punto, Madrid y Cataluña mantienen posiciones idénticas. También Montilla señala el incremento poblacional como una de las claves en torno a las cuales debe bascular el modelo.

El aumento demográfico eleva especialmente la factura en los capítulos básicos, que son: Educación, Sanidad y Servicios Asistenciales. Estos serán, por tanto, los esenciales en las nuevas cuentas autonómicas. Para ellos, tal y como explicó la presidenta madrileña, «habrá un mínimo común asegurado a todas las comunidades».

En este paquete de cuestiones de primer orden no entrará la Justicia.

«Yo creo», afirmó Aguirre con firmeza, «que el nuevo modelo de financiación autonómica va a ser muy positivo para Madrid» porque, además de lo explicado anteriormente, también se reconocerá que la comunidad madrileña «es la que más aporta a la caja común».

La presidenta madrileña no pudo hablar de cifras concretas porque el jefe del Ejecutivo no las puso en ningún momento sobre la mesa. «Ahora, lo que hace falta es ver cuál es la cuantía que se puede repartir y que, evidentemente, no sale del bolsillo del señor Zapatero, sino del déficit», afirmó.

«De momento, no hay garantías de nada», señaló en relación con las cantidades concretas. El documento con los números se le enviará a las comunidades a finales de año o en los primeros días de 2009.

Esperanza Aguirre sólo dejó un número encima de la mesa de Zapatero: 9.000 millones. Esta cifra es la «deuda» que, según sus cálculos, tiene el Gobierno de la nación con la comunidad madrileña desde 2005.

Ayer, la presidenta de Madrid puso especial empeño en dar publicidad a su encuentro con Zapatero. Se trataba, en buena medida, de dejar en evidencia a los otros dos presidentes socialistas que la han precedido visitando La Moncloa: el catalán, José Montilla, y el andaluz, Manuel Chaves.

Aguirre pidió expresamente poder comparecer ante los medios de comunicación al término de su entrevista con el presidente del Gobierno, pese a que éste deseaba cubrir todas sus reuniones con el manto de la máxima discrección, y en Moncloa no tuvieron más remedio que aceptar.

La presidenta al final consiguió abrir brecha. A partir de hoy, todos los líderes autonómicos que la sigan buscarán la foto en la puerta de La Moncloa y, después, se prestarán a explicar el contenido de su reunión con Zapatero.

Ayer, además de con Esperanza Aguirre y con Francisco Camps, Rodríguez Zapatero mantuvo ayer una conversación con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en la sede madrileña del PSOE.

EL 'SUDOKU' AUTONOMICO
Guillermo Fernández Vara: «España no puede perder porque perdemos todos»

MADRID.- Los encuentros bilaterales que empezó a tener Zapatero el pasado fin de semana provocaron ayer un aluvión de reacciones entre los presidentes autonómicos.

Junta de Extremadura.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), advirtió ayer de que con el nuevo modelo de financiación autonómica «España no puede perder», porque «si España pierde, perdemos todos». Fernández Vara subrayó que a él no sólo le preocupa la financiación de Extremadura, sino también la de España, de modo que el Gobierno central «pueda seguir garantizando la cohesión territorial» con sus recursos.

Xunta de Galicia.

Por su parte, el presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño aseguró que en la reunión que hoy mantendrá con Zapatero le va a «presentar los criterios que, de forma unánime, defendemos en Galicia y que pasan por que se tengan en cuenta claramente y que pesen adecuadamente nuestros costes diferenciales asociados a la dispersión poblacional y al envejecimiento, que incrementan la carestía de los servicios públicos básicos como la sanidad, los servicios sociales y la dependencia», señaló.

Junta de Castilla y León.

Desde las comunidades que gobierna el PP, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, se refirió a las «negociaciones bilaterales» de Zapatero: «No nos gusta ese grado de bilateralidad cuando se produce tres días después de otros acuerdos rápidos para cerrar los Presupuestos del Estado», destacó, al tiempo que insistió en que «si hay algo que es innegociable entre españoles es la solidaridad».

Región de Murcia.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, remitió una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que expresó su «malestar» por las reuniones que éste está manteniendo con diferentes mandatarios autonómicos. En su misiva, según informaron fuentes del Gobierno regional, Valcárcel comunica a Rodríguez Zapatero su «asombro» por la celebración de estos encuentros, con los que, a su juicio, el presidente del Gobierno «ha ignorado a los ciudadanos del resto de autonomías».

Comunidad de La Rioja.

El jefe del Ejecutivo de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró que, cuando reciba la llamada del Gobierno será «claro» en el sentido de que considera «un desprecio» a La Rioja esta forma de actuar y que lleva año y medio esperando a que Zapatero le reciba en La Moncloa, donde, según dijo, se le ha «cerrado la puerta». También dijo que no se va a conformar con que Rodríguez Zapatero reciba a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y que con esa reunión «vaya a resolver el tema del resto de las comunidades del PP. Estamos hablando de algo mucho más vital. Estamos hablando de la cuestión económica que garantiza el desarrollo y sostenimiento de la autonomía política».

EL 'SUDOKU' AUTONOMICO / El debate político
El PP reclama una reunión con el Gobierno previa a la negociación con las autonomías

El vicesecretario 'popular Esteban González Pons acusa a Zapatero de actuar en «tinieblas», y el socialista José Blanco tacha al PP de «hipócrita» porque Aznar negoció con CiU «en la intimidad»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- Los populares están enfadados. Muy enfadados. O eso es lo que ayer transmitió su portavoz, Esteban González Pons, a cuenta de la negociación del modelo de financiación, acometido en «tinieblas» por Zapatero desde La Moncloa.

Pons empleó buena parte de la rueda de prensa de los lunes a arremeter contra la «oscuridad» en la gestión del jefe del Ejecutivo, al que acusó, ahora, de «fotofobia» por no informar ni de su entrevista con José Montilla ni de su contenido.

Una acusación que obtuvo pronto su réplica desde Ferraz, donde el vicesecretario socialista José Blanco llamó «hipócritas» a los populares al recordar que su antecesor, José María Aznar, pactó en solitario con CiU en dos ocasiones, según informa Europa Press. Así, dijo que en 1996 el presidente del Gobierno popular pactó con CiU «en un hotel y hablando catalán en la intimidad», sólo a cambio de garantizarse la investidura. Añadió que en 2001 ambos partidos volvieron a pactar un modelo que calificaron de «definitivo» y que varios presidentes del PP criticaron «con la boca pequeña».

Pero, cruce de acusaciones al margen, y a pocas horas de celebrarse el encuentro entre Zapatero y la popular Esperanza Aguirre, el PP lanzó un mensaje con el que trascender la propia sucesión de visitas institucionales de los presidentes autonómicos a La Moncloa. Así, su portavoz sacó pecho y reclamó para su partido una interlocución directa con el Gobierno, previa a la propia negociación con las comunidades autónomas.

«Nos gustaría que los partidos políticos seamos partícipes en la negociación de la financiación», afirmó, para recalcar, sobre todo, que el nuevo modelo «no debe negociarse de espaldas al principal partido de la oposición».

El emplazamiento al Ejecutivo socialista condiciona, de entrada, la decisión de los propios presidentes autonómicos del PP. Si bien Francisco Camps se había adelantado, la víspera, a sugerir a Zapatero un encuentro con Rajoy para hablar de la financiación autonómica, nada hasta ayer dijeron los demás presidentes populares. En cuanto a Aguirre, sólo ayer secundó la idea de que Montoro y Solbes se vean antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por cierto que su satisfacción a la salida de La Moncloa contrastó ayer con el pesimismo del PP nacional. Según Pons, los equipos económicos de Génova y Sol habían trabajado ayer al alimón para preparar la cita.

El PP pidió además que el Gobierno se reúna también con CiU, a la que, según Pons, Zapatero está haciendo «luz de gas» pese a «tantos favores» como «le debe». Además, el portavoz del PP exigió a Zapatero que cuente también con su propio equipo económico, puesto que se está negociando «a dos bandas: una, multilateral, con luz y taquígrados, entre Solbes y los partidos», en la que por cierto, participa Francisco Camps; «y otra, bilateral y a oscuras, que lleva Zapatero». «No pedimos una cumbre entre Zapatero y Rajoy», aclaró Pons, «pero sí que se nos tenga en cuenta».

Por su parte, Pepiño rechazó la idea por entender que Rajoy haría un «uso partidista» de la financiación autonómica. Dijo que las reuniones de La Moncloa sólo «complementan» las del Ministerio de Economía. Además, auguró un «consenso considerable» antes del próximo día 31.

EL 'SUDOKU' AUTONOMICO
Feijóo: un gran pacto nacional

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, propuso ayer un «gran pacto nacional por la solidaridad entre todas las comunidades autónomas frente la crisis» con el objetivo de frenar las intenciones del Gobierno de alcanzar un acuerdo «bilateral» con los socialistas catalanes sobre financiación autonómica.

El líder de los 'populares' gallegos aclaró que el encuentro mantenido entre Zapatero y Montilla es «un mal inicio de lo que debería ser un gran acuerdo entre todas las comunidades para luchar contra la situación económica que padece el país». Así, Feijóo puntualizó que «cualquier planteamiento que suponga dar más a los que más tienen y dar menos a los que menos tienen, siempre perjudica a Galicia».

Según afirmó, este encuentro demuestra la intención de Zapatero de solucionar los problemas entre la dirección nacional de su partido y el PSC. «No queremos que el dinero de todos se reparta entre dos, el dinero de Galicia no puede arreglar los problemas del PSC y del Partido Socialista Obrero Español», enfatizó.

EL 'SUDOKU' AUTONOMICO / El dinero de la discapacidad
El Gobierno premia a las comunidades que mejor desarrollan la Ley de Dependencia

Distribuye un 20% del Fondo Especial de 400 millones según el número de beneficiarios reconocidos

PALOMA DIAZ SOTERO


MADRID.- La ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, reunió ayer a las 17 comunidades para comunicarles a cuánto tocan en el reparto de los 400 millones extraordinarios del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que el Gobierno ha dispuesto para el Sistema de Atención a la Dependencia.

En el marco del Consejo Territorial del ramo, Cabrera comunicó a los consejeros de asuntos sociales que la distribución de parte de ese dinero, un 20%, se ha hecho «teniendo en cuenta el esfuerzo» que las comunidades han realizado en cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas Dependientes, a punto de cumplir dos años en vigor.

El Ministerio mide ese esfuerzo «en función del número de beneficiarios del sistema», según explicó Mercedes Cabrera. Esto es, los ciudadanos dependientes a los que se les ha reconocido hasta ahora un servicio o una prestación económica.

Del total de los 400 millones del Fondo Especial, el 20% se ha repartido con ese criterio de prima o recompensa; y el 80%, según los criterios pactados anteriormente entre el Ministerio y las Comunidades para la adjudicación de las partidas de financiación anuales (el denominado nivel acordado), que son, principalmente, la población potencialmente dependiente, su dispersión geográfica y la renta per cápita.

Dos comunidades se llevan el 30% de la llamada «inyección extraordinaria»: Andalucía (74.266.962 euros) y Cataluña (61.965.893), que son las que registran los números más altos de beneficiarios de servicios y ayudas económicas hasta el pasado 1 de diciembre.

La ministra apuntó ayer que los 400 millones servirán para crear unos 35.000 empleos en el sector, ya que su adjudicación se condiciona a que sean aplicados a la creación y mejora de instalaciones dedicadas a la prestación de servicios (residencias, centros de día y ocupacionales), la creación de plazas en el medio rural y la formación de profesionales. El dinero no irá, pues, a aliviar la ingente demanda de sueldos y ayudas económicas al cuidador familiar.

Por otro lado, el Consejo Territorial de la Dependencia dio ayer luz verde a la cuantía mensual de las prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a grandes dependientes y dependientes severos, así como a los salarios que pueden concederse al cuidador familiar a lo largo de 2009.

Además, Mercedes Cabrera comunicó a las comunidades el nivel mínimo de financiación estatal para 2009, que es la cantidad mensual que el Gobierno transfiere a cada autonomía por cada persona dependiente atendida.

Las críticas del PP

Y aquí la ministra se encontró con la protesta de los consejeros del PP, que consideran que las cantidades son «insuficientes» y «no responden al coste real de los servicios» que precisa un dependiente, según señalaba ayer la consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo.

«Si una plaza en una residencia tiene un coste de 1.800 euros al mes -argumentaba Hidalgo-, los 263 euros que da el Gobierno para atender a un gran dependiente o los 70 que da para un dependiente severo es irrisorio; no llega al 50% del coste, que es a lo que la ley compromete a la Administración central».

Para unificar la voz crítica de las comunidades populares, la coordinadora de Participación Social del partido, Ana Pastor, arremetió contra el Gobierno porque los reales decretos aprobados «limitan el dinero y los recursos necesarios para atender a las personas dependientes».

El PP también atacó desde el Congreso de los Diputados, donde presentó una interpelación urgente para que el Gobierno remita los informes anuales sobre cumplimiento de las previsiones de la Ley de Dependencia e incremente el presupuesto de financiación de la misma hasta el 50% de los costes de cada servicio.

La portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó, además, que el Gobierno «ha generalizado las aportaciones para las ayudas no profesionales, en lugar del cuidado profesional en residencias, cuya construcción también se está reduciendo».

EL 'SUDOKU' AUTONOMICO
Las Cámaras de Comercio exigen 3.800 millones para Cataluña

DANI CORDERO

BARCELONA.- El lobby empresarial catalán no se conforma con la puesta en escena del sábado en materia de financiación. Quieren que el acuerdo, cuando se acabe firmando, represente más recursos para Cataluña y ésos tienen un número concreto. 3.800 millones de euros, según el Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña.

Las corporaciones empresariales no han rebajado ni un euro sus pretensiones iniciales, hechas públicas hace unos meses. De hecho, su entrada en escena fue el disparo de salida a la subasta de cifras sobre lo que el nuevo Estatuto de Cataluña, y su capítulo referente a financiación, tenía que representar para la comunidad. Quizás por casualidad, el incremento de dinero reclamado por las cámaras se situaba a mitad de camino entre las maximalistas peticiones de CiU -que situaba en más de 5.000 millones la opción de mejora- y las más conformistas del PSC -en representación del tripartito-, que podrían estar situadas en torno a los 3.000 millones, si bien ninguno de los dos partidos ha dado mucha guerra con la cuantificación de los nuevos recursos.

Y en ésas están los empresarios liderados por la Cámara de Comercio de Barcelona, presidida por Miquel Valls. En ocasiones la entidad le ha ofrecido algunos guiños a la Generalitat, pero en otras, como en el caso del déficit de inversión en infraestructuras, se ha convertido en un rival considerable, con capacidad de generar opinión pública. ¿Pedir ahora 3.800 millones de euros es un guiño o un desafío?

«Sólo un buen acuerdo»

Lo que Valls dejó claro ayer es que «sólo un buen acuerdo es aceptable». Lejos quedan los temores generados en los últimos meses respecto a los incumplimientos de plazos: primero el 9 de agosto, después el mes de noviembre. El discurso de ayer era totalmente diferente, porque se da por descontado que «seguramente también se incumplirá, probablemente, la fecha del 31 de diciembre».

Lo que sí pareció una ayudita al Gobierno de la Generalitat fue la exigencia lanzada por el presidente del consejo de cámaras de Cataluña: «Ha llegado el momento de exigir al Estado el cumplimiento del Estatut. No aceptamos más dilaciones ni más ambigüedades. Queremos un acuerdo satisfactorio para Cataluña. De esta manera, la Generalitat podrá hacer frente a las necesidades de sanidad, educación y servicios sociales esenciales, lo que es absolutamente necesario para la situación de crisis actual». Uno de los motivos de esas prisas es el desequilibrio entre los recursos asignados por el estado a Cataluña y el crecimiento de su población.