ECONOMÍA: Primero ocultaron a los PARADOS, luego escondieron la CRISIS y ahora quieren ocultar las QUIEBRAS Y SUSPENSIONES DE PAGOS

El Gobierno cambia la ley para evitar una oleada de quiebras y de suspensiones de pagos

Exime a las empresas durante dos años de tener que reflejar la pérdida de valor de sus activos

CRISTINA CABALLERO.


MADRID.- El Gobierno quiere evitar una avalancha de quiebras empresariales, y para ello, ha optado por una decisión drástica: modificar de un plumazo la ley de sociedades anónimas y eliminar uno de los supuestos de disolución de empresas: la disminución del patrimonio. Las sociedades tendrán ahora dos años de moratoria para reflejar la depreciación de sus activos en el balance en lugar de los dos meses que exigía la norma. El cambio beneficia sobre todo a las inmobiliarias.

El Gobierno teme una avalancha de quiebras de empresas, sobre todo de promotoras inmobiliarias. Ya que los bancos se niegan a seguir dando créditos, y dado que es imposible reactivar la compraventa de viviendas, se ha adoptado una decisión drástica: modificar de un plumazo la ley de sociedades anónimas y eliminar uno de los supuestos de disolución de empresas que contempla la norma: la disminución del patrimonio de la sociedad por debajo del 50% del capital social como consecuencia de la depreciación de sus activos. Tras el cambio de la ley, las empresas cuyos fondos propios sean inferiores a la mitad del capital social, una de las causas obligatorias de disolución, tendrán dos años de moratoria en lugar de los dos meses que exige ahora la norma.

La modificación ha sido hecha pensando sobre todo en promotoras inmobiliarias, que se encuentran en una encrucijada debido a la sobrevaloración de activos que se hicieron en épocas de bonanza. Ahora, tras el pinchazo de la burbuja, sus activos no valen prácticamente nada. Esa depreciación de existencias, sin embargo, aunque conste en el balance, no obligará a la empresa ni a reducir capital ni a entrar en concurso de acreedores como ocurría desde que se aprobó la norma, hace casi 20 años.

La sorpresa legislativa fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros, dentro de un Real Decreto Ley en el que se concede un crédito de 5.000 millones de euros para financiar la nueva línea para circulante del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Dentro de ese decreto, se incluye un cambio del artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que, según el Gobierno, «ayudará a las empresas a hacer frente a las dificultades que se están planteando en estos momentos por la depreciación de sus activos».

El texto de la modificación dice textualmente que «de manera excepcional, y sólo durante dos años, la disminución del patrimonio neto de una empresa por la depreciación del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, no se tendrá en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contemplan la Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada».

Según la norma actual, los empresarios que no soliciten en dos meses la disolución judicial cuando estén en causa de disolución responderán solidariamente de las deudas de la sociedad. Es decir, los acreedores de la sociedad podrán reclamar íntegramente el cobro de sus créditos con cargo al patrimonio personal de cualquiera de los administradores de la misma.

Tras el cambio legislativo, esa responsabilidad se difumina, ya que el empresario tendrá dos años para arreglar su balance.

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«Es un artificio contable»

La modificación de la ley de sociedades anónimas cayó ayer como una bomba en el ámbito jurídico. Diversos abogados consultados por este periódico calificaron de «barbaridad» y «artificio contable» el cambio normativo. «Es una artimaña para no reflejar la realidad empresarial, sobre todo en el sector inmobiliario», aseguró un abogado de uno de los mayores bufetes que prefirió ocultar su nombre. Los expertos consultados creen que se trata de una moratoria para que pase lo peor de la crisis sin que haya una avalancha de quiebras. Sin embargo, consideran que es un engaño que saldrá a la luz antes o después. «¿Qué pasará después de esos dos años? ¿Qué sucederá si los activos han desaparecido o se han malvendido? ¿A quién se le pedirá la responsabilidad?», se pregunta Alvaro Baíllo, experto en Derecho Mercantil y socio de Osorio & Asociados.

Este abogado recuerda que la ley de sociedades anónimas contempla actualmente dos causas de disolución: el sobreseimiento generalizado de pagos y el desbalance. Esta última causa es la que se ha modificado, pero «sólo ayudará a crear un bosque empresarial de desbalances que no refleja la realidad».

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CAMBIO NORMATIVO

Causa de disolución: La ley establece como causa de disolución la disminución de los fondos propios por debajo del 50% del capital social.

Plazo: Antes del cambio de la norma, los administradores tenían dos meses para arreglar el balance reduciendo capital o presentar concurso de acreedores.

Ampliación: El Gobierno ha cambiado la norma y permitirá durante dos años que las empresas no tengan que disolver la empresa aunque esté en causa de disolución.

Las cajas cuadruplican su tasa de morosidad en el último año

Los impagos en España alcanzaron en octubre su nivel más alto desde 1997

M.V.

MADRID.- La morosidad se ha triplicado en el último año, según datos difundidos ayer por el Banco de España, que revelan que en el mes de octubre los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a particulares y empresas alcanzaron una tasa de morosidad del 2,837% en este país.

Se trata de la decimosexta subida consecutiva de este indicador y la tasa de morosidad más alta desde diciembre de 1997, cuando se colocó en el 2,85%.

Esta subida, que coincide con el momento en el que el Euribor comenzaba su tendencia a la baja, demuestra que la banca no escapa de la coyuntura actual.

De acuerdo con los datos de la institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez, la tasa de morosidad más alta fue la referida a los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias. Al cierre del tercer trimestre de este año, ésta se disparó hasta el 4,57%, 12 veces más que la registrada a 30 de septiembre del año pasado.

El saldo de préstamos dudosos de cobro a promotores en ese periodo alcanzó los 14.417 millones de euros, frente a los 6.203 millones que suponían en la misma fecha del año anterior. Este dato, que supone una subida de 8.214 millones de euros, incluye la deuda del concurso de acreedores que solicitó de manera voluntaria el pasado julio la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.

Los impagos en los préstamos para la compra de una vivienda también han crecido en los últimos meses. El pasado septiembre, la morosidad en los créditos con garantía hipotecaria alcanzó el 1,82% del saldo total cifrado en 602.618 millones de euros, de acuerdo con el Banco de España.

En el apartado de préstamos dudosos para la adquisición de vivienda también se nota una subida con un aumento en 12 meses de 7.429 millones de euros, hasta superar los 11.000 millones de euros a cierre de septiembre.

En el último informe de estabilidad financiera elaborado por el Banco de España, la institución alertó de que la tasa de mora había «repuntado con intensidad» y pronosticó que «seguirá aumentando en los próximos trimestres». Esta situación reducirá la cobertura de las entidades y la situará en línea con la de otros sistemas bancarios del entorno, informa Europa Press.

A finales del tercer trimestre del año, el volumen total de préstamos concedidos en España para todo tipo de actividades alcanzó 1,8 billones de euros.

Los datos divulgados este viernes muestran que las cajas de ahorro son las que cuentan con el mayor saldo de créditos dudosos con un saldo 29.270 millones de euros en octubre, cuatro veces más que un año atrás. Con esta cifra, la tasa de mora de estas entidades se sitúa en el 3,31%, frente al 0,86% del mismo mes de 2007.

Los impagos afectan algo menos a la banca, aunque la morosidad de los bancos también se encuentra en máximos históricos con una tasa del 2,35% en octubre. Estos niveles no se registraban desde 1997, cuando la morosidad alcanzó el 2,45% de todos los créditos concedidos. Hasta octubre, las entidades bancarias tenían concedidos 810.373 millones en créditos a sus clientes. De ellos, 19.056 eran préstamos dudosos.

Por último, las cooperativas de crédito dejaron octubre con una morosidad del 2,624%, mientras que sus créditos alcanzaron los 95.419 millones de euros, de los que 2.504 millones eran dudosos.

En volumen absoluto, las entidades financieras que pueden conceder créditos en España sumaban a finales de octubre un total de 50.830 millones de euros en créditos dudosos para una cartera total de 1,78 billones de euros, según la citada institución.

Los precios de los servicios básicos aumentarán por encima del IPC

La caída del consumo provoca el mayor desplome de la inflación en 21 años El Gobierno se ahorrará 2.500 millones en pensiones respecto a 2007

FRANCISCO NUÑEZ

MADRID.- La recesión económica y el descenso continuado del precio del petróleo siguen reduciendo la inflación. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer que el IPC bajó cuatro décimas en noviembre respecto al mes anterior y la tasa anual disminuyó 1,2 puntos hasta situarse en el 2,4%.

Desde enero de 1987 no se había producido un descenso interanual tan acusado (en aquel mes alcanzo 2,3 puntos) y desde agosto de 2007 no se registraba una tasa tan baja (en este mes se situó en el 2,2%).

Según el Ministerio de Economía, de los 1,2 puntos de descenso casi un punto se puede atribuir al descenso de los precios de los componentes energéticos mientras que las otras dos décimas se explican por el menor incremento de los precios de los alimentos tras el subidón registrado hace un año.

La caída de la inflación interanual se observó en mayor medida en el sector del transporte hasta situarse en el -1,5% como consecuencia del abaratamiento de los carburantes. Sorprende, sin embargo, que la vivienda siga en tasas del 6,6% de aumento anual cuando según el Gobierno su principal componente es el precio del gasóleo de calefacción.

También ha influido en esta variación a la baja el descenso del grupo de los alimentos que se ha situado en tasa interanual en el 3,1%.

Que este descenso se debe a factores exógenos y a que el consumo se encuentra en crecimiento negativo lo demuestra el dato de la inflación subyacente o estructural (que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados). En noviembre sólo bajo dos décimas en tasa interanual respecto a octubre hasta situarse en el 2,7%, tres décimas por encima del IPC general (desde septiembre de 2007 no se producía una situación similar).

El Ministerio de Economía destacó ayer que el diferencial de precios de España con la zona euro se situará en 0,3 puntos en este mes, la tasa más baja desde octubre de 2001 y muy por debajo del 1,1% del que registra el IPC español desde la entrada en la UE. Es una buena noticia, pero tiene efectos limitados ya que los principales clientes de las empresas exportadoras españolas, sobre todo europeos, están también en recesión.

Según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), de seguir la caída continuada del precio del crudo, la inflación se situará en diciembre por debajo del 2%. También matizó que España no podrá evitar un periodo de deflación (una caída de los precios en el conjunto de la economía que se prolonga durante varios períodos, al menos en dos trimestres según el Fondo Monetario Internacional, como consecuencia de la caída de la demanda) durante el próximo año, ya que el IPC se situará por debajo del 2% en el mes de diciembre y llegará a registrar tasas negativas en los meses de junio y julio de 2009. No obstante, Funcas considera que la tasa media del IPC en el conjunto de 2009 alcanzará el 0,6%.

Con una inflación que acabará por debajo del objetivo previsto del 2% para 2008 (sólo sucedió en 1999) ya se conocen las primeras intenciones de las autoridades públicas de aplicar una subida generalizada de precios intervenidos a partir de enero (la previsión oficial es una vez más del 2%).

Por ejemplo, la primera subida del recibo de la luz en enero será del 3,6% (una segunda completará un incremento del 8%); las tarifas de los trenes de AVE y de largo recorrido crecerán un 4%; y algunos municipios, como Barcelona, Murcia y Badajoz, ya han anunciado un incremento del recibo del agua del 8,3%, 4,9% y 4,1% respectivamente.

Por otra parte, el descenso de la inflación en noviembre da un respiro también a las arcas de la Seguridad Social, ya que el Ministerio de Trabajo utiliza el dato de este mes como referencia para la revalorización de las pensiones.

Al haberse situado el IPC en el 2,4%, procede una actualización de cuatro décimas con que compensar a los 8,5 millones de pensionistas del desvío sobre la previsión inicial (2%). Según este Ministerio, la Seguridad Social abonará por estas cuatro décimas 314,4 millones de euros mediante una paga que se realizará en enero. Esta desviación tendrá además una consolidación en las nóminas futuras de los jubilados, con un coste de otros 320,9 millones.

Por tanto, el gasto total para la caja de las pensiones será de 635,3 millones. La cifra es cinco veces inferior a la que tuvo que abonar el año pasado la Seguridad Social (3.121,8 millones) para compensar a los pensionistas, ya que en noviembre de 2007 la inflación interanual se situó en el 4,1%, 2,1 puntos por encima del objetivo previsto.

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HACIA LA DEFLACION

La causa: La recesión y la caída del precio del crudo ha reducido la inflación al 2,4%.

Las expectativas: Los expertos prevén que el IPC de diciembre se situará por debajo del 2%.

Los riesgos: La deflación (crecimientos interanuales negativos de precios) se producirá en junio y julio de 2009.

Más subidas: Algunos precios públicos, como la luz, el tren y el agua subirán en 2009 por encima del IPC previsto.

Rajoy insta al Congreso a cambiar la Ley de OPA en favor de los minoritarios

El Grupo Popular preguntará el miércoles a Moratinos si su viaje a Rusia fue para aprobar la entrada de Lukoil en Repsol

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- El PP va a promover en el Congreso un cambio de la actual Ley de OPA, inspirado en el caso Lukoil, y cuyo objetivo es garantizar los derechos de los accionistas minoritarios. Se trata de idear nuevos mecanismos para impedir que se pueda concertar el precio de las acciones -como en el caso del paquete de Sacyr Vallehermoso en Repsol con la petrolera rusa-, al margen del mercado y de los intereses de la mayoría de sus cientos de miles de pequeños propietarios.

A ello se comprometió ayer Rajoy al término de la reunión que mantuvo en la sede de su partido con los representantes de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), y que, según el PP, le transmitieron su preocupación por la defensa de los accionistas minoritarios y, en especial, por su situación en la operación de toma de control de Repsol por la empresa Lukoil.

Y así lo confirmó el portavoz popular de Economía, Cristóbal Montoro -presente en la reunión-, al anunciar la próxima presentación de una proposición de ley al efecto, en cuya redacción colaborarán expertos en Derecho Mercantil y cuyo debate en Pleno pretenden para la vuelta de las vacaciones parlamentarias.

Además, Montoro anunció que el PP trasladará también esta inciativa al Parlamento Europeo. Por sugerencia de la misma asociación, los populares pretenden adelantarse a la «inquietud» generada entre los accionistas en toda Europa y promover, en la medida de lo posible, una modificación de la Directiva que dio origen a la actual Ley de Opas española, para actualizar los mecanismos de control.

«Se trata», explicó Montoro a los medios, «de modificar nuestra legislación para impedir que los accionistas minoritarios, que son los auténticos dueños de las compañías y que cotizan en Bolsa como Repsol, no puedan vender sus acciones si no es al precio del mercado, mientras que los accionistas de otro tipo sí pueden vender sus acciones al doble del precio».

Para el portavoz popular «esto es políticamente inadmisible y, por tanto, hay que modificar nuestra legislación para evitar semejante discriminación, que frustra que millones de personas, que son los accionistas minoritarios, no vean cumplidos sus objetivos de garantizar la rentabilidad de sus ahorros».

La pretendida modificación legal va dirigida a evitar cualquier concertación de precios entre particulares que suponga una «manipulación» para el accionariado, pero, también, y de manera muy especial, impedir la intervención del Estado en este tipo de operaciones.

Precisamente en este sentido, en la sesión de control del próximo miércoles el Grupo Popular interrogará al Gobierno sobre el reciente viaje del ministro de Exteriores a Rusia y su entrevista con el presidente Medvéved. El diputado Gustavo de Arístegui le preguntará si «trató con él sobre la entrada de alguna empresa rusa en el capital de alguna empresa española». Su compañero Alvaro Nadal, preguntará, por su parte al ministro de Industria, Miguel Sebastián, si «comparte» las declaraciones de Moratinos tras la citada reunión, «sobre cooperación en materia energética».

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