ZAPATERO EL EMBUSTERO IMPONE SU DECRETAZO sin garantizar que los beneficiarios de los dineros públicos sean las familias y las pymes

UN PAIS EN CRISIS / El Consejo de Ministros aprueba la creación del fondo de hasta 50.000 millones para «reactivar la economía» / Solbes recalca que «no es labor del Gobierno decirle a los bancos cómo manejar su cartera»
Zapatero impone su decretazo de ayuda a la banca sin aval del PP

MARISA CRUZ / CARLOS SEGOVIA

MADRID. - Al final, se impuso la vía del decretazo, ésa de la que Zapatero ha abjurado una y otra vez desde que el Gobierno reconoció oficialmente la crisis. Ahora, se justifica el método por la urgencia de afrontar una situación económica que ya se califica como «muy difícil».

La medida estrella anunciada por Zapatero -la concesión de un préstamo multimillonario de dinero público a la banca para ayudarle a superar sus problemas de liquidez y reactivar la concesión de créditos- fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros bajo la fórmula de decreto ley y sin esperar el aval del PP.

El maratón de consultas, llamadas, reuniones y cumbres en las que se han embarcado el presidente del Gobierno y el vicepresidente económico esta semana se han revelado, finalmente, como un juego de cara a la opinión pública.

Finalmente, la decisión fue tomada por el propio presidente durante la reunión del Gabinete, pese a la resistencia inicial de Pedro Solbes, que quedó desautorizado. El vicepresidente segundo del Gobierno se había comprometido en la noche anterior ante el responsable económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, a abrir un plazo de negociación de algunos días para intentar conseguir el respaldo decidido del primer partido de la oposición.

«En el Consejo de Ministros sólo se verá un borrador y se someterá a consulta del Consejo de Estado», dijo Solbes a Montoro y lo corroboró el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

¿Mintió Solbes? «El tema es muy simple, se nos ha dicho en el Consejo de Ministros que no hacía falta someter el texto al Consejo de Estado porque éste ya había dado su visto bueno informalmente». «Es verdad que pensábamos anoche [el jueves con Montoro] que dispondríamos de algún día más para trabajar...», concedió el vicepresidente segundo en la rueda de prensa de ayer. Es decir, que Solbes, a sus 66 años y toda una vida de funcionario, desveló que Moncloa había consultado con el Consejo de Estado a sus espaldas y que él desconocía que el decreto ley de ayer no precisaba de informe preceptivo del órgano consultivo del Gobierno.

Hay otra explicación: «El vicepresidente es muy tranquilo, pero se ha decidido en el Gobierno, y él también, que éste era un tema urgente que había que aprobar ya. Si no, habría que haber esperado otros 10 días», explicó una fuente gubernamental.

Solbes aseguró al término del Consejo de Ministros que telefonearía a Montoro para darle explicaciones de lo sucedido y aclararle que «algunos de sus planteamientos» podrían incorporarse después, en el reglamento que desarrollará el funcionamiento del fondo de 30.000 millones, ampliable a 50.000, para ayudar a las entidades financieras. Le llamó, pero no le convenció a la vista de sus declaraciones públicas.

El responsable económico del Partido Popular, nada más tener conocimiento de la aprobación del decreto, aseguró que con ello se pone de manifiesto que la palabra del Ejecutivo «no tiene validez ni credibilidad» y se preguntó si finalmente el fondo no incluirá «formulaciones secretas» que no pueden revelarse a la opinión pública.

Ayer mismo ya quedó claro que las principales peticiones del Partido Popular en relación con el funcionamiento del fondo no serán aceptadas.

Una de ellas -quizá la principal- es que se exija a la banca el que, a cambio de la ayuda, incrementará en la misma cuantía sus préstamos a los ciudadanos y a las empresas.

El vicepresidente confirmó que no se va a incluir ninguna garantía de que el dinero terminará traduciéndose en más créditos.

«El Gobierno no está para decir a los bancos cómo tienen que gestionar sus carteras», afirmó. Aunque señaló que en «el preámbulo» del decreto quedará claro que el Gobierno primará ayudar a aquellas entidades que concedan préstamos nuevos.

Los populares habían planteado a Solbes la alternativa de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) cree una línea masiva de crédito para ciudadanos y empresas a través de los bancos. Así, según Montoro, se garantizaría que el dinero llegaría donde debe llegar. La respuesta del vicepresidente fue irónica: «Eso me suena a la vieja fórmula del banco hipotecario». Montoro replicó que es lo que ya hace el ICO, aunque de forma más limitada.

Sobre la otra reivindicación del PP -que la medida no tenga coste para el ciudadano-, Solbes insistió en que no lo tendrá. El vicepresidente basa su argumento en que está seguro de que los activos que se compren serán de tal calidad que terminarán resultando un negocio para el Estado, pero tampoco pudo garantizar que todo lo que se compre con el dinero público tendrá la máxima calificación (AAA).

También rechazó el vicepresidente la petición de los populares de que se constituya una comisión de control parlamentario. Se limitó a asegurar que el fondo, gestionado por el Ministerio, dará información cada cuatro meses a la Comisión de Economía del Congreso.

El tono moderado, e incluso en algún momento un poco incómodo, de Pedro Solbes al anunciar ayer la aprobación del decreto contrastó con el empleado por la falsa y sectaria vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien nuevamente acusó a los populares de «jugar a un juego muy peligroso al poner en duda la credibilidad de nuestro sistema financiero y productivo».

«Estaría bien», añadió, «que por respeto al Gobierno, a las instituciones y a los trabajadores dejaran de mentir» sobre la situación del país y sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo, y les conminó a actuar «no pensando en la cuenta de los resultados electorales, sino en defensa del interés de España y de los españoles». La número dos del Gobierno apuntó, además, que la anunciada entrevista entre Zapatero y Rajoy sigue pendiente de que ambos «tengan un hueco en la agenda».

El presidente tiene la próxima semana cargada de actos. Mañana asistirá a la celebración de la Fiesta Nacional junto al Rey y después volará a París para participar en la cumbre del Eurogrupo. El lunes presidirá la Ejecutiva del PSOE, y por la tarde acudirá a la entrega de un premio al presidente brasileño Lula da Silva, en Toledo. El martes asistirá a la sesión de control en el Senado. El miércoles irá a la del Congreso y después viajará a Bruselas, donde permanecerá hasta el jueves por la tarde.

Según fuentes del PP, Rajoy acogió ayer con estupor la aprobación del decreto ley y, con su ironía habitual, se preguntó si Zapatero se atrevería a llamarle después de lo sucedido. En todo caso, sigue dispuesto a ir a Moncloa cuando se le invite.

elmundo.es Especial: El crash de 2008.

'DECRETAZOS' CELEBRES

Felipe González, 1992: en plena crisis económica de los 90, el Gobierno socialista aprobó un recorte de las ayudas por desempleo, reduciendo el tiempo y la cuantía de las prestaciones.

José María Aznar, 2002: reforma la protección por desempleo, alegando una necesidad urgente. Provocó una huelga general y, en 2007, el TC declaró inconstitucional el decreto ley.

No todo lo que se compre será de máxima calidad

CARLOS SEGOVIA / MARISA CRUZ

MADRID.- El vicepresidente segundo del Gobierno desveló ayer que no todos los activos que adquirirá el nuevo fondo estatal serán de la máxima calidad, que son los que cuentan con calificación de triple A por las agencias de riesgo internacionales. Solbes aseguró que no serán activos tóxicos, pero que «no todos serán de triple A». Dio ese dato para explicar las dificultades técnicas del nuevo fondo que aún no están resueltas. Según fuentes gubernamentales, si se limitara la adquisición a estos valores, habría importantes entidades financieras españolas, sobre todo cajas de ahorros, que no podrían vender al Estado sus titulizaciones y quedarían fuera de este gran préstamo estatal.

Los detalles tardarán en conocerse porque el Real Decreto Ley por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros tendrá un desarrollo reglamentario. De momento, según el borrador aprobado ayer por el Gobierno -y al que tuvo acceso EL MUNDO-, sólo cuenta con seis artículos, dos disposiciones adicionales y cuatro finales.

En el artículo 3 figuran «los órganos de gobierno», especialmente el consejo rector formado por Solbes y sus hombres de confianza: el secretario de Estado de Economía, el de Hacienda, el presidente del ICO, el abogado general del Estado y el interventor general del Estado, todos ellos de la confianza de Solbes. La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, será la secretaria con voz y sin voto.

Tendrá «asesoramiento técnico» que no excluye organismos independientes, pero se limita a mencionar a la CNMV y al Banco de España. Como único control parlamentario, el fondo se obliga a informar cada cuatro meses a la ya constituida Comisión de Economía del Congreso.

En la Memoria Económica del Real Decreto se admite que la deuda emitida generará lógicamente intereses, por lo que «cabe esperar un mayor gasto tanto en 2008 como en 2009».

La esperanza de que no cueste dinero al contribuyente es con el paso de los años. «Desde una perspectiva plurianual, el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros puede no tener ningún coste para las arcas públicas. Ello es así porque el Fondo se financiará con deuda pública e invertirá en activos de alta calidad que pueden ofrecer una remuneración superior», señala el documento.

Por tanto, la Memoria Económica no detalla el gasto inicial que supondrá el plan, pero tampoco garantiza, como dice Solbes, que «no costará ni un euro al contribuyente». Sólo confía en que así sea.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto para aumentar a 100.000 la garantía de los depósitos y fondos de inversión en caso de quiebra de las entidades gestoras. Si no fueran suficientes los 6.000 millones actuales dotados, intervendrá el Estado.

UN PAIS EN CRISIS / La respuesta 'popular'
El PP acusa al Gobierno de «engañar a todos los españoles» con el decreto ley

Los 'populares' están indignados por que Solbes les ocultara la víspera la aprobación del plan

LUIS ANGEL SANZ. Enviado especial

LA CORUÑA.- El Fondo de Adquisición de Activos que aprobó ayer el Consejo de Ministros sorprendió ayer a la cúpula del PP en La Coruña. Fuentes de la dirección mostraron su indignación y su sorpresa ante el «engaño» que ha supuesto que en la reunión que mantuvo este partido con el vicepresidente Solbes el jueves, éste les ocultara que el anunciado fondo se aprobaría ayer.

«Eso demuestra que el Gobierno no tiene voluntad de pacto con el PP. Nos oculta la información y ha engañado no ya al PP, sino a todos los españoles», añadieron las mismas fuentes.

Desde el equipo económico del partido de Rajoy no descartaron, sin embargo, que la reunión entre Zapatero y Rajoy se vaya a producir en los próximos días: «Si hay llamada, acudiremos; lo que no sabemos es ya para qué».

El fondo de entre 30.000 y 50.000 millones que el Gobierno ofrecerá a los bancos centró la XIII Interparlamentaria del PP que se celebra estos días en La Coruña. Casi todos los portavoces que intervinieron ayer lo hicieron para descalificar una medida «opaca», que «no ayuda a las familias y a las pequeñas y medianas empresas» y de la que desconfían los populares.

El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, exigió al Ejecutivo que explique las «formulaciones secretas» que, en su opinión, tiene el fondo, ya que no incluye «ninguna garantía» de que esos créditos van a ir a las familias y a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

«El decreto ley del Gobierno no incluye esa garantía porque el Gobierno, seguramente, tiene otra intención al aprobarlo», continuó, para recalcar después que es un montante «importantísimo» que «vamos a financiar todos los españoles».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, enfatizó: «Nosotros queremos un fondo para aliviar los problemas de las clases medias, y no para aliviar a algunos bancos».

Por su parte, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, desgranó las dos medidas que ha anunciado Zapatero. Con la primera, la ampliación de la garantía de depósitos de los 20.000 euros actuales a los 100.000 euros, el PP está «absolutamente de acuerdo porque lo propusimos nosotros», dijo. En cuando al fondo para la banca, «el PP exige absoluta transparencia para saber dónde irá el dinero». Si esa condición no se cumple, «no nos pueden pedir un apoyo ciego y sin garantías porque los españoles tienen derecho a conocerlo».

Además de Zapatero, el político socialista más citado ayer en La Coruña fue Felipe González y sus ambiguas declaraciones en las que aseguró que «es muy cargante lo de ser optimista profesional», sin referirse al presidente del Gobierno, aunque fueron muchos los que lo interpretaron en ese sentido. «No sé a quién se refiere Felipe González», dijo irónico González Pons en su intervención, «pero sé que el optimismo profesional cargante no crea puestos de trabajo; el optimismo profesional no es un activo sano. Es un activo tóxico», remachó.

LA POLEMICA NACIONAL GOBIERNO Y OPOSICION, ANTE LA CRISIS
De la responsabilidad al embaucamiento

El fracaso de la reunión Solbes-Montoro confirma la dificultad para plasmar en algo concreto el supuesto clima de entendimiento entre Gobierno y PP ante la crisis financiera.

VICTOR DE LA SERNA

Voces de tanto peso específico como las del director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn (en el Financial Times) y del añorado presidente de la Federal Reserve Paul Volcker (en The Wall Street Journal) se muestran de acuerdo en advertir que una respuesta coordinada, multinacional, es imprescindible para mitigar los efectos de la descontrolada crisis financiera. Las maniobras a escala nacional, como las medidas anunciadas por el Gobierno español, parecen ser de importancia marginal... aunque sean políticamente relevantes.

Ignacio Camacho, en ABC, es particularmente severo ante la respuesta del PP: «Lo ha vuelto a hacer. Es sorprendente cómo la derecha española, después de dos derrotas, continúa minusvalorando a Zapatero, que es un desastre para la estrategia y carece de seriedad política, pero resulta un virtuoso de la táctica y el regate en corto. Con una de esas fintas tan suyas, un movimiento de cintura improvisado y repentino, ha dejado a la oposición colgada del discurso ya inservible de la pasividad del Gobierno ante la crisis. Y además se permite ningunear a Rajoy en todas sus gestiones, reuniones e iniciativas, achicándole el campo y dejándolo en fuera de juego». Pero José Antonio Vera, en La Razón, alaba a la oposición: «Es evidente que hay cuestiones con las que es peligroso enredarse en guerras partidistas, pues lo que está en juego es el propio sistema. (...) A partir de ahí es importante señalar que Rajoy no se debe dejar embaucar».

Entre los medios más proclives al Gobierno, El País se muestra responsable y preocupado en sus editoriales: «Más paro y menos rentas públicas y privadas. Es el momento de que en las decisiones políticas se sepa distinguir entre lo que es prescindible de lo que es necesario». Algún columnista saca los pies del tiesto. Así, Maruja Torres: «Rajoy, que tiene la faz tallada en piedra como para creer que hemos creído que él solito ha cambiado lo que contribuyó a construir, el partido-dóberman, carece sin embargo del prestigio de Aznar en materia de cara dura. Puso el listón muy alto, el jefaes».

Melancólico («nos prometíamos una legislatura feliz con la retirada del búnker de los Acebes y los Zaplana»), Josep Pernau escribe en El Periódico: «La crispación ha vuelto. Ahora convertirán a Zapatero en el culpable de que la dosis alimentaria de los niños españoles se haya visto recortada». Menos melancolía, pues: la culpa vuelve a ser del PP. ¡Sursum corda!

Cataluña sigue de cerquísima todo este drama. Xavier Bru de Sala, en La Vanguardia, medita: «Una vez expresados los beneplácitos a Zapatero por la inyección de líquido a los mercados financieros, cabe preguntarse si los bancos no van a utilizar este dinero para pagar sus deudas con el exterior en lugar de destinarlos a reactivar la economía interior mediante una reapertura del crédito a empresas y particulares». (Otros piensan que los agujeros negros de las cajas de ahorro controladas por el PSOE podrían ser el destino del «líquido»...). Y Bru de Sala prosigue diciendo que «Madrid» debe escuchar las peticiones catalanas, porque Cataluña sí que sabe lo que es necesario y «lo bueno para Cataluña es bueno para España, o sea, lo que conviene al tejido productivo catalán conviene a todas las pymes del reino».