PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL: Los defensores del castellano reprochan a PSOE y PP sus cesiones ante los nacionalistas/ El 'conseller' Maragall censura

CONFLICTO LINGÜISTICO / La denuncia
Los defensores del castellano reprochan a PSOE y PP sus cesiones ante los nacionalistas

Acusan a los socialistas de negar el problema y a los 'populares' de ser cómplices en el pasado

PALOMA DIAZ SOTERO

MADRID.- Las plataformas cívicas que denuncian la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares unieron ayer sus críticas en el primer foro público en defensa del uso de la lengua común, celebrado en Madrid. Aunque el centro de las críticas fueron los partidos nacionalistas, el PSOE fue acusado de «negar la realidad» y el PP de haber sido cómplice de la normalización lingüística cuando ha gobernado. Quien convocaba, la fundación Denaes, pidió que ambos partidos entonen un mea culpa.

Podía presentarse el PP como adalid de la defensa del derecho a hablar y aprender castellano, y pensar que iba a salir airoso por no gobernar en ninguna de las comunidades donde las políticas de normalización lingüística han acarreado situaciones tan ilógicas como que no pueda estudiarse en castellano en la mayoría de sus escuelas, pero todo lo contrario.

Ayer, en el Primer Encuentro Cívico por el Derecho a Usar Nuestra Lengua Común, organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) en Madrid, el PP fue acusado de corresponsabilidad histórica, junto al PSOE -por «negar el problema»- y los nacionalistas, apuntados éstos últimos como primeros causantes de la situación actual de falta de libertad y limitación de derechos de los castellanohablantes que denunciaron los ponentes.

Era la primera vez que plataformas cívicas de Cataluña, Galicia, Baleares y País Vasco unían su voz en un foro público. Y contaron con el apoyo presencial del PP, UPyD, Ciutadans y del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Una silla vacía simbolizó la ausencia del PSOE, invitado a participar en un debate, que no fue tanto eso como una exposición de denuncias, que no por inverosímiles dejan de ser reales: la mayoría referida a la imposibilidad de escolarizar a los niños en español en las comunidades con lengua cooficial y la exigencia de altos niveles de gallego, catalán o vasco a quien quiera acceder a la función pública.

Tampoco la Constitución y el Tribunal Constitucional salieron bien parados, al ser señalados como causantes y garantes del problema, según denunciaron el filósofo Gustavo Bueno y el académico de la Real Academia Gregorio Salvador.

Aunque los casi 300 asistentes a este foro sabían que el impulsor de la convocatoria, Santiago Abascal (presidente de la Fundación) es parlamentario del PP en el País Vasco y que Alfonso Alonso, portavoz adjunto en el Congreso, había acudido para exponer la postura de su partido, nadie pasó por alto que la llamada normalización lingüística impuesta en Baleares y Galicia procede de mayorías absolutas del PP. Lo recordaron Jorge Campos, del Círculo Balear, y José Antonio Amado, de la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia, respaldados por cerrados aplausos del público.

Lo mismo sucedió cuando otro de los intervinientes, Alvaro Vermoet, presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, advirtió de que en la Comunidad Valenciana, el Gobierno popular de Francisco Camps ha elevado recientemente las exigencias del nivel de valenciano para acceder a la función pública.

A lo largo de una intensiva jornada de intervenciones, dos espontáneos del público alzaron su voz para denunciar, entre aplausos, que en su Comunidad Valenciana también están padeciendo el desplazamiento de los castellanohablantes en la función pública y la educación.

El clima de moderado reproche se tensó en el momento en que tomó la palabra Alfonso Alonso y tuvo que enfrentarse a las protestas de algunos asistentes, que, faltando a las formas, interrumpieron su discurso.

Alonso tuvo que reconducir su mensaje centrado en el País Vasco, de donde procede, para admitir ante los presentes: «Nos estáis reclamando responsabilidad. Queremos mantener un compromiso por la igualdad de los españoles». «¡No lo parece!», se perdió un grito entre los murmullos disconformes del público. «¡Que lo diga Rajoy!», dijo otro espectador.

Alonso entonces recordó que su partido está elaborando en el Congreso una proposición de ley para garantizar el derecho a elegir el español como lengua vehicular de la enseñanza en cualquier parte de España y la igualdad de acceso a la función pública en cualquier comunidad, compromisos adquiridos en su programa electoral. «Yo creo que el Gobierno de José María Aznar no fue tan entreguista», apostilló.

Preguntado después por la situación del castellano en Valencia, el diputado respondió que «en Valencia no hay ningún problema porque hay bilingüismo integrador y el valenciano no es una seña de identidad con fines de separación».

Previamente, el gallego José Antonio Amado había advertido que «bilingüismo integrador» fue el «eufemismo» con el que empezaron a implantarse las primeras políticas de «galleguización» cuando Manuel Fraga presidía la Xunta.

Por su parte, Santiago Abascal llamó a «entonar un mea culpa colectivo», porque «sin rectificación no hay solución». No excluyó al PP cuando afirmó que los grandes partidos nacionales «muchas veces están maniatados por los nacionalistas» y «muchas veces transigen con la política de marginación del español, cuando no la han fomentado directamente».

La lengua de un millón y medio de inmigrantes

Los inmigrantes latinoamericanos fueron ayer sujeto y objeto del debate. Como representante de los 15.000 ciudadanos colombianos residentes en Baleares, Wiliam Vega denunció que el fracaso escolar de los adolescentes latinoamericanos se eleva en las Islas del 40% generalizado al 80% debido a la incomprensión del idioma. «Y acaban en las calles», lamentó.

El representante de la Comunidad de Madrid en el foro, el consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, destacó que «el Gobierno vasco gaste en inmersión lingüística 200 millones de euros, con un 4,5% de población extranjera, cuando 200 millones es el presupuesto del Fondo de Integración de los Inmigrantes del Gobierno de la Nación para todos ellos, que son el 11% de la población».

«Me parece una crueldad que al inmigrante castellanohablante se le presione para hablar catalán en vez de la lengua que sabe hablar», añadió.

CATALUÑA

«¡Basta ya al chantaje!»

El presidente de la asociación catalana Convivencia Cívica, Francisco Caja, se ganó el primer aplauso del día con su «¡Basta ya al chantaje de los nacionalistas!». «¿Cómo es posible que una hora de castellano a la semana haga tambalear a la Generalitat y se declare en rebeldía a una sentencia del TSJ?». «¿Cómo es posible que nuestra ministra diga que no tiene constancia de que no se cumple la ley?». «¿Cómo puede imponernos un gobierno la lengua en la que debemos hablar?».

Todo preguntas sin respuesta. Y una cifra: el fracaso escolar de los alumnos, en un 18% de los niños con el catalán como lengua materna, se eleva al 42% entre los castellanohablantes. «La gente sufre», denunció Ignacio, un padre catalán que se dirigió al auditorio. «Pido a los políticos que pongan los medios para que todos estemos bien», dijo.

PAIS VASCO

Zapatero, el rey desnudo

Pablo Gay-Pobes, presidente de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco, afirmó que el recorte de libertades que se está produciendo en su Comunidad y en otras es «responsabilidad del presidente del Gobierno». Advirtió a Zapatero de que «negando la evidencia está haciendo el rdículo», y le comparó con el rey del cuento, «que se está paseando desnudo mientras esos sastres, que paga con el dinero de todos, le están engañando».

Tras él, habló Maite, que lleva 57 días fuera de su Vitoria natal y se ha ido a Logroño a vivir para escolarizar a sus hijos en castellano. «Los alumnos del modelo A [en castellano] evolucionan más rápido que otros y ralentizan su aprendizaje», aseguró. «Mis hijos no son cobayas. Que experimenten con los suyos», reclamó al Gobierno vasco.

GALICIA

«Quieren cambiar a los ciudadanos»

De Galicia, se echó en falta a la asociación con más peso específico en la defensa de los castellanohablantes, Galicia Bilingüe, que últimamente parece querer desvincularse de actos con presencia política.

«Es una democracia invertida: los políticos quieren cambiar a los ciudadanos; no les gustamos», dijo ayer José Antonio Amado, de la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia. Junto a él, otro ciudadano gallego denunció ayer la imposición de la lengua vernácula y la exclusión forzada del castellano por parte de las instituciones. «La normalización de los anormales es nazismo puro y duro», dijo este ciudadano.

«Tenemos una sharia nacionalista que ha impuesto el velo lingüístico en la escuela», denunció Amado.

BALEARES

Normalizar la 'anormalidad'

El presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, asociación que defiende los derechos de los castellanohablantes en las Islas, destacó con ironía que en su Comunidad, que ha visto cómo el mallorquín, el menorquín y el ibicenco de siempre se han transformado en catalán normativo por la presión de «quienes quieren construir unos Països Catalans», se han aprobado 22 órdenes y 13 decretos para «normalizar a quienes debíamos de ser anormales».

Según apuntó, quienes han impuesto el catalán en la enseñanza se saltan la recomendación de la Unesco de educar a los niños en su lengua materna. Y términó con más ironía, basada en la realidad que denunció: «Se me ha ocurrido un eslogan para el Gobierno balear: 'Hágase catalanista y asegúrese una subvención en tiempos de crisis'».

CONFLICTO LINGÜISTICO / Los testimonios
Madrid Maite Isabel

Una mujer tuvo que irse del País Vasco para que sus hijos estudien en español y la otra debe empadronarse en otro pueblo de Alicante

MANUEL ROMERO. Especial para EL MUNDO

MADRID.- La llama de la esperanza que encendió el Manifiesto por la Lengua Común, hace cuatro meses, estuvo ayer en Madrid. Sólo 250 personas se congregaron alrededor de ella. La capital de España no es Bruselas y siente el conflicto lingüístico extramuros. O ni lo percibe. Tres decenios de anestesia total dejan cualquier cuerpo inmóvil.

A Ifema peregrinó más gente llegada de las comunidades donde se aplica la normalización lingüística que vecinos de la villa y corte, donde se sienten seguros de que sus hijos nunca pasarán por ese trance. Por ello, la mecha que surgió de la web antes del verano, pasó por Barcelona y recaló en Galicia sólo chispeó en el recinto ferial.

El símbolo que representa Madrid no siempre se corresponde con las expectativas de los convocantes, en este caso la Fundación para la Defensa de la Nación Española. La imposición lingüística en las escuelas o en el acceso al trabajo no la sufren los madrileños. Creer que existe exige predisposición y esfuerzo, casi un acto de fe, y ésos son ingredientes escasos.

Pero como Madrid nunca ha aspirado a conceder titulaciones en masters de identidad castiza, los que acuden a ella jamás lo hacen en calidad de forasteros, sino con ganas de lanzar el grito que mañana escuchará en toda España.

Maite González viajó desde Logroño, donde el nacionalismo la ha desplazado con la herramienta excluyente de la imposición del euskara. Sus tres hijos formaban parte del batallón de los últimos del Modelo A, el que todavía permite este curso, a un 7% de los niños del País Vasco, estudiar en español. El año que viene se acabó.

Maite no ha querido quedarse a firmar la rendición y ver cómo le normalizaban a sus hijos. Este verano dejó su piso del centro de Vitoria. Un michelín menos en la construcción de Euskal Herria, una integrante más del éxodo vasco.

Su voz sonó emocionada, feliz de poder gritar que se siente española. Por fin ha podido comprar a sus hijos las camisetas rojas de la campeona de Europa de fútbol. Antes era una acción de alto riesgo. Sus hijos camuflaban sus sentimientos en la calle con la indumentaria de la selección brasileña.

En el patio de butacas aplaudía tensa Isabel Aracil, que llegó de la Biar (Alicante), sorprendida con que no hubiera un representante de la Comunidad Valenciana. Hace un mes contó en EL MUNDO que para que sus hijos pudieran estudiar en castellano tendría que empadronarse en otro pueblo.

Desde entonces, Isabel ha percibido cómo se trata a las voces discordantes. Se enteró de que su imagen estaba colocada en el tablón de anuncios del instituto público de la localidad, donde todos se conocen. Al lado aparecía un escrito insultante de un vecino que se marchó a Palma de Mallorca para contribuir a la catalanización.

En un arranque de ira, Isabel fue hasta el centro y tomó con su móvil una imagen del moderno dazibao. Su atrevimiento le ha costado la denuncia del director, que la ha acusado de fotografiar a los niños. La semana pasada, una pareja de la Guardia Civil de Villena llamó a su puerta para interrogarla y redactar un informe para la Fiscalía del Menor. Y eso que en Biar la alcaldesa pertenece al Partido Popular.

Ayer, los ánimos estaban encendidos. La mayoría de los asistentes se sentía huérfano y desamparado. La silla vacía destinada a un representante del PSOE estuvo flanqueada por Javier Fernández-Lasquetty, consejero madrileño de Inmigración, que se marchó nada más acabar su discurso, y por Alfonso Alonso, diputado del PP en el Congreso, que se convirtió en blanco de las protestas de parte de los convocados.

Mientras los miembros de Ciudadanos y de UPyD salían por la puerta grande, los populares se marchaban a esperar a que Rajoy dé a luz la proposición de ley de defensa e igualdad de los derechos lingüísticos. Un parto largo y doloroso que pondrá a prueba el bilingüismo bífido que practica el PP en sus comunidades.

El 'conseller' Ernest Maragall logra que una editorial censure una biografía de su familia

Ediciones B destruye los ejemplares originales de 'Pasqual Maragall, el hombre y el político'

NURIA CUADRADO

BARCELONA.- Sólo queda un miembro de los Maragall en política, Ernest, consejero de Educación
del Gobierno de la Generalitat. Y se ha encargado de que una parte de la memoria de la familia no llegue a las librerías en forma de libro: Pasqual Maragall, el hombre y el político, de Esther Tusquets y Mercedes Vilanova (Ediciones B), una biografía que intenta explicar la figura del ex presidente de la Generalitat y que, para ello, se remonta a la historia de su familia y reproduce fragmentos de una autobiografía inédita de su padre, Jordi Maragall.

La intervención del conseller Maragall ha sido decisiva para conseguir que Ediciones B destruya 10.000 ejemplares de la versión inicial escrita por Tusquets y Vilanova, y los sustituya por otros tantos en los que se han perdido cerca de 20 páginas. Según las mismas fuentes, el conseller de Educación asistió a varias reuniones en las que exigió la retirada de esos fragmentos, básicamente los que hacen referencia a su padre durante el periodo de la Guerra Civil, pasajes que ayer publicó en EL MUNDO el periodista Arcadi Espada, en su artículo semanal El correo catalán.

Por ejemplo: «Durante nuestra guerra conocimos estos días tranquilos en el piso de Travesera, solos en él, ocupados en muchos quehaceres de la casa o mirando por las ventanas hacia el Tibidabo en las tardes de otoño de 1936, leyendo La montaña mágica, que tanto me impresionó, escuchando conciertos que nos traía el gran aparato de radio, sintiendo profundamente el dulce bienestar de la propia casa», escribió el padre de los Maragall en su diario personal.

Tal y como publicaba El País en su edición de ayer, Ediciones B aceptó la imposición de la familia y destruyó los ejemplares que contenían la versión original de la obra para volverla a editar sin los párrafos que habían causado el enojo de la familia Maragall. No obstante, la versión oficial que se da desde la editorial -pertenece al mismo grupo empresarial que El Periódico, dirigido por un hermano del conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal- es que los ejemplares fueron destruidos a causa de problemas en el proceso de impresión que afectaron a la cubierta de los ejemplares, donde aparece Pasqual Maragall con uno de sus hijos. Este diario no consiguió localizar ayer al conseller de Educación para que pudiera puntualizar su participación en la destrucción de los ejemplares.

Acuerdo verbal

La historia del volumen Pasqual Maragall, el hombre y el político arrancó con una estrecha colaboración entre las autoras, Esther Tusquets y Mercedes Vilanova, y los Maragall, que puso a su disposición los diarios familiares, además de prestarse a múltiples entrevistas en las que, por ejemplo, la esposa del ex presidente, Diana Garrigosa, narra el suicidio de Pau Maragall, fallecido a causa de una sobredosis.

No obstante, según la familia Maragall, llegaron a un acuerdo verbal con las autoras que les daba derecho a revisar el texto, además de que éste llegara a las librerías después que las memorias oficiales que ha escrito el propio Maragall para otras editoriales: RBA, en castellano, y La Magrana, en catalán.

Este volumen, Oda inacabada. Memorias, tiene previsto llegar a las librerías a finales de noviembre y que se presente en el Palau de la Música Catalana ese mes con la presencia de Cristina Maragall, Ferran Mascarell, Francesco Rutelli y Narcís Serra.

Este diario no logró ayer contactar con Esther Tusquets, autora del libro censurado, para que diera su versión.