CHARLOTADAS DEL JUEZ CÓMICO: La causa de Garzón costará 137 millones de euros y varios años, según Toxicología

MARGARET ATWOOD / Novelista y Premio Príncipe de Asturias
«¿Juzgar la Guerra Civil española? Ya es un poco tarde»

ANTONIO LUCAS. Enviado especial

OVIEDO.- Despide una extraña bonhomía. Una dulzura de mujer inquebrantable. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) tiene entre manos una de las obras narrativas más lúcidas e incisivas sobre la condición y las contradicciones del hombre postcontemporáneo. Llegó ayer a Oviedo y la recibieron gaitas, chiflus y tambores. Viene a recoger, mañana, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y las Letras. El feroz Harold Bloom escogió su novela Resurgir como una de las piezas imprescindibles del canon occidental. Aunque ella está a otras cosas. «No escribo para críticos. Y ese tipo de listas tiene algo de sospechoso».

La defensa de los derechos de la mujer, la crítica a los totalitarismos y la lucha contra los excesos que conducen a los desastres del cambio climático son tres de sus frentes de batalla. Algunas de esas obsesiones han dado cuerpo a novelas como El asesino ciego y El cuento de la criada. O a libros de poemas como You are happy. Doctora honoris causa por las universidades de Cambridge, Oxford y Toronto, para la entrevista pide agua. Silencio y agua.

Pregunta.- En su obra los personajes huyen de algo permanentemente...

Respuesta.- Así es... Pero eso no sólo ocurre en mi obra [sonríe]. Una novela es una serie de acontecimientos donde siempre hay gente involucrada. Algo debe romper la linealidad, si no, se acabó la historia. Este puede ser un motivo. Pero es algo que acompaña al hombre desde las primeras narraciones. Fíjese en el Paraíso: el complot no crea ansiedad hasta que Eva se come la manzana. A partir de ahí los personajes son expulsados, huyen, ¿verdad? Pues ahí tiene el principio de una buena novela. En resumen, es imprescindible que en una narración exista movimiento: hacia abajo o hacia arriba.

P.- ¿Se reconoce en eso de «grito de injusticias» que dicen de usted?

R.- Es muy halagador, pero si una se compara con Emile Zola, en verdad no es tanto el aullido, no soy nada. Algunos escritores, sobre todo en el siglo XIX -y pienso también en Dickens-, investigaban y denunciaban todo aquello que consideraban nocivo para la sociedad con el afán de resolver problemas. Eso era algo muy nuevo en aquellos tiempos. En mi caso, sólo soy una escritora. Lo que queda reflejado en mis libros no es más que aquello que forma parte de la realidad, lo que cualquiera puede percibir si presta atención. No hace falta ser un héroe para escribir una novela sobre Africa. Basta con describir aquello que uno ve.

P.- ¿Se refiere a que la literatura debe ser un estado de alerta?

R.- Uhm.... Sí. Pero no sólo eso. Si el mundo fuera perfecto, la literatura no existiría. Si los personajes que le dan vida a una historia no vivieran ciertas experiencias terribles, los novelistas no tendríamos de qué escribir. Nadie se divierte leyendo lo maravilloso que es el mundo. Nos gusta leer aquello que supone un reto, lo que nos desafía a pensar, lo que nos sitúa frente a una realidad que requiere acción.

P.- En 2005 ganó el Premio Booker con El asesino ciego, una novela escrita en parte en Madrid...

R.- Ah, sí, Madrid. Lo pasé muy bien. Pero no hay demasiado misterio. Un amigo español nos invitó a mi marido y a mí a su casa. Es una ciudad muy agitada. Los horarios son realmente anárquicos. Siempre me preguntaba: ¿cuándo se duerme?

P.- En aquella obra usted hacía referencia a la Guerra Civil y sus circunstancias...

R.- Bueno, es un tema que me interesó. Algunos canadienses participaron. Existen teorías que afirman que hubo gente que aprovechó el conflicto como laboratorio para probar armamento y cosas así. Otras especulaciones apuntan a la idea de que si las democracias angloparlantes hubieran intervenido en aquella guerra, es probable que se pudiese haber evitado la II Guerra Mundial.

P.- Un juez español quiere levantar una causa general contra los inductores de aquella guerra e imputarles un delito de genocidio.

R.- No estoy segura de que el concepto de genocidio sea el más adecuado. Se luchó entre gente del mismo país que no difería entre sí más que por la política... Además, quizá es ya un poco tarde. La mayoría de los que participaron están muertos.

P.- Volviendo a su obra, una de sus novelas más celebradas, El cuento de la criada, reproduce una atmósfera totalitaria donde la mujer sólo tiene sentido como herramienta reproductora. ¿No hemos superado aún ese complejo?

R.- En Occidente lo hemos superado, pero sólo hasta cierto punto. Es un tema aún pendiente. Aunque hay un problema mayor que la esclavitud reproductiva. Me refiero a la esclavitud sexual. Se están importando mujeres para alimentar e incrementar el negocio de unos cuantos. Es una situación aberrante, terrible, odiosa. Aún más perversa en países donde no existen redes sociales.

P.- ¿Esta crisis planetaria y la aparente desintegración del neoliberalismo merecen una novela?

R.- ¡Qué oportuno! Mire [y de su bolso saca su último libro, Payback]. No es una novela, sino un conjunto de ensayos. Pero no los escribí en respuesta a esta crisis, sino anticipándola. La situación es el resultado de una clásica burbuja. Todo está basado en el crédito y el débito. Es decir, en la confianza, que es lo que se ha perdido. Ahora estamos buscando de nuevo el suelo para reconstruir todo lo que se está destrozando.

P.- ¿Asistimos al final de un modelo político, económico y social?

R.- Sin duda. Tenemos que replantear todo. Estas décadas han sido una invitación a la deshonestidad.

P.- Y esta crisis, que también lo es en los modelos intelectuales, ¿provocará un cambio en la perspectiva de la literatura que viene?

P.- Eso creo. En algún rincón del mundo hay niños y jóvenes que viven su vida y la de sus familias afectadas por la fuerza de esta crisis. Serán esos muchachos, dentro de 15 o 20 años, los que escriban la literatura que analice con nuevas herramientas narrativas esta situación.

La causa de Garzón costará 137 millones de euros y varios años, según Toxicología

MADRID.- La directora del Instituto Nacional de Toxicología (INT), Teresa Tena, cree que «llevaría años» identificar con pruebas de ADN a los 114.226 desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, cuyo paradero pretende averiguar el juez Garzón.

Sus consideraciones tienen más relevancia en tanto que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha brindado al magistrado los servicios de este centro para llevar a cabo las identificaciones. En una entrevista a Efe, Tena advierte: «Supondría una carga que estaríamos dispuestos a asumir, pero no de manera inmediata».

En cuanto al gasto económico, las pruebas genéticas tendrían un coste superior a los 137 millones de euros, teniendo en cuenta, señala, que el precio público de un análisis de ADN en una muestra de esa antigüedad es de unos 1.200 euros.

La directora calcula que el análisis de cada muestra puede prolongarse «varios meses». «Un trabajo extraordinario» y «suplementario» al diario, al que no podrían dedicar el tiempo completo.

Varios agentes del CNI vigilaron la manifestación de los policías

Querían identificar a los guardias civiles que secundaron la protesta Algunos manifestantes se enfrentaron con uno de los supuestos espías

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Tenía sentido. El Gobierno no podía lanzar un órdago y luego no tratar de ver quién lo aceptaba. Así, envió a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid y a la que acudieron miles de policías y cientos de guardias civiles para reivindicar la equiparación salarial con los agentes autonómicos.

El Gobierno advirtió a los agentes del Instituto Armado que su participación en el acto era ilegal y que, incluso, podían ser expulsados. Pese a ello, cientos de agentes respaldaron la convocatoria. Pero el Gobierno había decidido llevar allí a agentes que intentaran ver si, finalmente, habían acudido guardias civiles, cuántos e, incluso, que trataran de fotografiarlos para identificarlos posteriormente.

Y allí se trasladaron numerosos agentes de la inteligencia de Defensa. Se descartó que acudieran miembros de los servicios de información de la Guardia Civil ante la posibilidad de que pudieran ser reconocidos por sus propios compañeros y se produjera algún incidente.

Pero los asistentes a la convocatoria (no en vano son miembros de la Seguridad del Estado) sí detectaron a varias personas en la manifestación que iban solas, que fotografiaban a los grupos donde se juntaban varios manifestantes con carteles de las asociaciones de la Guardia Civil y que parecían que no conocían a nadie. «Eran ovejas en un partido de fútbol», describió uno de los asistentes a la protesta. Y con algunos de estos sospechosos varios agentes de la Policía Nacional mantuvieron enfrentamientos verbales al observarles cómo retrataban con sus teléfonos móviles a los manifestantes.

Algunos fotografiados decidieron también sacar instantáneas a los que consideraban los espías de la manifestación. Desde el Ministerio del Interior no se ha tomado una decisión aún sobre si actuará contra los guardias que acudieron a la protesta. Los responsables de la AUGC estaban portando la pancarta cabecera.

Tras la manifestación celebrada en enero de 2007, a la que acudieron miles de guardias uniformados, fueron sancionados los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que estaban al frente de la protesta.

La secretaria del 'caso Mari Luz' dice haber ejercido con «absoluta dedicación y empeño»

«Trabajar con unas organizaciones caducas y leyes obsoletas traen consigo los desgraciados sucesos que lamentamos», afirma Juana Gálvez

SILVIA MORENO

SEVILLA.- Con gesto serio y por segundo día consecutivo, la secretaria judicial sancionada por el caso Mari Luz, Juana Gálvez, dio la cara ayer otra vez ante los medios de comunicación para contar de forma telegráfica su versión de lo ocurrido, después de que sus compañeros paralizaran los juzgados y tribunales de todo el país para reclamar más medios al Gobierno que mejoren la Administración de Justicia.

«Tengo la tranquilidad de haber desempeñado mis funciones con absoluta dedicación y empeño», proclamó la secretaria judicial de Sevilla, a quien el Ministerio de Justicia sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante dos años por su «nulo control» de la ejecución de una condena de prisión impuesta al pederasta Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, por abusar de su propia hija.

En apenas un minuto, Juana Gálvez leyó un comunicado a las puertas de los Juzgados de Sevilla, poniendo el dedo en la llaga sobre las causas del caso Mari Luz, aunque sin mencionarlo expresamente.

Para la secretaria judicial, «las carencias de medios personales y materiales», las «leyes obsoletas» y las «organizaciones caducas» en las que trabajan «traen consigo los desgraciados sucesos que lamentamos», apuntó, en clara referencia al caso de la niña de Huelva.

De hecho, en el paro que secundaron de forma masiva secretarios judiciales y jueces el pasado martes, el colectivo hizo ver que el caso Mari Luz podía haber ocurrido en cualquier juzgado del país porque todos padecen la misma precariedad de medios materiales y personales.

Sin responder a ninguna pregunta de los informadores, Gálvez se limitó a expresar su «agradecimiento» a sus compañeros por el «unánime apoyo recibido, así como las innumerables y constantes muestras de cariño y aliento transmitidas a lo largo de estos meses», que, según aseguró, «tanto han significado» para ella.

«Dificultades diarias»

También agradeció a sus compañeros el «silencio mantenido, a pesar de las continuas alusiones a la figura del secretario judicial -materializadas en su persona, según apuntó-, respetando la decisión que desde un inicio os he transmitido a través del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, el cual, no sin esfuerzo y coste social, ha mantenido una postura de respeto y constante apoyo».

«A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, y a pesar de lo determinado en mi expediente, tengo la tranquilidad de haber desempeñado mis funciones con absoluta dedicación y empeño», reiteró Gálvez.

Dijo estar segura de su trabajo, «a pesar de las dificultades con las que diariamente todos nos encontramos debido a las carencias de medios personales y materiales, y a trabajar con unas organizaciones caducas y unas leyes obsoletas que no permiten hacer lo que todos desearíamos, que no es otra cosa que prestar el mejor servicio al ciudadano».

El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Luis Toribio, que acompañó a Galvez ayer, reiteró que la sanción del Ministerio -que será recurrida por la afectada en la Audiencia Nacional- es «injusta y desproporcionada».

Juan José Cortés ve «lamentables» las declaraciones

Las alegaciones a la prensa realizadas por la secretaria judicial Juana Gálvez fueron calificadas ayer de «lamentables» por el padre de Mari Luz. Juan José Cortés dijo que le parece «vergonzoso» y una «excusa que no se cree nadie» que Gálvez haya afirmado que con más medios materiales se podría haber evitado la muerte de la niña.

Juan José Cortés agregó que esta secretaria judicial parece querer eludir la «responsabilidad» que tiene en el hecho de que no se hubiera dictado una orden de busca y captura contra Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, después de ser condenado por abusos sexuales a su propia hija.

Asimismo, el padre de Mari Luz sostuvo que Gálvez se contradice al hablar ahora de medios materiales, ya que con anterioridad había declarado que «informó al juez y que éste tenía conocimiento de la situación de Santiago del Valle». Según señaló Juan José Cortés, «si el juez hubiera dictado la orden de búsqueda y captura, Mari Luz estaría viva», informa Servimedia.

Al mismo tiempo, Cortés opinó que las muestras de apoyo a Gálvez por parte de sus compañeros provocan «la indignación de todos los ciudadanos» y ponen a la Justicia «aún más en entredicho».

Los jueces valencianos boicotearán el acto de apertura del año judicial

El CGPJ reclama «respeto institucional» a los magistrados del Supremo y dice que las quejas por la injerencia del Gobierno «fueron mínimas»

GEMA PEÑALOSA

VALENCIA/MADRID.- Los jueces de la Comunidad Valenciana no sólo van a mantener su protesta por la falta de medios a raíz del caso Mari Luz, sino que la van a endurecer. De momento, ya han planeado el boicot al acto de apertura del año judicial que se celebrará mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Será un nuevo capítulo de su rebelión, el que da cuenta de la envergadura real del problema. Con su ausencia pretenden dejar claro que están descontentos y pedir que los políticos se hagan cargo de sus «escasos logros» en la Administración de Justicia. Las críticas se lanzan, no sólo sobre el Ministerio de Fernández Bermejo -que controla la planta judicial-, sino también sobre la Generalitat, competente en medios materiales e infraestructuras.

Los jueces de Alicante mostraron ayer su respaldo a sus homólogos de Valencia y volvieron a criticar al Ministerio de Justicia por no cumplir el programa estatal de habilitación de juzgados. El colectivo aseguró que en la provincia son necesarios 40 nuevos órganos judiciales y destacó que los que hay trabajan un 140% por encima de sus posibilidades.

La medida de presión aprobada por la Junta de Jueces de Valencia que se ejecutará mañana la secundarán alrededor de 120 profesionales: los de la ciudad y los de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior. Los magistrados de la Audiencia Provincial no se han pronunciado al respecto.

Por otra parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, reclamó ayer, tanto de responsables políticos como de los órganos judiciales, «respeto institucional» y que se les dé «un mínimo plazo» para poder trabajar en el asunto del expediente disciplinario al juez Rafael Tirado, informa Europa Press. «Que nos dejen tiempo y que luego valoren», afirmó.

«No hay necesidad de que nos recuerden que debemos estar a la altura y proceder en cumplimiento de la legalidad, ni tampoco que se deben tener en cuenta determinadas circunstancias a la hora de tomar una decisión», añadió la portavoz, en referencia al manifiesto de los magistrados del Supremo.

Bravo afirmó que no habrá investigaciones disciplinarias por las juntas de jueces y reuniones no jurisdiccionales de magistrados celebradas el martes. Añadió que, en lo que parecen coincidir todas las juntas es en la preocupación por la falta de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia, una reivindicación antigua, «que no aparece en el siglo XXI». Según ella, las quejas por las injerencias del Gobierno en el asunto del expediente al juez Tirado «fueron mínimas, no la constante».

El Supremo 'salva' a López Guerra

MARIA PERAL

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó ayer por unanimidad el recurso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) contra el acuerdo del Gobierno de proponer al ex secretario de Estado de Justicia Luis López Guerra como juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La APM sostenía que la decisión gubernamental vulneraba el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad al no contener ni una mínima motivación; infringía el artículo 23.2 de la Constitución «al haberse propuesto de forma unilateral por el Ejecutivo y sin solicitar, con publicidad, la presentación de otras candidaturas por aquéllos que considerasen poseer méritos suficientes», entre ellos los miembros de la asociación judicial; incurría en desviación de poder y no respetaba el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos debido, entre otras razones, a la «notoria falta de independencia» del designado.

La deliberación del Supremo se prolongó mañana y tarde porque varios magistrados discutieron la legitimación de la APM para recurrir el acuerdo del Gobierno. La Sala avaló la legitimación por un estrecho margen de dos votos, aunque a continuación rechazó el recurso.

El Supremo reconoce a un militar su derecho a la libertad de expresión

Anula el arresto dictado en 2005 contra el sargento Francisco Martín por criticar las condiciones laborales de los controladores aéreos del Ejército

ROBERTO BENITO

MADRID.- El Tribunal Supremo ha reconocido, en una sentencia destinada a sentar un precedente fundamental para las Fuerzas Armadas, el derecho a la libertad de expresión de un militar, el sargento primero Francisco Martín, que fue sancionado en 2005 por informar de las condiciones laborales de los controladores aéreos del Ejército.

Como presidente de la Sociedad para el Desarrollo del Control del Tránsito Aéreo (Sodecta), Martín remitió, en diciembre de 2004, una carta al presidente del Colegio de Pilotos de la Aviación Comercial, advirtiéndole de una serie de aspectos del trabajo de los controladores aéreos militares, que Sodecta consideraba injustos y preocupantes.

Esta misiva fue considerada por el general jefe del Mando Aéreo General, Gonzalo Ramos Jácome, una falta grave, al haber incumplido el sargento Martín «las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio», y le impuso un mes y 20 días de arresto, en una sanción confirmada por el jefe del Estado Mayor del Aire y que el afectado tuvo que cumplir.

Ahora, tras más de tres años de recursos y reclamaciones, la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo ha dado la razón al entonces presidente de Sodecta y hoy vicepresidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume).

La sentencia, dictada el pasado día 9, considera que el sargento Martín hizo «una mera reclamación laboral carente de relevancia disciplinaria», y señala que, en cualquier caso, «la carta fue remitida por el recurrente, no en su condición de militar, sino como presidente de una asociación legalmente reconocida».

El tribunal entiende, además, que el afectado no divulgó ninguna información que «pudiera afectar a la seguridad aérea o defensa nacional».

La sentencia, la primera que reconoce a un miembro del Ejército su derecho a expresar quejas sobre su trabajo, se produce en un momento en el que Defensa prepara una ley de derechos de los militares, según ha afirmado Carme Chacón en varias ocasiones, y que se podría ver influida por este precedente.

A esta coincidencia hizo ayer referencia el secretario general de Aume, Mariano Casado, que en la presentación del libro Ciudadanos y soldados, sobre el asociacionismo militar, afirmó que «la tesis» del Supremo «debe ser tenida en cuenta en la futura ley».