CHARLOTADAS DEL JUEZ CÓMICO: El confuso camino del auto a la fosa

El confuso camino del auto a la fosa

Una variada lista de circunstancias determinará si la decisión de la Sala de lo Penal llega antes de que se ejecuten las órdenes de Garzón

MANUEL MARRACO

MADRID.- Tras la fulminante intervención de la Fiscalía, la orden de Baltasar Garzón de exhumar 19 fosas de la Guerra Civil está en manos del Pleno de la Sala de lo Penal... y del humor y carga de trabajo del juez de cada municipio; del propietario del terreno, del consentimiento u oposición de los familiares de los supuestamente enterrados, de la verosimilitud de la existencia de restos en ese lugar y de la nada jurídica variable de cuándo pide el alta el magistrado, que, aunque nunca descansa, desde hoy está de baja por una leve operación de garganta.

La carrera entre el auto exhumatorio de Garzón y los escritos con los que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pretende inhumar el «disparate jurídico» del magistrado ha llevado a que una heterodoxa combinación de factores pueda interponerse a la «urgencia» reclamada por el magistrado para abrir las fosas.

Los primeros árbitros venían designados en el propio auto con el que Garzón declaraba su competencia. En el mismo párrafo en el que, el pasado día 16, afirmaba que «procede autorizar inicio, desarrollo o continuación» de la exhumación de las fosas, el magistrado añadía que debían llevarse a cabo «cumpliendo los requisitos mínimos que se basen en las siguientes premisas».

La primera de ellas, «la certeza o información contrastada de la existencia en el lugar de que se trate de una fosa en la que podrían existir restos de personas detenidas/desaparecidas». Le seguía la «previa petición de los interesados» que, de no existir, se sustituirá por la decisión del juez del lugar.

También deberá atenderse a «la ubicación y titularidad del lugar, así como si existe conformidad o no por parte del mismo». De no haber conformidad, podrá suplirse «con la correspondiente autorización de la autoridad judicial», que deberá atender «al interés más necesitado de protección que, en este caso, sería la del hallazgo de la víctima».

En cualquier caso, la exhumación deberá hacerse «bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encuentre el lugar». A lo largo de la semana pasada, esos jueces han ido recibiendo los exhortos con las instrucciones de Garzón. En la práctica, no tienen un plazo fijado para ejecutar las exhumaciones, y sí un margen de discrecionalidad suficiente como para que los plazos acaben midiéndose en días, semanas o meses.

Uno de esos exhortos llegó el viernes al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, al que correspondería abrir la fosa estandarte, la que supuestamente alberga a Federico García Lorca. La juez María Angeles Jiménez Muñoz deberá tener en cuenta la existencia de dos posibles ubicaciones, así como la negativa de una parte de los herederos del poeta a que se «profane» el lugar. Un obstáculo que, de acuerdo con los requisitos de Garzón, resultaría fácil de superar, ya que las familias de los otros dos enterrados sí quieren seguir adelante.

Pese a todo, la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica mantiene que en aproximadamente dos semanas podría comenzar la exhumación. Este cálculo optimista se aproxima mucho al que, en el mejor de los casos, la Sala de lo Penal podría tardar en resolver el incidente de competencia, la vía abierta por la Fiscalía que por el momento ha tomado ventaja.

La otra, la del recurso directo de apelación dirigido igualmente a la Sala, ha sido bloqueada a mitad de camino por el magistrado, que se niega a enviar el recurso a la Sala si el fiscal jefe no presenta antes otro recurso que le correspondería resolver... a él mismo.

Los magistrados de la Sala no han mostrado indicios de querer echar una carrera a las exhumaciones, por lo que es probable que su decisión tarde más tiempo en pronunciarse sobre la nulidad del auto de Garzón que solicita el Ministerio Público. A ello se suma que la vía del incidente de competencia nunca ha sido empleada en la Audiencia Nacional, por lo que el Pleno podría plantearse dudas sobre su ejecución.

De momento, su resolución deberá esperar a que Garzón les remita un informe sobre por qué defiende su competencia. En principio, la Sala le había dado de tiempo hasta mañana, pero el juez logró que se aplazara hasta después de recibir el alta médica, que no está prevista hasta la semana que viene.

La expeditiva vía penal abierta por el magistrado encontró el sábado otro obstáculo, más moral que real, que podría pesar en el ánimo de los jueces encargados de abrir las fosas. El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, temiendo una declaración de nulidad sobre lo actuado por Garzón, ha pedido una moratoria en las actuaciones. No vaya a ser que gestos simbólicos como imputar a Franco arruinen realidades como una apertura de fosas que llevaba ejecutándose con menos ruido desde hace años y que seguirá adelante con la Ley de Memoria Histórica.

Ese es el único ámbito en el que, según la Fiscalía, todo esto debería resolverse.