11-M: Amnistía critica a España por haber expulsado a Siria a un absuelto del 11-M que puede ser torturado

Amnistía critica a España por haber expulsado a Siria a un absuelto del 11-M que puede ser torturado

ROBERTO MONTOYA

MADRID.- Amnistía Internacional lanzó ayer una batería de críticas a España por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, desde 2002 hasta la fecha, al amparo de su colaboración en la lucha contra el terror de EEUU. Uno de los casos denunciados fue el de la deportación a Siria, sin garantías para su seguridad, de Basel Ghalyoun, absuelto del 11-M por el Supremo.

«Amnistía Internacional reconoce el deber y la obligación del Gobierno español de proteger a la población frente a los ataques terroristas que provocan miles de víctimas. En este sentido, admitimos que la cooperación internacional puede ayudar a lograr este objetivo». Sin embargo, el director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, denunció que «desgraciadamente, en estos últimos seis años y medio se cometieron muchas violaciones de los derechos humanos en nombre de la guerra contra el terror de EEUU».

«España no fue ajena a esto», dijo el director de AI. Beltrán denunció la deportación sin garantías a Siria meses atrás del procesado en el juicio del 11-M Basel Ghalyoun, a pesar de que había sido absuelto por el Tribunal Supremo; los interrogatorios de agentes españoles en Guantánamo a varios prisioneros, y que ningún gobierno investigara las decenas de escalas de aviones de la CIA en 15 aeropuertos españoles. Beltrán, al igual que Mónica Costa, la investigadora que elaboró el informe Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas. España en la guerra contra el terror, presentado ayer, sostuvo que cerca de 200 personas fueron trasladadas al limbo de la base de Guantánamo atravesando el espacio aéreo español.

Amnistía critica con dureza el hecho de que en España no se haya investigado el papel que cumplieron los agentes de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional española (UCIE) y presumiblemente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en varias ocasiones entre 2002 y 2004 viajaron a Guantánamo para interrogar a 13 prisioneros de distintas nacionalidades. «Por sus informes al juez [Baltasar Garzón], se confirma que sabían que no se respetaba ninguno de sus derechos y que podían sufrir torturas», dijo Beltrán, por lo que, según él, podrían ser considerados cómplices.

Sin garantías

A las graves acusaciones de Amnistía contra los gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero se añade la de las deportaciones sin garantías de distintas personas liberadas por la Justicia a países donde previsiblemente sean torturadas. En el caso del sirio Basel Ghalyoun, absuelto por Supremo el 17 de julio pasado, el informe de AI recuerda que «el Tribunal resolvió que Basel Ghalyoun tenía convicciones islamistas y había mantenido contactos con algunas de las personas responsables de los atentados terroristas, pero que no había pruebas de que hubiera participado en los atentados».

El 22 de julio, Ghalyoun fue expulsado a Siria, dijo el director de AI, «pese a que advertimos a las autoridades españolas de que podría correr peligro de tortura y malos tratos. A Ghalyoun no se le notificó la orden de expulsión hasta el mismo día en que salió de la cárcel, el 17 de julio. Para Amnistía, con esta deportación España no ha respetado sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La organización humanitaria teme al precedente de extraditar a personas a países con un preocupante historial sobre derechos humanos. Es el caso de Siria y también el de Argelia, a donde se pretende ahora deportar a la mayoría de los implicados en la operación Nova absueltos por la Justicia.

AI ha pedido también al Gobierno que no extradite al checheno Murat Ajmedovich Gasayev, quien en 2005 pidió asilo en España tras ser inculpado por un detenido bajo tortura. Rusia solicitó su extradición y la Audiencia Nacional la aprobó en febrero pasado.

Desde entonces, está en prisión preventiva a la espera de una decisión del Consejo de Ministros. AI asegura que, como en el caso de Ghalyoun, es previsible, dados los antecedentes de Rusia, que este prisionero sea torturado y privado de todos sus derechos si es extraditado.

El SUP se queja al Defensor del Pueblo del reparto de medallas de Interior

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) no está dispuesto a dejarlo pasar y, de momento, la polémica sobre la concesión de medallas pensionadas en la Policía Nacional ya ha llegado a la sede del Defensor del Pueblo. De ello se ha encargado el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet.

Este sindicato ya denunció que el Ministerio del Interior repartía estas condecoraciones recompensadas con una subida salarial del 10% entre los mandos policiales. Denunciaba la gran diferencia que había entre los comisarios y mandos premiados y los agentes de a pie. En el escrito presentado ante el Defensor del Pueblo, el SUP recuerda que estas medallas son para los que hayan puesto en riesgo su vida, y pone en duda que desde los despachos se arriesgue demasiado.

De las 103 medallas pensionadas este año, el 14,5% han ido a parar a la escala superior, el 42% a la ejecutiva, el 15,5% a la de subinspección y tan solo el 27,1% a la básica. Las escalas ejecutiva y superior del Cuerpo obtienen un total de 59 medallas, más del 57% de las concedidas.

Por este motivo, como primer paso, el SUP ha presentado un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo en el que le solicita que, además de admitirlo, tramite su queja y ordene la apertura de una investigación sobre estos hechos.

Desde el sindicato policial se confía en que desde la institución presidida por Enrique Múgica se formulen recomendaciones y observaciones a las autoridades competentes del Ministerio del Interior y de la Dirección General