ESPAÑA EN CRISIS: ZP admite ahora la gravedad de la crisis/ Análisis/ Recorte «de cuajo» en gasto social/ Patrimonio/ De Delphi a las filas del PSOE

ESPAÑA EN CRISIS / El Consejo de Ministros aprueba hoy un calendario para sacar adelante 24 reformas con impacto a «medio y largo plazo» / El ICO inyectará 20.000 millones a partir del próximo año para dar liquidez a las pymes
Zapatero admite ahora la gravedad de la crisis, pero las medidas que propone no se aplicarán hasta 2009

JUAN EMILIO MAILLO


MADRID.- El Gobierno por fin admite la gravedad de la crisis económica, pero ha decidido no adoptar ninguna iniciativa de aplicación inmediata que ayude a su superación. El plan de choque se limita a lo decidido el pasado 18 de abril, pese a que desde entonces la situación ha empeorado de forma notable.

Porque ahora no se trata de improvisar propuestas, sino de tomar decisiones de carácter estructural cuyo impacto no se sentirá, como pronto, hasta 2009.

La más destacada, por su cuantía económica, es la inyección de 20.000 millones de euros de liquidez a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Irán destinados a la financiación de la compra de vivienda protegida y a líneas de crédito para las pymes.

Esa cantidad se suma a la actividad habitual del ICO, que en el último ejercicio cerrado, el de 2007, destinó más de 15.500 millones de euros a la línea ICO-Pyme y que este año ha otorgado avales por importe de 5.000 millones de euros para promover la construcción de viviendas oficiales.

Esos 20.000 millones para 2009 y 2010, junto a 24 reformas que no contribuirán a paliar con carácter inmediato la cada vez más delicada situación de la economía, son la respuesta del Gobierno.

Hoy mismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato avanzado de crecimiento del PIB que, de cumplirse la estimación del Banco de España (0,1%), constatará que el país se sumerge en la estanflación (precios altos, con un IPC al 5,3%, y estancamiento económico).

Dos veces crisis

Una crisis en toda regla, que el Ejecutivo admite ahora que ya percibía en abril. «Desde la primera reunión del Consejo de Ministros de esta legislatura (la del 18 de abril), el Gobierno ha venido tomando medidas para mitigar el impacto de la crisis económica en las familias y las empresas», dice el comunicado remitido por el Ejecutivo.

Se habla de medidas contra la crisis en abril, pero el presidente del Gobierno huyó de pronunciar ese término hasta el pasado 8 de julio. El comunicado remitido ayer utiliza en dos ocasiones la palabra crisis para referirse a la situación que atraviesa España.

La principal de esas propuestas ante la crisis fue la paga de los 400 euros -que se anunció en febrero de cara a las elecciones generales-, y cuyo impacto en la recuperación de la actividad ha sido prácticamente nulo pese a su coste, de casi 6.000 millones de euros.

Esa cuantía agotó el margen de maniobra del Ejecutivo y va a llevar a España a su primer déficit en cuatro años. Por eso, ahora no se puede gastar más, por lo que queda como recurso tocar otros palos.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron a este diario que no es el momento de medidas de choque o para el corto plazo, sino de adoptar las reformas estructurales que necesita la economía española para salir de la crisis.

Las 24 reformas a cuya aprobación pondrá hoy fecha el Consejo de Ministros se sentirán a medio y largo plazo, es decir, cuando la crisis ya sea historia. Eso si se cumple lo que prevé el Ejecutivo, que insiste en reducir a este año y el que viene la duración de la crisis y mantiene que en 2010 la economía recuperará crecimientos entorno al 3%.

Reformas como la supresión en la práctica del Impuesto de Patrimonio, anunciada por Zapatero el pasado mes de diciembre. El Consejo de Ministros dará hoy el visto bueno al proyecto de ley que establece la bonificación del 100% en la cuota de este tributo.

La norma se aprovecha, además, para establecer el carácter mensual de las devoluciones del IVA a las empresas, en lugar de hacerlo al cierre de cada año, como ocurre actualmente.

Iniciativas variopintas

En ese paquete de 24 medidas se incluirán iniciativas de lo más variopinto. Entre ellas, la aprobación de la directiva de servicios -una transposición impuesta por Bruselas-, o la agilización de la obra pública, potenciada con una mayor rapidez en las declaraciones de impacto ambiental de las nuevas infraestructuras.

También se darán nuevos pasos en la supresión de las cargas administrativas que deben soportar las empresas y los ciudadanos, un elemento al que también se refiere la directiva de servicios.

El acuerdo que hoy adoptará el Gobierno se basa en las intervenciones realizadas por Zapatero el 23 de junio en el Consejo Económico y Social, donde presentó el informe económico anual, y en la comparecencia extraordinaria que tuvo lugar en el Congreso el 2 de julio.

Se incluirán medidas como la reducción en un 20% de los honorarios de registradores y notarios, los planes de eficiencia energética e incluso la privatización de Aena.

Muchas de estas iniciativas ya han sido objeto de análisis en las reuniones celebradas por el Consejo de Ministros a lo largo de la legislatura.

Ahora, simplemente, se sistematiza un calendario de aprobación de las mismas. Para ello fue necesario ayer el concurso de medio Gobierno. Zapatero reunió en Moncloa a nueve ministros. Pedro Solbes (Economía y Hacienda), Mariano Fernández Bermejo (Justicia), Magdalena Alvarez (Fomento), Celestino Corbacho (Trabajo), que llegó tarde, Miguel Sebastián (Industria), Elena Espinosa (Medio Ambiente), Beatriz Corredor (Vivienda), Elena Salgado (Administraciones Públicas) y Cristina Garmendia (Ciencia e Innovación). Junto a ellos, el jefe de Gabinete del presidente, José Enrique Serrano, y dos secretarios de Estado: Diego López Garrido y David Vegara.

Todos los hombres, sin corbata. Esa sí fue una gran novedad. En un día fresco en Madrid en comparación con los vividos la pasada semana, Sebastián impuso su tesis y apareció como vencedor de esta particular guerra.

ESPAÑA EN CRISIS / Análisis de las medidas
Recorte «de cuajo» en gasto social

Camps, del PP, dice que eso pasará si el Gobierno no considera el aumento de población en la financiación de las autonomías

VALENCIA/MADRID.- El presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, del PP, reclamó ayer a José Luis Rodríguez Zapatero que, al negociar el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, tenga en cuenta que en los últimos años la población en España ha aumentado en seis millones de personas.

Si no reconoce ese dato, «de cuajo recorta un 10% las políticas sociales». «Sería el recorte social más grande de la Historia», indicó.

En su opinión, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, «no tiene otra salida que reconocer que en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana vivimos un millón más de personas» en cada una.

Las comunidades gobernadas por el PP insisten en pedir a Rodríguez Zapatero que, al negociar el nuevo modelo de financiación, tenga en cuenta el aumento de la población que se ha registrado debido a la llegada de inmigrantes.

En este sentido se expresó también el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien envió ayer una carta al vicepresidente Solbes en la que le pide más dinero para las autonomías, teniendo en cuenta el «espectacular» incremento de la población.

Beteta, del PP, muestra su preocupación porque en los planes que conocen del Gobierno no se garantizan «recursos adicionales del Estado para compensar el incremento demográfico de Madrid».

«No se puede mantener un sistema clásico ante hechos excepcionales, como ha sido este aumento de población que se ha experimentado desde 1999», indica. «El Gobierno de la Nación parece no haberse dado cuenta, no sé si los ministros no se hablan o practican el autismo», añade.

El nuevo modelo de financiación centrará el debate que se va a celebrar el 20 de agosto en la Diputación Permanente del Congreso, que sustituye al Pleno cuando no hay sesiones ordinarias.

En esa sesión también se debatirá una propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) -con el apoyo de ERC, IU y el Grupo Mixto-, para que Zapatero explique por qué no ha cumplido lo que prevé el Estatuto de Autonomía de Cataluña respecto de la financiación de esa Comunidad, cuyo plazo para llegar a un acuerdo concluyó la semana pasada.

Los grupos parlamentarios han aprovechado esta reunión de la Diputación Permanente, como hacen siempre que es convocada, para plantear otros asuntos aunque no sean urgentes. En total, el martes se debatirán 13 propuestas.

ESPAÑA EN CRISIS / Análisis de las medidas / DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Se acelerará el papeleo

OLGA R. SANMARTIN

MADRID.- La declaración de impacto ambiental es el documento que, desde finales de los 90, determina en España la conveniencia o no de realizar un proyecto desde el punto de vista de la sostenibilidad y fija las condiciones en las que debe desarrollarse. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, anunció ayer a Efe que el Gobierno va a acelerar este trámite, imprescindible para que una obra prospere.

Espinosa dijo que este cambio tendrá una repercusión económica «tremenda», ya que afecta a casi todas las infraestructuras del país e inversiones industriales importantes. Acueductos, embalses, líneas de alto voltaje, centrales, aeropuertos, estaciones de servicios, urbanizaciones, explotaciones forestales, alcantarillados y otros muchos proyectos necesitan pasar por el filtro de esta declaración, tras ser analizadas en un estudio previo todas las agresiones al ecosistema que puedan producirse y las alegaciones que quieran plantear los interesados.

Están obligados por ley, salvo si la Administración decide que una iniciativa no tiene ningún impacto negativo desde el punto de vista ecológico. En la actualidad, pueden pasar años hasta que se consigue este sello verde (de media, una tramitación de una autopista tarda 1.119 días; la de un AVE, 1.175; la de una presa, 1.302, y la de un aeropuerto, casi un año).

Lo que pretende Espinosa es ponerle plazo a fases del proceso que hasta ahora no lo tenían, «para que un expediente no se alargue», según explican fuentes del Ministerio. Eso sí, aseguran que «no se rebajará ningún criterio medioambiental».

Además, se promoverá la tramitación electrónica de todo el procedimiento, para que todas las partes puedan seguirlo en internet desde el principio hasta el final.

Los ecologistas, el PP e ICV se oponen a esta medida, que, según Greenpeace, «convertirá al medio ambiente en una nueva víctima de la crisis».

ESPAÑA EN CRISIS / Análisis de las medidas / DIRECTIVA DE SERVICIOS
Objetivo: bajar los precios

JUAN EMILO MAILLO

MADRID.- La directiva europea de servicios es el instrumento legal más potente del que -sin contar los Presupuestos- puede contar el Gobierno en esta legislatura.

La directiva fue aprobada a finales del año 2006 en Bruselas y ahora toca que cada Estado la adapte a su legislación. En el caso español, eso no sucederá, como pronto, antes de mediados del año 2009. El plazo marcado por la Unión Europea finaliza el 28 de diciembre del próximo ejercicio.

El Gobierno pretende hacer una transposición «exigente» de la norma, con el fin último de que se reduzcan los precios de un sector, el de servicios, que representa el 70% de la economía nacional y que lleva una década con una inflación anual del 4%. Es el gran culpable del diferencial de precios que España tiene con sus socios comunitarios.

Entre las medidas que incluirá la directiva -que afecta a más de 7.000 normas en España- está el refuerzo de los derechos y la protección de los consumidores.

Asimismo, se decreta la libertad de establecimiento en toda la Unión Europea. De este modo, cualquier empresa del sector servicios radicada en España podrá abrir sede en otro punto de Europa y a la inversa, lo que abrirá la competencia a unas ramas de actividad que, por ahora, han vivido al refugio de la misma.

Además, se potencia la eliminación de barreras para la puesta en marcha de nuevos negocios y la creación de empleo, y se simplificarán trámites administrativos, una tarea en la que el Gobierno ya ha dado varios pasos y en la que seguirá avanzando hoy.

La ley persigue ganancias de eficiencia, productividad y empleo, además de incrementar la variedad y la calidad de los servicios a los que acceden los ciudadanos. Para su elaboración se ha creado un grupo de trabajo en el que están integrados varios ministerios, las comunidades autónomas y la FEMP.

ESPAÑA EN CRISIS / Análisis de las medidas / IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Eximidos un millón de contribuyentes

CRISTINA CABALLERO

MADRID.- La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio estaba recogido en el programa del PSOE, pero hasta ahora no había sido anunciado como una de las medidas urgentes para reactivar la economía. Se trata de un tributo directo y de naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año. Gracias a este impuesto, las comunidades recaudaron en 2005 1.442 millones de euros, una media de 1.553 euros por contribuyente.

Aunque se trata de un tributo estatal, el 100% del importe absorbido se cede a las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra), que son las que lo recaudan. Los Gobiernos autonómicos tienen la facultad de modificar el tipo de gravamen y la reducción de la base imponible. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, fue el primero que se atrevió a reducir, en noviembre del año pasado, los tipos del Impuesto de Patrimonio (IP) y, además, bajó la tarifa autonómica del IRPF. Aguirre anunció también la eliminación progresiva del IP hasta 2010.

Ahora, el Gobierno de Zapatero ha ido más allá al aprobar la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio desde el 1 de enero de 2008. La iniciativa permitirá ahorrar a un millón de contribuyentes 1.800 millones de euros.

Antes de su eliminación, estaban obligadas a declarar las personas físicas cuya base imponible fuera superior a 108.182 euros. También cuando el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resultara superior a 601.012 euros. Sin embargo, este tributo perdió hace mucho tiempo su sentido, pues no sirve para el control censal de los grandes patrimonios. En 2005, sólo 957.503 contribuyentes de los 17 millones que hay en España realizaron la declaración de su patrimonio.

ESPAÑA EN CRISIS / Análisis de las medidas / CARGAS ADMINISTRATIVAS
Relación virtual con la Administración

JUAN EMILO MAILLO

MADRID.- Facilitar y agilizar la relación entre la sociedad, particularmente las empresas, y la Administración es el fin de otras 70 medidas que va a poner en marcha el Gobierno dentro de su plan contra la crisis.

Se concretarán algunos de los aspectos que ya fueron analizados en dos consejos de ministros celebrados el mes de junio, los de los días 20 y 27.

El Ejecutivo quiere aprovechar el potencial de internet para que un buen número de trámites se pueda hacer por vía telemática, sin necesidad de acudir a oficinas de la Administración. Otros trámites serán directamente suprimidos, según detalló el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

El pasado 27 de junio ya se adoptó un acuerdo en Consejo de Ministros para reducir plazos de 11 trámites que afectaban a los ministerios de Economía y Hacienda, Interior, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio y Administraciones Públicas.

Economía propuso facilitar los procesos de participación en los concursos convocados por el Estado. Interior planteó que tanto la matriculación como las bajas de vehículos se haga por vía telemática.

Mientras, el Departamento dirigido por Miguel Sebastián decidió la expedición electrónica de las tarjetas de ITV que han de llevar los coches.

Por otro lado, Trabajo decidió facilitar a las empresas de menos de 10 trabajadores un sistema virtual de autoevaluación de riesgos laborales.

Administraciones Públicas abrió la puerta a la consulta por internet del registro de ciudadanos no comunitarios con permiso de trabajo.

Además, decidió adoptar las medidas necesarias para que la tasa de expedición de los permisos a los trabajadores extranjeros se pueda abonar también por medios telemáticos.

El PNV apoyará que comparezca

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Partido Nacionalista Vasco (PNV) desveló ayer que va a apoyar lo que haga Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, el próximo día 20, cuando se discutan las dos peticiones presentadas para que comparezca José Luis Rodríguez Zapatero. Esto significa que, salvo algún imprevisto de última hora, el presidente tendrá que acudir a dar explicaciones sobre la crisis económica y la financiación autonómica.

Fuentes de CiU indicaron ayer a este periódico que la coalición mantiene sus reservas respecto a la solicitud que ha presentado el PP, porque considera que sólo pretende desgastar al Gobierno y, en ese caso, no la apoyarán, aunque todavía no lo han decidido.

En cambio, sí han acordado votar a favor de la petición de comparecencia que ha planteado Iniciativa per Catalunya Verds -con el apoyo del Grupo Mixto-, porque es una formación catalana y ellos nunca impiden las iniciativas de los partidos de su misma Comunidad.

Ayer, el presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, declaró a la agencia Europa Press que sus diputados van a mantener el día 20 la postura «que determine CiU». Dijo que la palabra de Rodríguez Zapatero «no tiene ningún valor» porque, al menos «en lo que se refiere a la relación con el PNV, las promesas y compromisos incumplidos constituyen el santo y seña».

«Actuaremos de la mano de los partidos catalanes, en este caso de CiU, que han apoyado el Estatuto de autonomía, están desarrollando un modelo de financiación y exigen al PSOE que se cierre cuanto antes», manifestó Egibar.

VOX POPULI

ANTONIO PINA

Del comité de empresa de Delphi a las filas del PSOE. Un año después del cierre de Delphi en Puerto Real, el ex líder sindical tramita su ingreso en el PSOE. Como mínimo, es poco estética su afiliación, cuando está tan reciente la campaña para convencer a sus compañeros de que aceptaran el ERE propuesto por el Gobierno.