ENCUESTA SIGMA DOS-EL MUNDO: ¿QUE HEMOS HECHO BIEN? ¿QUE HEMOS HECHO MAL? (XVIII)/ Trato a las víctimas

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (18) / La encuesta / El TRATO A LAS VICTIMAS
No a la amnistía, sí a la Ley de la Memoria

La mayoría de los españoles cree, en 2008, que fue un error conceder la amnistía a muchos presos políticos en 1976, al año siguiente de morir Franco, porque esa medida permitió salir a la calle a reclusos que habían combatido el franquismo con armas y violencia, desde ETA, el Frap y los Grapo. A casi el 60% le parece necesaria la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, que amplía los derechos de los represaliados.

AGUSTIN YANEL

MADRID.- En contra de lo que se podría esperar, más de la mitad de los ciudadanos -el 52,7%- considera que fue un error conceder una amnistía en 1976 a los presos políticos que habían luchado contra el régimen de Franco. Un escaso 28,9% dice ahora que aquella medida fue un acierto, mientras casi dos de cada 10 consultados -el 18,4%- no sabe qué decir o no contesta.

Esta elevada crítica probablemente se debe a que aquel perdón permitió que también salieran de la cárcel algunas gentes de ETA, del Frap y de los Grapo, grupos que lucharon contra el franquismo pero lo hicieron utilizando los atentados y la violencia. Y a las personas consultadas 32 años después no les parece nada bien la excarcelación de aquellos terroristas.

Estos datos de la encuesta que ha realizado Sigma Dos para EL MUNDO son un ejemplo bien claro de que la visión que tiene la ciudadanía de la realidad es, en muchas ocasiones, radicalmente distinta a la de los políticos. Porque estos últimos, tanto los de aquellos primeros años de la Transición como los de ahora, coinciden en general en que aquel perdón concedido a quienes habían luchado contra la Dictadura fue un acierto y una decisión que contribuyó notablemente a la reinstauración en España de la democracia y las libertades.

Entre los que opinan que aquella amnistía fue un error se encuentran tanto hombres como mujeres, de todas las edades. Y también entre los votantes del PP y, en mayor porcentaje, los del PSOE. Unicamente entre los encuestados que votan a Izquierda Unida ganan los que dicen que fue un acierto.

También se podría esperar, a juzgar por la polémica que ha rodeado toda su tramitación en las Cortes, que la llamada Ley de la Memoria Histórica -que aprobó el Congreso de los Diputados en diciembre pasado- iba a ser mayoritariamente rechazada por la ciudadanía. Pues ocurre justo lo contrario: el 59,5% de las personas consultadas cree que era necesaria, frente a una de cada tres -el 33,4%- que no la considera oportuna.

Entre todas las edades es mayoritaria la opinión favorable a la necesidad de esa ley, y también entre los votantes del PSOE y de IU. Sólo entre quienes dicen haber votado al PP ganan los que no creen que fuera necesaria, pero por un escaso margen: 48,3%, frente al 46,1% que está a favor, a pesar de que ese partido votó en contra en el Congreso.

La denominación exacta de esta norma es la de Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se Reconocen y Amplían Derechos y se Establecen Medidas en Favor de Quienes Padecieron Persecución o Violencia Durante la Guerra Civil y la Dictadura.

¿A quién se hace justicia con esta ley? ¿A las víctimas de la Segunda República, a las de la Guerra Civil o a las de la Dictadura franquista? Las opiniones de las personas encuestadas están muy divididas: en los tres casos citados, sólo una de cada cuatro personas cree que se hace justicia a esas víctimas y la mitad opina que no.

En general, con escasa diferencia arriba o abajo, en los tres casos coinciden en esa opinión las mujeres, los hombres y las personas de todas las edades a las que se ha consultado para este sondeo. Por color político también, aunque entre los votantes de Izquierda Unida es donde existen porcentajes más elevados de quienes dicen que no ha hecho justicia ni a las víctimas de la Segunda República (según el 54,9%, en este caso igualados con los votantes del PP) ni a las de la Guerra Civil ni a las de Franco.

Donde sí tienen los encuestados una opinión más clara es al preguntarles si deberían haber sido juzgados los cargos del franquismo que tuvieron alguna relación con la represión política llevada a cabo durante la Dictadura: el 58,9% cree que sí se les debió sentar en el banquillo, frente al 24,7% que se muestra en contra; el 16,4% no tiene una opinión formada sobre este asunto y ha preferido no contestar a esa pregunta.

La democracia 'olvidó' a los represaliados del franquismo

A. Y.

La bronca que se vivió el año pasado en torno a la llamada Ley de la Memoria Histórica, mientras fue debatida en las Cortes, se sustentaba en dos posturas bien distintas: los partidos de izquierda la consideraban necesaria -el PSOE, con más reticencias que otros- para reconocer derechos de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, mientras en el PP decían que no era necesaria y que sólo serviría para reabrir viejas heridas.

A juzgar por los datos de la encuesta, la razón estaba de parte de los que votaron a favor de esa ley y no de los parlamentarios 'populares': el 56,4% de las personas consultadas cree que las víctimas del franquismo 'han sido olvidadas' durante la democracia, de donde se deduce que es justo haber reconocido sus derechos en esa polémica ley, frente al 17,1% que dice que en esa etapa han recibido 'un merecido homenaje'.

La unanimidad es abrumadora. Una mayoría de hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, mayores, votantes del PSOE, del PP y de IU coinciden en que la España de las libertades, a cuya instauración contribuyeron esas víctimas del franquismo, les ha pagado con el olvido. Por eso, como se ve en el gráfico adjunto, la mayoría cree que hacía falta una ley que reconociera derechos para esas personas y ampliara los que se habían regulado con anterioridad.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (18) / De la amnistía a la recuperación de la memoria histórica
El primer paso para la reconciliación de las dos Españas

Perdonar los delitos políticos y sindicales fue una decisión imprescindible para la Transición y la llegada de la democracia

AGUSTIN YANEL

MADRID.- La mayoría de los políticos, tanto los más jóvenes como los entrados en años, ya sean de derechas o de izquierdas, coincide en que la amnistía que se aplicó en España en 1976 y 1977 significó mucho más que perdonar los delitos de tipo político: fue la puerta que se abrió para que la democracia entrara de nuevo en esta tierra, para que regresaran a ella miles de personas que se habían visto obligadas a exiliarse en el extranjero por sus ideas y para que el vocablo libertad empezara a ser algo más que una simple palabra.

Los juristas siempre han discutido que en un Estado moderno exista la posibilidad de que se pueda aplicar una medida de gracia como la amnistía. ¿Por qué esa posibilidad, si hay leyes para responder a cada delito?, se preguntan. Quizá por este motivo, la Constitución establece que el Rey puede «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley», pero aclara que no podrá autorizar «indultos generales».

Pero los juristas, lo mismo que los políticos, no dudan de que aquellas concesiones de amnistía fueron decisiones muy acertadas para la democracia española.

Después de que muriera el dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, el grito reivindicando la amnistía se convirtió en una constante en todo tipo de manifestaciones, fiestas, conciertos de música y cualquier otro acto organizado por la izquierda. La Junta Democrática de España y, después, la llamada Platajunta -fruto de la fusión entre esa Junta y la Plataforma de Convergencia Democrática- hicieron su bandera de la exigencia de que fueran liberados los presos políticos y sindicales y se permitiera regresar a España a los exiliados.

A eso se sumó la reclamación de autogobierno en el País Vasco y en Cataluña. En esas regiones, el grito de Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía fue constante durante aquellos dos años.

El real decreto de amnistía de julio de 1976, el decreto ley de marzo de 1977 y una ley, ya aprobada por las Cortes, el 15 de octubre de ese año, hicieron posible la libertad de casi 4.000 personas que habían sido encarceladas por sus ideas políticas y sindicales, así como la vuelta a España de centenares de exiliados.

La aprobación en el Congreso de esa ley de octubre del 77, que acordaba la amnistía de la reconciliación de las dos Españas, fue recibida con aplausos por la mayoría de los diputados, puestos en pie. Salió adelante con 296 votos a favor, dos en contra y 18 abstenciones, éstas de Alianza Popular (el partido antecesor del PP) porque no recibió garantías de que aquélla sería la última medida de gracia de ese tipo.

El precio de la amnistía fue muy caro, porque en la dura represión de las manifestaciones por parte de la policía franquista hubo siete muertos y muchos heridos. Pero ahora, más de 30 años después, los que todavía viven de quienes sufrieron las cárceles de aquella época coinciden en que mereció la pena pese a tener un coste tan alto.

Tierno Galván y Camacho

Entre los beneficiados por la amnistía está el profesor José Luis López Aranguren y el socialista Enrique Tierno Galván, al igual que los dirigentes comunistas Santiago Alvarez, Simón Sánchez Montero y Marcos Ana -este último expresa bajo estas líneas su opinión, tras 23 años en la cárcel-. Entre los sindicalistas destaca Marcelino Camacho. Y no hay que olvidar a los oficiales del Ejército que habían constituido la Unión Militar Democrática, a los que se conocía como los húmedos.

Un 67% de las personas a las que consultó entonces el Instituto de Opinión Pública se mostraron a favor de la amnistía y opinaron que era una buena decisión. Ahora, sólo un 28,9% de los encuestados por Sigma Dos para EL MUNDO cree que aquel perdón de los delitos políticos fue un acierto, frente a un 52,7% que lo ve como un error. Esta opinión negativa se debe, sin duda, a que aquella amnistía hizo posible que salieran a la calle también más de 1.200 presos de ETA, de los que la mitad volvió a la actividad terrorista. La amnistía fue el primer paso para la Transición y, según muchos analistas, sin ella no hubiera sido posible que llegara la democracia tras 40 años de Dictadura.

Los 130.000 fusilados del bando perdedor

El 20 de noviembre de 2002, todos los partidos del Congreso aprobaron por unanimidad una resolución en la que por vez primera condenaban el franquismo y mostraban su reconocimiento a las víctimas de la Dictadura y la Guerra Civil.

En esa época ya había asociaciones que trabajaban para abrir las fosas comunes y recuperar e identificar a familiares fusilados y enterrados en ellas durante la Guerra Civil e incluso después.

Se calcula en 55.000 el número de personas fusiladas por los republicanos y en 130.000 las que fueron víctimas del bando vencedor, de éstas últimas 40.000 después de la guerra.

Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya han sido los grupos que más han peleado para que se recupere la memoria de las víctimas del franquismo y se anulen los juicios y sentencias dictadas por tribunales que no reunían las garantías legales necesarias. Lo lograron, aunque no hasta donde querían -lo que provocó que ERC no votara a favor-, con una ley aprobada en diciembre de 2007, en la que se reconocen y amplían derechos a quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

El PP se opuso siempre a esa ley, porque entendía que sólo serviría para reabrir viejas heridas entre los dos bandos, aunque votó a favor de algunos artículos. Desde la izquierda siempre contestaron que el objetivo era dignificar la memoria de las víctimas de los perdedores, porque en la democracia sólo se ha tenido en cuenta a los muertos del bando vencedor. Esta opinión es compartida por las personas consultadas ahora para la encuesta de EL MUNDO, según se refleja en el gráfico de la página adjunta.

Los defensores de esta ley no lograron que en ella se prevea anular todos los juicios del franquismo de oficio, pero sí se declara la «ilegitimidad» de los tribunales franquistas y de las sentencias que dictaron, lo que permite iniciar reclamaciones en cada caso para que sean anulados.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (18)
La amnistía y la amnesia

La mayoría de los españoles cree, en 2008, que fue un error conceder la amnistía a muchos presos políticos en 1976, al año siguiente de morir Franco, porque esa medida permitió salir a la calle a reclusos que habían combatido el franquismo con armas y violencia, desde ETA, el Frap y los Grapo. A casi el 60% le parece necesaria la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, que amplía los derechos de los represaliados.

AGUSTIN YANEL

MADRID.- En contra de lo que se podría esperar, más de la mitad de los ciudadanos -el 52,7%- considera que fue un error conceder una amnistía en 1976 a los presos políticos que habían luchado contra el régimen de Franco. Un escaso 28,9% dice ahora que aquella medida fue un acierto, mientras casi dos de cada 10 consultados -el 18,4%- no sabe qué decir o no contesta.

Esta elevada crítica probablemente se debe a que aquel perdón permitió que también salieran de la cárcel algunas gentes de ETA, del Frap y de los Grapo, grupos que lucharon contra el franquismo pero lo hicieron utilizando los atentados y la violencia. Y a las personas consultadas 32 años después no les parece nada bien la excarcelación de aquellos terroristas.

Estos datos de la encuesta que ha realizado Sigma Dos para EL MUNDO son un ejemplo bien claro de que la visión que tiene la ciudadanía de la realidad es, en muchas ocasiones, radicalmente distinta a la de los políticos. Porque estos últimos, tanto los de aquellos primeros años de la Transición como los de ahora, coinciden en general en que aquel perdón concedido a quienes habían luchado contra la Dictadura fue un acierto y una decisión que contribuyó notablemente a la reinstauración en España de la democracia y las libertades.

Entre los que opinan que aquella amnistía fue un error se encuentran tanto hombres como mujeres, de todas las edades. Y también entre los votantes del PP y, en mayor porcentaje, los del PSOE. Unicamente entre los encuestados que votan a Izquierda Unida ganan los que dicen que fue un acierto.

También se podría esperar, a juzgar por la polémica que ha rodeado toda su tramitación en las Cortes, que la llamada Ley de la Memoria Histórica -que aprobó el Congreso de los Diputados en diciembre pasado- iba a ser mayoritariamente rechazada por la ciudadanía. Pues ocurre justo lo contrario: el 59,5% de las personas consultadas cree que era necesaria, frente a una de cada tres -el 33,4%- que no la considera oportuna.

Entre todas las edades es mayoritaria la opinión favorable a la necesidad de esa ley, y también entre los votantes del PSOE y de IU. Sólo entre quienes dicen haber votado al PP ganan los que no creen que fuera necesaria, pero por un escaso margen: 48,3%, frente al 46,1% que está a favor, a pesar de que ese partido votó en contra en el Congreso.

La denominación exacta de esta norma es la de Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se Reconocen y Amplían Derechos y se Establecen Medidas en Favor de Quienes Padecieron Persecución o Violencia Durante la Guerra Civil y la Dictadura.

¿A quién se hace justicia con esta ley? ¿A las víctimas de la Segunda República, a las de la Guerra Civil o a las de la Dictadura franquista? Las opiniones de las personas encuestadas están muy divididas: en los tres casos citados, sólo una de cada cuatro personas cree que se hace justicia a esas víctimas y la mitad opina que no.

En general, con escasa diferencia arriba o abajo, en los tres casos coinciden en esa opinión las mujeres, los hombres y las personas de todas las edades a las que se ha consultado para este sondeo. Por color político también, aunque entre los votantes de Izquierda Unida es donde existen porcentajes más elevados de quienes dicen que no ha hecho justicia ni a las víctimas de la Segunda República (según el 54,9%, en este caso igualados con los votantes del PP) ni a las de la Guerra Civil ni a las de Franco.

Donde sí tienen los encuestados una opinión más clara es al preguntarles si deberían haber sido juzgados los cargos del franquismo que tuvieron alguna relación con la represión política llevada a cabo durante la Dictadura: el 58,9% cree que sí se les debió sentar en el banquillo, frente al 24,7% que se muestra en contra; el 16,4% no tiene una opinión formada sobre este asunto y ha preferido no contestar a esa pregunta.

La democracia 'olvidó' a los represaliados del franquismo

A. Y.

La bronca que se vivió el año pasado en torno a la llamada Ley de la Memoria Histórica, mientras fue debatida en las Cortes, se sustentaba en dos posturas bien distintas: los partidos de izquierda la consideraban necesaria -el PSOE, con más reticencias que otros- para reconocer derechos de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, mientras en el PP decían que no era necesaria y que sólo serviría para reabrir viejas heridas.

A juzgar por los datos de la encuesta, la razón estaba de parte de los que votaron a favor de esa ley y no de los parlamentarios 'populares': el 56,4% de las personas consultadas cree que las víctimas del franquismo 'han sido olvidadas' durante la democracia, de donde se deduce que es justo haber reconocido sus derechos en esa polémica ley, frente al 17,1% que dice que en esa etapa han recibido 'un merecido homenaje'.

La unanimidad es abrumadora. Una mayoría de hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, mayores, votantes del PSOE, del PP y de IU coinciden en que la España de las libertades, a cuya instauración contribuyeron esas víctimas del franquismo, les ha pagado con el olvido. Por eso, como se ve en el gráfico adjunto, la mayoría cree que hacía falta una ley que reconociera derechos para esas personas y ampliara los que se habían regulado con anterioridad.