Defensa emplea inmigrantes sin contrato en sus bases afganas/ El sector eléctrico cree que las presiones del Gobierno han «politizado» la multa a Ascó

Defensa emplea inmigrantes sin contrato en sus bases afganas

Cocineras y camareras filipinas o trabajadores uzbekos han estado sin seguro y cobrando sueldos de entre 400 y 670 con jornadas de 10 horas

MONICA BERNABE. Especial para EL MUNDO

KABUL.- Dos empresas contratadas por el Ministerio de Defensa para encargarse de cocinar y servir la comida a los soldados y del mantenimiento de las bases españolas de Herat y Qala-e-Now, en Afganistán, tienen empleados inmigrantes que a menudo no disponen de contrato ni seguro, trabajan 10 horas al día y cobran un sueldo que oscila entre los 400 y los 670 euros al mes. Hay rumanos, uzbekos, latinoamericanos, moldavos y, sobre todo, filipinas.

En todos los casos, los trabajadores viajan directamente desde su país de origen hasta Afganistán, y en España no figuran en ningún registro. En el caso de las empleadas filipinas, además, son fichadas en su país a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), a pesar de que la ley de contratos de las administraciones públicas prohíbe que el Gobierno -y, por extensión, una empresa subcontratada- firme contratos de servicios con ETT, según fuentes jurídicas consultadas.

Fuentes del Ministerio de Defensa se lavaron las manos replicando que «la responsabilidad de los trabajadores es de la propia empresa, y el Ejército de Tierra pone límites por motivos de seguridad». Aun así, también añadieron que el Ejército vigila que la ley se cumpla, y que los trabajadores de las bases españolas en Afganistán tienen contrato y seguro de trabajo, su jornada laboral es la estipulada y los salarios, los adecuados a su categoría. Sin embargo, documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO pone en duda todo eso.

Los inmigrantes trabajan para la unión de empresas Tecnove y Ucalsa, que en 2004 también saltaron a la prensa por tener empleados extranjeros sin contrato en la base de Diwaniya, en Irak, cuando Federico Trillo, del PP, era ministro de Defensa. Entonces, ambas empresas aseguraron que no cometían ninguna irregularidad porque su contratación cumplía la legislación iraquí. Ahora, Tecnoucal (nombre con el que se conoce la unión temporal de ambas compañías) justifica que se ajusta a la legislación laboral de cada uno de los países de origen de los extranjeros empleados, según ha asegurado Félix de la Mata, director de Multiservicios de esta unión de empresas.

Cuando la ministra de Defensa, Carme Chacón, viajó a Afganistán el pasado 19 de abril, las trabajadoras filipinas de la base de Herat le obsequiaron con un peluche para su futuro bebé. Posiblemente, la ministra no sospechó entonces la situación de esas inmigrantes. Al personal filipino en Herat -la mayoría, mujeres- lo contrata una ETT de su país, The Calerey Manpower and Training Services. Dicha empresa selecciona a las trabajadoras y cobra una comisión mensual a Tecnoucal por los servicios prestados.

El artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dice en su punto 3 que la Administración «no puede celebrar contratos de servicios con empresas de trabajo temporal salvo en el supuesto de realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos».

Las empleadas filipinas -sólo en Herat hay unas 17- son, sobre todo, limpiadoras y camareras con un sueldo de 600 a 1.000 dólares al mes (de 400 a 670 euros) por 52 horas semanales de trabajo. Por lo tanto, se está incumpliendo la ley.

Fuentes de Defensa replicaron que la adjudicación de la contrata a Tecnoucal se rige por la Ley 30/9, pero ese texto legislativo dice en su artículo 15 que, en caso de que la Administración ceda la gestión de una actividad a una empresa, debe ajustarse a «la legislación correspondiente de contratos del Estado».

«Si vas a Filipinas a contratar empleados por 600 dólares al mes, no encuentras gente ni para trabajar en Dubai», contesta el empresario Félix de la Mata para desmentir que las inmigrantes estuvieran cobrando esa miseria. Sin embargo, documentos que ha obtenido este diario -y que se reproducen arriba- lo corroboran.

LOS DOCUMENTOS DEL ESCANDALO

Seiscientos euros al mes. A la izda., el anexo de un contrato realizado en junio a un inmigrante por Tecnoucal, donde se especifica que el sueldo es de 600 euros y que, si deja el trabajo antes de lo pactado, deberá correr con los gastos de regreso a su país. A la dcha., una de las facturas emitidas por la ETT filipina.

SANCION EJEMPLAR / La decisión
El Consejo Nuclear pide multas de hasta 22,5 millones para Ascó por la fuga radiactiva

Hubo «emisiones con potencial de superación del límite anual de dosis para el público»

GUSTAVO CATALAN DEUS

MADRID.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto al Ministerio de Industria que la central nuclear de Ascó I sea multada con cuatro sanciones graves y dos leves. La sanción, que deberá ser aprobada por el Departamento de Miguel Sebastián, impodrá una multa que oscilará entre 9.030.000 euros y los 22,53 millones de euros.

El Pleno del CSN adoptó este acuerdo por unanimidad en su reunión de ayer dedicada monográficamente al incidente de la central nuclear Ascó I, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre, aunque la instalación no informó del mismo hasta el mes de abril. El CSN clasificó el incidente en el nivel 2 de la escala internacional.

Las conclusiones del CSN se fundamentan en que, «aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información».

De las cuatro sanciones que propone el CSN, una de ellas la eleva a su «grado máximo», sancionada con multa que va de los 4,5 millones a los nueve millones de euros.

El motivo que alega el CSN es que se produjo una «emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para miembros del público en el interior del doble vallado de la central». «Uno de los factores contribuyentes a esta emisión» se produjo por «haber modificado el punto de tarado de los monitores de radiación del edificio de combustible a un valor superior al establecido».

Más de 2.500 personas entraron en las zonas valladas de la central. La mayoría de ellos fueron escolares de varios colegios e institutos, y en un caso universitarios. Entre los escolares, había cientos de menores . El resto de las personas ajenas a la central fueron conductores y repartidores de mercancías.

Las otras tres sanciones graves en «grado medio» propuestas se motivan «por no establecer el control de contaminación externa del personal una vez descubierta la contaminación del emplazamiento, y por no clasificar, señalizar y delimitar radiológicamente las zonas de libre acceso de la central». También por «incumplimiento sobre notificación de sucesos de centrales nucleares en operación, por no notificar los hallazgos de partículas desde el 14 de marzo». Igualmente, por «no dejar constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en zonas de libre acceso».

Las dos sanciones leves en «grado mínimo son por no informar al CSN sobre la manipulación de los monitores de alerta, y por no adoptar las medidas necesarias para minimizar la probabilidad de exposiciones potenciales al permitir la salida del emplazamiento de un camión de chatarra que contenía partículas radiactivas».

La propuesta de sanción es la más elevada contra una central nuclear. No obstante, hay que tener en consideración que el reglamento sancionador fue modificado por el Congreso el año pasado. Entre los cambios, se introdujeron sanciones 10 veces más altas que las que había hasta entonces. La sanción más alta impuesta fue en 2006 a la central nuclear Vandellòs II, de 1,6 millones.

La sanción administrativa más elevada hasta el momento le fue impuesta a la compañía minera Boliden por el vertido de seis millones de toneladas de residuos de una balsa en Aznalcóllar, Sevilla. El hecho ocurrió el 25 de abril de 1998 y la multa se elevó a 45 millones de euros. El Supremo la rebajó 1,3 millones, pero Boliden dijo que no pagaría y cerró sus empresas.

«La sanción la pagan con sólo 14 días operando»

G. C. D.

MADRID.- Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción opinan que las propuestas de sanción «son ridículas». «Les va a salir barato», declaró Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace. «Con sólo 14 días de funcionamiento ya facturan 22 millones. Así que es más rentable no decir nada y seguir produciendo electricidad, que notificar lo ocurrido y que se pare la central unos días para una revisión», reflexiona Bravo.

Sin embargo, según las estimaciones de producción y precios de la central, la cuantía máxima de las multas propuestas (22,5 millones) equivale a un mes de producción del reactor de Ascó I, no a 14 días como defiende Greenpeace.

Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción declaró que «la sanción tendría que haber llegado al máximo de 300 millones» y añadió que el CSN «minimiza el impacto del accidente». A su juicio, las sanciones económicas «no son disuasorias ni suficientes». Ambas organizaciones ecologistas consideran que hay un posible delito penal y por eso Greenpeace ha interpuesto una querella ante la Fiscalía de Tarragona, al igual que ha hecho Iniciativa per Catalunya Verds. Ambas han sido admitidas a trámite.

LOS MOTIVOS DE LA SANCION

Motivación general. «Se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información».

Una sanción grave 'máxima'. «Superación del límite anual de dosis para miembros del público en el interior del doble vallado de la central». Tres sanciones graves 'medias'. «Por no establecer controles de contaminación externa; por no delimitar las zonas de libre acceso y por no notificar los hallazgos de partículas».

Dos sanciones leves. «Por no informar de que habían manipulado los monitores de alerta ni adoptar medidas».

SANCION EJEMPLAR / Las reacciones
El sector eléctrico cree que las presiones del Gobierno han «politizado» la multa

Opina que se apuesta por un mensaje duro ante las voces que debaten construir nuevas centrales Industria confirmará la cuantía en septiembre

BALTASAR MONTAÑO

MADRID.- Se recrudece la guerra abierta desde hace más de dos años entre las compañías eléctricas y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y HC Energía no perdonan al Ejecutivo que mantenga las tarifas de la luz muy por debajo de su coste real y que les haya recortado los ingresos por los derechos de emisión de CO2. Desde ayer cuentan con un nuevo frente de batalla. Fuentes del sector consultadas por este diario señalaron ayer que la alta cuantía de las multas impuestas (un máximo de 22,5 millones de euros) a la sociedad gestora de la central de Ascó I responde, en buena parte, a las presiones realizadas desde el Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que propusiera una sanción «ejemplarizante».

«La sanción está politizada porque desde el principio el Gobierno ha buscado que sea ejemplar, en un momento en el que crecen las voces que se muestran a favor de abrir un debate sobre si es necesario construir nuevas centrales nucleares en España», señalaron estas fuentes, que criticaron la falta de «proporcionalidad» al fijar «una cuantía tan alta cuando no ha habido daño ni para la población ni para el medio ambiente».

Sin embargo, las cuatro sanciones graves y las dos leves que el CSN propone para la central de Ascó I se ajustan en toda regla a la nueva normativa vigente, que entró en vigor el pasado año y estableció un régimen sancionador mucho más duro del existente hasta entonces.

Fuentes del CSN, por su parte, confirmaron que la sanción propuesta sería la más alta jamás aplicada a una central, si bien dejaron claro que el informe remitido al Ministerio de Industria, que es el que deberá decidir sobre la multa finalmente impuesta, no recomienda sanción económica alguna, sino que señala los incumplimientos y el marco que tienen en la Ley, informa Europa Press.

A partir de ahora se abre un proceso en el que el Departamento que dirige Miguel Sebastián analizará la propuesta del CSN y fijará la cuantía definitiva de la multa. La decisión final de Industria se espera para finales de septiembre o principios de octubre próximo.

Anav, la sociedad que gestiona la Central Nuclear Ascó-Vandellòs II, anunció ayer en un comunicado que no se pronunciará sobre la multa hasta «el momento oportuno del procedimiento administrativo», justo cuando Industria notifique la sanción. Cuando se efectúe esta notificación del Gobierno, Anav la «analizará detalladamente» y formulará las «alegaciones pertinentes» al expediente sancionador. La central Ascó I está gestionada por Fecsa-Endesa, que controla la mayoría del capital de la sociedad, en la que Iberdrola cuenta con una participación minoritaria.

Todas las grandes eléctricas españolas participan en alguna o algunas de las sociedades que gestionan los siete reactores nucleares que actualmente funcionan en España. Estas, así como los sindicatos CCOO y UGT, las cámaras de comercio, las patronales empresariales y algunos miembros del PSOE (Felipe González, Carlos Solchaga) y PP (José Folgado), a título personal, han defendido la construcción de nuevas centrales. Pero ni el Gobierno ni el PP han entrado directamente al debate. Tras la multa de ayer, hay visiones encontradas sobre cómo ésta influirá en la apertura de ese debate: unos piensan que una multa tan alta respalda las tesis de Zapatero de que no se amplíe el parque nuclear; otros, sin embargo, ven en esta sanción tan ejemplar un claro mensaje tranquilizador de que el sistema funciona y está preparado para la llegada de nuevas centrales.