NOTICIAS DESTACADAS: Investiga las falsedades de De Juana desde hace 3 años/ Suspende pagos una constructura controlada por el Psoe extremeño/ CiU

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LUCHA ANTITERRORISTA/ La parte relativa al título de Enfermería firmado por la hermana del terrorista fue archivada / La anulación de sus redenciones pasa por demostrar que se manipularon los documentos
Una juez investiga las falsedades de De Juana Chaos desde hace 3 años

El Juzgado nº3 de Guecho mantiene abierta la causa aunque archivó el pasado 11 de junio lo relacionado con el título de Enfermería firmado por su hermana

MANUEL MARRACO

MADRID.- Un juzgado de Guecho (Vizcaya) abrió en diciembre del año 2005 una investigación sobre las presuntas falsedades en los expedientes académicos de presos de ETA, entre los que se encuentra José Ignacio de Juana Chaos.Según los datos ofrecidos ayer por la Fiscalía General del Estado, el Juzgado número 3 de la localidad vizcaína, al que correspondió el asunto, mantiene la causa abierta y tiene en estos momentos pendiente la toma de declaración de varios imputados.

El juzgado archivó el pasado 11 de junio la parte relativa al posible delito de falsedad documental cometido por Altamira de Juana, hermana del etarra. La juez de Guecho decretó el sobreseimiento libre respecto a ella al considerar que no había quedado acreditado que cometiera ese delito.

La irregularidad investigada y ahora archivada se refería al título de Enfermería obtenido por De Juana, que podría haber sido firmado por su hermana sin tener habilitación para ello. También se extendía a la aprobación de una asignatura denominada Euskara Técnico en unas fechas en las que el nombre oficial de esta materia era otro.

Las irregularidades investigadas se refieren tanto a otras redenciones extraordinarias obtenidas por De Juana como a otros presos de la banda, en casi todos los casos relacionadas con sus estudios en la Universidad del País Vasco (UPV).

Según la nota emitida ayer por la Fiscalía General del Estado, la investigación judicial se abrió en diciembre de 2005 a partir de una denuncia por falsedad presentada por la Fiscalía de Bilbao, tras una investigación del Ministerio Público iniciada en mayo de ese mismo año. Dentro de esa causa, añade la Fiscalía, se solicitaron a la Universidad del País Vasco diversas actas y certificaciones académicas.

En enero de ese año, los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentaron un escrito ante el tribunal de la Audiencia Nacional responsable de ejecutar la condena por el atentado de la plaza de la República Argentina en el que pedían la revisión de las redenciones obtenidas por De Juana, ante el cúmulo de irregularidades denunciadas en la prensa. En los meses siguientes, la AVT presentó diversos escritos en la Audiencia Nacional en ese mismo sentido.

Poco antes de que De Juana extinguiera su milenaria condena, la Audiencia Nacional aplazó su salida de prisión al anular 175 días de redenciones extraordinarias que le habían sido computadas en dos ocasiones. Esas gestiones aplazaron desde noviembre de 2004 hasta agosto de 2005 la salida de prisión de De Juana, prorrogada más tarde por la nueva condena de amenazas.

Otros juzgados

Además, según fuentes fiscales, los datos sobre las redenciones concedidas por otros juzgados de Vigilancia Penitenciaria -antes de la reforma legal que centralizó todo en la Audiencia Nacional- fueron remitidas a las fiscalías de cada provincia para que estudiaran si debían revisarse. Los oficios se remitieron a los juzgados de Madrid, Murcia y Cádiz, donde De Juana había estado encarcelado y había obtenido redenciones extraordinarias. En ninguno de los tres casos se anularon las reducciones concedidas.

Todas las fuentes consultadas señalan que la anulación de redenciones extraordinarias pasaría por la demostración judicial de que los documentos que empleó para obtenerlas son falsos. Una vez logrado, habría que fijar el plazo de partida para calcular si aún se está en plazo de solicitar la nulidad del auto por el que la Audiencia Nacional liquidó su condena.

En ningún caso, la revisión de lo sucedido supondría aplazar la inminente salida de prisión del miembro del comando Madrid. De Juana ya extinguió las condenas sobre las que podía revisarse las redenciones, tras cumplir 18 de los 3.000 años a los que fue condenado. Actualmente cumple una condena posterior de tres años por amenazas que le impuso el Tribunal Supremo. A esta última condena se le aplica la reforma penal que eliminó la posibilidad de redimir tiempo en prisión, por lo que De Juana ha debido cumplir los tres años íntegramente. El plazo se cumple el sábado.

LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
Las víctimas de ETA muestran su indignación pero consideran agotadas las vías judiciales

La AVT explica que cuatro víctimas de José Ignacio de Juana ya denunciaron en enero de 2005 las presuntas falsificaciones académicas que permitían al terrorista ver reducida su estancia en prisión

LEYRE IGLESIAS

BILBAO.- El presunto fraude del expediente académico de José Ignacio de Juana Chaos no ha sorprendido a sus víctimas, aunque sí ha avivado la indignación latente contra la política de reducción de condena a los terroristas encarcelados. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no denunciará ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la presunta falsificación documental del preso, porque, según precisó ayer la abogada del colectivo, cuatro víctimas del asesino ya lo denunciaron en enero de 2005. Por eso, aunque la fecha de su salida de la cárcel se acerca cada vez más, la letrada cree agotadas las vías judiciales.

En los últimos años, la AVT ha presentado denuncias contra siete etarras por supuesto fraude en los estudios que éstos han cursado entre rejas y que han pretendido utilizar como medio para reducir su estancia en la cárcel. Una de esas denuncias fue, hace dos años, un escrito presentado por cuatro víctimas del atentado en la plaza de la República Argentina de Madrid en julio de 1985, en el que José Ignacio de Juana actuó como jefe sanguinario del comando Madrid. El procedimiento obliga a que la acusación sea particular y no popular, y por eso fueron víctimas concretas del etarra y no la AVT quien planteó la denuncia.

La abogada del colectivo, Manuela Rubio, tiene constancia de que el tribunal revisó el caso que implica a De Juana, y afirma que los servicios jurídicos de la AVT han hecho «todo lo que está en sus manos» para evitar que el terrorista abandone la prisión.

La letrada corrigió, de este modo, las declaraciones del presidente de la asociación, Juan Antonio García Casquero, que aseguró que los servicios jurídicos de la asociación están investigando el caso y que, si encuentran indicios de falsificación, instarán a la Fiscalía a que «haga su trabajo». García Casquero sí subrayó que «ha habido bastantes casos de reducción de condena con datos falsos» y lamentó que la Fiscalía no siguiera con la investigación de casos similares, cuando «es la que tiene el poder de investigar todos estos temas». «Confiamos en que la Fiscalía haga su trabajo, que es lo que debe hacer, independientemente de quién esté en el Gobierno», apuntó.

Con similar hartazgo se pronunció ayer la presidenta de Covite, la mayor asociación de víctimas de ETA en el País Vasco. En referencia a las presuntas falsificaciones llevadas a cabo por De Juana y su entorno, Cristina Cuesta aseguró: «No es algo nuevo que sucedan estas cosas, porque las deficiencias del sistema de reducción de condenas permiten que los etarras se aprovechen de estudios o trabajos que no están claros. Y ésta, en concreto, es una prueba objetiva y evidente de que el sistema falla».

Por eso la portavoz de Covite aboga por un pacto entre los dos grandes partidos nacionales que no sólo garantice que las víctimas no tengan que vivir cerca de los verdugos cuando éstos abandonen la cárcel, sino que revise también el procedimiento de reducción de condena. «Están en juego la justicia como tal y la dignidad de las víctimas», concluye.

«En una oposición te miran todo con lupa, y a éstos se les pasa todo»

Alfonso Sánchez, guardia civil incapacitado a raíz de un atentado en 1985, fue una de las víctimas que denunció la reducción de condena del etarra hace dos años. «Si esto es la democracia, ¡vaya mierda de democracia!», lamenta. «Cuando te presentas a una oposición te miran todos los documentos con lupa, y a éstos se les pasa todo. Ya me gustaría a mí haber tenido esas notas», comenta, irónico.

«¿Cómo puede ser que nadie haya hecho nada contra esto?»

Hortensia Gómez, madre de Alberto Alonso, uno de los guardias civiles que en abril de 1986 murió a manos de De Juana en Madrid, inquiere: «¿Cómo puede ser que nadie haya hecho nada contra esto?». Hortensia, entre lágrimas, aún no comprende que a los 25 muertos del etarra se les trate «como a 25 perros»; su verdugo, dice, sale de prisión «como un simple ladrón, presentando estudios de mentira».

«Voy a hacer todo lo que pueda, y ése es el sentir de todos nosotros»

«Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, y ése es el sentir de todas las víctimas de este asesino». Habla Manuela Lancharro, hermana de Antonio, uno de los 12 guardias civiles que en julio de 1986 murieron en la plaza de la República Dominicana de Madrid a manos de De Juana. Se siente olvidada: «Tener que ver que el asesino de tu hermano sale de 'rositas' de prisión es lamentable para todos nosotros».

LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
Rajoy exige al fiscal «investigar» y «actuar en consecuencia»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

EL ESCORIAL (MADRID).- Mariano Rajoy puso ayer en práctica el acuerdo alcanzado el pasado miércoles con José Luis Rodríguez Zapatero en política antiterrorista, al urgir a su Gobierno una reacción veloz frente a la remisión de cientos de días de condena en beneficio del etarra De Juana mediante documentos presuntamente falsos.

El presidente del PP, que ayer en los cursos de verano de El Escorial volvió a esgrimir como una de las dos bases del pacto con el Ejecutivo «la modificación de todas la leyes» para «ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo», puso como ejemplo perentorio el caso de De Juana. Ante la «pronta liberación de este etarra sanguinario» y la información publicada ayer por EL MUNDO, Rajoy exigió que la Fiscalía «investigue» si redimió penas con documentos falsos y «actúe en consecuencia». «Para ser eficaz sería deseable, y yo se lo pido expresamente a la Fiscalía», dijo Rajoy.

El líder del PP presentó su exhorto como una medida preventiva, para evitar que en el futuro se «pueda burlar la Ley». Sin embargo, su equipo no descartaba ayer un resultado más productivo a corto plazo. De hecho, por instrucción de Rajoy, el coordinador de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, habló ayer con el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba para transmitirle el interés de su partido en que la Fiscalía haga lo posible para, primero, comprobar si los documentos sobre las titulaciones académicas de De Juana son falsas y, segundo, evitar en lo posible y pese a la premura de tiempo, su salida de prisión, el próximo sábado.

Pese a ser Mariano Fernández Bermejo el titular de Justicia, los populares, -Trillo, en particular- priman a Rubalcaba como su interlocutor natural en todo lo que atañe a la política antiterrorista.

En relación con la primera de las bases del nuevo acuerdo antiterrorista -la no negociación con la banda-, el popular Federico Trillo declaró ayer a este diario que no da «más credibilidad a Josu Erkoreka que a Rajoy». Así, pese a lo declarado por el portavoz del PNV en el Congreso, ayer, en La Moncloa, Trillo aseguró que al PP le vale con el compromiso que recibió de Zapatero de que «no habrá salida política para ETA».

Colombia vincula a García Albert y a 4 españoles más con ETA y las FARC

BOGOTA.- La Policía de Colombia aseguró ayer que, además de María Remedios García Albert, hay otros cuatro españoles vinculados, no sólo con la guerrilla de las FARC, sino con la banda terrorista ETA, y que más adelante las autoridades de ambos países darán a conocer sus nombres.

El director de la Policía Judicial de Colombia, coronel César Pinzón, dijo a periodistas que hay suficiente evidencia para vincular a García Albert y a otros cuatro españoles con las FARC.

García Albert, considerada la representante de las FARC en España, fue detenida el sábado en Madrid y el juez Baltasar Garzón la dejó en libertad bajo fianza de 12.000 euros, informa Efe.

«El análisis del ordenador [del jefe de guerrillero Raúl Reyes], nos indica que ella tiene una vinculación muy importante y no solamente ella sino otras cuatro españoles con relación a los vínculos de ETA con las FARC», dijo el coronel. Pinzón añadió que los nombres de los otros cuatro españoles serán dados a conocer «más adelante por las autoridades españolas y colombianas».

Asimismo, subrayó que Colombia entregaron las autoridades sus españolas 94 archivos del ordenador de Raúl Reyes, donde se comprueban vínculos de algunas personas con las FARC y con la banda terrorista ETA.

Según las autoridades colombianas, entre ellas el director de la Policía, el general Oscar Naranjo, García Albert, alias Irene, había intercambiado «unos 50 correos electrónicos con Raúl Reyes», el número dos de las FARC, muerto en una operación militar en marzo y a quien se le decomisaron tres computadores.

TRATO DE FAVOR/ El ex presidente socialista regional, Federico Suárez, presidía la firma Econisa mientras el grupo recibía una adjudicación pública de 19 millones / La concesionaria estatal la dirigía un ex secretario de la Junta
Suspende pagos una constructora controlada por el PSOE extremeño

El hasta hace 10 días presidente del partido, Federico Suárez, simultaneó el puesto con el de máximo ejecutivo de Econisa, cuya matriz recibió adjudicaciones por más de 19 millones de una empresa pública dirigida por un ex alto cargo de la Junta

DAVID VIGARIO. Especial para EL MUNDO

MERIDA.- La empresa Extremadura Construcciones Nicolás SA (Econisa) ha presentado concurso de acreedores y ha abandonado las obras de tres carreteras que estaba ejecutando en la provincia de Badajoz. La particularidad de esta suspensión de pagos radica en que el hasta hace 10 días presidente del PSOE extremeño, Federico Suárez, compaginó su cargo en el partido con la Presidencia de Econisa entre febrero y abril de este año. La empresa, además, ha recibido millonarias adjudicaciones de la Junta de Extremadura.

Econisa pertenece a la empresa familiar Juan Nicolás Gómez e Hijos Construcciones, con sede en Toledo y propiedad del empresario del mismo nombre y dos de sus hijos. La firma matriz y seis de sus trece filiales han presentado suspensión de pagos y han anunciado que suprimirán 175 de sus 310 puestos de trabajo. En el ambiente político y empresarial de Extremadura la noticia ha causado estupefacción. No en vano, el volumen de negocio de Econisa se ha duplicado en el último año, siempre al calor del sector público. En los últimos 18 meses ha logrado jugosos contratos adjudicados directamente por el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara por valor de 53 millones de euros.

El grupo ha sido generalmente favorito en las adjudicaciones públicas, como recientemente en la construcción de tres carreteras contratadas por la Diputación de Badajoz. Se trata de los tramos Salvaleón Nogales (1,7 millones de euros), Valverde de Llerena-Ahillones (1,3 millones) y Casas de Reina-Trasierra (1,8 millones), que Econisa ha dejado de ejecutar por falta de liquidez. La Diputación ya ha citado a otras cinco empresas para que por un procedimiento negociado de urgencia, se terminen.

El que fuera presidente del PSOE extremeño, Federico Suárez, hasta el congreso del pasado 19 de julio, compatibilizó su cargo político en la federación socialista con la presidencia de Econisa entre el 8 de febrero y el 4 de abril de este año, según consta en el Registro Mercantil. Durante esos dos meses el grupo empresarial fue el adjudicatario de al menos dos contratos públicos. El primero lo consiguió a través de la empresa matriz Juan Nicolás Gómez e Hijos Construcciones el 13 de marzo. La compañía resultó ganadora de unas obras de acometidas de aguas en el término de Ciudad Real por 19,5 millones de euros por parte de la compañía Hidroguadiana, empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Se da la coincidencia de que esta empresa estatal tiene sede en Mérida y su director general es Luis Arjona Solís, alto cargo en la Junta de Extremadura durante las dos últimas legislaturas, quien ejerció como secretario general de la Consejería de Hacienda, hasta junio de 2007, fecha que coincide también con la salida de Federico Suárez como presidente del parlamento regional.

El segundo contrato se lo adjudicó el 20 de febrero la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del mismo ministerio, a Econisa por 225.974 euros para reformar caminos del río Alagón.

Pero las casualidades no se quedan ahí. Dos ex altos cargos del gobierno autonómico también pasaron a formar parte del grupo constructor. En concreto, el actual vicepresidente de Econisa y apoderado de la empresa matriz es Antonio Félix Rozas Bravo, ex director general de Infraestructuras de la Junta entre 1999 y 2003 y jefe del Gabinete de la vicepresidencia de la Junta de Extremadura. También trabajaba para el grupo, hasta hace unos días, el ex director general de Medio Ambiente y diputado regional socialista Antonio Castañares, que ha sido consejero durante varios años de otra filial del grupo constructor, Ahica, S.L.

La constructora matriz presentó el pasado viernes en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo un concurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo para 175 de los 310 trabajadores, de los que un centenar trabajan en la extremeña Econisa, 37 de ellos fijos. En este sentido, el actual consejero delegado de la empresa, Antonio Rozas, ha reconocido que la paralización de las obras se debe a «problemas de liquidez» derivado de la situación de insolvencia del grupo.

Además, esta empresa es en la actualidad responsable de las obras de la autovía Plasencia-Galisteo y de la ampliación del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y de la Escuela de Hostelería de Mérida. Todas ellas son concesiones públicas, aunque en los dos últimos casos serán compartidas en forma de UTE con otras constructoras, por lo que de momento en éstas no se ha anunciado la paralización de las obras.

El PP de Extremadura duda de la crisis de Econisa. «Sólo se dedican a la obra civil pública y por lo tanto no dependen del mercado inmobiliario para cobrar», según el diputado regional, Luis Alfonso Hernández, quien apostilló: «Cuesta creer que Econisa tenga problemas». En relación a la vinculación de Federico Suárez, el diputado popular señaló que «se ha demostrado en este caso lo que todo el mundo intuía que estaba pasando en Extremadura, que las empresas amigas y socialistas tienen ventajas sobre otras, y que hay una serie de ex altos cargos del PSOE y de la Junta que han encontrado trabajo en empresas cercanas que luego reciben su beneficio con el dinero de todos».

'Orgullosos' sucesores de De Juana

Ana Belén Egües dice que «fue un honor» colaborar en el 'comando' al que perteneció el ahora investigado

MADRID.- «Lo único que tengo que decir es que soy militante de ETA». «No voy a responder nada». «No reconozco a este tribunal». Estos fueron los únicos argumentos que los etarras Ainhoa Múgica, Manex Zubiaga y Lexuri Gallastegui esgrimieron ayer frente al magistrado Guevara en la Audiencia Nacional.

Estos tres presuntos miembros del comando Madrid están acusados de participar en el atentado con coche bomba que causó 97 heridos el 6 de noviembre de 2001 en la madrileña calle de Corazón de María. El objetivo de la banda terrorista en esa ocasión era el subsecretario general de Política Científica, Juan Junquera, quien también sufrió lesiones. Por la comisión de este atentado ya fueron condenados Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga, a quien la Audiencia Nacional impuso más de 1.000 años de cárcel a cada uno.

Ambos comparecieron ayer de nuevo ante el tribunal en calidad de testigos y se negaron a contestar a ninguna pregunta, informó Europa Press. «Sólo quiero decir que estoy muy orgullosa y fue un honor para mí haber colaborado con ellos [el comando Madrid] por la independencia del País Vasco», alegó en euskara Egües. Este comando fue al que perteneció el etarra José Ignacio de Juana en sus años más sanguinarios.

Quienes dieron el relevo a De Juana operaron en Madrid tras la tregua de 1999. Se les atribuyen siete asesinatos con coche bomba que costaron la vida, entre otros, al teniente coronel Pedro Antonio Blanco, el juez togado José Francisco Querol y el general del Ejército Justo Oreja.

La fiscal Ana Noé solicitó ayer una condena de 32 años de prisión para Múgica por pertenencia a ETA y depósito de armas y explosivos, y 1.552 años para Zubiaga y Gallastegui como responsables de 97 tentativas de asesinato y otras cinco de conspiración, por planear atentar contra tres magistrados y un concejal del Partido Popular de Madrid, informa Vascopress.

La desarticulación de este comando Madrid fue posible gracias a la colaboración de un héroe anónimo que siguió a los dos autores materiales en su propio vehículo y llamó a la Policía.

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Gallego & Rey
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ESPAÑA
CiU transmite a Zapatero que ve 'imprescindible' un nuevo Pacto de la Moncloa'

Condiciona su apoyo a los Presupuestos de 2009 a alcanzar un acuerdo sobre financiación - Llamazares pide una «solución progresista»

MARISA CRUZ

MADRID.- Convergència i Unió reclamó ayer explícitamente al presidente del Gobierno la reedición de los Pactos de La Moncloa «como condición oportuna» y prácticamente «imprescindible» para afrontar la crisis y el cambio de ciclo que vive la economía del país. El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que Zapatero no se había mostrado «permeable» a esta idea, a la que, según dijo, «no acaba de darle credibilidad».

El presidente del Gobierno se entrevistó ayer en La Moncloa con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción del representante de ERC, Joan Ridao, con quien mantendrá un encuentro mañana miércoles. La ronda de reuniones sigue a la mantenida la pasada semana con el líder del primer partido de la oposición, Mariano Rajoy.

También el PNV, representado por Josu Erkoreka, intentó convencer al presidente de la necesidad de alcanzar un consenso, «al menos de mínimos», entre todas las fuerzas políticas. Erkoreka apuntó que posiblemente dichos acuerdos, de producirse, no deberían bautizarse nuevamente con el nombre de Pactos de La Moncloa, como los alcanzados en 1977, pero recalcó que el espíritu de unidad que supusieron los mismos debería repetirse ahora.

En el plato contrario de la balanza se situó IU-ICV. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que su formación «no está de acuerdo» porque considera que, para salir de la crisis, lo que se necesita es optar por una «solución progresista» que apueste abiertamente por las políticas de mayor apoyo a los trabajadores, que, aclaró, «son justamente quienes no han conducido a esta situación».

Entre unos y otros, el final de la ecuación siempre se interpreta en su futuro apoyo o rechazo a la propuesta de Presupuestos Generales para 2009. La estrategia de CiU, el único Grupo que por sí solo le bastaría al Gobierno para sacar adelante las cuentas del Estado, pasa inevitablemente por un acuerdo satisfactorio para los intereses catalanes en la nueva financiación autonómica. «Si no hay acuerdo de financiación, CiU votará no a los Presupuestos». Y no hay vuelta de hoja. Así se lo transmitió ayer Duran Lleida al presidente.

Un pacto satisfactorio en materia de financiación que cumpla lo establecido en el Estatuto de Cataluña sería un acicate muy importante para los nacionalistas catalanes moderados, aunque no totalmente decisivo. Duran insistió en que será «condición imprescindible, pero no suficiente». Sin embargo, quedó claro que, de producirse tal acuerdo, CiU se mostrará muy proclive a respaldar las cuentas del Ejecutivo para 2009.

El caso del PNV es diferente. Para ellos, la negociación de la financiación autonómica no cuenta, ya que la comunidad vasca tiene un sistema concertado al margen de las demás autonomías. En este caso, la clave radica en el enfrentamiento por la intención del lehendakari de llevar a cabo una consulta soberanista.

Ayer, Josu Erkoreka no pidió a Zapatero que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la citada consulta, pero sí le reclamó que renuncie al privilegio que tiene como presidente del Gobierno de suspender su celebración cautelarmente.

Zapatero respondió con una negativa tajante. Y ahí fue donde radicó la principal discrepancia. Erkoreka no quiso vincular la renuncia de Zapatero a esta posibilidad con el apoyo o rechazo de su grupo a los Presupuestos del Estado, pero sí aclaró que el clima político entre dos formaciones marca la proclividad a apoyarse en los diferentes temas.

El presidente también abordó otras cuestiones, especialmente la referida a la lucha contra el terrorismo. No encontró oposición firme en ninguna de ellas. Todas están dispuestas a suscribir un pacto «genérico» como el alcanzado con Rajoy; incluso el PNV.

Los nacionalistas vascos aseguraron estar satisfechos con la impresión que les había trasladado Zapatero, porque éste, a juzgar por las explicaciones de Erkoreka, recalcó que en su acuerdo con Rajoy no se había rechazado explícitamente en ningún momento la posibilidad de poner un «punto y final dialogado» a la violencia de ETA.

Los restantes grupos políticos -BNG, CC, NaBai y UPyD- se pronunciaron esencialmente sobre el futuro de los presupuestos. En todos los casos, la posición es de cautela, a la espera de los detalles. Nadie parece querer ponérselo fácil al Gobierno y, desde luego, todos están decididos a cobrar un precio alto por su apoyo.

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