Noticias destacadas: Balanzas Fiscales; De Juana; Ibarretxe; Ayudas a los grupos inmobiliarios

PORTADA
ESPAÑA
La Justicia investigará si De Juana hizo trampa para quedarse con el piso

La Fiscalía pide a la Audiencia que averigüe si él y su mujer han incurrido en un delito de alzamiento de bienes para evitar el embargo a cuenta de los 8 millones que debe a las víctimas / Irati Aranzabal, que paga 1.951 euros al mes de hipoteca, sólo está en nómina en la Asociación de Familiares de Presos

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá hoy al tribunal que dictó la última condena contra José Ignacio de Juana Chaos que investigue si el etarra cometió un delito de alzamiento de bienes con el piso en el que tiene previsto residir tras su inminente salida de prisión. En caso de que así sea, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza solicitará que se proceda al embargo de la vivienda para ser subastada y hacer frente así a una parte de las indemnizaciones que De Juana debe a sus víctimas, que suman ocho millones de euros.

A la actuación del fiscal del caso, Ignacio Gordillo, se añade la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que tiene previsto presentar hoy cuatro peticiones de investigación por los mismos hechos en tres secciones distintas de la Audiencia Nacional, encargadas de ejecutar las condenas por atentados como los de las plazas de República Dominicana y República Argentina.

Según informó este diario, la mujer de De Juana, Irati Aranzabal, compró en julio de 2007 una vivienda situada en la avenida de Carlos I de San Sebastián que había pertenecido a la madre del etarra, fallecida seis meses antes. Aranzabal adquirió el inmueble a la hermana del terrorista, que a su vez la había recibido de su madre en donación.

Con esta maniobra, el miembro del comando Madrid residirá en el piso que hubiera heredado, pero sin figurar como propietario, eludiendo así el embargo de la Audiencia Nacional.

El escrito del fiscal Ignacio Gordillo incorpora las informaciones ofrecidas por este diario y solicita a la Sección Primera que reclame al registro de la propiedad de San Sebastián una certificación de la propiedad del piso, de las sucesivas transmisiones y de las cargas que tenga en la actualidad. Además, pide una copia del préstamo hipotecario concedido a Aranzabal por la Caja Laboral, y que la Policía Judicial investigue tanto las garantías prestadas por la esposa del etarra para lograr el crédito como si los pagos, efectivamente, se han venido realizado.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que De Juana y su mujer podrían haber participado en un delito que el Código Penal castiga con multa y con prisión de uno a cuatro años. Según el artículo 258, «el responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses». Si la Audiencia Nacional encontrara indicios de la comisión del delito, sería un juzgado ordinario de San Sebastián el responsable de llevar el caso a juicio.

En el mismo escrito, el fiscal da el visto bueno al licenciamiento definitivo de De Juana el próximo 2 de agosto, cuando cumple los tres años de prisión a los que fue condenado por dos artículos amenazantes publicados en Gara. Esta ha sido la única condena que el etarra ha cumplido íntegramente. Los 3.000 años que sumó por los 25 muertos de sus atentados se quedaron en 18 gracias a las redenciones permitidas por el antiguo Código Penal.

En enero del año pasado, el etarra intentó librarse de las indemnizaciones alegando ante la Sección Primera que las responsabilidades civiles que se le reclamaban ya habían prescrito. El tribunal rechazó sus argumentos y confirmó el embargo de los derechos de autor generados por los tres libros que el etarra había publicado hasta la fecha.

El piso en el que residirá De Juana se encuentra justo debajo del de la viuda de un militar asesinado por ETA. Además, en otros cuatro inmuebles de la misma avenida de San Sebastián residen víctimas de la banda terrorista.

Se trata de una situación parecida a la del etarra Cándido Azpiazu, que tras su salida de prisión montó una cristalería en los bajos del edificio en el que vivía Pilar Elías, viuda de un asesinado por el propio Azpiazu. Tras una intervención similar a la que hoy inician la Fiscalía y la AVT, la Audiencia ordenó el embargo de la mitad del negocio -la otra mitad pertenece a su esposa-. La subasta se celebrará hoy en un juzgado de Azpeitia (Guipúzcoa).

ESPAÑA
Ibarretxe dice que el recurso contra su referéndum 'suspende de facto el autogobierno vasco'

El Ejecutivo recuerda al 'lehendakari' que se puede plantear la reforma constitucional en el Congreso.

ANGELES ESCRIVA / Viene de primera página

MADRID.- Pretendía ser la escenificación de un desafío, pero la comparecencia del lehendakari ayer, flanqueado por su Gobierno, se quedó en un acto electoral dominado por una acusación demagógica y por argumentos de todavía menor solidez jurídica que los habidos hasta el momento. Ibarretxe acusó a Zapatero de «suspender de facto el autogobierno vasco». Fue su respuesta al recurso presentado por el Gobierno central ante el Constitucional.

Primero desempolvó el fantasma del artículo 155 de la Constitución, que hace previsiones sobre una comunidad autónoma que no cumpla la ley -a pesar de que el Gobierno siempre ha descartado su sola mención-, y después se aferró de nuevo al Tribunal de Estrasburgo para denunciar la vulneración del «derecho humano» a convocar consultas. El Ejecutivo le respondió, en el recurso presentado ante el Constitucional ayer, que se puede cambiar la Constitución y reclamar la soberanía del pueblo vasco por los medios recogidos en la ley, y que está capacitado para convocar las consultas que quiera, siempre que sean de su competencia. El PP respaldó la iniciativa del Gobierno presentando su propia impugnación ante el Alto Tribunal.

El Constitucional va a responder «inmediatamente» a los recursos e incluso está pensando en habilitar los días de agosto necesarios para los trámites del proceso, como solicita la Abogacía del Estado. Fuentes del Tribunal dijeron que los recursos serán admitidos a trámite hoy o mañana -lo que producirá automáticamente la paralización de la ley- y resueltos «a la vuelta de las vacaciones», esto es, durante el mes de septiembre, a pesar de que hay cinco meses de plazo para hacerlo. El ponente del recurso del Gobierno es el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, y el del PP, Pablo Pérez Tremps. Es decir, que el mismo magistrado al que los populares lograron apartar del proceso sobre el Estatuto de Cataluña tiene ahora en sus manos el recurso del PP contra la iniciativa de Ibarretxe, informa María Peral. Todas las partes solicitaron ayer que se tome una decisión antes del 15 de septiembre, que es la fecha marcada para que los electores puedan pedir el voto por correo.

El recurso presentado por el Ejecutivo recoge las principales argumentaciones del Consejo de Estado sobre la unidad de la nación española y la existencia única de la soberanía del pueblo español; y, además de defender la inconstitucionalidad de la ley auspiciada por el Gobierno vasco, viene a afirmar que toda la iniciativa es una especie de invención en la que los protagonistas se atribuyen potestades que no tienen.

Primero deja claro que no es una mera consulta, como dice el lehendakari, porque aborda «cuestiones de especial trascendencia política», que son las que la Constitución reserva a los referéndos. Y reprocha al Gobierno vasco que, por esta vía, quiera transformar la democracia representativa española en una democracia consultiva a su conveniencia.

Después, la impugnación afirma que por esta ley, el Parlamento vasco «se autoatribuye» la competencia de autorizar al lehendakari; se «suple ficticiamente el acto de convocatoria», y se confiere al lehendakari una capacidad que no tiene de «someter a consulta de todos los ciudadanos» dos preguntas concretas. No sólo se pone en grave peligro la separación de poderes, -se advierte- , sino que se obvía que la competencia para los referéndos está «en el Estado, expedida por el Rey y refrendada por el presidente previa autorización del Congreso».

Sobre el fondo de la cuestión, el Gobierno insiste en que la segunda pregunta de la consulta, la invalida. Es la que solicita opinión sobre si los partidos vascos deben iniciar un proceso de negociación sobre el ejercicio al derecho a decidir que debe ser sometido a referéndum en 2010.

Los letrados sostienen que «es lesiva tanto de la atribución de la soberanía nacional al pueblo español como de la indisoluble unidad de la Nación española». Se recuerda que «autonomía no es soberanía», que « es parte de un todo» y que «el Estado queda colocado en posición de superioridad». Los ciudadanos de una autonomía, en definitiva, no pueden decidir a asuntos de interés esencial que afectan a todos los españoles.

Así pues, frente a la alusión de Ibarretxe al Tribunal de Derechos Humanos se sostiene que las comunidades y los ayuntamientos pueden convocar a los ciudadanos pero para asuntos sobre los que legalmente tengan competencias. Es más, los abogados del Estado recuerdan que se puede cambiar esta limitación para alcanzar una soberanía propia. Sólo hace falta que el Parlamento vasco lo pida por las vías adecuadas.

«Nuestra Constitución -a diferencia de la Alemana o la francesa- no prohíbe que se reforme el artículo 2 y que se proclame que España es un Estado federal en el que conviven varias naciones, al pueblo de cada una de las cuales se le reconozca el derecho a decidir» -resaltan-, «lo único que la propia Constitución exige es que para casos tan extremos se siga el artículo 168 de la Constiución».

elmundo.es Documento y vídeo: Lea el recurso del Abogado del Estado y vea las declaraciones de Ibarretxe.

EDITORIAL
CONTUNDENTE RESPUESTA A IBARRETXE

ECONOMÍA/ESPAÑA EN CRISIS / «Puede ser un buen momento para que el Gobierno compre suelo para uso público», lanza el ministro de Industria / El PP exige que Zapatero aclare si dio garantías a Martín sobre préstamos del ICO
El Gobierno baraja comprar suelo a Martinsa y a otras inmobiliarias para mitigar la debacle del sector

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- El Gobierno baraja iniciar un programa de compra de suelo público como fórmula para ayudar a Martinsa-Fadesa y a otros grupos inmobiliarios para que no se produzca una debacle en el sector. La idea sobre la mesa es que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) suscriba un convenio de financiación con Sepes. que es la sociedad estatal gestora de suelo público para comenzar las adquisiciones al sector.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, habló ayer por primera vez en público de esta iniciativa. «Es un buen momento para que el Gobierno compre suelo y lo destine a uso público», afirmó ayer, en alusión a la construcción de viviendas de protección oficial y otros destinos de interés general. Puso esta fórmula como ejemplo preferible a la alternativa de un préstamo directo del ICO a Martinsa-Fadesa, que ayer suspendió pagos al solicitar un concurso de acreedores.

Uno de los grandes activos de Martinsa es precisamente suelo comprado en muchos casos a buen precio, pero que la languidez del mercado le impide vender para conseguir liquidez. La intervención del Estado resolvería este problema de venta. La inmobiliaria cuenta con cerca de 15 millones de metros cuadrados en España.

De hecho, el propio Sebastián y la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, con apoyo de otros ministros como el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentaron convencer el lunes al presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, para que estudiara esta fórmula antes de tomar la dura decisión que tomó. La cifra era comprar suelo por hasta 200 millones d euros. No lograron impedir que Martín solicitara concurso voluntario de acreedores.

El presidente de la Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), José Manuel Galindo, mostró ayer respaldo a la idea de Sebastián. En conversación con este diario, afirmó que «todas las iniciativas que puedan ayudar a generar liquidez para las empresas inmobiliarias por parte del Gobierno son bienvenidas». Pero resaltó que «el Estado no debe convertirse en una inmobiliaria». En su opinión, «si Sepes juega el papel de comprar suelo debería después limitarse a gestionarlo antes de devolverlo al mercado para que sea la iniciativa privada la que lo desarrolle». En todo caso, Galindo puntualizó que las operaciones de Sepes deben ser realizadas «a precio de mercado».

El ICO está ya trabajando en la fórmula con Sepes a la espera de decisión final. El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se ha opuesto a que esta institución pública acuda al rescate de inmobiliarias para que paguen deudas. Por eso el ICO rechazó el pasado 7 de julio conceder los 150 millones de euros vitales que Martín necesitaba para cumplir con los acreedores. El presidente de la inmobiliaria solicitó el dinero para financiar desarrollos inmobiliarios en el exterior del estilo de los que suele financiar el ICO, pero la institución consideró que no pasaban los controles mínimos como para conceder el dinero.

Cuestión distinta es que el ICO financie a Sepes para comprar suelo a Martinsa o a cualquier inmobiliaria. Al tratarse de una iniciativa sectorial sí podría ser más asumible para Solbes, que aún no se ha pronunciado. Fuentes oficiales del Ministerio declinaron comentar si es posible un planteamiento general de compra de suelo. Lo que sí descartaron es que el Ministerio esté estudiando fórmulas de apoyo directo a Martinsa-Fadesa.

Esta empresa dejó traslucir el lunes su desencanto con el ICO en su comunicado oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Resaltó que llevaba «ocho meses» de conversaciones, un periodo insólito con un organismo público. Y que la respuesta negativa no llegó hasta el propio 7 de julio en que vencía el calendario prometido a la banca acreedora para reunir los 150 millones.

El temor a un efecto contagio y la caída de la Bolsa de ayer preocupan al Gobierno. Sebastián intentó propagar optimismo al asegurar que la economía española tiene motores suficientes, como el sector del automóvil o el turístico, para «sustituir» el sector inmobiliario. «El pobre de mí es para los sanfermines», bromeó, según Efe.

Fuentes próximas al Palacio de la Moncloa negaron ayer que el presidente del Gobierno hubiera prometido nunca a Martín la concesión de un crédito del ICO y que éste sólo le ha visto en los últimos meses en el marco de reuniones colectivas de José Luis Rodríguez Zapatero con empresarios miembros o vinculados a la patronal CEOE.

El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, exigió ayer al Gobierno que aclare si durante la campaña electoral previa a los comicios del 9 de marzo conocía la situación que atravesaba la inmobiliaria y si le ofreció alguna «expectativa» o alguna «garantía» .

elmundo.es Vídeo: La suspensión de pagos, paso a paso.

EDITORIAL
NO A LAS AYUDAS DEL ESTADO AL SECTOR INMOBILIARIO

HUMOR GRAFICO
Gallego & Rey

Ricardo

+ NOTICIAS
ESPAÑA
Los madrileños y los catalanes aportan el 82% de la solidaridad entre regiones

LUIS ANGEL SANZ

MADRID.- La solidaridad nacional está en manos de dos comunidades: Madrid y Cataluña. Los madrileños y los catalanes son los que más aportan a la caja común -concentran hasta un 82% del saldo negativo de todas las comunidades- y, por tanto, tienen el déficit fiscal más elevado. Eso es lo que se desprende de las balanzas fiscales que ayer presentó el Gobierno y que confirman, según el Ejecutivo, que el sistema fiscal es «redistributivo».

El estudio, presentado ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, refleja que los ciudadanos de estas dos comunidades dan mucho más al Estado de lo que reciben de las instituciones. Al menos, eso es lo que se desprende de las balanzas fiscales que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a hacer públicas y que vieron la luz ayer.

Era la primera vez en la historia de España que un Gobierno hacía públicas las balanzas fiscales, los polémicos cálculos que detallan el saldo entre lo que el Estado recibe de los ciudadanos de cada comunidad autónoma y lo que las instituciones públicas estatales se gastan en ellas. Polémico porque siempre es bien recibido por las comunidades que más aportan, que aprovechan para reivindicar una financiación más beneficiosa para ellas [sobre todo Cataluña], y es criticado por las que más reciben, que temen que la situación cambie y las inversiones estatales y su superávit se reduzcan.

Según explicó ayer el secretario de Estado de Hacienda en el Instituto de Estudios Fiscales, que ha coordinado el trabajo, estas cuentas confirman que las comunidades con mayor renta per cápita son las que tienen déficit (dan más de lo que reciben), y las que tienen una renta menor tienen superávit. Es decir, los gastos del Estado son mayores de lo que recauda de sus ciudadanos y empresas. El cálculo de las balanzas es «muy complejo», como no se cansó ayer de repetir Carlos Ocaña. Por eso, se han seguido varias modalidades de cálculo y el Ejecutivo ofreció hasta seis balanzas distintas.

Eso sí, todas se refieren sólo a 2005, con lo que la fotografía que dibujan está sometida a un ejercicio concreto y el resultado podría cambiar mucho en años anteriores o posteriores. Como explicó Ocaña, el estudio no ha podido ser más amplio y, por tanto, mejor, «por exigencias del calendario que ha impuesto el compromiso parlamentario».

Zapatero se comprometió a hacer públicas las balanzas fiscales en el Debate de Investidura de abril. Después, incumplió el plazo que él mismo se había impuesto, por lo que fue urgido en repetidas ocasiones por los nacionalistas catalanes (CiU y ERC), que le acusaron de «incumplir su compromiso».

En las seis balanzas, la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, País Vasco y Navarra tienen déficit. Mientras que Extremadura, Asturias y Galicia son las que más reciben y siempre aparecen con abultados superávit.

Con gran diferencia, Madrid y Cataluña son siempre las que más aportan, entre un 69% y un 82% del conjunto del total de los saldos negativos, según la peor y la mejor estimación de las balanzas ofrecidas. Según el Gobierno, todas son buenas, aunque el método sea diferente.

Tomando la primera de las balanzas, realizada con el enfoque carga-beneficio, Madrid tiene un déficit de 14,6 billones de euros (un 9,13% de su PIB) y Cataluña de 11,1 billones (6,55%). Estas cifras son mucho más abultadas que las de Valencia (2,8 billones, un 3,22%), Baleares (1,7 billones, un 7,47%), País Vasco (332.000 millones, un 0,59%), Navarra (308.000, un 2,01%), Aragón (305.000, un 1,1%) y La Rioja (154.000, un 2,32%). En este caso, Madrid y Cataluña concentran el 82,1% del déficit fiscal de todas las comunidades. Es decir, aportan cuatro de cada cinco euros que recupera el Estado allí donde son mayores los ingresos que los gastos. Esto supone que Madrid aporta un 46,58% y Cataluña un 35,52%.

Si tomamos la balanza en la que ambas tienen menos déficit, la primera calculada según el flujo monetario, Cataluña y Madrid concentran el 69,29% del déficit total: un 43,26% Cataluña y un 26,03% Madrid.

Carlos Ocaña, que presentó las balanzas en una larguísima y técnica comparecencia ante los medios, explicó que estas cuentas demuestran que el sistema fiscal español es «progresivo» y supone «una correcta redistribución de la renta a través del gasto público». Es decir, que aportan más las que más tienen.

El País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal distinto al del resto de España, con lo que las magnitudes de estas dos comunidades no son comparables con las de las demás. La primera comunidad siempre aparece como una de las de mayor renta, pero su contribución a la solidaridad no se corresponde con ello, como sí pasa en Madrid o Cataluña, gracias al régimen fiscal foral, que le da autonomía plena y le permite que la mayoría de sus ingresos fiscales se queden y se inviertan allí.

En cuanto a las comunidades más beneficiadas, Extremadura, Asturias y Galicia tienen siempre un superávit de entre un 7% y 15% de su PIB. Aunque en términos absolutos, la mejor parada es Andalucía (con un superávit de más de cinco billones de euros), ya que es la región más poblada de España.

El Gobierno no lo tendrá en cuenta para calcular la financiación

MADRID.- El Gobierno cumplió ayer su compromiso de presentar las balanzas fiscales, pero lo hizo dejando bien claro que no las tendrá en cuenta a la hora de negociar la nueva financiación autonómica, como le reclamó el Gobierno de Cataluña y los partidos nacionalistas de esa comunidad.

El secretario de Estado, Carlos Ocaña apuntó que las balanzas fiscales «no sirven para hablar de financiación autonómica» ya que eso «es otra cosa», pero sí son un «instrumento económico», que no estadísticas, que demuestra que «las regiones ricas contribuyen a la solidaridad sin ninguna duda» en contra de lo que en ocasiones se afirma.

El Ejecutivo intentó, en primer lugar, no dar una gran relevancia a un hecho insólito: que un ejecutivo haga públicas estas balanzas. Y ayudó la actualidad del día, cargada de malas noticias económicas y de otras muchas políticas.

Por eso el encargado de presentarlas no fue el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que sí acudirá a la Comisión de Economía a dar cuenta de las mismas; sino el secretario de Estado de Hacienda.

Carlos Ocaña no quiso hacer valoraciones políticas y sólo llegó a decir que estas cuentas demuestran que el sistema «funciona» y que «redistribuye la renta». «No nos sorprende porque ya lo sabíamos», aseguró, «pero constituye una buena noticia» porque demuestra que «la solidaridad funciona». Más adelante, trató de zanjar cualquier polémica: «Ningún Gobierno publica las balanzas fiscales; somos los primeros, y espero que esto sirva para cerrar el debate».

Desde 1960, se han hecho en España 36 estudios de balanzas fiscales, pero nunca se había hecho público ninguno.

A CONTRAPELO
La solidaridad era esto

Por SANTIAGO GONZALEZ

Ya tenemos balanzas fiscales. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, las presentó con mucha cautela, destacando que su elaboración responde a «un ejercicio de transparencia del Gobierno», cuña obligada en un cargo público, pero que no describe con mucho rigor esta cuestión. Difícilmente puede imponerse la transparencia con un cristal traslúcido. Solbes no era un partidario muy entusiasta de dar a conocer la posición de cada autonomía con respecto a las demás y a la Administración central: cuánto paga en impuestos y cuánto recibe a cambio. Pensaba, con razón, que su publicación no aporta nada, ya que los datos son muy complejos y no permiten extraer conclusiones relevantes.

Tampoco era muy partidario el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Beteta, que consideraba su publicación como «estéril e inoportuna». Pero el presidente del Gobierno había prometido hacer públicas las balanzas fiscales, un capricho de sus socios nacionalistas, entre los que José Montilla ocupa un lugar muy destacado. Al final, hemos tenido balanzas fiscales que desde ayer mismo empezaron a convertirse en un elemento fundamental para el agit-prop de los nacionalistas en la negociación de sus respectivas financiaciones.

Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid -dos autonomías encabezadas por socialistas, ambas en coalición, y otras dos por el PP, que gobierna en solitario- son las comunidades con mayor déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, nada. Los impuestos en España, y en toda tierra de garbanzos, constituyen una obligación personal, no territorial. Pagan impuestos los ciudadanos, no las comunidades autónomas. Los perceptores de rentas altas en Cataluña, Madrid o Extremadura pagan impuestos de los que se benefician, mediante el gasto público, los que menos ingresos perciben. En Cataluña, Madrid o Extremadura. O en Asturias, Melilla o Canarias. Si Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana pagan más que en el resto de las citadas, es porque en aquellas comunidades hay más ricos que en éstas. Así de simple.

Aceptar la lógica que los nacionalistas pretenden extraer de este pozo seco supondría negar el Estado del Bienestar. Si negamos el carácter progresivo de los impuestos con el criterio de la territorialidad, no hay ninguna razón para no hacerlo con criterios aún más selectivos. Madrid es la comunidad que más paga, pero, aún dentro de Madrid, ¿por qué han de pagar tantos impuestos los vecinos de La Moraleja, El Viso o el barrio de Salamanca para costear una sanidad pública y una enseñanza que ellos no usan mayormente? ¿Por qué van a pagar los profesionales bien remunerados o los rentistas tanto «expolio fiscal», como ha dicho el portavoz económico de CiU en el Congreso?

El pasado 21 de mayo, durante una cena a la que Zapatero invitó a los presidentes autonómicos socialistas para tratar el espinoso asunto de la financiación, el honorable José Montilla dejó clavada a la concurrencia con una sentencia lapidaria: «Defiendo la solidaridad, pero no es razonable que los que dan más reciban menos...».

Los socialistas catalanes no entienden que ésa es precisamente la gracia del asunto. El mundo al revés: el lobito bueno y los liberales de Esperanza Aguirre defienden un concepto de la solidaridad que se les queda ajeno a los piratas honrados del socialismo español. Impresionante, este Montilla. Mira que haber llegado a los 53 años de su vida para descubrir que la solidaridad era esto. Y que el búlgaro era un idioma.

LAS BALANZAS FISCALES / Las reacciones de las CCAA / LOS QUE MAS APORTAN
Todos reclaman más dinero público

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, advertía ayer durante la presentación del estudio de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas que los resultados «no sirven para hablar de financiación autonómica», ya que «eso es otra cosa». Sin embargo, la tentación de ligar la futura renovación de la asignación a las Comunidades Autónomas con la aportación de estas al Estado fue demasiado fuerte como para no copar ayer todas las reacciones.

Los representantes de las comunidades que más aportan al Estado -Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia- mantuvieron un mismo discurso: quieren más dinero, aunque con matices.

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, se mostró contrario ayer a la publicación de las balanzas fiscales. Es un «ejercicio estéril», dijo, que además va a producir «una situación de enfrentamiento entre unas regiones y otras».

Beteta criticó la oportunidad del Ejecutivo socialista al hacer públicos estos resultados en un momento en el que se está abriendo el debate en torno a la financiación autonómica, y aseguró que el Ejecutivo Autonómico está «radicalmente en contra de que se recorte el principio de solidaridad» entre comunidades.

El consejero no reclamó más dinero para Madrid, pero el portavoz del PP en la Asamblea de la capital, David Pérez, sí quiso dejar un recado al Ejecutivo pidiendo «justicia» para los madrileños frente «a la discriminación permanente de Zapatero».

En Cataluña, el conseller de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, veía ayer un uso más práctico a los resultados ofrecidos por el Gobierno. «Las financiación no se ha de pactar sólo teniendo en cuenta las balanzas, pero sí considerando este dato», indicó.

Las reacciones de CiU y ERC fueron aún más explícitas. Josep Sánchez Llibre, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados indicó que los resultados de las balanzas han confirmado el «expolio fiscal» que ha sufrido Cataluña en los últimos años y que debe ser corregido por el nuevo modelo de financiación autonómica. Por su parte, el portavoz de ERC en la cámara, Joan Ridao, calificó los datos referentes a Cataluña de «escalofriantes» y llamó a «ajustar los términos de la solidaridad» en el próximo modelo de financiación autonómica.

El llamamiento del sector catalanista del Congreso tuvo eco también en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps, recordó que el «PP nunca ha pedido que se publicaran las balanzas fiscales», pero hizo suya la reivindicación de mayor financiación para su comunidad. «Este castigo ha de terminar de forma inmediata, urgente», advirtió en referencia al trato dispensado a la Comunidad desde el Gobierno central.

En Baleares, el presidente del Govern, Francesc Antich, también aprovechó los datos ofrecidos por el Ejecutivo para reclamar más financiación para su comunidad. Los resultados «clarifican de forma contundente» la «necesidad» de que el nuevo sistema de financiación autonómica deje de «perjudicar» a las islas, indicó. Y denunció que el actual sistema de financiación impide a la Comunidad seguir creciendo.

LOS QUE MAS RECIBEN
'Las balanzas no deben influir en la financiación'

MADRID.- Los resultados de las balanzas fiscales no deben afectar a la negociación del próximo sistema de financiación autonómica. La frase, repetida ayer hasta la saciedad por los representantes de los gobiernos asturiano, gallego y extremeño -las comunidades que obtienen más superávit fiscal junto a Ceuta y Melilla- se convirtió ayer en una reivindicación común junto a la intención de quitar importancia a los datos aportados por el Gobierno central .

El consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Xose Ramón Fernández, reivindicó que el criterio para la negociación sea el principio de suficiencia financiera para garantizar que «a mismo esfuerzo fiscal, igual calidad de los servicios en todos los territorios». Fernández insistió en que «no puede haber ningún vínculo» entre balanzas fiscales y financiación autonómica» y llamó a «tomar con prudencia» los datos ofrecidos por el Gobierno.

Antxo Quintana, vicepresidente de la Xunta, fue mucho más vehemente en sus declaraciones y criticó duramente al Gobierno central al que atribuyó la intención de difundir la idea de que «Galicia es pobre y tiene que vivir de la caridad del Estado».

Quintana denunció que esta imagen «está «lejos de la realidad» y que los resultados ofrecidos por el Gobierno se deben a que se han cargado a Galicia cuotas que no le corresponden, aunque admitió, en argot nacionalista, que «es un país con problemas».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aludió a la Constitución para justificar el mantenimiento de «las reglas del juego».

Vara recordó que la Asamblea de la Comunidad acordó oponerse a la publicación de las balanzas fiscales y a defender que esta información no tuviera efecto sobre la renovación de la financiación autonómica. Y advirtió, incluso, que si de los resultados de las balanzas se derivara algún acto administrativo, su Gobierno lo recurrirá.

Sin embargo, el presidente extremeño trató de eludir cualquier confrontación con otras regiones. «Me niego a que sea una batalla entre Extremadura y Cataluña», apuntó, al tiempo de expresó sus dudas sobre la validez de la metodología utilizada para elaborar las balanzas.

Vara defendió la idea de la España de las autonomías que diseñó la Constitución «en la que todos podamos ser iguales, no cómodos».

Por su parte, el presidente socialista del Principado de Asturias, Vicente Alvarez Areces, quiso dejar claro que, independientemente de la metodología, los datos no deben ser vinculantes para negociar la financiación autonómica y que «los ciudadanos son los que tributan, no las comunidades autónomas».

Areces se mostró seguro de que esto será así porque el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, comparte su opinión de sustentar la financiación en un modelo de consenso y «que recoja la diversidad del país».

Por último, el presidente del principado apostó porque en la próxima reforma del modelo de financiación autonómica, además de los criterios de población, también se tengan en cuenta los de dispersión, envejecimiento y orografía.