ENCUESTA SIGMA DOS-EL MUNDO: ¿QUE HEMOS HECHO BIEN? ¿QUE HEMOS HECHO MAL? (III) / TERRORISMO DE ESTADO

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (3) / La encuesta / TERRORISMO DE ESTADO
Los GAL, un episodio aún con incógnitas

FERNANDO LAZARO

Se optó por cruzar la raya, por los renglones torcidos, por actuar al margen de la ley. Se quiso tomar el camino más corto para acabar con la organización terrorista ETA que en la década de los 80 sembraba de cadáveres, día sí y día también, las calles de España. Y se contó con estructuras del Estado, dinero del Estado, funcionarios del Estado y mercenarios a sueldo para actuar contra ETA en Francia.

MADRID.- Fue una de las etapas más duras de la corta historia democrática de España. Un Estado en manos de un grupo de delincuentes dispuestos a tomarse la Justicia por su mano para tratar de acabar con un grupo terrorista. También fue uno de los errores históricos más importantes porque, si el fin era acabar con ETA, lograron darle bazas morales para reforzar el apoyo de los suyos, entonces muy numeroso. Además, los GAL llevaron las relaciones con Francia a un punto de tensión enorme. Se produjeron hasta detenciones de agentes de la seguridad española en territorio vecino cuando trataban de «actuar» contra los etarras.

Toda la cúpula del Ministerio del Interior de la época, del primer Gobierno socialista, se vio claramente afectada. Pero pasados los años, aún queda por despejar de la ecuación la «X» marcada por el juez Garzón en la pizarra de su despacho, tras la que estaría el máximo responsable de la trama de terrorismo de Estado que marcó la historia de España de los años 80, una historia repleta de silencios cómplices en el ámbito político y judicial, y de miradas hacia otro lado en la mayoría de los medios de comunicación de forma vergonzosa.

Y así lo recuerdan aún los españoles. Los datos aportados por la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO son reveladores. El 59,6% de los encuestados considera que no quedó esclarecida por completo la trama de los GAL. Sólo el 21,9% cree que se conoció todo, que se logró esclarecer el caso.

Incluso, la mayoría de los votantes del PSOE (el 53,3%) también cree que la trama de los terroristas de Estado no quedó completamente aclarada. Dos fueron las sentencias que marcaron época: la del caso del secuestro de Segundo Marey -donde fue condenada una gran parte de la cúpula del primer Ministerio del Interior socialista-, y la del asesinato de los etarras Lasa y Zabala -donde también fueron condenados muchos de los responsables de la lucha contra ETA de la Guardia Civil de Intxaurrondo-. Pero la tercera condena es la que dejó a las claras la motivación de muchos de los implicados en los GAL; la condena por el uso irregular de los fondos reservados para uso personal y para el enriquecimiento propio.

Los españoles, en la encuesta elaborada ahora, sí que consideran a los GAL un grupo terrorista. En concreto, el 44,5% define a los GAL como «un grupo terrorista moralmente inaceptable». Pero también es significativo el número de españoles que le dan cierto respaldo moral. El 34,4% los considera «moralmente aceptables porque luchaban contra ETA». Lo que sí tienen claro los españoles, muy claro, es quién tiró del carro para que se descubriera a los integrantes de la trama. No. El Gobierno de Felipe González no fue. El papel preponderante para avanzar en el esclarecimiento de los GAL fue la prensa. El 50,4% de los encuestados así lo defiende, y eso que la gran parte de la prensa española (salvo Diario 16 inicialmente y EL MUNDO después) apostó por un total silencio. Los autodefinidos como medios progresistas no dieron ningún pedal para tratar de esclarecer esta trama. Otro 13,9% cree que fue la Justicia quien más empujó en esa dirección. Tan sólo un 8% defiende al Gobierno en esa actuación y sólo un 2,8%, al Parlamento. El 33,6% considera que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, no creó los GAL, pero los consintió. Un 25,8% apuesta por que los creó y los controló. Con lo cual, casi un 60% (59,4%) opina que, al menos, el ex presidente González conocía y toleraba a los GAL. Sólo un 14% le defiende y cree que no los formó e intentó acabar con ellos. El 17,7% tiene claro que detrás de la famosa «X» de Garzón está Felipe González; un 12,9% considera que ese lugar lo ocupa Rafael Vera y el 8,7%, José Barrionuevo. Pero un 22,6% cree que la cúspide de los GAL no la ocupa ninguno de los tres.

Son mayoría (34,5%) los españoles que creen que Barrionuevo, Vera y los demás condenados «han pagado suficientemente» sus acciones. Otro 33,1% entiende que aún no han cumplido. Casi un 10% cree que han pagado «excesivamente».

El 'caso Marey', primera condena de un ministro

José Barrionuevo fue el primer ministro español desde la llegada de la democracia que tuvo que ir a la cárcel por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo: el Tribunal Supremo le condenó a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por haber autorizado en 1983 el secuestro en Francia de Segundo Marey, y por permitir que esa operación se pagara con fondos reservados del ministerio que entonces dirigía. A Marey se le secuestró pensando que era un miembro de ETA.

Rafael Vera, que era su 'número dos' como director de la Seguridad del Estado, fue condenado a la misma pena, igual que Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya en aquella fecha.

El Supremo castigó de manera conjunta el delito de secuestro y el de malversación de fondos públicos.

A Barrionuevo, Vera y Sancristóbal les impuso la máxima pena porque cometieron un hecho «sumamente grave»: «Precisamente aquellos que en la organización del Estado tenían encomendado velar por la libertad y el ejercicio pacífico de los derechos de los ciudadanos», indicaba la sentencia, «sin justificación alguna y sólo por unas razones de prestigio político difíciles de entender e imposibles de compartir, cometieron la infracción de privar de libertad durante 10 días en condiciones infrahumanas a una persona, cualquiera que fuera su nacionalidad, contra quien ningún cargo han podido demostrar».

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (3) / Los hechos
'Caso GAL': un error y 30 crímenes

Constituyeron un episodio insuperable de corrupción ética, moral y política que acabó echando a González del Gobierno

MELCHOR MIRALLES

Los GAL fueron un grupo terrorista organizado y financiado por el Gobierno presidido por Felipe González Márquez, que acabaron con la vida de 30 personas, unos cuantos de ellos terroristas y muchos otros gente que pasaba por allí, o que fueron confundidos por los sicarios y mercenarios del Ministerio de Interior. No sé explicarlo de modo más breve y lineal. Los GAL constituyeron un episodio insuperable de corrupción ética, moral, política y económica sin precedentes que acabó con González desalojado del Ejecutivo en las urnas.

Un reducido grupo de periodistas, fundamentalmente del Diario 16 verdadero y después de EL MUNDO, se empeñaron en que los ciudadanos conocieran la verdad de lo sucedido frente a un Ejecutivo empecinado en evitarlo por todos los medios a su alcance, que eran, lógicamente, muchos y muy superiores a los nuestros.

González dejó para la historia la famosa frase de «ni hay pruebas ni las habrá nunca» (de la responsabilidad de su Gobierno en los GAL). Utilizó todos los resortes, legales e ilegales, para evitar que la verdad viera la luz. Bajo su mandato se presionó a editores y periodistas; se acosó hasta la infamia a quienes estábamos dedicados en cuerpo y alma a la investigación del caso; se espió ilegalmente a ciudadanos de toda condición, profesión u oficio; se presionó y condicionó a jueces y fiscales, en algunos casos forzando el abandono de algunos; se falsificaron pruebas; se presionó a testigos; se compraron voluntades; se asesinó; se saquearon las arcas públicas; se secuestró a un anciano en pijama y su Gobierno se planteó enterrarle en cal viva, como se hizo meses antes con dos etarras...

Tras muchos años de pelea en soledad, esos periodistas y un también reducido número de fiscales y jueces, con el apoyo de otro pequeño grupo de ciudadanos decentes, la verdad se abrió camino y aportó una acumulación insoportable de pruebas, evidencias y sospechas que terminaron por conformar un puñado de sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de España estableciendo de modo indubitado la veracidad de todo cuanto habíamos denunciado. El Estado olvidó la razón y la pasión de esos ciudadanos, de esos fiscales, jueces, de esos periodistas, y el gang de Interior transformado en batallón de la muerte.

Los GAL cometieron muchos crímenes, segaron la vida de 30 personas, mantuvieron secuestrado durante siete días a un anciano en condiciones infrahumanas, cometieron atentados indiscriminados. Y, además, fueron un gran error, un error insuperable con consecuencias gravísimas para la democracia y la lucha contra el terrorismo. Mientras los altos mandos jugaban a Al Capone y se llevaban la pasta para comprar fincas y apartamentos en Miami, los asesinos de ETA actuaban casi cada semana asesinando, sobre todo, a funcionarios policiales y militares. Los guardias civiles y policías dedicados a la lucha antiterrorista trabajaban con material de tercera, patrullaban con sus coches particulares porque el Estado no tenía vehículos suficientes y pagaban la gasolina con sus propias pesetas porque no había dinero público para sufragar el trabajo de quienes a cambio de un sueldo mínimo dedicaban su vida a perseguir a los delincuentes.

Por más que González y sus GAL consiguieran que Francia moviera algunas piezas, presionada por la ola de crímenes en su territorio, los GAL supusieron un paso atrás en la lucha contra ETA del que tardamos mucho tiempo en recuperarnos. Además del daño ético y moral a nuestro sistema democrático, desde un punto de vista operativo, se perdieron años preciosos.

Nunca sabremos qué habría pasado si los miles de millones de pesetas, dedicados a contratar sicarios de tercera y a engrosar sus cuentas corrientes, se hubieran destinado a perfeccionar la formación de los agentes, a darles medios materiales de última generación, a establecer sistemas de seguridad modernos en los acuartelamientos, a pagar salarios dignos a quienes se jugaban sus vidas para proteger las nuestras.

Ni la democracia ni el Estado de derecho resultan compatibles con el terror promovido desde ámbitos institucionales. Ni la convivencia ni los valores que articulan la vida de un pueblo pueden subsistir doblegados a la «razón de Estado» ni a un programa sostenido, a la postre, por una visión alcantarillesca de la realidad.

Al fin, como soy un optimista vital, trato de buscar una consecuencia positiva de esta crónica del horror: y me sorprendo a mí mismo queriendo creer que el resultado final (el cambio de Gobierno, las sentencias que arrojaron luz, pese a que nuestro señor X particular jamás tuvo la decencia de aceptar responsabilidad alguna), es una prueba más de la capacidad regeneradora y vital de la democracia frente a quienes se inspiraron en un sombrío y laberíntico plano de mazmorras y tenebrosos pasajes subterráneos de Piranesi para hacer política.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (3) / La encuesta / TERRORISMO DE ESTADO
CRONOLOGIA

16/10/1983. Desaparecen en Bayona José Lasa e Ignacio Zabala. Años después se encontrarán sus cadáveres en la provincia de Alicante y ésta pasará a ser considerada la primera acción de la banda.

4/12/1983. Secuestro del ciudadano fracés Segundo Marey en Hendaya, primer hecho asumido por los GAL.

20/11/1984. Asesinado en Bilbao el médico Santiago Brouard.

25/9/1985. Mueren José María Etxaniz, Iñaki Astiazuinzarra, Agustín Irazustabarrena y Xabin Etxaide en Bayona.

24/7/1987. Asesinado en Hendaya Juan Carlos García Goena, última acción terrorista de la banda.

1/8/1987. Los reporteros de Diario 16 Melchor Miralles, Ricardo Arqués y Carlos Miralles descubren el zulo de los terroristas en el monte de Corlecou. Comienza la publicación en Diario 16 de todo lo referente al zulo y a las investigaciones sobre los GAL.

8/3/1989. Pedro J. Ramírez es destituido como director de Diario 16. Su cese se produjo tras una operación del Gobierno socialista para evitar que continuase con su línea de investigación política.

1/9/1991. Los policías José Amedo y Michel Domínguez son condenados a más de 108 años de cárcel por varios atentados cometidos por los GAL. El Tribunal no reconoce la existencia de banda armada alguna.

1/12/1994. EL MUNDO publica el primer capítulo de las Memorias de Amedo y Domínguez en el que destapan las vinculaciones con políticos y cargos de la Administración socialista. Felipe González reaccionó afirmando que «el Gobierno ha actuado en todo momento con la legalidad» y ha combatido el terrorismo «con procedimientos democráticos».

16/7/1998. El Tribunal Supremo condena al ex ministro José Barrionuevo, al ex secretario de Estado Rafael Vera, al ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal y a otros ocho cargos más del Ministerio del Interior, a penas de hasta 10 años de prisión para cada uno por el secuestro de Marey.