ENCUESTA SIGMA DOS-EL MUNDO: ¿QUE HEMOS HECHO BIEN? ¿QUE HEMOS HECHO MAL? (II) / EL EJÉRCITO

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (2) / La encuesta / EL EJERCITO
Los españoles respaldan que no haya mili

ROBERTO BENITO

Tres décadas después de la aprobación de la Constitución, los españoles manifiestan su apoyo a unas Fuerzas Armadas sin mili y con sus efectivos actuales. Mantienen, no obstante, sus dudas sobre lo que ocurrió realmente el 23-F y se dividen al valorar el papel que deben desempeñar los militares como defensores de la integridad territorial de España y del ordenamiento constitucional.

MADRID.- Pasadas tres décadas de la Transición y 27 años desde la última intentona golpista vivida en España, las tensas relaciones entre la sociedad civil y los militares, el ruido de sables y la mala imagen de las Fuerzas Armadas entre la población parecen haber pasado a mejor vida.

Los resultados de la encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO muestran una sociedad que ve mayoritariamente bien el tamaño actual del Ejército (el 50,7% así lo cree, frente al 22% que lo considera pequeño), que apoya su reciente proceso de profesionalización y que respalda nuevas realidades, como el creciente acceso de inmigrantes a las filas militares.

Por ejemplo, una amplia mayoría del 72,7% cree que la supresión del servicio militar obligatorio fue una decisión acertada. Una opinión compartida por hombres y mujeres de todas las edades e independientemente del partido al que voten.

El respaldo es, en cualquier caso, más amplio entre aquellos que se han librado en los últimos años de tener que hacer la mili gracias a la profesionalización total de las Fuerzas Armadas. Así, el porcentaje de apoyo a la medida asciende al 82,4% entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, y va descendiendo según avanza la edad de los encuestados, hasta el 61,8% de los mayores de 65 años que la respalda.

Igualmente, resulta muy llamativo que una decisión que fue adoptada por el Gobierno de José María Aznar sea más respaldada, y por amplia diferencia, por los votantes del PSOE (81%) que por los del PP (60,4%). En éstos últimos, el porcentaje de rechazo a la eliminación de la mili alcanza el 35,9%.

Similares diferencias hay en las preguntas relacionadas con el golpe de Estado del 23-F. La mayor parte de los españoles sigue pensando, 27 años después de la entrada de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, que los acontecimientos que desembocaron en el pronunciamiento militar y cómo se desarrolló éste no han sido totalmente aclarados.

Así lo manifiesta el 55,4% de los encuestados. Un dato que, no obstante, es ligeramente superior entre las personas que vivieron los acontecimientos (mayores de 45 años) y entre los votantes del Partido Popular.

Más división se observa en la valoración de las condenas que se dictaron contra los militares golpistas, que ascendieron a 30 años para los tres principales implicados en el golpe: Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. El 38,9% opina que fueron adecuadas, frente al 31,4% que considera que fueron demasiado blandas.

En realidad, sólo los votantes del PP creen de forma mayoritaria (47,4%) que las condenas fueron adecuadas. Los del PSOE están claramente divididos entre los que las respaldan (36,1%) y los que dicen que deberían haber sido más duras (37,9%), mientras que los de IU manifiestan de forma clara (62,7%) que fueron muy blandas.

Las diferencias más notables entre los españoles se observan, en cualquier caso, en su opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial del Estado y del ordenamiento constitucional.

Preguntados sobre si piensan que el Ejército debería intervenir si una comunidad autónoma se separase unilateralmente de España, el 38,6% de los encuestados responde de forma afirmativa, frente al 49% que lo hace de forma negativa.

Curiosamente, son los jóvenes de entre 18 y 29 años los que mejor ven que las Fuerzas Armadas impidan la secesión de un territorio (44,3%) y los mayores de 65 años, los que menos apoyan esta opción (33,6%).

Por afinidad a partidos políticos, la división es también clara. La mayoría de los votantes del PP (58,5%) respaldaría la intervención del Ejército si, por ejemplo, el País Vasco aprobara en un referéndum ilegal independizarse de España. En cambio, y con un porcentaje similar, la mayor parte de los del PSOE (56,2%) y de los de IU (59,5%) rechazan esta posibilidad, sea cual sea la situación.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (2) / La encuesta / EL EJERCITO
El 51% cree que el Rey se opuso al 23-F desde el principio

Una de las preguntas más delicadas del sondeo se refiere al papel que jugó el Rey Juan Carlos en la noche del 23-F, como elemento fundamental para desactivar el golpe y hacerlo fracasar. Aunque la mayoría de los encuestados (51,4%) opina que Don Juan Carlos se opuso desde el primer momento a la intentona golpista y que, gracias a su intervención, se salvó la democracia, hay un alto porcentaje del 25,7% que cree que el Rey sólo actuó cuando tuvo claro que la mayor parte del Ejército no se había sumado al golpe.

Esto significa que uno de cada cuatro españoles pone en duda la determinación que siempre se ha atribuido a Don Juan Carlos en la defensa de la democracia y la Constitución, y hace una afirmación que sitúa al Monarca como una persona que actuó en función de las circunstancias.

Es sintomático que la opinión respecto a su actuación mejora según asciende la edad de los encuestados, de tal manera que son los jóvenes de entre 18 y 29 años los que más cuestionan (32,8%, uno de cada tres) el papel desempeñado por el Rey para frenar el pronunciamiento.

Incluso, en este sector de edad hay un 12,1% de los preguntados que afirma que Don Juan Carlos dejó que los conspiradores tramaran y desarrollaran el golpe de Estado, y que sólo decidió abortarlo cuando éste se materializó el 23 de febrero de 1981.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (2) / El radical cambio de las Fuerzas Armadas
Un núcleo del sistema franquista convertido en instrumento del Estado de Derecho

Las Fuerzas Armadas han sido una de las instituciones que más profundamente se han transformado en las tres décadas de democracia

GABRIEL CARDONA

MADRID. - Las Fuerzas Armadas de 1975 eran rotundamente franquistas, con todos sus generales, almirantes y coroneles ex combatientes de la Guerra Civil. Sin embargo, también eran las más disciplinadas de toda la Historia de España y, aunque a disgusto, aceptaron las disposiciones de los gobiernos democráticos, avalados por la figura de Juan Carlos I, a quien el testamento de Franco les ordenaba obedecer.

El legado militar de la dictadura se compuso de instituciones armadas de reclutamiento forzoso, exclusivamente masculinas y tan voluminosas que el Estado carecía de recursos para equiparlas debidamente, creando una situación que era especialmente grave en el Ejército de Tierra, que vegetaba falto de recursos. Sin embargo, esta angustiosa situación profesional no preocupaba a un régimen dirigido por un general, porque Franco nunca consideró a las Fuerzas Armadas como un instrumento para la política internacional, sino como la suprema garantía contra los «enemigos interiores».

Divididas en tres ministerios, que siempre estuvieron dirigidos por generales y almirantes, no sólo sirvieron para sostener al régimen, sino que le valieron de cantera política. Exceptuada la media docena de incondicionales, Franco desconfiaba de los generales de su generación y los arrinconó en destinos con mucha apariencia y oropel, pero privados de poder decisorio. En cambio, centenares de altos cargos fueron confiados a otros militares segundones, que no podían poner en peligro la pervivencia del dictador, como fueron Carrero Blanco, Blas Pérez, Fernández Cuesta, Beigbeder, Navarro Rubio, Solís Ruiz, Suances, Acedo Colunga o Máximo Cuervo.

La defensa contra el «enemigo interior» mantuvo sistemáticamente en manos de militares el Ministerio de Gobernación, los gobiernos civiles, las jefaturas superiores de Policía, la Guardia Civil, la Policía Armada y el Seced, el poderoso servicio secreto. Un complejo represivo que fue completado por la Justicia Militar, constituida como una jurisdicción independiente del Tribunal Supremo y competente para juzgar y castigar los delitos «contra los intereses de la Patria y el Ejército», aunque fueran cometidos por civiles.

Casi 40 años de estas prácticas produjeron unas Fuerzas Armadas leales a Franco, politizadas, desprofesionalizadas, anticuadas y dotadas de un armamento y material obsoletos, excepto en la aviación, destinada a la seguridad de las bases norteamericanas.

Con tales antecedentes, no es extraño que toda la Transición política fuera amenazada por el ruido de sables, que culminó en el pronunciamiento del 23 de febrero de 1981 y varios intentos posteriores, igualmente fracasados. Su fiasco, el juicio y la condena de los principales autores rompieron la inercia franquista, vacunaron la política española tras siglo y medio de militarismo y aseguraron la primacía del poder del Estado.

La metamorfosis

Desde entonces, la democracia ha transformado radicalmente el panorama y variado lo que parecía una fatalidad histórica. Hoy, España cuenta con unas Fuerzas Armadas de reclutamiento voluntario, limitadas a sus posibilidades presupuestarias y proporcionadas a sus intereses estratégicos y compromisos internacionales. La Justicia Militar ha sido tecnificada, reducida a su ámbito e integrada en la jurisdicción ordinaria. Tienen carácter civil los servicios de información y los cuerpos de seguridad. Sólo la Guardia Civil, como la Gendarmerie o los Carabinieri, conserva su histórica naturaleza castrense, polémica, pero con innegables aspectos positivos.

La homologación con las fuerzas armadas extranjeras ha sido completa y regida por un Ministerio de Defensa que hoy tiene su primer titular femenino. El componente humano se ha transformado con la incorporación de la mujer sin limitaciones de graduación, cuerpo o cometido; la desaparición del servicio militar obligatorio, y la promoción de los suboficiales y especialistas.

El franquismo permitía que los militares sirvieran a la política del régimen; sin embargo, consideraba delictivo integrarse en la oposición y prohibía cualquier expresión pública, incluso literaria, artística, científica o deportiva, sin autorización expresa de los superiores. Desde 1975 se han jubilado dos generaciones de militares y han desaparecido las interferencias políticas. Actualmente, la política está prohibida a los uniformados, tanto en el poder como en la oposición, y su libertad de expresión sólo queda limitada a las cuestiones del servicio.

Las instituciones armadas españolas ya no basan su legitimidad en la Guerra Civil, sino en la Constitución y, tras un pasado de temores, la ciudadanía las valora magníficamente en las encuestas. No todas las instituciones del Estado han sido capaces de transformarse tan profundamente en este tiempo.

Gabriel Cardona es profesor de Historia en la Universidad de Barcelona y ex militar.

DE LAS PISTOLAS EN EL CONGRESO...

MANUEL HERNANDEZ DE LEON / EFE

Antonio Tejero, vociferando desde la tribuna del Congreso, es la viva imagen de aquellos militares que se resistieron a aceptar la democracia. En la foto puede verse al joven diputado José Bono, que muchos años después dirigió un Ministerio de Defensa muy diferente.

...A LAS BOINAS AZULES.

MOHAMMED ZAATARI / AP

El Ejército que controlaba el anterior régimen ha dejado paso a unas Fuerzas Armadas volcadas en las misiones internacionales de paz, como la del Líbano, la principal en la que participa ahora España y donde estuvo el pasado mes de abril la nueva y primera ministra de Defensa, Carme Chacón.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (2) / El radical cambio de las Fuerzas Armadas
Menos militares y más profesionales

ROBERTO BENITO

Cuando en 1978 el 88,54% de los españoles refrendó la Constitución, había en las Fuerzas Armadas 310.000 militares, todos hombres, la mayoría pertenecientes al Ejército de Tierra y casi uno de cada siete de forma obligada, a través del servicio militar.

En efecto, era un Ejército de mili, con escasa profesionalización, bajo presupuesto e inflación de mandos, la mayoría de avanzada edad.

Treinta años después, los efectivos militares se han reducido a más de la mitad, bajo el criterio de mantener una plantilla acorde a las posibilidades que permiten los Presupuestos. En la actualidad hay 126.000 militares en España y el objetivo es que a finales de esta legislatura, en 2012, se alcancen los 130.000.

El número de mandos se ha disminuido y está limitado por ley a 200 oficiales mayores y 1.050 coroneles (en 1978, sólo el Ejército de Tierra tenía más de 1.000 coroneles), y la tropa y la marinería son totalmente profesionales desde que se suspendiera el servicio militar obligatorio en 2001.

Además, desde que en 1988 se permitiera su acceso a las Fuerzas Armadas, las mujeres han entrado en los cuarteles y hoy ya suponen más del 12% de todos los efectivos. Muchas han estado en las más de 50 misiones internacionales en 30 países en las que ha participado España desde 1989, y por las que han pasado 100.000 soldados.