EDITORIALES: NO a las ayudas del Estado al sector inmobiliario/ Contundente respuesta a Ibarretxe

EDITORIALES DEL DÍA
NO A LAS AYUDAS DEL ESTADO AL SECTOR INMOBILIARIO

La suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, con una deuda superior a los 5.000 millones de euros, provocó ayer un derrumbe de las acciones de las empresas inmobiliarias en la Bolsa. Hay compañías como Astroc que en un año han perdido el 99% de su cotización, lo que indica la sobrevaloración de un sector cuyas diez mayores compañías apenas valen el 20% de su capitalización bursátil hace 15 meses.

Martinsa-Fadesa es la sociedad inmobiliaria con más metros cuadrados de suelo de este país (28 milllones) y tiene una cartera de 170.000 viviendas en construcción, datos que dan idea de la magnitud de esta suspensión de pagos, la mayor de la historia en España.

Los expertos temen que la de Martinsa sea la primera de un largo rosario de suspensiones y quiebras en el sector, afectado por una fuerte caída de la demanda que coincide con una bajada sustancial de los precios, mucho mayor de lo que indican las estadísticas oficiales.

En este contexto de incertidumbre y rumorología sobre inminentes suspensiones, Miguel Sebastián, ministro de Industria, propuso ayer que el Estado compre suelo a las inmobiliarias para aportarles esa liquidez que tanto necesitan en estos momentos.

La fórmula no nos parece adecuada, porque el Estado ya posee más suelo del que necesita y porque plantea problemas de transparencia en el procedimiento. Pero aun así, sería mejor que el Gobierno ayudara a las inmobiliarias comprándoles terreno a un precio justo para construir viviendas sociales que la concesión de créditos oficiales. Estamos en contra de este tipo de ayudas porque, entre otras razones, muchos empresarios del sector se han hecho millonarios de forma temeraria y no sería justo que ahora obtuvieran un trato de favor en forma de préstamos del ICO, de muy incierta devolución.

Lo que está sucediendo en el sector inmobiliario requiere una reflexión a fondo como paso previo a la adopción de una serie de controles y medidas legales para evitar que este disparate se repita.

Una de las cuestiones que hay que analizar es la viciada relación entre los promotores inmobiliarios y las entidades financieras, que han prestado ingentes sumas de dinero a empresas de dudosa solvencia.

Es el caso de Caja Madrid, con un riesgo cercano a los 1.000 millones de euros en Martinsa. El PSOE va a pedir explicaciones al presidente de la entidad, Miguel Blesa, sobre las relaciones con Martinsa y, más concretamente, por qué la caja madrileña ha vuelto a contratar a Carlos Vela, que primero financió como responsable de banca corporativa las actividades de la inmobiliaria y luego fichó como su consejero delegado.

Carece de justificación que el Gobierno ayude financieramente a un sector que actúa con tan escasa transparencia y que, como dice el viejo refrán, sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena.

CONTUNDENTE RESPUESTA A IBARRETXE

Ibarretxe se superó ayer a sí mismo al comparecer ante los medios, con todos sus consejeros detrás, para acusar al presidente Zapatero de «prepotente y arbitrario» y al Gobierno de la nación de llevar a cabo «un ataque directo» a la autonomía vasca y nada menos que de producir «la suspensión del autogobierno fruto del acuerdo del Estatuto de Guernica».

El «ataque» al que se refería el lehendakari es la presentación de la impugnación por parte del Gobierno contra la consulta que pretende llevar a cabo Ibarretxe, acompañada de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP.

Hay que recordar que, según el artículo 161 de la Constitución, la impugnación -que sólo puede ser presentada por el Gobierno- paraliza la iniciativa recurrida por el mero hecho de ser admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.

Ahora el Alto Tribunal dispondrá de cinco meses para decidir, aunque tanto el Gobierno y el PP como Ibarretxe pidieron ayer a los magistrados que fallen antes del 15 de septiembre, que es cuando se pone en marcha el proceso de consulta. Lo lógico es que así sea.

Ibarretxe rozó ayer lo patético al presentarse como una víctima de la intransigencia de los poderes del Estado español, subrayando que su consulta sobre la autodeterminación está avalada por la doctrina del Tribunal de Estrasburgo.

La abogacía del Estado responde a este argumento en su demoledora impugnación: las comunidades pueden efectivamente convocar consultas sobre ámbitos de su competencia, pero no sobre asuntos relativos al modelo de Estado o cuestiones que comporten cambios en la Constitución. Eso no se admite en ningún Estado democrático. Lo que en realidad pretende el lehendakari es convertir una democracia representativa en otra plebiscitaria, como sostiene el abogado del Estado.

Este le recuerda que sí hay vías legales para el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo vasco, pero que pasan por que el Parlamento de Vitoria haga una propuesta al Congreso de los Diputados, que es la Cámara que representa la soberanía nacional y el único órgano competente para impulsar una reforma de la Constitución.

La abogacía del Estado argumenta que la de Ibarretxe es una consulta «ficticia» en la que los convocantes asumen unas competencias que no tienen para lograr un objetivo que no está en sus manos.

La impugnación concluye que la iniciativa del lehendakari vulnera frontalmente los artículos 1 y 2 de la Constitución sobre la soberanía del pueblo español, algo tan grave que justifica un rápido y tajante pronunciamiento del Constitucional.

Madrileños y catalanes, los más 'solidarios'

Intentar sacar conclusiones de las balanzas fiscales es perverso, puesto que supone admitir que los territorios tienen derechos frente a los ciudadanos, que son los que de verdad trabajan y pagan impuestos. Un estudio del Gobierno presentado ayer dice que Madrid y Cataluña son las autonomías más solidarias, pero no es cierto: la realidad es que son las comunidades con más personas con mayor nivel de renta y, por tanto, con más personas que tributan más. Es decir, no son los habitantes de Madrid o Cataluña los más solidarios por el hecho de ser madrileños o catalanes; su mayor aportación al conjunto se deriva naturalmente de su posición económica. Pese a ser la primera vez que un gobierno hace público un informe sobre las balanzas fiscales, el Ejecutivo de Zapatero presentó ayer con perfil bajo esos datos que tanto han solicitado CiU y ERC, y que miden la relación entre cuánto aportan los ciudadanos de cada comunidad autónoma a las arcas públicas y qué gasto realiza el Gobierno central en cada territorio. Esa prudencia, que hizo que fuera el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y no el ministro Solbes el que informara, se explica porque el Gobierno no quiere dar protagonismo a esas cifras, para que no se utilicen en la negociación del sistema de financiación autonómica. De cualquier forma, el estudio no ofrece sorpresas y arroja un resultado obvio, similar al de otros trabajos recientes: que las comunidades con mayor renta per cápita son las que más aportan, y al contrario.

¿Ha cometido De Juana alzamiento de bienes?

Con satisfacción ha sido acogida la noticia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a abrir una investigación sobre los bienes de De Juana Chaos. Después de que EL MUNDO desvelara ayer que la vivienda donde residirá el etarra a su salida de la cárcel fue comprada por su mujer, y que por ella debe hacer frente a una hipoteca de casi 2.000 euros al mes, el clamor de indignación ciudadana ha espoleado a la Justicia para actuar. Así, la Fiscalía va a pedir a la Audiencia Nacional que investigue la situación financiera de De Juana Chaos para esclarecer si él y su mujer, Irati Aranzabal, han cometido delito de alzamiento de bienes. Como ayer avanzamos, el futuro domicilio del terrorista pertenecía a su madre, quien se lo donó a una hija en 2004, presumiblemente para evitar que la parte que le hubiera correspondido a él en herencia pudiera ser embargada. Y el año pasado, fue adquirido por su esposa, suscribiendo una hipoteca de 360.000 euros. Todo hace pensar que estamos ante una burla con la que De Juana pretende esquivar la deuda millonaria que tiene con sus víctimas en concepto de indemnizaciones. Pero, además, como hoy publicamos, Irati Aranzabal trabaja a sueldo de Etxerat, la asociación de familiares de presos vascos de la izquierda abertzale, y cuesta creer que su nómina en esta organización sea tan abultada como para poder hacer frente a semejante hipoteca. La Justicia debe esclarecer si estamos ante otro delito de este asesino y su pareja.

Nos cuentan que... el pasado viernes se produjo un problema en el servidor del correo electrónico del Congreso de los Diputados que provocó que se bloquearan los emails de los periodistas. El lunes, cuando los informadores accedieron a sus ordenadores, vieron sus buzones llenos con los mismos correos repetidos decenas de veces. Ocurrió que los mensajes que enviaban los jefes de prensa de los distintos grupos parlamentarios les eran devueltos erróneamente como si no hubieran llegado a su destino, por lo que volvían a intentarlo en repetidas ocasiones. Tantas veces como repetían la operación, tantas veces los correos llegaban a sus destinatarios. El jefe de prensa de IU, José Morales, se encontró por ejemplo con su ordenador echando humo y 700 emails devueltos. Fue él quien dio la voz de alarma para que los técnicos arreglasen el entuerto. Los problemas se han sucedido desde que se inició el programa de modernización informática de la Cámara. Aunque ahora los sufre José Bono, el programa lo puso en marcha el anterior presidente, Manuel Marín. Los desajustes también se han producido en la página web del Congreso. La que no lo olvidará es la jefa de prensa de CiU, Berta González, cuyo correo anunciando el viernes que se despedía hasta la vuelta de las vacaciones se multiplicó casi hasta el infinito y ha llegado a las redacciones de todo el país.