Crece la indignación de las víctimas por la excarcelación de De Juana y Beloki

LUCHA ANTITERRORISTA / Jiménez Becerril dice no hay «voluntad política» para dejar al etarra en prisión / La AVT asegura que es «inaceptable» que la dirigente de KAS pueda someterse a una fecundación 'in vitro' fuera de la cárcel
Crece la indignación de las víctimas por la excarcelación de De Juana y Beloki

Jiménez Becerril dice que el etarra celebró los asesinatos de su hermano y su cuñada y que «si el Gobierno tuviera voluntad, no saldría de prisión» - La AVT considera «inaceptable y demencial» la liberación de Beloki para un tratamiento de fertilidad

JAVIER RUBIO / JOAQUIN MANSO

SEVILLA / MADRID.- Muchas víctimas del terrorismo y sus representantes manifestaron ayer su incomprensión ante la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que se producirá pasado mañana, y la de la ex dirigente de KAS y Xaki Elena Beloki, condenada a 13 años de cárcel en el proceso contra el entramado civil de ETA, que abandonó la prisión para someterse a un tratamiento de fertilidad.

Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998 junto a su esposa, aseguró que «si el Gobierno tuviera voluntad política, De Juana no saldría de prisión», en referencia a las diligencias abiertas por un juzgado de Guecho, que investiga el expediente educativo del etarra por si hubiese cometido alguna irregularidad para obtener redenciones de pena. El terrorista celebró en la cárcel el atentado contra el matrimonio sevillano: «Aquí, en la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas», escribió en una carta.

El presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, calificó de «inaceptable y demencial» la salida de la cárcel bajo fianza de 6.000 euros de Elena Beloki, de la que ya informó EL MUNDO el pasado 4 de julio. Condenada como dirigente terrorista, a sus 47 años quiere quedarse embarazada del máximo responsable de la organización de apoyo a los presos de ETA, Juan María Olano.

En Sevilla, Teresa Jiménez Becerril declaró a EL MUNDO, respecto a la próxima excarcelación de De Juana, que «se podría intentar que no saliera de prisión. Aún estamos a tiempo si el Gobierno tuviera voluntad política, porque es una injusticia que salga de la cárcel. Es una barbaridad que se le haya permitido descontar días por artículos, por escribir libros y por estudios que ahora resulta que ha falsificado. Eso es delito, ¿no?».

Un juzgado de Guecho mantiene abiertas diligencias previas, en las que se encuentran imputadas ocho personas, para averiguar si algunos etarras falsificaron los documentos que acreditan sus estudios universitarios para obtener redenciones de condena. No obstante, la parte relativa a la posible manipulación del título de enfermería por el que De Juana redimió 700 días pena ya ha sido archivada por la juez, a petición de la Fiscalía. No encontraron indicios de delito en la actuación de la hermana del terrorista, que es precisamente quien firma el diploma acreditativo.

Sin embargo, Jiménez Becerril se aferra a esa posibilidad por el dolor que le provoca la salida de la cárcel del asesino que celebró el asesinato de su hermano y su cuñada: «Debería cumplir una cadena perpetua o pasarse de verdad 30 o 40 años en la cárcel. No se me olvida la semana de pesadilla que vivimos cuando el baile de cifras en torno a la condena que le habían impuesto por escritos amenazantes, y los años que realmente iba a cumplir»

«Que caiga todo el peso de la ley sobre este individuo, que ni se ha arrepentido, ni ha colaborado, sino que ha destrozado montones de vidas con sus 25 asesinatos. Para mí, todos los que negociaron con ETA han perdido la credibilidad como personas, no como políticos. No se me puede olvidar la cara de Rubalcaba cuando dijo que excarcelaba a De Juana Chaos por motivos humanitarios. No, no se me olvida», subrayó.

También el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio García Casquero, se refirió a la próxima salida de la cárcel del sanguinario terrorista. Además, lo hizo en parecidos términos: «Hay una falta de voluntad política para evitar la excarcelación. Cuando estuvo en huelga de hambre y se le trasladó a San Sebastián, se le trató bastante bien. O cuando la Fiscalía redujo su petición inicial de condena, que era de 96 años de cárcel. Entonces, para eso, si hubo voluntad política».

García Casquero calificó de «inaceptable y demencial» la salida de la cárcel de Elena Beloki, que fue condenada en el proceso 18/98 a 13 años como dirigente de KAS y Xaki (era responsable de la red europea de contactos controlada por ETA), siguiendo la acusación de la AVT (la Fiscalía pedía 9 años). La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que componen los jueces Guillermo Ruiz Polanco, Alfonso Guevara y Angeles Barreiro, la permitió abandonar la prisión, bajo fianza de 6.000 euros, para que estuviese en las «condiciones psicológicas adecuadas» para someterse, a sus 47 años, a una fecundación in vitro.

Esta decisión se tomó contra el criterio del Ministerio Fiscal. El tribunal se basó en un informe médico y valoró la necesidad de «disponibilidad clínica» de Beloki y que, durante todo el tiempo en que se estuvo instruyendo el proceso 18/98 no huyó de la Justicia.

El presidente de la asociación de víctimas consideró que «si se quiere hacer una inseminación artificial, que se la haga en la cárcel. O si se quiere quedar embarazada, que espere a salir en prisión. Pero parece que ya estamos otra vez con los beneficios penitenciarios a los asesinos de la banda terrorista».

García Casquero subrayó la coincidencia es escasas semanas de la salida de prisión de De Juana con la de Elena Beloki y otros de sus compañeros condenados por la trama civil de ETA, como el ex director de Egin Javier Salútregui, Olatz Altuna, Juan Mari Mendizabal o Juan Pablo Diéguez (algunos por motivos médicos), así como la de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro. «Son detalles que ofrecen indicios de que se les otorga beneficios», opinó.

La vicepresidenta de la asociación Dignidad y Justicia, Sonsoles Arroyo, se preguntó «si se va a dejar salir de la cárcel a todas las presas que deseen someterse a una fecundación in vitro». «¿Y qué pasa si fracasa? ¿Cuánto tiempo se va a prolongar esa situación de libertad?», abundó. «Si hubiese voluntad política, se haría cumplir la ley. Y resulta curioso que del juicio más importante contra el entorno de ETA, el 18/98, estén saliendo de prisión los dirigentes más importantes y los que hablan con la prensa», opinó.

Dignidad y Justicia ha convocado este sábado a mediodía una concentración frente al Ayuntamiento de San Sebastián para protestar por la salida de prisión de De Juana.

El abogado del Foro Ermua Fernando García-Capelo también manifestó su sorpresa por la excarcelación, ya que dijo que una fecundación no es una enfermedad, y no habría motivo para permitir su salida.

LUCHA ANTITERRORISTA
La Audiencia ordena averiguar el patrimonio de De Juana

Exige a la editorial Txalaparta que aclare por qué no ha enviado los derechos de autor que le embargó a petición de la AVT

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Oficina de Averiguación Patrimonial que le informe de «los bienes de toda clase propiedad de José Ignacio de Juana Chaos». Al escrito de la Sección Primera de lo Penal, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, se han sumado las otras dos secciones de la sede judicial que han condenado al miembro del comando Madrid y que tienen ejecutorias pendientes del pago de indemnizaciones.

Además, la Sección Primera ha remitido un oficio a la editorial Txalaparta para que le informe, «a la mayor brevedad posible», de las gestiones que haya realizado para embargar los derechos de autor de los tres libros que publicaron a De Juana. En concreto, le pide explicaciones de «los motivos concretos por los que no se han transferido a este tribunal los ingresos derivados de los derechos de autor embargados».

El escrito del tribunal responde a la solicitud presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que tras el último juicio a De Juana logró que varios tribunales de la Audiencia Nacional embargaran los ingresos por los libros que el etarra había mencionado en el juicio.

La petición de la asociación presidida por Juan Antonio García Casquero pedía aclaraciones sobre lo sucedido con los derechos de autor y se hacía eco de las informaciones sobre las maniobras de De Juana y su familia para que el etarra no apareciera como propietario del piso de su madre, al que tiene previsto mudarse cuando salga de prisión.

Según indicaron fuentes jurídicas, la petición a Hacienda de que averigüe su patrimonio sería un paso previo para que la Justicia abra una investigación más a fondo sobre su patrimonio.

La orden se ha cursado dentro del sumario sobre el atentado de la plaza de República Argentina (Madrid), que en septiembre de 1985 mató a una persona y dejó 16 heridos, casi todos guardias civiles. De Juana fue condenado a indemnizarles con 258.440.000 millones de pesetas (1.553.255 euros).

La petición de la AVT se suma a las planteadas por el fiscal Ignacio Gordillo ante todos los tribunales que dictaron condenas. En sus escritos, el fiscal solicita que se deduzca testimonio a los juzgados de San Sebastián para que investiguen el posible delito de alzamiento de bienes respecto al piso en el que vivirá. La madre del etarra donó el inmueble a su hija, que a su vez se lo vendió a la mujer de De Juana.

Pase lo que pase con las investigaciones sobre su patrimonio, la excarcelación del etarra es segura. La propia Sección Primera de la Audiencia dictó el pasado día 21 un auto en el que aprobaba la propuesta de liquidación de condena remitida por la prisión de Aranjuez, en la que De Juana está internado. El próximo 2 de agosto saldrá a la calle, cuando se cumplan los tres años a los que fue condenado por las amenazas contenidas en dos artículos de Gara.

LUCHA ANTITERRORISTA / Presunta falsedad
Ocho personas declararán sobre los expedientes de presos de ETA

No pertenecen a la banda terrorista y comparecerán como imputadas en el proceso judicial que investiga las irregularidades académicas de los etarras

LEYRE IGLESIAS

BILBAO.- Ocho personas ajenas al aparato de ETA declararán como imputadas en el proceso judicial que investiga la veracidad de los expedientes académicos de Jose Ignacio de Juana Chaos y otros presos etarras. No serán, por tanto, los propios terroristas quienes den explicaciones ante el Juzgado número 3 de Guecho, sino que se trata de personas externas a la banda que podrían haber colaborado en la falsificación de los documentos que acreditan las carreras supuestamente cursadas y superadas por los presos.

Según fuentes judiciales, las investigaciones acerca de De Juana y «varios» etarras más están reunidas en un único procedimiento judicial, que requiere ahora de la comparecencia de ocho personas relacionadas con el posible fraude que habría permitido a los presos de ETA reducir su estancia entre rejas. Las mismas fuentes aseguran que a estas personas se les tomará declaración bajo la figura de imputados «para mayores garantías», aunque sobre ellos no existe, al menos por el momento, ninguna acusación. En este sentido, quien sí se ha librado de la imputación por falsedad es Altamira de Juana, hermana del preso etarra y directora de la escuela de Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV).

Aparte de la toma de declaración a estos ocho imputados como presuntos falsificadores de los expedientes y, algunos de ellos, probablemente cercanos a la Universidad del País Vasco, resta aún la recepción y revisión de la documentación que la Fiscalía ha solicitado a Francia, ya que algunos de los terroristas estaban presos en cárceles del país vecino cuando realizaron sus estudios.

La actual investigación arrancó en 2005, un año en el que confluyeron varias denuncias relacionadas con las presuntas falsedades documentales en los expedientes académicos de hasta 50 presos etarras, que supuestamente habían aprovechado tales documentos para reducir sus años de condena. Una de aquellas denuncias fue impulsada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que desgranó en su escrito a la Audiencia Nacional las sospechas que albergan las víctimas sobre siete terroristas de ETA. La AVT colocaba entre interrogantes la propia trayectoria académica de De Juana. A renglón seguido, cita a Angel María Lete, miembro del comando Vizcaya fallecido en 2002, que estaba deportado en Cabo Verde cuando curiosamente cursó dos carreras: Filosofía y Ciencias Políticas. La AVT argumenta en el texto que con el país africano «no existe ningún convenio».

Otro ejemplo dudoso es el expediente de Antonio López Ruiz, alias Kubati, el asesino de Yoyes. Según los denunciantes, éste ha obtenido dos carreras en la UPV presuntamente matriculado con un «DNI ficticio» y «sin constar la forma en que accedió» a la Universidad.

La querella recogía igualmente la posible existencia de irregularidades en los expedientes de Elena Beloki, Ignacio Erro Zazu y José Angel Viguri , quien «aprobó la carrera de Periodismo antes de aprobar la Selectividad». Las sospechas de la AVT recaen también sobre el ex número tres del aparato militar de ETA, Zorion Zamakola, que terminó la carrera «estando huido de la Justicia y con matrícula de honor en una asignatura que exige presencia obligatoria».

Entre las investigaciones que ya entonces emprendieron los fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia vasco, figuraba una larga lista de irregularidades que podrían haberse cometido.

Por el momento, el rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez Iglesias, no comparecerá en el Parlamento vasco para aclarar las presuntas irregularidades en torno a los estudios de De Juana. La Mesa de la Cámara autonómica rechazó esta petición del PP por considerar que parte de un único grupo.

LUCHA ANTITERRORISTA
Dos etarras cumplirán 15 años menos de cárcel por un error de la Fiscalía, según el tribunal

MANUEL MARRACO

MADRID.- Los etarras Asier Mardones y Josune Oña cumplirán un máximo de 25 años de prisión efectiva, en lugar de 40, por lo que el tribunal considera una errónea calificación fiscal. Así lo mantiene la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en una sentencia que notificará hoy, y que condena a ambos etarras por la emboscada que en septiembre de 2003 tendieron a una patrulla de la Ertzaintza en el Alto de Herrera (Alava). La Sala les considera autores de dos delitos de atentado con resultado de lesiones, en referencia a los dos ertzainas que resultaron heridos en el tiroteo, en el que murió el etarra Arkaitz Otazua.

A juicio de los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Clara Bayarri y Angeles Barreiro (ponente), los hechos deberían haberse calificado como dos asesinatos frustrados. De haber sido así, la condena por cada asesinato habría superado los 20 años, lo que conllevaría un cumplimiento efectivo de 40 años de cárcel, de acuerdo con la reforma del Código Penal que había entrado en vigor pocos meses antes del atentado.

Sin embargo, al haberse calificado como atentado contra las Fuerzas de Seguridad del Estado con resultado de lesiones, ninguno de los delitos por los que se les condena alcanza el umbral de los 20 años, lo que conlleva que el máximo de prisión deba rebajarse 15 años, hasta los 25.

La elevada condena final es muy similar a la propuesta por la Fiscalía. Aun así, las diferencias sobre la calificación correcta surgieron ya durante el juicio. Después de que la fiscal Blanca Rodríguez expusiera el informe final en el que hablaba de atentado con resultado de lesiones, el tribunal suspendió la sesión unos minutos. Tras la reanudación, el presidente señaló que la calificación alternativa le parecía más ajustada y permitía una condena más elevada.

Una vez concluido el juicio, la Fiscalía defendió que la calificación que había propuesto tenía un mínimo de condena más alto que el de la tentativa, lo que aseguraba que, en caso de considerarles culpables, la horquilla de años de condena partía de una cifra más alta.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar el 14 de septiembre de 2003. Según la acusación fiscal, los tres etarras mencionados -con la ayuda del acusado de colaboración, Luis Samuel Damborenea-, tras abordar a una pareja y robarles el coche, comunicaron una supuesta avería, explicando que su coche obstruía la calzada. Cuando llegó una patrulla de la Ertzaintza, «se vieron sorpresiva e inesperadamente atacados, al comenzar a disparar Mardones y Otazua cuando los agentes todavía se encontraban en el vehículo».

LUCHA ANTITERRORISTA
Difundidas las fotos de dos miembros del 'complejo Vizcaya' huidos

BILBAO.- La Consejería de Interior del Gobierno Vasco envió ayer un comunicado interno a la Ertzaintza en el que previene a la Policía autonómica de posibles atentados «inminentes» y difunde las fotografías de dos colaboradores legales -no fichados por la Policía- del desarticulado comando Vizcaya.

Estos dos miembros de ETA, Aitor Rodríguez Artetxe y Asier Borrero Toribio, se encuentran actualmente huidos.

El aviso efectuado por el Departamento de Interior se basa en la información obtenida a raíz de la reciente operación de la Guardia Civil contra el denominado complejo Vizcaya, informó Efe.

La Benemérita desarticuló la semana pasada al comando más activo de ETA en los últimos tiempos, responsable del asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano, además de la colocación de varios artefactos explosivos. La operación se desarrolló en las localidades vizcaínas de Bilbao, Guecho y Elorrio con la detención de nueve personas.

Los investigadores creen que Asier Borrero podría ser el número dos del comando. Presuntamente, dirigía un grupo de miembros no fichados por la Policía que prestaba apoyo al complejo Vizcaya.

CON ARGUMENTOS
Acuerdo antiterrorista

Por CAYETANO GONZALEZ

Todo lo que empieza mal suele acabar mal. Eso es lo que puede pasar con el acuerdo verbal alcanzado por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en torno a la política antiterrorista en su entrevista celebrada la pasada semana en La Moncloa. Los antecedentes inmediatos no avalan de ninguna manera el cheque en blanco que en esta materia Rajoy le dio a Zapatero. Este, como ha sido demostrado, probado e incluso reconocido por él mismo, negoció políticamente con ETA durante la pasada legislatura; es decir, ofreció contrapartidas políticas a la banda terrorista para que dejara de matar y siguió negociando después del atentado de la T-4 de Barajas, aunque a los españoles les dijera lo contrario. Si Zapatero no cumplió lo que estaba por escrito y que él mismo firmó en diciembre del año 2000, ¿por qué hay que confiar que no se salte a la torera lo que ahora ha acordado sólo verbalmente?

En su afán por presentar una imagen de un PP más dialogante, que es capaz de llegar a acuerdos con el presidente del Gobierno, Rajoy se ha pasado de frenada. ¿Qué cara se le quedaría al actual líder del PP si dentro de unas semanas o meses, los hechos demostraran que Zapatero le ha vuelto a engañar? ¿Cuántas veces tiene que tropezar Rajoy en la misma piedra para aprender la lección? Hace tres días ese acuerdo verbal ya sufrió el primer envite, cuando tras entrevistarse con el presidente, el portavoz del PNV dijo que Zapatero no descartaba un final dialogado de la violencia. Los portavoces de Moncloa tuvieron que movilizarse para aclarar que ese escenario se produciría en todo caso una vez que ETA renunciara definitivamente a la violencia. ¿Está de acuerdo Rajoy con esto? ¿Qué materias serían objeto de ese supuesto «final dialogado»? Pero sobre todo, ¿se puede estar permanentemente hablando de «final dialogado» cuando acabamos de conocer los macabros planes del comando Vizcaya, que incluían entre otros objetivos, la repetición del asesinato a cámara lenta de Miguel Angel Blanco, en la persona del concejal socialista de Eibar, Benjamín Atutxa? ¿Es serio seguir mandando ese mensaje buenista a quienes sólo siguen pensando como hacer daño?

¡Claro que la inmensa mayoría de los españoles quieren ver a los dos grandes partidos nacionales juntos en la lucha contra el terrorismo! Aunque no nos engañemos: lo que de verdad produce una inmensa satisfacción y alegría a esos ciudadanos es comprobar la eficacia del trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que como ha sucedido en los últimos días con la Guardia Civil, ha puesto a disposición de la justicia a un grupo de etarras que tenían de cara a los próximos meses unos planes ciertamente macabros y siniestros.

Que Rajoy se fíe de Zapatero, a pesar de las mentiras y embustes que tanto a él como al resto de los españoles endosó en los últimos años, es algo que sólo corresponde explicar al presidente del PP, y sobre todo es una explicación que debe a sus votantes, que en un buen número se han movilizado en los últimos cuatro años para apoyar a las víctimas del terrorismo y para pedir al presidente del Gobierno que no negociara con ETA. ¿No hubiese sido más lógico y, sobre todo, más prudente, exigir a Zapatero un acuerdo por escrito, con luz y taquígrafos? Por eso, mientras que sólo el tiempo y los hechos darán o quitarán la razón a quienes confían o desconfían de ese acuerdo verbal, cobra toda su fuerza aquella afirmación de alguien que por su pasado y evolución ideológica le daba mayor significado: «menos mal que en la lucha contra el terrorismo tenemos a la Guardia Civil». Lo dijo Mario Onaindía.

LUCHA ANTITERRORISTA / La amenaza de la banda
El Gobierno vasco alerta de un «gran atentado» de ETA de forma «inminente»

El Departamento de Interior avisa en un comunicado que los terroristas podrían tener como objetivo una localidad en fiestas y advierte de posibles artefactos que se activan con una fuente de luz

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- El Departamento de Interior del Gobierno vasco lanzó ayer un nuevo mensaje de alerta a sus agentes ante el «riesgo» de que la banda terrorista ETA lleve a cabo un «gran atentado» de forma «inminente». Este aviso deriva de la información incautada a los miembros del complejo Vizcaya detenidos en la última operación antiterrorista.

El formato empleado por la consejería que dirige Javier Balza -una nota de prensa en su web- para extender esta advertencia podría indicar que el Gobierno vasco también pretende concienciar del riesgo de acciones violentas a los ciudadanos. En su comunicado recuerda que los etarras arrestados la semana pasada pretendían cometer un atentado en Guecho hoy mismo, en plena festividad de San Ignacio, y avisa de que los terroristas podrían buscar un escenario similar: «Una localidad en fiestas con asistencia masiva de público y, por tanto, mayor presencia policial».

Además, en la nota hace referencia explícita a la posibilidad de los que los activistas empleen dispositivos que activan las bombas al entrar en contacto con alguna fuente de luz; es decir, artefactos-trampa cuyo objetivo es cazar a ertzainas, del mismo modo que trataron de hacer en los juzgados de Guecho en noviembre de 2007, o en el Monte Arnotegi de Bilbao el pasado mes de febrero. A pesar de que Interior no ofreció más detalles al respecto, este dato es una advertencia implícita a los propios ciudadanos para que no manipulen paquetes u objetos sospechosos que encuentren en la vía pública.

La comunicación alerta de que ese dispositivo de activación por luz, denominado LSR, fue hallado en uno de los zulos localizados por la Guardia Civil en su última operación antiterrorista, y advierte de la posibilidad de que una parte de la estructura de liberados -a sueldo de la organización- y de colaboradores legales -no fichados por la policía- haya podido quedar «intacta». Porque, pese a las últimas detenciones, aún restan por esclarecer una veintena de acciones violentas.

Por último, destaca la posibilidad de que se produzcan «maniobras de distracción» previas a la comisión de un atentado para tratar de «debilitar la fuerza policial y obtener así mayor impunidad».

Pero la alerta ante la actividad de ETA no se ha circunscrito al territorio español. La vigilancia de las fábricas de explosivos pertenecientes a la empresa Titanobel en el departamento francés de Cote D'Or se ha reforzado tras la captura de dos etarras en la zona y el descubrimiento de una casa en la que se alojaban otros miembros de la banda. El dispositivo de seguridad se ha extendido también a los convoyes que transportan el material explosivo que sale de las dos empresas.

Atacan con cócteles molotov el coche de un miembro del PP y un cajero en Bilbao

BILBAO.- Un grupo de desconocidos atacó anoche con cócteles molotov el vehículo de un afiliado al PP del País Vasco y un cajero automático exterior de una sucursal de Caixa Galicia que estaba cerca del vehículo, aparcado en la calle de Luis Luciano Bonaparte, en el barrio bilbaíno de Santutxu.

Los ataques tuvieron lugar sobre las 23.15 horas, según informó a Europa Press un portavoz del Departamento vasco de Interior.

Según fuentes del Ertzaintza, el vehículo pertenecía a Modesto Fernández Doval, un afiliado al PP vasco que regenta un bar en el barrio. Los radicales lanzaron dos cócteles molotov, uno contra el cajero exterior de la sucursal que Caixa Galicia tiene en el número 30 de la citada calle, y otro que impactó en las ruedas del automóvil de Fernández. Los daños causados fueron únicamente materiales y de escasa gravedad.

No es la primera vez que Modesto Fernández sufre el ataque de los radicales. Durante la tregua decretada por ETA en 1998 la kale borroka no dejó de incrementar su intensidad. A Fernández le dejaron sin medio de vida en la noche de Reyes de 1999. Una llamada de la Ertzaintza le alertó de que había saltado la alarma de su cafetería, de nombre Los Condes, en el barrio bilbaíno de Santutxu.

Cuando llegó, el local estaba totalmente calcinado. Diez años de trabajo ardían ante sus ojos sólo 13 días después de la reapertura tras haber reformado el bar. «¿Es esto la tregua?», se preguntaba Fernández. Pocos días después, un anónimo reivindicó el atentado en el diario Euskadi información y amenazó a los militantes del PP «mientras los presos no vuelvan a Euskal Herria».

Bilbao es escenario habitual de la kale borroka. El 23 de julio, atacaron una sucursal del BBVA en el barrio de San Ignacio. El 5 de abril, fue un batzoki y un cajero de la BBK en Alde Zaharra. Otro batzoki, éste junto al Ayuntamiento, recibió globos de pintura roja y amarilla al día siguiente. En febrero, en el mismo barrio de Santutxu fueron quemados otros cuatro cajeros en la noche del día 9.

SIN MIEDO.

El senador popular Ramón Rabanera (en el centro) realizó ayer su primera aparición pública desde que conoció que era uno de los objetivos del complejo Vizcaya acompañado por el presidente del PP el vasco, Antonio Basagoiti (izquierda), y el de los alaveses, Alfonso Alonso (derecha). «Por mucha presión, por mucha intimidación e intentos de acabar con mi vida, no van a lograr que renuncie a defender la libertad de los vascos», manifestó, informa

LUCHA ANTITERRORISTA / La acción de la Justicia
El fiscal rebaja de 111 años a 10 la acusación a un jefe de Jarrai

Renuncia a atribuir a Asier Tapia la inducción a los 22 actos de 'kale borroka' que 'anunció' tras una operación contra el grupo terrorista

MANUEL MARRACO

MADRID.- Aunque al final le cogieron, a Asier Tapia le salió a cuenta lo de huir antes del juicio: si se hubiera sentado en el banquillo del caso Jarrai en febrero de 2005, se habría enfrentado a una acusación de 111 años de cárcel. Cinco años más tarde, sólo corre el riesgo de ser condenado a 10.

Así se desprende del escrito de acusación provisional presentado ayer por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Tapia y Zigor Ruiz, otro procesado por pertenecer al grupo responsable de la kale borroka, también huido antes del juicio. Pese a la abultada rebaja a Tapia, el escrito del fiscal Carlos Bautista mantiene la condición de dirigentes terroristas para ambos y una pena superior a las fijadas por el Supremo contra los ya juzgados.

El escrito de acusaciones provisionales de 2005 atribuía a Tapia, además de dirigir Jarrai, ser el inductor de todos los actos de kale borroka que se produjeron en el País Vasco tras la rueda de prensa que dio en marzo de 2001, a raíz de la desarticulación de Segi, sucesora de Jarrai. En concreto, se le acusaba de 19 delitos de daños terroristas y tres de incendio. En la rueda de prensa que les precedió, Tapia hizo afirmaciones como la siguiente: «Se vuelven a equivocar si creen que los y las jóvenes vascos y vascas nos vamos a acobardar. Nosotros y nosotras vamos a salir a la calle a responder a los responsables y colaboradores de este ataque contra Euskal Herria. Vamos a responder con todo nuestro enfado a los que quieren aniquilar y vender este pueblo y no les va a salir gratis. Para eso hemos llamado, convocado, las siguientes movilizaciones[...]».

El juicio contra una treintena de miembros de Jarrai concluyó en la Audiencia Nacional con una polémica sentencia que en el fallo consideraba a Jarrai una formación ilícita sin carácter terrorista, pese a que en los hechos probados le atribuían la organización de toda la kale borroka. Las condenas fueran muy inferiores a las solicitadas por el fiscal Enrique Molina y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Posteriormente, el Supremo dijo que sí se trataba de un grupo terrorista y elevó las penas a seis años, el mínimo posible como simples integrantes.

Atutxa pierde en el TC un primer recurso contra el Supremo

Su demanda de amparo por no aplicársele la inmunidad parlamentaria fue prematura

MARIA PERAL

MADRID.- El ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa ha fracasado en su primera tentativa de que el Tribunal Constitucional (TC) corrija al Tribunal Supremo en relación al proceso penal seguido contra él por desobediencia a la autoridad judicial.

El TC ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que Atutxa presentó contra la decisión del Supremo de no aplicarle el privilegio de la inmunidad parlamentaria, anulando el veredicto absolutorio que dictó en noviembre de 2005 el Tribunal Superior del País Vasco.

No es una pérdida trascendente, ya que el recurso de amparo verdaderamente decisivo -el interpuesto contra el fallo condenatorio del Tribunal Supremo el pasado 8 de abril- no ha sido contestado por el Constitucional, por lo que el ex presidente del Parlamento vasco aún puede aspirar a que se revoque la condena a inhabilitación para cargo público que se le impuso por negarse a disolver el grupo parlamentario de la ilegal Batasuna, tal como le había ordenado reiteradamente la Sala del 61 del Supremo.

Atutxa fue inicialmente juzgado por el Tribunal Superior del País Vasco, que lo absolvió al considerar que su actuación estaba protegida por la inmunidad parlamentaria. Ese criterio fue contradicho por la Sala Penal del Supremo en su sentencia de 10 de noviembre de 2006, que es la que motivó la demanda que el TC ha rechazado ahora.

Según Atutxa, el Supremo vulneró su derecho a ejercer cargos públicos al revocar el fallo absolutorio y ordenar a los jueces vascos que emitiesen una nueva sentencia en la que, sin aplicar la prerrogativa de la inmunidad, entrasen a enjuiciar los hechos.

En un auto conocido ayer, el TC acoge los argumentos de la Fiscalía y subraya que, en el momento de interponer la demanda de amparo, el proceso penal no había concluido, por lo que el recurso era prematuro y debía plantearse -como luego ha hecho Atutxa- contra la sentencia que definitivamente pusiese fin a la causa.

El Tribunal se ha pronunciado en idéntico sentido respecto a las demandas de Gorka Knörr y Concepción Bilbao, condenados junto a Juan María Atutxa.

Condenados por elegir como 'Reina' y 'Dama de Honor' a dos presos etarras

JOAQUIN MANSO

MADRID.- La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a dos vecinos de Amurrio (Vizcaya) que homenajearon como Reina y Dama de Honor de las fiestas patronales de la localidad a los presos de ETA Santos Berganza y José Angel Viguri. Impusieron a sendos monigotes de cartón que representaban a los etarras las bandas que exteriorizan aquellas distinciones y los pasearon así por el pueblo. La misma resolución absuelve al alcalde, Pablo Isasi (EA), y al ex concejal Eleder Zabilde (PNV), que se opusieron a colocar la condecoración a los peleles.

Los condenados -Alfredo Remírez y Arkaitz Quincoces- pertenecían a la cuadrilla Herrianerak, a la que le correspondía designar a la Reina y la Dama de Honor (aunque estas distinciones habían cambiado su denominación por la de representantes) para las fiestas del año 2005. Comunicaron al Ayuntamiento el nombre de los elegidos, dos vecinos de Amurrio presos desde 1990 por colaborar con ETA, y al día siguiente se plantaron en el acto público de imposición de bandas con sendas figuras que representaban a los etarras con el puño en alto. Como el alcalde y el concejal se resistieron a entregarles las distinciones, ellos mismos las cogieron y se exhibieron así desde el balcón del Consistorio.

Razona el tribunal que «se considera que esta actividad en honor de los penados genera un favorecimiento de su conducta, pretendiendo denostar la situación de cumplimiento de prisión que actualmente tienen, justificando, por tanto, públicamente las conductas delictivas de éstos y denigrando su condena, motivando de victimismo hacia los terroristas, que sirve de germen para la adhesión a su causa y a la posibilidad de tener que necesitar actos violentos contra el Estado de Derecho».

Contra la condena ha formulado un voto discrepante el magistrado Ramón Sáez, que entiende que, por los 15 años que los etarras llevaban en prisión, resultaba difícil que la «memoria colectiva» los conectase con los hechos que cometieron.

Villava, obligada a quitar una 'ikurriña' situada al lado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Villava (Navarra) tendrá que arriar una ikurriña izada junto a su fachada tras una sentencia judicial que determina que es «un supuesto fraude de ley» que «burla» la Ley de Símbolos, que impide la ubicación de banderas de otras comunidades en edificios oficiales, según informó el Diario de Navarra.