EDITORIALES: 11-M: Un nombramiento inexplicable dentro y fuera de España/ Monos en el país de los toros/ Defendiendo el castellano/ Pepiño revela el d

EDITORIALES DEL DÍA
UN NOMBRAMIENTO INEXPLICABLE DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA

Son ya nada menos que 12 las personas que demostraron su incompetencia para prevenir los atentados del 11-M o investigar su autoría que han sido ascendidas o promovidas por el Gobierno.

El último de esta lista es Jorge Dezcallar, al que el Gobierno se dispone a nombrar embajador en EEUU, el cargo más elevado y codiciado en la carrera diplomática y con el que se suele premiar a personas que han formado parte del Consejo de Ministros o han prestado grandes servicios al Estado.

No es una cuestión personal. El nombramiento de Dezcallar, al que reconocemos su competencia profesional y su talla intelectual -ha sido un brillante colaborador de este periódico-, es un escándalo político porque supone promocionar a quien era en marzo de 2004 director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que no sólo no se enteró de los preparativos de la masacre de Madrid sino que, además, adjudicó su autoría a ETA.

No queremos especular sobre cuál fue la conducta de Dezcallar entre los días 11 y 14 de marzo de 2004, pero lo que sí podemos acreditar es que el CNI proporcionó una información errónea al Gobierno, atribuyendo a ETA la colocación de las bombas en los trenes.

EL MUNDO revela hoy que Ana Palacio, entonces ministra de Exteriores, habló por teléfono con Dezcallar en siete u ocho ocasiones en la larga jornada de los atentados. La última de las llamadas se produjo a las dos de la madrugada del 12 de marzo. Ana Palacio estaba inquieta porque horas antes el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado una propuesta del Gobierno español en la que se condenaba a ETA como autora de la masacre.

Dezcallar ratificó la información que ya había proporcionado a la ministra y afirmó que todo seguía apuntando a la participación de ETA en los atentados, según sus contactos con otros servicios secretos. El director del CNI restó en esa conversación toda credibilidad a la furgoneta Kangoo aparecida en Alcalá de Henares esa misma mañana y al comunicado de una organización islamista en Londres.

Los graves errores de apreciación del ex director del CNI son ahora recompensados por el mismo Gobierno que, hace pocos días, ascendió a general a Félix Hernando, el jefe de la UCO que intentó engañar al Congreso sobre su responsabilidad en la investigación de la trama asturiana de explosivos. A ambos se añaden casos como el de Miguel Angel Santano, el general Laguna, Mariano Rayón y otros, promocionados por el Gobierno a pesar de los errores cometidos antes, durante y después del 11-M.

El caso de Jorge Dezcallar es el más grave de todos y roza incluso la provocación que el Gobierno otorgue un premio tan importante a quien cometió un error tan flagrante en relación a un atentado que costó la vida a 191 personas.

Por tanto, su nombramiento resulta inexplicable, en primer lugar, para las víctimas, que difícilmente van a poder comprender que se recompense a una de las personas que tenía la responsabilidad política de evitar lo que sucedió. En segundo lugar, la promoción de Dezcallar será difícil de entender por los funcionarios que se esfuerzan en cumplir bien su tarea y a los que el Gobierno abofetea con el ascenso de quienes menos se lo merecen.

Y en tercero, el cargo es un gesto poco comprensible hacia EEUU, un país especialmente azotado por el terrorismo, al que será difícil de explicar por qué se le envía un representante diplomático que fracasó en la responsabilidad esencial que tenía encomendada y que indujo al gabinete de Aznar a incurrir en el mayor patinazo de la historia de nuestra diplomacia. Toda una arbitrariedad que pone bajo sospecha al Gobierno.

MONOS EN EL PAIS DE LOS TOROS

Todos los partidos aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados, a instancias de ERC-IU-ICV, pedir al Gobierno que «impulse» y «emprenda» las acciones necesarias en los organismos internacionales para proteger a los grandes simios «del maltrato, la esclavitud, la tortura y la muerte».

El Ejecutivo no sólo declarará la adhesión de España al Proyecto Gran Simio, sino que promoverá esta iniciativa en Europa convirtiendo a nuestro país -en el que no hay más monos que los que puedan cruzar la verja de Gibraltar- en el principal abanderado de la causa simiesca.

Nadie duda de la importancia de preservar a las especies en extinción, así como de promover el respeto a la naturaleza. No obstante, nuestros políticos se han retratado en una votación que, por el modo en que fue planteada y por cómo transcurrió su debate, no puede sino provocar cierta hilaridad. Es loable que el Congreso y el Gobierno se impliquen en la defensa de una propuesta que, además, ya ha merecido el respaldo de más de cien universidades y fundaciones. Pero resulta muy llamativo que se intente equiparar en derechos como la vida y la libertad a los seres humanos y los chimpancés, los gorilas o los bonobos.

Además, la proposición aprobada incluye una enmienda transaccional -en la que se abstuvo el PP- por la que se establece la discutible prohibición de experimentar o investigar con aquellos animales que, por su lugar en la evolución, más se nos parecen.

Por otro lado, no deja de sorprender que con los muchos problemas que atraviesan actualmente los agricultores y pescadores, los miembros de la Comisión de Agricultura del Congreso dediquen su esfuerzo en intentar hacer del país de las corridas de toros el principal defensor de los monos. España no debería significarse como protagonista de una empresa que, por razones zoológicas y culturales, sólo puede ponernos en evidencia ante el resto del mundo.

Nos cuentan que... la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no dio ninguna indicación en cuanto al sentido de su voto a los 267 compromisarios del PP madrileño que acudieron al pasado 16º Congreso Nacional que se celebró en Valencia. Pero sí transmitió una instrucción para diferenciar el ámbito institucional del trabajo en el partido. Así, pidió a los compromisarios que son también cargos públicos que no utilizaran sus coches oficiales para desplazarse a la capital mediterránea. Así lo hicieron todos los consejeros de su Gobierno y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, que fue en su coche. En Valencia, todos pudieron ver al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, y al consejero de Presidencia, Francisco Granados, ir juntos al recinto ferial en el vehículo de Salvador Victoria, secretario general del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, hubo quien se saltó la indicación de Aguirre, como la presidenta de la Asamblea y ex ministra con José María Aznar, Elvira Rodríguez, que fue a Valencia con su vehículo oficial. Al igual que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que utilizó el coche que tiene a su disposición como regidor por motivos de seguridad. Esperanza Aguirre, sin embargo, siguió sus propias instrucciones y no utilizó los medios del Ejecutivo autonómico para su viaje.

El mundo de la cultura defiende el castellano

Personalidades del mundo de la cultura se han adherido al Manifiesto por la Lengua Común impulsado por una veintena de intelectuales. Pintores como Antonio López o Arroyo, músicos como Halffter, cineastas como Arteta y escritores de la talla de Delibes, Brines, Pérez Reverte o Gamoneda -éste último poeta de cabecera del presidente Zapatero- se suman a la iniciativa de proteger los derechos de los ciudadanos en todo el territorio nacional en relación con el uso del castellano. La nómina de autores es tan amplia y sus perfiles tan heterogéneos que es evidente que estamos ante una reivindicación transversal, en absoluto ideológica. Prueba del entusiasmo que ha despertado esta campaña es que, sólo dos días después de que fuera presentada a la opinión pública, ya se han adherido a ella casi 51.000 personas sólo a través de elmundo.es, entre ellas el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y todo el grupo popular en el Parlamento autonómico. La ministra de Educación insistió ayer en cerrar los ojos a la evidencia y dijo que la ley garantiza el aprendizaje del castellano en toda España. Mercedes Cabrera trató de sacudirse el problema advirtiendo que la coexistencia de varias lenguas es una «riqueza» -como si alguien lo hubiera puesto en duda- y asegurando que el manifiesto puede alimentar una «batalla política». Pero al Gobierno no se le invita a la guerra, sino a que dé la cara y defienda la Constitución, y yerra si quiere dar un portazo al clamor social sólo con palabrería.

Las palabras de Blanco revelan el dilema de ZP

Tabúes semánticos al margen, los datos prueban que estamos «ante la caída más brusca, súbita e intensa del crecimiento del PIB y del empleo, desde que tenemos estadísticas», según advierte hoy en estas páginas el presidente de la Comisión Económica de la CEOE, José Luis Feito.

El diagnóstico de este economista coincide con el mensaje de Miguel Angel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, que afirmó anteayer en el Congreso que «el ajuste será largo y costoso» si no hay medidas eficaces como una reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones. José Blanco, secretario de Organización del PSOE, respondió ayer al gobernador calificando de «recetas conservadoras» sus propuestas. Blanco criticó abiertamente al Banco de España por proponer «decretazos, recortes de derechos, disminución del gasto social y otras medidas que siempre van en la misma dirección». Blanco aseguró que el Gobierno no va a recortar el gasto social ni la inversión pública ni los derechos de los trabajadores y que, por el contrario, incrementará las prestaciones a los colectivos más desfavorecidos por la crisis. Si lo que dice es cierto, será difícil que el Gobierno pueda adoptar esas iniciativas que piden Fernández Ordóñez y economistas como Feito. En cualquier caso, las palabras de Blanco revelan el dilema al que se enfrenta Zapatero, que tendrá que optar entre seguir los intereses electorales de su partido o acometer un ajuste tan necesario como traumático.