Decenas de objetores litigan contra EpC en los tribunales

Decenas de objetores litigan contra EpC en los tribunales

En Andalucía, donde el TSJ aprobó la objeción, se preparan 300 recursos; en Asturias, 23 sentencias están recurridas en el Supremo

PALOMA DIAZ SOTERO

MADRID.- Hay una sintonía entre el Ministerio de Educación y los objetores a Educación para la Ciudadanía. La ministra, Mercedes Cabrera, volvió a instar esta semana a que quienes crean que no se cumple la ley acudan a los tribunales, y los padres que creen que la asignatura se extralimita en sus enseñanzas morales están recurriendo a la Justicia.

Profesionales por la Etica, plataforma aglutinadora de todos los movimientos y asociaciones de objetores, aseguraba ayer que estamos comenzando a vivir una «judicialización de la educación española, ya bastante maltrecha de por sí», y que se va acentuar en el curso próximo, cuando Educación para la Ciduadanía comience a impartirse en 2º de ESO en las comunidades gobernadas por el PP y en 4º de ESO como Educación Etico-Cívica. Además, seguirá impartiéndose en 3º de ESO en las seis comunidades en las que se ha estudiado este curso y en cuyos tribunales ya hay varios casos.

Este es el panorama que dibujaba ayer esta asociación, en un informe que recoge toda la información que le han remitido las 42 asociaciones de objetores creadas en España. Refleja, eso sí, una disparidad de decisiones administrativas y judiciales desconcertante para los padres de los alumnos:

Andalucía.

Se han recogido 7.133 objeciones. Aproximadamente 300 personas están en vías de plantear recursos ante el Tribunal Superior andaluz como respuesta a las resoluciones de la Consejería de Educación denegando sus solicitudes de objeción de conciencia. Además, ya se han producido tres sentencias del TSJA que reconocen el derecho a objetar a la asignatura y una de ellas incluso advierte de que el planteamiento de la materia, al menos en Andalucía, vulnera el «principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos». Las tres están recurridas ante el Supremo por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Entretanto, el TSJ ha dictado 20 autos aprobando medidas cautelares que suspenden la obligación de cursar EpC hasta que haya sentencia.

Aragón.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca reconoció a una familia el derecho de sus hijos a no cursar EpC como medida cautelar hasta la sentencia.

Asturias.

El TSJ ha emitido 23 sentencias iguales tras los recursos de otros tantos objetores. Deniegan la objeción por falta de pruebas sobre el contenido de la asignatura, pero, curiosamente, reconocen el derecho constitucional a la objeción de conciencia y la primacía del derecho educativo de los padres sobre el del Estado. Los padres han interpuesto recuso de casación ante el Supremo.

Cantabria.

En el TSJ hay 11 recursos contra el rechazo administrativo a solicitudes de objeción.

Castilla-La Mancha.

El TSJ recibió 90 recursos, pero se inhibió y dictaminó que el caso debían resolverlo los juzgados ordinarios de lo contencioso, por lo que los padres tienen que volver a empezar el proceso ante ellos.

Cataluña.

El TSJ rechazó admitir los recursos por vía de protección de derechos fundamentales que está recurrido ante el Supremo.

Comunidad Valenciana.

El currículum está recurrido ante el TSJ por el Ministerio de Educación. El Gobierno, junto a los sindicatos y la asociación de padres Ceapa, también ha recurrido la orden de desarrollo de la asignatura. CCOO ha llamado a la desobediencia en algunos institutos contra la impartición de la asignatura en inglés.

Extremadura.

Ayer se presentaron 14 recursos por la denegación administrativa.

La Rioja.

Varios recursos presentados y petición de medidas cautelares, aunque sin respuesta aún.

Navarra.

Varias decenas de recursos ante el Tribunal Superior, que denegó la suspensión de cautelar de la obligación de cursar la asignatura.

Otras.

En País Vasco, Madrid, Murcia, Castilla y León, Baleares, Galicia, Ceuta y Melilla no consta el inicio de acciones judiciales, según la fuente citada.

En total, en toda España se han presentado 41.107 objeciones ante las administraciones autonómicas, aunque la gran mayoría son de alumnos que deben cursar la asignatura del curso que viene en adelante. De las comunidades gobernadas por el PP, sólo tres de ellas reconocen las objeciones, en contra del criterio reiterado por la directiva nacional. Las asociaciones piden coherencia.