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EN LAS REUNIONES CELEBRADAS EN GINEBRA TRAS EL ATENTADO DE LA T-4
El Gobierno ofreció a ETA instituciones comunes entre el País Vasco y Navarra

Se creará un órgano institucional común entre el País Vasco y Navarra. Se modificarán los estatutos de ambas comunidades, de modo que los dos corpus legislativos cedan competencias, acordadas previamente, a la institución común de las dos autonomías. Y se creará una comisión interparlamentaria, compuesta por un número paritario de representantes cedidos por ambos parlamentos autonómicos, con el fin de administrar y gestionar los contenidos estatutarios asumidos.

El órgano institucional común tendrá capacidad ejecutiva y de propuesta legislativa. Todo ello, siempre y cuando así lo decidan los ciudadanos vascos y navarros. Respecto al País Vasco francés, el asunto deberá quedar resuelto con la creación de una eurorregión.

Esta fue la oferta que hizo el Gobierno a Batasuna-ETA en la mesa doble que se creó en Ginebra en mayo de 2007, meses después del atentado de la T-4.

Los enviados del Ejecutivo intentaron con esta propuesta de interrelación vasco navarra recuperar el proceso de negociación que había sido reconducido por la banda en su interés con el coche bomba colocado en el aeropuerto de Barajas, y trataron de evitar así futuros atentados. Pusieron encima de la mesa buena parte del acuerdo al que se había llegado en el Santuario de Loyola en los meses anteriores y que fue rechazado in extremis por Batasuna por orden de la banda terrorista. En esta ocasión, sin embargo, el interlocutor, de facto, fue la organización, dado el sistema que se empleó para sustanciar dichos encuentros.

Zapatero: «Con ETA hablamos de política»

A estas circunstancias hacía alusión el presidente del Gobierno cuando en la entrevista concedida a este periódico el 13 de enero reconoció que «con ETA hablamos de política, pero no hicimos ninguna concesión política a ETA». Efectivamente, una vez más, Batasuna y la organización terrorista rechazaron la propuesta del Ejecutivo, que sufrió todo tipo de formulaciones erróneas por parte de los intermediarios. No en vano, se trataba de miembros del Sinn Fein y mediadores que en el conflicto irlandés allanaron el camino en nombre del Gobierno británico, que, o bien tenían interés en favorecer a la izquierda abertzale, o bien desconocían el problema vasco en toda su profundidad.

El desenlace del proceso de negociación se gestó con mayor claridad a mediados de 2006. Aproximadamente en el mes de julio, en la cúpula de ETA hubo un debate interno como consecuencia del cual las tesis de Josu Ternera fueron desplazadas por las de López Peña, Thierry, que asumió la totalidad del comité ejecutivo de ETA, incluido el hasta entonces número uno de la banda, que se vio relegado en posteriores reuniones con el Gobierno. El Ejecutivo había incumplido, las negociaciones de la mesa de partidos políticos no avanzaban lo suficiente y había que presionar y radicalizar las posturas: ése era el nuevo argumento de la dirección etarra, que hacía apenas cuatro meses que había anunciado la tregua.

Quienes conocieron las entrañas de la preparación de la tregua están convencidos de que lo que se produjo fue un cambio de opinión radical. Jesús Eguiguren aseguraba recientemente en una entrevista que, a pesar de que «las bases» del proceso fueron «sólidas», a la banda «le entró un vértigo enorme a la hora de decir adiós a las armas». Los expertos antiterroristas creen que ETA, y la izquierda abertzale en general, siempre juegan, desde el principio, con dos barajas: realizan un anuncio como el de Anoeta con posibilidades para la interpretación polisémica y, después -si no han manifestado expresamente su intención de abandonar la violencia-, van eligiendo el camino moderado o el radical, según su propia conveniencia. Esto es lo que pudo ocurrir. El mismo Eguiguren reconocía en dicha entrevista que «uno tiene tantas ganas de que la cosa salga bien que quizá se llega a cegar un poco por el voluntarismo».

Sea por lo que fuere, porque la dirección etarra comprobó que incumplir su compromiso de no perpetrar actos de terrorismo callejero, o no extorsionar al empresariado, no tenía consecuencias negativas en el proceso; porque llegó a la conclusión de que podía exigir más, o por cualquier otro motivo, el hecho es que ETA lanzó su comunicado de mediados de agosto de 2006 alegando que el proceso estaba en «crisis».

Su radicalización no fue una mera apariencia porque, en aquel momento, las Fuerzas de Seguridad tuvieron constancia de que los representantes de Batasuna, con Arnaldo Otegi al frente, habían cruzado la frontera para recibir instrucciones. Y las instrucciones de ETA fueron, ya entonces, inequívocamente, muy negativas.

El Gobierno, previo pacto con Batasuna, intentó arreglar la situación de crisis anunciando un preacuerdo con la formación ilegalizada que incluía la ineludible incorporación del PNV. El propio Otegi fue el encargado de publicitar la nueva fase a finales de agosto dado que se consideró conveniente, por motivos varios, que pareciese una iniciativa suya.

Imaz a Otegi: «No negociamos con una pistola en la sien»

Así, se convocaron las reuniones del santuario de Loyola que constituyeron en realidad la verdadera mesa de partidos destinada a abordar todas las cuestiones políticas pendientes, dado que participaban en ella las únicas tres formaciones imprescindibles para que este asunto prosperase -PNV, PSE y Batasuna-. Estaba claro que cualquier acuerdo al que llegasen en esas rondas preparatorias iba a prosperar en la futura mesa oficial, donde el resto de los convocados solo podría, en realidad, ratificar lo ya establecido. Conscientes de ello, abordaron diferentes fórmulas para plasmar el derecho a decidir y la posibilidad de vincular institucionalmente el País Vasco y Navarra. Estaba previsto que el acuerdo fuese firmado el 25 de octubre. Sin embargo, tampoco esa iniciativa satisfizo a ETA.

Tras varios encuentros, la reunión convocada el 15 de octubre en el santuario dejó claro quién mandaba en el mundo radical y preludió lo ocurrido después. Por Batasuna acudieron Arnaldo Otegi y Rufino Etxebarria (a veces los radicales incorporaban a un par más de los miembros de las mesas de negociación como Olatz Danobeitia o Arantza Santesteban). Por el PNV, Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu. Y por el PSE, Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares (en alguna ocasión estuvo el portavoz en el Parlamento vasco, Antonio Pastor). En los encuentros anteriores se había llegado ya a un acuerdo de funcionamiento y contenido de la citada mesa propugnada en el velódromo de Anoeta y se iba a anunciar su puesta en marcha oficial en un acto multitudinario que se iba a celebrar en el Kursaal bajo los auspicios de Iskaskuntza, la sociedad de Estudios Vascos. Se previó incluso asignar a dicha institución 1,2 millones de euros procedentes de los presupuestos con el fin de gratificar dicha escenificación. Pero Otegi llevaba otras órdenes.

Los dirigentes del PNV notaron cómo Rufino Etxebarria se mostraba avergonzado. Otegi se presentó más desafiante. Los dos protagonizaron una situación entre embarazosa y violenta cuando intentaron que recayera en el otro la responsabilidad de presentar la propuesta que traían en la cartera, fingiendo no encontrar los papeles. En realidad, eran los mensajeros de un ultimátum de ETA: o se aceptaba la creación de una autonomía única para el País Vasco y Navarra o todo iba a saltar por los aires.

En este punto fue Josu Jon Imaz, entonces presidente del PNV, quien intervino visiblemente enfadado para advertir a los miembros de Batasuna que no iban a permitir que impusieran su propuesta, la que fuera, poniéndoles «una pistola en la sien».

A la siguiente reunión con ETA, a mediados de diciembre, ya no asistió Ternera sino que estuvo presente Thierry. Los representantes del Gobierno no le conocían. De hecho, se trataba de un terrorista veterano, que siempre había estado en un segundo plano y al que las Fuerzas de Seguridad no habían dado excesiva importancia. Ahora era el jefe y el portavoz. Su presencia indicaba que se había roto el acuerdo por el que los interlocutores del proceso tenían que tener continuidad. Pero el enviado de Zapatero continuó con la reunión y tuvo que indagar a su vuelta al País Vasco sobre la identidad de su interlocutor.

Tony Blair y el Sinn Fein llaman a Zapatero

Los representantes del Gobierno salieron de aquel encuentro convencidos de que algo había salido muy mal. Los etarras habían puesto encima de la mesa su delicada situación al estar cerca las elecciones autonómicas, pero no era la primera vez. De hecho, desde que se iniciara el proceso, cada uno de los pasos había tenido su valoración electoral. Por eso hubo cierta preocupación cuando ETA, en vez de hacer pública la tregua en noviembre de 2005, como había quedado acordado, la retrasó hasta marzo de 2006. Y por eso se tenían en cuenta las fechas de la creación de la mesa de partidos. Al fin y al cabo, Batasuna estaba muy interesada en que se dieran las condiciones para ser legalizada y su aspiración no había sido sofocada, por el posibilismo general mostrado por uno de los hombres que se incorporó a las reuniones habidas tras el anuncio de la tregua, enviado directamente por el presidente.

Los etarras hicieron que se cumplieran los peores pronósticos, si bien aclararon que las muertes de Estacio y Palate fueron accidentales e involuntarias, y, sorprendentemente, del mismo modo que ocurriese años antes en el proceso de paz irlandés, con el atentado de la T-4 no vieron cómo se cerraban todas las puertas. Un importante miembro del Sinn Fein, secundado por los representantes de la Henry Dunant y por el ex primer ministro británico Tony Blair, llamó al presidente asegurando que los terroristas tenían una propuesta que hacer. El Gobierno podía haber decidido que los intermediarios actuaran como tales y canalizasen la oferta, pero prefirió no echar en saco roto todos sus esfuerzos y aceptó reanudar los encuentros con la banda.

En un chalé de las cercanías de Ginebra se reunieron los representantes de Batasuna, los del PSE, los enviados del Gobierno y los de ETA. Se trataba de formar dos mesas separadas -la de los aspectos técnicos con ETA y la de los aspectos políticos con Batasuna-, para que nadie pudiera afirmar que se había hablado de política con la banda terrorista, y fuentes del Ejecutivo sostienen que esta medida profiláctica se respetó. Pero todos eran conscientes de que se trataba de un subterfugio formal.

Hubo al menos cinco reuniones en tres viajes distintos. La banda insistió: quería la autonomía a cuatro solicitada en la fracasada reunión de Loyola por Otegi y Etxebarria. Pacientemente, el representante del Gobierno argumentó la imposibilidad de dar curso a esa propuesta porque era claramente inconstitucional, pero alegó que podían recuperarse algunos de los logros políticos alcanzados en las reuniones preparatorias de la fracasada mesa de partidos. Se podía avanzar, de otro modo.

ETA dijo 'no' una vez más tergiversando la realidad

Y esbozó de nuevo la propuesta en un folio: modificación estatutaria, formación de una comisión interparlamentaria etc, etc. Incluso estaba previsto desde el otoño anterior el proceso para sacar adelante esta cuestión. Esto es: el acuerdo político sería calibrado en las instituciones, traducido jurídicamente, ratificado por el Parlamento vasco, sometido a consulta a la sociedad y avalado por Madrid. Se pensaba llevar a cabo tal esfuerzo de consenso, que se pretendía conseguir que lo acordado fuera ratificado pero no discutido por las Cortes españolas. El Gobierno esperaba que la ejecución de todos estos puntos y de otros meramente técnicos -como todo lo relativo a huidos o presos- se sustanciase a lo largo de los 10 años siguientes, diluyéndose así su impacto inmediato, de modo que, además, a ETA le diese tiempo a interiorizar totalmente y escenificar, en definitiva, su final.

ETA rechazó la propuesta definitiva -formalmente lo hizo Batasuna porque la última reunión se realizó con sus representantes-, y después difundió en el diario Gara que había ofrecido dejar de matar pero que el Gobierno, en «su apuesta por prolongar el conflicto», no lo había aceptado. Tergiversó la realidad para no tener que reconocer ante sus bases que el Ejecutivo había puesto encima de la mesa un argumento de contenido político que en su día le pareció bien a Batasuna, pero que la organización no había querido aceptar porque sus intereses se habían decantado hacia la interpretación menos posibilista de las que se dieron sobre la oferta de Anoeta. Porque querían más, porque tenían miedo a dejarlo, por lo que sea...

La última reunión se produjo a principios de mayo. A partir de ahí, el comité ejecutivo de la banda impulsó la estrategia que ETA y Batasuna habían estado desarrollando desde la T-4 y que se resumía en el siguiente planteamiento: no fue ese atentado y los incumplimientos de la banda los que acabaron con el proceso -afirmó la organización-, son el PNV y el PSOE los responsables de que todo haya fracasado.

De ese modo ha justificado ETA los atentados contra la Ertzaintza y contra los socialistas vascos y ha insistido en el comunicado hecho público el pasado martes. Queda, no obstante, un rescoldo de todo aquel esfuerzo negociador. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, no se ha cansado de recordar que lo que se habló en Loyola puede seguir siendo válido. Y destacados socialistas vascos han sugerido que lo acordado allí, si cambian las circunstancias, podría ser la base para un acuerdo futuro.

ASPECTOS DE LA PROPUESTA

1. Modificación estatutaria. El planteamiento general incluía la reforma de los estatutos del País Vasco y Navarra. No es ésta una iniciativa novedosa. Zapatero la propuso en la campaña de las elecciones de 2004 para hacer frente al 'plan Ibarretxe' y los socialistas la han rescatado tras el anuncio de los referendos hechos por el 'lehendakari'.

2. Creación de un órgano común. Los vascos y los navarros decidirían qué parte de las competencias de los nuevos estatutos iban a ser cedidas. Con capacidad ejecutiva y de propuesta legislativa.

3. La interparlamentaria. Parlamentarios de las cámaras vasca y navarra pasarían a formar parte del nuevo órgano político de forma paritaria, es decir en número idéntico para ambas comunidades.

4. Decisión de vascos y navarros. Cada uno de estos pasos concretos sólo sería válido para ser adoptado por los representantes vascos y navarros, una vez realizadas las consultas a la ciudadanía.

PROCEDIMIENTO

1. El acuerdo político hubiera sido planteado en las instituciones vascas y navarras.

2. Se le habría dado forma jurídica siempre dentro del orden constitucional.

3. Hubiera requerido de la ratificación de ambos parlamentos.

4. Sería sometido a consulta popular en ambas comunidades.

5. Sería ratificado, pero no discutido, en las Cortes Generales.

EDITORIAL
SOLO EL MAXIMALISMO DE ETA SACO AL GOBIERNO DEL «PRECIPICIO»

CRISIS EN LA JUSTICIA
Bermejo consigue un acuerdo con los sindicatos pero exige que no se vote en referéndum

JOAQUIN MANSO

MADRID.- El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, alcanzó ayer un acuerdo con los sindicatos que incluye la exigencia de desconvocar inmediatamente la huelga, pero sin celebrar un referéndum. El pacto ha provocado la división entre las centrales, e incluso en el seno de UGT y CCOO. Sus cúpulas aceptaron, pero no sus delegados de Justicia, que apoyan la consulta.

Misión cumplida, pero con un punto de incertidumbre. Bermejo terminó ayer, tras 17 horas de reunión, de cumplir la orden que el jueves le trasladó Moncloa a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Para ello, la propuesta que hasta ahora había planteado a los sindicatos mejoró sustancialmente. Pero la exigencia de no someterla a la votación de los funcionarios provocó la ruptura definitiva de la plataforma sindical que negociaba con el Ministerio, e incluso un fuerte enfrentamiento entre la delegación de Justicia de CCOO y su propia Federación de Servicios de Administraciones Públicas (FSAP), en la misma línea que desde el jueves se produce en el seno de UGT.

Esto es: las cúpulas de estas dos centrales sindicales firmaron ayer el acuerdo con el Ministerio y desconvocaron la huelga, pero sus delegaciones de Justicia apoyarán la celebración de la consulta y la participación de sus bases. El emplazamiento formal a los trabajadores lo llevarán a cabo los otros dos integrantes de la plataforma negociadora: el Sindicato de Funcionarios (CSI-CSIF) y el de Trabajadores de las Administraciones Públicas (STAJ), que no ratificarán el pacto hasta que se conozcan los resultados, hoy mismo por la tarde.

No obstante, es muy improbable que la nueva propuesta del Ministerio fracase, como lo hizo rotundamente la anterior, que nueve de cada 10 trabajadores rechazaron el pasado jueves. Los sindicatos convocantes reclamarán el voto para el sí, y la delegación de Justicia de CCOO se ha limitado a pedir la «participación masiva».

Y es que la oferta que ayer planteó el Ministerio es tan beneficiosa para los funcionarios que el portavoz de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, declaró que «si la hubiesen presentado hace un mes y medio, todo se habría acabado entonces», en la misma línea que el resto de representantes de la plataforma.

Los trabajadores de siete comunidades y de los órganos centrales (Tribunal Supremo o Audiencia Nacional, entre otros) iniciaron el 4 de febrero una huelga indefinida para reclamar su equiparación con los funcionarios de las autonomías que han recibido las competencias en materia de personal de Justicia. Pedían entonces un incremento salarial de 200 euros al mes con efectos en enero de 2008, que hubiese costado unos 30 millones de euros anuales al Ministerio: un 2% de su presupuesto para este año (1.523 millones).

El acuerdo alcanzado supone una subida salarial de 160 euros con efectos en enero de 2008 (desglosados en 80 pagaderos ya mismo con efectos retroactivos; otros 80 a partir de julio, y una paga única de 480 en enero de 2009). A ellos se añadirán otros 30 en julio del año que viene para completar un total de 190. El coste para el Ministerio en 2008 será de 18 millones de euros, aproximadamente. Es decir, que la negociación del ministro ha conseguido un ahorro de 12 millones, cifra que representa un 0,8% del presupuesto anual de Justicia, a cambio de tener durante dos meses los juzgados colapsados y de un prolongado perjuicio al ciudadano.

Descuentos en nómina

El Ministerio cumplirá, como había sido su posición inamovible desde el comienzo del conflicto, con su advertencia de descontar de las nóminas a los funcionarios cada día que hayan permanecido en huelga. Esa cantidad puede alcanzar los 2.500 euros en el caso de los trabajadores que hayan secundado los paros desde el primer día hasta el último.

El pacto incluye una serie de «medidas para restaurar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia», es decir, para recuperar los retrasos acumulados. Tendrán una duración mínima de tres meses, pero serán prorrogables en aquellos órganos más afectados por el colapso. En algunos, según fuentes judiciales y sindicales, no durarán menos de seis meses. Los trabajadores que participen, voluntariamente, recibirán una retribución de, al menos, 960 euros al trimestre, cantidad que puede verse sustancialmente incrementada cuanto más participen en ese plan de actuación. Muchos funcionarios tienen la intención de compensar así, trabajando incluso fines de semana, el dinero que se les descontará por la huelga.

El ministro dice que las cúpulas fueron «clave»

MADRID.- Fresco y radiante, sin aparentar el inevitable cansancio que debió acumular este fin de semana tras 17 horas de negociación, Mariano Fernández Bermejo compareció ante la prensa y no evitó referirse a la división que el acuerdo alcanzado ayer, y el punto concreto de someterlo a referéndum, ha provocado entre los sindicatos. Antes bien, destacó el papel «clave» que, a su juicio, ha tenido la participación en la mesa de negociación de las cúpulas de UGT y CCOO, para «recuperar la confianza» en esas organizaciones, que habría perdido por la forma de negociar de sus delegaciones de Justicia.

Más en concreto, por la manera en que convocaron a los trabajadores para el referéndum del pasado jueves, que ayer el ministro insistió en deslegitimar. Según dice, sólo se dejó participar a los funcionarios que habían secundado la huelga.

Bermejo calificó de «magnífico» el acuerdo alcanzado y afirmó que «nadie sale de aquí con cara de ganador o de vencido». El ministro reconoció que había «intercambiado posturas» con la vicepresidenta y que había estado en contacto permanente con el ministro de Economía, Pedro Solbes. Destacó que el pacto estaba vinculado a la aplicación de mejoras en la Oficina Judicial (entre otras, referidas a su informatización) y al control horario para evitar el absentismo. En definitiva, para un mejor servicio público.

Los firmantes del acuerdo, los secretarios generales de Servicios Públicos de CCOO y UGT, Miguel Segarra y Julio Lacuerda, respectivamente, justificaron su postura en la necesidad de poner fin a un conflicto que estaba perjudicando de forma muy importante a los ciudadanos.

Lacuerda fue el más duro, ya que aseguró que, si acabase celebrándose la consulta, no reuniría las «mínimas garantías de veracidad». «Lo que no se puede hacer, una vez metido en el ajo, es no saber cómo salir. O no representaban nada u hoy han demostrado que representaban menos de lo que creían representar», sostuvo. En la calle, un grupo de funcionarios increpó a los dos representantes de las cúpulas de las centrales.

El coordinador estatal de Justicia de CCOO, Javier Hernández, manifestó sus «dudas» sobre la forma en que el Ministerio había alcanzado un acuerdo con la cúpula de su propio sindicato. Así, dijo que Segarra había firmado en su nombre y contra el criterio de la delegación del sector. Criticó la «actitud arrogante» y «antidemocrática» de su superior, y señaló que cumplirá con el compromiso asumido con los trabajadores de someter el pacto a referéndum.

Juan Antonio Martín, de CSI-CSIF, y Herminia Ruiz, de STAJ, pidieron la dimisión de Bermejo por no aceptar la consulta y puentear a los sindicatos representativos del área de Justicia. En las elecciones sindicales, CCOO obtuvo un 40% de delegados; CSI-CSIF, más del 30%; UGT, alrededor del 15%, y STAJ, un 12%.

EDITORIAL
BERMEJO ES «EL VENCIDO»


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LA RENOVACION EN EL PP
Granados quiere que en el congreso del PP se analicen las causas de la derrota electoral

El secretario general de Madrid considera una falta de respeto que se diga que todo está ya atado Villalobos dice que en nombre de Aguirre «hablan demasiados» y que debería «quitarlos de en medio»

MADRID.- El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, pidió ayer que el XVI Congreso Nacional del partido no se convierta en un «mero trámite» y apostó por aprovechar esa cita congresual para debatir por qué su fuerza política perdió las elecciones generales del 9 de marzo.

En declaraciones a la Cope recogidas por Efe, Granados consideró «una falta de respeto» que se diga que el congreso, que se celebrará en Valencia del 20 al 22 de junio, está atado y que todo está decidido.

A su juicio, eso es faltar al respeto a los compromisarios que tienen que votar y también a los mecanismos del propio congreso, que «deben ser democráticos en el PP».

«Debe ser el congreso de la gran oportunidad para debatir sobre las ideas y principios del PP, y yo creo que esto es bueno para el partido y para España: profundizar en nuestros principios y debatirlos entre nosotros», abundó.

Tras admitir que en el PP hay gente «decepcionada» por los recientes nombramientos en el Grupo Parlamentario Popular, hizo especial incidencia en la necesidad de reflexionar sobre por qué su partido perdió las elecciones, algo que, a su entender, es lo que realmente quieren los afiliados.

Además, se mostró convencido de que, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, habló hace pocos días de «ruido frívolo», no se refería al partido en Madrid, que «es el que más votos ha aportado» en los pasados comicios. «No ha habido nadie que haya trabajado más que nosotros», añadió, antes de hacer especial mención a que la presidenta del PP madrileño y de la comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, es fiel a sus principios liberales.

Unos principios que Aguirre tendrá la oportunidad de exponer hoy, en una conferencia en la que, según Granados, también hablará de la situación que se ha creado después de las elecciones generales.

Por su parte, la ex ministra del PP y actual diputada en el Congreso Celia Villalobos aseguró que Esperanza Aguirre jugará un papel importante «en el presente y en el futuro del partido», y que será conforme con su decisión personal. No obstante, censuró que cierto entorno hable en representación suya y le aconsejó «quitarse a algunos de en medio que hablan en su nombre para sacar provecho». «Con Aguirre ocurrirá lo que quiera ella. Es una gran presidenta, le tengo un enorme respecto y cariño. Jugará un papel importante en el presente y en el futuro del PP. En nombre de ella hablan demasiados. A lo mejor algunos deberían hablar menos», aseguró Villalobos en una entrevista con la Cadena Ser.

Además, la actual diputada por Málaga afirmó que el PP no necesita ninguna persona carismática que adopte la actitud de «salvar la vida» al partido de cara a su congreso nacional, sino gente «eficaz», como el actual presidente, Mariano Rajoy. «La gente del PP no queremos salvadores de la patria, los tuvimos en la historia de España y más vale que los olvidemos», apostilló.

Villalobos mostró su apoyo a la actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, y negó que le falte experiencia para desarrollar su cargo adecuadamente o que carezca de «colmillo retorcido». «Quien se crea que porque tiene 36 años, mide 1'60 y sonríe es tontita se equivoca, como siempre cuando nos valoran a las mujeres», afirmó, quejándose así «de la visión tercermundista» que todavía tiene tanta gente sobre el papel de las mujeres.

CAMBIO DE CICLO
Los bancos podrán obligar a las familias a hipotecar otros bienes si el precio de su vivienda cae un 20%

JUAN EMILIO MAILLO

MADRID.- La delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario hace que algunos de los ciudadanos que compraron su vivienda en la parte más alta del ciclo, en la primera mitad del pasado año, se encuentren ahora con que su vivienda vale menos de lo que pagaron por ella. Y puede ser peor. El FMI auguró el pasado jueves que el precio de los pisos puede caer en España hasta un 20%.

En ese caso, y si la vivienda está hipotecada, el consumidor se puede enfrentar a la tesitura de estar pagando un crédito mucho más caro de lo que en realidad vale su piso. La tentación de dejar de abonar las letras es evidente y, ante esa situación, el Gobierno ha buscado garantías para el sector financiero.

Así, en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, se permite a las entidades financieras exigir al ciudadano que hipoteque otros bienes si el precio de la vivienda se reduce. La ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida. El decreto está sometido a consulta pública y su redacción no difiere en buena medida de la legislación hoy vigente. Sin embargo, entre los consumidores sorprende que el Gobierno «se ponga del lado de la banca» con una disposición que es un «atropello».

La redacción del decreto, aunque farrogosa en algunos puntos, es bastante comprensible: «Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza».

Es cierto que el precio de la vivienda, por el momento, no está cayendo de media en España -aunque el FMI augura que el descenso será de entre el 15% y el 20%- pero sí se aprecian ya descensos en ciertas zonas del país, en las que el boom urbanístico ha sido más intenso.

Es el caso de muchas zonas de la costa levantina, del litoral andaluz o del extrarradio de las grandes ciudades, donde hace un año se pagaron precios que hoy son impensables.

A eso se une otro problema. Las tasaciones, que ahora se ajustan notablemente al valor real, han estado en España durante muchos años infladas. Era la época en que se creía que los pisos valían mucho más de lo que ahora se evidencia. Ese hecho sirvió para que el volumen de los préstamos fuese más alto sin necesidad de que los bancos tuviesen que provisionar cantidades adicionales.

La ley limita al 80% del valor de tasación el importe del préstamo que se puede conceder con cargo a una vivienda. Si el valor de la tasación es mayor, el cliente recibe más dinero y el banco cobra más en intereses. La legislación también permite llegar al 95%, como límite máximo, en el caso de que existan «garantías personales adicionales», es decir, un aval, o «un seguro frente al impago». Se introducen exigencias más fuertes porque los bancos deben provisionar más fondos si rebasan el límite del 80%.

Muchos ciudadanos se podrán ver reflejados en realidades como ésta. Una casa comprada hace año y medio por 180.000 euros, para la que recibió un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000 euros.

Ese ciudadano puede encontrarse con que el banco decida hacer otra tasación de ese piso -curiosamente las entidades financieras suelen tener sus propias tasadoras- y que ésta arroje un resultado de 160.000 euros.

Dejar de pagar

El hipotecado se enfrentaría a la devolución de un préstamo de 190.000 euros más intereses, por una casa que vale 160.000. Ante situaciones similares producidas años atrás en países del entorno español, como el Reino Unido, muchas familias optaron por dejar de pagar la hipoteca.

Con una tasación inicial de 200.000 euros y una segunda de 160.000, la diferencia sería ya del 20% fijado en el decreto. La cantidad quizá se vea como una posibilidad excesiva, pero la distancia es de poco más del 10% sobre el valor real del piso (180.000 euros) cuando se compró, lo cual, en determinados puntos del país, ya se está produciendo.

¿Consecuencia? En función de este decreto, el banco o la caja de turno pueden obligar al cliente a hipotecar otros bienes, ya que su casa ya no cubre el valor de lo que está pagando por ella. ¿Y qué bienes se pueden hipotecar? La respuesta es otra vivienda o recurrir al aval, ya que el valor de otros objetos de cuantía, como puede ser un coche, se deteriora de forma mucho más rápida y no sería aceptada por la entidad financiera.

El decreto lleva fecha de 11 de marzo, apenas dos días después de las elecciones. Está sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de abril, tiempo suficiente para que el Ministerio de Economía reciba alegaciones y su responsable, Pedro Solbes, ya ratificado en el cargo, decida modificar este polémico punto.

La OCU lo considera un «atropello»

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que si esta norma sale adelante sería motivo de una «revolución social». La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, cree que es un «atropello a la sociedad civil» el que el Gobierno baraje normas de esta naturaleza.

«A los ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos, que pagamos cada mes nuestra hipoteca, quieren crucificarnos». Izverniceanu denuncia que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero «quiera salvaguardar a los bancos a costa de los consumidores».

«No podemos permitir que una norma así vaya adelante», señala la portavoz de la OCU. Sería «causa de revolución» y de «una huelga general».

La dirigente de la principal organización española de consumidores opina, en todo caso, que «sería recurrible» ante las autoridades el que la entidad financiera obligara a hipotecar más bienes por el hecho de que haya caído el valor de la vivienda. Eso sería una «modificación no pactada de las condiciones de un contrato» que en su día se firmó ante notario y que está depositado en el registro.

«No puede ser que, por una mala gestión de la crisis, los consumidores paguemos el pato» con medidas «aberrantes, inconstitucionales e ilegales», sentencia la portavoz de la OCU.

El tema es preocupante si se observa la deuda que los españoles mantienen para la compra de viviendas. Según los últimos datos del Banco de España, correspondientes al mes de enero, el dinero que las familias deben a las entidades financieras en hipotecas roza ya los 650.000 millones de euros.

Carla Bruni, por la libertad de Ingrid. /AFP

Miles de personas, incluida la presidenta argentina, Cristina Kirchner, se movilizan en la capital francesa por la liberación de Betancourt

RUBEN AMON. Corresponsal

Carla Bruni ha vuelto a desfilar. No con la altivez de una top model, sino como madrina discreta en la manifestación que ayer recorrió las calles de París a favor de la liberación de Ingrid Betancourt. La segunda primera dama le ha cogido el aire al puesto de consorte. También los franceses comienzan a reconocerse en el saber estar de Bruni. Un sondeo divulgado ayer en el diario Le Parisien la retrata unánimemente como una reina elegante, simpática y distinguida.

Razones y elogios que la tercera esposa de Sarko ha valorado para mezclarse en la turba y exigir la liberación de Betancourt. Con el gesto y con la palabra: «Me impresiona la reacción de la gente. Me impresiona la actitud de la familia de Betancourt. Es necesario que recupere la libertad lo antes posible. Y quiero decir que mi marido no renunciará jamás».

La concentración reunió a 5.000 personas. Bastantes menos de cuantas se desprendía de la emergencia humanitaria y de cuanto se deducía de la campaña televisiva que las cadenas habían orquestado en favor de la causa.

A cambio, se incorporaron a la marcha parisina invitados de relieve internacional inesperados. Por ejemplo, la presidenta Fernández Kirchner, cuyos atavíos funerarios -negro sobre negro- y bonete de aviadora desafinaron con la consigna oficiosa y catártica del uniforme blanco.

No desafinaron, en cambio, sus presiones verbales al presidente Alvaro Uribe. Kirchner le reprochó ayer implícitamente haber incurrido en el dogmatismo y la obstinación: «Quienes más esfuerzo deben hacer para la liberación de estos obstáculos son precisamente quienes tienen la responsabilidad de conducir las instituciones de la democracia y facilitar el canje humanitario. Los derechos humanos deben prevalecer sobre toda otra cuestión», declaró la presidenta argentina en la escalinata de la Opera.

Era el punto de partida de la manifestación. Y el púlpito improvisado donde tomó la palabra Lorenzo Delloye, hijo varón de Betancourt y portavoz de la desolación familiar. El muchacho tiene sólo 19 años, pero ni la edad ni el estado emocional le impiden hablar con la solvencia de un orador experto. «Libertad, libertad para mi madre, libertad para todos», jaleaba Lorenzo entre silencios y clamores. «Que estos gritos de libertad y de esperanza atraviesen el océano Atlántico y lleguen a oídos del presidente de Colombia y a los guerrilleros de las FARC», añadía el benjamín de Betancourt.

Le escoltaba respetuosamente Bernard Kouchner, el jefe de la diplomacia francesa y víctima recurrente de los periodistas. ¿Cómo va la misión en Colombia? ¿Se ha establecido contacto con la guerrilla? ¿En qué condiciones de salud se encuentra verdaderamente Ingrid?

La cautela diplomática y el hermetismo informativo no permitieron a Kouchner despejar las grandes cuestiones, aunque el ministro de Exteriores, abrigado como si fuera Navidad, prometió que la presión de Francia no se descompondría nunca: «No, no vamos a detenernos hasta liberar a Betancourt. Ya no existe vuelta atrás», aseguraba el ministro.

El optimismo contagió a los cantantes de un coro gospel que amenizó el desfile entre la Opera y la Asamblea Nacional, dos kilómetros partidos por el río Sena y decorados con los tres colores de la bandera de Colombia.

«Soy de Bogotá y vivo en París de camarera», explica la señora Patricia que luce una pegatina de Betancourt en la frente. «No podía quedarme en casa un día como hoy. He venido con mi madre y mis dos hijos porque esta manifestación es la última esperanza. Ingrid está muy mal».

La sensación de la agonía se compartía ayer en los corrillos del pelotón. Sobre todo después de haber trascendido el informe de un médico de las FARC que atribuye a la rehén franco-colombiana la maldición del paludismo. El contratiempo se añade al padecimiento de una hepatitis B, aunque la madre de la propia Betancourt, Yolanda Pulecio, negaba ayer desde Bogotá que la cautiva de las FARC padeciera alguna de estas enfermedades o estuviera enferma del hígado.

Las contradicciones también se observan en el ámbito político. Hugo Chávez y Nicolas Sarkozy parecen rivalizar en la tarea de adjudicarse la liberación, aunque el pesado silencio de la guerrilla colombiana demuestra que ambos presidentes se mueven con desorientación en la jungla.

«No hay tiempo que perder», concluía ayer Lorenzo Delloye. «Todos sabemos que mi madre se está muriendo y que le quedan solo unas semanas. Ahora o nunca», añadía el segundo hijo varón de Betancourt.

Carla Bruni-Sarkozy se apresuró a consolarlo. Le abrazó y le dio unos besos maternalmente. Una prueba de sensibilidad que puntúa más de cuantos elogios le comportaron su elegancia chez Isabel II.

elmundo.es Vídeo: Vea la marcha por las calles de París.