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TRAGEDIA EN HUELVA
El juez culpa a una funcionaria de la libertad del asesino de Mari Luz
JOSE A. CANO

SEVILLA.- En medio de un embrollo judicial de fechas, sentencias, órdenes no ejecutadas, búsqueda desesperada de cabezas de turco e incluso promesas poselectorales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó ayer un procedimiento de información sobre la actuación de Rafael Tirado Márquez, juez titular del Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla. Está en entredicho su papel en torno al retraso en la ejecución de la condena por abusos sexuales a su propia hija impuesta a Santiago del Valle García, detenido por su presunta implicación en la muerte de la pequeña Mari Luz.

En declaraciones realizadas ayer, Tirado se mostró «compungido» y defendió que «creía sinceramente» que Del Valle se encontraba cumpliendo la pena impuesta en 2002. Insinuó, además, que del retraso en su ingreso en prisión tuvieron gran parte de culpa los más de cinco meses en los que nadie cubrió el puesto de la funcionaria encargada del caso, que se encontraba de baja.

Según apuntó el magistrado, en ese periodo, la funcionaria sólo fue sustituida durante tres días. «Desde el 13 de enero de 2006, día en el que dicté un auto de no suspensión de condena y de cumplimiento de pena, hasta el día de ayer, nadie me dio cuenta del procedimiento», se justificó el juez, que pese a las declaraciones que hizo evitó comparecer ante los medios de comunicación, es de suponer que superado por el vendaval de búsqueda de culpables levantado en los últimos días, a raíz de la aparición del cadáver de Mari Luz y de la detención de Del Valle.

La funcionaria a la que se refirió Tirado habría cogido la baja el 30 de marzo de 2006 -mes y medio después de que el magistrado dictase el auto por el que denegaba la suspensión de condena a Del Valle por abusos a su hija- y la plaza no fue cubierta de nuevo hasta el mes de agosto, cinco meses después, a pesar de que «se había solicitado a la Junta de Andalucía suplir esa baja».

«Sólo nos mandaron a una persona para cubrir el puesto durante tres días», sentenció el juez, al tiempo que afirmó que dicha baja conllevó retrasos en más de 600 sentencias, de las que al menos 85 tienen pendiente alguna orden de búsqueda o averiguación de paradero. Además, aseguró que los funcionarios de su juzgado ya están recopilando información del caso para mandar al CGPJ copia de todas las actuaciones llevadas.

El máximo órgano de gobierno de los jueces guarda un antecedente judicial de Tirado, consistente en una multa de hace más de 10 años por retrasos en las diligencias a su cargo cuando ejercía en la localidad sevillana de Lora del Río. Hasta septiembre del pasado año, Rafael Tirado Márquez era presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía.

Responsabilidades

Actualmente, Del Valle tiene dos condenas pendientes de cumplir, que suman cuatro años y nueve meses de prisión, de dos juzgados sevillanos por abusos sexuales a su hija de cinco años y a otra niña de nueve.

En la cadena de rastreo de responsabilidades -medida que ya han exigido desde la consejera de Justicia en funciones de la Junta de Andalucía, María José López, hasta el jefe de la oposición, Javier Arenas- hay para todos, incluida, la Junta.

El presunto retraso, según los datos entregados por Tirado al CGPJ, abarcaría también a la Fiscalía sevillana, que el 9 de octubre de 2007 recibió la notificación en la que el juzgado le informaba del paradero desconocido del acusado y hasta el pasado 19 de marzo de 2008 no respondió pidiendo que se dictase una orden de detención.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha terciado en el asunto considerando que esta clase de problemas, que «pueden volver a suceder», se deben principalmente a la saturación que sufren los juzgados, estimando que cada uno tiene «vivas» casi 600 ejecutorias y «una sola persona no puede tener absoluto control de todo». Los supuestos delitos posteriores a aquellos por los que se condenó a Del Valle «no se pueden achacar a ese retraso, porque si se hubiera actuado con la celeridad requerida, ya estaría en libertad», añadió.

El decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, sostuvo que «no es justo» lapidar al juez y «focalizar en su persona la responsabilidad en este desafortunado asunto», ya que se trata de un fallo de conjunto, «un cúmulo de dilaciones, omisiones y carencias funcionariales que resulta lamentable».

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Una hermana del pederasta denuncia que abusó de ella cuando era niña

Catalina del Valle relata su drama y describe los intentos de Santiago de acercarse a su sobrina Varios vecinos agreden a otro de los hermanos

DAVID YOON

HUELVA.- Catalina del Valle García, de 35 años y hermana de Santiago, acusado de la muerte de Mari Luz, aseguró ayer a EL MUNDO que sufrió abusos sexuales de su hermano pederasta cuando tan sólo tenía cinco años, precisamente los mismos que la pequeña de El Torrejón. Era tan sólo una niña, «y con esa edad estas cosas se recuerdan».

Catalina agregó: «Entonces me callé, y cuando se lo dije a mi madre no pasó nada, porque era un tema tabú en aquella época». Santiago tiene ahora 43 años, por lo que saca ocho años a su hermana: el pederasta tenía 13 años cuando presuntamente abusó de ella.

También afirmó Catalina del Valle que «durante 15 años o más la familia perdió el contacto con Santiago». Hasta que llegó una carta del pederasta. En la misiva, Santiago pedía a Rosa -la hermana encarcelada con él en la actualidad- si podía regresar a Huelva y vivir con ella en la casa de su madre. Argumentaba que estaba viviendo en una chabola en muy malas condiciones en Sevilla. Rosa aceptó.

Cuando volvió, Catalina destaca que en un encuentro que mantuvo con su hermano, Santiago tuvo mucho empeño en invitar a su hija, de nueve años, «a su casa a tomar un refresco». La niña se negó una y otra vez, pero Santiago «insistía», hasta que su hermana dijo «basta».

Sobre el caso Mari Luz, Catalina del Valle afirmó que durante el tiempo que estuvo desaparecida la pequeña de cinco años, agentes policiales se presentaron en su casa, en la localidad de Cartaya (Huelva), para preguntarle por el paradero de su hermano. Nadie lo sabía. Incluso llegó a hablar con el abuelo de Mari Luz en más de una ocasión. «De repente, perdimos todo contacto con Santi, lo que nos hizo sospechar aún más», afirmó. Y con todo el desenlace del caso, lo único que puede concluir Catalina del Valle es que se lo podía esperar de su hermano, pero nunca que su hermana Rosa «estuviera implicada en la muerte de la niña».

También ayer, volvió a evidenciarse que la tensión no se relaja en el barrio de El Torrejón. Uno de los hermanos del presunto asesino de Mari Luz fue agredido, en vivo y en directo, mientras efectuaba declaraciones al programa de Telecinco El Buscador. Tras ser evacuado del lugar por la Policía, fue atendido de heridas de escasa consideración. Que se sepa, ninguna relación tiene el entrevistado con los luctuosos sucesos en los que ha participado su hermano, más allá del vínculo familiar.

Apenas había comenzado a hacer declaraciones en plena calle, cuando el hermano del pederasta fue reconocido por un grupo de vecinos, que le increpó, e inmediatamente después fue golpeado por la espalda por uno de ellos. La víctima reaccionó empujando al agresor, que fue defendido por otras cinco personas que se encontraban presenciando la grabación.

El periodista trató de mediar en la pelea, aunque su tímido intento resultó del todo inútil, pues cada vez iban llegando más vecinos para golpear al hermano del pederasta, que fue empujado contra un coche aparcado en el lugar, junto al que perdió el equilibrio. En el suelo, los agresores continuaron golpeándole con saña.

El hermano de Santiago del Valle se vio obligado a buscar refugio en un edificio hasta que llegó una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes intervinieron para poner fin a la paliza y protegieron al agredido, al que condujeron hasta un alojamiento adecuado, aunque no practicaron ninguna detención.

El pasado miércoles, otro de los hermanos de Santiago del Valle, también vecino de El Torrejón, estuvo a punto de ser linchado en plena calle después de que se difundiese el falso rumor de que estaba implicado en la desaparición y posterior asesinato de Mari Luz, y que incluso se encontraría imputado judicialmente.

Ayer se conoció también que parte de la familia Del Valle tiene un extenso historial en los servicios sociales andaluces, expresivo de personalidades conflictivas. Además, Rosa del Valle, la hermana imputada y encarcelada por el asesinato de Mari Luz, denunció a otro de los hermanos por haberla agredido, produciéndole lesiones de diversa consideración.

El Gobierno admite que se trata de un 'terrible y trágico error judicial'

MARISA CRUZ

MADRID.- El Gobierno en funciones aseguró ayer, por boca de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que «todo el peso de la ley caerá sobre los responsables del gravísimo, terrible y trágico error judicial» que finalmente se ha saldado con la vida de la niña Mari Luz Cortés.

Ayer, prácticamente toda la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros giró en torno a este caso de pederastia y asesinato que ha conmocionado a la opinión pública.

La vicepresidenta no quiso poner en ningún momento paños calientes. Sus expresiones fueron durísimas. En sus palabras no hubo lugar para eximentes, justificaciones o rodeos. Afirmó desde el primer momento que lo ocurrido es «muy grave», que se «exigirán responsabilidades hasta el final» y que el Gobierno «respaldará cuantas medidas proponga la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial», que ya ha abierto una investigación para esclarecer la cadena de fallos que han conducido a «una tragedia». La vicepresidenta ni siquiera descartó la hipótesis de que, al final, las responsabilidades incluso tengan vertiente política.

De la Vega fue cuestionada acerca de la posibilidad de que el Gobierno que se constituirá en un par de semanas estudie el endurecimiento de las penas que se aplican a los delitos de violencia sexual contra menores de edad. Se le planteó incluso la idea del establecimiento de la cadena perpetua con revisiones judiciales periódicas.

La vicepresidenta optó por dar prioridad a la investigación ya iniciada y garantizar que el actual sistema judicial «funciona sin fallos». Sólo después, en su opinión, podrían analizarse medidas de reforma ya sea del sistema penal, judicial o policial.

De la Vega aseguró, no obstante, que el Gobierno está dispuesto a abrir «todos» los debates políticos necesarios sobre los temas que preocupan a la sociedad para, dijo, «buscar soluciones». Aun así, insistió en que no es partidaria de que, «al hilo de hechos gravísimos como éste, se propongan de inmediato reformas penales».

«Todo parece indicar», dijo, «que se trata de un terrible y trágico error judicial, y lo primero es esclarecerlo hasta las últimas consecuencias».

De la Vega pidió «serenidad y sosiego» a los ciudadanos que, dijo, «deben confiar en el Estado de Derecho pese a que en algunos casos se produzcan situaciones como ésta».

«La primera obligación del Gobierno, lo primero y más importante, es que hagamos funcionar el sistema judicial, porque no ha funcionado», reconoció, para a continuación añadir: «Hay que empezar por trabajar de forma inmediata para que una tragedia de este calibre nunca más vuelva a ocurrir».

En su opinión, «el Estado no se puede permitir estos fallos del sistema», por lo que primero hay que dar garantías del funcionamiento correcto del mismo para, después, analizar cómo se puede mejorar, «con prudencia y de forma serena».

Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, avanzó que una de las primeras iniciativas que presentará en el Congreso será una reforma del Código Penal para agravar las penas en los delitos contra la libertad sexual de menores, una reforma que, según explicó ayer, está incluida en el programa con el que concurrió a las elecciones.

En concreto, las propuestas del PP se incluyen en los puntos 447 y 450 de su programa, que contemplan un endurecimiento de penas y medidas de control sobre quienes cometen este tipo de delitos sexuales y son puestos en libertad.

Rajoy calificó el caso de Mari Luz como «verdaderamente dramático», y coincidió con la vicepresidenta al asegurar que en esta ocasión «todo apunta a que los mecanismos de la Justicia no han funcionado».

ESPAÑA
La Generalitat proclama que la grave sequía causa una 'emergencia nacional'

La Generalitat catalana ha calificado de «emergencia nacional» la grave sequía que padece esa comunidad.

DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- La Generalitat catalana ha calificado de «emergencia nacional» la grave sequía que padece esa comunidad. La palabra trasvase, maldita pero inevitable, ha provocado el enfrentamiento con el Gobierno, que debe autorizar la «captación puntual» de agua del Segre para abastecer el área de Barcelona.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ya dijo ayer que no piensa hacerlo. Pero el Ejecutivo catalán también se ha buscado problemas con los agricultores, con los ecologistas y hasta con la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans, que ayer confirmó que, diccionario en mano, lo que se quiere hacer con el Segre es sin duda un trasvase.

Consciente de que su oposición al trasvase del Ebro que propuso el PP sigue en la memoria de los votantes, el PSOE no quiere oír hablar de la propuesta catalana. El Segre es afluente del Ebro, así que De la Vega mostró la clara hostilidad del Gobierno a la idea de la Generalitat cuando dijo que «ni hay ni habrá trasvase» desde ese río.

El pánico a que la consigna antitrasvase Lo riu és vida vuelva a resonar en las calles de pueblos y ciudades de Cataluña, esta vez contra los socialistas, ha puesto muy nerviosos a los consejeros de la Generalitat. En especial al de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, que acumula actuaciones cuestionables desde que la sequía se convirtió en noticia. Fue Baltasar quien ayer habló de «emergencia nacional».

El consejero intentó primero esquivar en sus comparecencias hablar sobre el transporte de agua entre el Segre y el Llobregat que la Generalitat llevará a cabo en otoño si persisten los problemas de abastecimiento. Cuando unas estacas aparecidas en Lérida delataron las intenciones del tripartito, Baltasar se negó a hablar de «trasvase» y prefirió «captación puntual». Ayer siguió adentrándose en el berenjenal cuando propuso una «cumbre» entre el presidente catalán y Artur Mas sin consultar a José Montilla, que le desautorizó horas después.

Al final la reunión se celebrará, pero ni Montilla ni Mas tomarán parte en ella. El presidente catalán dispuso que sea el propio Baltasar, por parte de la Generalitat, quien acuda, y CiU enviará a su portavoz parlamentario, Oriol Pujol, y al diputado Ramon Espadaler.

El área metropolitana de Barcelona también prepara medidas para apuntalar el trasvase. La Entidad de Medio Ambiente, que agrupa a 33 municipios de la provincia de Barcelona, anunció que multará con hasta 3.000 euros el despilfarro de agua, por ejemplo para llenar una piscina de más de 300 metros cuadrados. El uso de agua potable para lavar el coche se sancionará con 30 euros, y el riego de jardines se castigará con entre 50 y 1.500.

Mientras Montilla aseguraba que con el trasvase la Generalitat sólo quiere cubrirse las espaldas por si se produce «el peor de los escenarios», el principal sindicato de agricultores catalanes, Unió de Pagesos, ya ha anunciado que se plantea movilizaciones, y también las plataformas que se crearon contra el Plan Hidrológico Nacional del PP. La Federación de Ecologistas de Cataluña advirtió ayer de que, si el trasvase se lleva a cabo, denunciará a la Generalitat ante la Fiscalía de Medio Ambiente.