EDITORIALES: Espantoso error judicial/ Europa apuesta por la energía nuclear/ Bermejo provoca a sus funcionarios/ Gescartera, un fallo justo que no ac

EDITORIALES DEL DÍA
ESPANTOSO ERROR JUDICIAL

El asesinato de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que desapareció en Huelva el pasado mes de enero, ha conmocionado no sólo a la pequeña población donde vivía, sino a toda España. Los padres de Mari Luz y todos sus vecinos denunciaron su desaparición de forma incansable. La ejemplar entereza del padre de la niña, aun después de saber que su hija había sido asesinada, ha asombrado a todos los españoles. Al margen del espanto que produce el asesinato de una niña, los detalles del historial delictivo del presunto criminal vuelven a ser piedra de escándalo, ya que Santiago del Valle tenía que estar cumpliendo condena desde 2006, cuando la Audiencia de Sevilla emitió sentencia firme, por un delito de abusos sexuales cometido contra su propia hija, cuya custodia les fue retirada a él y a su mujer, también autora de los hechos según la sentencia. Una desgraciada serie de errores judiciales, negligencias y retrasos permitió que el presunto asesino no sólo no estuviera en la cárcel, sino que se instalara en una vivienda cercana a la de Mari Luz, dejando tras de sí un reguero de menores víctimas de sus abusos sexuales.

Santiago del Valle -que sufre esquizofrenia, por lo que incluso su abogado pidió su ingreso en un centro psiquiátrico- tiene pendientes de cumplir dos condenas que ascienden a cuatro años y nueve meses de prisión por abusos sexuales a su hija, que tenía cinco años en el momento de los hechos, y a otra niña de nueve años. Fue condenado en 2002 y 2004 por dos juzgados sevillanos, aunque logró eludir su ingreso en prisión. Pero es que en 2006, fue detenido en Gijón por un presunto delito de acoso sexual contra una menor de 13 años, por lo que un juzgado dictó orden de alejamiento de la joven. El Juzgado de Sevilla no cursó la orden de busca y captura ni la Fiscalía se interesó por la ejecución de la condena, por lo que su detención en Gijón tampoco sirvió para localizarlo y encarcelarlo.

Algunas personas esperaban ayer al presunto asesino frente a los juzgados pidiendo tomarse la Justicia por su mano. Es evidente que tales comportamientos no deben ser tolerados. Pero no es menos evidente que alguien tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades por este escandaloso y monumental error judicial que ha desembocado en un asesinato. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación y hay que esperar que se depuren todas las responsabilidades, porque éste es un caso paradigmático a la hora de preguntarse por qué los ciudadanos confían poco en la Justicia.

GESCARTERA: UN FALLO JUSTO QUE NO ACLARA A DONDE FUE EL DINERO

La Audiencia Nacional dictó ayer un castigo justo y ejemplar para Antonio Camacho y los principales ejecutivos de Gescartera, pero no aclara en su sentencia a dónde fueron los 88 millones de euros defraudados por esta sociedad de valores.

La sanción más dura ha recaído sobre Camacho, dueño de Gescartera, condenado a 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental. Pero también sus dos más cercanos colaboradores, José María Ruiz de la Serna y Francisco Javier Sierra, tendrán que cumplir penas considerables. A Pilar Giménez Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda, se le imponen tres años de cárcel por su responsabilidad indirecta en la gestión.

Según la sentencia, los tres ejecutivos actuaron de forma coordinada para vaciar los fondos que les habían confiado sus clientes: «Colaboraron para mantener una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y los valores invertidos», concluye gráficamente el fallo de la Audiencia Nacional.

El saqueo que describe la sentencia se produjo mediante un complejo sistema de ingeniería de operaciones ficticias, en las que existían cuentas con falsos titulares y se generaban plusvalías o pérdidas para manipular la situación contable de la sociedad.

La resolución declara a Caja Madrid y La Caixa responsables civiles subsidiarios del perjuicio creado a los clientes, por lo que tendrán que responder de los 88 millones defraudados. La Audiencia considera que las dos entidades financieras contribuyeron al encubrimiento de dichas operaciones de Gescartera y de su verdadera situación financiera.

Hay que recordar que Gescartera fue intervenida en junio de 2001 tras una serie de inspecciones de la CNMV en las que se habían descubierto gravísimas irregularidades. En abril de 1999, la propia CNMV ya había detectado un desfase contable de 30 millones de euros, pero no hizo nada.

Como consecuencia de la laxitud en la actuación de la CNMV, de Hacienda y de las autoridades económicas, cientos de inversores perdieron sus ahorros. Entre ellos, la Mutualidad de la Policía, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, las Agustinas Misioneras y la ONCE, que llegó a ser accionista de Gescartera.

Siete años después de su intervención, la sentencia de la Audiencia Nacional ha castigado a los principales responsables del fraude y ha establecido la responsabilidad subsidiaria que permitirá recuperar lo perdido a los inversores, que ayer celebraron el fallo. Pero han quedado sin sanción las responsabilidades políticas de los altos cargos de la CNMV y de Hacienda, que no actuaron a tiempo para parar la bola de nieve que fue creciendo y que aplastó a quienes depositaron su confianza en unos desalmados.

Europa apuesta por la energía nuclear, ¿y España?

Tras una primera jornada de pompa y boato en Londres, los asuntos económicos y militares coparon ayer la agenda de Sarkozy en su viaje de Estado al Reino Unido. Y entre los acuerdos alcanzados por el presidente francés y el premier británico, Gordon Brown, destaca un plan conjunto para construir una nueva generación de centrales nucleares en suelo británico y exportar tecnología atómica de uso civil. Esta cooperación supone un importantísimo espaldarazo a la energía nuclear para afrontar dos de los desafíos más acuciantes que tiene Europa: su enorme dependencia energética y el cambio climático. Precisamente, uno de los factores que más influyen en el calentamiento global son las emisiones de CO2 y tres cuartas partes de éstas son causadas por el uso de energías no renovables. La atómica es, en cambio, una fuente energética limpia, que no emite gases de efecto invernadero. Además, la dependencia de la Unión Europea de importación de recursos -petróleo y gas, sobre todo- para asegurar su abastecimiento energético supera el 55%. Porcentaje que alcanza en España un alarmante 85%, con sólo el 17% de la energía eléctrica producida en las seis centrales nucleares que funcionan en nuestro país. Teniendo en cuenta, además, el desorbitado encarecimiento del petróleo, cuya cotización ronda los 100 dólares el barril, resulta ineludible afrontar un debate serio y valiente sobre la energía nuclear, sin la demagogia empleada por Zapatero la pasada legislatura. Toda la sociedad debe participar en una reflexión en torno a la necesidad de construir nuevas centrales, como ya se está haciendo en casi toda Europa. Porque hoy por hoy es imposible aumentar a gran escala las energías renovables, y hacen falta soluciones para garantizar el suministro y, a la vez, combatir el descalabro económico que supone pagar tan caro el petróleo.

Bermejo provoca a sus funcionarios

Justicia y sindicatos retoman hoy las negociaciones para buscar una salida a la huelga iniciada el 4 de febrero por parte de los 9.500 funcionarios no transferidos a las comunidades autónomas. El conflicto está teniendo un efecto muy negativo en el sistema judicial, que está virtualmente colapsado desde hace más de 50 días. El asunto es complejo y no tiene una fácil solución, pero el gran responsable de la falta de acuerdo se llama Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia. Está demostrando una absoluta ineptitud y una flagrante incapacidad para la negociación que ha exasperado a los sindicatos. Su última provocación fue descalificar a los huelguistas y amenazarles con sanciones y descuentos salariales. Los conflictos se resuelven con diálogo y con menos chulería que la mostrada por el ministro, que se ha negado a acudir a todas las reuniones para alcanzar un deseable acuerdo.