EDITORIALES: Cuando las elecciones se convierten en subasta/ El fascismo gubernamental se extiende por Galicia/ Rosa Díez plantea la Tercera Vía/Canon

EDITORIALES DEL DÍA
CUANDO LAS ELECCIONES SE CONVIERTEN EN SUBASTA DE PROMESAS

Conforme se acerca el inicio de la campaña electoral, los dos grandes partidos rivalizan en promesas, subiendo día a día la puja hasta que algunas de ellas resultan difícilmente sostenibles por su elevado coste económico.

Tras varias jornadas en las que las propuestas de Rajoy habían centrado la atención de la opinión pública, el PSOE contraatacó ayer con su programa de ayudas a las familias. Zapatero anunció en Toledo la elevación del nivel de ingresos para poder recibir las ayudas por hijo que concede la Seguridad Social. Hasta ahora sólo tienen acceso a ellas las familias con ingresos anuales brutos inferiores a 11.000 euros. El presidente del Gobierno prometió elevar el umbral hasta 15.000 euros para las familias normales y 20.000 euros para las numerosas, lo que permitirá extender esta prestación a 400.000 familias más.

Nada se puede objetar a esta iniciativa destinada a favorecer al estamento más pobre de la población, excluido de los 400 euros que Zapatero ha prometido devolver por contribuyente. El problema es que las actuales ayudas son tan bajas (300 euros por hijo al año) que probablemente hubiera merecido la pena aumentarlas antes que extenderlas a un mayor porcentaje de la población.

El presidente del Gobierno anunció también la ampliación del permiso de maternidad a partir del segundo hijo, la elevación de 8 a 12 años de edad de los hijos para tener derecho a la reducción de jornada y la extensión de la red de guarderías.

Ana Pastor, responsable de política social del PP, hizo público en Santander el programa del partido en materia de sanidad. La medida más relevante es la extensión de la atención buco-dental a toda la población española en el plazo máximo de ocho años, empezando por los menores de 18 años. Otras promesas electorales son la reducción del tiempo de espera para las operaciones a un tope de 30 días, una mejora importante de la medicina preventiva e incluso el compromiso de que las ambulancias no tarden más de 12 minutos en llegar hasta el domicilio de los enfermos graves.

También son iniciativas razonables e incluso necesarias, aunque la universalización de la atención buco-dental tiene un elevado coste económico y requerirá la contratación de miles de especialistas por parte de los sistemas autonómicos de salud.

Sería un ejercicio muy interesante cuantificar las propuestas de los partidos, pero la realidad es que tanto el PSOE como el PP han eludido hacer este cálculo porque son muy conscientes de que la financiación del conjunto de todas ellas es inviable, máxime si se rebajan los impuestos.

Por otro lado, los ciudadanos españoles conocen por experiencia la volatilidad de algunos compromisos electorales, que se repiten de forma machacona cuando se acercan las elecciones y luego se olvidan.

A pesar de este componente demagógico, las elecciones son un buen momento para calibrar la oferta de los partidos y analizar las soluciones que proponen. Ni todas las formaciones son iguales ni merecen la misma credibilidad, por lo que los ciudadanos deberían abrir bien los ojos y comparar lo que ahora prometen con lo que han hecho cuando gobernaban. Este sí que es un ejercicio interesante que podría servir para decidir el voto.

El nacionalismo violento se extiende a Galicia

María San Gil estuvo a punto de ser agredida ayer en Santiago de Compostela, a donde había acudido a pronunciar una conferencia en la Facultad de Económicas. Un grupo de estudiantes independentistas intentó boicotear el acto y después trató de pegar a la dirigente del PP, que fue insultada constantemente. En un gesto de dignidad, María San Gil se negó a salir por la puerta de atrás mientras medio centenar de energúmenos se abalanzaba sobre ella para agredirla. Lo primero que hay que señalar es la paradoja de que esa minoría radical y violenta se negara a escuchar a la líder del PP vasco en una Universidad, que teóricamente debería ser un templo de debate y libertad intelectual. La segunda -y más relevante- observación es que estas acciones de intolerancia que antes se producían solamente en lugares muy concretos del País Vasco se están extendiendo por toda España. La llama del independentismo violento está prendiendo también en Galicia, donde gobierna el PSOE con el BNG. Esta coalición está dando alas a esos radicales, que predican un discurso de odio contra todo lo español. De aquellos polvos vienen estos lodos. Nadie se puede llamar ya a engaño: lo que se está gestando -con la complicidad del Gobierno que preside Pérez Touriño- es una peligrosa deriva nacionalista que avanza con la inmersión lingüística y una política cultural excluyente que enfrenta a los gallegos con los ciudadanos del resto de España.

ROSA DIEZ PLANTEA LA TERCERA VIA

Con menos ruido del que seguramente a ella le hubiera gustado, la temperamental Rosa Díez dio ayer el pistoletazo de salida a su precampaña electoral. Tiene motivos para la queja la ex dirigente socialista vizcaína cuando denuncia las dificultades que encuentra para difundir las propuestas con las que Unión Progreso y Democracia pretende hacerse un hueco. Porque, si bien es cierto que su nuevo partido sólo tiene cinco meses de vida, no lo es menos que se trata de un caso especial: nacido como reacción a las vacilaciones del PSOE a la hora de mantener un discurso nacional y fiel a la Constitución, impulsado por un filósofo (Savater), liderado por una mujer, arropado por intelectuales como Buesa o Alvaro Pombo, y con arrestos para presentar candidaturas en todas las circunscripciones. Al vacío que le hacen los medios de comunicación que, no hace tantos años, le regalaban espacio cuando era azote del PP, se suman ahora las trabas que encuentra para obtener créditos con los que financiar la campaña.

Quizás la principal virtud de UPyD, al que Díez define como «nacional, constitucionalista, laico y progresista», es la de ofrecer una alternativa a quienes, desde posiciones de izquierda, consideran que puede y debe mantenerse un discurso rotundo en defensa de la unidad de España, sin privilegios de unos ciudadanos sobre otros por el hecho de residir en una determinada comunidad autónoma. IU abdicó de ese objetivo hace tiempo, cuando sus principales federaciones se convirtieron al nacionalismo; y el PSOE ha demostrado una deriva similar: ha pactado con formaciones independentistas y ha impulsado un nuevo Estatuto en Cataluña que ha sacudido los cimientos de la estabilidad territorial. En ese sentido, la reproducción del DNI de Rosa Díez, que será el cartel electoral de UPyD como símbolo de los derechos de todos los ciudadanos que el partido se propone defender, es un acierto. Y qué vamos a decir del lema -«lo que nos une»-, cuando es exactamente el mismo que nuestro periódico ha elegido y viene empleando desde primeros de mes para promocionar la colección de sellos 30 años de convivencia democrática, tan impregnada de esos lazos comunes, que desde el domingo ofreceremos a los lectores.

El sueño de Rosa Díez es obtener representación parlamentaria para evitar que los nacionalistas sigan condicionando la tarea de gobierno de los grandes partidos, sustituyendo a aquéllos como bisagra. Es una misión tan ambiciosa como difícil, frente a un panorama político dominado por dos grandes bloques, casi pétreos, que hoy parecen inamovibles. Pero también es un empeño admirable al que no podemos desear sino la mejor de las fortunas.

Una solución razonable para eliminar el canon

El presidente del Gobierno aseguró durante una entrevista en Cuatro que está «dispuesto» a cambiar el polémico canon digital cuando exista «una solución alternativa razonable» para proteger la creación artística contra el pirateo. Pero para encontrar esas soluciones es necesario buscarlas y es evidente que el Gobierno socialista no las ha buscado en absoluto. Otros gobernantes europeos, en cambio, sí están en ello. El Gobierno británico ultima un proyecto de ley para combatir la piratería y proteger los derechos de los creadores con una filosofía completamente distinta a la del canon. Si éste parte de la base de que todos los compradores de soportes audiovisuales son potenciales delincuentes que pueden dedicarse a la piratería, en el Reino Unido se castigará a quien descargue ilegalmente una película, una canción o un libro por internet. El Gobierno británico obligará a los proveedores de servicios de internet a desconectar a los clientes que incurran en esa práctica. La primera vez que lo hagan serán apercibidos, la segunda serán suspendidos durante un tiempo y en caso de reincidencia se quedarán sin conexión a la red. Después de un debate de muchos meses en el que han participado las discográficas, las empresas cinematográficas y los mayores proveedores de internet, el Gobierno británico ha decidido seguir la senda ya abierta por Francia. Aquí tiene Zapatero una solución, aunque puede haber otras, si es que quiere buscarlas de verdad.