Editoriales: VERA, POR FIN CONDENADO POR COMPRAR EL SILENCIO SOBRE LOS GAL/ Nuevo intento de coaccionar a la COPE / También pagó la SGAE

EDITORIALES DEL DÍA
VERA, POR FIN CONDENADO POR COMPRAR EL SILENCIO SOBRE LOS GAL

Tras un largo y accidentado proceso, la Audiencia Provincial de Madrid condenó ayer a Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad, y a su secretario personal, Juan de Justo, a penas de un año y seis meses de prisión por los pagos con dinero de los fondos reservados a los ex agentes José Amedo y Michel Domínguez. La Audiencia absuelve, en cambio, a Félix Hernando al considerar que «no ha quedado acreditado durante el juicio que supiera la finalidad de la entrega de los maletines» y que probablemente obraba obedeciendo las órdenes de sus superiores sin cuestionar sus instrucciones.

El tribunal considera probado que Rafael Vera ordenó pagos de fuertes sumas entre 1988 y 1994 con cargo a los fondos reservados para «garantizar el silencio de los dos procesados y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL». Esta decisión fue tomada por Vera «con pleno conocimiento» de la ilicitud del uso de fondos reservados para esta finalidad.

El fallo condena a Vera y De Justo, a los ex agentes Amedo y Domínguez y a sus esposas a devolver una cantidad superior a 260 millones de pesetas (más de 1,5 millones de euros). Gran parte de esa suma les fue entregada en Suiza en maletines a las mujeres de Amedo y Domínguez, mientras ambos permanecían en la cárcel por su implicación en los GAL.

La sentencia corrobora punto por punto las informaciones publicadas por este periódico, que reveló la entrega de los maletines, la identidad de las personas que viajaron a Suiza para encontrarse con las esposas de Amedo y Domínguez y las cuentas donde fue ingresado el dinero.

A pesar de todos estos abrumadores indicios, el juicio estuvo a punto de no celebrarse porque el sumario estuvo extraviado durante años, circunstancia que el tribunal ha tenido en cuenta para rebajar la pena a Vera y De Justo, para los que el fiscal pedía una condena sensiblemente superior.

Al margen de la cuantía del castigo, lo importante de esta sentencia es que prueba cómo Vera y otros altos cargos de Interior utilizaban sin ningún tipo de escrúpulo moral los fondos reservados para actividades delictivas o enriquecimiento propio.

En este caso, como establece la sentencia, Vera pretendía que Amedo y Domínguez no colaborasen con la Justicia y callaran lo mucho que sabían sobre la implicación de la cúpula de Interior en el montaje de los GAL.

Trece años después, estos hechos pueden parecer lejanos y casi inverosímiles, pero la realidad es que el Gobierno de Felipe González organizó una trama criminal para desarrollar una guerra sucia contra ETA. El tiempo ha dado la razón a este periódico, que tuvo que sufrir insultos, amenazas y presiones por contar una verdad que ha quedado establecida por los tribunales con importantes sentencias como la de ayer.

Nuevo intento de coaccionar a la Cope

En un intolerable intento por coaccionar a sus periodistas, la emisora de la Cadena Cope en Vigo fue apedreada el jueves por la noche al término de una concentración antifascista. Una de las características inherentes al fascismo es, precisamente, no dejar expresarse a quien opina de forma diferente. Es decir, en el caso probable de que los jóvenes que destrozaron varios cristales y el rótulo de la emisora pertenecieran a grupos antifascistas, ejercieron de verdugos de los ideales que dicen defender. No es la primera vez que la Cope es objeto de actos violentos. Recientemente su sede en Barcelona amaneció con pintadas amenazantes. En otra ocasión, miembros de ERC se encadenaron a la puerta de la Cope en Madrid. Es intolerable que a estas alturas aún haya quien intente coartar uno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución: la libertad de expresión.

MALOS AUGURIOS EN RUSIA

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) se ha visto obligada a renunciar a supervisar la limpieza de las elecciones en Rusia como consecuencia de las trabas que este país ha puesto a sus observadores. A dos semanas de los comicios, las autoridades rusas aún no han facilitado ni las autorizaciones ni los visados para los observadores internacionales, lo que no deja en la práctica tiempo material para su despliegue. Baste decir que, hasta ayer, sólo había un precedente de anulación de la supervisión de la OSCE en unas elecciones: hace una década, en Albania. Esa absoluta falta de respeto hacia una organización de la que Rusia forma parte, dentro además de lo que es la actividad normal de la OSCE -ésta supervisa los procesos electorales de todos los países europeos- confirma el clima de deterioro en el que se hayan instalados desde hace meses el Gobierno de Vladimir Putin y los gobiernos occidentales.

De unas relaciones fluidas y de entendimiento que parecían haber enterrado definitivamente la Guerra Fría se ha pasado en el último año y medio a una situación de crisis casi permanente: cuando no ha habido disputas por el escudo antimisiles de la OTAN, las ha habido por las amenazas en el corte del suministro de gas, y todo ello salpicado por continuos desencuentros a raíz de grandes escándalos, como el asesinato de la periodista crítica Anna Politkovskaya o el envenenamiento con polonio del ex agente Litvinenko en Gran Bretaña.

Pero el desplante a la OSCE no fue la única noticia negativa de la jornada en este sentido. El Senado ruso aprobó ayer la suspensión del Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, lo que desvincula a Moscú de forma unilateral de un acuerdo básico para el control de armamento en el continente. La decisión está directamente relacionada con los planes de EEUU de implantar el escudo antimisiles en Europa.

En este ambiente de vuelta atrás, con constantes fricciones con Occidente, con un protagonismo creciente en la dirección de los asuntos del país de personas que han estado vinculadas a los servicios secretos, con recorte de libertades a niveles de tiempos de la URSS, con renacionalización de empresas, con una centralización creciente del poder, con un nacionalismo antioccidental cada vez mayor en la calle, Rusia se prepara para ir a votar el 2 de diciembre para elegir nuevo Parlamento, como preámbulo de las elecciones presidenciales de marzo de 2008. Los augurios, desde luego, no son nada buenos.

También pagó la SGAE, ¿hasta dónde llegaba la trama?

La operación Guateque contra una trama de funcionarios corruptos del Ayuntamiento de Madrid y empresarios que pagaron extorsiones por lograr licencias de apertura de locales sigue abierta. Ayer fue detenido un empresario, por lo que en total son ya 17 las personas arrestadas en la operación. Los detenidos están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. El escándalo está siendo utilizado por el PSOE e IU para cargar contra el alcalde de Madrid, a quien acusan de no ocuparse del Ayuntamiento con la suficiente dedicación por sus devaneos con la política nacional. Ante el cariz que están tomando los acontecimientos y con el fin de no dejar sombra de duda sobre su gestión, Alberto Ruiz-Gallardón no sólo ha aceptado la comisión de investigación solicitada por el Grupo Socialista, sino que ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en la causa como perjudicado. Es evidente que a día de hoy no hay prueba alguna que indique una responsabilidad política directa de algún cargo municipal en la trama, pero no es menos cierto que las noticias que están trascendiendo indican que las prácticas corruptas no eran tan aisladas. Dos informaciones que hoy publicamos así lo indican. Por una parte, la Sociedad General de Autores (SGAE) también pagó el peaje correspondiente para tramitar la licencia de reforma del antiguo Cine California. Asimismo, el testimonio de José Manuel Ramos, que tuvo que desembolsar cantidades millonarias para que le autorizaran la apertura de un local en el centro de la capital resulta revelador. Si una entidad oficial como la SGAE ha tenido que pasar por la ventanilla de la extorsión, es que la práctica estaba más generalizada de lo que se suponía. Lo cual hace difícil que nadie supiera ni sospechara nada en el Ayuntamiento.

Corrupción socialista: El dinero del Estado para corromper a los testigos y comprar la impunidad/ Rafael Vera nuevamente condenado /

'GUERRA SUCIA' / Es la tercera condena al ex secretario de Estado para la Seguridad / El fallo de la Audiencia de Madrid le impone año y medio de cárcel y 4 de inhabilitación, y deberá devolver el dinero malversado
Vera condenado por pagar a Amedo para que no le implicara en los GAL

MARIA PERAL

MADRID.- El ex número dos de Interior en los gobiernos de Felipe González Rafael Vera añadió ayer a su ya extenso currículum penal una tercera condena. La Audiencia de Madrid le ha considerado responsable de ordenar la entrega de 1,5 millones de euros a las esposas de Amedo y Domínguez para «garantizar el silencio» de los dos ex policías «y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio Vera».

La Sección 26 de la Audiencia madrileña, encargada de juzgar el caso de los maletines, declara probado que, tras el ingreso de Amedo y Domínguez en prisión, en julio de 1988, Vera decidió compensarles por la disminución de ingresos y para que no hablasen sobre la trama de los GAL.

«Vera era la persona a la que más directamente beneficiaba el silencio de José Amedo y Michel Domínguez, como se demostró en el juicio sobre el secuestro de Segundo Marey», afirma la sentencia.

«Con pleno conocimiento de que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir ese tipo de gastos», Vera ordenó realizar pagos mensuales a las esposas de Amedo y Domínguez, María Angeles Acedo y Alicia Sánchez, a las que también sufragó sendas operaciones quirúrgicas. Además, las dos mujeres recibieron indicaciones para abrir cuentas en Ginebra (Suiza) donde recibieron un total de 176 millones de pesetas.

Los pagos se prolongaron hasta que Vera abandonó el Ministerio del Interior, «habiendo declarado Amedo y Domínguez, a los pocos meses de dejar de cobrar, todos los hechos relacionados con los GAL».

Para la Sala, «la razón de Estado invocada por Vera para hacer frente a los citados pagos no existe, desde el momento en que lo que se pretendía era que los tribunales no investigaran y persiguieran una serie de hechos de naturaleza penal».

El ex secretario de Estado para la Seguridad ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel, una pena notablemente inferior a la que solicitaban el fiscal (siete años de cárcel), el abogado del Estado (seis años) y la acusación popular (ocho años). Ello se debe a que el Tribunal ha aplicado de forma muy cualificada la circunstancia atenuante de haberse producido dilaciones indebidas en el proceso, ya que el último pago se produjo hace casi 13 años y los hechos fueron descubiertos enseguida por las propias declaraciones judiciales de los beneficiarios.

La Sala, en una sentencia leída ayer ante los acusados y de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Alhambra, aprecia que las entregas de fondos reservados hechas a Amedo y Domínguez constituyen una malversación continuada de caudales públicos, agravada tanto por el importe de su cuantía (1,5 millones de euros) como por el «entorpecimiento» al servicio público.

Es previsible que Vera no cumpla los 18 meses de prisión que se le han impuesto, dado que ésta es su tercera condena por malversación y las dos anteriores (recaídas en los casos Marey y fondos reservados) ya sumaron el máximo de pena que corresponde a ese delito.

No obstante, también ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación absoluta y a indemnizar conjunta y solidariamente al Estado en la cuantía equivalente al dinero malversado.

A las mismas penas de prisión e inhabilitación y a igual responsabilidad civil ha sido condenado su secretario, Juan de Justo, al que el Tribunal considera cooperador necesario de la malversación. Fue él a quien Vera encargó la entrega material del dinero a las esposas de Amedo y Domínguez durante el tiempo en que éstos estuvieron en prisión.

Tampoco De Justo irá, previsiblemente, a la cárcel. Primero, porque el fallo de la Audiencia no es firme y va a ser recurrido ante el Supremo. Y sobre todo porque, aun en el supuesto de que fuera ratificado, la pena es inferior a los dos años de prisión y su ejecución puede ser suspendida.

Tanto María Angeles Acedo como Alicia Sánchez y sus respectivos maridos han sido condenados exclusivamente a título de responsables civiles. Ello significa que, junto a Vera y De Justo, tendrán que devolver los 362.434 euros correspondientes a los pagos mensuales que recibieron y las intervenciones médicas que Interior sufragó.

El resto del dinero, hasta completar los 260 millones de pesetas malversados, se encuentra embargado al corresponder a las cuentas bancarias abiertas en Suiza. La Sala acuerda el comiso del saldo actual de esas cuentas corrientes.

El coronel de la Guardia Civil Félix Hernando, actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), ha sido absuelto. El fiscal solicitaba para él dos años de cárcel y cinco de inhabilitación al imputarle complicidad en la malversación: fue quien, junto al policía Aníbal Machín (fallecido el pasado julio), viajó en tres ocasiones a Ginebra transportando los maletines repletos de fondos reservados para entregarlos a Acedo y Sánchez.

«No ha quedado acreditado que Hernando supiera la finalidad de la entrega de los maletines, por lo que bien pudo ser un mero hombre de paja», afirma el Tribunal, que realiza un cierto paralelismo con el funcionario Rafael Yuste. Este también viajó a Suiza acompañando a De Justo y, sin embargo, no se sentó en el banquillo al considerar las acusaciones que no supo qué objetivo tenían esos desplazamientos.

La Sala añade que Hernando «pudo no sospechar que dichos viajes tenían una finalidad concreta» y, al ser ordenados por sus superiores, «pudo no plantearse que el hecho que cometía fuera ilícito».

La principal prueba en la que se basa el fallo condenatorio son las declaraciones que Amedo, Domínguez y sus esposas realizaron ante el juez Garzón a partir del 16 de diciembre de 1994, cuando empezaron a acusar a sus superiores de participar en la trama de los GAL.

La Audiencia no cree que esas declaraciones se prestaran bajo presión, ya que «se producen de manera voluntaria y en presencia de su letrado particular».

Vive en una casa que ya pertenece al Estado

MADRID.- Rafael Vera continúa residiendo en la vivienda de Torrelodones (Madrid) que era su domicilio habitual, a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid la adjudicó hace tres años al Estado.

El 18 de noviembre de 2004 -un mes después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena contra Vera por malversar con los fondos reservados del Ministerio del Interior-, la Audiencia madrileña acordó adjudicar al Estado esa vivienda de Torrelodones, situada en una finca de 9.300 metros cuadrados y valorada entonces en dos millones de euros, y otra de 627 hectáreas en la provincia de Albacete.

A pesar de que esas fincas pasaron a ser propiedad del Estado, Rafael Vera mantuvo entonces su residencia en la casa de Torrelodones, y allí vive en la actualidad.

Hace unos meses, Rafael Vera solicitó a la Audiencia que dejara en suspenso el proceso que había iniciado para devolver esas propiedades al Estado, con el argumento de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había admitido a trámite su demanda contra la sentencia que le condenó en el llamado 'caso Marey'.

Con anterioridad, el que fue 'número dos' del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Felipe González también intentó que esas dos fincas no fueran devueltas al Estado.

Primero justificó esa petición en el hecho de que había solicitado el indulto. Posteriormente, alegó que había recurrido al Tribunal Constitucional.

No ha tenido éxito con esas peticiones y continúa adelante el proceso para que el Estado enajene esas dos fincas que ya son de su propiedad.

'GUERRA SUCIA' / La cronología
Doce años de retraso en uno de los últimos coletazos de los GAL

El 'caso de los maletines' se desgajó del sumario principal en 1995 y estuvo 'extraviado' en los pasillos de la Audiencia durante una década

ROBERTO BENITO

MADRID.- Con la sentencia dictada ayer se cierra uno de los últimos capítulos del caso GAL, cuyo juicio ha sufrido un retraso de 12 años en los que se extravió el sumario, se presentaron varios recursos y se produjo la extraña muerte de uno de los imputados.

El caso de los maletines se desgajó en 1995 del sumario de los GAL que instruía el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, después de las declaraciones de las mujeres de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez.

María Angeles Acedo y Alicia Sánchez comparecieron en la Audiencia Nacional el 28 de diciembre de 1994 y el 11 de enero de 1995 para contarle al magistrado cómo Rafael Vera había encargado a sus subordinados Juan de Justo, Félix Hernando y Aníbal Machín la materialización de unos pagos, cuya finalidad era «comprar el silencio» de Amedo y Domínguez para que no delataran a los mandos del Ministerio del Interior implicados en los GAL. Entre ellos, al propio Rafael Vera.

Además, las mujeres entregaron a Baltasar Garzón varios sobres en los que habían recibido los pagos mensuales y el maletín que les había entregado De Justo con los últimos 50 millones de pesetas a ingresar en las cuentas suizas.

Separado del sumario principal, de forma increíble la pieza sobre los maletines permaneció extraviada durante nueve años en la Audiencia Nacional. Durante ese tiempo, pocos se acordaron de su existencia hasta que el propio Félix Hernando aseguró, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del 11 de Marzo, el 20 de julio de 2004, que «el asunto» estaba «definitivamente zanjado».

En efecto, en esos momentos la pieza separada del sumario de los GAL estaba perdida. Y puede que la declaración de Hernando fuera suficiente para encontrarla, porque sólo una semana después, el 27 de julio, la causa (de 28 tomos) fue localizada sobre un armario en un pasillo de la planta sexta de la Audiencia Nacional.

A la Audiencia Provincial

La halló un funcionario de la Sección Tercera, que en una furgoneta envió la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, a la que correspondía su instrucción.

Fue entonces cuando comenzó la reactivación del caso. Un año después, el 28 de junio de 2005, la juez Gemma Solé concretó los indicios delictivos contra Vera, De Justo, Hernando y Machín, en un auto que era demoledor para los acusados al aseverar la existencia de los pagos con fondos reservados -y, por tanto, de malversación de caudales públicos- que quedó ayer confirmada en la sentencia.

El 18 de diciembre de 2006, la Audiencia de Madrid desestimó los recursos presentados por Félix Hernando y Aníbal Machín, recordando que su procesamiento se había iniciado en abril de 1995 y confirmando «la existencia de indicios» y su «potencialidad incriminatoria».

El juicio oral arrancó el 12 de marzo de este año, más de 12 años después de que el caso fuera desgajado del sumario de los GAL. Ese mismo día, la defensa de Amedo y Domínguez cambió el testimonio de los dos ex policías y de sus mujeres, asegurando que jamás habían recibido pagos del Ministerio del Interior.

Era algo esperado desde que la Fiscalía les solicitara la devolución del dinero, esto es, muchos millones de pesetas. Rafael Vera declaró el día 29 marzo, aunque simplemente dijo no acordarse de nada.

En el verano, se produjo el extraño fallecimiento de Aníbal Machín en Denia (Alicante). Policía desde 1970 y hombre de confianza de José Barrionuevo, Machín había manifestado en los últimos tiempos su intención de contar nuevas revelaciones sobre los GAL. En el juicio había sido el único imputado en acogerse al derecho a no declarar y había comentado a varios de sus allegados que guardaba en un maletín papeles comprometedores para la antigua cúpula de Interior, en relación a la guerra sucia contra ETA.

La autopsia dedujo que Machín había fallecido a causa de un «shock séptico pulmonar» y el Juzgado número 4 de Denia certificó que su muerte se había producido por «causas naturales». El médico forense de Denia, el que levantó el cuerpo de Machín, no comparte el resultado final de la autopsia.

Testimonios de la Policía aseguraron que, el 26 de julio, había un maletín debajo de la cama de Machín. Sin embargo, cuando los hijos del fallecido acudieron a la casa un día después, no encontraron nada.

Dos meses después, el 20 de septiembre, el caso quedó visto para sentencia. En su informe final, la Fiscalía Anticorrupción se hizo eco del hecho de que fuera uno de los últimos coletazos de los GAL y pidió al tribunal que dictara una sentencia condenatoria para poder «enterrar los fantasmas que siguen revoloteando sobre este asunto». «Que todo vuelva a su sitio, que el dinero vuelva a las arcas del Estado y que los responsables paguen por ello», reclamó el fiscal Luis Rodríguez Sol.

Vera justificó una vez más su actuación y dijo que había hecho «lo que debía en aquellos momentos tan difíciles» y que «probablemente volvería a hacerlo».

El penúltimo capítulo de los GAL quedó cerrado ayer, con la condena a Vera y De Justo, y la certificación del uso que se dio en aquella época a los fondos reservados.

VERA ANTE LA JUSTICIA

16 febrero 1995. Secuestro de Segundo Marey. Garzón lo envía a prisión preventiva por este sumario. Vera recurre.
13 julio 1995. Sale de Alcalá Meco. El PSOE deposita un aval bancario de 200 millones de pesetas para su libertad.
29 julio 1998. Condena por el 'caso Marey'. El Supremo le condena a 10 años por detención ilegal y malversación de fondos.
10 septiembre 1998. Ingresa en prisión. Vera y Barrionuevo llegan a la cárcel de Guadalajara arropados por dirigentes del PSOE.
23 diciembre 1998. Indulto parcial. El Gobierno le otorga esta medida, que permite reducir su pena a tres años y cuatro meses, así como la concesión del régimen abierto restringido.
29 diciembre 1998. Sale de prisión. El Constitucional suspende la ejecución de las penas por el 'caso Marey' a la espera de resolver su recurso.
29 mayo 2001. Recursos rechazados. El Supremo ordena su ingreso en prisión sin dilación después de que el Constitucional denegara todos sus recursos.
30 mayo 2001. Nueve horas sin libertad. El centro penitenciario Victoria Kent le concede el régimen abierto para cumplir su condena, lo que le permite no tener que ir a prisión más que dos veces por semana para firmar un documento.
21 enero 2002. 'Caso fondos reservados'. La Audiencia Provincial de Madrid le condena a siete años por malversación de caudales públicos. Vera recurre.
19 octubre 2004. Sentencia probada. El Supremo confirma la pena impuesta.
16 febrero 2005. Ingresa en prisión. Vera llega a la cárcel de Segovia para cumplir la pena.
8 agosto 2005. Semilibertad. Vera disfruta de un régimen especial que le permite salir en libertad seis horas al día por su depresión.
Febrero 2006. Denegado el tercer grado. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza concederle el tercer grado por la gravedad de su condena.
7 de junio 2006. Sale de prisión. La Audiencia Provincial de Madrid acuerda su salida de la cárcel seis días a la semana por su «estado de salud».
10 agosto 2006. Logra el tercer grado. Instituciones Penitenciarias le concede este régimen argumentando que no puede reincidir en los delitos por los que fue condenado.


'GUERRA SUCIA'
Vera se esperaba la condena y Amedo la tilda de «majadería»

MADRID.- El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera dijo ayer, a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid, que se esperaba la condena por el caso de los maletines y que la considera «injusta». Pese a ello, manifestó que asumía su cumplimiento; todo lo contrario que el ex policía José Amedo, quien aseguró que piensa tomar las «medidas oportunas».

Amedo está obligado a devolver 60 millones de pesetas junto a su compañero Michel Domínguez y a sus respectivas esposas por haber recibido dinero de los fondos reservados para compensar su entrada en prisión por los GAL.

Para el ex policía, la sentencia es «una aberración» y «una majadería», informa Europa Press. «Niego rotundamente que haya recibido dinero de nadie», dijo visiblemente enfadado tras escuchar el fallo del tribunal.

Ante la reducción de la pena impuesta a Rafael Vera -el fiscal pedía siete años de cárcel-, el secretario de Estado para la Seguridad dijo no sentir ninguna satisfacción. Aunque hubiese sido absuelto, considera que el mero hecho de haber estado en el banquillo es injusto, informa Efe.

Además, aseguró que el día que cese la actividad terrorista contará todo lo que pasó esos años «con pelos y señales».

Corrupción Socialista: Acusados 6 jueces del Tribunal Constitucional de "prefabricar" pruebas

Dos jueces del TC acusan a otros seis de prefabricar una prueba en contra del PP

García-Calvo y Rodríguez-Zapata dicen que hay una «maniobra» del sector progresista del Tribunal realizada para provocar, de forma «irregular», el fracaso de la recusación de los 'populares'

MARIA PERAL

MADRID.- Dos jueces del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, han denunciado la existencia de una «maniobra» que atribuyen a seis compañeros para, de forma «irregular», provocar el fracaso de la recusación del PP contra tres de ellos, poniendo a ese partido en una situación de «indefensión».

En dos durísimos votos particulares, ambos magistrados, a los que el Gobierno quiere apartar del examen de la enmienda Casas, afirman que sus seis compañeros «preconstituyeron una prueba» con la finalidad de «excluir la responsabilidad en que hayan podido incurrir como recusados tres de ellos» (afirma García-Calvo) y «contrarrestar o impedir la práctica de otra prueba pedida por una parte», dice Rodríguez-Zapata en referencia a la solicitud del PP de que la presidenta del TC, María Emilia Casas, declare como testigo sobre la reunión que se produjo en su despacho el 12 de junio pasado.

Esa reunión fue convocada por Casas y Guillermo Jiménez a cuatro días de que terminaran sus mandatos como presidenta y vicepresidente. Dos semanas antes, había entrado en vigor una
reforma legal que prorrogó -de forma automática y sin intervención alguna del Pleno del TC- a Casas y Jiménez en esos cargos hasta que cesen como magistrados.

La ampliación del mandato de Casas como presidenta es fruto de una enmienda introducida de forma sorpresiva por el Gobierno en la reforma de la ley que regula el funcionamiento del TC. Con esa enmienda, el Ejecutivo se garantizaba que Casas, propuesta por el PSOE, siguiera controlando la agenda del Tribunal y el tiempo de las deliberaciones, en particular, la relativa al Estatuto de Cataluña. La enmienda Casas fue una de las reacciones del Gobierno ante la estimación de la recusación de Pablo Pérez Tremps en el proceso sobre el Estatut, que, según el temor de La Moncloa, estaría en manos del sector conservador del Tribunal por seis votos contra cinco.

En este contexto se produce la convocatoria del 12 de junio, a la que asistieron, además de Casas y Jiménez, los magistrados Pascual Sala, Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps (los tres que se encuentran recusados por el PP) y Ramón Rodríguez Arribas.

Los seis asistentes al cónclave firmaron el 29 de octubre -tres días después de la recusación del PP- un escrito en el que no desvelan lo que hablaron el 12 de junio, pero aseguran que no anticiparon su acuerdo con la enmienda Casas, desmintiendo, así, el motivo en el que los populares basan la recusación de Sala, Aragón y Tremps.

Uno de los firmantes, Ramón Rodríguez Arribas, precisó anteayer en un escrito individual que el contenido del documento colectivo «responde a la verdad, [pero] no es toda la verdad». Según él, el 12 de junio «no se habló de la constitucionalidad» de la reforma, pero sí de la prórroga de la presidenta.

Rodríguez Arribas sostiene que él le pidió a Casas y Jiménez que dimitieran para que fuera el Pleno el que les ratificara en sus cargos, lo que los demás rechazaron porque podría ser entendido como «insumisión» a la reforma legal y porque consideraron que el Pleno habría tenido sentido antes de la enmienda Casas, pero no después.

Rodríguez Arribas también precisa que él se opuso a que el TC difundiera una «declaración institucional» sobre la permanencia de Casas como presidenta, de lo que se infiere que alguien en esa reunión (el escrito no aclara quién) propuso esa iniciativa.

García-Calvo califica el escrito de sus seis compañeros de «extemporánea y prematura maniobra» con la que esos magistrados «han procedido prematuramente a propiciar la exculpación» de Salas, Aragón y Tremps.

Roberto García-Calvo sostiene que la unión de ese escrito a las actuaciones supone una «irregularidad de tal magnitud procesal que no es admisible», ya que la recusación del PP ni siquiera está admitida a trámite. «Dejo constancia de mi más enérgica protesta ante un quehacer corporativo carente de todo sustento procesal, por la finalidad perseguida con el mismo, así como por su incorporación a la causa en este momento procedimental, lo que me lleva a solicitar formalmente su desglose y devolución a quienes firmaron el documento cuestionado».

En la misma línea, Rodríguez-Zapata afirma que ese escrito, «elaborado, entre otros, por tres recusados, ha sido admitido por el Pleno sin que todavía esté abierta la pieza de recusación referida a tales magistrados», por lo que «no puede ser incorporado al proceso, ni ser tomado en consideración, ni producir efecto alguno, puesto que cuando se presentó estaba en suspenso el proceso en su conjunto -suspensión que se produce por disposición automática de la ley- y que al día de hoy debiera seguir estando en suspenso para cualquier otra pretensión o incidencia que no sea la de resolver las recusaciones formuladas por el Gobierno» contra el propio Rodríguez-Zapata y contra García-Calvo.

El Gobierno brinda «respeto y apoyo» (bla, bla, bla)

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hizo ayer «una llamada a la responsabilidad» dirigida exclusivamente al Partido Popular ante la decisión de esta formación de mantener las recusaciones presentadas contra tres magistrados del Tribunal Constitucional.

De la Vega reclamó, además, que no se use esta institución, encargada de velar por el cumplimiento estricto de la Carta Magna, como baza en las estrategias partidistas.

«Instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional deben ser respetadas y apoyadas por todos y no utilizadas en la lucha partidaria. Esa es nuestra posición y lo que creemos que debe hacer todo el mundo», dijo la número dos del Gobierno en su habitual comparecencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta puso especial énfasis al señalar que «la posición del Gobierno es de «respeto absoluto al tribunal, a sus miembros y a su función trascendental».

De la Vega aprovechó igualmente para recalcar el «apoyo» del Ejecutivo a la presidenta del TC, María Emilia Casas, y a «todos» los magistrados que lo integran. La portavoz del Ejecutivo no estableció en ningún momento diferencias en función de la ideología de los miembros del Tribunal. Bien al contrario, aseguró que el Gobierno tiene en ellos una «absoluta confianza».

La vicepresidenta primera fue interrogada por la situación de bloqueo a la que se enfrenta el Tribunal después de que el Gobierno decidiera recusar a dos de sus magistrados de ideología conservadora y el primer partido de la oposición respondiera con una medida idéntica reclamando la recusación de otros tres miembros de dicha institución, adscritos al llamado sector progresista.

La Conferencia del PP: Un programa de «principios» / «Han dilapidado los éxitos de 30 años de democracia» / «La chapuza nacional conducirá a la traged

LA CARRERA ELECTORAL / La Conferencia del PP
El PP desafía «la propaganda» del Gobierno y del PSOE con un programa de «principios»

Acebes anima a comparar equipos, proyectos y al líder de ambos partidos: «Ganamos por goleada» - Los líderes 'populares' abrieron la Conferencia Política con discursos muy diferentes y contrapuestos

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- No fue el PP, sino los dos, los tres o los cuatro pepés que coexisten en las filas de Rajoy los que ayer libraron sus respectivas oportunidades ante las cámaras, en la inauguración de la Conferencia Política; un cónclave que, más allá de las ruedas de prensa y los discursos en abierto, está montado para que Rajoy luzca el domingo, en un macromitin ante 10.000 personas, los primeros brochazos de un programa mucho más adelantado ya de lo que el partido -decidido a estirar los tiempos- está dispuesto a admitir.

Así, y al igual que en pasadas conferencias, los cuadros del PP -unas 300 personas apiñadas y pendientes de la elaboración de las listas, más dirigentes locales, autonómicos y nacionales que militantes de base- volvieron a escuchar de labios de Jaime Mayor el más lúcido de sus agoreros discursos sobre la crisis nacional; de Pío García-Escudero, el más optimista de sus alegatos sobre la «alternativa» de gobierno; de Eduardo Zaplana, el más orgulloso de sus discursos reivindicativos sobre la tarea de oposición; de Javier Arenas, el más eficaz de sus discursos victimistas como candidato al gobierno autonómico más viejo de la democracia, y de Juan Costa -la última estrella del firmamento popular-, la presentación más globalista de los objetivos de este encuentro político.

La Conferencia arrancó sin discurso. Sólo Angel Acebes, el secretario general, acertó a marcar una pauta genérica que se resume en una frase: «Con la propaganda y la publicidad, con los anuncios estrella y los golpes de efecto, se puede recorrer el camino. Pero para llegar al final, para transformar la sociedad, hace falta criterio, hacen falta convicciones y hace falta coraje. Es decir, hacen falta principios».

Así, los populares dejaron ayer constancia de que no tienen prisa, de que pese a los aciertos mediáticos del PSOE, van a hacer su campaña poco a poco, empezando por los cimientos ideológicos y escuchando a su propia gente. Acebes repitió esta idea en su intervención, hasta el punto de decir que son los «principios», más aún que la reivindicada «eficacia» del PP, lo que distingue a su partido del PSOE. «Inauguraciones y autobombo no han faltado», dijo, al criticar, entre otras, la labor del Ministerio de Fomento. «Intentaron montar una estación de cartón-piedra para el AVE a Barcelona, y ayer estrenaron el AVE de Valladolid viajando en Talgo. Así gestiona este Gobierno: puro teatro, mera representación, propaganda, toda; eficacia, ninguna». «Y, sin embargo», puntualizó, «nuestro atributo diferencial más importante no es nuestra experiencia, ni nuestra solvencia, ni nuestra reconocida eficacia. Son nuestros principios y valores». Y aún proclamó: «En el PP decimos lo que pensamos, creemos en lo que decimos, y cumplimos lo que prometemos. Esto es lo que nos distingue como organización política, lo que nos hace mejores que el PSOE».

Acebes desgranó algunos de estos principios e instó a los españoles a que «nos comparen», que comparen equipos, proyectos, y líder con el PSOE. «Sabemos que en esta comparación ganamos por goleada».

Pero fue Javier Arenas quien mejor acertó en resumir el proyecto político del PP cuando dijo que «lo que nos piden en la calle no es un programa electoral, sino un programa de Estado», en alusión a la ruptura de consensos por parte de Zapatero en esta legislatura. Los populares presentaron algunas de sus propuestas en materia autonómica y de seguridad. Entre ellas, Ignacio Astarloa prometió que armonizará «los sueldos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los de la Ertzaintza y los de los Mossos.

---

PROPUESTAS DE SEGURIDAD

Sueldos: Aumentar los ingresos de Policía Nacional, autonómicas y Guardia Civil de forma homogénea».

Estatuto: Modernizar el Estatuto de la Policía.

Plantillas: Aumentarlas, sacar más policías a la calle y mejorar la dotación en medios materiales y tecnológicos.

Código Penal: Reformarlo para incluir el agravante del robo en casa habitada y penar la difusión de imágenes constitutivas de delito.

Enjuiciamiento: Reforma legislativa para que la orden de alejamiento se decida en un juicio rápido.

---

PROPUESTAS AUTONOMICAS

Coordinación: Una ley de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.

Cooperación: Crear un Consejo de Cooperación Autonómica para el diseño de políticas conjuntas y la simplificación normativa.

Crisis: Una Agencia de Gestión de Crisis, estable y de ámbito nacional, para la coordinación de competencias.

Derechos: Ley de Igualdad de Derechos de los Españoles ante las administraciones públicas. Además, un Estatuto de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración.

Impuestos: Una Carta de Transparencia con el Ciudadano que especifique el importe de los distintos impuestos.

LA CARRERA ELECTORAL / La Conferencia del PP
«Han dilapidado los éxitos de 30 años de democracia»

Zaplana pide al PP que proclame «lo que pensamos y lo que defendemos, sin miedo ni complejos»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- «Nos enfrentamos al legado de un Gobierno que se ha dedicado a dilapidar los éxitos de 30 años de democracia y a crear problemas que en 2004 no teníamos». El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, elevó el desafío de las elecciones de marzo a una perentoriedad histórica. Esta era una de las constantes en los discursos y en los pasillos de la Conferencia.

Pero fue Zaplana uno de los que más arriesgó. Lo hizo en dos direcciones: al reivindicar la labor de «dique de contención» del PP frente a los «ataques» a «los valores de la España constitucional», y al lanzar su propuesta de reforma constitucional.

Zaplana llegó a esgrimir uno de los asuntos más vulnerables a nivel interno, el 11-M, atribuyendo al PSOE la responsabilidad de que la masacre haya marcado parte de la agenda política. Así, quiso «recordar que el Yak 42, el Prestige, la Guerra de Irak o las mentiras sobre nuestra actuación o sobre la causa de los atentados del 11-M, aunque parezca insólito, han hecho que ocupemos la tribuna de oradores del Congreso y del Senado en más de una ocasión para defendernos de las mentiras del Gobierno y para poner por encima de todo la dignidad de nuestro partido y del Gobierno del PP. Y ambas cosas las hemos conseguido».

El portavoz defendió la labor hecha en la Legislatura en materia de propuestas parlamentarias, que llegó a cuantificar en 1.300 sólo en el Congreso, pero insistió en la idea de que al partido le ha tocado, la «difícil» tarea de frenar el «ataque» de Zapatero a la España constitucional. Entre guiños reivindicativos, arrogó el mérito de «algunos» en afrontar esa tarea en 2004, adjudicando a «todos» el «orgullo» de saber que el PP ha vencido las «dificultades» y está en condiciones de volver a ganar.

Tratándose de una conferencia de principios, el dirigente popular reivindicó el del consenso como propio del partido. «Está en nuestro ADN», dijo, antes de basar en ese principio su propuesta de reforma constitucional. «Desde mi punto de vista, ha de ir encaminada a fortalecer sus principios y a que puedan prevalecer los propósitos de los que no la quieren o quieren alterarla; que fortalezca y garantice la igualdad y solidaridad entre los españoles y que fije un núcleo básico de competencias del Estado para poner coto a la subasta indefinida de competencias».

Zaplana arriesgó también al término de su discurso al lanzar un mensaje de puertas adentro: «No confiemos sólo en los errores del Gobierno. Tenemos que hablar claro. Tenemos que decirle a la gente lo que pensamos y lo que defendemos, sin miedo ni complejos, orgullosos de lo hecho y convencidos de lo que podemos hacer. Con plena confianza en nosotros. Sin fisuras...» Y se atrevió a añadir: «Como en estos años, en torno al liderazgo de Rajoy».

LA CARRERA ELECTORAL / La Conferencia del PP / EL PESIMISMO DE JAIME MAYOR OREJA
«La chapuza nacional conducirá a la tragedia»

LUIS ANGEL SANZ

MADRID.- El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, dibujó un panorama negro, negrísimo de la España actual. Su intervención en la Conferencia del PP fue la más pesimista, y la que más se refirió al pasado, a una España que se encuentra en «el descanso» entre «dos tiempos» de una sola negociación con ETA. Una «España irreconocible» por la que apuesta José Luis Rodríguez Zapatero, una nación «sin valores, progre», que corre el peligro de «suicidarse» por culpa «de la estrategia inconfesable» del presidente del Gobierno y que el PP tiene la obligación de desvelar.

Mayor cree que el llamado proceso de paz fue un «primer tiempo» de una negociación que no ha terminado y que ha supuesto «una legitimación» del diálogo con los terroristas.

En la actualidad, vivimos «un descanso entre los dos tiempos». «El descanso de este partido es otra trampa, porque quieren que debatamos de otros temas, como si la primera parte no existiera, como si la nación no estuviera en riesgo, como si el primer tiempo fuese una invención el PP», prosiguió.

Para no caer en «la sociedad de desmemoriados que propugna Zapatero», Mayor hizo un llamamiento a acudir a la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) del 24 de noviembre. Una marcha que el PP apoya, pero a la que Rajoy todavía no ha confirmado su presencia.

Tras «el descanso», y si en marzo vuelve a ganar el PSOE, se producirá ese segundo tiempo, «que el PP tiene que impedir que se celebre» porque llevará a «la chapuza nacional». «Entre la España de Zapatero y la no España de ETA no hay punto de encuentro, hay un proceso que va degenerando en la chapuza».

El ex presidente de los populares vascos insistió en un mensaje casi apocalíptico, del miedo, con una única alternativa: que en marzo gane las elecciones el PP, objetivo al que le dedicó unos escasos segundos de su intervención.

Todo ese proceso «irá degenerando en una chapuza nacional» que se muestra, según el eurodiputado, en la política exterior y en la interior. La diferencia es que «la chapuza en política exterior es chapuza; en política interior, la chapuza nacional conduce a la tragedia».

LA CARRERA ELECTORAL / La Conferencia del PP / EL OPTIMISMO DE PIO GARCIA-ESCUDERO
«No nos atenazan el pasado o el relativismo»

LUIS ANGEL SANZ

MADRID.- El coordinador de la campaña electoral del PP y portavoz en el Senado, Pío García-Escudero, representó ayer el lado optimista del Partido Popular; el que habla del «futuro de España» en positivo como «una nación en la vanguardia» que dirigirá el PP porque «no nos atenaza el pasado, ni ningún relativismo acomplejado».

García-Escudero comenzó haciendo «una afirmación arriesgada»: que él «también» es «muy optimista» [como Zapatero], por lo que aseguró que la Conferencia Política del PP de este fin de semana marcará que faltan «cuatro meses para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno».

El dirigente popular aseguró que su partido «contará con todos los españoles» para elaborar el programa, «un programa para ganar, un programa para gobernar, factible y ambicioso».

En contraposición a un PP en positivo, dibujó un PSOE y un Zapatero que continuamente están revisando el pasado «y desenterrando vías muertas». «Sólo a los temerarios se les ocurre conducir mirando permanentemente por el retrovisor», dijo en referencia directa al Gobierno. Frente a ese revisionismo, el PP y la sociedad española están «hartos de los que se pasan el día diciendo que no somos lo que somos», porque España, aseguró, «puede combinar singularidad, diversidad y unidad».

Desde la Transición, García-Escudero resumió que «jamás ha existido un mayor divorcio entre ese consenso social y el grado de confrontación en el que estamos», una «confrontación alimentada día a día por el Gobierno».

El «gran legado de Zapatero en estos cuatro años» es haber «laminado los consensos de la Transición». En especial, el Pacto Autonómico, el de la Justicia y el Pacto Antiterrorista. Además, acusó al Gobierno de practicar «la política del avestruz»: esconderse ante las dificultades. La Legislatura que acaba, dijo, se puede calificar como «un gran socavón». Frente a esto, la próxima, «la de Rajoy» tendrá como prioridad «recuperar los grandes consensos, el diálogo y mirar hacia el futuro».

LA CARRERA ELECTORAL / La Conferencia del PP
Arenas ofrece «el cambio» y «andalucismo constitucional»

LUIS ANGEL SANZ

MADRID.- El dirigente del PP y candidato a presidir la Junta de Andalucía también en marzo hizo el único discurso en clave de candidato. En cuatro meses, tanto Rajoy como él tratarán de llegar a La Moncloa (Madrid) y a San Telmo (Sevilla), respectivamente, con lo que su intervención se centró en lo que ofrece el PP a los andaluces. Los ciudadanos de la región más poblada de España quieren «cambio», según Arenas, y el PP se lo ofrece en forma de «confianza, reformas y andalucismo constitucional».

El presidente del PP andaluz detalló que su formación tiene dos retos: ganar los comicios andaluces y ser clave en el triunfo de Rajoy. «La Andalucía vital tiene cada vez menos que ver con la oficial», la de Manuel Chaves, que está «en una cápsula de poder». Además, esta región, según Arenas, tiene que soportar «el desprestigio permanente» que supone la permanencia de Magdalena Alvarez en el Gobierno por «su soberbia y prepotencia».

Por último, proclamó que el andalucismo constitucional que ofrece el PP es «la respuesta al nacionalismo insolidario» y que consiste en «sentirse orgulloso de ser andaluces y profundamente españoles». «Los andaluces queremos ser los primeros en la España de todos», añadió, «porque construir Andalucía significa construir España».

Gorila Rojo atómico: No calla / Vicevogue lo califica de «coyuntural»/ BNG llama «golpista y fascista» al Rey/ El socialista "Gran Simio" critica que

El Gobierno ofrece a Chávez «pasar página» sobre el incidente «coyuntural» de Chile

El líder venezolano pide al Monarca que se disculpe y añade: «Le hubiera lanzado un flechazo de indio»

MARISA CRUZ

MADRID.- El Gobierno español ofreció ayer al presidente venezolano, Hugo Chávez, «pasar página» sobre el incidente «coyuntural» que enfrentó a ambos países en la Cumbre Iberoamericana de Chile.

Lo hizo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien apostó por «mirar hacia adelante» como mejor camino para preservar los intereses de los casi 300.000 españoles que residen en el país latinoamericano y de las empresas establecidas en el mismo.

El Ejecutivo aprovechó unas horas de silencio que mantuvo Chávez -que participa este fin de semana en la reunión de la OPEP en Riad- en su catarata de ataques contra España, para interpretar que ya han empezado a mitigarse los efectos del encontronazo entre Zapatero y el Rey frente al líder venezolano.

Sin embargo, antes de partir hacia la capital de Arabia Saudí, Chávez retomó la polémica. «Lo menos que yo aspiro como jefe de Estado, es que el Rey de España, que no es Rey en América Latina, tiene que ofrecer algún tipo de excusas porque él me agredió», dijo en una entrevista exclusiva con el canal estatal, según informa Jaime L. García.

Fiel a su fama de provocador, explicó que «el Rey tuvo suerte» porque ni lo vio ni lo oyó cuando le dijo: «¿Por qué no te callas?». «Si le hubiera oído [...], le hubiera lanzado un flechazo de indio, porque yo soy un indio y tengo un poco de negro y blanco». «Si no quieren que esto se convierta en un problema, tienen que rectificar», añadió.

De la Vega había dicho horas antes que «lo más importante es mirar hacia el futuro con espíritu constructivo» en beneficio de «los intereses comunes de los ciudadanos de los dos países, de las empresas y de las instituciones de Venezuela y España». «En eso estamos y en eso vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora», aseguró.

La número dos del Ejecutivo descargó además al Rey de cualquier responsabilidad en el incidente. Y negó rotundamente que en el Gobierno se tenga la sensación de que Don Juan Carlos se «extralimitó».

Con estas palabras anulaba el aroma a reproche de las afirmaciones hechas el día anterior por el titular de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que vino a decir que, si no se hubiera producido el gesto del Rey, no se hubiera abierto una situación de crisis entre Madrid y Caracas. Bien al contrario, De la Vega hizo un alegato en favor del Monarca: «El Rey ha sido una figura absolutamente trascendental en la historia de nuestra democracia y sigue siéndolo».

Pero mientras Madrid se muerde la lengua para no dar respuesta a las insistentes descalificaciones y amenazas de Chávez, desde La Habana se alza la voz, o más bien la pluma, de Fidel Castro para tomar el relevo al caudillo venezolano.

En uno de sus ya recurrentes artículos en Granma, el presidente cubano califica el discurso que hizo Zapatero defendiendo a Aznar como «adicional, invertebrado e inoportuno», y añade que la intervención del presidente español junto con la «orden abrupta» del Rey a Chávez para que guardara silencio no son sino «pruebas irrebatibles de las conductas y los métodos genocidas del Imperio». Según Castro, «en aquel ambiente tenso brilló la inteligencia y la capacidad dialéctica de Chávez». En España, la diatriba del líder cubano no suscitó la más mínima reacción.

Asimismo se pronunció ayer en torno al rifirrafe el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, que aseguró que «el populismo no es una buena respuesta a los problemas de América Latina». En su tesis coincidió con Aznar, que también ayer denunció que «los populistas sin escrúpulos» de Latinoamérica se nutren de la pobreza de millones de personas. El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo a Efe que respalda «la forma clara y rotunda con la que el presidente español reaccionó a los reproches de Chávez».

El portavoz del BNG en Argentina llama «golpista y fascista» al Rey

SANTIAGO.- Francisco Lores Mascato, portavoz del BNG en Argentina, llama «golpista y fascista» al Rey en una carta que firma como presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas en este país.

La misiva fue remitida el pasado martes al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para manifestarle su apoyo tras el altercado que protagonizó en la Cumbre Iberoamericana.

«Aznar deambula por toda América al servicio del Imperio del Norte tratándote [a Hugo Chávez] de dictador y faltándole el respeto al pueblo venezolano que te eligió», asevera el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según Lores, la carta fue aprobada por «mayoría total» de la comisión directiva de la Federación de Asociaciones Gallegas en Argentina (que agrupa a 12 asociaciones de la diáspora gallega). En ella se acusa a Aznar y al embajador de España en Venezuela de «apoyar el golpe de Estado» contra Chávez y se apunta que Don Juan Carlos, «como jefe de Estado, no ignoraba estas actitudes golpistas».

«Por lo tanto, esta institución se solidariza contigo, por tu intervención en la justa defensa del proceso democrático y revolucionario de tu gestión. ¡Viva la revolución bolivariana!», añade.

Lores resaltó que Chávez «fue elegido por el pueblo», mientras que el Rey es «el heredero de Franco». También responsabilizó del incidente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debido a «su discurso neoliberal».

El 'abc' de los gestos diplomáticos

La llamada a consultas es una medida leve que expresa la protesta entre dos países que mantienen relaciones

El rifirrafe entre Zapatero y el Rey, de un lado, y Hugo Chávez del otro en la Cumbre Iberoamericana y las posteriores descalificaciones que el líder venezolano ha lanzado contra España y sus instituciones ha puesto sobre la mesa la oportunidad de adoptar una medida diplomática que, lejos de significar, como muchos creen, un gesto de enorme hostilidad, es en realidad uno de los mecanismos más leves que existen para expresar la protesta de un país respecto a las decisiones o actuaciones de otro con el que mantiene relaciones diplomáticas.

Las quejas diplomáticas tienen, como todo, una graduación. El paso más simple es la protesta formal, que siempre se produce en privado, bien a través del embajador propio destacado en el país origen de la ofensa, o bien convocando al Ministerio al representante diplomático de dicho país para expresarle las razones del malestar.

El siguiente escalón es la llamada a consultas, en virtud de la cual el país ofendido pide a su embajador en la nación ofensora que regrese a casa durante un tiempo determinado a fin de ofrecer al ministro de Exteriores un informe personal y directo del problema y, de paso, recibir instrucciones para hacer frente a la situación.

La trascendencia real de la llamada a consultas radica sobre todo en el hecho de que ésta es una medida que se realiza de cara al público, de manera que se hace saber a toda la comunidad internacional que un país mantiene oficialmente una discrepancia clara sobre un asunto concreto con otro. En este caso, las relaciones diplomáticas entre los dos países se mantienen plenamente en vigor.

Mucho más grave, por su carácter indefinido, es el siguiente paso, que implica la retirada del embajador. Con este mecanismo, además de expresarse una viva queja, se demuestra el deseo de un país de reducir al mínimo el nivel de las relaciones con otro. No obstante, tampoco implica el cierre de la legación diplomática, de la cual se hace cargo el número dos de la misma en calidad de encargado de negocios ad interim.

El grado más alto de discrepancia entre dos naciones que mantienen vínculos diplomáticos es la ruptura de relaciones, que implica la retirada en pleno de la embajada y siempre suscita la reciprocidad en el otro país

Garrido critica que el Congreso no controle a Don Juan Carlos

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El diputado de Los Verdes Francisco Garrido, que pertenece al grupo del PSOE en el
Congreso, dijo ayer que ha preguntado al Gobierno sobre la reacción del Rey Juan Carlos en la reciente Cumbre Iberoamericana porque existe una falta de control sobre el monarca por parte de Las Cortes.

«Ese era el sentido de la pregunta. Y vamos a seguir en esa línea, porque en el marco constitucional no cabe ninguna institución sin un control parlamentario ni que el Rey se extralimite en sus funciones», dijo.

«El Rey no está ni para reprender a ningún jefe de Estado ni para defender a ningún ex presidente ni a ninguna multinacional española», afirmó.

También indicó que él rompió su pacto con el PSOE hace mucho tiempo, porque este partido no ha cumplido lo que prometió en su programa electoral sobre medio ambiente.

El PSOE dice que ha recuperado la posición perdida en Latinoamérica

La resolución política del Comité Federal presume de la política exterior También incide en que «hoy España está más y mejor cohesionada»

Ni una sola palabra en los cuatro folios que resumen la posición política del PSOE sobre lo ocurrido hace una semana en la Cumbre Iberoamericana, aunque se presume en el texto de la política exterior que ha desarrollado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en esta Legislatura.

Es más, se afirma que, gracias al giro en la política exterior de España, «se está recuperando las posiciones perdidas en Latinoamérica y el Mediterráneo».

La resolución política, además, incide en la nueva política exterior que lidera España, y reivindica la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, así como la contribución de España a la cooperación internacional, «donde nuestro país ha contribuido el triple que el Gobierno anterior».

También el documento político del Comité Federal -el máximo órgano del partido entre congresos- aborda dos temas conflictivos para el PSOE, pero con explicaciones más que favorables para la gestión del Gobierno socialista.

Así, sobre ETA, se afirma que «en esta Legislatura se ha asumido con valentía el reto de conseguir el final del terrorismo, sin que ello supusiese ningún retroceso de la ley, ningún debilitamiento del Estado democrático».

El PSOE justifica este intento de alcanzar el final dialogado de la violencia porque «pretendía salvar vidas, evitar nuevos sufrimientos y acabar con el principal problema de este país en 30 años de democracia».

Sin embargo, hace una declaración muy contundente, en la que asegura que, una vez roto el proceso, no van a «dar ni un paso atrás para conseguir la derrota definitiva del terrorismo»,

El otro punto caliente, el debate territorial, la resolución política lo sustancia en el mismo tono: «Hoy España está más y mejor cohesionada».

El texto político incide en que durante la Legislatura «se ha reducido la diferencia entre comunidades autónomas y se han reequilibrado el gasto y las inversiones en los diferentes territorios».

El resto de la resolución es un discurso panegírico de la gestión del Ejecutivo, con los datos más favorables que se puedan encontrar en las estadísticas.

Además de la discusión política, el Comité Federal ratificará la designación de Manuel Chaves como candidato a presidente de la Junta de Andalucía. También propondrá a José Luis Rodríguez Zapatero como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

La propuesta no es más que un mero trámite, que se consolidará el próximo domingo, en un acto en Fuenlabrada, donde el actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE será proclamado candidato.

También se fijará la fecha del 26 y 27 de enero para celebrar la Conferencia Política, donde se aprobará el programa electoral.

A menos de cuatro meses de las elecciones del 9 de marzo de 2008, se espera un Comité Federal de trámite, donde no habrá debate interno, más allá de que en las federaciones más convulsas -Madrid y Valencia- se presenten en sociedad los nuevos dirigentes orgánicos del partido.

---

«El señuelo de la autoría intelectual»

M. S.

MADRID.- El PSOE dedica una buena parte de su resolución política a hablar de la sentencia del 11-M, arremetiendo de nuevo contra las posiciones del PP. En el documento, los socialistas afirman que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados de Atocha «ofrece la única verdad válida de una democracia tras un atentado terrorista». Por ello, critica duramente al PP, «porque si hay algo que no ha cambiado en España en estos tres años y siete meses es el partido que ha mantenido todo este tiempo la duda, sin fundamento, de que tras los atentados estaba ETA». Para los socialistas, el PP sigue en la misma línea, «buscando desesperadamente alguna vinculación de esta organización con la masacre de Madrid, aunque sea a través del señuelo de la autoría intelectual de los atentados». Para el PSOE, los dirigentes del PP han actuado tras el 11-M «con un ejercicio de irresponsabilidad infinita hacia las víctimas, la sociedad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y fiscales, las instituciones y el Estado de Derecho en su conjunto». Y añade: «Sólo cabría esperar del Partido Popular alguna explicación a los ciudadanos, pero su soberbia aún no ha desaparecido».

LA POLEMICA NACIONAL CRISIS DIPLOMATICA CON VENEZUELA
Prioridad de algunos: quitar hierro

No sólo desde las filas del PSOE, sino desde las páginas de cierta prensa, se lanzan críticas directas o encubiertas al Rey por haber irritado al estadista Chávez. Preocupan las consecuencias...

El viejo y glorioso diario El Sol, tan inspirado por don José Ortega y Gasset, le tenía mucha inquina a la tauromaquia, que consideraba cruel y retrógrada, y por ello sus páginas dedicadas a los toros llevaban el curioso antetítulo de La llamada fiesta nacional. Aun así, informaba bien sobre la llamada fiesta. Cuando El País nació, presentado como heredero espiritual de El Sol, tenía su propia manía: no le gustaba el boxeo. Le parecía cruel, retrógrado y además corrupto. Pero sus rectores fueron mucho más allá que don Manuel Aznar medio siglo antes: anunciaron que no informarían sobre ninguna competición de boxeo, salvo para dar cuenta de muertes, tetraplejias, sobornos y demás desgracias relacionadas con este deporte. Se acababan de arrogar un poder novedoso, el de censurar toda una actividad humana, que no podía aparecer en sus páginas salvo, de cuando en cuando, para denigrarla y vilipendiarla. (Si en El País imperase la coherencia editorial, suponemos que a estas alturas tampoco estarían dando noticias de ciclismo ni de atletismo...).

Viene esto a cuento de que, el miércoles, el lector de El País no pudo evitar recordar lo de su delendum est pugilatum al comparar su portada con las de los demás periódicos, que pese a la separación de los Duques de Lugo estaban llenas de titulares (a toda plana en ABC) sobre la escalada de las agresiones verbales a España por parte de Hugo Chávez. En El País, ni mención: ni uno solo de sus siete titulares de ese día se ocupaba del asunto, que ya el lunes había sido relegado a un tercio de columnita. No es que en páginas interiores faltase la información, pero la sorprendente desaparición de la primera dejaba bien claro que los rectores del diario habían decidido que el asunto ya era perfectamente secundario. Curiosamente, el resto del mundo no lo ha entendido así: por ejemplo, ayer mismo la prensa británica informaba ampliamente sobre los récords batidos por el vídeo del Rey Juan Carlos enfrentándose a Chávez en YouTube.

Quizá esta reflexión de Fernando Savater, en el mismo diario, explique esa postura: «Hasta ahora, el Rey había desempeñado un papel oficioso y casi paternal de cabeza histórica de la Commonwealth latinoamericana, lo que le permitía ejercer ocasionales labores útiles de mediación y arbitraje en algunos conflictos dentro de ella. Esa función será ya mucho más improbable, por no decir imposible, a partir de ahora. España pierde así una vía de influencia en América y América se queda sin una posible herramienta de conciliación democrática».

Carlos Herrera contesta, desde ABC, con una visión bien distinta: «El camorrista venezolano aspira a controlar Hispanoamérica y no cejará hasta que todos los gobiernos estén cortados por su patrón, le cueste el dinero que le cueste. (...) La Cumbre no era más que un paso previo para quitar de en medio a la España preponderante en América: España le molesta para sus planes y nuestros esfuerzos deberán redoblarse para amortiguar su crecimiento en aquellos lugares en los que no está presente a través de sus amigos subvencionados, sea el cuentista Correa, sea el ladrón y violador de menores Ortega».

Federico Jiménez Losantos, en la Cope y EL MUNDO, reitera: sólo por insistencia del Rey defendió Zapatero a Aznar. Y fulmina al ministro Moratinos por zanjar así el tema: «Ya hubo un gesto. ¿Para qué más gestos? ¿Qué resultados producirán?».

Cataluña, territorio caótica y sin Ley: Montilla se esfuma al quedarse solo en el "Parlament"/

Montilla desaparece mientras el 'Parlament' pide la dimisión de la ministra de Fomento

Aunque sólo el PSC defiende a Alvarez, De la Vega dice que el Gobierno no atenderá el requerimiento

DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- José Montilla podrá contar a sus nietos que el día que perdió su primera votación en el Parlament como presidente de la Generalitat se las apañó para estar ausente. No es que la desaparición de Montilla reste trascendencia a su derrota, acaecida durante la petición de dimisión de la ministra Magdalena Alvarez; ni a la soledad del PSC, abandonado por sus socios de ERC e ICV. Pero al menos se libró de verse la cara de palo al día siguiente en los diarios.

Pese a todos los esfuerzos y las llamadas al orden de los socialistas a los partidos con los que gobiernan Cataluña, Esquerra e ICV unieron ayer sus votos a los de CiU, PP y Ciutadans para «pedir al presidente del Gobierno de España que se depuren las responsabilidades técnicas y políticas» de la crisis ferroviaria en Cataluña, «empezando por la destitución de la ministra de Fomento como principal responsable política».

Montilla tenía una excusa para ausentarse -porque estaba clausurando la conferencia de presidentes de Regiones con Poder Legislativo-, y, seguramente, la votación no tendrá consecuencias serias para la integridad del tripartito, pero igualmente la derrota de ayer es importante. Es la primera de la legislatura, y se produce a apenas cuatro meses de unas generales en las que José Luis Rodríguez Zapatero se juega en Cataluña, y más concretamente en los municipios más afectados por el colapso de Cercanías, gran parte de sus posibilidades de seguir en La Moncloa.

El debate previo a la votación fue afilado, con reproches entre socios y pullas indisimuladas entre las trincheras de la oposición y las del PSC. El portavoz parlamentario de ERC y candidato de ese partido al Congreso por Barcelona, Joan Ridao, llegó a decir que Alvarez es «un lastre
y una rémora» para la gestión de Zapatero, y también acusó de «sucursalismo» al PSC. Irónicamente, el portavoz socialista, Miquel Iceta, le felicitó por su «coherencia», porque «tilda de sucursalista a sus compañeros de gobierno y con los que se presenta al Senado».

El diputado de ICV Salvador Milà fue también muy duro con la titular de Fomento: reclamó su cese por «higiene democrática y para intentar recuperar un poco de credibilidad». En los bancos de la oposición, el discurso más duro y brillante lo pronunció el diputado de CiU Josep Rull, que animó al PSC a sumarse al «puñetazo sobre la mesa» de la Cámara catalana a Alvarez. «Los socialistas catalanes, más solos que nunca, son la imagen viva de la subordinación al PSOE», añadió Rull.

Nunca antes

Iceta defendió al PSC con el argumento que lleva semanas repitiendo: que nunca, al menos desde 1980, el Parlament ha pedido la dimisión de un ministro, «porque no es el sitio», y que ningún grupo catalán ha pedido que se vote la destitución de Alvarez en el Congreso, «la Cámara que sí debe ejercer el control» sobre el Gobierno de España.

La oposición coincidió también en criticar la ausencia de Montilla durante la votación. El líder de CiU, Artur Mas, tildó el gesto de «cobardía política». «Lo más importante era lo que pasaba en el Parlament. Ya sé que para él era incómodo quedarse solo, pero un presidente tiene que dar la cara», dijo.

Pese a la euforia de la oposición catalana, desde Madrid llegó poco después una dosis de realidad en forma de declaración displicente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. «Las decisiones del Parlament no afectan al Gobierno de España, que está controlado por el Parlamento nacional. No vamos a atender a ese requerimiento», dijo escuetamente.

---

LAS FRASES DEL DEBATE

Miquel Iceta (PSC). «No corresponde al 'Parlament' erigirse en instancia de control político al Gobierno de España. ¿Qué pensaríamos si el Congreso pidiera la dimisión de, por ejemplo, nuestro consejero de Cultura?».

Josep Rull (CiU). «La ministra debe dimitir por higiene democrática, para romper la impunidad, porque no ha sabido gestionar ni el servicio ni la crisis. Y por prepotente: llegó a decir que Barcelona le haría un monumento».

Joan Ridao (ERC). «En cuanto al sucursalismo, hoy tenemos una demostración evidente en esta Cámara».

Salvador Milà (ICV). «No sólo queremos un cambio de ministra, sino también de las prioridades del Gobierno».

Josep Llobet (PP). «Alvarez fue capaz de decir que duerme bien porque sabe que está transformando España».

Albert Rivera (Ciutadans). «Montilla no ha querido dar la cara, por eso no está».

CiU, PP y ERC critican la broma de Zapatero sobre Cercanías

DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- Con la que está cayendo en Cataluña, fue toda una temeridad que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, preguntase en tono de broma al humorista Andreu Buenafuente si «venía en Cercanías» cuando éste llegó tarde a La Moncloa para entrevistarle. Ayer, varios grupos políticos catalanes criticaron la ocurrencia del presidente.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, consideró «inaceptable, ofensivo y una falta de respeto hacia los usuarios de Renfe afectados por la incapacidad del Gobierno» la «broma» de Zapatero. Duran también acusó al presidente del Gobierno de «estar burlándose de lo que están sufriendo los usuarios perjudicados».

No estuvo menos duro el secretario general de Esquerra Republicana y consejero de Gobernación catalán, Joan Puigcercós, que dijo que el presidente tuvo un comportamiento «frívolo», y afirmó que representó «un papel impresentable» durante la entrevista con Buenafuente. «Hay gente incluso con dificultades económicas» a causa de los retrasos de Cercanías, que «hasta han tenido que pedir créditos para pagar canguros», recordó. «No hay chistes que valgan», añadió el dirigente republicano.

En cuanto al PP catalán, su líder, Daniel Sirera, insistió en que Zapatero se comportó durante la entrevista en La Sexta de «manera frívola e irresponsable», teniendo en cuenta la situación de las infraestructuras catalanas. Sirera pidió al jefe del Ejecutivo que «tome nota» de la petición de dimisión de Alvarez que ayer salió del Parlament y tildó de «muy negativa» su actitud.

.
.
.
Acusan al director de la onegé catalana Global Infantil de dejar morir a una niña con sida

Marlaska pregunta a Exteriores si la Justicia etíope ya investiga los hechos

BARCELONA.- Los dos cooperantes que han denunciado al fundador de la ONG Global Infantil por maltratar a menores en un centro de acogida de Etiopía pidieron ayer que se expulse del centro a su director, Gil Losada, a quien acusan de infligir severos castigos y de dejar morir de inanición a una niña que sufría sida.

En una rueda de prensa en Barcelona, los dos cooperantes, Tomás Jover y Petra García, expusieron ayer el caso más grave del que tuvieron conocimiento de entre los 130 menores que están acogidos en este centro, según informa Efe. Se trata de una niña de cuatro años llamada Teca que falleció el pasado 27 de julio después de que, según el relato de los cooperantes, Gil Losada se negara a proporcionarle el tratamiento para combatir el sida y también se opusiera a que le trituraran la comida para que pudiera ingerir alimentos.

El pasado mes de junio, los denunciantes se trasladaron al único centro de la ONG, a 20 kilómetros de la capital etíope, creado hace cinco años y dirigido desde entonces por el propio Gil Losada. A los pocos días, descubrieron que el director de Global Infantil, según su relato, infligía sistemáticos castigos muy severos a algunos de los chicos y chicas, como por ejemplo permanecer de rodillas ante un suelo pedregoso durante más de cinco horas, con frío y lluvia, o transportar bloques de hormigón descalzos.

También comprobaron que no hacía caso de las indicaciones de la doctora etíope del centro, y les constan las denuncias de algunas menores que dijeron que había intentado abusar sexualmente de ellas. Según su versión, tras discutir con él y decirle que le denunciarían, Gil Losada les amenazó advirtiéndoles de que «era muy fácil sufrir un accidente» en Etiopía, por lo que se limitaron a tomar fotografías y vídeos a hurtadillas para poderlos presentar como prueba de la pesadilla que vivían los menores cuando regresaran a España.

Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional defendió su actuación en el caso y resaltó que instruyó a su oficina en el terreno y a la embajada de España en Addis Abeba «para que realizasen un seguimiento exhaustivo de la situación e informasen a las autoridades etíopes».

En un comunicado, la agencia asegura que también se dirigió a la ONG para que, «en interés del buen fin del proyecto, sustituyese provisionalmente al director del mismo». Por ello, mantiene que ha actuado en todo momento «con diligencia e inmediatez».

Desde la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Grande-Marlaska ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que averigüe si la Justicia etíope ha abierto alguna investigación por los hechos, lo que cerraría la competencia a la Audiencia Nacional. De no ser así, fuentes jurídicas indicaron que la intención del magistrado es remitir a ese país toda la información de que disponga para tratar de que se abra esa causa, ante las dificultades que supondría llevar adelante la investigación desde España.