LUCHA ANTITERRORISTA / Realiza un registro en la sede del PCTV utilizada habitualmente por la Mesa Nacional / Garzón reconoce hasta 12 reuniones como la del jueves en Segura que hasta ahora no había considerado relevantes
El cambio de criterio del Gobierno lleva al fin a la cárcel a la trama civil de ETA
ANGELES ESCRIVA / MANUEL MARRACO
MADRID.- La operación dirigida por el juez Baltasar Garzón contra Batasuna, que se tradujo en la detención el jueves de 20 de los 38 miembros de la Mesa Nacional, constituye un cambio de criterio respecto a la actitud mantenida por el magistrado en los meses en los que transcurrió la tregua. Entonces mantuvo, como ahora, una perfecta sintonía con el Gobierno, alguno de cuyos más relevantes miembros declaró a este periódico, tras el fallido proceso, que el Ejecutivo iba a ir, a partir de entonces, «a por todas».
En enero, Garzón escribía en un auto que era «simplista» identificar ETA con Batasuna y criminalizar de este modo a la izquierda abertzale. Ayer, a petición de la Fiscalía, envió a prisión al dirigente de la formación ilegalizada Joseba Alvarez, por seguir actuando como miembro de una organización terrorista.
Incluso reconoció el magistrado que Batasuna ya había celebrado una docena de reuniones como la que ha desencadenado la última operación.
Uno de los ejemplos de esta compleja situación lo constituye el registro ayer de la sede en el polígono Belartza de San Sebastián del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía consideran que hay relación entre esta formación y Batasuna y por eso realizaron la solicitud de entrada en las citadas oficinas.
Como han asegurado enfáticamente los miembros del PCTV, las instalaciones están alquiladas por uno de sus miembros, pero los agentes tienen acreditado que, prácticamente a diario, destacados dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna han estado reuniéndose y trabajando en esas oficinas hasta el punto de que constituían, según reconoció la Fiscalía, su sede social. Sin ir más lejos, Arnaldo Otegi fue detenido en su día en dicho edificio, que en el pasado albergaba una de las sedes de Batasuna.
Ayer, los agentes tuvieron que esperar desde las 11.00 hasta las 16.00 horas la llegada de la orden de registro desde el juzgado y protagonizaron junto al abogado de Batasuna, Iñigo Iruin, una situación más que peculiar en la que ni ellos podían entrar en la sede, ni podían permitir que lo hiciesen los miembros de Tierras Vascas para que no manipulasen las posibles pruebas.
«Déjenme ver la orden de registro», reclamaba Iruin acompañado por Nekane Erauskin, una de las representantes del PCTV en el Parlamento vasco. «La secretaria judicial se la enseñará cuando venga», respondía el agente al tiempo que les comunicaba a ambos: «No les puedo dejar entrar». Finalmente, por la tarde, los investigadores pudieron llevar a cabo la inspección de las oficinas y se incautaron de abundante documentación que, junto al resto del material informático encontrado en los domicilios de los detenidos, ha de ser analizada rápidamente dado que el juez ha pedido un informe urgente que le debe ser entregado hoy.
Documentación
Sin embargo, la cesión de los locales tampoco es suficiente para que ni desde el Gobierno ni desde los juzgados, por el momento, se dé un paso más. A estos efectos, las dos instituciones aseguran estar a la espera de lo que revele la documentación. No es la primera vez que Tierras Vascas se ve relacionada con Batasuna: no ha condenado los atentados; algunos de sus asesores en el Parlamento son miembros de Batasuna; en su origen hay un acuerdo con Joseba Permach -el sustituto de Otegi detenido el jueves-; según un informe del Gobierno tiene en nómina a más de 30 miembros de la formación ilegalizada, y pagaba un sueldo fijo a dos presuntos miembros de ETA. El Ejecutivo ha venido considerando que ninguno de estos precedentes es suficiente para instar a su ilegalización que, por otra parte, ya no impediría que sus diputados continuasen en la Cámara vasca.
Se ha confirmado también que uno de los arrestados -presente en la reunión de la Mesa Nacional pero que no constaba como uno de sus miembros-, Egoitz Apaolaza, fue apoderado de Tierras Vascas en 2005 y se presentó como número cuatro por la lista anulada de ANV en la localidad guipuzcoana de Segura, donde se realizó el encuentro. Otro de los nombres vinculado con las planchas de ANV es el de Maria Aránzazu Santesteban.
Los detenidos empezarán a pasar a disposición judicial a partir de mañana. Ayer, Ibon Arbulu y Ana Lizarralde -arrestada en su día por su labor en Ekin y por actuar como «comisario político de ETA», según el sumario- fueron trasladados a Madrid.
El único portavoz de Batasuna que queda todavía en libertad, Pernando Barrena y la abogada Jone Goirizelaia, ambos miembros de la Mesa Nacional, no fueron arrestados el jueves porque, ocupados en atender a varios representantes del Sinn Feinn, no se trasladaron a Segura. Las detenciones efectuadas por pertenencia a ETA y vulneración de suspensión de actividades de Batasuna no impidieron, no obstante, que realizasen declaraciones en su nombre sin que nada ocurriese.
La del jueves no era ni mucho menos la primera reunión de la Mesa Nacional de Batasuna desde que fuera ilegalizada ni era la primera desde que acabó la tregua. Sus miembros tampoco estaban intentando «reactivar el partido» únicamente en dicho encuentro, como se ha asegurado para explicar el momento en el que se ha efectuado la operación. Batasuna se ha estado reactivando en multitud de reuniones, tal y como ha venido informando EL MUNDO.
Salvatierra
Las hubo durante las elecciones, durante el mes de julio para que los jóvenes más radicales relevasen a los veteranos, en el mes de agosto una vez por semana y en el mes de septiembre hasta dos veces por semana. Las Fuerzas de Seguridad han realizado informes que así lo advertían. Uno de ellos, sin ir más lejos, fue elaborado hace cuatro semanas cuando se avisó de que la Mesa Nacional iba a celebrar un encuentro en la localidad alavesa de Salvatierra. Y así lo reconoce incluso el juez Garzón en el auto de procesamiento de Joseba Alvarez, en el que recoge hasta 12 encuentros similares: «El día 14 de septiembre de 2007 se produce una asamblea nacional de Batasuna en Salvatierra y en la que se incautaron diversos soportes documentales», dice de uno de ellos. Garzón documenta dos reuniones más en septiembre: una de nuevo en Salvatierra y otra en la localidad guipuzcoana de Usurbil. Pero, entonces, no ocurrió nada.
LUCHA ANTITERRORISTA / La actuación policial
El ingreso en prisión de Joseba Alvarez anticipa el del núcleo duro de Batasuna
Garzón considera ahora que ha reiterado el delito de pertenencia a ETA por el que estaba procesado - Varios de los 23 detenidos, que comparecen mañana, también están inmersos en algún sumario
MANUEL MARRACO
MADRID.- El ingreso en prisión del dirigente de Batasuna Joseba Alvarez anticipa el camino que van a seguir mañana otros miembros de la Mesa Nacional de la formación abertzale que ya se encontraban inmersos en algún sumario de la Audiencia Nacional.
Para ellos se podría aplicar la mayor parte del auto por el que el juez Baltasar Garzón, a petición de los fiscales Juan Moral y Carlos Bautista, envió ayer a la prisión de Soto del Real al responsable de relaciones internacionales de Batasuna. El magistrado le imputa una reiteración en el delito de pertenencia a organización terrorista, por el que ya había sido procesado en el sumario de las herriko tabernas, dentro del cual se practicaron todos los arrestos del jueves por la noche. En esa misma situación se encuentran los detenidos Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro y Rufino Etxeberria.
Junto a ellos, la lista de 23 detenidos incluye a un imputado -aún no procesado- en ese mismo sumario, el responsable de comunicación de Batasuna, Juan José Petrikorena. Otros dos, Imanol Iparraguirre y Ana Lizarralde, están pendientes de sentencia por pertenencia a ETA en el macrojuicio 18/98, y dos más están acusados en los sumarios de Udalbiltza (Ibon Arbulu) y Gestoras (Maite Díaz de Heredia).
Respecto a Joseba Alvarez, Garzón arranca su auto de prisión enumerando una docena de actos de los últimos 15 meses en los que el detenido actuó como responsable de Batasuna. Pese a que cada uno de ellos podría interpretarse como una reiteración delictiva -además de suponer una vulneración de la suspensión de actividades que pesa sobre Batasuna-, no llevaron en su momento a la detención de Alvarez.
El magistrado explica por qué ahora sí y antes no: «Ahora, lo que el relato de hechos, apoyado en los informes policiales, vigilancias y documentos intervenidos demuestra es, por una parte, la reiteración en actividad delictiva allí reseñada, y, por otra, la de la actualidad de la responsabilidad en representación de una organización [Batasuna] que presuntamente se integra en el complejo terrorista liderado por ETA». Un complejo, añade en referencia al final de la tregua, que «continúa su actividad delictiva». El instructor también explica el cambio de criterio en la «escalada exponencial de acciones terroristas» de ETA, incluida la kale borroka.
El magistrado recuerda en su escrito el auto que dictó en este mismo sumario el pasado 26 de enero, para decidir la prisión o libertad de Otegi. Resalta que ya entonces advirtió de que la reiteración de los procesados en el delito de integración en organización terrorista «podría dar lugar a la modificación de las medidas cautelares». Es decir, a su envío a prisión.
Fue en ese mismo auto en el que Garzón pidió que no se criminalizara a la izquierda abertzale: «Criminalizar las acciones de la I.A. [izquierda abertzale] por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria en esta causa». La precisión sirvió entonces para considerar que, tras el atentado de Barajas, Otegi había hablado en nombre de la izquierda abertzale, y no de Batasuna, lo que justificaba que no se le enviase a prisión.
LUCHA ANTITERRORISTA
El local de Segura es del Obispado pero lo gestiona el Ayuntamiento
JOSE MANUEL VIDAL
MADRID.- El local de Segura donde se reunieron los miembros de la cúpula de Batasuna detenidos el pasado jueves es propiedad del Obispado de San Sebastián, ya que fue durante mucho tiempo la casa parroquial, pero lo gestiona el Ayuntamiento, que lo utiliza tanto como espacio cultural como religioso. «Pertenece a la diócesis», confirmó ayer a EL MUNDO uno de los padres franciscanos encargados de la parroquia.Fuentes municipales de Segura, gobernado por la candidatura independiente Segura Lantzen, integrada por miembros del PNV y de EA, aseguraron a Europa Press que fue el Ayuntamiento el que concedió permiso para que los 23 dirigentes de Batasuna se pudieran reunir en la Casa Zurbano, como se denomina al local. «La empleamos para dar catequesis o para ensayar los cantos de la eucaristía dominical», dice el padre franciscano, «pero también se utiliza para otros muchos actos culturales y sociales. Es una casa abierta a todo el pueblo».
Habitualmente es el Ayuntamiento el que se encarga de otorgar los permisos cuando alguien, «que necesariamente tiene que ser vecino del municipio», solicita alguno de los locales de la casa de cultura. Las mismas fuentes indicaron que en ningún caso se piden «explicaciones» a la hora de conceder permisos sobre los motivos para los que se requiere un local.
El padre franciscano que ayer por la tarde atendía la parroquia se abstuvo de comentar este extremo y adujo que no conocía a fondo la situación jurídica de la antigua casa parroquial. Eso sí, reiteró que «no es del Ayuntamiento, sino que pertenece a la diócesis».
Fuentes próximas al Obispado de San Sebastián aseguran que «la Iglesia diocesana fue la primera sorprendida de que Batasuna se reuniese allí» y se indignan por el, a su juicio, «intento de meter a la Iglesia donde no está». Por eso, piden prudencia y que no se levanten falsos testimonios contra el titular de la diócesis, monseñor Uriarte. «Hay muchas casas parroquiales desafectadas, que están abiertas a quien las pueda necesitar sin que, a veces, se entere ni el cura; cuanto menos el obispo», aseguran.
LUCHA ANTITERRORISTA / La actuación policial
A la cárcel también por la manifestación
MADRID.- Baltasar Garzón imputó ayer a Joseba Alvarez y a Ohiana Aguirre diversos delitos relacionados con los altercados que tuvieron lugar el pasado 9 de septiembre en San Sebastián, y que han servido para enviar a ambos a prisión.
Respecto a Alvarez, señala que por su «posición preeminente» como miembro de la Mesa Nacional de Batasuna tenía influencia «decisiva» sobre la organizadora del acto, Askatasuna. Añade que al instigar a participar en una manifestación prohibida, buscaba «la alteración de la paz pública, sin excluir los más que probables, y de hecho seguros, actos de violencia que se produjeron». El juez le imputa incitar a una manifestación ilegal, así como los daños, lesiones, amenazas o coacciones que se produjeron. Las únicas palabras de Alvarez ante el magistrado fueron para decir que no estuvo presente en la marcha.
En cuanto a Aguirre, explica que es la responsable de Askatasuna en Guipúzcoa y que tiene «vinculación» con ETA. Como en el auto que sirvió para encarcelar a Juan María Olano, señala que su actuación supuso «un auténtico desafío a las instituciones», y le imputa integración en organización terrorista y provocación para cometer delitos de terrorismo (los actos de 'kale borroka').
LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
El PP celebra unas detenciones que estima que debieron producirse «hace tiempo»
Angel Acebes no niega su «oportunidad política», pero las aplaude «sean cuales sean los motivos» Exige al Gobierno que entregue al Supremo todas «las pruebas de sobra» para ilegalizar ANV y PCTV
CARMEN REMIREZ DE GANUZA
AVILA.- Angel Acebes celebró ayer en Avila (su ciudad natal y feudo natural de los populares) la detención de la Mesa Nacional de Batasuna. Sin recelos ni grandes ironías. La única crítica que dedicó al Poder Judicial y a la Fiscalía dependiente del Gobierno de Zapatero es que «había que haberlo hecho hace tiempo».El número dos de Rajoy calificó de «fortuna» el que «vamos a dejar de verles dando ruedas de prensa y reuniéndose en público y en privado», y apuntó al Gobierno que «éste es el camino», antes de exigirle, a renglón seguido, que proceda a partir de ahora a instar ante el Tribunal Supremo la ilegalización de ANV y PCTV, haciéndole entrega de todas las «pruebas de sobra» que ya obran en su poder sobre su identidad con Batasuna.
Esta fue la medida que puso Acebes para advertir un verdadero cambio en la política antiterrorista del Ejecutivo de Zapatero, al que, por otra parte, volvió ayer a culpar de la «gran crisis nacional» que, asumiendo las palabras de José María Aznar de la víspera, vive España.
Curiosamente, el dirigente popular renunció de manera expresa a desmarcarse de la opinión del Gobierno vasco sobre la «oportunidad política» de dicha operación. Se limitó a afirmar que «sean cuales sean los motivos», se trata de una «muy buena noticia» que a él «le alegra».
Por supuesto, Acebes puntualizó que no tenía «motivo para dudar de la fundamentación jurídica» del auto del juez Garzón, y que él está «convencido, con el Tribunal Supremo, de que Batasuna es ETA y de que los detenidos lo han sido con arreglo a Derecho».
Pero Acebes se mostró mucho más interesado por el efecto político que por el jurídico. «Deseo y espero que el auto esté bien hecho», dijo, mucho después de subrayar que con esta resolución se «demuestra» que los detenidos «no son 'hombres de paz'», como llegó a decir Zapatero durante el año largo que duró el proceso, «sino «terroristas con los que no hay nada que negociar». Y prueba, además, en palabras de Acebes, que el PP tenía razón y que «hay que actuar con la ley, pero con toda la ley, contra ETA y su complejo».
Pero si el secretario general de los populares se mostró condescendiente en lo que se refiere a la operación de la Audiencia Nacional, fue implacable frente al presidente del Gobierno por su «debilidad» frente a los crecientes «ultrajes» al Rey y a las instituciones. Acebes aseguró que Zapatero es «parte del problema», por haber roto los consensos de la Transición y «aliarse con los radicales». Tanto en relación con los actos vandálicos de los independentistas catalanes como con el desafío secesionista de Ibarretxe, dio una única solución. «Para frenar a Ibarretxe hay que sacar a Zapatero del Gobierno», afirmó.
También ayer, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, celebró en Vigo la operación contra Batasuna en lo que calificó como una «rectificación» del Gobierno. No obstante, reclamó a Zapatero tres cosas: que actúe para ilegalizar ANV, que realice una afirmación clara de que no va a negociar con ETA y que se manifieste de forma «clara, rotunda y entendible» contra la consulta anunciada por Ibarretxe, informa Maite Gimeno.
LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
«Yo no tengo miedo»
La alcaldesa de Lizarza asegura en Avila que va a defender su «tierra vasca y española para que en ella se viva en paz»
CARMEN REMIREZ DE GANUZA
AVILA.- No es ninguna extranjera, pero viéndola pasear por las calles de Avila así lo parecía. Acompañada de Antolín Sanz, el senador y presidente del PP provincial, la alcaldesa popular de Lizarza no podía disimular un cierto gesto de desconcierto y hasta de asombro. «Es que, claro», decía, «aquí no sólo no te insultan por la calle, sino que los vecinos te saludan, muy amables».Pequeña, morena, seria, pero relajada, Otaola era ayer el centro de una crónica amable, el contrapunto de su habitual día a día en el pequeño pueblo guipuzcoano del que es primer edil, porque así se lo propuso y porque así se lo permite su madre, de 85 años, que cada noche, discreta y sabedora de lo que le espera, le despide con la misma cantinela: «¿Vas a madrugar mucho, hija mía?».
Venía al corazón de Castilla a recibir un homenaje de sus compañeros de partido, pero actuaba con la naturalidad de quien sólo va a degustar con sus amigos un buen filete de ternera. ¿Miedo, dicen? «Yo no tengo miedo». Le sobra carácter, el recuerdo vivo de Goyo Ordóñez y ese duro acento guiputzi. «Oye, que yo no voy de mártir, ¿eh?», advertía a los periodistas que se acercaban a conocerla como quien iba a tocar un frágil monumento o al icono en que la ha convertido su partido y toda la resistencia españolista en el País Vasco. «Pero sí tengo claro que voy a defender aquello en lo que creo, que voy a defender a mi tierra vasca y española porque quiero que en ella se viva en libertad; que para ello hay que luchar y que no vale tirar la toalla».
La alcaldesa renegaba ayer, como tantas veces, de los alcaldes socialistas del País Vasco que siguen sin cumplir la ley de banderas sólo «para no crispar».
Rodeada por los suyos, los populares, aseguraba que su prioridad ahora es la gestión de los asuntos ordinarios del Ayuntamiento. Una vez colocada, «y bien colocada» la bandera española en el balcón, ella no quiere librar más batallas que las estrictamente necesarias. No quiere que vayan ni Rajoy ni ninguna alta representación del partido por unas calles por las que «sólo aparecen los que nos insultan» y donde «los que nos apoyan están escondidos en su casa».
«Es difícil conocer a los vecinos. ¡A algunos de los 27 que nos votaron ni siquiera los conocemos!», decía, «aunque algunos ya se me han dado a conocer, fuera del pueblo, claro».
LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
El Gobierno ve plena «normalidad democrática» en la operación
MARISA CRUZ
MADRID.- El Gobierno no quiso pronunciarse ayer a propósito de la detención de los dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna. La vicepresidenta se limitó a enmarcar la decisión del juez Garzón en el «funcionamiento normal» de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.
«El Gobierno no tiene absolutamente nada que decir», recalcó De la Vega, quien además rechazó hacer «especulaciones» en torno a la hipótesis de que ETA pretenda responder a las detenciones con un atentado. En este sentido, sólo señaló que las Fuerzas de Seguridad están «en situación de combatir» cualquier actuación de la banda que, recordó, «siempre está dispuesta a ello». Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo, a raíz de los últimos acontecimientos, vea el terreno propicio para la ilegalización de ANV, recalcó que el Gobierno está «vigilante» ante «cualquier actuación al margen de la legalidad» y actuará en cuanto la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado vean elementos suficientes para ejercitar acciones.
LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
Batasuna dice que la operación es una «venganza» por su postura en el proceso
Barrena acusa al Gobierno y al PSOE de intentar mejorar sus perspectivas electorales demostrando que pueden llegar a ser «más salvajes» que el PP
RAMON SANMARTIN
SAN SEBASTIAN.- Una «venganza» del PSOE contra la izquierda abertzale. Así es como entiende Batasuna la reciente operación policial que se ha saldado con el arresto de 23 personas, 20 de las cuales pertenecen a su Mesa Nacional. A su juicio, estas detenciones constituyen «un castigo» del Gobierno socialista contra la formación ilegal por su defensa del «derecho a decidir de los vascos durante el proceso negociador».«Esa es la venganza del PSOE, de Zapatero y de Pérez Rubalcaba, que en estos momentos quieren hacer pagar a la izquierda abertzale por su coherencia y su postura en esas conversaciones», señaló ayer el dirigente de Batasuna Pernando Barrena.
El único portavoz de la formación independentista que sigue en libertad cargó duramente contra el Ejecutivo socialista por la última batería de arrestos a miembros abertzales. Así, le acusó de realizar esta «operación de castigo» para intentar mejorar su posición preelectoral frente al PP mediante una demostración de que puede llegar a ser «más salvaje» que éste «a la hora de vulnerar derechos políticos y civiles».
Además, le reprochó el modo en que se llevaron a cabo estas detenciones, dado que se trata, según dijo, de personas «que en otras ocasiones han sido citadas a declarar en la Audiencia Nacional y han acudido en todos los casos sin ningún tipo de problema y por voluntad propia».
No obstante, el dirigente radical rehusó referirse a las informaciones según las cuales los arrestados se habían reunido para formalizar el traspaso de poderes entre la vieja y la nueva Mesa Nacional de Batasuna.
Tras el capítulo de críticas, Pernando Barrena se dirigió al Gobierno central para advertirle de que su «problema» no son los 23 detenidos ni la izquierda abertzale, sino «el pueblo vasco, que es un sujeto de decisión y está llamado a decidir libremente su futuro». Por último, animó a la ciudadanía a mostrar su «fuerte rechazo» a estos arrestos mediante su participación en las movilizaciones de protesta que se organicen «en los próximos días».
Precisamente ayer, varios centenares de simpatizantes de la izquierda abertzale se manifestaron frente a las sedes del PSE en Bilbao y San Sebastián, donde corearon consignas de apoyo a los detenidos y a los presos de ETA. En Marquina (Vizcaya), un grupo de encapuchados intentó quemar un autobús después de obligar a sus ocupantes a abandonarlo. El atentado de kale borroka concluyó sin éxito, ya que los cócteles molotov que lanzaron los radicales no llegaron a explotar.
Barrena realizó estas declaraciones tras acompañar, junto a la abogada y también miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Jone Goirizelaia, a los miembros del Sinn Fein Pat Rice y Bairbre de Bruin a la cárcel de Martutene, donde visitaron a Arnaldo Otegi.
Antes de entrar al centro penitenciario, la europarlamentaria del Sinn Fein Bairbre de Bruin opinó que la operación contra Batasuna, «en lugar de mejorar, va a empeorar la situación» de cara a buscar una «solución».
Esta visita a Otegi congregó a medio centenar de simpatizantes de la izquierda abertzale. Entre los presentes se encontraban los dirigentes del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga y Txutxi Ariznabarreta.
DESDE MADRID
Diego López Garrido (PSOE). «En España, las leyes y las sentencias se cumplen y quien la hace la paga. La apología de la violencia es incompatible con la actividad política».
Joan Tardà (ERC). «Queremos creer que no se trata de detenciones políticas con fines electoralistas pero todos los indicios nos llevan a concluir que puede ser así. Es un acto antidemocrático que lo único que consigue es perpetuar el conflicto».
Josep Antoni Duran Lleida (CiU). «Batasuna debe ser consciente de que hay un cambio tremendo respecto a cuando había interés en hablar con ellos para acabar con la violencia».
José Luis Requero (vocal del CGPJ). «Viniendo del juez Garzón, con que la decisión esté sujeta a Derecho y esté con el debido rigor jurídico me daría por satisfecho».
Gaspar Llamazares (IU). «La decisión debe estar muy fundamentada para evitar falsos victimismos».
LUCHA ANTITERRORISTA / Las reacciones
El Gobierno vasco ve «sospechosas» las detenciones
Considera que van a provocar más tensión en la situación social del País Vasco, mientras el PNV arremete contra Garzón
M. VEGA
VITORIA.- El Gobierno vasco criticó ayer con dureza las detenciones de 23 personas practicadas por orden del juez Garzón.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, que actuó como portavoz del Gobierno de Ibarretxe, consideró «sospechoso» que actuaciones judiciales tan relevantes coincidan con momentos políticos trascendentales. «Tensionar en estos momentos la situación social en Euskadi es algo que conviene a quienes rehúyen el debate a fondo sobre el conflicto político», aseguró.
También calificó como una «hipocresía política» perseguir a la izquierda abertzale cuando hace medio año el PSOE y el Gobierno se reunían con ella. A renglón seguido arremetió contra el juez Garzón porque, a su juicio, «ha transformado en delictiva una actividad política». «Ningún conflicto se canalizará por la vía penal, al menos los conflictos de naturaleza política», concluyó.
En un tono más moderado se expresó Javier Balza, consejero de Interior del PNV, que vio «congruente» la operación con la filosofía jurídica de la Audiencia Nacional, que anteriormente suspendió las actividades de Batasuna. De cualquier forma, consideró que el arresto de la cúpula de Batasuna «hace perder vías de interlocución, contactos».
Por su parte, el previsible próximo presidente de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, abogó por «desterrar» la Ley de Partidos porque no ayuda en el camino de la pacificación. Calificó la operación como una «ficción», ya que todos sabían que los detenidos eran miembros destacados de Batasuna cuando el año pasado se negociaba entre distintos partidos políticos y ETA mantenía la tregua, y afirmó que su partido espera que las detenciones «estén ajustadas a Derecho y fundamentadas». Añadió, por último, que el juez que las ha ordenado, Baltasar Garzón, les «tiene acostumbrados a golpes de efecto» que posteriormente tienen «difícil vuelta atrás».
El histórico dirigente nacionalista Xabier Arzalluz fue una de las voces más críticas. Acusó a Zapatero de crear «una especie de Estado de excepción». «En Madrid no hay otra política que detener, reprimir y encarcelar masivamente», añadió. Arzalluz vaticinó que, ayer mismo, Batasuna ya tendría otra Mesa Nacional funcionando.
A su vez, el senador peneuvista Iñaki Anasagasti calificó de «auténtico despropósito» la operación policial contra Batasuna y al juez Garzón de «veleidoso». También acusó a éste de tomar esta decisión que, a su juicio, «no hay por donde cogerla desde el punto de vista político, judicial y democrático» para agradar al PSOE.
LUCHA ANTITERRORISTA / El debate político
La Cámara vasca da ocho meses a Ibarretxe para cumplir los planes de apoyo a las víctimas
PP y PSE no consiguen que el tripartito suprima las ayudas a los familiares de presos de ETA
ELENA P. IRIARTE
VITORIA.- Aunque el crispado clima político parecía presagiar una nueva jornada de enfrentamientos y ni el más optimista aventuraba la posibilidad de un acuerdo, los grupos parlamentarios decidieron ayer aparcar sus diferencias y dar una imagen de relativa unidad ante las víctimas del terrorismo en el Pleno monográfico celebrado en la Cámara. Pese a las críticas que se dirigieron mutuamente en el primer turno de intervenciones, los partidos consiguieron después un consenso, inédito en esta legislatura, que se materializó en la aprobación por el tripartito, el PSE y el PP de 20 iniciativas en favor de los damnificados por el terrorismo, a quienes se pidió perdón por el olvido y desamparo de muchos años.
La nota discordante la pusieron el PCTV, que tras intervenir decidió ausentarse del Pleno en protesta por la detención de la cúpula de Batasuna, y, en menor medida, Aralar, que se desmarcó del acuerdo y sólo respaldo una iniciativa para reconocer a las víctimas de «grupos incontrolados, de la extrema derecha y los GAL».
En el listado de medidas ratificadas por el pleno destaca una especialmente relevante, que exige al Gobierno vasco el cumplimiento de todas y cada una de las medidas acordadas en la Ponencia de Víctimas de 2005 y le da un plazo para hacerlo: mayo del próximo año. En este fecha, la Cámara celebrará un pleno monográfico para evaluar el cumplimiento del mandato de Ibarretxe.
Medidas pendientes
El envío al Parlamento de la Ley de Solidaridad, la completa puesta en marcha de un plan de Educación para la Paz en los centros escolares, la elaboración de un plan de apoyo a profesores y alumnos de la UPV que sufren violencia de persecución o un plan de acompañamiento a las víctimas en los juicios contra sus agresores son algunas de las medidas que quedan pendientes desde 2005 y a las que ahora se deberá dar cumplimiento en ocho meses escasos. La resolución aprobada ayer comienza con una manifestación de «solidaridad y respeto» a las víctimas y de «condena firme y contundente del terrorismo y de todos los que lo apoyan». Pide, además, medidas para «deslegitimar ética, política y socialmente el terrorismo» y hace suyos los principios de actuación que guían a las víctimas: memoria, dignidad y justicia. Junto a estas declaraciones, la Cámara acordó pedir al Ejecutivo la inclusión en el proyectos de Ley de Solidaridad de mecanismos de participación de las víctimas en las materias que les afecten.
El acuerdo dejó fuera las propuestas más polémicas del PP y PSE, partidos que se respaldaron mutuamente y que, al empatar a 33 votos con el tripartito y Aralar, las vieron decaer.
El tripartito se negó a apoyar la supresión de las ayudas a los familiares de presos y la inclusión en el decreto de subvenciones a asociaciones del requisito de condenar expresamente la violencia.
LUCHA ANTITERRORISTA / El debate político
«Mi padre fue Gregorio Ordóñez y estoy orgulloso de ello»
O. TORRES
Después de cuatro años de espera, el debate monográfico sobre la atención a las víctimas del terrorismo resultó algo frío, y no porque sus protagonistas no pusieran empeño en lo contrario. La presidenta de la Cámara vasca, Izaskun Bilbao, y varios portavoces esperaron a los representantes de las asociaciones en el mismo hall del edificio para que quedara patente el compromiso institucional con la cita. Desde algunos partidos, como el PNV, pese a las críticas recibidas, la petición de perdón sonó a intento de cambio de rumbo. En ello se esforzó Iñigo Urkullu, en su papel de presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
La sesión, no obstante, resultó fría, contaminada en buena medida por las noticias sobre las detenciones de los dirigentes de Batasuna. Las reacciones sobre una y otra cuestión se mezclaron en un cóctel poco recomendable, que dio la impresión de que las preocupaciones estaban en otro escenario. La presencia de las asociaciones catalana, canaria y andaluza de víctimas, de ARCO, Covite, las fundaciones Gregorio Ordóñez, Miguel Angel Blanco, Fernando Buesa, Jorge Díez y Korta Bidetik entre los invitados garantizaron cierta solvencia al debate, una cercanía de la discusión parlamentaria a la realidad, aunque en algunos casos las críticas fueran muy duras. La hermana de Miguel Angel Blanco, Mari Mar, la hija de Enrique Cuesta, Cristina, y la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, tuvieron un especial protagonismo. Además, plantaron a la portavoz del PCTV, Itziar Basterrika, cuando tomó la palabra.
En la sala de prensa del Parlamento fue Ana Iribar, la viuda de Gregorio Ordóñez, la que tomó la palabra para expresar con mayor emotividad sus sentimientos: «Los demócratas venceremos y lo haremos en recuerdo de Gregorio y de tantos otros, por sus hijos, sobrinos y nietos, para que puedan decir, como mi hijo: 'Mi padre fue Gregorio Ordóñez y estoy orgulloso de ello'».
LUCHA ANTITERRORISTA / El debate político / LAS MENOS CRITICAS
Urgen a aprobar la ley
O. TORRES
VITORIA.- Las asociaciones autonómicas de víctimas del terrorismo de Cataluña, Andalucía y Canarias, pidieron ayer medidas concretas de asistencia médica, psicológica y legal y urgieron al Gobierno vasco a que presente cuanto antes la Ley vasca de Víctimas del Terrorismo para que se ocupe de estas tareas.
El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, Roberto Manrique, solicitó que se aparte de las disputas políticas a las personas que han padecido el terrorismo de ETA de forma directa.
Manrique subrayó que la invitación para acudir al Pleno monográfico partió del Parlamento vasco, no del Gobierno autonómico, y que el legislativo acordó por unanimidad la adopción de las medidas cuyo cumplimiento se analizaba, por lo que consideró razonable acudir a la cita, una opinión que no han compartido los colectivos de Comunidad Valenciana, Galicia o Extremadura, como tampoco la mayoritaria AVT. «Más vale tarde que nunca», señaló respecto al retraso de cuatro años que acumulaba la sesión.
LUCHA ANTITERRORISTA / El debate político / LAS MAS CRITICAS
Exigen la derrota de ETA
O. TORRES
VITORIA.- Tres organizaciones de víctimas del terrorismo con una amplia representatividad en el País Vasco demandaron ayer del Gobierno vasco una política dirigida a derrotar a ETA y criticaron el «autismo moral» del 'lehendakari', al que criticaron por su intención de convocar una consulta y recordaron su compromiso de no hacerlo mientras ETA continuara activa.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y las fundaciones Gregorio Ordóñez y Miguel Angel Blanco reivindicaron el papel político de las víctimas con un discurso muy crítico con Ibarretxe. «Fue ETA quien nos convirtió en víctimas políticas. Tenemos el derecho y la obligación de defendernos políticamente. Sin una política para la derrota de ETA, todo queda en papel mojado», señala el manifiesto al que dio lectura en el Parlamento vasco la portavoz de Covite, Cristina Cuesta. Los tres colectivos acusaron al nacionalismo vasco de «haber rentabilizado políticamente la situación de acoso provocada por ETA para fortificar su poder».
¿POR QUE NO SE CUMPLE EN ESPAÑA LA LEY DE BANDERAS? (26)
EL AYUNTAMIENTO DE GUECHO, AYER
El Consistorio del municipio vizcaíno de Guecho, uno de los cinco más grandes del País Vasco, estuvo a punto de ir a parar a las manos del PP. Sin embargo, el pacto de 'no agresión' entre nacionalistas y socialistas dejó al peneuvista Imanol Landa al frente del Ayuntamiento. Sin cambios en el poder, tampoco los hubo en el acatamiento de las leyes.Así,ninguna bandera luce en la fachada de la elegante casa consistorial; lo hace, eso sí, la ikurriña, desafiante desde la plaza de enfrente, en el corazón de Neguri.
LEY 39/1981, DE 28 DE OCTUBRE. Artículo 3: 1. «La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (24-VII-2007). «La bandera debe ondear diariamente con carácter de permanencia, no de coyuntura, no de excepcionalidad sino de generalidad y en todo momento».
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EDITORIALES DEL DÍA
Lo cierto es que no hacía falta manipular la frase para percibir que en la intervención había una autodefensa por parte del Rey. Tanto la Casa Real como Zapatero han querido después quitar hierro al asunto alegando que esa reivindicación de la Monarquía es algo «habitual» en las alocuciones de Don Juan Carlos. La excusa es improcedente, pues son el contexto y las circunstancias los que dotan de significado a cualquier discurso, y los últimos gestos incendiarios contra la institución monárquica y su persona no son nada habituales. Por otra parte, lo que suele hacer el Rey es ensalzar la España constitucional, donde su papel está reconocido. Pero el lunes quiso ir más lejos y hacer una mención expresa de la Monarquía en sus elogios. Ahí es donde a su discurso le falta, en términos retóricos, el decoro. 
