DESAFIO NACIONALISTA / Sería «habilitador» de la autodeterminación / Dice que se celebrará con ETA o sin ella: «La violencia no puede impedir la iniciativa política» / En 2010 habría una segunda consulta, ya sobre la independenciaIbarretxe reta al Estado al iniciar el camino ilegal para la secesión de EspañaM. RAMIREZ
VITORIA.- El lehendakari, Juan José Ibarretxe, intensificó ayer su pulso al Estado y puso fecha al referéndum sobre el derecho a decidir del pueblo vasco, la manera que utilizan los nacionalistas para referirse al derecho de autodeterminación. Tras siete años amagando con su celebración, anunció su convocatoria para «cumplir la palabra dada» como método para alcanzar la paz y la normalización, o sea, superar el descontento de quienes rechazan el actual marco jurídico.La consulta a la sociedad vasca será, a tenor de su guión, «la llave» que abra un nuevo ciclo histórico y que no requerirá del compromiso contraído por el Gobierno tripartito, y ahora vulnerado, de que la ausencia de violencia era imprescindible para su realización. «La violencia no puede impedir la iniciativa política», justificó Ibarretxe, reproduciendo las tesis más radicales del PNV que no son compartidas por su todavía presidente, Josu Jon Imaz. 
El 25 de octubre de 2008, el lehendakari convocará a los ciudadanos del País Vasco a las urnas, haya o no llegado antes a un acuerdo con el Ejecutivo central y previa autorización del Parlamento vasco. La consulta será ilegal a no ser que los gobiernos central y vasco pacten lo contrario y modifiquen el actual ordenamiento jurídico.
Sería entonces una consulta de ratificación que abriría la puerta a la negociación entre los partidos vascos, para «desarrollar y articular jurídicamente el pacto alcanzado» .
Si no, la consulta, ilegal o alegal según interpretaciones, y «habilitadora» según su terminología, se realizaría de todas formas pese a no tener validez jurídica; y se abriría igualmente una mesa de negociación entre las fuerzas políticas para que éstas determinen cómo ejercitar la voluntad de los vascos. A falta de consenso, el acuerdo «sobre el derecho a decidir y las relaciones de territorialidad», se adoptaría por mayoría, sin necesidad de consenso entre nacionalistas y no nacionalistas.
En ambos casos, haya acuerdo o no con el Estado, y celebrada la consulta, ETA «estaría obligada por decisión popular» -según la visión del lehendakari- a poner fin a la lucha armada, lo que abriría una segunda mesa, técnica, de diálogo entre el Gobierno y la banda terrorista sobre el cese de las armas, en paralelo con la política ya enunciada en la que se sentarían todos los partidos, incluida la izquierda abertzale.
La mesa política, siguiendo el esquema del lehendakari, trabajaría con el plazo fijo de llegar a un acuerdo en el segundo semestre de 2010, cuando se celebraría «un referéndum resolutivo» que daría fin al proceso al plasmar el ejercicio del derecho a decidir.
Estos son los principales ejes de la hoja de ruta del Gobierno vasco, desvelada por el lehendakari en el Pleno de política general, que tiene además otra fecha clave, la de finalización de la legislatura de las Cortes, en junio de 2008, plazo en el que acaba el ultimátum -la «oferta» en palabras de Ibarretxe- dirigido al presidente del Ejecutivo español para intentar la búsqueda de un acuerdo. La propuesta se mantendría igualmente en el caso de que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa, según aclaró el portavoz del PNV, Joseba Egibar.
La iniciativa expuesta por Ibarretxe obtuvo la réplica inmediata del Gobierno a través de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que opuso una sola palabra: «Constitución».
En Vitoria, la propuesta no sumó más adhesiones que la de los socios del gobierno tripartito (PNV-EA-EB) y el de la parlamentaria de Aralar. El secretario general del PSE, Patxi López, acusó al lehendakari de «vivir en los mundos de Yupi» por pensar que ETA va a dejar de matar porque se lo pida la sociedad vasca. López, por el contrario, echó mano de declaraciones de Imaz para enfrentarle a los riesgos de alimentar a ETA que tiene una consulta basada en la acumulación de fuerzas nacionalistas.
Con un tono más duro, María San Gil, presidenta del PP vasco, se encaró asimismo a Ibarretxe tildando su propuesta de «desafío totalitario a la democracia española» y «apuesta ultranacionalista» encaminada a lograr los objetivos expuestos por el PNV en su ponencia política.
Pese a la superación del marco jurídico planteado, la propuesta de Ibarretxe tampoco obtuvo la anuencia de la izquierda abertzale. Nekane Erauskin, portavoz del PCTV, la descalificó por «basarse en la reforma del Estatuto para conseguir un pacto de Estado y continuar en un marco de partición».
La ausencia de mayoría encontrada le permitió a Egibar subrayar que la consulta no se hará si no es aprobada por la Cámara. La respuesta a la falta de apoyos será la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas; la misma que obtendría, por cierto, la celebración de la consulta cualquiera que fuera su resultado.
Tal y como recordó el secretario general de EA, Unai Ziarreta, los mimbres sobre los que se articula la consulta son los mismos sobre los que se sustenta el plan Ibarretxe, transformado en Nuevo Estatuto Político, rechazado por las Cortes en 2005. El Nuevo Estatuto marca «un antes y un después», se convierte en el referente para «examinar y validar futuras propuestas» y «estará vigente política y jurídicamente mientras no se presente y se apruebe otra» que obtenga más de los 39 votos recabados por la primera. Frente a este «activo institucional», el Estatuto de Guernica no es válido porque los derechos históricos del pueblo vasco en él recogidos son «papel mojado».
En una de las frases más reveladoras de su intervención, Ibarretxe alegó que «hoy el Estado español [...] no es un estado plurinacional, sino un estado uninacional» en la consideración tanto del PP como del PSOE. «Euskadi puede pactar para convivir con un Estado español plurinacional, pero no con un Estado español que no acepte y reconozca, cultural, política y jurídicamente a las naciones que conviven en su seno», aseveró.
El PP respondió con el modelo de Constitución y Estatuto, y el PSE con el de la reforma del Estatuto.
Vea el vídeo de la intervención de Ibarretxe y lea su discurso íntegro en: www.elmundo.es/
PREGUERIASEl 'lehendakari' nos da a elegir: o susto o muerteVICTORIA PREGO
El desafío político es formidable porque no tiene solución. Ese referéndum ilegal se va a llevar a cabo de todas las maneras si el jefe del Gobierno vasco está decidido a ello, que parece que lo está. Y no necesita de urnas homologadas ni de la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco necesita de las Juntas Electorales que avalen los resultados. Basta con que el lehendakari ponga unos cientos de urnas donde lo crea oportuno y que la gente vaya acercándose a ellas para depositar una papeleta de voto que se le habrá hecho llegar por cualquier procedimiento.¿Que esa consulta será ilegal y, por lo tanto, ni será vinculante ni tendrá virtualidad jurídica? ¿Y qué? Tendrá virtualidad política, que es lo que a Ibarretxe le importa. Prolongará las tensiones, azuzará los enfrentamientos, crispará a toda la sociedad española, incluida la vasca, y seguirá alimentando a un PNV que, como todos los nacionalismos en España, solamente crece y se multiplica en medio de la confrontación y del conflicto. Si no hay conflicto político no hay posible galvanización del pueblo y no hay, en consecuencia, garantía suficiente de seguir en el poder para resolver el conflicto previamente creado. El Gobierno no podría impedir ese referéndum más que recurriendo a la fuerza. Pero, Ibarretxe sabe -y lo sabe también el resto de nacionalistas radicales que llevan décadas engordando al calor de la comprensión, la tolerancia y la flexibilidad de los demócratas moderados, que son aplastante mayoría en este país- que su reto es tan brutal y tan provocador porque deliberadamente no deja al Estado más respuesta posible que la única que un Gobierno de España nunca va a dar: la de la imposición por la fuerza de la legalidad. El uso legítimo de la fuerza, que es una de las potestades que caracteriza al Estado, es lo único que el lehendakari tiene garantizado que no se va a producir. Es lo que tiene la memoria histórica, que sirve, entre otras cosas, para arraigar la prudencia y el afán de concordia en el ánimo de los ciudadanos.
Ya se han probado todas las fórmulas posibles de conllevanza con los nacionalismos. Ya se han negociado transferencias y financiaciones. Ya se ha guardado un silencio de décadas en el asunto de las banderas, de los himnos, de los símbolos, de la lengua. Ya se han aplicado políticas de resistencia y también políticas de guiños y complicidades. Nada. Después de 30 años, las pulsiones independentistas y su eterno desafío están más vivos que nunca y ahora amenazan directamente a la estructura del Estado por la vía de la imposición. O susto o muerte. Eso es lo que nos ha dicho el lehendakari. Y, como la doctrina del «convencimiento por seducción», que tan cara le es a Zapatero, ha fracasado estrepitosamente en este caso, no se vislumbra solución posible mientras las cosas entre los dos grandes partidos sigan en el lamentable estado en que se encuentran después de estos tres tristes años.
Si la ruptura entre los partidos nacionales en la política antiterrorista ha tenido efectos demoledores en la sociedad, mucho peores, decididamente sulfúricos, serían los estragos que provocaría en el país y en su futuro una confrontación entre PP y PSOE a cuenta de este chantaje que el independentismo vasco acaba de hacer a todo el país. ¿Con quién va a pactar el vencedor de las elecciones de marzo para asegurarse una mínima tranquilidad de gobierno? ¿Lo han pensado los aspirantes? Si no se les ocurre nada, podrían preguntar a Merkel.
victoria.prego@el-mundo.es
DESAFIO NACIONALISTA / La estrategiaIbarretxe reivindica la «vigencia jurídica» de su 'plan', que las Cortes rechazaronSólo un hipotético batacazo parlamentario o social a su consulta podría frustrar su continuidadROBERTO L. DE CALLE
BILBAO.- El anuncio de la consulta que ayer hizo Juan José Ibarretxe no sólo ha frustrado a los posibilistas de otros partidos que confiaban en que el carácter pragmático del PNV se impusiera al soberanismo, sino que volvió a poner sobre la mesa la «vigencia política y jurídica» de su Propuesta de Nuevo Estatuto Político, que la práctica totalidad de la clase política vasca -e incluso un sector de su propio partido- daba ya por amortizada.Esta hoja de ruta también alienta la voluntad del propio Ibarretxe de mantenerse como futuro candidato a la Lehendakaritza en los próximos comicios autonómicos, ya que el proceso que inició ayer tiene un carácter de continuidad en el tiempo y una fecha de culminación: el segundo semestre de 2010. Unicamente las incógnitas que todavía rodean esa hoja de ruta, traducidas en un hipotético batacazo parlamentario o social -en el caso de que la consulta se lleve a efecto- podrían frustrar las ansias de continuidad del lehendakari, que no mencionó en ningún momento de su intervención la posibilidad de abandonar el sillón presidencial, que ocupa de forma continuada desde hace nueve años. Vigencia de su 'plan'.
El lehendakari volvió ayer a dejar claro que no está dispuesto a prescindir del protagonismo que adquirió con la aprobación del Nuevo Estatuto Político y que perdió durante la gestión del llamado proceso de paz, y reafirmó un extremo que únicamente era defendido en público por Joseba Egibar: su plan «estará vigente política y jurídicamente mientras no se presente y se apruebe otra propuesta con más de 39 votos que lo sustituya democráticamente». Ibarretxe recordó que su plan fue refrendado por la mayoría absoluta del Parlamento vasco, y por este motivo se negó a volver a someterlo a tramitación en la Cámara puesto que ello supondría, según dijo, «devaluarlo políticamente». Especialmente significativa fue la expresión con la que equiparó este documento con un «mojón democrático» que servirá para «examinar y validar futuras propuestas», tanto desde el punto de vista de su contenido jurídico y político como desde el numérico; es decir, sobre los 39 parlamentarios que lo avalaron en la Cámara. Porque ello supondrá que, en caso de que ninguna otra propuesta de reforma estatutaria obtenga dicho apoyo parlamentario, será la suya la que finalmente se imponga.
Legalidad de la consulta.
La eventual negativa del Estado a abordar un proceso de negociación que culmine con la incorporación a los textos legales de la soberanía vasca conllevará la celebración de una consulta que suscita más interrogantes que soluciones. A pesar de que el propio Ibarretxe admitió ayer que el carácter de esta convocatoria sería meramente consultivo, su mero planteamiento ya ofrece dudas sobre su legalidad, puesto que el artículo 2 de la Ley de Referéndum únicamente concede al Estado la autorización para «la convocatoria de consultas populares por la vía del referéndum en cualquiera de sus modalidades». Además, la Ley deja entrever que la consulta no tiene un carácter alegal, puesto que el artículo sexto de dicha normativa legal establece que «el referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta». El simbolismo con el que el lehendakari pretende actuar le ha llevado a celebrar dicha convocatoria el día 25 de octubre, fecha en la que se conmemora la aprobación en referéndum del Estatuto de Guernica.
Legimitidad de la consulta.
La reciente convocatoria de un referéndum sobre la disgregación de Serbia y Montenegro, regulada por la propia UE, llevó a los nacionalistas a tomar este caso como uno de los ejemplos más claros de que se puede romper la actual división administrativa en el corazón de Europa. Para ello, y pese a que el lehendakari aún no ha adelantado los parámetros que darían legitimidad política y social a su consulta, no pocos nacionalistas toman en privado las condiciones que la UE exigió a Montenegro para poder independizarse de Serbia: exigir una mayoría del 55% sobre una participación del 50% del electorado.
Permiso al Parlamento.
Su compromiso de pedir permiso al Parlamento para celebrar cualquiera de las consultas implica necesariamente que cada una de las fuerzas políticas se retrate en la Cámara. Si bien se puede anticipar el voto negativo de PSE-EE y PP en junio del año que viene, la pelota estará en el tejado del PCTV, que volverá a ser, al igual que durante la votación del plan Ibarretxe -entonces, Sozialista Abertzaleak prestó tres votos para que saliera aprobado-, determinante en los planes del lehendakari, rompiendo cualquier atisbo de la transversalidad que reclama el todavía presidente de su partido, Josu Jon Imaz.
Pacto con Zapatero.
La «oferta de pacto político» que ayer lanzó el lehendakari a Rodríguez Zapatero constituye una suerte de chantaje en el que el presidente del Gobierno tiene como única salida avenirse a negociar la soberanía vasca o exponerse a un desafío por parte de las instituciones autonómicas. Porque, además de proponer al Estado que asuma el principio ético de rechazo a la violencia -algo que debe dirigirse a ETA-, su oferta gira en torno a la asunción del «principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca, y el compromiso de incorporar este reconocimiento y su ejercicio en el ordenamiento jurídico». Es decir, que el Estado debe ignorar los preceptos constitucionales de soberanía nacional y reconocer el ámbito vasco de decisión.
Soporte doctrinal del PNV.
La similitud entre el borrador de ponencia política que el PNV aprobó hace pocas semanas y la hoja de ruta que el lehendakari expuso ayer hace pensar que aquélla no fue sino un mero soporte doctrinal para sus planes, puesto que ya había sugerido la conveniencia de celebrar una consulta incluso durante la vigencia de ETA, y un varapalo para las tesis del todavía presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Su renuncia a la reelección del partido, plasmada seis días después de la aprobación del documento político, supuso la constatación de profundas diferencias de método con Ibarretxe, que, sin embargo, alabó su «altura política».
DESAFIO NACIONALISTA / Las incógnitasDirigentes del PNV justifican el plan por el diálogo Gobierno-ETACuarenta y ocho horas antes de la exposición del 'lehendakari', Josu Jon Imaz no conocía los detalles de la 'hoja de ruta'ANGELES ESCRIVA
VITORIA.- Al menos 48 horas antes de que Juan José Ibarretxe presentase su nueva hoja de ruta en el Parlamento vasco, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, desconocía los detalles de la exposición que el lehendakari iba a realizar. Sabía, como casi todo el mundo, que iba a ofrecer un primer intento de acuerdo al presidente del Gobierno; sabía que, si no obtenía la respuesta favorable de Rodríguez Zapatero, iba a realizar la advertencia de adoptar determinadas medidas por su cuenta, pero, según fuentes del PNV, no conocía los detalles del calendario expuesto por Ibarretxe ni del alcance de su planteamiento.Imaz ya ha anunciado que no va a presentarse a la reelección y es sabida su discrepancia con la convocatoria de consultas mientras ETA no abandone la violencia. Por lo tanto, son conocidas sus diferencias con Ibarretxe; pero ¿y los dirigentes que están llamados a liderar la formación en los próximos cuatro años y que han apoyado al todavía presidente del EBB en los cuatro anteriores? Ayer ninguno de ellos quiso revelar si el lehendakari ha ido por libre, pero lo que sí dejaron claro que respaldan al 100% el plan expuesto. Y probablemente lo más significativo sea el argumentario que han adoptado para avalar esta decisión. La oferta del lehendakari al presidente incluye «el principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca»; y plantea la creación de dos mesas de negociación, una «para que el Gobierno español y ETA inicien el proceso de diálogo» y otra «para que todas los partidos sin exclusiones inicien un proceso de negociación». Los dirigentes consultados sostienen que no entenderán que el presidente rechace su oferta porque se la aceptaron a Batasuna y a ETA.
Según recuerdan, Zapatero -tras acordar los términos con la organización terrorista- se refirió al derecho a decidir en su alocución en el Congreso y aceptó un sistema de negociación con dos mesas con idénticos fines a los expuestos por el lehendakari, en una de las cuales, la de Batasuna -y aseguran estar al corriente porque estaban presentes-, se abordaron determinados aspectos dando por hecha la existencia de un problema político. «Si esto se pudo hacer con la formación ilegalizada, y después con ETA en Ginebra, ¿por qué van a rechazársela al lehendakari?», se preguntan recordando que el PNV tiene como objetivo la independencia y que es legítimo que se vayan dando pasos graduales hacia un mayor autogobierno.
A este razonamiento añaden otra lista de agravios, entre los que se encuentra el tradicional sobre el incumplimiento del Estatuto pero al que agregan otros dos más novedosos. Según sostienen, el presidente en sus encuentros con el lehendakari, sugirió la validez de la teoría que recuerda que los fueros son previos a la Carta Magna, pero luego no volvió a sacarla a colación. Y, además -y éste es un elemento que consideran detonante-, reprochan al PSOE lo ocurrido en Navarra, donde la dirección socialista en Madrid impidió un pacto entre el PSN y Nabai y, por lo tanto, el acceso de los nacionalistas a determinados puestos de poder.
Dicho esto, los dirigentes del PNV sostienen que el nuevo plan se ajusta a la ponencia política recién aprobada por el partido, aunque admiten que ésta puede ser interpretada de muchos modos. Cuando se les recuerda que tenían un compromiso para no convocar referendos si ETA continuaba en activo argumentan que nadie sabe si en octubre de 2008 el terrorismo va a persistir. Cuando se les hace notar que su plan depende de la voluntad de la banda y que es posible que ésta continúe en activo aunque el Gobierno conceda a Ibarretxe lo que pide, lo aceptan.
Si se les precisa que en junio del próximo año -fecha límite para llegar a un acuerdo con el Gobierno-, el nuevo Ejecutivo de la nación tendrá apenas un mes, que puede no estar encabezado por Zapatero y que, en cualquier caso, estas circunstancias hacen prácticamente imposible cerrar con el Ejecutivo central un eventual acuerdo vinculante, no niegan que han puesto difíciles las cosas. Y si, finalmente, se les sugiere que el segundo referéndum es en 2010, fecha en la que se habrán celebrado las autonómicas y que el lehendakari no tiene por qué ser Ibarretxe, responden que entonces ya se verá.
Por lo tanto, son conscientes de que la propuesta adolece de situaciones «abiertas» que pueden dar al traste con ella y que su avance escapa a su control «porque depende de otros factores», pero la respaldan por varios motivos: porque no tienen más remedio habida cuenta de que el lehendakari tiene una popularidad entre las bases del partido que impide que el aparato, aunque lo pretendiese, se opusiese al nuevo plan; porque quieren retomar la iniciativa perdida durante el proceso de negociación con ETA -no en vano recuerdan, y lo recuerda sobre todo el lehendakari, que su papel fue secundario-; y porque algunos consideran que se ha demostrado que, hasta el momento, este tipo de propuestas y la unidad de los nacionalistas -que Ibarretxe fomenta con su anuncio- generan mayores réditos electorales.
Sin ir más lejos, Begoña Errazti (EA) llamaba a la desobediencia si el Estado no permitía la celebración de la consulta, y no hace tanto que Batasuna -que en estos momentos atraviesa una crisis que podría verse agravada con propuestas como ésta- reprochaba al PNV que se escudara en la legalidad española para no llevar a cabo algunas iniciativas.
En cualquier caso, reconocen que no podían esperar a que pasen las elecciones generales porque los siguientes comicios vascos están, después, a la vuelta de la esquina.
Saben que pueden perjudicar a Rodríguez Zapatero -cuya apuesta estaba segura sólo con la actitud de Imaz-, pero también asumen que su enfrentamiento con él puede generar el efecto contrario. Y si la hoja de ruta no obtiene los resultados previstos, dicen, el partido irá tomando decisiones sobre la marcha.
EZKER BATUA«Es legal y tiene encaje constitucional»ELENA P. IRIARTE
VITORIA.- Ezker Batua (EB) respaldó ayer sin reservas la hoja de ruta planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para alcanzar el derecho a decidir previa consulta a los ciudadanos y defendió que se trata de una propuesta perfectamente «legal» que tiene «encaje constitucional». En este sentido, su portavoz, Oskar Matute, recordó que «tanto Cataluña como Andalucía han incluido la posibilidad de convocar referendos en sus respectivos estatutos, previsión que en esta última comunidad fue apoyada por el PP y el PSOE». Matute consideró «positiva y necesaria» la búsqueda de un acuerdo entre los ejecutivos central y vasco y, sobre todo, que el pacto deba ser después ratificado por los respectivos parlamentos y en un referéndum. EA«Si el Estado no pacta, soluciones unilaterales»MIKEL SEGOVIA
BILBAO.- Eusko Alkartasuna respaldó ayer la propuesta «sincera» del lehendakari Ibarretxe y aseguró que, en caso de que el Estado se niegue a «pactar» y se bloquee de nuevo el proceso de normalización política, habrá que dar pasos «unilaterales» que permitan garantizar la voluntad de los vascos. El portavoz de EA en el Parlamento vasco, Unai Ziarreta, se mostró partidario de alcanzar un nuevo pacto político consensuado basado en el reconocimiento del pueblo vasco «como sujeto de decisión, con plena capacidad de organizarse», y en el respeto a su derecho «a decidir su futuro». Ziarreta criticó el comportamiento del PSOE y de Zapatero en los últimos dos años ante el proceso soberanista impulsado desde las instituciones vascas. PP«Ibarretxe ha desafiado a la democracia»OSCAR TORRES
VITORIA.- La respuesta del PP al reto al Estado que planteó ayer Ibarretxe no dejó lugar a dudas. La presidenta de los populares vascos, María San Gil, utilizó en la tribuna del Parlamento autonómico su tono más severo para replicar al lehendakari, al que acusó de serlo, gracias a la persistencia de la acción terrorista (una afirmación que disgusto a Ibarretxe de forma especial), y de plantear «un desafío totalitario a la democracia». Tras el debate, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, aseguró que la sociedad vasca se encontraba doblemente amenazada por ETA y por las pretensiones del nacionalismo. Unas horas después, San Gil concluyó que el lehendakari daba la razón a ETA con su «proyecto de independencia».
PSE«Ahora entiendo por qué se ha ido Josu Jon Imaz»MARCOS IRIARTE
BILBAO.- «Ahora entiendo por qué se ha ido Josu Jon». Patxi López subió ayer a la tribuna del Parlamento vasco para dejar claro al lehendakari que no puede contar con el PSE para sacar adelante su consulta «autodeterminista». Argumentó que el proyecto que Ibarretxe ha puesto sobre la mesa nace abocado al «fracaso» y lo consideró «un conflicto» creado ad hoc por el lehendakari para presentarse ante la sociedad «como un salvador» con el único objetivo de «mantenerse en el poder». López reiteró a Ibarretxe su disposición a llegar a un acuerdo sobre el futuro del País Vasco. Este, dijo, debe gestarse sin violencia y ser ratificado por el Parlamento vasco y el Congreso para ser refrendado por la sociedad vasca.
DESAFIO NACIONALISTA / Las normasSólo puede convocarlo el Rey, a propuesta del presidente autorizado por el CongresoEl Gobierno y el Parlamento vascos quedarían deslegitimados por el solo acto de la convocatoriaJOAQUIN MANSO
MADRID.- La convocatoria por el Gobierno vasco de un referéndum consultivo para octubre de 2008 obliga a hacer un ejercicio de realidad virtual, ya que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no ha aclarado cómo piensa materializarla. De llevarla a cabo sin contar con el Ejecutivo español se estaría produciendo un acto que, ya en sí mismo, se celebre o no la consulta, subvertiría gravemente la legalidad constitucional y obligaría a un grave conflicto institucional y, quizá, social.La Constitución Española es el vértice positivo del que emana la legalidad de todo el ordenamiento jurídico vigente en el País Vasco y la legitimidad de sus instituciones. En su artículo 149.1.32º se reserva al Estado la competencia exclusiva para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por medio de referéndum». Previamente, el artículo 92 establece que las «decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», que será convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno autorizado por el Congreso. De forma expresa, se dispone que las condiciones y el procedimiento de la consulta serán regulados por ley orgánica: esto es, sólo las Cortes Generales pueden hacerlo, como expresión de la soberanía nacional, con la exigencia cualificada de que para su aprobación en el Congreso es necesaria mayoría absoluta. Esto prueba la importancia que el legislador constituyente quiso dar al referéndum. De hecho, la suya fue una de las primeras leyes orgánicas en aprobarse, en enero de 1980.
La dificultad material.
Si el lehendakari traslada en junio de 2008 su propuesta al Parlamento vasco y éste la aprueba, ambos se encontrarán entonces con la dificultad de llevarla a cabo en sólo cuatro meses. Un referéndum exige medios materiales (urnas, papeletas, colegios...) y humanos (presidentes y vocales de mesas, interventores, juntas electorales...).
Para disponer de ellos y distribuirlos, y para establecer las condiciones y el procedimiento necesarios para que la consulta reúna las mínimas garantías exigibles en una democracia occidental, el Gobierno vasco podría verse obligado a servirse (al menos en parte) del mismo ordenamiento jurídico español que está subvirtiendo en su misma esencia, lo que sería una contradicción suficiente para deslegitimar la convocatoria.
La alternativa sería que el Parlamento vasco desarrollase su propia ley al respecto, saltándose de manera definitiva el orden de prelación de fuentes de la Constitución, y erigiéndose ya, incluso antes de celebrarse la consulta, en órgano de expresión legislativa de un pueblo soberano.
Al respecto, parece poco probable que el lehendakari pueda encontrar magistrados o juristas de reconocido prestigio que estén dispuestos a figurar como miembros de las juntas electorales que se creen ad hoc.
Las posibles consecuencias.
La resolución del Parlamento vasco aprobando la convocatoria puede producir, como primer efecto, el que prevé el artículo 162. 1 de la Constitución: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».
Si el Ejecutivo no hiciese uso de esa atribución, cualquier ciudadano que demuestre un interés legítimo puede impugnarla ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, con fundamento en el artículo 62.1 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que reputa nulos de pleno de derecho (y por tanto, inválidos automática e inmediatamente) los actos «dictados por órgano manifiestamente incompetente».
Agotadas todas las vías ordinarias sin resultado, al Gobierno español sólo le quedaría la coercitiva que permite el artículo 155 de la Carta Magna: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». En última instancia, esta disposición autoriza a retirar las competencias al País Vasco e incluso a ordenar intervenir al Ejército.
Además, contra el lehendakari que firme la convocatoria podría procederse por prevaricación.
LA CONSTITUCION Artículo 92.2: «El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».
Artículo 149.1: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] 32º. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».
Artículo 155.1: «Si una Comunidad actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno [...] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla [...] para la protección del mencionado interés general».
Artículo 161.2: «El Gobierno podrá impugnar ante el TC las resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades. La impugnación producirá la suspensión de la resolución recurrida [...]».
DESAFIO NACIONALISTA / Las reacciones / EL GOBIERNOZapatero: «Yo escucharé al 'lehendakari', pero él también me va a escuchar a mí»El presidente considera que las ofensas al Rey son «minoritarias» y «sin trascendencia política»MARISA CRUZ. Enviada especial
SOCHI (RUSIA).- El presidente del Gobierno tardó apenas cinco horas en dar cerrojazo a cualquier esperanza de que la hoja de ruta presentada ayer por el lehendakari Juan José Ibarretxe, y cuyo núcleo central es la convocatoria de un referéndum sobre el futuro del País Vasco el 25 de octubre de 2008, tenga la más mínima posibilidad de prosperar. Para Rodríguez Zapatero, se trata de un plan elaborado en virtud de fundamentos que no se sostienen constitucionalmente y, a partir de ahí, todo está dicho.«Yo escucharé al lehendakari, pero él también me va a escuchar a mí», afirmó el jefe del Ejecutivo sin perder la calma, pero con un sorprendente tono de reprimenda. Y es que las propuestas desgranadas por Ibarretxe en el Parlamento vasco destilaban un aroma de imposición y chantaje velado que llegaba incluso hasta el Mar Negro, en cuyas orillas se celebró ayer la reunión entre el jefe del Gobierno español y el presidente ruso, Vladimir Putin. Zapatero fue informado con detalle de la propuesta del lehendakari en tiempo real, mientras atravesaba Europa rumbo al balneario ruso de Sochi, y ya en el mismo avión decidió que reaccionaría a las mismas de forma inmediata. El mensaje, sin ningún tipo de ambigüedad, que le lanzó a Ibarretxe fue muy claro: «Nada se va a hacer si no es con respeto a la Constitución en todos sus extremos, a las leyes y al Estado de Derecho».
«Lo que el lehendakari va a escuchar de mí es: diálogo sí, pero con la Constitución en la mano». Zapatero, con esta afirmación, no dejó lugar a dudas; el anuncio de Ibarretxe de convocar una consulta popular sobre el futuro del País Vasco el 25 de octubre de 2008, haya o no acuerdo previo con el Gobierno español, queda totalmente fuera del marco constitucional y no tiene posibilidades de prosperar.
Para el presidente del Gobierno, los planes más o menos enrevesados elaborados en Vitoria tienen, a partir de ahí, poca importancia, porque la clave de los mismos, es decir, la consulta popular, no se tiene ni siquiera en consideración.
«Se pueden hacer todos los programas que se quiera, anunciar todas las cosas que se desean», afirmó el presidente del Gobierno, «pero si no se respeta la Constitución simplemente no se van a hacer».
Zapatero recordó que ya en 2001 surgió un debate similar entre Madrid y Vitoria que no prosperó, de la misma manera que ahora no avanzará éste porque en su opinión los planteamientos expuestos por el lehendakari están fuera de la legalidad.
Todo esto fue explicado por el presidente en compañía de Vladimir Putin, quien, pese a tratarse de un asunto de índole nacional, no perdió detalle y dio muestras de conocer la esencia del problema que existe en relación con las aspiraciones de autodeterminación del País Vasco.
Putin aprovechó las cuestiones que se le lanzaron en relación con el futuro estatus de Kosovo para insistir en la necesidad de que Europa «recuerde la validez» del principio de «integridad territorial» que, dijo, seguro que interesa a muchos países. De esta manera, el presidente ruso dejaba clara su posición absolutamente contraria a la independencia de Kosovo y establecía un tácito paralelismo con las reivindaciones del País Vasco.
Al margen del problema vasco, al presidente del Gobierno se le interrogó también a propósito de la escalada radical nacionalista que se ha expresado con la quema de fotografías del Rey, rechazo expreso a la bandera nacional e incluso con la presentación ante el Senado de propuestas que afectan de lleno a las atribuciones constitucionales del Jefe del Estado.
Zapatero aseguró que los autores de las ofensas al Rey son «radicalmente minoritarios» y añadió que la iniciativa de la Entesa Catalana en el Senado sobre el Monarca no tiene «trascendencia política».
LA OPOSICIONRajoy se postula como «defensor de la nación frente a la locura»El líder del PP recuerda a Ibarretxe que «la única prioridad en el País Vasco es acabar con ETA»ANGEL MUNARRIZ
CORDOBA.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, contextualizó ayer la convocatoria del referéndum, en una dinámica de «radicalización» de la que hizo responsable al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder popular, durante una visita a Córdoba, calificó la decisión del lehendakari de «desafío ilegal» y «chantaje al «Estado», y pidió «tranquilidad a los españoles». Además, se presentó a sí mismo y a su partido como causa de esa tranquilidad: «Tengan la absoluta seguridad de que, frente a las ensoñaciones y las locuras de algunos, y frente a la incapacidad para asumir sus responsabilidades del presidente del Gobierno, hay una alternativa dispuesta a defender aquello en lo que creemos todos los españoles, que es España, nuestra nación».La idea de Rajoy sobre el proyecto del Gobierno vasco se resume en que «es ilegal, es un desafío al Estado y va contra la Constitución». «Se pretende quitar a los españoles la capacidad que les da la Constitución para decidir qué es España», afirmó. Resaltó que «no se puede negociar con Ibarretxe porque la ley, la Constitución y la soberanía de los españoles para decidir lo que es España no se negocian: son decisiones exclusivamente del conjunto de los españoles». Rajoy realizó una alusión directa a «aquellos compatriotas nuestros que viven en el País Vasco y se sienten españoles y vascos». A su juicio, la propuesta de celebrar un referéndum pervierte el panorama político en el País Vasco porque en esa comunidad autónoma «la única prioridad es acabar con ETA y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos». «No hay necesidad de abrir ningún proceso político, ni de chantajear o presionar al Estado ni de reformar el Estatuto», exclamó.
Rajoy no presenta la consulta de Ibarretxe como un hecho aislado, ni siquiera como un hecho tocante sólo al complejo escenario vasco, sino como «un paso más en el proceso de radicalización política» de todo el país, atribuible, a su juicio, «a las políticas de Estado y territoriales del señor Zapatero». «En los últimos días hemos visto cómo se insulta al Rey, cómo se queman retratos del Rey, cómo se ignora la bandera de España, cómo se le pretenden quitar competencias y decir que el jefe de los ejércitos es el presidente y no el Rey», afirmó en referencia a las enmiendas del tripartito catalán a la Ley de Carrera Militar.
La reclamación, por parte del pleno del Ayuntamiento de Humilladero (Málaga) de un proceso constitucional que desemboque en la III República y que contó con los votos a favor de los grupos municipales de IU y PSOE, fue situada por Rajoy en el mismo plano de «radicalización». «Estamos viendo espectáculos grotescos, como el de este Ayuntamiento. El presidente del Gobierno está desconcertado y desbordado por el radicalismo que han puesto en marcha, entre otros, algunos de sus socios de gobierno. Espero que esta vez esté a la altura de las circunstancias», concluyó.
DESAFIO NACIONALISTA / El análisis / LA POLEMICA NACIONALAcoso y derribo... pero que nadie se asusteVICTOR DE LA SERNA
ATAQUES GENERALIZADOS A LAS INSTITUCIONES. Se empieza por arriar banderas, se sigue quemando fotos de la Familia Real, se continúa proclamando la III República y traspasando el mando de los ejércitos a Rodríguez Zapatero.Los aliados de Montilla y Zapatero se les van de las manos: este titular de un editorial de EL MUNDO resume bien la impresión que deja la escalada de ataques a las instituciones a la que los españoles están asistiendo, atónitos. Se ven desplantes revolucionarios en zonas sin nacionalismo periférico, como la exigencia de la III República por parte de algunos socialistas andaluces. En Cataluña, los frustrados independentistas, con sus proclamas en sordina porque están en el Gobierno autonómico, se desfogan también contra la Monarquía. «Si el presidente del Gobierno de la Nación dice que el concepto de 'nación es discutido y discutible'», es normal que los que buscan disgregar España se consideren legitimados en sus actuaciones», recalca el citado editorial. El asunto de las ofensas al Rey, con la quema de fotos por encapuchados en Cataluña, centra la polémica, junto a la ausencia de banderas españolas en los edificios públicos catalanes y vascos. Siguiendo la receta de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que cree que se es más patriota haciendo caso omiso de los incumplimentos de la ley que exigiendo su cumplimiento, El País es de lo más partidario de que se mire hacia otro lado: «La orden cursada por el juez Grande-Marlaska a los Mossos y a la Policía Nacional para que identifique a los autores de estos últimos incidentes abunda en la línea de lo que pretenden los autores: prolongar indefinidamente la escalada entre sus provocaciones y la respuesta judicial, con la esperanza de convertir la sanción de un acto incívico en la persecución de una opción política». Pero le responde La Razón, con bastante ídem: «Tal planteamiento equivale a admitir que la aplicación de las leyes democráticas puede producir héroes, conclusión que es tan peregrina que hasta los violentos y los terroristas podrían acogerse a ella».
Los carcas del PP y de la radio por un lado, los oportunistas de CiU por el otro: todos son culpables de la escalada... salvo los socialistas y sus compañeros del Gobierno tripartito de Cataluña.
«Tal vez, la época del nacionalismo romántico acabó con Pujol y Maragall, y Mas no acaba de comprenderlo», dice un editorial de El País comentando el «prescindible y extemporáneo alegato soberanista, en la estela de Ibarretxe» de Artur Mas en el debate sobre política del Parlamento catalán. Pero «Esquerra rehuyó el envite y se mantuvo fiel a la cohesión gubernamental», añade, aliviado, el diario, que no tiene más remedio que agregar que el partido separatista «pidió un nuevo modelo de financiación: era su única salida para sostener el difícil equilibrio de formar parte del Gobierno y, a la vez, mantenerse como fuerza radical». Pues qué bien: se acabó el romanticismo y ahora lo que se lleva es pedir más dinero que el que les corresponde. Se compra el pasajero silencio de ERC en cuanto a soberanismo. Qué prosaico, en efecto. Eso sí, como no toca hablar de independencia, hay que propalar la gansada de quitar al Rey el mando de los ejércitos... ¿Será también para «mantenerse como fuerza radical»?
La incomodidad en la prensa catalana ante los últimos sucesos es evidente. En La Vanguardia, Màrius Carol vuelve a culpar a la derechona, cómo no, pero reconoce que en Cataluña casi nadie ha condenado que en plena democracia salgan encapuchados a quemar efigies, y que algún diputado de ERC los jalee: «Los bomberos están para apagar los fuegos, no para avivarlos». ¿ERC, bomberos? Qué confusión de valores...
Y a todo esto, Felipe González propone en El País al Gobierno que, para no tener que ceder hasta la hijuela al ansia nacionalista, «con una prórroga de lo que hay y la decisión de los ciudadanos a las puertas del próximo año, asunto arreglado». Muy mal lo tiene que ver. Es que el romanticismo se ha acabado.
Garzón permite la manifestación 'abertzale' de hoy en Lizarza
SAN SEBASTIAN.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido no prohibir la manifestación que la izquierda abertzale ha convocado para hoy en Lizarza contra la alcaldesa de esta localidad guipuzcoana, Regina Otaola (PP), según informaron ayer fuentes del Departamento vasco de Interior.Las mismas fuentes indicaron que la Audiencia ha remitido un escrito a esta Consejería en el que «manifiesta su decisión de autorizar la convocatoria», prevista bajo el lema Respetad la decisión de los lizartzatzarras. No obstante, «requiere a la Ertzaintza para que informe al comunicante de la misma de la prohibición de proferir o esgrimir lemas de carácter ilegal o en favor de organizaciones que hayan sido ilegalizadas».
A pesar de no encontrar elementos suficientes para proceder a la prohibición de la marcha, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordena a la Policía Autonómica vasca que intervenga para poner a disposición judicial a cualquiera de los participantes que incurra en amenazas o en otros hechos delictivos.
Este acto fue convocado por la izquierda abertzale el pasado sábado, después de que la Ertzaintza impidiera la celebración de otra marcha, que sí fue prohibida por la Audiencia, con el lema Otaola fuera. No a la represión. Otaola ya expresó anteayer su temor de que el Gobierno vasco y la Audiencia decidieran permitir esta segunda protesta una vez que se retirara su nombre del lema.
Ataque «ruin» contra ZapateroAGUSTIN YANEL
MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, criticó ayer con dureza los métodos que, según dijo, utiliza el PP contra Rodríguez Zapatero.«Hay dirigentes del PP que están utilizando las reivindicaciones nacionalistas de siempre para atacar a este Gobierno y a su presidente», indicó. «No les voy a dar ninguna satisfacción a quienes, de forma ruin y miserable, utilizan los nacionalismos, la bandera y el Rey para atacar al presidente», añadió. Al ser preguntada por la propuesta de ERC en el Senado para que el Rey deje de ser el jefe de las Fuerzas Armadas, la vicepresidenta respondió: «La monarquía en este país goza de muy buena salud, está consolidada y así lo entiende la mayoría de los españoles».
«Si nadie magnifica, exagera o saca de lugar las poquísimas voces en contra, estoy segura de que muy pronto dejarían de oirse», añadió.
Indicó que quemar fotos del Rey es un planteamiento «sin contenido y de marginales».
Con los votos del Psoe se aprueba en el Ayuntamiento de un pueblo de Alicante colocar un mural con el Rey boca abajoEl PSOE tacha de «irresponsables» a sus ediles de Pedreguer, que votaron a favorA. S. MOLLA
PEDREGUER (ALICANTE).- El Pleno del Ayuntamiento de la localidad alicantina de Pedreguer aprobó en la noche del jueves destinar un espacio público a un mural en el que se representará al Rey Juan Carlos I boca abajo, junto a la leyenda en catalán 300 años de ocupación y de resistencia y otra imagen del rey Felipe V también invertida.La propuesta del colectivo independentista Maulets, que reivindica los Països Catalans, fue llevada al Pleno por el PSOE, el Bloc y Col·lectiu Axia, que consiguieron además que la moción fuese aprobada gracias a sus siete votos favorables, por los seis contrarios del PP, que gobierna en minoría. El mural en cuestión, según explica Maulets, pretende recordar el aniversario de la batalla de Almansa que, a su juicio, supuso el inicio de la «ocupación española» y marcó la pérdida de los fueros de Valencia y Cataluña.
El secretario de Política Municipal del PSPV-PSOE, Antoni Such, tildó ayer de «irresponsables» a los concejales socialistas de Pedreguer que apoyaron la moción para instalar en el municipio un mural independentista en el que se representará al Rey Juan Carlos I boca abajo y se condenará «los 300 años de ocupación de los Países Catalanes». Los votos del PSOE, Bloc y el Col.lectiu Aixa hicieron que esta propuesta saliera adelante en el Pleno del jueves debido a que el PP gobierna en minoría.
Such manifestó que se trata de «una estupidez» que estos asuntos lleguen a un Pleno municipal «apoyados por el PSPV», y puntualizó que lo que hay que hacer «es trabajar por la gente». Asimismo, el secretario de Política Institucional del PSPV explicó que el partido valorará si esta actuación «es motivo de expediente». Además, reveló que el día del Pleno se intentó poner en contacto con la agrupación local, pero no lo logró.
El vicesecretario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, David Serra, instó al secretario del PSPV, Joan Ignasi Pla, a que «rectifique inmediatamente y desautorice al grupo municipal socialista de Pedreguer en su ataque contra la Corona»: «Están perdiendo el norte», añadió.
DESAFIO NACIONALISTAColoca un mástil de 10m en Villava (Navarra) para que la 'ikurriña' ondee junto al restoEl alcalde de este municipio navarro hace suya la bandera del País VascoESTHER ECHEVERRIA
PAMPLONA.- El alcalde de Villava (Navarra), Peio Gurbindo, de Nafarroa Bai, instaló ayer un mástil de 10 metros de altura junto al ayuntamiento de la localidad para que la ikurriña ondee a la misma altura que las cuatro banderas oficiales de Navarra, España, Europa y del municipio.La medida, de la que ha dado cuenta el grupo municipal de UPN a la Policía por considerar que incumple la Ley Foral de Símbolos -que prohíbe la presencia de banderas de otras comunidades autónomas en edificios oficiales de Navarra-, coincide con la aprobación hace 30 años en referéndum en Villava de un texto en el que se considera la ikurriña «una de las banderas oficiales» de la localidad. «Por ello me ha parecido hoy [por ayer] una buena fecha para colocarla», apuntó el primer edil. Además, recordó que el pasado mes de agosto y con los votos a favor de Atarrabia-NaBai y ANV -IU se abstuvo y UPN y PSN votaron en contra- salió adelante una moción que declaraba la enseña del País Vasco como uno de los símbolos de Villava. El texto subrayaba que la ikurriña no era la bandera exclusiva de una comunidad autónoma, sino la bandera de Euskal Herria. Además, se hacía una reprobación de la Ley de Símbolos, por la cual «se quitó la ikurriña del Ayuntamiento hace unos años», dijo el regidor.
Este admitió ser consciente de que la nueva medida podría generar polémica en Navarra, pero añadió que está «preparado para ello» y aseguró que legalmente tiene competencias para adoptarla, así como el «apoyo moral del Pleno».
Gurbindo destacó que la ikurriña «es una bandera muy sentida y asumida por parte de los navarros y, desde luego, por todos los villaveses». Admitió que hay vecinos que «sienten como suya la bandera española y no la ikurriña», pero afirmó en ese sentido que lo respeta y que por eso nunca quitará esta insignia de la casa consistorial.
La Fiscalía califica ahora de terroristas las amenazas de Bilbao y pide 14 años de cárcelHace un año consideró «desproporcionado» pedir 12 por otras amenazas similares al mismo juez
MANUEL MARRACO
MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional modificó ayer el criterio seguido hace un año y pidió 14 años de cárcel para el etarra Iñaki Bilbao, al considerar que sus amenazas a los jueces Alfonso Guevara y Baltasar Garzón eran de tipo terrorista.En septiembre de 2006, con el alto el fuego vigente, la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza solicitó sólo dos años por otras amenazas proferidas por el propio Bilbao a Garzón, sin atribuirles el carácter de terroristas. De hacerlo, hubiera tenido que solicitar un mínimo de 10 años, algo que el Ministerio Público describió como desproporcionado. Fueron las amenazas que Bilbao lanzó ese día las que ayer juzgaba la Audiencia. 
El etarra parecía haber cogido la costumbre de amenazar a todos los magistrados cada vez que pisaba el tribunal, pero ayer se conformó con algo menos. Insultó, se resistió a la Policía, defendió el terrorismo y dio patadas en el habitáculo blindado, pero no lanzó ninguna amenaza. Eso sirvió para que la Fiscalía no pidiera esta vez que se abra una nueva investigación por amenazas y que no haya que celebrar dentro de unos meses un nuevo juicio por lo mismo.
Bilbao volvió a presentarse ayer nervioso, con gesto violento, cráneo reluciente y una camiseta de otro Guevara (El Che). Exactamente igual que hace un año. El presidente del tribunal, Fernando Bermúdez de la Fuente, le expulsó en dos ocasiones. En el par de minutos en los que dispuso de un micrófono abierto, el terrorista le llamó «cobarde» y gritó que no reconocía a un tribunal «fascista y torturador». Su derecho a la última palabra lo aprovechó para lanzar un viva a la lucha armada.
El tribunal ordenó reproducir el vídeo de lo sucedido hace un año, por lo que se volvió a escuchar a Bilbao decirle a Guevara que le iba a meter «siete tiros». A Garzón, que le había encarcelado, le dijo que no se olvidaba y le dedicó un «pelamangos» y un «me cago en el kilómetro 105 de tus cuernos».
El vídeo se reprodujo hasta el visto para sentencia, por lo que también se escuchó al teniente fiscal, Jesús Santos, rebajar de 12 a dos años la petición de cárcel. La Sala le condenó a esa cifra, pero criticó los argumentos del fiscal y dijo que debía haber solicitado una pena mayor.
Ayer la fiscal Blanca Rodríguez dijo que resultaba indiscutible el carácter terrorista de lo sucedido, ya que Bilbao seguía formando parte de ETA y era verosímil pensar que se podían cumplir. Además, tanto Garzón como Guevara indicaron que no se sintieron amenazados en el momento del juicio, pero que sí eran conscientes del peligro que corrían al haber sido señalados.
Por su parte, el abogado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, pidió también 14 años de prisión y, además, que se acusara de nuevo a Bilbao de desórdenes públicos e injurias, que sólo llevan aparejadas penas de multa.
Absueltos siete acusados de terrorismo por errores de GarzónUn tribunal de la Audiencia Nacional declara nulos los pinchazos a los presuntos islamistas porque no fueron motivadosMANUEL MARRACO
MADRID.- Seis argelinos y un tunecino acusados de pertenencia y colaboración con Al Qaeda fueron absueltos ayer al anular la Audiencia Nacional la mayor parte de investigación llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón.La sentencia de la Sección Tercera de lo Penal considera que el magistrado instructor no justificó suficientemente los pinchazos telefónicos que dieron inicio a la investigación y que, además, el control judicial posterior tampoco fue el exigido por el Tribunal Supremo. Como consecuencia de ello, tampoco puede tenerse en cuenta el resultado de los registros domiciliarios a los que condujeron los pinchazos anulados.
Respecto a otros registros que tuvieron lugar en el Reino Unido y Alemania, tampoco pueden considerarse material probatorio, ya que no consta en el sumario la autorización judicial para efectuarlos ni el detalle de lo encontrado.
Así pues, el tribunal explica en la sentencia -de la que ha sido ponente la magistrada Flor Sánchez- que para decidir sobre la culpabilidad de los procesados sólo ha podido contar con sus declaraciones durante el juicio y el escaso material salvado de la instrucción.
Según la acusación del fiscal Pedro Rubira, los detenidos formaban parte de una célula relacionada con Al Qaeda que tenía ramificaciones en otros países. Entre ellos Alemania, donde supuestamente había conectado con la célula de Hamburgo, responsable del 11-S. Su tarea era, supuestamente, facilitar documentación falsa para que los muyahidin pudieran viajara Irak. Por todo ello, solicitaba 20 años de prisión para seis acusados y seis años para un presunto colaborador. En la fase de conclusiones definitivas, el fiscal aceptó la posibilidad de unas condenas de solamente seis años, y la Sala ordenó la libertad provisional de todos ellos.
La conclusión del tribunal es rotunda: «Se declara expresamente no probado que ninguno de los procesados, formara parte, colaborara, coordinara o dirigiera, ninguna célula o núcleo del grupo radical islámico».
La sentencia critica «el iter procedimental» seguido por Garzón, que «no es paradigma de una lógica secuencia en la instrucción». Se refiere a que el juez abrió unas nuevas diligencias previas para esta investigación y luego incorporó todo el material obtenido en otras precedentes. Los magistrados también consideran «sorprendente» que no se procesara en esta causa al hermano de uno de los acusados, «a pesar de haber sido investigado como el coordinador en nuestro país de la célula».
Pese a haber declarado la nulidad de todas las actuaciones, el tribunal ha salvado muchas otras peticiones de nulidad, y reconoce que el fiscal evitó emplear los pinchazos durante el juicio. Entre los abogados defensores se encontraban algunos, como Sebastià Salellas y Jacobo Teijelo, que ya participaron en el juicio contra la célula de Abu Dahdah, en la que el Tribunal Supremo también declaró la nulidad de los pinchazos.
EDITORIALES DEL DÍA
BARCELONA.- 
