Editoriales: UN GRAVE DELITO QUE NO ES NI «MENOR»NI «RECURRENTE»

EDITORIALES DEL DÍA
UN GRAVE DELITO QUE NO ES NI «MENOR» NI «RECURRENTE»

El afán del Gobierno por restar importancia a los delitos y abusos del nacionalismo radical no parece tener límite. Ayer, minutos después de haber condenado de forma «total» la quema de la efigie de los Reyes la noche del jueves en Gerona, la vicepresidenta primera consideró que, en todo caso, lo sucedido era algo «menor» y «recurrente», calificativos que empleó incluso para referirse a las amenazas de muerte a la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola.

¿Cómo puede el Ejecutivo desdeñar un delito contra la Corona, la institución que simboliza la vertebración de la Nación, como algo «menor»? Cuesta sobre todo creer que quien se ha expresado así es además la misma vicepresidenta que hace poco defendía la mucho más cuestionable decisión de la Fiscalía de actuar contra El Jueves por caricaturizar a los Príncipes, aludiendo entonces al «respeto debido y necesario a las instituciones del Estado». Desde luego, no hay justificación para tratar con más gravedad el chiste de una revista satírica que la acción de unos encapuchados cuya intención era de todo menos humorística.

Ahora bien, no menos imprudente resulta que el Gobierno desprecie lo sucedido en Gerona por ser algo «recurrente». Si el Gobierno se refiere a la frecuencia de los altercados tipo kale borroka, antes restringidos al País Vasco y cada vez más copiados en Cataluña, su recurrencia e incremento es estadísticamente atribuible a esta legislatura. Cualquiera puede comprobar que durante el último Gobierno Aznar la kale borroka disminuyó hasta su casi total desaparición en Euskadi, como consecuencia de la modificación del Código Penal y la Ley del Menor para convertirla en delito de terrorismo. Esa es la mejor prueba, por cierto, de que un Gobierno no tiene por qué resignarse al vandalismo de los independentistas como un mal inevitable. Por otra parte, si el Gobierno se refiere a la quema de la foto del Rey, la «recurrencia» es simplemente falsa; difícil es recordar un precedente de ese delito, menos aún con Don Juan Carlos a menos de un kilómetro y ante la pasividad policial.

Como la opinión pública ha podido comprobar atónita, los Mossos d'Esquadra que rodeaban a los manifestantes dejaron que éstos perpetraran su delito sin intervenir. Resulta inaceptable que lo hicieran -como asegura la Consejería de Interior- por no «poner más gasolina al incendio», una desafortunada metáfora para explicar el incumplimiento de su deber.

De los polvos de toda la legislatura llegan estos lodos. Llega el espectáculo de ver cómo un vocal del CGPJ -López Tena- hace una interpretación tan laxa de la ley que considera que estos desmanes «entran en la libertad de expresión». O de un consejero de Gobernación de la Generalitat -Puigcercós- que afirma que «la Fiscalía actúa más por la presión de la prensa más derechista de Madrid» que por la necesidad de mantener el orden.

Aquí lo único recurrente es la política del Gobierno de permitir el incumplimiento de leyes como la de la bandera o la comisión de delitos como el perpetrado contra la Corona, siempre con la excusa de que son incidentes «de muy corto alcance». Es recurrente, pero en ningún caso menor, pues demuestra una irresponsabilidad -entendida como dejación de responsabilidades- inédita en nuestra democracia.

CONTRA EL CANON DIGITAL

El Gobierno se dispone a aprobar en las próximas semanas una orden ministerial que gravará con el canon digital a los teléfonos móviles con dispositivo reproductor MP3 que permite descargar y almacenar música.

La industria calcula que el 80% de los móviles que se van a vender el año que viene incorporarán MP3. Estos aparatos estarían sujetos a un nuevo gravamen que se movería entre el 2% y el 5% del precio del terminal.

La recaudación por este canon iría destinada a las asociaciones de autores en concepto de compensación por las copias que eluden el pago de derechos a los creadores. Otros medios como los ordenadores portátiles, las cámaras digitales de fotografía y los reproductores de DVD estarían también sometidos a este canon.

Los fabricantes de móviles y los operadores telefónicos se han manifestado en contra de esta medida, argumentando -entre otras razones- que la telefonía móvil ya soporta una presión fiscal extraordinaria, superior a cualquier otra industria.

EL MUNDO siempre se ha manifestado en contra de gravar de forma indiscriminada los aparatos de registro y reproducción digital porque ello presupone considerar que todos los ciudadanos practican la piratería de los derechos de autor.

Resulta evidente que no se puede tratar a todos con el mismo rasero y que es injusto hacer pagar un canon a quien no ha utilizado nunca el ordenador para copiar un disco, equiparándolo al que realiza esta operación de forma habitual.

En el caso de los móviles, los usuarios pagan derechos por la gran mayoría de las descargas e incluso sus aparatos tienen programas que impiden las copias indiscriminadas. El canon supone, por tanto, una imposición fiscal adicional, que se añade a la que ya existe.

Se han realizado hasta ahora diversas estimaciones sobre lo que supondrá la recaudación del canon digital en todo tipo de dispositivos. Con toda seguridad, no bajará de cientos de millones de euros, cifra que saldría de los bolsillos de los compradores para engrosar las arcas de las sociedades de autores.

Creemos que este canon digital carece de sentido, al menos tal y como ha sido formulado y cuantificado. Es injusto, desproporcionado y arbitrario, por lo que sería mejor que el Gobierno metiera en un cajón la orden ministerial que ha elaborado.

Un conflicto entre lo cívico y lo partidista

La junta directiva del Foro Ermua ha presentado su dimisión en pleno para expresar su disconformidad con la presencia de Mikel Buesa, presidente de esta organización, en las listas del partido que impulsan Rosa Díez y Fernando Savater. La dimisión de la directiva del Foro Ermua plantea el conflicto entre la pertenencia a asociaciones de carácter cívico y la militancia en partidos políticos, sujetos a una disciplina ideológica. Los directivos que han dimitido entienden probablemente que no es posible compatibilizar ambas instancias, por lo que Buesa debería haber renunciado al cargo. El propio Buesa sugirió ayer que está dispuesto a dejar la presidencia en una próxima asamblea, lo que parece la opción más correcta. Igual conflicto se ha generado en Basta Ya, cuyos dirigentes van a ser los que tomen las riendas del nuevo partido. Sería conveniente que pidiesen la baja temporal en esta asociación antes de dar el salto a la política. Y ello no porque exista una incompatibilidad ética entre pertenecer a un partido y una organización cívica -que no la hay- sino porque resulta conveniente defender la independencia de ambas instancias. Foro Ermua y Basta Ya deben seguir siendo instituciones no partidistas, con capacidad de acogida y representación de personas que votan a diferentes partidos. Buesa y quienes sigan sus pasos deberían dimitir para no perjudicar a las asociaciones a las que han servido hasta la fecha con altruismo.

Vascongadas, territorio sin Ley: Rajoy acusa a ZP de «dar alas» a los nacionalistas radicales con su política/ REGINA OTAOLA pìde al ZP un gesto/ Cris

DESAFIO NACIONALISTA / La oposición
Rajoy acusa a Zapatero de «dar alas» a los nacionalistas radicales con su política

Dice que las alianzas del Gobierno han alentado episodios como el de la quema del retrato del Rey

O. TORRES

BILBAO.- El líder del PP, Mariano Rajoy, acusó ayer al presiente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de «dar alas a los nacionalismos más radicales» con su política, lo que ha provocado episodios como la quema del retrato del Rey el jueves en Gerona o la caída en desgracia del presidente del PNV, Josu Jon Imaz.

Para Rajoy, es la política del Gobierno socialista y las alianzas con los «nacionalismos radicales» que lo sostienen las que han alentado la impresión de que resulta rentable defender determinadas posiciones.

«Se ha lanzado el mensaje de que la única forma de conseguir determinados objetivos es radicalizarse aún más. Cuando se dan alas a los radicales, los moderados pierden siempre», señaló Rajoy en Bilbao, donde se reunió con la dirección del PP del País Vasco para analizar las próximas elecciones generales.

El presidente popular consideró que la renuncia de Imaz no es una buena noticia «para el País Vasco ni para España» y acusó al PNV de no haber modificado su discurso en las últimas tres décadas.

«Todos nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, pero el PNV y los nacionalistas en España tienen exactamente el mismo discurso que hace 30 años. El mundo ha cambiado y los partidos que no tengan planteamientos maduros, de sensatez, están condenados a no hacer otra cosa que crear problemas», aseguró.

Para Rajoy, «es ir a la Edad Media» plantear procesos de separación cuando en todos los continentes se trabaja en sentido contrario. «Hoy el mundo es más abierto, estamos en el siglo XXI y preocupan las grandes uniones», apuntó.

Respecto a la ponencia del PNV, lamentó que ésta no señale como objetivos fundamentales la consecución de la libertad y el cumplimiento de la ley y que, por el contrario, opte por modificar el marco jurídico y plantee un nuevo estatuto o el ejercicio del derecho de autodeterminación.

El aspirante a presidente del Gobierno también lamentó el episodio de la quema del retrato del Rey y reprochó a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que argumentara que el PP «tiene mucho que aprender en términos de convivencia» y que acusara al partido de Rajoy de apropiarse de los símbolos con fines partidistas, en respuesta a las amenazas que recibieron los populares en la Diada.

Rajoy solicitó a Zapatero que desautorice a la ministra o la destituya si no rectifica y consideró «impropio de una democracia avanzada» que una persona que ocupa su cargo justifique las amenazas de «gente radical y extremista».

El líder popular, que estuvo acompañado por la presidenta del PP vasco, María San Gil, los responsables provinciales, el redactor del programa para el País Vasco, Javier de Andrés, y la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, señaló que la búsqueda de la libertad será uno de los principales argumentos de la campaña electoral de su formación.

Respecto a Otaola, elogió su «valor» y el esfuerzo que ha hecho para que se cumpla la ley en Lizartza, con la colocación de la bandera española en el Ayuntamiento, entre las amenazas de los radicales. Y destacó que ella no se ha dejado amedrentar «como otros», en referencia a los alcaldes socialistas de municipios como San Sebastián o Eibar.

También se felicitó por que los terroristas no consiguieran ayer su objetivo de atentar contra un ertzaina en Andoain y reiteró que consideraría una «extraordinaria noticia» la ilegalización de ANV.

Otaola pide al Gobierno que haga un gesto «tan sencillo» como izar la bandera nacional

La alcaldesa de Lizartza reclama al Ejecutivo que coloque la enseña en los consistorios del PSOE - La Audiencia Nacional tramitará la denuncia por amenazas de muerte a la primera edil

SAN SEBASTIAN.- La polémica de las banderas tiene una fácil solución. La alcaldesa de Lizartza (Guipúzcoa), Regina Otaola, aseguró ayer que un gesto «tan sencillo» como que el Gobierno central comience a izar las enseñas nacionales en los ayuntamientos, tal y como establece la ley, acabaría con esta controversia.

Esto mismo fue lo que le dijo Otaola el pasado jueves al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien le telefoneó para mostrarle el apoyo del Ejecutivo tras las amenazas de muerte que tuvo que soportar el pasado viernes en Lizartza tras izar la bandera española en el Ayuntamiento.

Otaola consideró que estos apoyos se demuestran «andando», por lo que pidió a Fernández Bermejo que «dé ejemplo» y coloque, en primer lugar, las banderas españolas «en los consistorios gobernados por el PSOE», según informa Europa Press.

En declaraciones a TVE, la alcaldesa popular se refirió a las declaraciones realizadas el jueves por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien manifestó que el problema de las banderas «no es nuevo» y tiene «difícil solución», y le respondió que «lo más sencillo» sería «hacer cumplir la ley» para que todo el mundo se sienta «libre en España».

Otaola lamentó que los demócratas estén «cediendo terreno» a los «proetarras o nacionalistas» y aseguró que, además, su actitud más habitual sólo ha sido decir «por la paz, un Ave María».

La alcaldesa de Lizartza confirmó que ningún gobierno autonómico le ha apoyado después de recibir las amenazas de muerte de un simpatizante de ANV. La primera edil lamentó que, desde que tomó el mando en el Ayuntamiento, está amenazada y no puede tener una rutina en el municipio. «Eso es terrible», indicó.

No obstante, Otaola, tras las coacciones de un radical por izar la bandera española junto a la local y la vasca en el Ayuntamiento de Lizartza, ha conseguido que la denuncia que interpuso sea remitida a la Audiencia Nacional.

Así, el Juzgado de Instrucción de Tolosa ha accedido a la petición realizada por el fiscal y se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional, después de que Otaola prestara declaración el pasado miércoles, al considerar que los hechos pueden constituir un delito de amenazas terroristas.

La primera edil popular, que confiaba en que finalmente la petición del fiscal y de su propia abogada, Ainhoa Baglietto, fuera aceptada por el juez, se mostró ayer muy contenta por esta decisión aunque señaló que, a pesar de que la denuncia sea remitida a la Audiencia Nacional, «ésta no tiene por qué considerar que es un delito de amenazas terroristas».

Además, la defensa del imputado, Pedro María Olano, se ha opuesto a esta medida y «todavía puede recurrir», indicó Otaola.

Los juzgados de Tolosa instruyen, además, otro procedimiento por presuntas injurias a la alcaldesa de Lizartza. En este caso, otro manifestante se tiene que enfrentar a este delito por concentrarse el pasado viernes ante el Consistorio de la localidad guipuzcoana portando un cartel que rezaba: «Otaola, cabrona».

El PP reclama una lista de los cargos que incumplen la ley

Pide que el Congreso inste al Gobierno a elaborar esa relación en un mes y que requiera a los ayuntamientos a colocar la bandera

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Partido Popular quiere que el Congreso reclame al Gobierno, para que se la remita en el plazo de un mes, una relación de todos los ayuntamientos e instituciones de las comunidades autónomas que no cumplen con la obligación legal de exhibir la bandera de España. En el caso de que prospere esta propuesta, en ese listado deberá constar qué partido político gobierna en cada uno de esos lugares.

El martes próximo, a instancias del PP, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá una moción sobre la llamada guerra de las banderas. En ella, además de solicitar ese listado, los populares piden que el Ejecutivo ordene a las delegaciones del Gobierno que se dirijan por escrito a todos los ayuntamientos e instituciones autonómicas en los que no ondea la bandera española para requerir que cumplan la ley.

El PP también pide que el Congreso inste al Gobierno a reformar las leyes para que quienes no cumplan con la norma que regula el uso de la bandera puedan ser inhabilitados y dejen su cargo.

El uso de la bandera de España fue regulado por una ley en 1981. En ella se contemplaba la posibilidad de castigar incluso con la cárcel a quien no cumpliera esa norma, pero este precepto fue anulado al año siguiente por el Tribunal Constitucional, porque suponía imponer una condena penal por un acto administrativo.

Esa imposibilidad de imponer penas de cárcel es lo que, en opinión del PP, ha llevado a muchos ayuntamientos e instituciones a no aplicar la ley, sin que hayan sido castigados por ello.

A pesar de esta situación, en el PP afirman que el presidente del Gobierno no se ha «empeñado» en hacer que se cumpla la ley, sino que se ha limitado a decir que hará «lo máximo posible».

Los populares han considerado necesario que intervenga el Congreso, instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar que se cumple la ley reguladora del uso de las banderas.

Esta polémica ha vuelto a surgir a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado julio, declaró que la bandera española debe ondear en la Academia de la Ertzaintza en Arkaute (Vitoria), lo mismo que en los edificios públicos de toda España, ya sean de la Administración central como de la autonómica o municipal.

LOS AYUNTAMIENTOS DE ANDOAIN Y EIBAR, AYER.

Como si de un acto vergonzoso se tratara, los ayuntamientos de los municipios guipuzcoanos de Andoain (arriba) y Eibar (abajo), ambos en manos socialistas, evitan que las distintas banderas que debieran colgar de sus mástiles lo hagan. Quizás responda a la vieja excusa, esa que aconseja «no provocar» para tener la fiesta en paz. Aunque sea a costa de incumplir la ley.

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Dejan una bomba casera bajo el coche de un 'ertzaina'

RUTH GABILONDO

SAN SEBASTIAN.- Los radicales han vuelto a actuar y, en esta ocasión, han intentando atentar contra un ertzaina, aunque sin éxito. Un artefacto casero que no llegó a estallar fue hallado ayer en los bajos del coche particular de un agente de la policía autonómica en la localidad guipuzcoana de Andoain, según informó el Departamento vasco de Interior.

La bomba casera, compuesta por una garrafa con cinco litros de gasolina y que llevaba adosada un cohete pirotécnico, fue descubierta alrededor de las 10.00 horas de ayer por los servicios de limpieza municipales de la localidad guipuzcoana.

El Departamento vasco de Interior confirmó que el dispositivo estaba compuesto por un bidón que contenía líquido inflamable en su interior y estaba unido con cinta aislante a un cohete pirotécnico, que estaba preparado para estallar al prenderle fuego. Además, la policía autonómica informó de que la mecha había sido quemada aunque, afortunadamente, no llegó a explosionar.

Tras la colocación de la bomba casera bajo el coche de un agente de la policía vasca se constata, como ya había anunciado el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, que la Ertzaintza sigue siendo objetivo preferente de ETA después de la ruptura del alto el fuego.

Las denuncias no se hicieron esperar y todas las formaciones políticas, excepto las de la izquierda abertzale, mostraron ayer su firme repulsa a este acto de kale borroka. El Ayuntamiento de Andoain advirtió ayer a los autores de que «no van a amedrentar a la ciudadanía de este pueblo, por muchos actos fascistas que realicen».

EL ANÁLISIS: CRISIS EN EL NACIONALISMO VASCO / LA POLÉMICA NACIONAL EL PRESIDENTE DEL PNV SE JUBILA ANTICIPADAMENTE
¿De quién es la culpa de la marcha de Imaz?

VICTOR DE LA SERNA

Una tertuliana vespertina de la Cope se obstinaba: «No entiendo cómo se puede culpar a Zapatero de la dimisión de Imaz». Era una voz sin duda aislada en aquellos medios informativos poco sospechosos de amistad con el Gobierno o con el nacionalismo. Imaz es la víctima de ZP o el fogonazo que deja al desnudo el bluff del presidente socialista. En todo caso, una política consistente en utilizar a los moderados para acabar cediendo a los radicales como la que Zapatero ha seguido en el País Vasco y Cataluña queda herida de muerte.

Así lo expresaba un editorial de EL MUNDO: «El caso de Imaz es, de momento, la última pompa de jabón que se le escapa de entre las manos. El presidente no acaba de caer en la cuenta de que las cesiones a los nacionalistas no fortalecen el ala moderada y sensata de esos partidos, sino precisamente a los sectores más radicales, a quienes la debilidad de palabra y obra les estimula para pedir cada día más».

Y así, otro de ABC: «La cuestión política que empieza a dominar otra vez el panorama político en este final de legislatura socialista es por qué los nacionalistas no sólo no se sienten concernidos por actitudes moderadas y planteamientos integradores -que parecen el destino natural de toda fuerza política europea del siglo XXI-, sino que públicamente apuestan por estrategias de confrontación y beligerancia hacia el orden constitucional. (...) La causa inmediata de este envalentonamiento independentista se encuentra principalmente en la política seguida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en su relación con los nacionalismos. La lectura que éstos han hecho de los pasos seguidos por el presidente del Gobierno es muy sencilla: ser nacionalista moderado no sirve de nada con Zapatero porque con el PSOE siempre salen ganando los más radicales».

Pero no todos lo ven así. Significativamente, en El País, a Soledad Gallego-Díaz le rezuma el despecho para con el dirigente vasco, que en tal brete ha metido al Gobierno: «La decisión de Imaz de no luchar por la presidencia del PNV es una decisión de gran responsabilidad porque quizás evita una difícil situación interna en su partido, pero complica extraordinariamente la escena política, vasca y española, a sólo seis meses de las elecciones generales. Su presencia al frente del partido era fundamental para la estrategia de Zapatero de moderación del nacionalismo vasco». En el mismo diario, un editorial hace de tripas corazón: «Tal vez esa retirada sea también el aldabonazo necesario para que el PNV se decida de una vez a elegir entre la unidad en la confusión y la claridad política». (Y desde luego, basta ver el documento político independentista del PNV para comprobar por dónde se decanta esa «claridad»).

En la prensa nacionalista, Deia se escaqueaba (como era previsible) ante una situación muy embarazosa para el PNV, mientras que el proetarra Gara se cebaba (como era igual de previsible) en el dimisionario: «Imaz se va dejando un escenario de ruptura del proceso en el que el PNV tiene una alta cuota de responsabilidad, y se va dejando un partido que, antes y hoy, hace de la gestión del poder y de la defensa de los intereses económicos asociados el pilar de su conducta».

Hay otros malos en esta película, y Alfonso Ussía, en La Razón, elige uno diferente... y, quizá, también previsible: «En aquel rincón de España pueden cambiar las cosas, pero no el poder. Se suceden los nombres, pero siempre manda el mismo. (...) Ser sustituido por Imaz le sentó a Arzallus como un zumo de naranja de los que dan en Iberia, y desde su huerto del odio, como si nada hiciera, ha envenenado con su habitual maestría la resistencia de Imaz. (...) Desde su huerto del odio, Arzallus ordena y regaña».

CRISIS EN EL NACIONALISMO VASCO / Las reacciones políticas
El Gobierno teme que Arzalluz empuje al PNV hacia posiciones radicales y no dialogantes

De la Vega dice que el Ejecutivo sigue apostando por mantener una relación fluida y de confianza - Zapatero quiere ver cómo evolucionan los acontecimientos antes de fijar fecha a su cita con Ibarretxe

MARISA CRUZ / OSCAR TORRES

MADRID/VITORIA.- Pese a la tranquilidad que se instaló en La Moncloa tras la conversación mantenida por Zapatero con el todavía presidente del PNV, Josu Jon Imaz, después de que éste anunciara su intención de abandonar la primera línea de la actividad política, los temores han vuelto a renacer tras la irrupción en escena del ex presidente del nacionalismo vasco Xabier Arzalluz, apostando abiertamente por el líder guipuzcoano, Joseba Egibar, como futuro cabeza del partido.

Altos cargos de La Moncloa señalan la entrada de Arzalluz en el debate como un elemento distorsionador que podría poner en riesgo el pacto soterrado que, según ellos, estaba prácticamente fraguado en el seno del PNV: ascenso de Iñigo Urkullu a la Presidencia del partido, apartamiento de Joseba Egibar y compromiso del lehendakari Ibarretxe de asumir las directrices de la cúpula de la formación.

Ahora, el entorno de Zapatero considera que Xabier Arzalluz, quien todavía cuenta con una capacidad importante de movilización dentro del partido, puede tensar gravemente la situación e incluso inclinar la balanza a favor de posiciones mucho más radicales y mucho menos dialogantes que las representadas por Imaz e incluso por Urkullu.

El ex presidente del PNV expresó ayer su apoyo incondicional a quien fuera su oponente, Joseba Egibar, asegurando tajante que «es el mejor» para ocupar el puesto que en diciembre dejará vacante Josu Jon Imaz.

En una entrevista en Herri Irratia Loyola-Media, el histórico dirigente nacionalista analizó el proceso de elección de la futura dirección peneuvista y atribuyó la decisión de Imaz de abandonar la política a su desacuerdo con la ponencia acordada «por Egibar y Urkullu», los presidentes de Guipúzcoa y Vizcaya, el pasado lunes, y en la que se avala la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

«Estaba en desacuerdo con ella y con la consulta que defiende Ibarretxe. Había voces, entre ellas la de Imaz, que no veían clara la consulta», explicó Arzalluz, para quien la ponencia política supone la aceptación de los planteamientos del lehendakari.

El ex presidente nacionalista aprovechó, además, para criticar el método elegido por Josu Jon Imaz para anunciar su retirada: «Ha sido feo para el partido», aseguró.

La incertidumbre introducida por el ex líder del PNV aconseja al presidente del Gobierno a adoptar una actitud de prudencia, de manera que Zapatero esperará a ver la evolución de los acontecimientos antes de fijar la fecha de su entrevista con Juan José Ibarretxe, en el marco de la ronda de encuentros que desea mantener con todos los presidentes autonómicos antes de que acabe el año.

Entretanto, y a la espera de lo que suceda en el nacionalismo vasco, la vicepresidenta primera del Gobierno optó ayer por esgrimir el debido «respeto» a los procedimientos y debates internos de la formación nacionalista, para no hacer vaticinios de futuro.

De la Vega confirmó que Zapatero e Imaz habían conversado por teléfono y que tras esa charla -una más de las muchas que han mantenido ambos en los últimos meses- la sensación del Gobierno era de tranquilidad, especialmente en relación con las posiciones que adoptará la futura cúpula del PNV sobre ETA y la lucha contra los violentos.

«No hay razones para pensar que el PNV va a cambiar su posición respecto a una banda terrorista», señaló la vicepresidenta, quien, además, recalcó que las relaciones institucionales entre Madrid y Vitoria han sido buenas en los últimos años y apostó por que «continuarán con los mismos niveles de fluidez, interlocución y confianza».

I. ANASAGASTI
Apuesta por un presidente vizcaíno para la Ejecutiva del PNV

BILBAO.- El senador Iñaki Anasagasti defendió ayer en su blog que el nuevo presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), la Ejecutiva del PNV, sea un dirigente vizcaíno, informa Efe.

Anasagasti recordó que, desde 1935, no hay presidente vizcaíno del PNV, pese a ser la organización que concentra al 40% de la afiliación total del partido y tratarse del territorio donde el PNV obtiene los mejores resultados electorales. Al PNV de Vizcaya «le toca ostentar la representación de todo el partido» y «estas cosas tienen su peso, sobre todo cuando un guipuzcoano tan universal como Josu Jon [Imaz] deja paso a la elección de un sustituto».

El senador no menciona a nadie en concreto, pese a que Iñigo Urkullu aparece como el posible candidato de consenso.

J. ARIZTONDO
«Tenemos que lograr un equipo consensuado que dirija el partido»

BILBAO.- La secretaria del EBB del PNV, Josune Ariztondo, afirmó ayer que «la mejor aportación» que se puede hacer en el seno del partido al «gesto de generosidad» realizado por Josu Jon Imaz es lograr «un equipo consensuado» que dirija a la formación jeltzale durante los próximos cuatro años. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Ariztondo reconoció que «lo deseable» sería propiciar «un debate sereno».

«Se trabaja en una candidatura de consenso, habiendo hecho precisamente una ponencia unitaria y visto el gesto que Josu Jon Imaz ha realizado en favor de la unidad y de ir asentando un liderazgo fuerte, que permita, como él decía, un debate sereno», indicó. Ariztondo tampoco se posicionó sobre Urkullu.

27 AÑOS 'JUNTOS'.

El fiscal Enrique Molina pidió ayer a un tribunal de la Audiencia Nacional que condene a 27 años de prisión a los dos presuntos miembros de ETA Mikel Orbegozo Echarri y su compañera sentimental, Sara Majarenas Ibarreta, detenidos en Valencia en febrero de 2005. Durante el juicio, ambos se mostraron sonrientes y cariñosos y reconocieron su pertenencia a ETA. El fiscal les acusa de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y explosivos, falsificación de documentos y un delito continuado de atentado.

Cataluña, territorio sin Ley: El Fiscal, el Gobierno y el ultraje al Rey/ Rajoy: ZP responsable del radicalismo/ Dejación Mozos/ Sumersión Lingüistica

DESAFIO NACIONALISTA / Pese a los incidentes de Lizartza y Gerona, De la Vega asegura que «no pasa nada» que «son hechos menores» / La vicepresidenta afirma que es Rajoy quien está instalado en la «radicalidad»
El Gobierno considera el ultraje al Rey como algo 'menor y recurrente'

Mariano Rajoy responsabiliza al Ejecutivo de la ola de radicalismo - Joan Puigcercós, 'conseller' de Gobernación, advierte que «la Fiscalía se equivocaría si quisiese convertir esto en un proceso político»

MARISA CRUZ

MADRID. - El Gobierno condenó ayer de forma «absoluta, rotunda y sin paliativos» los incidentes que ensombrecieron la visita del Rey a Gerona, donde varios centenares de independentistas recibieron al Jefe del Estado coreando consignas en su contra y quemando su fotografía.

No obstante, el Ejecutivo opta por restar trascendencia política a las últimas y reiteradas muestras de virulencia nacionalista radical, incluidos los sucesos de Gerona, y se limita a calificarlas como «rebrotes recurrentes» y «menores».

Este fue el mensaje que trasladó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia ante la prensa al término del Consejo de Ministros.

La número dos del Ejecutivo transmitió la impresión de que Zapatero no cree realmente que se esté produciendo un revivir preocupante de los sentimientos independentistas más extremos, pero no por ello dejó de considerar inaceptables los incidentes del jueves en Gerona, habida cuenta de que estaban dirigidos contra el Monarca y podrían ser considerados como injurias graves a la Corona.

De la Vega recalcó que en democracia «son tan importantes las formas como los contenidos», e insistió en que es posible defender cualquier idea siempre que sea «a través de la palabra, la tolerancia y el respeto».

De hecho, el Ejecutivo estaba ayer a la espera del informe detallado que debía remitir la Consejería de Interior del Gobierno catalán a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los incidentes ocurridos en contra del Rey.

No obstante, el paisaje de los acontecimientos protagonizados por los independentistas no se limita a lo sucedido durante la visita de Don Juan Carlos a Cataluña.

Antes de ello, en el País Vasco, grupos de radicales habían arremetido con insultos y amenazas contra Regina Otaola, la alcaldesa popular de Lizartza, tras hacer ondear la bandera española en la fachada del Ayuntamiento; se comprobó cómo centenares de consistorios del País Vasco y Cataluña desafían lo estipulado en la Constitución y en las leyes al negarse a izar la enseña nacional; en el seno del primer partido vasco, el PNV, se aprueba una ponencia política que plantea un referéndum sobre autodeterminación y se desata una crisis interna y, en Cataluña, el vicepresidente de la Generalitat, Carod-Rovira ya fija fecha para una consulta sobre la independencia mientras, el presidente de CiU, Artur Mas, no pone límites a sus «aspiraciones soberanistas».

Pese a todo ello, el Gobierno considera que «no pasa nada que no haya sucedido en otras ocasiones», tal y como explicó ayer la vicepresidenta, para quien estos casos son «rebrotes recurrentes» de naturaleza «radical» y «menores».

A modo de ejemplo, Fernández de la Vega recordó que ya en el año 2003 se planteó la propuesta de convocar un referéndum en el País Vasco, por lo que, en su opinión, no resulta especialmente sorprendente el que ahora el lehendakari, Juan José Ibarretxe, suscite otra iniciativa de esta índole.

Referéndum vasco

«Las instituciones democráticas han demostrado fortaleza para poner de manifiesto que las reglas funcionan», aseguró la vicepresidenta, quien también rechazó de plano la actitud del Partido Popular, que ha acusado al Gobierno de haber propiciado esta marea radical con su laxitud frente a los nacionalistas.

«Ningún ciudadano puede entender que sea precisamente el señor Rajoy quien hable de radicalidad, porque para radicalidad la que ha venido ejerciendo él, en una posición bastante irresponsable», afirmó. Para ella, las acusaciones lanzadas desde las filas populares son sencillamente «increíbles».

Según De la Vega, resulta evidente que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se ha caracterizado precisamente por su voluntad de propiciar el «diálogo institucional, el acuerdo, el consenso y el respeto», porque, dijo, «es lo único en que creemos».

La número dos del Gobierno también se ocupó de esgrimir, frente a las tendencias independentistas, «un modelo de Estado, recogido en la Constitución, que está asumido y consolidado y que ha funcionado muy bien durante 30 años».

Por su parte, altas fuentes de la Presidencia aseguraron que no existe ninguna preocupación en La Moncloa en relación con la visita que el presidente del Gobierno realizará a Barcelona mañana domingo con motivo de la Fiesta de la Rosa. En medios próximos al presidente se insiste en que el debate en torno a los desafíos independentistas está alentado directamente desde el PP.

Zapatero se trasladará a la capital catalana desde la finca toledana de Quintos de Mora, donde se encuentra desde ayer descansando con su familia y donde hoy recibirá al presidente brasileño, Luis Inázio Lula da Silva.

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EL PRINCIPE, CON LA BANDERA ESPAÑOLA.

Un día después de que independentistas catalanes quemaran fotografías de Don Juan Carlos (dcha.), el Príncipe de Asturias (a la izqda., junto a Esperanza Aguirre) presidió ayer, en el Cuartel del Rey de Madrid, la jura de la bandera española de un centenar de nuevos guardias reales.

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DESAFIO NACIONALISTA / Ataque a los símbolos del Estado
Los Mossos no evitaron la quema de la foto del Rey para «no echar gasolina al fuego»

La Generalitat ya tiene indicios para identificar a uno de los encapuchados

DANIEL G. SASTRE / MARTA R. FONT

BARCELONA/GERONA.- Los Mossos d'Esquadra no actuaron en la quema de tres fotos del Rey para «no echar gasolina al fuego». La Policía catalana alegó ayer «oportunidad y proporcionalidad» para no intervenir en la protesta por la presencia de Don Juan Carlos en Gerona. En cambio, sí abrió diligencias, y ayer identificó a un encapuchado.

El secretario de Seguridad Pública de la Generalitat, Joan Delort, consideró ayer, con un símil arriesgado, que intervenir en Gerona habría sido como «echar gasolina al fuego». «La plaza del Vi, donde se produjeron los hechos, es muy pequeña, y no era conveniente una operación para desalojarla, a menos que los hechos hubieran sido de tal gravedad como para poner en peligro a bienes o a personas».

Sin embargo, Delort desveló que la policía catalana había tomado nota de los hechos de Gerona, y ayer envió su informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «Hay indicios suficientes para identificar a uno de los autores, y seguimos trabajando para identificar al otro».

El secretario de Seguridad Pública defendió en todo momento la actuación de los Mossos que, según dijo, estuvo siempre coordinada «muy estrechamente» con la seguridad de la Casa Real, y destacó que incidentes como los de la noche del jueves «se pueden contar con los dedos de una mano» en los últimos años. «No queríamos crear alarmismo ni agravar las cosas. Ni siquiera nos planteamos la necesidad de intervenir».

Delort fue muy duro con las acusaciones del Partido Popular, y en particular de su presidente en Cataluña, Daniel Sirera, que había dicho por la mañana que los Mossos tenían órdenes de no intervenir. «No es cierto, y, además, esos comentarios tienen una finalidad perversa. Sirera sabe cómo está la seguridad en Cataluña, y a menudo tiene información muy privilegiada. Cualquier policía tiene obligación de actuar con oportunidad y proporcionalidad, y si alguien nos quiere llevar al terreno de la desproporcionalidad no lo conseguirá», afirmó. Delort también pidió «responsabilidad» y «serenidad» al líder popular en Cataluña.

«Amenazas»

Sin embargo, las críticas del líder del PP catalán se extendieron también a la Diada del martes, cuando «se insulto» a la comitiva popular sin que los Mossos intervinieran. «Tenemos un vídeo grabado con amenazas. Había un agente a menos de un metro y no hizo nada», afirmó Sirera.

La manifestación del pasado jueves contra la presencia del Rey en Gerona estaba convocada a las 20.00 horas, frente al Ayuntamiento, por el Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans (SEPC), y contaba con el apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), Maulets, Endavant, Joves Amb Ganes (JAG), El Forn, el Partit Socialista de Alliberament Nacional (PSAN) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS).

Otro colectivo, la Coordinadora d'Assamblees de Joves de l'Esquerra Independentista (CAJEI), felicitó ayer a los encapuchados que quemaron fotografías de los Reyes en Gerona.

A través de un comunicado, la coordinadora explicó que no se encargó de la organización del acto, pero añadió que entiende «perfectamente» la «respuesta de la juventud gerundense ante la presencia de un personaje que representa la ocupación militar de los Països Catalans».

La Fiscalía aprecia un delito de injurias graves a los Reyes y reclama a la Generalitat toda la información

MANUEL MARRACO

MADRID.- Con un escrito redactado en tono urgente e imperativo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, reclamó ayer al consejero de Interior de la Generalitat, Joan Saura, toda la información relativa a la quema de las imágenes de los Monarcas, con el objeto de determinar si se ha cometido un delito de injurias graves contra la Corona.

«Deberá informarme a la mayor urgencia posible», exige Zaragoza a Saura, «en su condición de máximo responsable de la seguridad pública en ese territorio autonómico, de las actuaciones practicadas por los Mossos d'Esquadra sobre tales hechos, y remitirme cuantas evidencias acrediten su realización y la identificación de los ejecutores materiales de tales actos ilícitos».

El escrito del fiscal jefe indica que la quema de las fotografías en la plaza del Ayuntamiento de Gerona podría constituir «un delito de injurias graves a la más alta representación del Estado», que el Código Penal castiga con entre seis meses y dos años de prisión.

La Ley establece que es competencia de la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos contra «el Titular de la Corona, su Consorte, [y] su Sucesor». De hecho, la decisión de ayer supone la tercera iniciativa de este tipo que adopta la Fiscalía de la Audiencia Nacional en lo que va de año.

El propio Zaragoza estrenó 2007 presentando, el 4 de enero, una querella contra tres colaboradores de los diarios Deia y Gara por unas viñetas y un artículo en los que atribuyen «el carácter de alcohólico a S.M. el Rey», según el texto del escrito. En el caso de la viñeta, junto al dibujo de un oso borracho -el que supuestamente mató el Rey en Rusia- se podía leer: «Mitrofán era un oso de feria, lo metieron en una jaula y lo pusieron a tiro del Rey tras emborracharlo con vodka y con miel. ¿Lo harían para que estuviera en igualdad de condiciones?».

Los dibujantes José Antonio Rodríguez y Javier Ripa, así como el escritor Nicola Lococo, están citados a declarar ante el juez Fernando Grande-Marlaska el próximo lunes.

El caso Mitrofán había caído en el olvido hasta que, el pasado mes de julio, recibió el impulso generado por el secuestro de la portada de El jueves, de nuevo por un presunto delito de injurias a la Corona. La portada de la revista satírica ofrecía un dibujo del Príncipe y Doña Letizia manteniendo relaciones sexuales mientras Don Felipe comentaba: «¿Te das cuenta? Si te quedas preñada esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida».

Tras tomarles declaración, la Fiscalía decidió acusar al dibujante Guillermo Torres y al guionista Manel Fontdevila de un delito de injurias al heredero de la Corona fuera de su función institucional y menoscabo de su prestigio (artículo 491 del Código Penal) y solicitar para ellos una multa de 3.600 euros.

En el caso de lo sucedido en Gerona, sí se trataría de injurias a los Reyes «en el ejercicio de su cargo», lo que llevaría a aplicar un artículo más duro, el 490.3, que establece una pena de prisión.

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EL DELITO

Artículo 490.3 del Código Penal: «El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a 12 meses si no lo son».

CiU cree que la Justicia «tiene muchas otras cosas que hacer»

BARCELONA.- El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Felip Puig, afirmó ayer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional «pierde el tiempo» intentando identificar a los «jóvenes exaltados» que el jueves por la noche protestaron por la visita del Rey a Gerona quemando fotos de los Soberanos españoles. El nacionalista considera que «o se les detenía» directamente o no es necesario que se «pierda el tiempo», ya que el fiscal «tiene muchas otras cosas que hacer».

Además, Puig declaró que tiene una opinión «crítica de la Fiscalía», y añadió: «Sobre todo de la Fiscalía en Cataluña». El diputado de la coalición nacionalista atribuyó los incidentes al hecho de que existe una «excitación de precampaña electoral» y se observa «que los buques insignia mediáticos del PP quieren poner contra las cuerdas al PSOE».

En el mismo sentido se pronunció el consejero de Gobernación, Joan Puigcercós (ERC), quien opinó que «la Fiscalía está actuando más por la presión de la prensa más derechista de Madrid» que por la necesidad de mantener el orden en las calles de Gerona. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Puigcercós aseguró que «la Fiscalía se equivocaría si quisiese convertir esto en un proceso político», en referencia a las pesquisas que ha iniciado ésta.

DESAFIO NACIONALISTA / El problema lingüístico
Un instituto pide a los profesores que insten a los alumnos a usar el catalán

Un centro de Ripollet establece que los alumnos se dirijan al maestro en lengua catalana - La escuela ha diseñado ya el proyecto lingüístico que reclama la Generalitat en un decreto de aplicación a todos los colegios

DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- Los profesores de un centro educativo de Ripollet, en Barcelona, tienen entre sus funciones la de persuadir a los alumnos para que utilicen el catalán en sus conversaciones. La iniciativa es una consecuencia más de la aplicación del controvertido decreto de la Generalitat que busca potenciar la inmersión lingüística en las aulas.

En el nuevo decreto que elaboró el Gobierno catalán para desarrollar el del Ejecutivo español se instaba a todos los centros catalanes a elaborar un «proyecto lingüístico» propio, acorde con su «realidad sociolingüística». En principio, la idea del consejero de Educación, Ernest Maragall, era que la tercera hora de castellano fuera aprovechada por los colegios situados en las zonas más fuertemente catalanohablantes para mejorar la competencia de los alumnos en español. En el resto de centros, el proyecto lingüístico debería servir para detectar las carencias en castellano, catalán o inglés y actuar en consecuencia.

Pero en la práctica, las encuestas demuestran que muy pocos colegios van a hacer uso de la potestad que les dio la Generalitat de aumentar las horas de castellano. Sin embargo, la creación de los proyectos lingüísticos sí va a provocar algunos cambios. Por ejemplo, un instituto de Ripollet (Barcelona) detecta que «el medio social» en el que está instalado «no tiene mayoritariamente a la lengua y la cultura catalanas como propias». Para remediarlo, el proyecto lingüístico afirma que el centro «tiene que actuar como núcleo potenciador».

El documento consta de cinco páginas, cuyo objetivo es casi por entero delimitar la utilización de las lenguas en el instituto. El denominador común: todo debe hacerse en catalán. Y una misión, explicitada en la portada: «Que el alumnado, tanto dentro como fuera del aula, nos responda y se nos dirija en catalán para que consigan un buen dominio y fluidez».

Como la comisión lingüística del centro -una figura también obligatoria, encargada de elaborar el proyecto lingüístico- no se fía de que las instrucciones entregadas al principio del curso se sigan, pide a los profesores que tengan muy presente el hecho de «no cambiar de lengua cuando los alumnos se les dirijan en castellano tanto dentro como fuera del aula».

Porque el proyecto lingüístico no se limita a «orientar» el uso de los idiomas dentro de las clases. Regula también, por ejemplo, las actividades extraescolares. Según el texto, el personal del instituto debe velar por que «los anuncios y programas de las actividades» y «sus contenidos» sean en catalán, así como por que «se programen, entre otras, actividades extraordinarias que ayuden al conocimiento y profundización de la cultura catalana».

La biblioteca -se priorizan las adquisiciones de libros en catalán- y la revista del centro, que se elaborará también en esa lengua, son otros de los ámbitos en los que se fija el proyecto lingüístico.

Tampoco las asignaturas de lenguas extranjeras quedan fuera del ámbito de actuación del proyecto: «En caso de pedir [los profesores] traducción inversa, por ejemplo de vocabulario o de frases, la lengua utilizada será la catalana, atendiendo a que ésta es la lengua vehicular del centro. Los diccionarios recomendados de traducción serán, preferentemente, Inglés-Catalán/Catalán-Inglés y Francés-Catalán/Catalán-Francés».

Además, el proyecto se preocupa, haciendo caso de las directrices del consejero de Educación, Ernest Maragall, por los conocimientos lingüísticos de los alumnos inmigrantes que llegan al centro. Hay que «agilizar su conocimiento de la lengua catalana como lengua vehicular y de aprendizaje». Pero «también, en la medida que lo permita la disponibilidad del centro, habrá que potenciar la ayuda individualizada para estos alumnos por parte del profesorado de lengua catalana en horas lectivas».

Los profesores que lo deseen podrán acogerse a los cursos de «actualización lingüística» que programará el instituto, porque se considera «una prioridad que todos asuman los niveles de conocimiento y fluidez necesarios en catalán».

Todo esto se hace en beneficio de los chicos. Al menos, eso es lo que se indica en el documento: «No olvidemos que, en última instancia, el objetivo es beneficiar al alumno en el aprendizaje de una lengua que la gran mayoría sólo puede aprender y practicar aquí en el instituto. Les tenemos que pedir que hagan este esfuerzo pensando que contribuye a su formación».

El trecho que va de la 'inmersión' a la 'sumersión' lingüística

CAROL ALVAREZ

BARCELONA.- La coordinadora de Educación de Ciutadans, Pilar Barriendos, no se plantea el debate sobre el modelo vigente de inmersión lingüística porque sus dudas van más allá: cuestiona la misma definición de inmersión que aplica la Generalitat al modelo de educación en Cataluña.

«El modelo actual no es el de la inmersión. En Cataluña no se está desarrollando, no es el modelo de Canadá como se ha dicho», explica Barriendos.

Estudios sobre el bilingüismo y la inmersión lingüística han sido desarrollados por expertos como Ignasi Vila, Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universitat de Girona.

Para Vila, los programas de inmersión lingüística son los que están dirigidos a escolares «que tienen como lengua propia una distinta a la que emplea la escuela como lengua vehicular de contenidos y, especialmente, como lengua de aprendizaje de la lectura y la escritura». Así, los alumnos, independientemente de su lengua familiar, se escolarizan en la segunda lengua, la que es objeto de aprendizaje. Según Ignasi Vila, «el éxito de estos programas se relaciona con su carácter voluntario y con el empeño de asegurar, además del aprendizaje de la segunda lengua, el dominio de la propia».

En cualquier caso, la existencia de «actitudes sociales positivas» hacia la lengua que se aprende es «la primera condición para poder realizar un cambio de lengua hogar-escuela», como apunta Vila.

Así las cosas, el éxito de la inmersión lingüística depende en gran parte de la predisposición de la familia y del niño para aprender el catalán, «y estas actitudes sólo son posibles en la medida en que esté garantizado el derecho a escolarizarse en la propia lengua», algo que se lleva a cabo en Canadá y que se había ejercido con la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que ahora no está en vigor.

En la misma línea, Pilar Barriendos señala que para que se produzca realmente la inmersión «de libro», se han de cumplir tres requisitos: la voluntariedad de las familias para que sus hijos se formen en la nueva lengua; que la lengua materna debería respetarse en la enseñanza al menor hasta los ocho años de edad del niño, y que no se debe nunca desprestigiar la lengua materna.

«Si esos requisitos no se cumplen, no hay inmersión, sino sumersión», apunta la especialista de Ciutadans en materia de educación. Para Barriendos, «las dos lenguas deberían coexistir en equilibrio, pero partiendo de un respeto a la enseñanza de la escritura, que debería impartirse en la lengua materna o en la que prefieran los padres». Y luego, en el recreo o en otras asignaturas, «que la escuela haga lo que crea más conveniente», añade.

Esta lingüista reivindica otra forma de inmersión, la que supone que los niños reciban la educación al 50% en las dos lenguas oficiales, con una parte más destinada a un tercer idioma, «a partir de los ocho años de edad».

Otro asunto es el prestigio de la lengua. Según Barriendos, la lengua castellana, con el actual modelo de política lingüística llevado a la enseñanza, ha sufrido un serio desprestigio, ya que los niños interpretan de los métodos educativos que el castellano no es lengua de comunicación, y que todos los alumnos han de esforzarse en hablar en catalán para satisfacer los objetivos pedagógicos del centro.

«Vas a un festival escolar y resulta que cantan canciones catalanas, alguna en inglés o incluso bailes africanos, pero no oirás ya un villancico en castellano como Los peces en el río».

Para Pilar Barriendos, lo más grave de la política educativa que se aplica en Cataluña es que, por primera vez, la sumersión lingüística se normaliza, se hace visible y se plasma por escrito en un Decreto de principios generales.

«La Generalitat lo justifica ya abiertamente, y lo hace apelando a su papel de elemento cohesionador de la sociedad». Y aquí es donde esta lingüista se plantea el porqué de la lengua, como «eje vertebrador» de la cohesión social. «Podrían haber elegido la religión o cualquier otro aspecto».

EL CASTELLANO

Convivencia Cívica catalana (CCC) ha elaborado un informe que determina que los alumnos de Cataluña presentan un dominio del castellano sensiblemente inferior al del catalán. Los principales problemas que presentan al finalizar el ciclo de primaria es en morfología y sintaxis, aunque también en comprensión. Según la asociación, los datos demuestran el fracaso del modelo educativo catalán.

Educación contra la Ciudadanía: EL TSJA admite a trámite el recurso por VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES/

El TSJA ve una posible vulneración de derechos en Ciudadanía

Admite a trámite el recurso de cinco padres contra la materia tras apreciar que puede peligrar «el derecho a elegir el tipo de enseñanza para sus hijos»

SILVIA MORENO

SEVILLA.- Los padres de Sevilla que pretenden paralizar en los tribunales la implantación de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía consiguieron ayer la primera victoria judicial en la guerra que han declarado a la Consejería de Educación andaluza.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ayer que «existe apariencia» de vulneración de derechos fundamentales con la nueva materia obligatoria y admitió a trámite el recurso presentado por las familias contra la asignatura.

El auto judicial subraya que Educación para la Ciudadanía implica una posible vulneración de los derechos fundamentales a la «libertad de enseñanza y derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos», además de a «la libertad ideológica y religiosa».

Por eso, los magistrados del TSJA acordaron tramitar el recurso a través del procedimiento «especial para la protección de los derechos fundamentales», tal y como habían pedido los padres recurrentes y en contra de la tesis de la Fiscalía, el Abogado del Estado y la Junta de Andalucía.

De esta forma, el caso estará resuelto dentro de unas semanas y la decisión final de los jueces sobre si la asignatura vulnera o no derechos fundamentales se podrá aplicar este mismo curso escolar, cuando los alumnos de tercero de ESO de Andalucía y otras seis comunidades autónomas inician las clases de Educación para la Ciudadanía.

Para los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, «existe apariencia de tal vulneración en medida suficiente para la admisión a trámite del recurso interpuesto a través del indicado procedimiento especial»», según subraya el auto judicial, que consta de cuatro folios.

Para adoptar esta decisión, los jueces citan la reciente jurisprudencia que aboga por «huir de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso» al procedimiento «especial» de violación de derechos fundamentales.

También advierten de que esta decisión en la fase inicial del recurso contencioso no supone «un juicio anticipado sobre la efectiva vulneración de los derechos fundamentales», que los magistrados tendrán que analizar de forma más pormenorizada más adelante.

El auto judicial destaca que el recurso de los padres cumple con los requisitos para ser tramitado a través de este procedimiento «especial», porque hace «mención expresa de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados».

Además, impugna los decretos de la Junta de Andalucía que «incorporan la normativa estatal sobre el contenido de la asignatura» Educación para la Ciudadanía que, «entre otros aspectos, impone la denominada ideología de género», según explican los jueces.

A esta conclusión «no se oponen las razones aducidas por las demás partes [Fiscalía, Abogado del Estado y Junta de Andalucía], que alegan consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso, las cuales serán debidamente examinadas en su momento», añaden.

Las partes disponen de un plazo de cinco días para recurrir el auto. El fiscal se mantuvo ayer en la consideración de que la asignatura no vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución y solicitó al tribunal que tramite el recurso de las cinco familias por la vía contencioso-administrativa.

Por su parte, el abogado del Estado alegó que el recurso «se basa en normativa estatal y en consideraciones de legalidad ordinaria, cuyo examen no corresponde apreciar al TSJA y no puede ser materia de este procedimiento».

Sin embargo, ayer fue una jornada de victoria para las familias que se oponen a la asignatura y, en general, para todos los opositores a la misma. El recurso fue presentado por cinco padres sevillanos, encabezados por los abogados Carlos y Manuel Seco Gordillo, concejal y ex diputado nacional del PP, respectivamente.

No obstante, los recurrentes fracasaron en su primera intención, que era la paralización de la materia en Andalucía. Y es que, pese a que el TSJA ha considerado que puede existir vulneración de derechos fundamentales, el mismo tribunal descartó la semana pasada la necesidad de suspender la implantación de la materia.

Rechazada esta medida preventiva, Educación para la Ciudadanía comenzará a enseñarse mañana en los colegios e institutos de la Comunidad andaluza.

Piden «aplazar su aplicación»

CADIZ.- El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguró ayer, tras conocer que el TSJA ha admitido a trámite el recurso, que lo que tiene que hacer el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, es «dialogar y consensuar» y «no amenazar».

Arenas argumentó que el presidente andaluz «ha hecho más de lo mismo, atacar al PP», y le instó a que «dialogue con los padres y llegue a un consenso, en vez de amenazarlos».

El líder 'popular' en Andalucía aconsejó a Chaves que alcance un acuerdo para que la asignatura «deje de ser la manzana de la discordia en Andalucía, o haga lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, aplazar su aplicación hasta que haya un diálogo sincero que permita unos mínimos acuerdos».

Por su parte, el abogado Carlos Seco Gordillo, que ha actuado de portavoz de los padres que presentaron el recurso ante el TSJA, expresó su satisfacción porque «la vía de vulneración de derechos fundamentales» que habían propugnado «era la correcta y así lo entiende el TSJA», que «ha visto indicios de vulneración de un derecho fundamental».

11-M: Desestimada la demanda contra EL MUNDO que presentó Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Desestimada la demanda contra EL MUNDO que presentó Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El juez afirma que la noticia de que cedió un despacho a Vera el 12-M era veraz y no lesionó su honor

MARIA PERAL

MADRID.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida (Badajoz) ha desestimado la demanda de protección del derecho al honor interpuesta por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, contra el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez; el vicedirector, Casimiro García-Abadillo, y el director de elmundo.es, Fernando Baeta. El Juzgado absuelve a los tres demandados, defendidos por la letrada Cristina Peña, e impone a Rodríguez Ibarra las costas del pleito.

La demanda se refería a una información publicada en las ediciones impresa y digital de EL MUNDO en la que se afirmaba que Rafael Vera utilizó el 12 de marzo de 2004 un despacho, proporcionado por Rodríguez Ibarra, para mover sus contactos judiciales y policiales y obtener valiosa información sobre la autoría de los atentados del 11-M.

La sentencia concluye que los hechos narrados en la información «son inocuos para el derecho al honor» de Rodríguez Ibarra y establece que García-Abadillo, autor de la noticia, «desplegó una actuación razonable y proporcionada» y su artículo «cumplía el requisito de veracidad».

El 11 de diciembre de 2006, EL MUNDO publicó una noticia titulada «Vera anticipó al PSOE que el 13-M habría detenciones de islamistas». En ella daba cuenta de que el ex secretario de Estado para la Seguridad informó telefónicamente a la dirección del Partido Socialista en la noche del 12 de marzo de 2004 de que, al día siguiente, se iban a producir detenciones de islamistas en relación a la masacre del 11-M.

«Vera, que se había puesto manos a la obra para ayudar a su partido cuando todavía se estaban contabilizando los muertos, no se fiaba de su teléfono porque sospechaba que podía estar controlado por la Policía. Así que pidió a Rodríguez Ibarra que le proporcionara medios para realizar sus gestiones con ciertas garantías», añadía la noticia.

Desde un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida, Vera obtuvo de la juez antiterrorista francesa Laurence Levert el dato clave del posible origen islamista de los atentados.

Rodríguez Ibarra alegaba en su demanda que EL MUNDO había lesionado su derecho al honor al involucrarle «torticeramente» en el «espurio aprovechamiento electoralista» de los ataques terroristas del 11-M.

Sin embargo, el Juzgado de Mérida en el que recayó la demanda ha desestimado todas las pretensiones del ex presidente del Gobierno extremeño.

«El desvalor que Casimiro García-Abadillo deja traslucir, vinculando la inmediatez de la actuación de Vera al momento en que aún se estaban contando los fallecidos en el atentado, queda claramente circunscrito a la actuación de Rafael Vera y no de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues éste aparece vinculado al mensaje central de la noticia de forma indirecta o circunstancial y los hechos a él concernientes no aparecen anudados a la insensibilidad y ausencia de escrúpulos que sí parece querer evidenciar el periodista respecto a la actuación de Vera», explica la sentencia.

En la publicación «no subyace mensaje o información subliminal que induzca en el lector la formación de un juicio de valor de contenido difamatorio hacia los personajes públicos que aparecen en la misma», afirma la resolución. «Todos los hechos referidos a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tomados en su integridad y enmarcados en la totalidad de la noticia periodística, son inocuos para el derecho al honor del demandante, pues la lectura del artículo en modo alguno deja traslucir, directa ni indirectamente, descalificación moral, social o profesional que de forma objetiva lesione su honor, al margen de cualquier subjetivismo del demandante».

Tras resaltar la relevancia pública de la información, la sentencia añade que García-Abadillo obtuvo la noticia de un redactor y de un colaborador del periódico que, a su vez, tenían fuentes distintas, según explicaron en sus declaraciones testificales

El TS quita la razón al Gobierno y juzgará la demanda contra López Guerra/ ZP recibe la Memoria de las fechorías de Conde Pumpido en el 2006

El TS quita la razón al Gobierno y juzgará la demanda contra López Guerra

MARIA PERAL

MADRID.- El Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión del Gobierno, apoyada por el fiscal, de enviar a la Audiencia Nacional el recurso interpuesto por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de proponer al ex secretario de Estado de Justicia Luis López Guerra como candidato preferente para ser juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El pasado mayo, la APM, que ostenta la representación mayoritaria de la carrera judicial, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la terna propuesta por el Gobierno para el Tribunal de Estrasburgo, encabezada por López Guerra. Sostiene que la decisión gubernamental vulnera el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad al no contener ni una mínima motivación; infringe el artículo 23.2 de la Constitución «al haberse propuesto de forma unilateral por el Ejecutivo y sin solicitar, con publicidad, la presentación de otras candidaturas por aquéllos que considerasen poseer méritos suficientes», entre ellos los miembros de la asociación judicial; incurre en desviación de poder y no respeta el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos debido, entre otras razones, a la «notoria falta de independencia» del candidato preferente.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pidió a la Sala Tercera del Supremo que declarara su incompetencia para pronunciarse sobre la demanda de la APM y la remitiera a la Audiencia Nacional.

Con el respaldo del fiscal, el abogado del Estado alegó que el acuerdo de proponer a López Guerra no fue del Consejo de Ministros, que se limitó a tomar conocimiento de la propuesta conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y Justicia, cuyos actos son enjuiciados por la Audiencia Nacional.

Decisión del Ejecutivo

«En contra de lo que mantienen el abogado del Estado y el fiscal, existe un acto del Consejo de Ministros contra el que se dirige el recurso de la APM y, por tanto, es competente para conocer de él esta Sala Tercera del Supremo», declara el Alto Tribunal en una resolución conocida ayer.

El auto explica que «del expediente administrativo resulta que hubo una propuesta elevada al Consejo de Ministros por los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia el 29 de marzo de 2007 y un acuerdo adoptado por aquél en su reunión del día siguiente. El hecho de que se formalicen en un mismo documento no impide distinguir entre una y otro».

En el expediente existe también una certificación de la ministra secretaria en la que da cuenta de que «el Consejo de Ministros aprobó la presente propuesta en su reunión del día 30 mar. 2007».

El Supremo concluye que «el Consejo de Ministros, además de tomar conocimiento, aprobó una propuesta que le fue elevada» por dos ministros, por lo que «es esta Sala Tercera la competente».

El Rey y Zapatero reciben la Memoria de la Fiscalía del Estado de 2006

MADRID.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acudió ayer al Palacio de la Zarzuela, y a continuación al de La Moncloa, para entregar al Rey y al presidente del Gobierno sendos ejemplares de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2006.

En la Memoria se analiza la evolución de la criminalidad en España con los datos correspondientes a todos los delitos que son denunciados. Además, el fiscal general se refiere en ella al terrorismo y a algunas cuestiones técnicas que durante el año pasado le plantearon los fiscales jefes desde distintos lugares de España.

Esa Memoria será presentada el lunes de la próxima semana en el acto solemne de apertura del nuevo año judicial, que se celebrará en el Palacio de Justicia de Madrid. Cada año, antes de referirse a ella en un acto público, Conde-Pumpido entrega un ejemplar al jefe del Estado y al presidente del Gobierno.

En ese acto solemne, que estará presidido por el Rey Juan Carlos, pronunciarán discursos el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando.

EL TC rechaza la petición de la Generalitat de que se obligue al PP a desistir

EL TC rechaza la petición de la Generalitat de que se obligue al PP a desistir

MARIA PERAL

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha dado por clausurada la polémica en torno a la supuesta incoherencia del PP al recurrir preceptos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que también se recogen en los estatutos de Andalucía o Baleares, no impugnados por los populares.

Con un rotundo «no ha lugar a lo que se solicita», el Pleno del TC ha rechazado los escritos presentados el pasado 31 de julio por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña en los que se pedía al Tribunal que «dé por desaparecido» el interés procesal del PP contra el Estatut, dado el «cambio de criterio» de sus diputados por votar a favor de estatutos como el andaluz o el balear pese a contener artículos «similares o idénticos» a los que han recurrido en el caso de Cataluña.

Haciendo caso omiso de la providencia dictada el 12 de julio anterior (en la que el TC acordó «no dar trámite» a un escrito presentado por la Abogacía del Estado en el que se proponía el desistimiento del PP en su recurso contra el Estatut), el Parlamento y el Gobierno catalanes presentaron el 31 de julio sendos escritos de alegaciones precisamente sobre el documento del abogado del Estado no aceptado a trámite por el Constitucional.

La iniciativa del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, de subrayar la incoherencia del PP, en un intento de forzarle a desistir de su recurso o, cuando menos, descalificarlo, provocó un tenso debate del Pleno del TC el 12 de julio.

A lo largo de 75 folios, el abogado del Estado comparaba el Estatut y los estatutos de Andalucía y Baleares. «La finalidad de la comparación», decía, «es reflejar la igualdad o semejanza entre algunos preceptos del Estatuto catalán combatidos por los recurrentes [el PP] con otros de los estatutos andaluz y balear, textos éstos que fueron apoyados en las Cortes Generales por los diputados impugnantes».

El representante procesal del Gobierno solicitaba que se diese traslado de su escrito a todas las partes, y al PP «especialmente», «a fin de que la representación de los diputados recurrentes manifieste si mantiene la impugnación de todos los preceptos que figuran en su demanda de inconstitucionalidad o, por el contrario, desiste parcialmente de algunos de ellos (...)».

El TC se dividió entre quienes apoyaron la propuesta de la magistrada ponente, Elisa Pérez Vera, de abrir un trámite de alegaciones sobre el escrito del abogado del Estado (lo que hubiera puesto al PP en el trance de tener que justificar por qué únicamente recurre el Estatuto de Cataluña) y aquellos que eran partidarios de que el Tribunal se limitase a unir el escrito al procedimiento.

Finalmente, prosperó una fórmula transaccional por la que se acordó «unir a las actuaciones el escrito presentado por el Abogado del Estado y hacer entrega de copia del mismo a las partes personadas, sin más trámite».

Pese a la expresa decisión del Tribunal de no dar más trámite a la iniciativa del abogado del Estado, la Generalitat y el Parlamento catalanes registraron 20 días después sendos escritos en una línea idéntica a la del Gobierno y pidiendo al TC que «dé por desaparecido» el interés procesal del PP en el grueso de su recurso contra el Estatut.

La providencia con la que el Constitucional ha respondido, aprobada el pasado miércoles por unanimidad, acuerda «unir a las actuaciones los escritos presentados y hacer entrega de copia de los mismos a las partes personadas, no habiendo lugar a lo que en dichos escritos se solicita».