Editoriales del día: ¿REEDITAR EL FIASCO PSOE-IU DE 2000?/ Otro jarro de agua fría al optimismo económico

EDITORIALES DEL DÍA
¿UN ACUERDO PARA REEDITAR EL FIASCO PSOE-IU DE 2000?

Las maquinarias de los partidos se preparan ya para la batalla electoral de marzo y elaboran estudios detallados acerca de sus expectativas por provincias, habida cuenta de que en las próximas generales tendrá que disputarse escaño por escaño ante el empate técnico que auguran las encuestas. Izquierda Unida es la tercera fuerza política de ámbito nacional y la intención de voto que recogen los sondeos no son muy propicias para la federación que dirige Gaspar Llamazares. A ello hay que sumar la endémica crisis interna de la federación. Hace sólo unos días, Felipe Alcaraz dijo que Llamazares no era la persona idónea para ser coordinador general.

En este contexto, no es difícil de comprender que los dirigentes de IU busquen algún tipo de entendimiento con el PSOE, partido que tradicionalmente suele beneficiarse del llamado voto útil de la izquierda que puede resultar fatal para la federación de Llamazares. Uno de estos dirigentes, el ex diputado Pedro Antonio Ríos, ha elaborado un informe que hoy publicamos en el que sostiene con los datos correspondientes que un acuerdo PSOE-IU en cinco provincias restaría, al menos, cinco diputados y ocho senadores al PP. Se da la circunstancia de que Ríos es, en la actualidad, asesor del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que no puede estar mejor situado para tener influencia en la cúpula del PSOE. El autor del estudio habla de la necesidad de optimizar los resultados electorales de la izquierda política y con el análisis de los votos de las últimas generales realiza una extrapolación según la cual un hipotético acuerdo PSOE-IU arrebataría al PP un diputado en las provincias de Valladolid, Guadalajara, Toledo, Castellón y Murcia. De acuerdo con el mismo método, también sostiene que en el caso del Senado se podría lograr un escaño más también en Asturias, Alicante, Teruel o Vizcaya.

Es posible que el informe de Ríos esté bien fundamentado en cuanto a sus datos, pero el fiasco del acuerdo al que llegaron Joaquín Almunia y Francisco Frutos en 2000 está aún muy presente. En aquella ocasión, PSOE e IU decidieron concurrir en listas conjuntas al Senado, aunque ambas formaciones rechazaron la posibilidad de acudir juntos al Congreso en 14 provincias, en las que IU hubiera tenido que retirar sus candidaturas en beneficio del PSOE. Los socialistas sufrieron un descalabro electoral y pasaron de 141 diputados a 125, por lo que Almunia dimitió como secretario general. IU, por su parte, perdió seis escaños.

El panorama actual para un hipotético acuerdo como el que contempla Ríos es aún más oscuro. Aunque Zapatero ha coqueteado mucho con su condición de «rojo» y de presidir el Gobierno más de izquierda que ha habido en España, no caerá en la tentación del asesor de Rubalcaba.

Otro jarro de agua fría al optimismo económico

Un día después de que el presidente Zapatero vendiera optimismo en relación a la marcha de la economía española, el Ibex 35 volvía a sumar una nueva caída; esta vez del 2,3%, la mayor desde que estalló la burbuja inmobiliaria. En este caso, el desplome no es exclusivo del parqué español: las Bolsas de todo el mundo sufrieron desplomes similares tras conocerse los datos de empleo en Estados Unidos relativos al mes de agosto. En ese periodo se destruyeron 4.000 empleos, la peor cifra de los cuatro últimos años en este país. Los mercados interpretaron de inmediato la información como una prueba más de que podemos estar encaminándonos a un periodo de recesión. Pese a los mensajes pesimistas que llegan de Estados Unidos y también de Europa -el propio presidente del Banco Central, Jean Claude Trichet, justificó el jueves la decisión de no subir los tipos de interés por «el alto nivel de incertidumbre»- sólo Pedro Solbes parece haber interiorizado en el Gobierno la posibilidad de que nos enfrentemos a un cambio de ciclo. Ayer mismo, la vicepresidenta Fernández de la Vega reafirmaba la confianza «intacta» del Ejecutivo en la «fortaleza del crecimiento» de la economía española y del sistema financiero. Entretanto, la construcción ha sufrido un frenazo, ha aumentado el paro, se ha disparado el precio de productos básicos, ha caído el consumo y se resiente la Bolsa. Mucho nos tememos que es Solbes el que vuelve a estar en lo cierto.

MCLAREN PRUEBA SU PROPIA MEDICINA

Dramático giro del 'caso Madeleine'

ETA País Vasco: ANV amenaza de muerte a la alcaldesa de Lizartza por izar la bandera española/ PP pide a ZP que se cumpla la ley/ Alegría/ Castellón

DESAFIO NACIONALISTA / La 'popular' Regina Otaola denuncia ante la Ertzaintza a dos personas por amenazas e injurias después de soportar el acoso de un grupo de radicales apostado frente al Ayuntamiento
Un simpatizante de ANV amenaza de muerte a la alcaldesa de Lizartza por izar la bandera española

RUTH GABILONDO

SAN SEBASTIAN.- Lizartza se encuentra aún lejos de iniciar el tránsito hacia una localidad democrática. Su alcaldesa, Regina Otaola, vivió ayer un nuevo episodio de acoso por parte de la izquierda abertzale en el que incluso recibió amenazas de muerte.

Fue uno de los simpatizantes radicales quien le espetó: «Vas a morir», durante una protesta por la izada de la bandera española junto a la vasca y la local en el Ayuntamiento del municipio guipuzcoano. Otaola denunció este hecho ante la Ertzaintza, que abrió diligencias que serán tramitadas ante los juzgados correspondientes.

La primera sesión plenaria que celebra este ayuntamiento estuvo rodeada, como la investidura de su alcaldesa, por una fuerte presión por parte de simpatizantes de ANV, la lista ilegalizada por el Supremo. Otaola, que tuvo que ser protegida por efectivos de la Ertzaintza, soportó las amenazas de los radicales que se concentraron ante el Ayuntamiento.

Los alborotadores se presentaron en los aledaños de la Casa Consistorial sobre las 08.00 horas para recibir a los siete ediles populares que conforman la Corporación municipal. A su llegada, los concejales aguantaron insultos y amenazas por parte de una veintena de radicales que intentó impedir que se izara la bandera española en la fachada principal del Ayuntamiento, con motivo del inicio de las fiestas de la localidad.

«Nos han llamado de todo», lamentó Otaola, quien aseguró que fue amenazada de muerte por un simpatizante de ANV. Tras este incidente, la alcaldesa de Lizartza solicitó a los agentes que identificaran a esa persona y posteriormente se dirigió a la comisaría de Tolosa para formalizar la denuncia.

Pero no fue el único improperio del que fue objeto. Otro de los manifestantes portaba un cartel que rezaba «Otaola, cabrona», y que también dio origen a la apertura de diligencias policiales por un delito de injurias.

Y tampoco ha sido la alcaldesa la única que ha sufrido la presión radical en el Ayuntamiento del municipio guipuzcoano. La edil de su partido Begoña Pereira también fue agredida el pasado jueves por «una mujer de avanzada edad» cuando salía de la iglesia de Lizartza. Pereira fue increpada por varias personas que la esperaban fuera del templo y que, posteriormente «golpearon el automóvil en el que salió escoltada», informó Regina Otaola.

La alcaldesa de Lizartza y portavoz del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa consideró que estos hechos «demuestran la mentalidad totalitaria de los militantes de ANV», a los que llamó «proetarras», y sentenció que «sólo son capaces de participar en democracia mediante el uso de la violencia». «Esta es la única manera con la que consiguen imponer sus tesis a una población que no les apoya», añadió.

Frente a ello, la regidora municipal aseguró que la presión radical no conseguirá que el PP ceje en su pretensión de hacer cumplir la ley. Su formación, según insistió, seguirá «protegiendo la libertad de los ciudadanos y gestionará los asuntos que tiene pendientes Lizartza».

La Corporación municipal trabajará, según añadió, para que los habitantes de la localidad guipuzcoana «gocen cada vez de mayor libertad» y comprueben por sí mismos que lo que pretende su partido «es bueno para ellos» y entra dentro «de la legalidad democrática».

Por su parte, la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, volvió a mostrar su total apoyo a Regina Otaola y señaló que ésta asume con «enorme gallardía cívica» la Alcaldía de «esta complicada localidad», y es un «referente» para todos los que defienden la libertad «desde el sentido común».

San Gil destacó que la alcaldesa está dando a todos «un ejemplo de rebeldía cívica que ojalá hubiera visto antes en anteriores alcaldes», en referencia a Joseba Egibar, predecesor de Otaola en el cargo y que también fue objeto de acoso por parte de los radicales.

El Partido Popular accedió a la Alcaldía del municipio guipuzcoano tras la renuncia del resto de partidos a concurrir en el municipio por la anulación de la lista de ANV.

Hubo que comprar enseñas y mástiles

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- Sólo había 'ikurriñas'. La alcaldesa de Lizartza, la 'popular' Regina Otaola, tuvo que encargar al personal municipal que comprara dos banderas españolas para poder instalarlas en la fachada del Ayuntamiento y en el Salón de Plenos porque, cuando accedió al cargo, sólo había banderas vascas.

Pero no fue éste el único contratiempo al que se enfrentó para hacer cumplir la Ley. La fachada principal del consistorio, tal y como se observa en la página web del Ayuntamiento, sólo contaba con un mástil, en el que estaba instalada la 'ikurriña', de forma que también tuvo que encargar la instalación de dos nuevos palos antes de llevar a cabo su propósito.

Pero la nueva alcaldesa no las tiene todas consigo. Tiene casi asumido que las que ordenó comprar hace semanas no serán las últimas banderas que adquiera el Ayuntamiento. Porque anoche, a las 00.00 horas, comenzaron las fiestas patronales y no es en absoluto descartable que la bandera española no aparezca por la mañana.

«No sé qué me encontraré mañana [por hoy]», admite con resignación, un día antes de asistir a la tradicional misa con motivo de las fiestas, único acto al que acudirá.

ANV anima a «responder» al PP

SAN SEBASTIAN.- ANV acusó ayer a los dirigentes del PP de acudir a Lizartza para «insultar, menospreciar y burlarse» de los vecinos, y les acusó de lograr «que el próximo miércoles dos vecinos tengan un juicio, poniendo de esa manera a ANV en el punto de mira queriendo impulsar su ilegalización».

Pero en su comunicado oficial, ANV dijo más: lanzó un llamamiento para que los vecinos trabajen «a favor de nuestro país respondiendo a las actitudes y provocaciones» que denominan «antidemocráticas». El PP «no es bienvenido», se insiste en el texto.

«En las últimas elecciones el pueblo de Lizartza habló claramente y el PP, como en los tiempos de Franco, robó y se apropió de la Alcaldía en contra de la voluntad de los vecinos», añade.

A su juicio, la formación de Regina Otaola «no respeta la voluntad de los de Lizartza» y criticó que ayer acudieran a este municipio «a provocar y a colocar una bandera que le es ajena».

Asimismo, denunció la actitud de la Ertzaintza «para llevar a cabo esta imposición antidemocrática, al proteger a los mandatarios que han venido a hacer mofa del pueblo de Lizartza y sus ciudadanos».

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El PP pregunta en el Congreso al Gobierno qué va a hacer para que se cumpla la ley

Pide al Ejecutivo que adopte medidas para asegurar que la enseña española ondee en los edificios públicos de todas las comunidades

AGUSTIN YANEL

MADRID.- La guerra de las banderas, que ha vuelto a hacerse presente en el País Vasco, va a ser debatida en el Congreso de los Diputados la próxima semana, en el primer pleno que se celebrará después de las vacaciones de verano. El Partido Popular ha presentado una interpelación al Gobierno sobre esta cuestión, aunque no referida únicamente a esa comunidad autónoma, sino a toda España.

El PP quiere que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero explique en el Congreso las medidas que va a adoptar para asegurar que se cumple la ley, ya que ésta obliga a que la bandera de España ondee en los edificios públicos de todo el Estado pero en el País Vasco, Cataluña y Galicia no todos lo cumplen.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció en el año 2003 que la bandera de España debe ondear en la Academia de la Policía vasca de Arkaute (Alava). El Gobierno de esa comunidad recurrió dicha resolución, pero el Tribunal Supremo rechazó en julio pasado ese recurso y confirmó que la enseña estatal debe ondear en todos los edificios públicos, tanto si pertenecen a la Administración central como si son autonómicos o municipales.

Según esas resoluciones judiciales, la bandera española debe «ondear permanentemente» en esos edificios. En el caso de que esté colocada junto a la ikurriña, la enseña de España tendrá que ocupar «un lugar preeminente».

A pesar de esas sentencias, en muchos ayuntamientos y edificios oficiales del País Vasco no está colocada la bandera española, y en otros ha sido izada sólo durante cortos periodos con motivo de las fiestas, como ocurrió en las de Bilbao en donde recientemente ondeó únicamente durante 27 minutos.

El Partido Popular indica en su interpelación que, a pesar de esa última sentencia del Supremo, en las sedes de muchas instituciones del País Vasco, Galicia y Cataluña se coloca únicamente la bandera de la comunidad autónoma correspondiente y no la enseña de España.

«Se da la circunstancia, además, de que muchas de estas instituciones se encuentran regentadas por formaciones políticas coaligadas con el partido que ostenta el Gobierno de la Nación», añade el PP en su escrito, en clara referencia a edificios que pertenecen a los gobiernos gallego o catalán, presididos por socialistas, en los que no ondea la bandera española.

Que actúe el Gobierno

Una encuesta realizada por Sigma Dos y publicada el miércoles último por EL MUNDO desvelaba que el 70,3% de las personas consultadas sostiene que el Gobierno español debe actuar «hasta sus últimas consecuencias» para obligar a que se cumpla la ley y que la bandera española ondee en todos los edificios públicos.

Por su parte, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) va a requerir a 910 ayuntamientos vascos y catalanes para que icen la bandera española, según explicó ayer a Europa Press el presidente de esta asociación, Santiago Abascal. También lo pedirá para la sede del Gobierno vasco, las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y las Juntas Generales de esas provincias.

Esta asociación puso en marcha en agosto una campaña para que los ciudadanos comunicaran por teléfono los edificios públicos que vieran sin la bandera de España.

El alcalde de Alegría decide colocar sólo la 'ikurriña' para «evitar jaleos»

O. TORRES

VITORIA.- El alcalde de la localidad alavesa de Alegría, Félix Bengoa, del PNV, acabó atendiendo los requerimientos de ANV y ayer no izó la bandera española durante los actos con los que dieron inicio las fiestas de la localidad.

«Queremos que primen las fiestas», explicó el primer edil a este periódico después de que tuviera lugar el lanzamiento del chupinazo. En la Casa Consistorial no fue necesario colocar los mástiles que debían permitir la izada de las enseñas oficiales. Fue suficiente con una ikurriña que cubrió el balcón de lado a lado para, entre otras cosas, según explicó Bengoa, evitar un compromiso a las mujeres que accedieron al balcón con faldas.

La tarde del pasado miércoles, el Pleno de Alegría se reunió para debatir en una sesión extraordinaria una moción de ANV que proponía que no se izara la bandera española durante las fiestas. La propuesta fue rechazada por los concejales de PSE y PP, mientras los nacionalistas de PNV y EA se abstenían. Al finalizar la sesión, el primer edil de esta población de apenas 2.000 habitantes, próxima a Vitoria, fue increpado por los radicales.

La moción decayó por falta de apoyos y en una comisión posterior, el concejal popular, Rodrigo García, preguntó al alcalde si iba a cumplir con la ley y éste le contestó que «lo consultaría con la almohada».

Finalmente, el alcalde resolvió hacer caso a los abertzales. «He decidido que no colocaran las banderas para evitar jaleos, lo importante es que la gente disfrute de los festejos», señaló Bengoa.

Como consecuencia de lo ocurrido ayer por la tarde, García interpuso una denuncia ante el Cuartel de la Guardia Civil de Sansomendi (Vitoria) pidiendo la inhabilitación y condena del alcalde de Alegría.

García pidió «que todo el peso de la ley caiga sobre el alcalde de Alegría» y mostró incluso su deseo de que sea condenado a prisión «por incumplimiento de la Ley de banderas a sabiendas».

El único concejal del PP en Alegría recordó que en fiestas siempre habían ondeado las banderas española, vasca, alavesa y local, salvo en una ocasión en la que el anterior alcalde, de EA, alegó que había desaparecido. También entonces, como ahora, el hecho fue objeto de una denuncia.

«Su actitud es una verdadera tomadura de pelo para la democracia y para las libertades de este pueblo, por las que estamos luchando unos cuantos», explicó el denunciante popular. Para García, que acudirá el lunes a la Subdelegación del Gobierno para presentar una segunda denuncia, el alcalde es «un vendido a Batasuna» y con esos comportamientos sólo trata de evitar una moción de censura de los abertzales.

García advirtió que el alcalde también deberá enfrentarse a una moción de censura del PP porque tampoco cumple con la obligatoriedad de exhibir el retrato del Rey en el salón de plenos.

El explosivo de Castellón era amosal

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Los agentes de la Guardia Civil han concluido que el explosivo con el que ETA cargó la furgoneta bomba que el pasado día 26 de agosto hizo explosión en un olivar de la localidad castellonense de Les Coves de Vinromá era amosal. Los investigadores calculan que el vehículo pudo ser cargado con unos 100 kilos de material, si bien la potencia de la explosión hace imposible precisar la cantidad que estaba siendo trasladada.

Deducen asimismo que el material explosivo fue fabricado en la casa de Cahors descubierta la semana pasada y que fue trasladado por un comando de 'legales' -miembros no fichados de la banda- que no han sido identificados.

Lo que se desconoce, por el momento, es el lugar en el que iban a colocar la bomba a pesar de los muchos indicios que relacionan esta explosión con los cuatro etarras arrestados en el almacén de la citada localidad gala.

Los terroristas, para llevar a cabo su delito, secuestraron a una familia de Orio de vacaciones en Francia para robarles el vehículo, que fue el que hicieron explotar, y algunos de sus miembros reconocieron a Oihan Barandalla como uno de los autores del rapto. Otro de los datos que vinculan la explosión con la operación de Cahors es el hecho de que en la casa que los terroristas utilizaban como cuartel general fue encontrado el ordenador propiedad de la citada familia.

Barandalla también ha sido reconocido como el etarra que alquiló la casa rural en la que los etarras mantuvieron cautivas a estas personas. Además, la documentación del vehículo marca Renault que los etarras de Castellón utilizaron para huir estaba a su nombre.

El Gobierno vigila «todos los pasos de ANV» por si procede su ilegalización

MARISA CRUZ

MADRID. - Al Gobierno «no le temblará la mano» a la hora de ilegalizar a Acción Nacionalista Vasca (ANV) si se demuestran las vinculaciones de este partido con ETA.

Ayer, Fernández de la Vega respondió a la petición del PP de que se proceda a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV y a su ilegalización inmediata, asegurando que el Ejecutivo, a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía y la Justicia mantiene una estrecha vigilancia sobre la formación abertzale. Y añadió: «Para actuar contra la sinrazón, hay que utilizar la razón».

«Permanecemos», advirtió De la Vega, «alerta y atentos a todos y cada uno de sus movimientos, actuaciones y declaraciones. Si se incumple la ley, actuaremos con toda determinación y firmeza».

San Gil asegura que no «hacía falta» crear un nuevo partido

RUTH GABILONDO


SAN SEBASTIAN.- La presidenta del PP vasco, María San Gil, advirtió ayer al nuevo partido de Rosa Díez y Fernando Savater de que el espacio político al que aspiran «ya está ocupado» por el PP e insistió en que «no hacía falta» crear otra formación porque la utilidad del voto la representa «claramente Mariano Rajoy».

San Gil, a pesar de mostrarse encantada de que «más voces» digan lo mismo que defiende el PP, indicó que «no hay que olvidar» que las personas que forman el nuevo partido, Unidad, Progreso y Democracia (UPD), «son gente de la izquierda» que se han escindido del PSOE.

Cataluña zapateril: Maragall apoya la «huelga fiscal»/ La Generalitat socialista inaugura la Embajada de Cataluña en París/ Montilla/ Selec.Deportivas

Maragall apoya la propuesta de Pujol de la «huelga fiscal» en Cataluña

BARCELONA.- El ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) mostró ayer su apoyo a Jordi Pujol (CiU) tras sugerir éste una «huelga fiscal» en Cataluña, como respuesta a la baja inversión del Estado en la comunidad autónoma.

El también ex presidente catalán Jordi Pujol afirmó recientemente que, aunque él no lo haría, «tendría sentido un cierre de cajas o una huelga fiscal», porque el Gobierno central «no cumple con sus obligaciones elementales» de inversión en Cataluña.

En declaraciones al programa de Catalunya Ràdio Problemes Domèstics, Maragall comentó ayer que «esto es lo mismo que pedir más dinero o inversiones y que si no lo haces, no te pagaré».

El ex presidente recordó que hubo situaciones en el pasado en que Cataluña tuvo que «espabilarse» y constató que «es lo mismo pedir más dinero o más inversiones», como hace el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, que decir que no se pagarán más impuestos si no hay más inversión.

«Hay sistemas más educados, pero cuando los sistemas más educados no funcionan, que es lo que parece, no está nada mal que una persona que ha sido presidente de la Generalitat durante 20 años diga: 'Les recuerdo que hace un siglo no tuvimos más remedio que hacer esto'», agregó en alusión al tancament de caixes, nombre con el que se conoce la protesta de comerciantes e industriales catalanes de 1899 en contra de los presupuestos restrictivos del Gobierno central.

Respecto a la propuesta de gran casa del catalanismo de CDC y a la reunión que mantuvo con el diputado Francesc Homs, Maragall admitió que hubo «bastante coincidencia» con Homs y apostó por «una cierta aproximación de posiciones de todo aquello que son fuerzas de carácter democrático y progresista y, en el caso de Cataluña, catalanista».

Pasqual Maragall, a continuación, subrayó que es «mejor» que se diluya la esencia, pues ya no se trata «de buenos y malos», oposición que se produce, dijo, en la política española.

LA DIADA, EN PARÍS


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Una delegación de la Generalitat inauguró ayer la Oficina del
Gobierno catalán en París, la primera que abre el Ejecutivo regional. La comitiva aprovechó la visita para celebrar la Diada en la capital francesa, informa Europa Press. En la imagen, de izquierda a derecha, la secretaria de Exteriores de la Generalitat, Roser Clavell; la directora de la Oficina, Elisabet Dalmau; Carod-Rovira y el presidente del Parlament, Ernest Benach.

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Montilla equipara los estatutos catalán y andaluz durante las fiestas de su pueblo

Asegura que ambos son «imprescindibles para profundizar en el autogobierno»

IZNAJAR (CORDOBA).- El presidente de la Generalitat, José Montilla, participó ayer por segundo año consecutivo en las fiestas de su localidad natal, Iznájar, y aprovechó su discurso para equiparar el estatuto catalán con el andaluz.

Montilla felicitó a los andaluces por su nuevo texto estatutario, que tildó de «herramienta imprescindible para profundizar en el autogobierno», y explicó que «su desarrollo ha de agilizar la gestión de las prioridades de Andalucía y repercutir beneficiosamente en todo su territorio».

«Vuestro Estatuto», añadió, «también recoge, como el de Cataluña, el afianzamiento de la cultura propia a través del conocimiento, la investigación y la difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico». «Ningún instrumento es más efectivo para mejorar la armonía entre los pueblos que el conocimiento», concluyó.

Montilla no ejerció en esta ocasión de pregonero de las fiestas de su pueblo, como ya hiciera el pasado año, pero no faltó a la cita y aprovechó para lanzar encendidos elogios al carácter «inclusivo» del pueblo catalán. La mejor prueba de ello, según dijo, fue su nombramiento como presidente de la Generalitat -algo que logró tras haber pactado con IU-ICV y ERC-.

El jefe del Ejecutivo catalán subrayó que «nada me satisface más que poder cumplir el compromiso de volver como presidente catalán». «La responsabilidad al frente del nuevo cargo que ocupo la afronto con entusiasmo, como andaluz, agradecido a la generosa tierra que me acogió de niño -Cataluña-, y como catalán, orgulloso de mi origen andaluz», ha dicho.

Montilla remarcó que «nunca hasta ahora, otorgándome la Presidencia de la Generalitat, se había revelado de manera tan clara la mentalidad abierta, fraternal e inclusiva del pueblo catalán».

«Tened siempre presente que el interés de unos pocos en hacer crecer los prejuicios y las desavenencias entre los pueblos, no confunde a los ciudadanos honestos y solidarios que somos la mayoría», apuntó el presidente catalán.

A su juicio, «Cataluña es tierra de acogida, como lo es Andalucía y el conjunto de España. La emigración no quiere nada más que una oportunidad para vivir una vida digna y trazar un futuro con esperanza. A cambio, ofrece sus manos, su propia vida y su riqueza humana».

Montilla finalizó su discurso ante los habitantes de Iznájar con un elocuente «¡Viva la Virgen de la Piedad!».

El Cataluña-EEUU no se jugará porque ni la Federación Española ni la FIFA lo autorizarán

Ninguno de los representantes catalanes defendió la disputa del partido en la Junta Directiva en la que se discutía si se autorizaba

ORFEO SUAREZ. Enviado especial

REIKIAVIK.- La selección de Cataluña no jugará con la de EEUU el próximo 14 de octubre. Según fuentes de la Federación Española, ni ellos ni la FIFA darán su autorización a los americanos para disputar un encuentro que su Junta Directiva no ha aprobado.

Una aprobación, por cierto, que no contó con el voto a favor, por ausencia u omisión, de ninguno de los representantes catalanes convocados y que ahora airean sus quejas. Los únicos dos sufragios favorables llegaron de dos delegados del fútbol vasco, que en Navidad tienen previsto organizar una segunda edición del politizado Euskadi-Cataluña.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dice que no acudió a la junta, el pasado lunes, por motivos profesionales y que, además, el asunto no figuraba en el orden del día, algo que rebaten varios de los asistentes consultados por este periódico. Jordi Roche, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, tampoco estuvo, como otras veces, por su oposición a Angel María Villar, aunque en el acto se leyó la carta en la que solicitaba autorización para el encuentro.

Esta vez, sin embargo, no estaba su conseguidor Joan Gaspart, para interceder ante Villar, como ya ocurrió en el Cataluña-Euskadi, resuelto entonces favorablemente por una estrechísima votación. El resultado de la consulta del lunes, en cambio, fue arrollador: 18 votos en contra, dos a favor y una abstención. Ni siquiera entre los sufragios favorables puede contarse el del único delegado presente del fútbol catalán, Pedro Tomás, del Espanyol. Tomás, ex presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se abstuvo y se refirió a un posible error en el recuento de los votos.

En realidad, los únicos que votaron a favor de que el partido se disputara fueron el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iñaki Dobarán, y Jaime Barriuso, presidente del Eibar. Está previsto que el 28 de diciembre Cataluña juegue en San Mamés como devolución del encuentro que ya se disputó en Barcelona.

Los dirigentes del fútbol catalán se encuentran ahora buscando coartadas para justificar su actuación frente a una cúpula política muy agresiva, dado que el tripartito ha dejado el deporte en manos de ERC, cuando lo que han intentado desde el principio ha sido proteger sus intereses deportivos, condicionados por la trama preelectoral de la Federación.

Laporta es el más señalado, debido a su pasado independentista y a su inflamado discurso político. Pocos han creído en las explicaciones de su ausencia, mientras que son conocidas sus fricciones con el presidente de la Federación Catalana por la oposición de éste a Villar, al que apoya el barcelonista. Laporta hizo una declaración muy significativa al decir a los políticos que no se escondieran detrás de los clubes. Ejemplo que no siempre ha seguido al traspasar el umbral deportivo. «Primer el Barça, després la Generalitat», escuchaba ufano en sus inicios como presidente azulgrana.

La ausencia de Roche tiene que ver con su toma de posición desde el Congreso del fútbol catalán, en 2006, cuando renunció públicamente a su cargo en la Federación Española porque no quería que se le asociara a Villar y las presuntas irregularidades de su gestión. Desde entonces, no acude a las juntas directivas, una difícil posición para defender sus iniciativas. Cuando quiso que se le concediera permiso para el Cataluña-Euskadi, recurrió a Gaspart, que consiguió reorientar la votación. Roche forma parte ahora de los apoyos de Mateo Alemany, ex presidente del Mallorca y futuro rival en las urnas de Villar. Esa razón lo ha alejado del antiguo vicepresidente azulgrana, que le debe a Villar seguir en el fútbol con una vicepresidencia en la RFEF. Gaspart no ha dado explicaciones sobre su ausencia en la junta, mientras Tomás, del Espanyol, se ha sentido muy presionado.

El problema para Roche es el acoso político que tiene desde la Generalitat y, en concreto, de Anna Pruna, secretaria de deportes del Govern y mujer de confianza de su antecesor, Rafel Niubò, adscrito ahora a la Vicepresidencia de Carod-Rovira. Roche sabe que no puede celebrarse el partido sin la autorización de la RFEF, porque ésta debe conceder el permiso a cualquier equipo extranjero que quiera jugar en España. Un portavoz de Villar, que se encuentra en Corea con los sub-17, manifestó ayer a este periódico en Reikiavik, donde mañana juega la selección absoluta, que esa autorización no se dará en ningún caso.

De viaje en Nueva York por cuestiones relacionadas con su negocio hotelero, Roche tiene la intención de hablar con las autoridades deportivas estadounidenses durante este fin de semana, pero sabe que éstas no se expondrán nunca a un desafío a la FIFA. Por si acaso, la federación estadounidense mandó ayer una carta a la RFEF en la que reclama poder jugar el encuentro. Los americanos recuerdan en su misiva que podrían perder una buena cantidad de dólares, ya que han vendido sus derechos televisivos, han llegado a acuerdos con patrocinadores e, incluso, tenían ya pagados los billetes de avión.

Si Roche no encuentra una solución, trasladará su pesar a la Generalitat. No es la primera presión política que sufre la Federación Catalana, a la que se le ha insinuado desde el tripartito que escindiera su fútbol sala del español para integrarlo en el que compitió en Yakutia o en el Mundial de Mendoza.

El Gobierno cree que la polémica sobre el partido es una trampa para reabrir debates independentistas

MARISA CRUZ

MADRID.- El Gobierno sospecha que la polémica desatada en torno a la intención de la selección catalana de fútbol de jugar un partido amistoso contra la de EEUU el próximo 14 de octubre en el Estadio Olímpico, no es sino una provocación, una trampa, para inducirle a enfangarse una vez más en un debate en torno a las competencias, las aspiraciones independentistas y soberanistas y los hechos diferenciales. Y no parece dispuesto a aceptarlo.

Ese fue el mensaje que lanzó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros.

La pregunta acerca del desafío político-deportivo catalán fue recurrente y la número dos del Ejecutivo se puso en guardia desde el primer momento. Apeló al «sentido común y a la razón» para trasladar la tesis de que «mezclar el deporte con la política hace un flaco favor tanto a uno como a otra».

De la Vega fue tajante al recordar el contenido de la Ley del Deporte: «La representación de España en las competiciones deportivas oficiales de carácter internacional le corresponde únicamente a la selección española».

«Esto es lo que establece la ley y el Gobierno no tienen intención de derogarla y, además», añadió, «es lo que recoge también la doctrina del Tribunal Constitucional. No hay ninguna duda sobre ello».

De la Vega recalcó que el Gobierno siempre ha defendido la idea de que la promoción del deporte a través de las selecciones autonómicas «en el ámbito que les corresponda» es positiva. La vicepresidenta puso énfasis en recordar el terreno de cada cual para insistir de nuevo en que la representación en el caso de acontecimientos deportivos internacionales corresponde únicamente a las selecciones deportivas de carácter nacional.

Aseguró -pese a las fuertes presiones que se están ejerciendo entre poderes políticos y deportivos catalanes para que el reto se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias- estar convencida de que «todo el mundo va a cumplir la ley».

«No tengo la menor duda de que todo el mundo respetará las disposiciones legales», señaló, «como ha venido sucediendo hasta ahora. No hay que adelantar acontecimientos sobre cosas que se pueden producir pero que aún no se han producido».

La vicepresidenta ni siquiera aceptó discutir la posibilidad de que un partido amistoso, como el que se plantea, pueda quedar al margen de la estricta observancia de la Ley del Deporte.

De esta forma, el Ejecutivo intenta no calentar un debate que podría reabrir nuevamente la etapa de roces con el Gobierno de Cataluña y que fácilmente arrastra a la opinión pública hacia un terreno delicado: el que confronta españolismo y catalanismo.

Los temores de Moncloa no parecen infundados. Ayer mismo, el portavoz de Deportes de CiU en el Congreso, Josep Maldonado, advertía que «vetar las aspiraciones de Cataluña» de competir internacionalmente con su selección «sólo conseguirá radicalizar los sentimientos de los catalanes».

El portavoz de CiU respondió además a la vicepresidenta asegurando que Cataluña «nunca ha mezclado política y deporte». «Lo que hace», añadió, «es sentirse herida en sus más profundos sentimientos como país». «Vetar las legítimas aspiraciones de competir internacionalmente, va contra el deseo mayoritario del pueblo catalán, y los pueblos son soberanos», añadió.

En paralelo, el presidente de CiU, Artur Mas, insistió en reclamar al presidente de la Generalitat, José Montilla, que «defienda el derecho a jugar» el partido amistoso de la selección catalana.

Por su parte, el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, anunció que el lunes pedirá formalmente la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para que explique el «veto» de la Federación Española de Fútbol al partido amistoso Cataluña-EEUU.

Galicia Zapaterial: Ahora es Quintana quien vigila el adoctrinamiento infantil en las 'galescolas'

Quintana vigila la 'galescola'


El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, acudió ayer a la galescola de la localidad pontevedresa de Vilaboa. Desde el próximo lunes, empiezan a funcionar en esta comunidad las galescolas, una red de guarderías públicas, impulsada por la secretaria de Igualdad y Bienestar Social, Carme Adán, donde se enseña sólo en gallego.

En la imagen, Angel Quintana, alias "Anxo", obsevando a unas inocentes víctimas.

Educación contra la Ciudadanía: Cabrera amenaza que la objeción a la EpC será tipificado de «absentismo escolar» y penado con la checa

Cabrera advierte que la objeción a Educación para la Ciudadanía es «absentismo escolar»

Critica que sus promotores no informen a los padres de que sus hijos suspenderán si no van a clase

ROBERTO BENITO

MADRID.- La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, dio ayer inicio oficial al nuevo curso escolar, y lo hizo concentrando esfuerzos en la que se ha convertido en la batalla de este año: Educación para la Ciudadanía.

En el Gobierno están convencidos de que la oposición a la nueva asignatura irá disminuyendo en los próximos meses, pero aun así la ministra volvió a advertir ayer de los peligros de acogerse a la objeción de conciencia para intentar no cursar la materia.

«La objeción de conciencia es absentismo escolar», dijo Cabrera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañada de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Esto es, que los alumnos que no acudan a esta clase suspenderán la asignatura. Una materia que, según recordó la ministra, es obligatoria.

Mercedes Cabrera explicó que los padres que se han acogido a la objeción para intentar que sus hijos no estudien Educación para la Ciudadanía -sus promotores cifran en 15.000 las familias que han objetado- no son conscientes del peligro de que sus hijos suspendan.

«Es irresponsable llamar a la objeción sin informar al mismo tiempo de esto», criticó la ministra, en clara referencia a las organizaciones que llevan meses animando a las familias a presentarla.

Y es que la Asociación de Padres Católicos (Concapa) y el Foro de la Familia, entre otras asociaciones, siguen oponiéndose con dureza a una asignatura que consideran que vulnera el derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos. Y no sólo promueven la objeción de conciencia, sino que también animan y respaldan a las familias a acudir a los tribunales para intentar paralizar la implantación de la materia e incluso han amenazado con convocar manifestaciones este otoño.

Frente a ellas, la vicepresidenta del Gobierno respaldó ayer a Cabrera e hizo una encendida defensa de Educación para la Ciudadanía. De la Vega explicó que la asignatura «trata de formar a los jóvenes para que sean ciudadanos críticos y activos, conscientes de sus derechos y obligaciones», y afirmó que, gracias a ella, se enseñará a las futuras generaciones a «vivir en democracia».

Educación para la Ciudadanía comienza a impartirse en siete comunidades autónomas en las siguientes semanas. Es la principal novedad de la Ley Orgánica de Educación, que entra en vigor este curso y que fue ayer calificada por Mercedes Cabrera como «el mejor sistema educativo de los últimos años».

Entre las virtudes de la LOE que De la Vega y Cabrera destacaron ayer, citaron el estudio de inglés desde los seis años, la mayor exigencia a los alumnos y el acceso gratuito a la educación entre los tres y los cinco años.

Desde el PP se criticó ayer lo que consideran una «visión idílica» del sistema educativo. La secretaria popular de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, dijo que «la ministra vive fuera de la realidad al calificar como el mejor modelo un sistema que cuenta con un índice de fracaso escolar del 30%». «Hoy es un día nefasto, porque en este curso comienza a aplicarse la Logse II agravada, que tanto ha contribuido al descenso del rendimiento de los alumnos», afirmó.

El PP acusa al Gobierno de no dar «ni un euro» para la Dependencia

Ana Pastor exige la firma «inmediata» de los convenios con las comunidades

M. MARTINEZ GARCIA

MADRID.- Ha dado mucho que hablar pero sus efectos no se conocen todavía. El próximo noviembre se cumple un año desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Dependencia y el Gobierno no ha soltado, hasta el momento, «ni un solo euro» de los que compromete el texto normativo, denunció ayer la secretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor.

El Ejecutivo, que anunció su puesta en marcha para el mes de mayo, no ha firmado ningún acuerdo con las comunidades autónomas y ha adelgazado la partida presupuestaria de 400 millones de euros que consignó para hacer frente a las ayudas a ciudadanos dependientes, a poco más de la mitad: 220. Es la cifra que aparece, señaló Pastor, en el borrador de convenio que, el pasado julio, envió a las regiones un responsable del Ministerio de Sanidad que ha causado baja.

El documento presenta, a juicio de los populares, «graves deficiencias»: establece una cantidad fija a transferir a las autonomías, sin tener en cuenta «el número de personas dependientes», no prevé «ampliación alguna» del montante inicial que se destina a los afectados -a pesar de que «su número» no es estable-, «invade competencias» de las comunidades y «retrae dinero» englobado en el apartado de infraestructuras para la prestación.

Además, consigna que las ayudas serán «para servicios nuevos». «¿Qué ocurre con los dependientes que están ya en residencias? ¿No van a tener el mismo derecho?», se preguntó ayer Ana Pastor. Y anunció que las comunidades gobernadas por el PP remitirán al Ministerio una propuesta de convenio con «importantes modificaciones» sobre la recibida en julio para que, entre otras cosas, la cuantía que se transfiera no esté bloqueada, el total presupuestado sea ampliable y se respeten las necesidades de las regiones.

La responsable de políticas sociales del PP también ajustó las cuentas al Gobierno: los 220 millones de euros son insuficientes para asumir las retribuciones de los 198.000 grandes dependientes que hay en España. Las arcas públicas deberían desembolsar 1.000 millones de euros para asumir el gasto del colectivo que, según la ley, tendría que verse beneficiado en 2007.

Pastor sospecha que el Ejecutivo planea retrasar la firma de los acuerdos hasta poder abordar, con la cantidad anunciada, el último tramo del año. Aunque, si la norma «entra por fin realmente en vigor» su retraso lastrará la puesta en marcha de «inversiones» por parte de las comunidades autónomas. Las administraciones regionales, que han iniciado las evaluaciones para determinar el grado de dependencia de los afectados, son las únicas que, hasta ahora, se hacen cargo de las prestaciones, «igual que antes de la ley», subrayó Pastor. Por eso, cualquier persona «con un plan individual de cuidados» podría «ir al juzgado» para denunciar su falta de efectividad.

Sobre el incumplimiento del calendario de una de las «promesas estrella» de Zapatero se interesará CiU el próximo miércoles en el Congreso a través de una pregunta dirigida al ministro Caldera. Mientras, el PP reclama la «firma inmediata» de los convenios y prepara una proposición no de ley que recogerá «la aplicación práctica» de la normativa en base a un modelo de financiación que garantice un «derecho universal»: el que consagra su articulado para un colectivo que, cada día, sufre variaciones en su número.

Inmigración: Ahogados a sólo 10 metros de su sueño/

Ahogados a sólo 10 metros de su sueño

Diez marroquíes fallecen en Gran Canaria al saltar al mar tras confundir unas rocas con tierra firme

TERESA CRUZ. Corresponsal

LAS PALMAS.- Salieron de las costas marroquíes, de Cabo Bojador, el día anterior. La mayoría de los magrebíes menores de edad conocen la ley española que les cobija por no haber cumplido los 18 años, y que les garantiza quedarse en suelo español. Sin embargo, su sueño se vio truncado ayer, a sólo 10 metros de la costa.

La proa encalló y la barcaza quedó sobre un hoyo de una profundidad de unos tres metros, «suficientes para que se ahogasen». De esta forma relata a EL MUNDO el jefe del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, Juan Machín, los hechos. Creyeron tocar tierra, pero se encontraron con una piscina en forma de u que se convirtió en una trampa mortal: «La orografía de las islas tiene estos inconvenientes».

Los inmigrantes vienen con el cuerpo entumecido y sin fuerza para dar una brazada. En este caso creyeron hacer pie cuando en realidad había un hoyo profundo, así que no pudieron evitar la desgracia. Diez muchachos se ahogaron y ocho pudieron sobrevivir, alguno ayudado por los vecinos de Agüimes (Gran Canaria), que escucharon los gritos de auxilio. La Guardia Civil baraja la posibilidad de que entre dos y tres personas más pudieran haber salvado su vida, y que emprendieran la huida.

Dos meses atrás, las costas del Atlántico vivieron otra tragedia similar, tras el vuelco de un cayuco con 100 irregulares de los que Salvamento Marítimo sólo pudo rescatar a 48.

La tragedia que ha tenido como escenario la Playa de Risco Verde es una zona que se encontraba en plena calma, según Machín, que también afirmó que «todos ellos son muy jóvenes, entre 16 y 20 años».

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, solicitó una reunión urgente con José Luis Rodríguez Zapatero para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y exigir «responsabilidades políticas, altura institucional, rigor y firmeza».

Según Rivero, «la incalificable tragedia ocurrida constata las insuficientes medidas y acciones emprendidas para reconducir un fenómeno de esta dimensión, desde el Estado y desde la Unión Europea». En este sentido, recalcó que «es imprescindible una ofensiva diplomática ante la UE porque Europa no puede seguir mirando hacia otro lado». «La tragedia de hoy», indicó Rivero, pone de relieve, «una vez más, la enorme vulnerabilidad de nuestras aguas».

Un centenar de inmigrantes ha muerto en 2007 en las costas españolas

MADRID.- Aunque la muerte, ayer, de 10 inmigrantes a sólo unos metros de las costas canarias incorpora algunos elementos de dramatismo al suceso -la cercanía de la meta; el ahogamiento, por no saber nadar, en unas aguas muy tranquilas-, lo cierto es que para la estadística son únicamente un número más dentro de una trágica lista. Con ellos, son ya más de 100 los inmigrantes muertos este año ante las costas españolas. Y en esta contabilidad sólo se incluyen aquellos de los que se tiene certeza, sin tener en cuenta a muchos que desaparecen sin dejar huella.

El de ayer es el tercer naufragio de irregulares más importante, por número de fallecidos, que se ha producido en 2007 ante nuestras costas. El pasado 19 de julio una embarcación con más de 100 personas volcaba en el Atlántico, a 98 millas de Tenerife. Sólo 48 de los inmigrantes pudieron ser rescatados por Salvamento Marítimo.

Justo un mes más tarde, el 19 de agosto, se producía otro nufragio de un cayuco al sureste de Fuerteventura. En este caso perecieron 13 de los 24 integrantes de la embarcación. Junto a estos sucesos colectivos, las cifras de muertos se han ido incrementando a causa del continuo goteo de inmigrantes que fallecían al caer de su patera, por deshidratación o, incluso, intentando cruzar el estrecho de Gibraltar a nado -como le ocurrió a un marroquí el 1 de mayo-.

En cualquier caso, y si las cifras siguen en el ritmo actual, este será un año menos malo que los anteriores en nuestras aguas. Según los datos, no oficiales, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en 2006 murieron tratando de alcanzar las costas españolas, al menos, 1.167 personas -aunque algunas de sus estimaciones, en las que suman a los desaparecidos, alcanzan los 7.000 fallecidos-. La misma ONG cifra en, como mínimo, 368 los muertos de 2005, aunque sumando a los desaparecidos llegarían a los 1.900.

Una empresa toledana ofrece trabajo al rumano que se quemó a lo bonzo

TOLEDO.- El dueño de una empresa de limpieza y señalización de la localidad toledana de Quintanar de la Orden ha realizado un ofrecimiento de trabajo a la familia del inmigrante rumano de 44 años que el pasado martes se prendió fuego a lo bonzo a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

Sebastián Oliva Ruiz-Díaz, que regenta en el municipio castellano-manchego la empresa CleanBird, dedicada al acondicionamiento de entornos públicos y privados, hizo público que viajará hoy a Valencia, en cuyo Hospital de La Fe se encuentra en estado grave el inmigrante quemado, para ofrecer a su familia todo el apoyo y la ayuda que necesite para su regularización legal. Sebastián Oliva espera, además, que estas personas puedan trabajar en su empresa.

El ciudadano rumano, que presenta quemaduras de primer grado en un 70% de su cuerpo y se encuentra en estado grave, se quemó a lo bonzo en protesta por su estado precario, tras haber sido estafado a su llegada a España con una promesa de empleo que resultó ser falsa. Ha tenido que sobrevivir durante tres meses, junto a su mujer y sus dos hijos, con la venta callejera de refrescos y chatarra.

El empresario manifestó que está muy sensibilizado con los problemas de los inmigrantes, ya que él mismo llegó de Argentina con 18 años y comprende muy bien la situación de los necesitados, informa la agencia Efe.

Partidos: Rosa Estarás/ Un asesor de Rubalcaba y dirigente de IU pide listas conjuntas con el PSOE para 2008

Estaràs asume la Presidencia del PP balear tras la dimisión de Matas

M. A. RUIZ

PALMA.- La Junta Directiva Regional del PP de Baleares designará hoy a Rosa Estaràs como nueva presidenta regional del partido en sustitución de Jaume Matas, quien el pasado mes de junio anunció su decisión de abandonar la política tras el resultado electoral del 27-M que ha permitido la formación de un nuevo Gobierno del Pacto de Progreso encabezado por el socialista Francesc Antich en la Comunidad autónoma.

Esta misma semana, Jaume Matas ha abandonado España para instalarse en Washington, donde el próximo mes de enero comenzará a trabajar como economista para una empresa privada, cuya identidad no ha transcendido aún.

Aunque delegó todas sus funciones en Rosa Estaràs como «coordinadora general» del partido el pasado 21 de junio, Matas tenía intención de conservar de forma oficial el cargo de presidente del PP hasta el Congreso regional previsto para octubre del próximo año.

Sin embargo, ayer jueves dirigió una carta al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, en el que le comunica su dimisión, al entender que desde Estados Unidos no puede seguir al frente del PP de Baleares, y propone que el cargo sea asumido por Rosa Estaràs.

Durante la pasada legislatura, Estaràs fue su número 2 como vicepresidenta del Gobierno balear y fue también la encargada de sacar adelante el nuevo Estatuto de Autonomía de Baleares, consensuado con el PSOE y Unió Mallorquina. En las elecciones del pasado 27-M, fue candidata a la Presidencia del Consejo de Mallorca, aunque no ha podido ocupar este cargo al quedar a un solo escaño de la mayoría absoluta.

Estarás espera que Unió Mallorquina se mueva al centro

PALMA DE MALLORCA.- La nueva presidenta del PP balear, Rosa Estarás, reconoció ayer que su partido está a la «expectativa» de saber si Unió Mallorquina continúa en la izquierda «o se mueve» hacia el centro, tras el congreso que celebrará la formación en los próximos meses en el que elegirá nuevo presidente en sustitución de Maria Antònia Munar.

La dirigente popular sostuvo que el PP sigue siendo «el mismo que hace dos o tres años» y, en este sentido, subrayó que su formación está en el «centro político», donde se va a mantener y defender con «uñas y dientes». Por eso, aseguró que será UM la que tendrá que «desvelar finalmente dónde se ubica en el espectro político».

Plantea en un documento la posibilidad de ganar hasta cinco diputados en varias provincias Los socialistas descartan tal hipótesis e IU estudiará la propuesta si se lleva a la dirección
Un asesor de Rubalcaba y dirigente de IU pide listas conjuntas con el PSOE para 2008

MANUEL SÁNCHEZ AGUSTÍN YANEL

MADRID.- Pedro Antonio Ríos, dirigente de Izquierda Unida y actual asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, ha elaborado un documento en el que propone a esta federación de izquierdas que estudie la posibilidad de presentar listas conjuntas con el PSOE en varias circunscripciones electorales en los próximos comicios generales, porque cree que de esta manera pueden arañar al PP hasta más de media docena de diputados, y un máximo de 14 senadores al PP.

En concreto, extrapolando los resultados de 2004, el ex diputado de Izquierda Unida da por hecho que, al menos, le quitarían al Partido Popular cinco diputados en las circunscripciones de Valladolid, Guadalajara, Castellón, Toledo y Murcia, además de ocho senadores en el peor de los escenarios.

En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, hace un estudio pormenorizado de las provincias en donde los dos partidos de izquierda podrían sumar más escaños, en función de los resultados que obtuvieron en 2004.

Por todo ello, el dirigente de la federación de izquierdas considera que lo importante sería «analizar en el núcleo de la mayoría de Izquierda Unida la oportunidad de un acuerdo de estas características», según afirma textualmente en su escrito.

El asesor del ministro Pérez Rubalcaba también propone que IU sondee ante la dirección del PSOE la viabilidad de poder alcanzar este acuerdo y las condiciones en que debiera ser concretado, «y, si hay visos de oportunidad, acometer el debate en el seno de las direcciones de ambas organizaciones», añade.

En opinión de Pedro Antonio Ríos, según explica en este documento fechado el 28 de agosto de 2007, dicho acuerdo le daría a IU «la oportunidad de tener presencia en circunscripciones de comunidades autónomas donde no ha tenido en ningún otro momento, como es el caso de Valladolid (Castilla y León) o Toledo (Castilla-La Mancha), y no pondría en juego el riesgo alto de no conseguir el 5% mínimo para conformar grupo parlamentario».

Este ex diputado de la federación que lidera Gaspar Llamazares concluye que la suma de ambos partidos en provincias como Valladolid, Guadalajara, Toledo, Castellón, Murcia e, incluso, Teruel y alguna otra más, podría asegurar al PSOE entre tres y cinco diputados más, y de ocho a 10 senadores.

Para Izquierda Unida, según este estudio, significaría ganar uno o dos diputados y entre dos y cuatro senadores.

En el documento se aconseja vivamente esta posibilidad, «para movilizar al electorado y optimizar los resultados electorales, además de evitar una batalla por el mal llamado voto útil, que además de confrontarnos favorece al Partido Popular».

El dirigente de IU considera, además, que la desproporcionalidad que sufre la federación de izquierdas en las elecciones generales, donde lograr un diputado le cuesta 260.000 votos, frente a los 66.000 votos por los que se le otorga a PSOE, PP o PNV, quedaría de esta forma compensada en cierta medida.

De hecho, en el documento se afirma que esa desproporcionalidad también afecta en cierta medida a las fuerzas de izquierda.

El PSOE no quiere

Este análisis político, sin embargo, no ha tenido todavía concreción ni debate, ni en el seno de Izquierda Unida ni en el PSOE.

Fuentes de la dirección socialista confirmaron a EL MUNDO que no ha habido ningún contacto en este aspecto con la federación de izquierdas, y que su intención política es no ir en listas conjuntas con IU en ninguna circunscripción, aunque reconocen que, en casos concretos, pudiera aportar algunas ventajas objetivas.

Los socialistas siguen muy marcados por la mala experiencia política y electoral del año 2000, y se creen con fuerzas suficientes para afrontar las elecciones en solitario, aunque luego vuelvan a acudir a los diputados de IU en el Congreso.

Por su parte, fuentes de la dirección de IU indicaron a este periódico que desconocen ese documento. Indicaron que, en todo caso, si se plantea una propuesta de este tipo tendrá que ser estudiada por los órganos de dirección de Izquierda Unida y debatida por las distintas agrupaciones de la federación, como hicieron en las elecciones generales del año 2000, cuando presentaron listas conjuntas con el PSOE al Senado sin ningún éxito.

Pedro Antonio Ríos, antes de ser llamado por Rubalcaba, era el coordinador del grupo de IU-ICV en el Congreso de los Diputados. Forma parte de la Presidencia Federal de Izquierda Unida y de su Comisión Permanente, y es un hombre muy cercano al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares.

Algunas fuentes apuntan que Rubalcaba ya conoce el documento e, incluso, le señalan como inspirador, pero desde la dirección socialista se insiste en que no se está en esa operación.

ECONOMÍA: Batacazo en las bolsas/ Greenspan/ El 93% de los andaluces gana menos de 3000€/ PP critica q ZP se exhiba con Botín mientras otros pasan dif

CAMBIO DE CICLO / El mercado laboral de Estados Unidos se resiente en agosto al destruirse 4.000 puestos / Los parqués registran caídas generalizadas con un descenso del 2,3% del Ibex / Banca y construcción lideran las pérdidas
Batacazo en las Bolsas al agudizarse la crisis de EEUU por la caída del empleo

ELENA HITA

MADRID.- El pánico se apoderó ayer de las Bolsas europeas, tras la publicación de los datos de empleo en los Estados Unidos (EEUU), con una destrucción de 4.000 puestos de trabajo en agosto. La cifra, la peor en cuatro años, significa que la crisis hipotecaria empieza a hacer mella en la economía estadounidense.

El Ibex 35 registró ayer la mayor caída desde que estalló la burbuja inmobiliaria al otro lado del Atlántico, con un recorte del 2,3%, perdiendo los 14.000 puntos. En concreto, el selectivo índice cerró en los 13.873 enteros, el nivel más bajo desde marzo. Dicho de otra forma: el parqué madrileño se encuentra en pérdidas anuales al acumular ya un retroceso del 1,93% en lo que va de ejercicio. Y todo ello, a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviese esta semana lo tipos de interés en el 4%.

El resto de las plazas europeas también acabaron la jornada en números rojos. El Cac 40 de París protagonizó los mayores descensos con un retroceso del 2,6%. El Dax de Fráncfort terminó con un recorte del 2,4% y el FTSE de Londres con un 1,9%.

El pesimismo y el nerviosimo también se notó de forma importante en Wall Street. Su principal indicador, el Dow Jones, arrancó la sesión en los 13.363 puntos. En cuestión de minutos se desplomaba 160 puntos y llegó a alcanzar un mínimo de 13.123 enteros. Acabó cerrando con una bajada de 249,97 puntos, o un 1,87%, a 13.113 unidades.

«El dato [del empleo en EEUU] ha sido demasiado malo, realmente preocupante, pues abre las puertas a una posible recesión», comenta Juan José Fernandez-Figares, de Link Securities, quien advierte que si la Reserva Federal (Fed) baja los tipos puede ser «contraproducente a corto plazo para las Bolsas pues muchos inversores se asustarían, pensando que se está desacelerando el crecimiento de EEUU».

Habría que irse hasta el pasado 16 de agosto para encontrar otra sesión llena de miedo e incertidumbre por la crisis crediticia. Sin embargo, es el Ibex español el único parqué cuyo nivel quedó ayer por debajo del mínimo registrado el pasado mes. La razón no es otra que su mayor ponderación a banca y construcción, los dos sectores más afectados por la crisis hipotecaria.

Bankinter lideró las caídas del selectivo al ceder el 6,14%, hasta los 10,25 euros. Los títulos de Banesto bajaron el 3,51%, hasta los 13,75 euros, mientras que los del Banco Popular lo hicieron el 3,37%, hasta los 12,89 euros.

Aunque en menor medida, los grandes bancos también perdieron posiciones durante la sesión: el Santander se dejó el 2,87%, hasta los 12,86 euros y el BBVA bajó el 2,44%, hasta los 16,36 euros.

En construcción, de nuevo Sacyr Vallehermoso protagonizó las mayores caídas con un recorte del 5%, hasta los 26,01 euros. La compañía que preside Luis del Rivero acumula un severo descenso. Los títulos han retrocedido nada menos que un 21,5% en el último mes.

Por detrás se sitúa ACS. Ayer, la constructora de Florentino Pérez se dejó en el parqué el 4,9% de su valor y cerró en los 36,29 euros.

Mientras, Acciona cerró con descensos del 4%, hasta los 170,5 euros; Ferrovial terminó la sesión con un recorte del 3,8%, hasta los 59,30 euros, y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) acabó con una caída del 3,4%, hasta los 59,10 euros.

Investigación

Y en medio del temor a los efectos de la crisis en la economía, ayer se conoció que la Comisión Reguladora del Mercado estadounidense (Sec) está examinando el papel de las agencias de calificación crediticia en la crisis de las hipotecas basura.

Los críticos con las tres mayores agencias de ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors Service y Fitch Ratings, afirman que éstas no advirtieron adecuadamente a los inversores del riesgo de los valores respaldados por hipotecas, y señalan que las agencias también son vulnerables por el conflicto de intereses que supone recibir ingresos por parte de las compañías cuya deuda deben calificar.

Greenspan compara la situación actual con las crisis del 87 y 98

RICARD GONZALEZ. Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.- Dos pesos pesados de la economía mundial enviaron ayer mensajes inquietantes sobre la evolución de la incipiente crisis. El antiguo presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, aseguró que la coyuntura financiera actual es «idéntica» en muchos aspectos a las que se produjeron en los años 1987 y 1998. «El comportamiento que hemos observado en las últimas siete semanas es idéntico en muchos aspectos al que vimos en 1998, en el 'crack' bursátil del 1987, y sospecho que también en el hundimiento del mercado del terreno en 1837, y ciertamente igual que [el pánico en el sector bancario] de 1907», aseguró. La tesis del ex presidente de la Fed es que los movimientos de expansión y contracción de la economía están marcados, respectivamente, por dos emociones humanas difícilmente controlables: la euforia, y el miedo. Ni tan siquiera el uso de los tipos de interés es capaz de afectar el crecimiento de la burbuja, según sostiene Alan Greenspan.

En una línea algo menos alarmista, el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), el español Rodrigo Rato, confirmó que el organismo rebajará las expectativas de crecimiento de la mayoría de las economías occidentales debido a la crisis. Rato puntualizó que las revisiones a la baja serán probablemente mayores en Estados Unidos, «pero también habrá algún impacto en el área del euro». En su intervención, el ex ministro se mostró optimista sobre las perspectivas de crecimiento de la economía europea, que aunque «frenará», continuará creciendo.

CAMBIO DE CICLO / Las reacciones
El Gobierno asegura mantener «intacta» su confianza en la «fortaleza» de la economía

La vicepresidenta dice que tanto Solbes como Zapatero trasladan el mismo mensaje de optimismo Afirma que los episodios de inestabilidad registrados en las últimas semanas no afectarán a España

MARISA CRUZ

MADRID.- El Gobierno mantiene firme su mensaje: «La confianza en la fortaleza de la economía española y el sistema financiero se mantiene intacta». Así de tajante se mostró ayer la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, al ser interrogada acerca de las señales inquietantes que lanzan los mercados y las Bolsas internacionales a rebufo de la crisis hipotecaria vivida en Estados Unidos.

Ni las palabras cautelosas pero no exentas de preocupación del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, -poco sospechoso de alentar titulares alarmistas-, ni las advertencias del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, han hecho mella por ahora en el discurso optimista del presidente Zapatero.

Si el jueves, el presidente expresaba su total tranquilidad en relación con la situación económica, durante su encuentro con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ayer su número dos daba un paso decidido al frente y no dejaba un sólo milímetro de terreno para los agoreros.

«Mantenemos la confianza intacta», aseguró De la Vega quien añadió que esta actitud del Gobierno es la que corresponde «con la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país».

De acuerdo con su pronóstico, «los episodios de inestabilidad» que se han vivido en las últimas semanas «no afectarán a la fortaleza del crecimiento».

Casi al mismo tiempo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, vaticinaba desde Italia próximos anuncios a la baja en las previsiones globales de crecimiento para 2007 y 2008 y el presidente del BCE advertía nuevamente de los riesgos alcistas para la inflación y hacía un llamamiento para que se extreme la vigilancia.

La vicepresidenta, no obstante, explicó que lo sucedido en los mercados financieros le ha permitido al Ejecutivo comprobar que los mecanismos de «vigilancia y control» que existen en España han «funcionado bien» y que las instituciones monetarias «han actuado con rapidez y eficacia».

También apuntó que el Ejecutivo ha hecho un «seguimiento permanente» de todo lo que ha estado sucediendo en el terreno económico tanto nacional como internacional, al mismo tiempo que los «organismos reguladores han desarrollado su trabajo y se mantienen pendientes de la evolución» de todos los indicadores.

De la Vega cortó de raíz cualquier interpretación que apunte a posibles contradicciones entre el presidente del Gobierno y el ministro de Economía. En su opinión, ambos han trasladado el mismo mensaje de optimismo. «Lo hizo el vicepresidente Solbes la semana pasada, aquí mismo» (cuando compareció para explicar los Presupuestos del estado para el ejercicio 2008), aseguró la vicepresidenta, «y lo hizo el presidente ayer (por el jueves)», durante su visita a la sede central del Banco Santander y la entrevista con su presidente, Emilio Botín.

La número dos del Gobierno aprovechó además para recalcar que es compatible el rigor económico con políticas de progreso social, como la que en su opinión pretende poner en marcha la Junta de Andalucía en relación con la vivienda.

Fernández de la Vega recalcó que el Gobierno es «firme partidario» de promover iniciativas que garanticen más y mejores derechos a los ciudadanos, entre ellos el de acceso a la vivienda. «El proyecto andaluz está en esa línea», señaló.

También en este terreno, el ministro de Economía se muestra discrepante. En su opinión, el proyecto andaluz «suena bien», pero luego hay que aplicarlo y ello supone «restricciones económicas».

El debate en torno a la vivienda coleará la próxima semana en el parlamento. Tendrá que ser entonces el propio presidente del gobierno quien dé explicaciones porque varios diputados y senadores preparan ya preguntas sobre esta cuestión.

CAMBIO DE CICLO / La polémica
El PP critica que Zapatero se exhiba con Botín mientras los ciudadanos pasan «dificultades»

«El presidente no debería mostrar tanta sintonía con los grandes beneficiarios de la actual situación económica», denuncia el partido, molesto por el acto organizado en el Grupo Santander

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- La exhibición del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, ha sido muy mal acogida en la sede del Partido Popular.

«Zapatero no debería mostrar tanta sintonía con los grandes beneficiados de la actual situación económica», criticó ayer el secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, en un inusual ataque velado al banquero cántabro. En su comunicado, Arias Cañete no menciona expresamente a Botín, pero lamenta «la falta de sensibilidad social mostrada ayer [en su visita a la sede madrileña del Grupo Santander] por el presidente del Gobierno».

El responsable económico de la oposición consideró criticable que Zapatero ofreciera «una valoración tan triunfalista» en un momento «en que los españoles no han dejado de perder poder adquisitivo durante los últimos tres años, la mayor pérdida de la zona euro».

Arias Cañete incide en que son precisamente los bancos los que más dinero están ganando gracias a la subida de tipos de interés, por lo que da a entender que es incomprensible que un líder que se presenta como de izquierdas, lance mensajes de éxito económico junto a Botín. El presidente del PP, Mariano Rajoy, mantiene buenas relaciones con el poderoso Botín, que también ha tenido gestos con él, por lo que el comunicado del partido evita un ataque directo, pero fuentes consultadas en el PP no ocultaron a este diario el malestar existente. «Zapatero ha instrumentalizado a Botín y éste se ha dejado instrumentalizar, ésa es la realidad», afirmaron.

La nota de prensa de Arias Cañete es más velada. «La subida del Euribor del 2,1% al 4,8% en dos años ha provocado que las hipotecas medias paguen al mes 225 euros más», resalta. «Estos son los temas que deberían preocupar a Zapatero y los que sus políticas deberían atajar en lugar de la propaganda, el triunfalismo y el inmovilismo de que hace gala y no mostrar tanta sintonía con aquellos sectores que más se han beneficiado de la actual situación económica».

El Grupo Santander ha registrado en el primer semestre de este año un beneficio atribuido de 4.458 millones de euros, un 39% más que en el mismo periodo del año 2006. En la misma línea, el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, pidió ayer al presidente del Gobierno que visite a las familias que pagan hipotecas y a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda en vez de a empresarios como el presidente del Santander, Emilio Botín.

«Ha ido a la casa de una de las pocas personas en España que pueden decirle que la situación económica va bien. Zapatero no puede centrarse tanto en la visión del mundo empresarial sobre la economía, tiene que centrarse en las familias y en los jóvenes», subrayó Uriarte en declaraciones a Europa Press.

En el PP negaron ayer estar en el origen de un mensaje crítico (ver la imagen) contra el banquero cántabro. En el acto del pasado jueves, tanto Zapatero como Botín coincidieron en no apreciar riesgos para la economía española y el banquero cántabro proclamó además que el Gobierno actual está haciendo «un gran trabajo en el ámbito económico». Ni uno ni otro convencen al presidente del PP, que va a dedicar su primer intercambio parlamentario con el jefe del Gobierno a debatir sobre la «incertidumbre» que atraviesa la economía española.

En la próxima sesión de control al Ejecutivo prevista para el próximo miércoles en el Congreso, Rajoy preguntará «qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la incertidumbre que atraviesa la economía española». Continuará la batería, el secretario general del PP, Angel Acebes, que pretende que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, le detalle «cómo se están viendo afectadas las familias españolas por la actual situación de incertidumbre e indefinición económica».

El 93% de los andaluces gana menos de los 3.100 euros que exige Chaves

MARISA RECUERO

MADRID.- ¿Cuántos andaluces podrán acogerse a la nueva Ley del Derecho a la Vivienda que prepara Manuel Chaves? ¿Cuánto costará ponerla en marcha? ¿Por qué el Ministerio de la Vivienda no ha intervenido en la elaboración del anteproyecto de ley? Preguntas que precisan respuesta. La medida de Chaves tiene flecos pendientes.

La Secretaría de Política Económica y Empleo del PP ha elaborado un informe en el que esclarece algunas de esas cuestiones. Primero, el 93% de los ciudadanos empadronados, o lo que es lo mismo, la mayoría de la población que reside en Andalucía, podrá acogerse a la nueva ley, ya que es ese porcentaje de personas el que tiene unos ingresos inferiores a 3.100 euros (límite para acceder a una casa en propiedad pagando al mes un 33% de su renta mensual).

Segundo, la demanda anual de viviendas en Andalucía supera casi las 50.000 anuales, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Esto significa que en los próximos 10 años la demanda será de, al menos, 500.000 viviendas, a la que se sumarán la de las familias que quieran pasar de un régimen de alquiler a uno de compra y beneficiarse así también de las subvenciones que ofrece la Junta.

Esto se traduce en una cifra sin precisar de demanda de viviendas, que puede, incluso, superar el paquete de 700.000 casas que el Gobierno andaluz ha fijado para construir en los próximos 10 años (300.000 de protección oficial). Los municipios serían los encargados de proporcionar, por tanto, una parte del suelo.

Tercero, la hipoteca media de los andaluces asciende a 778,55 euros, procedentes de un salario medio de 1.434 euros al mes, según los datos que baraja el PP. La tercera parte de la renta es, por tanto, 478 euros. Esto significa que la financiación media por deudor alcanzaría los 300 euros al mes. La Junta tendría que subvencionar hasta 167,7 millones de euros en el primer año de vigencia de la ley.

El PP cuantifica con esta cantidad el coste presupuestario de la medida y la deuda que asumiría el Gobierno andaluz en un año. Tres años después, el coste alcanzaría los 670 millones y la deuda ya sería de 1.700 millones. Tras 27 años pagando una hipoteca, la deuda superaría los 63.000 millones de euros.

Y cuarto, ha sido la Generalitat de Cataluña, junto con la Universidad de Granada y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la que ha colaborado con la Junta para elaborar el anteproyecto. El Ministerio de Vivienda quedó al margen.