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viernes 31 de agosto de 2007

Editoriales del día: La falta de interés por el chivatazo a ETA/ El nuevo partido de Rosa Díez/ La crisis económica/ Educación para la Ciudadanía


Free Image Hosting at www.ImageShack.us EDITORIALES DEL DÍA
En vez de objetar a la asignatura, adaptarla

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE-CECA), que agrupa a 2.200 centros de enseñanza concertada, ha decidido que, en vez de objetar a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía enfrentándose al riesgo de que sus alumnos no obtengan su título, resulta más conveniente adaptar la materia al ideario de sus colegios. La propia ministra ha avalado esta decisión al recordar que tenemos un «sistema educativo plural, con centros escolares que eligen los libros que utilizarán y qué profesores impartirán la asignatura». Aunque EL MUNDO siempre ha defendido que lo idóneo es que una asignatura que se ocupa de difundir valores sea, como la Religión, optativa, consideramos que el criterio flexible del Ministerio y la opción de la patronal de enseñanza concertada son positivos. Los centros católicos podrán así eliminar los contenidos más polémicos y elegir a profesores que no impongan a los alumnos un ideario contrario a sus valores, de forma que las peores aristas de la asignatura queden suavizadas. Con todo, la posibilidad de que cada centro elija los contenidos también puede considerarse una demostración de lo innecesaria e inútil que resultaba la imposición de la asignatura. Esta sólo ha provocado divisiones en la sociedad y, de momento, se aplicará este año en menos de la mitad de los centros escolares, incluyendo en esa demora al menos una destacada comunidad autónoma socialista como Castilla-La Mancha.


La falta de interés por el chivatazo a ETA

El traslado de los agentes que investigaban el caso del chivatazo a ETA desde la Comisaría General de Información al departamento de Asuntos Internos, tal y como hoy revelamos, demuestra el escaso interés del Gobierno por aclarar lo sucedido. Quince meses después de que alguien avisara a Joseba Imanol Elosúa -presunto miembro de la red de extorsión de ETA- de que iba a haber una redada policial, continúan sin conocerse los pormenores uno de los episodios más graves en la lucha contra la banda. Las investigaciones apuntaron que el soplo al etarra partió de un móvil de la Comisaría General de Información de la Policía. Si tenemos en cuenta que entonces estaba abierto el proceso de paz, es comprensible que haya quien pueda recelar que había interés por parte del Gobierno en no incomodar a los terroristas. El Ejecutivo debería ser el primer interesado en sacudirse cualquier sospecha en ese sentido. Sin embargo, no era ya un dato para el optimismo que la investigación judicial hubiera acabado en manos de Garzón. Ahora, el traslado de los policías, aunque no implica teóricamente que se pierdan los avances que éstos hubieran podido realizar, deja a las claras la falta de empeño por llegar al fondo del asunto lo antes posible.


LA VIVIENDA, EN EL OJO DEL HURACAN

La revisión del Euribor al alza por vigésimo tercer mes consecutivo dará un nuevo disgusto a las decenas de miles de españoles que tienen suscrita una hipoteca cuando, en los próximos días, se actualicen sus cuotas. En una hipoteca media, se calcula que la mensualidad se incrementará en cerca de 90 euros. El indicador del precio del dinero al que están referenciados la mayor parte de los créditos de vivienda en España terminará agosto con una nueva subida, esta vez de 0,1 puntos, y cerrará el mes en el 4,66%, o lo que es lo mismo, en niveles similares a los de hace siete años. El lógico retraimiento en el consumo que cabría deducir de estos datos abona el fantasma de la crisis, y ello podría empujar al Banco Central Europeo a tener que cambiar de política e interrumpir en los próximos meses el incremento de tipos.

Junto a la subida del Euribor hay otros datos que abonan el pesimismo. En primer lugar, el que se refiere al incremento de precios de alimentos básicos como la harina o los huevos, que en el conjunto de la Unión Europea ha crecido un 75% y un 28%, respectivamente, en los últimos meses. El otro tiene que ver con la propia economía española. Según las dos principales agencias de calificación crediticia, nuestra etapa de crecimiento camina hacia un «final abrupto». Moody's y Standard & Poors coinciden en subrayar la sobredependencia que la economía nacional tiene del mercado inmobiliario. Las dificultades de éste, unido a la repercusión que se prevé pueda tener en Europa la crisis de Estados Unidos, podrían acabar con el actual ciclo de bonanza.

Mientras los indicadores económicos encienden las alarmas, tres años después de que el Gobierno prometiera medidas para facilitar el acceso a la vivienda -lo que podría haber ayudado a atenuar la burbuja inmobiliaria-, todavía se discute en el Ejecutivo cómo impulsar el alquiler. La ministra Chacón aboga por las deducciones fiscales a los arrendatarios, pero el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se opone, ya que vaticina que la medida se traduciría en un aumento de los precios de alquiler. Entre tanto, se calcula en tres millones el número de pisos vacíos. Ese volumen sólo se explica por la falta de seguridad jurídica del arrendador, que ante la falta de garantías y las duras condiciones que le impone la ley, prefiere no entrar en el mercado.

El Euribor, la construcción, el alquiler... Queda claro que la vivienda está en el centro de nuestra economía, que ha sido la causa de su despegue y que puede ser también la de su descalabro.

UN PARTIDO ENTRE DOS AGUAS Y REMANDO CONTRA CORRIENTE

Tal y como adelantó EL MUNDO, la eurodiputada del PSOE Rosa Díez confirmó ayer que abandona su partido y su escaño para trabajar «a tiempo completo» en la nueva formación auspiciada por la plataforma ¡Basta Ya! para las próximas elecciones. De ésta sólo supo decir que expondrá «con absoluta claridad» cuál es su posición «en las cuestiones fundamentales». Pero si de algo adolece de momento este embrión de partido es precisamente de una gran indefinición.

El único «banderín de enganche», calificativo que ayer utilizó Fernando Savater para referirse a la incorporación de Díez, es hasta el momento la personalidad de quienes lo avalan. Se supone que aquellos ciudadanos que habitualmente estén de acuerdo con las opiniones de Savater o Díez podríanse sentir atraídos por el nuevo partido. Pero no es lo mismo predicar en los medios de comunicación que dar trigo en forma de compromisos electorales. Además, el filósofo ya ha aclarado que él no tendrá un cargo dentro de la formación, siguiendo así la estela de los intelectuales que capitanearon el proyecto de Ciutadans en Cataluña.

El nuevo partido, aún sin nombre, parece destinado a ocupar el espacio que en un tiempo fue del CDS o, mejor aún, de aquel PSP de Tierno Galván, con un corte izquierdista e intelectual pero cuya españolidad estaba fuera de toda duda.

Con su calculada ambigüedad, los promotores pretenden apelar al mayor número posible de ciudadanos, pero su definición «progresista» y sus previas afinidades políticas indican que su ambicionado vivero de votantes está en la izquierda desilusionada con la gestión del Gobierno Zapatero pero incapaz de votar al Partido Popular. Sin embargo, podrían encontrarse con la sorpresa de encontrar apoyos entre los desencantados del PP, como es el caso del diputado popular vasco Fernando Maura, quien ayer barajaba el cambio por lo que considera la «deriva a posturas derechistas» de su actual formación.

Por eso, el surgimiento de este partido es indicativo tanto de la debilidad del PSOE para articular un proyecto claro de izquierda constitucional para toda España como de la incapacidad del PP para ampliar de forma convincente su espacio hacia el centro izquierda. Además, el comportamiento de los populares respecto a los Estatutos valenciano y andaluz podría dar a algunos ciudadanos motivos para inclinarse por un partido menos dispuesto a las concesiones con la estrategia del PSOE y su visión fragmentaria del Estado.

En un sistema proporcional como el nuestro, no debe resultar extraño que surjan partidos bisagra, y por una vez es de agradecer que lo haga uno con perspectiva nacional y no nacionalista, una vez que IU ha renunciado a ese papel. Ahora bien, es precisamente también nuestro sistema electoral el que pone muy difícil a esta nueva fuerza obtener un espacio representativo en el Parlamento. Quizá su principal papel sea servir de acicate pasajero para que los dos grandes partidos nacionales reflexionen sobre sus debilidades. Pero incluso para eso tendrá que dejar de limitarse a nadar entre dos aguas y ofrecer un programa que vaya más allá de los personalismos.


El Gobierno acepta la guía de Educación para la Ciudadanía de un sector de colegios católicos/ A ver como se educa así para la ciudadanía



El Gobierno acepta la guía de Educación para la Ciudadanía de un sector de colegios católicos

El libro, impulsado por la patronal mayoritaria, la Fere, indica cómo se debe enseñar la asignatura

ROBERTO BENITO

MADRID.-
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, reiteró ayer que el Gobierno va a permitir que los colegios católicos adapten la asignatura de Educación para la Ciudadanía a sus criterios educativos, «de acuerdo con los principios de pluralidad, flexibilidad y autonomía de los centros». Cabrera ya comunicó la medida el pasado mayo a la Federación de Religiosos de la Enseñanza (Fere), la patronal mayoritaria de los colegios de orientación católica del país, como informó EL MUNDO.

Conocedora de que la Fere prepara una guía que sirva a centros de enseñanza y profesores para impartir la asignatura de acuerdo a «la visión cristiana», la ministra, lejos de las duras declaraciones realizadas por ella misma antes del verano -«quienes no estudien Educación para la Ciudadanía no obtendrán el título»-, afirmó en la cadena Ser que la materia «podrá impartirse» en los centros católicos, que decidirán «qué profesores dan la asignatura y con qué libros de texto».

El Ministerio confirmó poco después, en declaraciones a este periódico, que se permitirá a estos colegios utilizar la guía de Fere, porque «no contradice los principios de la asignatura». A cambio, la Federación, que aglutina a casi 2.000 centros en España, acepta la materia.

Su presidente, Manuel de Castro, explicó ayer que en sus colegios «se impartirá de manera totalmente adecuada al carácter propio y a la doctrina de la Iglesia».

Según dijo, la guía, que todavía está en preparación, complementará los temas de Educación para la Ciudadanía, aportando en cada uno de ellos la opinión de la Iglesia y «facilitando una bibliografía alternativa que incluya la visión cristiana» de todos los puntos que toque la materia.

La Federación es la primera organización cristiana que acepta la asignatura, aunque sea con matices. Los centros adscritos a la Fere no se opondrán a ella, recomendarán a los padres que no presenten objeción de conciencia y les explicarán que se enseñará de acuerdo a los principios cristianos.

Gracias a esta concesión, el Ministerio espera que el nivel de hostilidad hacia esta disciplina se rebaje considerablemente. La propia Mercedes Cabrera sugirió ayer, en la misma entrevista, que «no habrá muchas objeciones de conciencia». Asimismo, aseguró que la disposición de algunos colegios católicos a impartir la asignatura demuestra que no hay ninguna imposición por parte del Gobierno.

Por esta razón, pidió a todos los padres que han elegido objetar que recapaciten, porque «lo único que pretende» la materia «es formar ciudadanos responsables en un sistema democrático». «Si alguien entiende que atenta contra la libertad de alguien no puedo comprenderlo», dijo.


LAS CLAVES DE LA MATERIA

Inminente implantación. Desde mediados de septiembre, 200.000 alumnos de 3º de la ESO de 3.500 colegios serán los primeros en recibir clases de Educación para la Ciudadanía.

Comunidades pioneras. Siete autonomías han elegido comenzar a impartir la asignatura: Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura. Las demás esperarán hasta el año que viene.

Temas polémicos. El objetivo del Gobierno era enseñar «valores». La mayor parte del temario de la materia se refiere a los valores democráticos, la solidaridad, la paz o el medio ambiente. Son otros, como la familia o las relaciones sexuales, los que han sembrado la polémica y han provocado la oposición de miles de padres.


El resto de grupos cristianos rechaza y critica el acuerdo

MADRID.- Todas las organizaciones que se han opuesto desde el comienzo a Educación para la Ciudadanía criticaron ayer la decisión de Fere, rechazaron que la guía solucione el problema que plantea la asignatura y anunciaron su intención de seguir movilizándose contra ella.

Entre estos grupos están la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), la Confederación Católica de Asociaciones de Padres (Concapa) o el Foro de la Familia. Todas seguirán promoviendo la objeción de conciencia a la materia y apoyando a los padres que interpongan recursos en contra de ella.

«Las asignaturas que tienen que ver con los valores no se pueden imponer, deben ser voluntarias. No objetamos contra los centros, ni contra los libros de texto ni contra las guías. Objetamos contra la asignatura tal y como está planteada», explicó el presidente de Concapa, Luis Carbonel, según informa Servimedia.

Según el Foro de la Familia, ya se han presentado al menos 15.000 objeciones en centros escolares, la mayor parte de ellas en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Una cifra que plantea una «situación complicada», como dijo ayer la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Frente a declaraciones anteriores, la ministra admitió que las objeciones suponen un problema desde el punto de vista jurídico, ya que no existe un desarrollo legislativo de la objeción de conciencia.

EL REVES DE LA TRAMA
A ver cómo se educa así para la ciudadanía

Por JUSTINO SINOVA

Un libro titulado Educación para la Ciudadanía, obra de tres profesores (Carlos y Pedro Fernández Liria, y Luis Alegre Zahonero), ha despertado tanta atención en algunos medios este verano que, espoleado por la curiosidad y en situación propicia para perder alguna que otra hora, yo también caí en sus páginas. Y digo bien caí, porque su lectura produce el efecto de un batacazo en quien espera encontrar argumentos lógicos y sensatos para la escuela en el siglo XXI.

Lo que pretende el libro, sobre todo, es desprestigiar el sistema económico de la democracia liberal para reivindicar, a estas horas, el sistema comunista, olvidando sus resonantes fracasos. En esa dirección utiliza multitud de argumentaciones. Reproduzco dos de ellas que dan idea de lo que se trata:

- La primera, contra el capitalismo: «Cada 30 o 40 años se mata a casi todo el mundo y después se convocan elecciones. Esta forma de educar a la ciudadanía ha sido, hasta el momento, suficientemente eficaz para que los votantes eligieran como dios [en minúscula] manda. Y así es como el capitalismo ha logrado ser compatible con la democracia durante periodos a veces relativamente largos» (p. 238).

- La segunda, en pro del comunismo: «Ni una sola vez se le ha permitido ensayar si podía ser compatible con la democracia [pese a que duró 70 años en la URSS]. Cada vez que ha habido una oportunidad para que (...) funcionara como tubo digestivo por cauces democráticos y parlamentarios (...), el capitalismo ha decidido aliviar sus dolores de estómago bombardeando el parlamento, haciendo reventar la democracia con el antiácido de la CIA, la OTAN, (...) el apoyo paramilitar y paraperiodístico de las grandes corporaciones que dominan los medios de comunicación, todo un ejército de periodistas que han evitado estar en paro a fuerza de convertirse en mercenarios» (p. 208).

Con ser esto tan sorprendente, el lector encuentra muchos más motivos para el pasmo. Daré otros ejemplos: la Declaración de Derechos Humanos «no es más que un papel mojado que unas cuantas ONG se dedican a pasear por aquí y por allá» (p. 120); «el capitalismo hace imposible que el derecho funcione bien» (p. 136); «ningún Estado ha mostrado jamás una eficacia totalitaria tan potente y tan profunda como el propio sistema capitalista» (p.151); «ante los ojos atónitos del planeta y la rabia sin límites de los dueños del mundo, en Venezuela se está emprendiendo una verdadera revolución [para] obligar a los poderosos a comportarse como meros ciudadanos» (p. 172); «bajo el Gobierno sandinista, en Nicaragua se dio lo más parecido a una democracia que se había podido contemplar jamás» (p. 198).

No sé si este libro tendrá éxito en los colegios, pero con que tenga alguno ya será de preocupar. He aquí una consecuencia de la introducción apresurada y a las bravas por el Gobierno en los colegios de la asignatura Educación para la Ciudadanía, un cauce para la presión ideológica sobre los niños, que muchos padres están rechazando entre coléricos y escandalizados. Dentro de unos días, en siete autonomías comenzarán las clases de esta malhadada asignatura, para la que hay textos razonables y también, como se ve, textos ideológicos que buscan la formación de una mentalidad política. Es lógica la preocupación por esta maniobra, que lesiona la libertad de educación y la libertad ideológica que reconoce y protege la Constitución. Hasta ahora el Gobierno ha hecho oídos sordos a las justas protestas de los padres. Pero aún está a tiempo de evitar lo que, más que un error, es un gran abuso.


ETA País Vasco: Rosa Díez: 'Me voy del PSOE para defender el socialismo en libertad'/ Rajoy: Su marcha demuestra que ZP "no es persona de fiar"/ ANV



LA CARRERA ELECTORAL / «Si hay que optar entre el partido y los ciudadanos, los ciudadanos son lo primero», asegura / El PSE la acusa de «deslealtad» e «incoherencia» y dice que defendía con más intensidad «las tesis del PP»
Rosa Díez: 'Me voy del PSOE para defender el socialismo en libertad'

Su antiguo partido la acusa de «deslealtad» e «incoherencia» y de trabajar para el PP

MARCOS IRIARTE

BILBAO.-
Lo lució por última vez en público, aunque insistió en que «siempre» será socialista. La hasta ahora eurodiputada del PSOE Rosa Díez, con el carné rojo en la mano y parafraseando a Pablo Iglesias, explicó ayer que si ha decidido poner punto y final a 30 años de militancia no es porque haya dejado de creer en sus ideas sino, precisamente, para poder defenderlas «en libertad».

Ya no puede hacerlo, según lamentó, en el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero. Con él discrepa en cuestiones de calado como la política antiterrorista o el modelo de Estado y, aunque hasta ahora se ha limitado a defender «exactamente lo que pone en el programa del partido», finalmente ha llegado a la conclusión de que su esfuerzo estaba siendo «inútil».

«Me voy porque ha llegado un punto en el que considero inútil seguir defendiendo las ideas tradicionales del PSOE y las de su último programa, el que llevamos a las elecciones, desde dentro del partido», explicó Díez. «Es ya algo incompatible», sentenció.

Y es que, a sus ojos, hay mucha diferencia entre lo que la actual dirección del PSOE le pedía que hiciera y lo que ella prometió a los ciudadanos que haría si le daban sus votos. La disyuntiva ha terminado: «Si hay que optar entre lo que te exige el partido que obedezcas y lo que te has comprometido a defender cuando pediste el voto a los ciudadanos, los ciudadanos siempre son lo primero».

Se va pero no del todo. Al menos, no tiene ninguna intención de abandonar la arena política en la que lleva toreando tres décadas, y se embarca ahora «a tiempo completo» en el trabajo que la Plataforma Pro -impulsada por varios integrantes de la iniciativa cívica ¡Basta Ya!, entre ellos el filósofo Fernando Savater- realiza desde hace unos meses para constituir un nuevo partido nacional.

El proyecto le apasiona, confesó ayer Díez. Participar en la creación de una formación «inequívocamente nacional, en cuanto a la española se refiere, que no tenga hipotecas ni complejos» es algo que le ilusiona y que considera «necesario», a la vista de la oferta actual.

Sobre a quién pretende disputar los votos este nuevo partido es un debate en el que Rosa Díez no quiso entrar: «Los votos no son de nadie, aunque algunos dirigentes políticos piensen que son patrimonio suyo [...]. Serán los ciudadanos los que decidan si hay espacio o no».

Tampoco aclaró si ella «liderará» ese nuevo partido -su dirección y filosofía se presentarán públicamente en Madrid el próximo 29 de septiembre-, pero dejó claro que sus ideas, como hasta ahora, seguirán siendo las mismas: las socialistas.

Y como lo quiso dejar claro, Díez no dudó en sacar de su cartera su manido carné de militante del PSOE; un carné del que dijo no se piensa desprender nunca, aunque ahora haya abandonado el partido y devuelto su acta de europarlamentaria por sentirse «incapaz» de defender la estrategia de sus actuales dirigentes. «Yo sigo teniendo en mi mano, como ellos, un carné, que es el carné del PSOE. Por supuesto, no lo voy a romper nunca porque es un carné histórico, mucho más que el presente del partido», añadió.

Y dijo más: dio la vuelta a su enseña socialista y leyó ante la prensa unas palabras del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que para ella simbolizan «lo que hay que hacer siempre» cuando se es verdaderamente socialista: «Somos socialistas, no para amar en silencio nuestras ideas, ni para recrearnos con su grandeza ni con el espíritu de Justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes».

Al actual secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al resto de la cúpula del partido, Rosa Díez les quiso lanzar un mensaje: «Un partido es un instrumento al servicio de los ciudadanos, no es propiedad de sus dirigentes ni tan siquiera de sus afiliados. El PSOE es mucho más que su actual dirección, que las direcciones que le han precedido y las que vendrán en el futuro; el PSOE es toda su historia».

Por su parte, el dramaturgo Albert Boadella y el periodista Arcadi Espada, fundadores de la plataforma que dio lugar a Ciutadans (C's), ofrecieron ayer su colaboración a ¡Basta Ya! y apostaron por su alianza con C's de cara a las próximas elecciones generales.

En declaraciones a Europa Press, Boadella dejó claro que todavía es muy pronto para opinar, pero ofreció su ayuda al futuro partido, que le interesa fundamentalmente desde el punto de vista «cívico», ya que no es político de oficio, sino artista, subrayó.

Editorial en página 3


Un partido de izquierda que mira de reojo a la derecha

Como si se tratara de la representación de la estrategia de su nuevo partido, Rosa Díez mostró ayer el carné del PSOE reafirmando una y otra vez su condición de socialista mientras miraba de reojo al lado derecho de la sala. También ayer Fernando Maura, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Vitoria, reveló que baraja la posibilidad de dejar el PP y sumarse al nuevo proyecto político que auspicia ¡Basta Ya!

Rajoy dice que la marcha de Rosa Díez demuestra que «el presidente Zapatero no es una persona de fiar»

Asegura que su sucesión está «muy lejos»

RAFA BURGOS

ALICANTE.-
El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que su sucesión al frente del partido está todavía «muy lejos», en la que era su primera intervención tras las declaraciones de Manuel Fraga, en las que recomendaba a los partidos políticos que estuvieran preparados para las renovaciones.

De hecho, en el diccionario particular de Rajoy, la palabra sucesión empieza por la zeta de Zapatero. Al menos, ése es el mensaje que quiso trasmitir ayer desde Alicante a todos los que últimamente se han preocupado por su futuro al frente del partido, tras las declaraciones realizadas por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y por el propio Fraga.

Rajoy se mostró rotundo ayer cuando afirmó que la búsqueda de un nuevo líder «es algo que debe preocupar al presidente del Gobierno, el señor Zapatero, cuando pierda las elecciones generales» del próximo mes de marzo. Para él, el asunto todavía queda «muy lejos».

El jefe de la oposición visitó ayer en Alicante las instalaciones del complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz y asistió a la presentación del equipo español que participará en la Volvo Ocean Race, la Vuelta del Mundo de Vela. En su comparecencia ante los medios, organizada en un plató de cine, trató de ocultar bajo una capa de silencio -«no hay comentarios»- su opinión acerca del revuelo levantado por Fraga, quien señaló en una entrevista la necesidad de que los partidos políticos estén preparados para la sucesión.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, acabó por asumir su papel de protagonista principal de la película popular.

El líder es él y la única prioridad que encuentra en su agenda es «elaborar un programa electoral y seguir ejerciendo la oposición» hasta que se celebren los próximos comicios. Además, avanzó que comenzará a preocuparse por la elaboración de las listas del Partido Popular, en cualquier circunscripción, «al día siguiente en que se convoquen las elecciones».

Esta estabilidad hace innecesaria, a su juicio, la convocatoria de una convención política en enero. Rajoy también puso firme a todo el que quisiera atacarle por ese flanco: «Desconozco que se vaya a organizar alguna convención del partido en enero», manifestó el líder popular. «Yo, al menos, no tengo previsto asistir a ninguna», zanjó.

También se refirió Rajoy a la marcha de la eurodiputada socialista Rosa Díez a las filas de un partido impulsado por ella misma, el filósofo Fernando Savater y la plataforma cívica ¡Basta ya! En opinión del presidente del PP, la decisión de Díez «revela que el presidente Zapatero no es una persona de fiar». Rajoy señaló que su máximo contendiente en las urnas «ha dicho que España es un concepto discutido y discutible», y le recriminó que no crea «que preservar la igualdad de todos los ciudadanos» sea algo prioritario.

Para Mariano Rajoy, la clave de una buena política «es la previsibilidad». «Cuando las instituciones son previsibles y de fiar», explicó el presidente del PP, «se generan inversiones» y se garantiza la gobernabilidad. A su juicio, el funcionamiento del Gobierno socialista se ha basado en todo lo contrario.

Según indicó, el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero «ha ido a bandazos». «El presidente del Gobierno ha puesto todo patas arriba», un panorama que hace zozobrar el proyecto del PSOE y que provoca que «haya gente que abandona el partido y monta otro».

Pese a que no quiso pronunciarse sobre la nueva propuesta política nacida de los movimientos antinacionalistas vascos, sí se refirió al último atentado de ETA en Durango, que espera que «haya convencido al Gobierno de que la única apuesta sensata y razonable es la derrota de la banda terrorista».

Rajoy reiteró su voluntad de apoyar «incondicionalmente» al Ejecutivo central, aunque alertó de que «no basta con hacer discursos grandilocuentes», ya que «lo único que hace daño a ETA son los hechos».

Y, para empezar, propuso dos actuaciones que le parecen urgentes. La primera, que todos los partidos democráticos «rompan los acuerdos que tienen en los municipios vascos con la marca de Batasuna, ANV»; la segunda, que el Gobierno «ponga en marcha la ilegalización» de este partido.

El regreso al terrorismo activo de ETA es uno de los dos acontecimientos políticos «más importantes del verano». El otro, es «el deficiente funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña», que definió como «intolerable» y que ha conseguido que «los ciudadanos de Cataluña hayan sido maltratados» por una administración que no ha estado «a la altura de las circunstancias».

El líder de la oposición sigue preguntándose cómo es posible que «con los cortes de luz, los atascos en las carreteras» y las deficiencias ferroviarias padecidas por Cataluña durante estos últimos meses, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, «aún no haya sido capaz de asumir sus responsabilidades» y conserve «el apoyo del presidente del Gobierno». La única respuesta que se le ocurre ante este interrogante es «la ineficacia» del Ejecutivo socialista.



ENTRE EL MAR Y LA LUZ.

El líder del PP, Mariano Rajoy, visitó ayer en Alicante las instalaciones del complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz y asistió a la presentación del equipo español que participará en la Vuelta del Mundo de Vela. En las dos fotos superiores, el dirigente del primer partido de la oposición desembarca tras haber seguido de cerca los entrenamientos de los dos barcos españoles. En las dos imágenes inferiores, Rajoy en la Ciudad de la Luz y jugando a un futbolín con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

Rodolfo Ares: «El tiempo pone a cada uno en su sitio»

MARCOS IRIARTE

BILBAO.-
No se puede decir que en la sede central del PSE-EE sientan la marcha de una política con la trayectoria de Rosa Díez. Más bien al contrario, ya que, desde hace tiempo, su presencia era más incómoda que otra cosa para la cúpula de la formación de Patxi López. Ayer lo dejó claro el secretario de Organización y portavoz del PSE, Rodolfo Ares, quien no dudó en describirla como una persona «desleal» e «incoherente» al entender que llevaba tiempo defendiendo con más intensidad «las tesis del PP» que las de su propio partido.

«Es la crónica de una salida anunciada», apuntó Ares con semblante serio tan sólo unos minutos después de que Díez confirmara en Bilbao que abandonaba el partido.

El portavoz del PSE compareció para aclarar que a nadie en su formación ha «sorprendido» la decisión de la hasta ayer eurodiputada socialista ya que, según lamentó, «hace tiempo que venía atacando las tesis del PSOE y defendiendo las del Partido Popular». «Lo relevante es que su salida no se haya producido antes», añadió.

Ares consideró que la trayectoria de Rosa Díez en los últimos años, con críticas constantes a todas las iniciativas emprendidas por el PSOE y por el PSE, especialmente en materia antiterrorista, «confirman» su «deslealtad» e «incoherencia política y personal», como también lo confirma, a sus ojos, el hecho de que en los últimos meses, todavía dentro del PSOE, Díez haya estado «trabajando para constituir otro partido».

«El tiempo pone a cada uno en su sitio», advirtió el socialista vasco. Ante la anunciada intención de Díez de seguir defendiendo las tesis socialistas en su nueva etapa política, lejos del PSOE, Ares se limitó a decir que cada uno «puede explicar las decisiones personales como considere oportuno».

ANV rechaza de nuevo firmar una declaración de condena a ETA

Los 'abertzales' de Orio exigen en un texto alternativo «un nuevo marco democrático» - Se niega a reprobar el secuestro de una familia

ELENA P. IRIARTE

VITORIA.-
ANV eludió ayer expresamente condenar las acciones de ETA al negarse a avalar con su firma una declaración en la que el Ayuntamiento de Orio reprobó el secuestro de una familia de la localidad para robarle la furgoneta con la que pretendía perpetrar un atentado y que hizo explotar en Castellón. La formación presentó un texto alternativo en el que mostraba su «solidaridad» con los afectados y se manifestaba en contra de «todas» las iniciativas que «vulneren los derechos civiles y políticos». Pedía, además, «un nuevo marco democrático».

El nuevo rechazo a condenar a ETA se produjo en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces convocada por el alcalde, Jon Redondo Lertxundi (PNV), quien sometió a la consideración de los grupos un texto de repulsa en que se acusa a ETA de haber «vulnerado gravemente los derechos humanos de una familia inocente» y se califican las acciones de la banda de «sabotaje a la democracia».

En esta primera reunión, ANV reclamó que le dieran tiempo para analizar el documento, y lo utilizó para preparar un escrito alternativo que, después, el resto de grupos rechazaron incluso debatir.

También los socialistas presentaron su propia declaración, aunque finalmente la retiraron para adherirse a la propuesta por el alcalde, que salió aprobada con los votos del PNV, EA, EB-Aralar y los socialistas, mientras que la formación abertzale optaba por abstenerse. Tras la reunión, el primer edil denunció que Acción Nacionalista Vasca no hubiera sido «capaz» de condenar los hechos.

Negociación política

En su declaración, ANV lamentaba que la ruptura de la «negociación política» entre el Gobierno español y ETA haya arruinado «la esperanza de la sociedad vasca», lo que ha propiciado que «se siga con la grave situación anterior». El partido atribuye a continuación a estas circunstancias el secuestro de una «familia de Orio que había ido a pasar unos días tranquilos con su hijo pequeño».

El escrito proponía que el Ayuntamiento mostrara su «solidaridad» a los afectados y, al mismo tiempo, defendiera que «la solución a la vulneración de los derechos civiles y políticos» deberá venir siempre por vías «políticas y democráticas». Y «para que eso ocurra, reivindicamos la necesidad de un nuevo marco democrático», añadían los ediles de ANV en su declaración.

En otro punto del texto, la formación reclamaba a «todos los agentes» que impulsen de nuevo «la negociación política entre ETA y el Gobierno» con el objetivo de dar una solución al «conflicto».

Frente a esta resolución, la aprobada por el Consistorio lamenta que desde que ETA rompió el alto el fuego «se han visto golpeadas las esperanzas de paz de la sociedad vasca» que «teme de lo que es capaz» la banda terrorista. «Y ya estamos sufriendo una situación crítica», añade.

Tras mostrar su solidaridad con la familia secuestrada, los grupos firmantes critican que la banda terrorista ETA haya «despreciado de nuevo el deseo de la sociedad vasca» y haya «vulnerado gravemente los derechos de una familia inocente».

PNV, EA, EB-Aralar y PSOE condenan también «todas las acciones que vulneren los derechos humanos» y expresan su «firme apuesta» por «el diálogo, los principios democráticos y el respeto al deseo de paz de la sociedad vasca».

Un diputado vasco baraja dejar el PP

BILBAO.- El parlamentario del PP vasco Fernando Maura baraja dejar su partido por su «deriva del centro a posturas derechistas» y sumarse a la Plataforma Pro impulsada por ¡Basta Ya! para constituir un nuevo partido.

Maura afirmó que siente que «no quieren contar con él» y que existe una «estrategia de marginación bastante evidente».

En declaraciones a Europa Press, Maura, afiliado y parlamentario al PP por Vizcaya desde los años 90, aseguró que lleva «algún tiempo» sopesando la decisión que pueda adoptar en relación con su trabajo político.

Maura, que fue secretario general del PP del País Vasco, recordó que lleva trabajando en la «órbita» de este partido desde el año 1982 y que fue director de campaña de las elecciones autonómicas de 1990.

El parlamentario del PP afirmó que, entre las razones que existen, se encuentra la «deriva que está tomando el PP».

«Todo lo que fue la presidencia de José María Aznar, fundamentalmente, hasta el año 96, en que se ganan las elecciones y, desde del año 96 hasta el año 2000, responde a un PP claramente centrista. Yo, como liberal, he de decir que me sentía satisfecho con la deriva del partido y me sentía útil porque lo que yo estaba planteando tenía una acogida positiva dentro del partido y formaba parte de un equipo dirigente en cada una de las circunstancias», agregó.

El parlamentario del PP vasco indicó que, al referirse a esa «deriva hacia posturas más de derechas», hay que hablar más de «tendencias que de personas». Maura apuntó la segunda legislatura de mayoría absoluta del PP como el inicio de esa «deriva», que se «acentuó» tras la pérdida de las elecciones.

La Policía envía a Asuntos Internos a los agentes que investigaban el chivatazo a ETA/ El SUP acusa al Gobierno



La Policía envía a Asuntos Internos a los agentes que investigaban el chivatazo a ETA

Tras llegar, denunciaron por negligencia a dos miembros de la unidad, que han sido sancionados - Estos investigadores, que aún no han aclarado el soplo, indagaron también la trama de extorsión

FERNANDO LAZARO

MADRID.-
En plena ebullición. La olla de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía está alcanzado su máximo grado de temperatura. Nadie se fía de nadie. La sensación de que los integrantes de un grupo están investigando a los de otro que trabaja pared con pared con ellos se acrecienta cada día más. Las chispas aguardan impacientes por saltar. Y todo desde que hace apenas un trimestre llegaran desde la Comisaría General de Información seis funcionarios que ahora forman un mismo grupo.


Antes de llegar a la sede central de la Unidad de Asuntos Internos, estos agentes estuvieron destinados en Información, entre otros dispositivos, en las investigaciones que se llevaban a cabo desde la Audiencia Nacional contra el entramado de extorsión de ETA. Pero también fueron los encargados, primero por el juez Grande-Marlaska y después Garzón, de investigar el llamado chivatazo policial a ETA. El inspector que se hizo cargo de estas pesquisas es ahora uno de los jefes de brigada de Internos.

Las investigaciones policiales sobre el chivatazo no han llegado a ninguna conclusión. Todas las incógnitas siguen abiertas. Las sospechas siguen centradas en funcionarios que participaron directamente en las pesquisas sobre la trama de extorsión etarra. Fuentes policiales recordaron que entre los mismos funcionarios que intervinieron en esas pesquisas se encuentran los mismos agentes que ahora están en Internos y que investigaron sin éxito el chivatazo. No son pocos en Información los que sospechan que entre los propios investigadores del chivatazo están los autores de la delación.

Estas mismas fuentes recuerdan que fue el juez Grande-Marlaska quien puso al frente de estas pesquisas al inspector que ahora dirige un grupo en Internos, después de haber apartado de las investigaciones sobre el chivatazo al que fuera comisario general de Información, Telesforo Rubio.

El temor a la actuación de este grupo dentro de Internos ha provocado más de un roce con otros grupos. En concreto, hace algo más de un mes, dos grupos de Asuntos Internos estaban desarrollando una operación conjunta y coordinada por sus superiores contra varios agentes de los que se sospechaba que blanqueaban dinero. Cada grupo realizaba el seguimiento telefónico de varios de los números de los investigados.

Pero se produjo un apagón en los sistemas informáticos de la Unidad de Asuntos Internos. Ese apagón duró varias horas lo que provocó que las escuchas telefónicas se vieran paralizadas por razones técnicas. A las pocas horas de que el sistema volviera a funcionar y se comenzaran a recuperar los datos, uno de los grupos presentó un informe a la superioridad dando cuenta de lo que consideraban fallos en las vigilancias por parte de los integrantes del otro grupo que trabajaba con ellos en el mismo operativo. En concreto, informaban de que los sospechosos habían tenido una cita pero que no se había podido realizar ningún dispositivo, ya que los miembros del otro grupo no habían dado cuenta de ello, no se habían percatado.

Los datos sobre esa cita se registraron justo en el momento en que se produjo el apagón, por lo que los responsables del grupo no pudieron tener la información en tiempo real y tuvieron que esperar a que volviera la luz para recuperar los archivos informáticos con el contenido de esas conversaciones. Para cuando los recuperaron, la cita de los sospechosos ya se había producido.

Pero la gran pregunta que está en el aire de la Unidad de Asuntos Internos es cómo los integrantes del otro grupo habían sabido que se iba a producir esa cita y que se había frustrado si el seguimiento de esos teléfonos no estaba bajo su responsabilidad. Y la hipótesis que se baraja soto voce es que los integrantes del grupo denunciante tienen bajo vigilancia a los integrantes del grupo denunciado. El choque está servido. Pero, para adornar aún más el caldero con el guiso en ebullición, resulta que los integrantes del grupo que ha dado parte contra sus compañeros son los antiguos funcionarios de la Comisaría General de Información.

Asuntos Internos, considerada como una de las unidades de elite de la Policía, está en plena crispación. La comisaría Ana María Arias, jefa de esta unidad desde noviembre, y su segundo, Miguel Angel Gómez, adoptaron finalmente medidas disciplinarias contra dos funcionarios por no haber escuchado los datos telefónicos de la cita, pese a que el sistema estaba caído. Ambos fueron expulsados.

El SUP acusa al Gobierno de manipular las cifras de criminalidad

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusó ayer al Gobierno de «manipular» las cifras de criminalidad en los últimos tres años ocultando así la subida de cinco puntos que ha sufrido la tasa de delincuencia en España. «Conviene saber que los métodos rigurosos y fiables del tratamiento estadístico que el Gobierno se comprometió a crear no existen y que se sigue produciendo manipulación estadística, la misma que con el Programa Policía 2000, sin que en esta materia hayamos avanzado nada», reza una nota del SUP.

El sindicato mayoritario equipara la «manipulación» actual a la que se producía con el proyecto policial del Partido Popular a principios de la década.

En su nota, denuncia que, al menos, con el Gobierno del PP contaba con «fuentes» que le permitían realizar sus propias estadísticas y que éstas han sido «cegadas» por el actual Gobierno. A esto hay que añadir que el miembro de la Ejecutiva del sindicato que, una vez recibidos esos datos, elaboraba las estadísticas, José Antonio Rodríguez, trabaja ahora como asesor del secretario de Estado de Seguridad.

Asimismo, el SUP denuncia que la política de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se basa en enviar a los agentes a identificar a dos grupos de ciudadanos: los de las minorías raciales, para llevarlos a comisaría e identificarlos, y los jóvenes que puedan estar consumiendo drogas en la vía pública. «Esta es la gran estrategia que, como era de esperar, está fracasando», se concluye en la nota.

Entre los motivos del fracaso de esta estrategia «ridícula» se encuentran, según el SUP, «el agravio salarial» que sufren los miembros del Cuerpo Nacional de Policía frente a otras Fuerzas de Seguridad y la falta de medios materiales.

Respecto a esto último, denuncia que el nuevo uniforme que pretende la Dirección no es el adecuado, que el arma reglamentaria es «antigua y defectuosa», que faltan más de 3.000 vehículos y que las dependecias policiales son «cochambrosas», así como que los medios de investigación y operativos «no existen» y el uso de elementos de autoprotección, que se pagan los propios policías, no están reglamentados.

Cataluña Tripartit: El PP denuncia el giro nacionalista del PSC por su apoyo a la selección de fútbol sala



El PP denuncia el giro nacionalista del PSC por su apoyo a la selección de fútbol sala

Daniel Sirera asegura que buscan «la independencia deportiva para Cataluña y enfrentarse con España» y lamenta que la necesidad de votos maniate al Gobierno

AMADEU GARCIA

BARCELONA.-
La participación de la selección catalana de fútbol sala en el Mundial paralelo de Mendoza, que se inicia hoy mismo en Argentina, suscitó ayer diversas reacciones de diferentes partidos políticos. Especialmente, dada la fuerte inyección económica que ha recibido este año la Federación Catalana de Fútbol Sala, reconocida internacionalmente por una confederación paralela a la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. Daniel Sirera, presidente del Partido Popular en Cataluña, denunció, en declaraciones a este diario, el fuerte giro nacionalista del Partido de los Socialistas de Cataluña en los últimos tiempos. «Actualmente, el PSC es la principal fuerza nacionalista del tripartito», denunció Sirera.

Para el máximo dirigente del PP catalán, «no es de recibo que la Generalitat subvencione una selección deportiva catalana para que pueda enfrentarse con España». Sirera aseveró que el Gobierno español se encuentra atado en esta situación, porque «no sólo necesita los votos de ERC para poder gobernar, sino porque también es el propio PSC el que impulsa la Plataforma Pro Seleccions, de forma que no puede ir en contra de lo que dice su propio partido». «Incluso, la propia Generalitat cede de manera gratuita a la Plataforma una sede cuyo alquiler superaría los 10.000 euros mensuales», agregó.

«Buscan cualquier rendija para conseguir su objetivo: independencia deportiva para Cataluña y enfrentarse con España. Buscan a nivel deportivo lo que no pueden conseguir a nivel político», aseveró Sirera. «El Consejo Superior de Deportes, si fuera serio, debería recordar que la representación internacional en las disciplinas bajo su competencia corresponde sólo a España, no a las comunidades autónomas. Pero como el Gobierno necesita los votos de PSC y de ERC, se encuentra maniatado», reiteró.

Desde Ciutadans, su presidente, Albert Rivera, acusó a Montilla de preocuparse más por el deporte que por la Educación o la Sanidad. «A Montilla le importa más el Mundial de Fútbol Sala que la educación de los escolares catalanes, pues miles de ellos empezarán las clases en las próximas semanas en barracones», se lamentó Rivera en un comunicado en el que denunciaba la, en su opinión, elevada subvención recibida por la Federación Catalana de Fútbol Sala, de 116.000 euros. «Las listas de espera en Cataluña para muchas operaciones quirúrgicas son de más de cuatro meses y medio. Alguien debe acabar con la política de este Govern de destinar dinero a cuestiones identitarias al margen de la legalidad establecida», recalcó.

En cambio, desde las filas de Iniciativa y CiU se lamentaba la polémica desatada. «Es una pena que en España todavía nos escandalicemos por el hecho de que una selección deportiva catalana participe en una competición internacional», se lamentó el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera.

Josep Maldonado, secretario de Deportes de CiU, expresó su deseo de que los partidos de la selección catalana se «normalicen» tras la «criminalización» de PP y PSOE en Madrid.

Por su parte, la secretaria de Deportes de la Generalitat, Anna Pruna, aseguró que el actual modelo de representación deportiva debe someterse a revisión. «El monopolio no existe. No podemos seguir con una mentalidad de hace 40 años».

«Tal y como actualmente no dependes sólo de Telefónica para llamar por teléfono, por ejemplo, el deporte debe seguir el mismo camino. El hecho de competir con selecciones con estado demuestra que las catalanas están vivas», sentenció.

Un vocal del CGPJ intenta unir a CiU y a ERC en un foro independentista

BARCELONA.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU Alfons López Tena es uno de los principales promotores del Fòrum pel Dret a Decidir [Foro por el Derecho a Decidir], una corriente de debate que intenta acercar posiciones entre la federación nacionalista y ERC con el objetivo puesto en la independencia de Cataluña.

López Tena es el encargado de recabar apoyos entre los simpatizantes y afiliados al partido que dirige Artur Mas, mientras que el acercamiento a las filas republicanas corre a cargo del escritor Héctor López Bofill. Mientras buscan adhesiones, los impulsores de la nueva mesa soberanista surgida en Cataluña ya han elaborado el manifiesto que será su carné de identidad, y que vincula el caos en las infraestructuras sufrido este verano en Barcelona y Tarragona con la dependencia de Cataluña respecto al Gobierno central.

López Bofill explicó ayer en una entrevista en TV3 que para lograr la independencia resulta necesaria la suma de esfuerzos de CiU y ERC y añadió que se ha optado por lanzar esta plataforma ante la situación de «crisis y decadencia» que vive Cataluña. Asimismo, explicó que los integrantes de este foro están por crear «una mayoría social» que haga posible la independencia de Cataluña, y subrayó que no cierran la puerta a ICV al entender que esta formación no renuncia al derecho a la autodeterminación.

El diputado musulmán del PSC pide el voto para los inmigrantes

SANTANDER.- El diputado del PSC en el 'Parlament' de Cataluña Mohamed Chaib Akhdim abogó ayer por un cambio en las políticas relacionadas con la inmigración y señaló que «no es normal que, a estas alturas, tres o cuatro millones de inmigrantes no tengan derecho al voto», al tiempo que pidió que este colectivo pueda decidir «cómo quieren que sean sus ciudades y barrios». «En esto, los musulmanes tenemos mucho que decir», apostilló, recordando que en España vive un millón de inmigrantes de origen musulmán.

Chaib reclamó la «normalización» de la población musulmana, algo en lo que «queda mucho camino por recorrer», dentro de una perspectiva de trabajo diferente a la que se emplea en la actualidad, que se remonta a hace 15 o 20 años, cuando la proporción de inmigrantes musulmanes en España era «menor». Chaib, que acudió junto a la directora general de la Casa Arabe, Gema Martín Muñoz, a un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, apuntó la necesidad de un «esfuerzo» en el acercamiento a los imanes que imparten su doctrina en España para convertirles en «interlocutores».

Martín Muñoz enfatizó el derecho a la «igualdad de todos ante la ley», lo que para ella implica «el ejercicio a su fe y a su culto». Además, defendió la construcción de mezquitas en España como una muestra «positiva de integración y transparencia» y lamentó las reacciones «muy negativas» que se producen en ocasiones cuando se plantea erigir estos templos

Inmigración, delincuencia, sucesos:



«Somos europeos pero la Policía nos trata como animales»

Cientos de rumanos duermen en la calle frente a una comisaría madrileña para conseguir el certificado de ciudadanos de la UE

ANA DEL BARRIO

MADRID.-
No, no están en el poblado de las Barranquillas ni en el pueblo humilde de Bolntinu, cercano a Bucarest, ni tan siquiera en un suburbio de París. Se encuentran en pleno centro de Madrid y en uno de los barrios más acomodados de la capital: el de Salamanca.

Son ciudadanos europeos, aunque se sientan tratados peor que en el Tercer Mundo. Su sino es guardar cola, una fila eterna en busca del preciado papel que certifica que son ciudadanos de la Unión Europea. Aunque, vistas las cosas, son muchos los que ahora se preguntan: ¿para esto hemos entrado en la UE?

Paradójicamente, haber colgado los hábitos de inmigrante para vestirse el traje de ciudadano europeo no les ha servido de mucho. Cientos de ciudadanos rumanos pasan las noches a la intemperie frente a la Comisaría de la Policía Nacional de la madrileña calle de General Pardiñas. A pesar de la avalancha de peticiones, el horario veraniego de la comisaría permanece inmutable: de 9 a 14.00 horas.

Es la madrugada del jueves y más de 200 rumanos se instalan a lo largo de la calle con colchones, mantas y los socorridos cartones. Algunos llevan desde el lunes chupando fila, tres días en los que han tenido que abandonar familias, trabajos y ocupaciones.

La espera no es lo único que tienen que aguantar, sino también los supuestos malos tratos de la Policía española. Por la mañana, según el testimonio de los rumanos, los agentes se emplearon a fondo y golpearon a varios de ellos por protestar por la tardanza. Los ánimos continúan aún caldeados y la indignación se palpa en cada metro cuadrado.

«Me empujó, me cogió de la blusa y me dio un golpe en la cabeza. Quería ponerme las esposas. Los policías nos llaman animales y nos dicen que somos unos muertos de hambre», se queja Olimpia, una joven de 20 años que trabaja en un restaurante. Los incidentes se iniciaron sobre las 13.00 horas del miércoles, cuando los rumanos que llevaban desde el lunes aguardando la fila, se mostraron indignados al ver que otros recién llegados se colaban.

Comenzaron entonces las protestas, los forcejeos y los empujones. Pero la situación estalló cuando una una chica hizo una fotografía con el teléfono móvil y los policías intentarno arrebatárselo. «Le querían quitar el teléfono. La tiraron al suelo y le pegaron patadas. Su madre y su marido saltaron para ayudarla y a ellos también les golpearon. Dos de los agredidos están todavía detenidos. Somos europeos pero la P olicía nos trata como animales», explica uno de los rumanos.

Para algunos, es ya el segundo o tercer intento para que les den el certificado de ciudadano de la UE que necesitan para trabajar y en sus ojos se vislumbra la incertidumbre por saber qué ocurrirá al día siguiente: «Es la tercera vez que vengo y no sé si entraré. Los funcionarios no nos dan ninguna información», se queja Dana. Ella ya solicitó los papeles en el mes de enero pero todavía, ocho meses después, no ha recibido respuesta. Por culpa de este retraso en tramitar el permiso que acredita que es residente legal, ha perdido su empleo en un bar.

Ardelean Ioan es el veterano de la cola. Hombre experimentado y organizado, ha hecho una lista detallada y numerada con todas las personas que figuran en la fila. Lleva apuntados 165 nombres, pero en poco tiempo han ido llegando otros 50, a los que hay que sumar los que se irán incorporando a lo largo de la noche.

Ardelean no es un desharrapado. Tiene papeles, contrato indefinido y hasta se ha comprado un piso en Alcobendas. Pero su situación acomodada no le exime de hacer la cola. Este rumano de 56 años no da crédito a lo que está pasando y le cuesta creer que en un país desarrollado y europeo como España se vivan escenas de este tipo: «Sólo pedimos respeto. Parece que hemos pasado del siglo XXI al XVIII», se lamenta.

Mariano, de 27 años, lleva aposentado en General Pardiñas desde el lunes. Ese día logró entrar, pero cometió un error fatal: se le olvidó un papel. La broma le ha costado dos días más de cola. Algunos no pierden el sentido del humor y cuentan chistes sobre que su mujer ya no se cree que vayan a pasar otro día en la comisaría. «En Rumanía no he visto algo así. Me siento como un vagabundo», relata Adrián, que acaba de cumplir 18 años y quiere trabajar.

Como él, miles de jóvenes rumanos emigraron a España en busca de un salario digno. El éxodo de estos ciudadanos a nuestro país ha sido imparable en los últimos años y los rumanos ya son la segunda colonia extranjera más numerosa con 525.000 empadronados.

Desde las ONG critican la imprevisión del Gobierno al no calcular las consecuencias que iba a tener la entrada de un colectivo tan numeroso en la UE. De hecho, los intentos por agilizar los trámites no han hecho más que entorpecerlos.

El Ejecutivo decidió suprimir la tarjeta comunitaria y, el pasado 2 de abril, entró en vigor un certificado de Ciudadano de la Unión Europea. Sin embargo, este certificado es una hoja de papel que no lleva ni foto ni huellas y que no sirve para acreditar la identidad del portador.

«Esto es de un país bananero. Es inconcebible que el Gobierno no haya aumentado las plantillas sabiendo la demanda existente. Mucha gente está cayendo en la irregularidad porque no le resuelven los papeles», critica Elena Román, portavoz de la Unión Hispano Rumana Dacia.

Salvamento Marítimo rescató a 25.375 personas en aguas canarias

LAS PALMAS.- Salvamento Marítimo rescató a 25.375 personas durante el año pasado en aguas de Canarias sin que se produjera ninguna víctima en estos rescates.

En un comunicado, Salvamento Marítimo defendió que su labor «no puede ni debe ser empañada por el trágico desenlace de una operación de salvamento, a pesar de que sea aprovechado por algunos para, desde el desconocimiento y también la malicia, alterando la realidad de los hechos, cuestionar lo que para casi todos resulta incuestionable», afirmó el organismo.

De esta forma, Salvamento alude a la querella presentada en la Audiencia Nacional contra dos de sus tripulaciones por el abogado Plácido Alonso Peña Fumero en nombre de un grupo de inmigrantes supervivientes de un naufragio ocurrido el pasado 19 de julio, al sur de Canarias, en el que murieron 88 'sin papeles', informa Efe.

La querella, cuya admisión a trámite está pendiente, mantiene que una de las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que acudió al rescate del cayuco, en el que viajaban 136 inmigrantes, golpeó la embarcación en su maniobra, lo que la partió en dos. Sus ocupantes cayeron al mar y muchos de ellos se ahogaron.

Los inmigrantes acusan a Salvamento Marítimo de homicidio imprudente por considerar que el rescate fue «negligente», según el abogado que los representa.

Salvamento Marítimo anunció, además, que la Organización Marítima Internacional ha premiado a sus tripulaciones de Canarias por su valor excepcional en la mar. Destaca que la mención concedida por esta agencia de las Naciones Unidas «viene a reconocer a escala internacional la extraordinaria y arriesgada labor de estos profesionales».

¡Aquí no hay quien se bañe!

La aparición de un tiburón obliga al cierre de varias playas en Murcia, después de cuatro días de mal tiempo

MURCIA.- Entre las medusas, el mal tiempo y ahora los tiburones, los veraneantes en la Comunidad de Murcia no ganan para disgustos.

Si la semana pasada el temporal dejó desiertas las playas de La Manga del Mar Menor, la aparición ayer de un escualo -coincidiendo con la vuelta del sol y el buen clima- motivó el cierre de varias de ellas.

Una aleta comenzó a desplazarse a gran velocidad en la playa de El Pedrucho. Poco después, los rápidos y ágiles movimientos del animal fueron avistados en el Arenal. Los escasos bañistas que había ayer a primera hora de la mañana, junto a los socorristas allí presentes, dieron la voz de alarma. No es que el pánico les invadiese, como en la película de Spielberg, sino más bien que la curiosidad se apoderó de ellos al ver un tiburón tan cerca de la costa.

Nada más comprobar que se trataba definitivamente de un escualo, se tomó la iniciativa, por parte de Fernando Postigo, técnico de Protección Civil de la zona, de hacer ondear la bandera roja en las playas por las que había pasado, con el objetivo de minimizar el riesgo para los bañistas -ya de por sí escasos, puesto que es infrecuente que este tipo de animales ataque a los humanos-.

En un principio se barajó la posibilidad de que pudiera tratarse de un tiburón marrajo, aunque, poco después, las autoridades dedujeron, en función del tamaño de la aleta del animal, que se trataba en realidad de una especie conocida como tintorera.

Cerca de las 14.00 horas se dispuso una embarcación, dotada de una red especial para tiburones, que contó además con la presencia de dos biólogos y dos oceanógrafos, para intentar capturarlo. Pero no fueron capaces; los constantes cambios de dirección del escualo y su gracilidad para desenvolverse bajo las aguas convirtieron la tarea, ya de por sí ardua, en imposible.

El posterior alejamiento del animal motivó que se reabrieran varias playas, a excepción de las de Pedrucho y el Arenal, que todavía continuaban cerradas al público al cierre de esta edición.

«Sólo intentamos compaginar la seguridad con el disfrute de las playas», argumentó Postigo, quien explicó que «no es algo excepcional, pero tampoco habitual, que los tiburones salgan tan cerca de la costa», informa Manuel Regalado.

Pero los veraneantes en Murcia no fueron ayer los únicos damnificados por el cierre de playas ante la alerta por la presencia de un tiburón.

La costa de Piles (Valencia) fue cerrada durante gran parte de la mañana y el mediodía de ayer a causa del avistamiento de un delfín -que en principio se pensó que era un escualo-. El ejemplar, muy joven y de medio metro de longitud, fue divisado por el conductor de una moto de agua, quien avisó a la Cruz Roja.

Al verse sólo la aleta del animal, se pensó en un principio que podía ser un tiburón. Tras corroborar que era en realidad una cría de delfín afectada por el morbilivirus -que causa en estos mamíferos una fuerte desorientación-, el grupo de miembros de la Cruz Roja y algunos bañistas lo acompañaron para evitar que acabara en la arena o perdido en alta mar, informa A. Bellver desde Valencia. A las 16.00 horas, los técnicos de la Generalitat Valenciana trasladaron al delfín al Centro del Saler, donde murió a las dos horas.

Culebrón del verano: Albertito Gallardón



Gallardón dice que ningún concejal le ha comunicado «su descontento»

CARMEN SERNA

MADRID.-
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que ninguno de sus concejales le ha comunicado «ni por carta ni de palabra, su disconformidad» por una posible falta de democracia interna en el Consistorio.

«No he leído ninguna declaración de ningún concejal mostrando su descontento, preocupación o disconformidad», aclaró el regidor quien sí reconoció que recibió, en el mes de julio, la carta del secretario de Distritos del PP de Madrid y concejal de Vallecas, Angel Garrido, recordándole que tiene que realizar una reunión de grupo cada mes, antes del Pleno. «Pero no era más que un recordatorio del reglamento de funcionamiento», aclaró.

Fuentes próximas al regidor insisten en que nadie ha manifestado su malestar durante las reuniones que se convocaron la legislatura pasada y no dan mucha importancia a la petición que ha realizado una docena de concejales de más democracia interna dentro del grupo municipal. «Siempre que un concejal ha pedido una reunión, por supuesto, siempre que se haya podido, se ha dado», aclaró.

El Gobierno municipal ha reconocido que, en los últimos cuatro años, se ha convocado a todo el grupo municipal 12 veces. El reglamento de los populares dice que los encuentros tienen que ser una vez al mes, como mínimo.

Ayer, preguntado Ruiz-Gallardón por si se iba a sentar con sus ediles cada 30 días, aseguró que «siempre que haya una necesidad o una petición por parte del grupo».

CRISIS ECONÓMICA: Prevén un «final abrupto» al crecimiento español/ El euribor se dispara/ El Experto



CAMBIO DE CICLO / Moody's teme «severas consecuencias» para España por la crisis crediticia internacional, y rebaja al 3,3% el crecimiento para 2007 / Standard and Poor's teme que el cambio en el país «no sea suave»
Las grandes agencias de riesgos prevén un «final abrupto» al crecimiento español

El tipo de referencia para las hipotecas sube al 4,6%, el nivel más alto en siete años - La UE alerta del aumento de los precios en alimentos básicos tras el incremento del 28% de los huevos en un año y del 75% de la harina desde abril

CARLOS SEGOVIA

MADRID.-
Moody's y Standard and Poor's, las mayores agencias mundiales de calificación de riesgo crediticio, coinciden en advertir de que el milagro económico español impulsado por el consumo nacional puede tener «un final abrupto». El ajuste podría producirse como consecuencia de la crisis de los mercados internacionales, unida al final del boom inmobiliario en España.

Ambas agencias mantienen al Reino de España con los mejores ratios de solvencia porque los datos son «todavía fuertes», pero no ven claro el futuro. En un análisis distribuido desde Londres, Moody's, prevé que la economía española crecerá en 2007 un 3,3%, frente al 3,9% de 2006. Y, sobre todo, alerta de que «la actual tormenta mundial del mercado crediticio es un riesgo clave para la economía y, si se produce un empeoramiento combinado con la excesiva dependencia del sector inmobiliario, puede tener severas consecuencias para la economía española». En opinión de la agencia, «la larga década de crecimiento económico por encima del resto de la zona euro impulsado por el consumo puede terminar con un final abrupto». De momento, el Euribor alcanza el 4,6% y se disparan los precios de productos básicos.

Esta década de mejor comportamiento que los principales países de la Unión Europea, situando a España con cifras incluso más saneadas que Alemania y Francia, es lo que se conoce en Bruselas como milagro económico español.

Pero Moody's alerta de que «el encarecimiento del precio del dinero y el aguado mercado inmobiliario están pesando ya tanto en las constructoras como en los hogares». De ahí la desacelaración, hasta ahora suave, que empieza a experimentar la economía nacional.

Por su parte, Standard and Poor's mantiene que los efectos de la crisis financiera, unido a la subidas de tipos de interés, encuentra en España «uno de los países en que los efectos se sentirán más rápidamente».

En un análisis distribuido desde Londres el pasado día 23, la agencia internacional resalta que «la economía española se encuentra en fase de transición desde un modelo, con el consumo y la construcción como principales motores, a otro más equilibrado basado en el comercio exterior y la inversión empresarial. Pero esta transición puede no ser suave y dependerá especialmente de lo que ocurra en el mercado de la vivienda y la construcción en los próximos 18 meses».

Los analistas de S&P no creen, en principio, que vayan a caer los precios de la vivienda en España en 2008, pero «los crecimientos sólo serán ya de un sólo dígito». No obstante, no las tienen todas consigo. «Los riesgos de caída de precios inmobiliarios no deben ser infravalorados», concluye.

Según otro informe de la misma agencia internacional, «el continuo y robusto crecimiento en la concesión de créditos, combinado con el aún fuerte sector de la vivienda, ponen en peligro las previsiones de crecimiento si se produce una fuerte corrección en los precios inmobiliarios, los tipos de interés o el empleo. El impacto de este alto endeudamiento sobre el consumo, unido a la débil competitividad exterior se está haciendo cada vez más evidente en el creciente déficit exterior del país, que puede alcanzar el 10% del Producto Interior Bruto en 2008». «La pertenencia de España al euro protege su economía de crisis convencionales de balanza de pagos, pero los datos muestran continuos y crecientes desequilibrios».

Estos mensajes contrastan con el optimismo mostrado el pasado miércoles por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y en días pasados, por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes. En su opinión, los últimos datos muestran «una suave desacelaración» que mantiene a España en una posición envidiable en la zona euro.

Moody's coincide en que, a pesar de todo, «la economía española es todavía una de las que más crecen en la zona euro y la más rápida de los cuatro grandes [Alemania, Francia, Italia y España]». S&P agrega que, siendo eso cierto, también lo es que continúa siendo «la menos próspera de los cuatro grandes» y que la pérdida de competitividad por su «obstinado diferencial de inflación» limita sus posibilidades de alcanzar a los otros tres en renta per cápita.

Aunque los augurios de las agencias de riesgo no son sagrados. La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró ayer en Japón, que éstas deberían asumir alguna responsabilidad por no haber alertado a tiempo de los riesgos de crisis por las hipotecas de EEUU. «Existe poca transparencia en las agencias de calificación. En la reciente crisis hemos visto que lo que obtuvo una mayor calificación resultó ser mucho mas inestable», dijo, según Reuters.

Por su parte, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se muestra como el más decidido a emprender reformas económicas de los grandes países de la UE. Ayer afirmó su voluntad de ir «mucho más lejos» en la flexibilización de la ley socialista de limitar a 35 horas el trabajo semanal y en la reforma fiscal. «Nos falta un punto de crecimiento para resolver nuestros problemas», declaró.

Editorial en página 3


Sarkozy elige a Ana Palacio para su comisión de liberalización

ASUNCION SERENA. Especial para EL MUNDO

PARIS.-
Nicolas Sarkozy lideró ayer la creación de la comisión para la liberalización de la economía francesa presidida por Jacques Attali, y que tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico de los principales males que sufre la economía gala.

La ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, es una de las personalidades solicitadas para formar parte de esta comisión que entregará su informe a finales del año, cuyos efectos «irán más allá de las fronteras francesas», como señaló ayer Palacio.

Jacques Attali es otra de las figuras «robadas» a la izquierda por Nicolas Sarkozy que ayer presumía ante la patronal de ser «el que mejor sabe explotar la riqueza de los socialistas». Attali, que fue un estrecho colaborador de François Mitterrand, ha reunido a 42 personalidades de competencias y orígenes diversos que con sus consejos acompañarán el camino de reformas económicas que ha emprendido Nicolas Sarkozy.

Economistas, sociólogos, demógrafos, sindicalistas y empresarios componen esta comisión de la que forman parte también siete expertos de origen extranjero. Además de Ana Palacio, están el ex ministro italiano socialista Franco Bassanini, conocido por una reforma que simplificó los procesos administrativos, y otro italiano, Mario Monti, que fue comisario europeo de las carteras de Mercado Interior y de la Competencia.

Nicolas Sarkozy pidió ayer a los «amigos extranjeros» una mirada «amistosa pero sin servilismos» para ayudar a Francia a convertirse en «uno de los países con más crecimiento y pleno empleo»; y justificó su presencia en la comisión afirmando que no es posible tener «una mirada exclusivamente francesa» en el mundo de hoy para resolver los problemas.


EL EXPERTO
Mucha resistencia

JOSE MANUEL OLLERO ARANGO

Si asumimos que los precios no suelen moverse en línea recta en ninguna dirección, podemos definir una tendencia bajista como una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes. Siguiendo esta definición y observando la evolución del Ibex 35 en las últimas semanas, no podemos dudar de que la tendencia que define el selectivo español es bajista.

Estas caídas se han frenado recientemente en entornos de 14.000 puntos. El problema al que nos enfrentamos es el de saber si las subidas de los últimos días son un mero rebote o si estamos asistiendo al reinicio de la tendencia alcista. En este sentido, comenzaríamos a tener señales positivas si el índice fuera capaz de superar los 14.480 puntos, ya que esto permitiría favorecer que una eventual reacción alcista sea sostenible más allá del muy corto plazo. Para poder alejar el riesgo de mayores caídas, es necesario que se superen, a nivel de cierre semanal, resistencias de 15.300 puntos. Cierres por encima de esa resistencia confirmarían un giro alcista, puesto que entonces ya podríamos distinguir de nuevo máximos y mínimos relativos ascendentes. En ese caso, lo más probable sería asistir a un impulso alcista adicional que muy probablemente llevaría al Ibex 35 a marcar altos históricos.

Mientras el selectivo se mantenga por debajo de los 15.300 puntos, se sugiere ser prudente puesto que no se podrá cancelar el riesgo de que un rebote sea vulnerable y a la postre marque un nuevo máximo relativo decreciente. Las primeras señales que advertirían de la continuidad de las caídas se tendrían con la pérdida de los 14.000 y 13840 puntos.

José Manuel Ollero Arango es director de análisis de Noesis A.F.


CAMBIO DE CICLO / La política de vivienda
«Solbes nos rechazó varias veces la desgravación fiscal para alquileres»

En las reuniones negociadoras con CiU a lo largo de esta legislatura, el vicepresidente rechazó la medida «por su difícil control»

CARLOS SEGOVIA

MADRID.-
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, admite ahora que «estudia» la propuesta del Ministerio de Vivienda de establecer desgravaciones fiscales para jóvenes, pero no es esa la posición que ha mantenido a lo largo de la legislatura.

En las reuniones negociadoras de los últimos años con Convergència i Unió (CiU) para lograr el apoyo de este grupo parlamentario a su reforma del IRPF y distintas leyes de Presupuestos, se mantuvo reacio. «Le hemos propuesto en varias ocasiones en esta legistura desgravaciones fiscales para inquilinos, al menos tres o cuatro veces, pero Solbes siempre nos dijo que no», aseguró ayer a este diario el portavoz economómico parlamentario de CiU, Josep Sánchez Llibre. «Alegaba que era de difícil control y que no serviría porque con los tipos de interés los españoles siguen prefiriendo comprar a alquilar».

Este diario no pudo contrastar ayer con fuentes oficiales del Ministerio esta versión de Sánchez Llibre.

En su opinión, «si Solbes admite la propuesta de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, estará cediendo a las políticas electoralistas del Gobierno, que cambia de opinión según le conviene».

Por una vez coincide con él el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, que se ha mostrado «muy sorprendido» por la iniciativa de la ministra catalana, porque su grupo también pidió a Solbes en su momento que incluyera esta misma medida en la reforma fiscal, petición que fue rechazada y que motivó el voto negativo de ERC a dicha reforma.

Las desgravaciones fiscales no han sido una prioridad del Gobierno hasta ahora. Al contrario. El programa electoral del PSOE para las elecciones del 14-M calificaba de «maraña» las deducciones existentes en la declaración de la renta y que era necesario simplificar el impuesto. En alquiler, apostaba más por ayudas directas que por desgravaciones. Posteriormente, el propio Solbes exponía en público su escepticismo (ver cuadro adjunto).

La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, considera que no hay contradicción, porque en el programa electoral se apuntaba también que sería necesario «equiparar la fiscalidad para compra y alquiler». En su opinión, la contradicción está en el Partido Popular.

El principal partido de la oposición ha criticado la propuesta de Chacón por estéril al ser «una gota de agua en el océano». La responsable socialista en Economía subraya que comunidades gobernadas por el PP aplican, dentro de sus competencias, deducciones por alquiler al inquilino y se ha pregunta por qué no quieren los populares que esta medida beneficie a todos los españoles. «Esto si que es una incoherencia y demuestra su falta de política territorial». Chacón presentó además su iniciativa como una recuperación de lo suprimido por el Gobierno de José María Aznar.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, se defiende asegurando que el PP no suprimió la desgravación fiscal en la vivienda de alquiler, sino que «lo que hizo fue transferir dicha desgravación a las comunidades autónomas».

La iniciativa de Chacón, destinada a los jóvenes, el voto más necesario para el PSOE en las próximas elecciones generales, continuó ayer despertando un vivo debate.

El sindicato Comisiones Obreras advirtió ayer de que si las deducciones fiscales al alquiler que estudia establecer el Gobierno no se vinculan a un precio máximo, los arrendamientos podrían encarecerse, ya que los propietarios de los inmuebles, al saber que sus potenciales inquilinos recibirían esta especie de ayudas, podrían decidirse a elevar los alquileres.

Según afirmó, en declaraciones a Europa Press, Luis Zarapuz, miembro del Gabinete Económico de CCOO y responsable de los temas de vivienda, el establecimiento de desgravaciones fiscales al alquiler podría ser una medida positiva, siempre y cuando la deducción se subsidiara a un alquiler máximo.

De lo contrario, avisó Zarapuz, esta iniciativa no tendría por qué favorecer el mercado del alquiler.

«Como medida de acompañamiento [las deducciones] estarían bien, si van topadas a un alquiler máximo. Pero si ésta va a ser la medida estrella en materia de alquiler, nos parece claramente insuficiente», manifestó Zarapuz, que insistió en que lo que se necesita es generar parques públicos de alquiler y arrendamientos a precios asequibles.

A la espera de que el Ejecutivo de Zapatero precise la «letra pequeña» de esta iniciativa y cuantifique la cuantía a la que ascederá esta deducción, el responsable de este sindicato recordó que esta medida precisaría además de un «encaje presupuestario» para su financiación.


TRES POSICIONES DESDE 2004

1. Pedro Solbes. «Las subvenciones a los inquilinos se trasladan automáticamente a un aumento de los precios, mientras no se demuestre lo contrario no son efectivas». (30 de marzo de 2006, en declaraciones al término del Consejo de Ministros)

2. PSOE. «Apostamos por un sistema de asignación de ayudas más justo y transparente. Se favorecerá la asignación de ayudas directas en detrimento de las desgravaciones fiscales (...) Se favorecerá en general la equparación fsical del acceso a la vivienda en forma de alquiler con la correspondiente a la vivienda en propiedad (...)La maraña de deducciones favorece en general a las rentas más altas» (Marzo de 2004, programa electoral del partido».

3. Carme Chacón. «Queremos recuperar las desgravaciones fiscales que el Partido Popular suprimió en los alquileres». (Rueda de prensa el día 28 pasado para presentar una guía del Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias).


«El PSOE sólo quiere conseguir votos y camuflar el problema»

La Asamblea por una Vivienda Digna protesta contra la dificultad de acceder a una casa y el abuso de los promotores

JULIAN GARCIA

MADRID.-
«Por una vivienda digna, contra la precariedad y frente a la especulación inmoral y salvaje». Son las tres consignas de la Asamblea que lleva tres meses y medio instalada en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid para alzar la voz contra la «imposibilidad de acceder a una vivienda» y denunciar a los políticos y promotores «por incumplir el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho de todo español a disfrutar de una vivienda», dicen sus componentes.

Uno de ellos es Josué Jiménez, un joven que denuncia las «medidas electoralistas» del PSOE, cuyo único propósito «es conseguir votos y camuflar el problema de la vivienda, que cada vez afecta a más gente». En su opinión, la solución «menos mala» es fomentar el alquiler y eliminar la propiedad, ya que «sólo crea riqueza para unos pocos a costa de la miseria de los demás».

Tampoco cree que la decisión de desfiscalizar la vivienda, una de las promesas estrella del PP si gana las elecciones, sea una buena herramienta para luchar contra la precariedad que existe actualmente. «Lo único que va a conseguir es volver otra vez al desenfreno en la construcción y otra subida abusiva de los precios. Va a ser un chollo para los promotores», dice Josué.

La intervención del Gobierno también parece ser otra de las posibles soluciones para facilitar el acceso a un piso digno: «Que acaben con los miles de pisos vacíos que existen en España y que grave a quienes tengan pisos sin utilizar, como se propuso en el País Vasco y Cataluña», añade Miguel Domínguez, otro de los integrantes de este colectivo que ha unido su voz en favor de este derecho básico.

«Lo más lamentable y mísero es que haya gente que está haciendo negocio con un derecho constitucional mientras otros están en la miseria», lamenta Jesús Hidalgo, un ex empresario que reconoce orgulloso haber dejado su negocio para unirse a esta causa.

La Asamblea por una Vivienda Digna juega ahora con el tiempo en contra. El rectorado de la Universidad Complutense les ha obligado a desalojar el campus, donde llevan instalados desde mayo, antes del lunes. «Pero vamos a luchar por quedarnos, sobre todo porque estamos haciendo la labor que no hace la Administración: ofrecer a todas las personas en situación precaria un techo, aunque sea de tela».


CAMBIO DE CICLO / Los arrendamientos
Para echar a un inquilino moroso hacen falta 18 meses

Los expertos consideran que el alquiler no acaba de despegar por la desprotección de los propietarios ante el impago de la renta


Deshacerse de un arrendatario que falla en sus compromisos económicos llega a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para el afectado.

El impago, según reza la Ley de Arrendamientos Urbanos, es motivo de resolución del contrato de alquiler. Pero, en la práctica, el propietario tiene que acabar por recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

Estos trámites requieren un tiempo precioso durante el que el casero no ingresa la renta, pero tampoco puede disponer del inmueble. Así, el proceso para lograr el desahucio de un inquilino puede requerir una media de 18 meses según revela un estudio elaborado por el despacho de abogados Alboreca.

Acuerdo verbal.

Antes de recurrir a la justicia, el arrendador suele intentar sellar un pacto con el inquilino para recuperar las mensualidades en el plazo y en la forma consensuadas. Desde el primer impago de la mensualidad hasta la presentación de la demanda transcurre de media ocho meses.

Presentación de la demanda.

El juicio posesorio, llamado habitualmente desahucio, está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene lugar en dos únicos supuestos: el impago de la renta o la expiración del plazo estipulado en el contrato de arrendamiento. Si se produce una de estas dos circunstancias, el arrendador podrá llevar a juicio verbal al arrendatario, para conseguir una sentencia que declare resuelto el contrato y obligue al inquilino a desalojar la casa.

Procedimiento judicial.

El procedimiento es muy sencillo y consta sólo de dos partes: demanda y contestación y vista ante el juez. Puesto que es muy difícil demostrar que no se ha cobrado, es necesario que el arrendatario presente pruebas que justifiquen el pago de la renta. «Lo más normal es que el inquilino no se presente a la vista y ni siquiera conteste a la demanda, por lo que la sentencia casi siempre es favorable para el demandante», explica Iñigo Villoria Rivera, abogado de Clifford Chance.

Resolución.

La complejidad jurídica del desahucio es nula, según este experto, pero tiene dos puntos especialmente problemáticos. Primero, el tiempo que se tarde en conseguir la sentencia, que suele oscilar entre los tres y seis meses aproximadamente. La segunda dificultad llega en el momento del lanzamiento del acto, es decir, el momento en que se hace efectiva esa resolución. En estos casos la intervención de un asistente judicial que notifique la orden de desalojo e, incluso, la asistencia de las fuerzas públicas pueden no ser suficientes para conseguir el propósito del demandante. Hasta que el moroso abandona la casa pueden pasar tres meses.

Las artimañas de los inquilinos para retrasar el abandono de la vivienda pueden hacer interminable este proceso. Es el caso, por ejemplo, de quien alega no tener dinero para costear la mudanza de los muebles, por lo que el traslado debería correr a cargo del propietario con los contratiempos que eso supone. En este sentido, Manuel Martí, abogado y secretario de la Asociación de Promotores de España, aboga por una «justicia privada» e indica que fórmulas como las verificaciones notariales de los pagos podrían agilizar el proceso para el afectado.

Con la sentencia de un juicio verbal por desahucio el arrendador sólo conseguirá que el inquilino abandone la vivienda, pero no que le pague las rentas atrasadas. Si ése es su propósito, deberá iniciar otro proceso judicial, en este caso ordinario.

«Por regla general, quien se arriesga a alquilar es quien tiene la casa pagada», subraya Celina Sáez, asesora jurídica de firma de intermediación inmobiliaria Remax.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), además, da al moroso el derecho de enervación. Es decir, paga durante el proceso las rentas atrasadas y se pone fin al proceso judicial. No obstante este derecho sólo puede hacerse en el primer proceso y siempre que no haya habido requerimientos previos por alguna otra vía que no sea la judicial.

Otro de los asuntos que retrae a los caseros para incorporarse al mercado del alquiler es la duración mínima por la que han de firmar el contrato de arrendamiento. Mientras que el dueño de una casa está obligado a alquilar por cinco años, el inquilino puede decidir el tiempo que residirá en el casa.

Si el dueño tiene que rescindir el contrato antes de esos cinco años, está obligado a indemnizar al inquilino a no ser que se hubieran recogido por escrito las causas de resolución.

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