En contra de lo que pretendía el abogado del Estado, el Constitucional no entrará a examinar si el Partido Popular ha sido o no coherente al impugnar preceptos del Estatuto catalán presentes en otros estatutos autonómicos contra los que no ha recurrido. Tras una ardua discusión, el Pleno del TC acordó el pasado jueves unir a las actuaciones, «sin más trámites», el escrito que la representación procesal del Gobierno presentó el 22 de junio comparando los estatutos de Cataluña con el andaluz y el balear y comentando los artículos más o menos semejantes que el PP impugna en el primero, pero no en los otros dos. El Constitucional se limitará a entregar a las partes una copia del escrito del Gobierno -como suele ser habitual-, pero sin abrir trámite alguno para alegaciones.
Antes de alcanzar ese acuerdo, el Tribunal rechazó el proyecto de resolución que sometió al Pleno la magistrada propuesta por el PSOE Elisa Pérez Vera, ponente del recurso del PP contra el Estatut.
Pérez Vera planteó que se concediese a las partes un plazo de 10 días para que pudiesen formular alegaciones sobre el escrito del Abogado del Estado. Ello hubiera supuesto un nuevo retraso en el comienzo de los debates sobre el Estatuto catalán, habría dado pie a la Generalitat de Cataluña a criticar la «incoherencia» del PP y hubiera puesto a los populares en el trance de tener que justificar su recurso contra el Estatut.
Dentro de dos semanas se cumplirá un año desde que el principal partido de la oposición, con 147 diputados en el Congreso, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. La impugnación fue admitida a trámite hace ya 10 meses sin que el Tribunal haya iniciado siquiera los debates sobre una norma que, mientras tanto, está siendo desarrollada por la Generalitat.
En el seno del Tribunal Constitucional se cree que existe un deliberado interés en retrasar la resolución del recurso del PP una vez que el grupo de magistrados más afín al Gobierno quedó en minoría tras el éxito de la recusación de Pablo Pérez Tremps.
La reciente presentación por parte del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, de un escrito que viene a poner de manifiesto la supuesta incoherencia del Partido Popular al no recurrir estatutos que contienen preceptos similares al catalán es interpretada en clave de táctica dilatoria que permitiría una política de hechos consumados; esto es, poner en ejecución los preceptos más controvertidos del Estatut antes de que se produzca el pronunciamiento del TC, condicionando con ello su eventual anulación.
Varios magistrados del TC albergan serias dudas de que sea este Tribunal, en su actual composición, el que dicte sentencia sobre el Estatut pese a las promesas de la presidenta, María Emilia Casas, de que sería un asunto «prioritario» dado que afecta a la propia configuración del Estado.
El TC ha empleado medio año en tramitar las recusaciones de los magistrados Pérez Tremps y Rodríguez-Zapata. Hasta el pasado 24 de mayo no decidió sobre la acumulación de todos los recursos formulados contra el Estatuto de Cataluña, acumulación solicitada por el PP y que fue denegada.
El 31 de mayo, los populares presentaron un escrito en el que anunciaban que, pese a estar en desacuerdo con esa decisión, no la iban a recurrir en súplica «para no demorar el procedimiento». El PP aludía a la «actitud obstruccionista y dilatoria» de la Generalitat y solicitaba que se diera a su recurso «la prioridad que le corresponde».
El 19 de junio, el TC dictó una providencia en la que acordó «unir a las actuaciones el escrito [del PP] y hacer entrega a las partes».
El 22 de junio, el abogado del Estado registró en el Tribunal un extenso documento de 75 folios en el que manifestaba que había comparado los preceptos del Estatut y los nuevos estatutos de Andalucía y de Baleares.«La finalidad de la comparación», decía, «es reflejar la igualdad o semejanza entre algunos preceptos del Estatuto catalán combatidos por los recurrentes con otros de los estatutos andaluz y balear, textos éstos que fueron apoyados en las Cortes Generales por los diputados impugnantes».
El abogado del Estado solicitaba que se diese traslado de su escrito, al PP «especialmente» y a las demás partes, «a fin de que la representación de los diputados recurrentes manifieste si mantiene la impugnación de todos los preceptos que figuran en su demanda de inconstitucionalidad o, por el contrario, desiste parcialmente de algunos de ellos (...)».
La iniciativa del Gobierno provocó el jueves un tenso debate de los 11 magistrados (todos menos Pérez Tremps, que no puede participar en este proceso), en el que la mayoría se opuso a que se diera cauce a la pretensión expuesta por el abogado del Estado.
Frente a la propuesta de abrir un trámite de alegaciones, otros magistrados mantuvieron que el TC debía limitarse a incorporar el escrito al procedimiento, sin ni siquiera acordar la entrega de una copia a las demás partes, como suele expresarse en las providencias mediante una fórmula ritual.
Finalmente, Ramón Rodríguez Arribas planteó una transacción por la que se acordó «unir a las actuaciones el escrito presentado por el abogado del Estado y hacer entrega de copia del mismo a las partes personadas, sin más trámite», según reza la providencia notificada ayer. Se trata de la misma fórmula empleada para contestar al escrito presentado por el PP el 31 de mayo, aunque con el añadido del inciso sin más trámite para remarcar que el traslado del escrito del abogado del Estado a las partes se hace a efectos de mero conocimiento, pero no de alegaciones sobre su contenido.
Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata presentaron un escueto voto discrepante en el que sostienen que «la petición del abogado del Estado de que los recurrentes desistan parcialmente de su recurso debió ser repelida de plano, tanto por ser procesalmente extravagante como por posibilitar una nueva dilación, indebida ya en este momento, dada la trascendencia de las cuestiones que plantea el recurso contra el Estatuto de Cataluña».
Carod: «Cataluña no esperará para desplegar el 'Estatut'»
Afirma que el Partido Popular debería retirar el recurso para no incurrir en una «discriminación» hacia los catalanes
JOAN HERNANDEZ
LLEIDA.- «El Gobierno de la Generalitat no se quedará sentando a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del Estatuto de Cataluña y lo continuará desplegando», según explicó ayer el vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira.
Tras visitar la Cámara de Comercio de Lleida, el número dos del tripartito catalán señaló que «la maquinaria de despliegue estatutario y el desarrollo de las ponencias para efectuar los traspasos no deben quedar frenadas, aunque determinadas modificaciones de leyes estatales tendrán que esperar a que pasen las elecciones generales de marzo».
Carod añadió que la legitimidad del Estatut se reafirmó al ser aprobado en referéndum por el pueblo de Cataluña, y, como muestra de su aplicación y vigencia, señaló la aprobación el miércoles en el Parlament de la ley que crea la Agencia Tributaria catalana. «No podemos hipotecar el futuro del país esperando una sentencia; hay que continuar actuando», añadió.
Respecto a la posición contraria al Estatuto catalán que mantienen los populares, Carod reclamó al líder del PP catalán, Josep Piqué, que trate de convencer a sus dirigentes nacionales del contrasentido que representa recurrir una treintena de artículos del Estatut que son idénticos a los del texto andaluz, el cual cuenta con el beneplácito del Partido Popular.«Tendrían que retirar el recurso presentado contra el Estatut para no incurrir en una discriminación negativa hacía Cataluña», afirmo el vicepresidente catalán.
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament y futuro candidato independentista al Congreso, Joan Ridao, dijo, por su parte, que no entiende «la reacción de los sectores españolistas» próximos al Partido Popular ante la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, cuando ésta «representa, hoy por hoy, sólo un simple cambio de placa» en el organismo de gestión de impuestos, aunque el propio conseller de Economía, Antoni Castells, dijo el miércoles que la norma «va más allá del Estatut».
Según Ridao, sorprende que estos sectores se «escandalicen» ante la aprobación, por parte del Parlament, de la Agencia Tributaria catalana, porque «es una ley que desarrolla estrictamente el Estatut».
En su opinión, esta «actitud sólo se explica por la proximidad de las elecciones generales, y su intento de continuar ganando votos en el resto del Estado a costa del Estatut».
En cualquier caso, consideró «positivo para Cataluña que los partidos del Govern y CiU hayan pactado la primera ley de desarrollo estatutario».
El Ejecutivo apoya el desarrollo del texto y se escuda en el criterio variable del PP
Fernández de la Vega minimiza la importancia de la creación de la Agencia Tributaria catalana López Aguilar arremete contra los 'populares'
FERNANDO GAREA
MADRID.- El Gobierno considera normal que se desarrolle el Estatuto de Cataluña aunque no haya sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y minimiza la importancia de la creación de la Agencia Tributaria autonómica.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, utilizó ayer el arma que el PP le ha dado cada vez que se trata de debatir sobre política territorial: las diferentes posiciones de los populares en cada reforma estatutaria.
El hecho de que el PP haya aceptado preceptos en Andalucía y en Canarias idénticos a algunos del Estatuto de Cataluña que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional proporciona al Gobierno y al PSOE munición política.
Por eso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera se escudó en esta diferencia de criterio del PP cuando se le preguntó por la Agencia Tributaria catalana creada esta semana. Así, se preguntó cómo «es posible que el PP lo acepte en Valencia y Andalucía y no en Cataluña».
Añadió que «es difícil de entender que para el PP haya ciudadanos de primera y de segunda. El PP tendrá que explicarlo y el Gobierno cumple siempre sus compromisos y respeta las leyes iguales para todos, se viva donde se viva».
Lo que no dijo Fernández de la Vega es que las competencias que puede tener la Agencia Tributaria catalana van mucho más allá de las que tendrán la valenciana y la andaluza. En concreto, estas dos últimas se refieren sólo a los impuestos cedidos, mientras que la catalana abre la puerta también a los que recauda el Estado.
No obstante, la ley catalana precisa todavía que el Gobierno central acepte la cesión de esas competencias. El Estatuto catalán prevé un plazo de dos años para que se busque un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, para que las agencias central y autonómica gestionen de forma concertada los impuestos no cedidos.
La vicepresidenta consideró normal la creación de la agencia autonómica y aseguró que «el Gobierno cumple con las leyes que han sido aprobadas por el Parlamento y respeta las decisiones de las comunidades, que cumplen también las leyes, y de sus cámaras legislativas».
Fernández de la Vega justificó también que el Estatuto se esté desarrollando ya sin esperar a la sentencia del TC, porque no existe la suspensión de leyes recurridas. De hecho el martes se reúne la comisión bilateral Gobierno-Generalitat.
También rechazó que se considere que el TC dilata la resolución. «El tiempo de la Justicia no es el tiempo de la política», dijo..«Discurso fariseo».
El hecho de que el PP apoye en Canarias artículos copiados del de Cataluña y que ha recurrido al TC, según denunció ayer EL MUNDO, sirvió para que el socialista Juan Fernando López Aguilar acusara a los populares de «discurso fariseo» y de «banalización de la Constitución».
El líder de los socialistas canarios aseguró a este periódico que el PP «se llena la boca de la Constitución, pero no cree en ella y ni se la ha leído».
El ex ministro de Justicia considera que esa situación ya se vio cuando tachó de inconstitucionalidad la descentralización del Poder Judicial y luego la aceptó en estatutos como el de Valencia, Baleares, Aragón, Andalucía y Canarias, y recurrió al TC la ley de matrimonios homosexuales y la de Igualdad. López Aguilar calificó de «estrategia reaccionaria» la actuación del PP, basada en impugnar ante el Constitucional todo lo que no se ajusta a sus posiciones.
El ejemplo del cambio de posición del PP es, según dijo, el hecho de que Mercedes Roldós, la diputada popular que tachó en la tribuna del Congreso de «nacionalsocialista» el Estatuto canario pactado entre el PSOE y Coalición Canaria, sea desde hoy consejera de Sanidad del Gobierno que preside el nacionalista Paulino Rivero. El socialista recordó la expresión «peinar al puercoespín» utilizada por Rajoy para referirse a la modificación del Estatuto catalán, para asegurar que ahora el PP cree posible hacerlo con el canario, por interés de poder en las islas.
Elorriaga acusa al Gobierno de «dilatar»
C. REMIREZ DE GANUZA
MADRID.- Los populares celebraron ayer como un éxito el que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite un escrito de la Abogacía del Estado relacionado con las presuntas contradicciones del discurso jurídico-estatutario de su formación.
En realidad, los miembros de la dirección del PP se mostraron convencidos de que la insistencia del Gobierno -a través de sus terminales jurídicas y mediáticas- de resaltar las pretendidas contradicciones del PP en materia territorial obedece, más aún que a su habitual estrategia política contra el principal partido de la oposición, al diseño de una operación deliberada y destinada a impedir que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el Estatuto de Cataluña en esta legislatura.«Una dilación injustificada en este momento, lo único que hace es perjudicar los intereses de todos los ciudadanos, los catalanes en primer lugar, que son los que tienen que tener cuanto antes la certeza de qué normas están o no en vigor», declaró en rueda de prensa el secretario ejecutivo de comunicación, Gabriel Elorriaga.«Es importante que el Gobierno deje de intentar dilatar la sentencia, como está haciendo, que deje al Tribunal pronunciarse libremente sobre el contenido del Estatuto y, con independencia del sentido de esas sentencias, creo que es bueno que cuanto antes tengamos la certeza de saber qué es constitucional y qué no», añadió.
Los populares defendieron la «coherencia» política sobre su posición respecto de los estatutos de Cataluña, Andalucía y Canarias, pero se mostraron algo más seguros en la mera discusión jurídica.
Así, el propio Elorriaga defendió la constitucionalidad del aún no aprobado texto estatutario acordado con Coalición Canaria, pese a que «determinados grupos de palabras» pueden «coincidir» con algunos artículos del Estatut recurridos por el PP ante el Constitucional.
El dirigente popular dijo que «cualquier estudiante de primero de Derecho» sabe que no se pueden leer los artículos de manera descontextualizada, como es el caso de los referidos al Tribunal Supremo, al que el texto canario confiere la competencia casacional que le niega el catalán.
EDITORIALES DEL DÍA
Un escrito presentado por la Abogacía del Estado -es decir por el Gobierno- en el que se pedía al Tribunal Constitucional un pronunciamiento acerca de si el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña es coherente con el respaldo de este partido a las reformas andaluza o valenciana disparó ayer las alarmas. Un diario gubernamental señalaba que el Constitucional había «decidido analizar» si el PP está siendo «incoherente» frente al Estatut, cuyo texto recurrió hace ya un año. No hace falta ser un experto en leyes para darse cuenta de que la petición del abogado del Estado era un despropósito desde el punto de vista procesal. Como insólito sería que el TC hubiera decidido analizar si la estrategia del PP es coherente o incoherente. 
El espectáculo ofrecido estos días en la Audiencia Nacional por Garzón, persiguiendo la comisión rogatoria de la juez antiterrorista Laurence Levert que por reparto había ido a parar al juzgado de Del Olmo, demuestra hasta qué punto el magistrado estrella trata de no dejar cabos sueltos del proceso de paz que pudieran incomodar al Gobierno. Como se recordará, tras la detención de dos etarras cerca de París que aseguraban ser interlocutores de la banda con representantes del Ejecutivo, Levert había solicitado información muy comprometida sobre los negociadores españoles. A partir de ese momento, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como Garzón hicieron piña para solicitar a Del Olmo que se inhibiera del caso. Argumentaban para ello que el Juzgado número 5 había procesado en su día a uno de los dos detenidos. No es la primera vez que el fiscal y Garzón actúan al alimón en circunstancias semejantes. Hace unos meses también corrieron a reclamar una querella contra ANV que había llegado a Grande-Marlaska. No estamos ante un problema de trasfondo jurídico, sino político, que se pone de manifiesto en la obsesión por evitar que cualquier asunto relacionado con la política antiterrorista pueda escapar al control de los jueces más alineados con las tesis del Gobierno. Ello podría dar lugar a preguntas incómodas, como las que ha planteado la juez Levert. Garzón ya ha dado muestras de qué puede esperarse de él en este terreno. Hace un año que tiene en sus manos el caso del chivatazo a ETA que impidió practicar detenciones en pleno proceso de paz y sólo hay silencio al respecto.
