Editorial: NEGROS NUBARRONES SOBRE BALEARES

EDITORIALES DEL DÍA
NEGROS NUBARRONES SOBRE BALEARES

La toma de posesión como concejales de los representantes del Bloc en Baleares la semana pasada puede dar idea de cuál va a ser la deriva del nuevo Gobierno autonómico. Muchos de ellos prometieron lealtad a la Constitución «por imperativo legal», alguno aprovechó la ocasión para reivindicar la «independencia» y, la que será futura concejal de Cultura de la capital, prometió el cargo «sin renunciar al derecho de autodeterminación». Lo primero que cabe colegir es que se va a producir un giro hacia posturas radicales, donde el discurso identitario volverá al primer plano. Ya se da por segura una apuesta por el monolingüismo (en favor del catalán) en la Educación.

Si en el periodo 1999-2003 fue un pentapartito el que se hizo cargo de las riendas, ahora será un hexapartito el que lo haga. Junto a los socialistas de Antich, hay que sumar al Bloc (integrado por Esquerra Unida, Els Verds y PSM), Unió Mallorquina y -la novedad- ERC, que por primera vez podrá intentar hacer realidad sus Países Catalanes desde un Ejecutivo distinto al de la Generalitat. La segunda previsión que cabe formular es la de la inestabilidad de un Gobierno batiburrillo, con intereses muy diversos y donde la menor desavenencia puede dejar al PP con mayoría en el Parlamento, en el que ocupa 29 de los 59 escaños.

Los agentes económicos han recogido con gran inquietud el pacto de Gobierno a seis bandas, no sólo por la experiencia de la conocida como legislatura de la ecotasa, que estancó la economía balear (pasó de crecer al 7% a moverse en el entorno del 0%), sino porque los anuncios realizados por los líderes de estas formaciones abonan el pesimismo. Habrá parón urbanístico, se echará el freno a las infraestructuras, habrá subida de impuestos (se anuncia un incremento del IBI para viviendas vacías) y se desestimarán o cambiarán algunos proyectos emblemáticos, como el de la creación del hospital de Son Espases, en Palma. La amenaza real de parálisis económica es la tercera consecuencia que hay que apuntar.

El hecho de que la persona que ha desequilibrado la balanza en favor de Antich, Maria Antònia Munar, esté imputada en dos casos de corrupción (el caso Piñata, por millonarias subvenciones otorgadas a sociedades de altos cargos de su partido, y el caso Can Domenge, por el pelotazo en la venta de una parcela singular para construir pisos de lujo) ha llevado a pensar que la dirigente de UM pretende buscar inmunidad en el PSOE. El caso es que su formación, con el 6% de lo votos y a la baja, es la que decide quién gobierna. De ahí el déficit ético con el que arranca el nuevo Ejecutivo.

Así pues, Baleares despide de la política a Jaume Matas, que obtuvo más de 14 puntos de ventaja sobre quien ahora será presidente, y abre las puertas a un Gobierno de corte radical, nacionalista, más inestable, cargado de incertidumbres y nubarrones en lo económico, y de sospechas de corrupción en el plano moral.

Querían paz, tuvieron indignidad

VIDAS PARALELAS: J. L. RODRÍGUEZ ZAPATERO / NEVILLE CHAMBERLAIN
Querían paz, tuvieron indignidad
PEDRO G. CUARTANGO

Nada hay más desalentador para una persona que crea en la libertad y la dignidad que asistir al triste espectáculo de un Gobierno democrático cediendo al chantaje de quien amenaza por la fuerza.

Esto sucedió en el Pacto de Múnich, en septiembre de 1938, y acaba de suceder en España donde el presidente del Gobierno aceptó ceder al chantaje de ETA a cambio de una tregua «permanente» que ha durado 14 meses.

Neville Chamberlain, primer ministro británico, cambió una paz que nunca tuvo por la entrega de los Sudetes a Hitler.

Zapatero también quería la paz y, para ello, accedió no sólo a una serie de vergonzosas concesiones sino además a entablar una negociación política con ETA.

Hay un paralelismo impresionante entre ambas actitudes: tanto Chamberlain como Zapatero creían ingenuamente que podían aplacar al monstruo mediante migajas. Pero el monstruo lo quería todo.

También el proceso negociador que el Gobierno ha mantenido con ETA guarda una extraordinaria similitud con la política de apaciguamiento de Chamberlain.

Tanto hace 70 años como ahora, Hitler como ETA utilizaron una mezcla de halagos y amenazas para obligar a ceder a sus interlocutores. La altura moral de Chamberlain queda retratada cuando accedió a transmitir las amenazas del dictador nazi al presidente Benes, mientras que la de Zapatero se pone en evidencia cuando acepta negociar el modelo de Estado con una banda terrorista.

Sin embargo, Chamberlain regresó de Múnich a Londres como un gran triunfador. «Traigo la paz de nuestro tiempo», fueron sus palabras. Es lo que pretendía Zapatero, pero le ha salido mal.

Hay también una gran similitud entre la reunión en la Casa Parda, sede de los nazis en Múnich, y el discurso de Zapatero del 29 de junio de 2006 en una sala del Congreso, lugares donde se escenifica la victoria de Hitler y de ETA.

En la Casa Parda, Daladier y Chamberlain firman el protocolo redactado por los colaboradores de Hitler ante la presencia de éste y de Mussolini. En el Congreso, Zapatero reconoce «el derecho a decidir de los vascos», una fórmula pactada con ETA como sucedáneo del derecho de autodeterminación.

Si se leen las actas de los tres encuentros entre Hitler y Chamberlain a lo largo de aquel fatídico septiembre, cualquiera se puede dar cuenta de cómo el afán de evitar la guerra llevó al primer ministro británico a claudicar ante las exigencias de un tirano que le despreciaba y le consideraba un cobarde.

Hitler combinaba sus habituales ataques de ira con una perversa seducción de sus víctimas. ETA actúa de la misma manera: promete que no seguirá matando si el Estado se pone de rodillas y se pliega a todas sus peticiones.

Cuando Chamberlain regresó a Londres sólo se pudo escuchar una voz crítica: la de Churchill. Entre los aplausos atronadores de conservadores, liberales y laboristas en el Parlamento, Churchill profetizó entonces: «Os han dado a elegir entre la indignidad y la guerra. Habéis elegido la indignidad, pero tendréis también la guerra». Zapatero ya tiene la suya con ETA.

Zapatero: ¡Un poquito de dignidad!

Zapatero: ¡Un poquito de dignidad!
ISABEL SAN SEBASTIÁN

¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación se experimenta leyendo las actas de esos encuentros mantenidos entre los representantes de un Gobierno democrático y una banda de mafiosos asesinos! ¿Se puede caer más bajo que arrastrarse ante unos terroristas y negociar con ellos el futuro político de esta nación soberana? Se puede y se hará, que nadie tenga la menor duda, a menos que las urnas lo impidan.

Sabíamos que ETA desvelaría todos los detalles de ese infamante proceso entablado con los emisarios de Zapatero en la clandestinidad, pero nunca pensamos que las cosas hubieran llegado tan lejos. Yo misma, que jamás otorgué la menor posibilidad de éxito a esta farsa, ni me fié de las intenciones que la inspiraban, me siento escandalizada ante la magnitud de lo que se nos relata: No sólo se garantizó desde La Moncloa impunidad a los delincuentes, atando de pies y manos a las Fuerzas de Seguridad (la Guardia Civil detuvo a dos etarras en todo el 2006), sino que se les pidió perdón por esas capturas, culpando de las mismas a ciertos «jueces que son instrumentos del PP», como Gómez Bermúdez, citado con su nombre y la consiguiente diana en la frente. No sólo se consensuó hasta la última coma del discurso con el que el presidente respondió al anuncio de tregua-trampa, sino que se acordaron en secreto un preámbulo y varios anexos al texto del pacto alcanzado, en los cuales los enviados de ZP reconocían la identidad propia de Euskal Herria, incluída Navarra, y el «derecho a decidir» (o sea, la autodeterminación) de sus ciudadanos, al margen de la legalidad vigente, susceptible de ser «modificada en el futuro, siempre en aras al objetivo últmo de que no sea una limitación a la voluntad del pueblo vasco». Y por si no fuera suficiente, se comprometió un pacto de Estado con el PP destinado a blindar los acuerdos suscritos, del que jamás se dijo nada a este partido.

El trilero Zapatero prometió lo que no podía cumplir. Mintió a propios y extraños. Puso la integridad de España sobre la mesa de negociación. Regaló más de dos años a la banda para rearmarse y regresar a las instituciones, donde obtiene recursos públicos e información. Y todo lo que responde ahora es que Gara no tiene credibilidad (¿Josu Ternera sí la tenía?) o ese mantra machacón e infantiloide que se resume en «y tú más».

Pero lo peor es que reincidirá. Lo dicen su gesto, sus silencios, sus palabras. En caso de que vuelva a ganar derogará la Ley de Partidos y consumará la rendición. Si algo ha quedado claro es que Zapatero ignora lo que significa dignidad.

El Gobierno ofreció un cambio en la Ley de Partidos pasadas las elecciones generales, según ‘Gara

El Gobierno ofreció un cambio en la Ley de Partidos pasadas las elecciones generales, según 'Gara'

BILBAO.- El diario Gara sigue con su particular relato pormenorizado sobre las negociaciones ETA-Gobierno, cuyos resultados han desembocado en el final del alto el fuego de la banda terrorista a principios del mes de junio. En el capítulo publicado ayer, el diario abertzale señala que ETA ya había advertido en junio de 2006, por carta, al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de la posibilidad de romper la tregua por la «vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos» entre ambas partes.

Otro aspecto significativo que apunta Gara es que, en una reunión en diciembre del pasado año, se discutió sobre la legalización de Batasuna y la Ley de Partidos y que los representantes del Gabinete de Zapatero propusieron modificar esta norma pasadas las elecciones generales, de tal manera que garantizaría «la participación política de la izquierda abertzale que actúe conforme a la legalidad».

Fue en una reunión a finales de junio de 2006 cuando, según la versión de Gara, los terroristas entregaron la misiva, destinada al presidente, en la que presentaban una lista de reproches al Ejecutivo por supuestos incumplimientos de los acuerdos previos que hicieron posible el alto el fuego. Entre ellos estarían los arrestos de miembros de la red de extorsión de ETA, algo que los representantes del Gobierno calificaron de «accidente importante».

Tres meses después, en septiembre, se produjo otro encuentro, dice el diario abertzale, en el que los etarras criticaron la declaración hecha por Zapatero el 29 de junio por no atenerse a los términos pactados. El Gobierno, por su parte, reprochó a los terroristas que prosiguieran con la kale borroka, la extorsión y la aparición de tres encapuchados armados en un acto en el monte Aritxulegi. El resultado fue la negativa de la banda a elaborar un comunicado que supusiera «un salto decisivo».

Más 'revelaciones'

Gara continúa hoy el serial que ofrece la presunta versión de ETA sobre la ruptura de la tregua asegurando que en marzo pasado el Gobierno ofreció a la organización terrorista la legalización de la izquierda abertzale y reactivar la búsqueda del acuerdo a cambio de que la banda emitiera un comunicado -tres meses después de la explosión en la T-4 de Madrid-Barajas que acabó con la vida de dos personas- en el que garantizase que no habría más atentados. En este encuentro, dice Gara, el Ejecutivo también ofreció la posibilidad de «abrir negociaciones en los dos carriles», es decir, «el político y el militar», a cambio de que «la izquierda abertzale» adaptase «los estatutos de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) a la Ley de Partidos» .

Esta reunión estuvo precedida de una carta de ETA dirigida en febrero al presidente del Gobierno, en la que la banda recrimina a Zapatero el «error» de dar por finalizado el proceso tras el atentado de la T-4.

11-M, por Luis del Pino: Zouhier en su laberinto

Zouhier en su laberinto
Luis del Pino

El farsante. Ayer presentó su alegato Antonio Alberca, el abogado de Rafá Zouhier, que se ha quejado de que la Fiscalía pida casi 40.000 años de cárcel para su cliente. Yo he de confesar que me parecen pocos. Por supuesto que estoy convencido de que Rafá Zouhier no tiene nada que ver con las explosiones de los trenes, pero también lo estoy de que este marroquí, antiguo colaborador de nuestros servicios del Estado, ha participado desde el principio, voluntaria y conscientemente, en la creación de esa mentira oficial con la que se ha querido tapar a los verdaderos autores de la matanza. Si algo llama la atención en la historia de Zouhier es la forma en que entra en escena: al día siguiente de los atentados, un juzgado de Alcalá que investiga un asunto de drogas interviene, a solicitud de la Udyco, el teléfono de Zouhier. Gracias a esa intervención «casual» efectuada el 12-M, el día 16 de marzo la Policía graba «casualmente» una conversación entre Zouhier y su controlador Víctor, de la UCO, en la que Zouhier habla de una forma bastante elíptica de los marroquíes y los asturianos. Tal vez haya alguien que se crea que esa casual intervención telefónica es posible. Yo no. No me creo que la Policía de Alcalá de Henares estuviera el 12-M para nada, excepto para la investigación de los atentados. No me creo que esa rápida salida a escena de la UCO del coronel Hernando responda a otra cosa que al deseo de centrar nuestra atención en un apetitoso cebo con el que alejar nuestra vista de los verdaderos responsables y hacernos mirar hacia Asturias. Resulta curioso que Zouhier, al igual que Trashorras en su primera declaración policial, no fuera capaz, en esas conversaciones interceptadas, de mencionar ni el apellido (Ahmidan) ni el apodo (El Chino) de ese culpable oficial al que, más tarde, dicen conocer tan profundamente. Zouhier no ha hecho otra cosa dentro del sumario del 11-M que decir lo que le han dicho que diga, que marear al juez Del Olmo con historias cada vez más demenciales, que ir avalando con sus teatrales declaraciones las sucesivas mutaciones de la versión oficial. Zouhier no ha hecho más que repetir la jugada que, ya anteriormente, efectuó para nuestros servicios del Estado: ingresar voluntariamente en la cárcel como infiltrado de una trama y prestar con ello un servicio a quien le paga. Si algo demostró Zouhier con su declaración ante el tribunal es que se trata de alguien sumamente inteligente. Y si algo ha puesto de manifiesto su actitud durante el juicio es que es un actor consumado. No sé qué cobrará cuando salga de prisión, pero, desde luego, su contribución a la ocultación de los verdaderos autores del 11-M es impagable.

11-M, por Victoria Prego: Pérfidas mujeres, ruina de cándidos varones

Pérfidas mujeres, ruina de cándidos varones
VICTORIA PREGO

El esquema se repite. Cada abogado inicia su discurso reclamando la nulidad de las actuaciones, diciendo que se ha vulnerado el derecho de defensa y anunciando recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo siguiente que sucede es que las conclusiones de cada uno de los letrados son casi idénticas: a día de hoy, y en opinión fundamentada de sus defensores, todos los acusados son inocentes. O inocentes absolutos, o inocentes relativos, con alguna fea cosilla en su haber por la que, en todo caso, deberían pagar con una leve condena. Son esas las empalizadas que, en su proceso anticipatorio de retirada estratégica, los defensores levantan sabiendo que ellos pueden estar pidiendo la luna pero que es altamente improbable que se la entreguen. Por eso anuncian desde ya que se conformarán con mucho menos,

Así que el interés de estas jornadas está en observar cómo el letrado de turno intenta sacar del atolladero a su defendido, colocado por acusadores y Fiscalía en el epicentro del grupo de asesinos que destruyó la vida física y psicológica de miles de personas.

Ayer eran dos las estrellas esperadas. Una, el abogado Antonio Alberca. La otra, el procesado Rafá Zouhier, un personaje histriónico y superlativo. Alberca defendió a su cliente con apresurado entusiasmo y con una dedicación profesional y hasta emocional que resultaron casi enternecedoras. En su afán por convencer al tribunal de que estábamos ante un chorizo de poca monta que ignoraba el terreno que pisaba pero que se convirtió en el faro y guía de los pasos de la Guardia Civil en la lucha contra el crimen, Alberca cayó en algunos excesos de interpretación que amenazaron a veces con echar por tierra el edificio argumental que tan trabajosamente puso en pie para sacar al confidente de su agujero.

El abogado subrayó los esfuerzos de su defendido por poner en bandeja la detención de 'El Chino', cosa que, de haberse hecho a tiempo, nos habría resuelto, efectivamente, la multitud de incógnitas que a día de hoy siguen vivas. Finalmente, el letrado presentó a Zouhier como un probo ciudadano víctima de los manejos policiales. Pero, por si acaso, se aplicó intensamente a deshacer la nueva y terrible acusación que le hace la Fiscalía: la de ser cooperador necesario del atentado, algo que, de admitirse, le situaría en lo más hondo de la sima penal.

Sin despliegue emocional pero con gran eficacia argumental y pertrechado de sólida munición jurídica, el abogado Andrés Arévalo hizo una impecable defensa de Hamid Ahmidan, primo de El Chino. El resultado de su esfuerzo será luego cosa de sus señorías pero, a veces, una piensa que algunos de estos inocentes de ocasión pueden acabar siendo declarados inocentes de Derecho.

Por dos veces, por dos, la perfidia femenina fue evocada ayer como razón de mucho peso. Una vez más, eternamente.

victoria.prego@el-mundo.es

11-M, día 53: La Guardia Civil «empujó» a Zouhier a la trama asturiana // Novia resentida // Zulo Morata //

JUICIO POR UNA MASACRE / Las conclusiones de las defensas / Día 53
La Guardia Civil «empujó» a Zouhier a la trama asturiana y «escondió su propia responsabiliad»

MANUEL MARRACO

Después del ex minero Trashorras, ayer fue el turno del también confidente Rafá Zouhier para arremeter contra unas Fuerzas de Seguridad que le metieron en el núcleo de la trama terrorista y allí le dejaron cuando llegaron los atentados. La diana de su abogado, Antonio Alberca, fue ayer la Guardia Civil.

MADRID.- Rafá Zouhier fue «empujado» por la Guardia Civil para relacionarse con la trama asturiana y luego presentado como culpable con «pruebas falsas» para «tapar la responsabilidad» del Instituto Armado, que no evitó el atentado cuando tenía información suficiente para ello.

Ése fue el tormentoso itinerario del confidente marroquí descrito ayer por su abogado, Antonio Alberca, que pidió al tribunal la absolución de su cliente o, como mínimo, que se le aplique la atenuante de haber colaborado con las Fuerzas de Seguridad. «Él ha cumplido. Ha sido un leal colaborador», dijo.

Esa frase rotunda llegó al final de su intervención, que se había iniciado dos horas antes sumando el nombre de Zouhier a lista de damnificados por el «da igual» de una fiscal que no sabe aún qué estalló. «Hoy en día no se sabe lo que ha explotado. Algunos peritos dicen que Titadyn. Pero dejémoslo incluso en empate. No se puede condenar por eso. A mi cliente se le está acusando por un explosivo determinado. ¿Cómo me dicen ahora que no importa?».

El propio letrado deshizo inmediatamente su propio empate. «Sólo una muestra válida. Sólo una muestra puede decirnos lo que explotó. Y explotó Titadyn».

Siguiendo de nuevo el camino del también confidente Trashorras, el abogado de Zouhier intentó sacudirse de encima la fatídica figura del colaborador necesario, que a ojos del Código Penal supone autor de los atentados. Hace unos días, la Fiscalía cumplió la amenaza lanzada durante la instrucción. Ha pasado de tenerle como simple colaborador a describirle como una figura «imprescindible» para que Trashorras y El Chino contactaran.

Por el contrario, Zouhier defiende que no fue él quien puso en contacto Asturias con Madrid. En la instrucción han surgido, dijo, varios candidatos a ejercer ese papel de presentador oficial. «Rafá sobra en esa relación».

Tampoco Zouhier era necesario para que los islamistas supieran que Toro y Trashorras vendían explosivos. «El Chino podía saberlo por mil vías, porque esta gente lo iba predicando», dijo Alberca, que recordó las confidencias, entre otros, de Nayo y Lavandera. «Por estadística, cuántos más habrá que lo sabían y no lo denunciaron».

«Fabulador y mentiroso»

La reunión en McDonald's de Carabanchel en la que supuestamente se negoció la venta de explosivos también tuvo su apartado. «Zouhier acude sólo para proteger a Trashorras porque le van a partir la cara porque no paga el hachís. Y se habla exclusivamente de hachís. Así lo han dicho todos menos Trashorras». El ex minero sí dijo que le pidieron explosivos, pero a él no hay que creerle porque, en palabras de los psiquiatras, es «un fabulador y fantasioso».

Su ímpetu en desacreditar las palabras de Trashorras casi le llevan a implicar a Zouhier en un robo a una joyería por el que aún no ha sido juzgado, lo que dejó a Zouhier con una sonrisa torcida.

El acusado se comportó ayer como no lo ha hecho durante el juicio. El presidente del tribunal ni siquiera tuvo que llamarle la atención. Muy serio y de brazos cruzados, escuchó a su abogado insistir en que, «si en el McDonald's se hubiera hablado de explosivos, habría avisado». «En cuanto ha dispuesto de información se la ha transmitido en tiempo real a sus controladores» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La unidad dirigida por el coronel Félix Hernando -«que está en la misma situación procesal que Zouhier», dijo en referencia al caso maletines- está en el origen y el final de la relación entre el marroquí y el 11-M. «La UCO le empuja a que tenga relación con esta gente. Él dijo todo lo que sabía, incluso entregó una muestra del explosivo. ¿Qué más tenía que saber Rafá? Sólo es un confidente, no un mentalista o un adivino». Aunque lo hubiera sabido, el abogado lo dio por inútil: «¿De qué hubiera servido otro aviso más de Rafá? De nada. Había múltiples avisos de todo el mundo y no hicieron nada».

Precisamente para tapar su propia responsabilidad, las Fuerzas de Seguridad «han tratado de fabricar pruebas para implicarle y enterrarle en miles de años de cárcel».

Por ejemplo con las periciales telefónicas. Y citó una que llegó al sumario poco antes del auto de procesamiento. Al final, dijo, el teléfono que había contactado con El Chino no era el de Zouhier. «Fue prueba fabricada, hecha a medida para condenar a Rafá».

«En este proceso hace falta ser superinocente, porque inocente no basta», dijo en referencia a la expresión con la que Zouhier se estrenó ante el tribunal.

El abogado también apeló a la lógica para exonerar al marroquí. «Si hubiera tenido la más mínima participación, no tendría lógica que avisara. Es que parece que Rafá Zouhier es también un esquizofrénico [como alega Trashorras]. Primero se entera de que Toro y Trashorras trafican con explosivos y los denuncia. Luego trafica con ellos. Facilita un atentado y luego va y lo denuncia. ¿Para que le pillen?», se preguntó. «Si él hubiera tenido cualquier conocimiento hubiera salido corriendo, no hubiera dicho que era Jamal Ahmidan. Habría dicho 'no sé, yo lo que he oído en Lavapiés es que ha sido Mohamed Mohamed Mohamed'».

Alberca no dejó asomar ni un atisbo de duda sobre la inocencia de su cliente. «Gracias a gente como Zouhier podemos dormir tranquilos. No es Zouhier el que tiene una deuda con la sociedad. Es la sociedad la que tiene una deuda con Zouhier», concluyó.

JUICIO POR UNA MASACRE / Las conclusiones / MOUHANNAD ALMALLAH
«No hay mayor fuerza destructiva que la de una novia resentida»

JOAQUIN MANSO

MADRID.- Sus «problemas con las mujeres» acabaron con él en la cárcel. La defensa del acusado Mouhannad Almallah tenía claro el objetivo: debilitar la credibilidad de la principal testigo de cargo que le incrimina, su ex compañera sentimental, presentándola como «una mujer despechada» por los líos de faldas por los que Mouhannad tendría una irresistible inclinación. Y, para el letrado Jesús Andújar, «no hay mayor fuerza destructiva que la de una novia resentida».

Para ilustrar esa fama de mujeriego, el abogado incluso se refirió a un episodio que tuvo lugar hace escasas fechas en la propia sala de audiencias, cuando Mouhannad mostró una nota a la esposa del letrado Juan Jesús Yebes, en la que le transmitía que estaba soltero e interesado en contraer matrimonio con su hija adolescente, que la acompañaba en aquella ocasión.

Andújar se empleó con vehemencia en su informe final. Tanta que, cuando después de 45 minutos de discurso concluyó pidiendo la libre absolución de su patrocinado, apenas conservaba el resuello. La Fiscalía solicita para Mouhannad, español de origen sirio que se afilió al PSOE un año después de los atentados, 12 años de cárcel por pertenencia a banda armada.

Andújar sostuvo que la mujer viajó a la Península con Mouhannad, con el que acababa de iniciar una relación. Según este relato, el acusado la abandonó, embarazada, tres meses después, aunque, por encontrarse en ese estado, su hermano Moutaz Almallah -imputado actualmente por Del Olmo- le permitió quedarse en el local de Virgen del Coro.

A partir de ese momento, ella «planteó siete denuncias judiciales sólo por odio personal», dijo Andújar, y se convirtió en confidente de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Madrid. En este papel, según el letrado, la mujer «se inventa una serie de elucubraciones alucinantes», que los propios responsables de la BPI calificaron como «informaciones aventuradas».

Entre los datos que aportó la mujer está que en el local de Virgen del Coro se efectuaban reuniones de adoctrinamiento yihadista en las que se exhibían vídeos «en los que podía verse a un tanque aplastando familias», cuando, según el abogado, sólo muestran sermones en la mezquita de la M-30.

Andújar recordó que el jefe del grupo de terrorismo islamista de la BPI había declarado que esas confidencias, que se iniciaron en enero de 2003, motivaron que el piso estuviese controlado día y noche y que, a partir de junio de ese año, las actuaciones estuviesen judicializadas en la Audiencia Nacional. El letrado hizo hincapié en que Mouhannad «tuvo pinchados los teléfonos y fue objeto de seguimientos y vigilancias» y de ello no salió nada. «La causa fue archivada», explicó.

«Todos los atestados policiales que ahora incriminan a mi defendido son un cúmulo de falsedades y elucubraciones», sostuvo, y añadió: «Fábulas, fábulas y fábulas».

Sí reconoció que el acusado tenía «malas amistades», como sus inquilinos Basel Ghalyoun y Fouad Morabit -llegó a proclamar que «su único delito fue ser su casero»-, El Egipcio -aunque insistió en que Cartagena no menciona a Mouhannad en ninguna de sus reuniones-, El Tunecino y su propio hermano Moutaz. De estos últimos dijo que habían tenido un buen motivo para «abandonarlo»: «sus problemas con las mujeres».

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ARGUMENTOS DE SU DEFENSA

Su ex compañera sentimental es una «mujer despechada» que «se inventa una serie de elucubraciones alucinantes» por «odio personal».

«Todos los atestados policiales que incriminan a mi defendido son un cúmulo de falsedades y elucubraciones. Fábulas, fábulas y fábulas».

HAMID AHMIDAN
«Nadie ha podido probar que construyese el zulo de Morata»

J. M.

MADRID.-
La defensa del acusado Hamid Ahmidan, primo de El Chino, mantuvo ayer en su informe final que «nadie ha probado que construyese el zulo de la casa de Morata de Tajuña», principal argumento que sostienen contra él las acusaciones para imputarle un delito de colaboración con banda armada. «Sólo se ha acreditado que trabajó allí entre el 10 de febrero y principios de marzo de 2004, y él dice que ya estaba hecho», continuó el letrado Andrés Arévalo.

Éste volvió a insistir en una cuestión controvertida: «A finales del mes de febrero, El Chino no le dejó entrar en la finca, alegando que había una familia con una mujer, y que ya le avisarían cuando pudiera volver. Este dato está comprobado por una conversación intervenida entre Otman Gnaoui y Jamal Ahmidan».

Arévalo presentó de forma pausada un alegato muy ordenado y fundamentalmente técnico, para el que se apoyó a menudo en citas jurisprudenciales y en el que se centró, sobre todo, en denunciar la supuesta vulneración de las garantías constitucionales en la obtención de las pruebas que incriminarían a su patrocinado, para el que pidió la libre absolución. La Fiscalía solicita para Ahmidan 23 años y seis meses de cárcel por colaboración con banda armada y tráfico de drogas.

En concreto, sobre este último delito denunció que el registro de su domicilio se había llevado a cabo sin la presencia del imputado, como exige la ley. La Fiscalía se escudó en su día en que en ese momento era necesaria su presencia en la inspección simultánea que se estaba realizando en Morata, ya que tenía las llaves, pero Arévalo razonó: «Lo necesario eran las llaves, no su presencia. ¿Quién tenía las llaves si estaba detenido?».

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ARGUMENTOS DE SU DEFENSA

«A finales de febrero, 'El Chino' no le dejó entrar en la finca, alegando que había una familia con una mujer, y que ya le avisarían cuando pudiera volver. Está comprobado por una conversación entre Otman y Jamal».

No estuvo presente en el registro de su domicilio, como exige la ley.

JUICIO POR UNA MASACRE / Las conclusiones / ANTONIO TORO
«Víctima de los empeños de algunos en meter a ETA»

JOAQUIN MANSO

MADRID.- «Tuvo muy mala suerte». Si la tesis del letrado Juan Carlos Herranz fuese cierta, efectivamente la fortuna no sonrió al acusado Antonio Toro: tres confidentes diferentes que no se conocían entre sí -Lavandera en 2001, Nayo en 2002 y Rafá Zouhier en 2003- coincidieron en la misma «mentira». Curiosamente, todos dijeron que Toro y su cuñado Emilio Suárez Trashorras traficaban con explosivos. Los dos primeros, además, señalaron al mismo posible comprador: ETA. Por eso, el abogado concluyó que su defendido había sido «víctima del empeño de algunos en meter a ETA en este asunto».

Herranz ocupó buena parte de su informe final, que presentó ayer al tribunal, en fundamentar este argumento y pidió la libre absolución de Toro, para el que la Fiscalía reclama 23 años de cárcel. Su relato fue deslabazado, difícil de comprender y de seguir, frecuentemente interrumpido por los titubeos del letrado y por su buceo constante en la libreta de anillas en la que traía anotadas sus conclusiones.

Empezó por Nayo, del que leyó de carrerilla la siguiente frase: «Fue delatado por Trashorras para que mi defendido saliese de la cárcel, momento desde el cual alberga un intenso odio hacia ambos que ha querido materializar en provechosa venganza mediante dudosas confidencias».

Más se extendió en Lavandera. Aunque recordó que «el núcleo central de su denuncia ya ha sido incorporado al capítulo de hechos probados de la sentencia del caso Pípol», puso en duda la veracidad de la fecha en que se dice que fue grabada la cinta de Cancienes y descalificó su contenido: «La cinta era un simple medio de trabajo».

Insistió en que Lavandera manifestó en ese momento que, con anterioridad, ya había dicho a la Policía que Toro y Trashorras intentaban vender explosivos a ETA. «Yo creo que se lo inventó», aseguró el letrado. No obstante, el policía de Gijón Francisco Javier Gascón confirmó esa denuncia cuando testificó el pasado 23 de abril.

Más aún, Herranz acusó al agente Gascón de «faltar a la verdad» para «meter a ETA en los atentados y perjudicar» a Antonio Toro. Para apoyar ese razonamiento, citó el editorial de EL MUNDO del día que reveló la existencia de la cinta de Cancienes.

Por último, dijo que los hechos que narró Rafá Zouhier a la UCO -que Toro y Trashorras intentaban vender 150 kilos de explosivos-, si son ciertos, «fueron provocados por la Guardia Civil», pero que él entiende que Zouhier se los inventó «para ganar puntos».

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ARGUMENTOS DE SU DEFENSA

«'Nayo' fue delatado por Trashorras para que Toro saliese de la cárcel. Alberga un intenso odio hacia ambos y ha querido vengarse».

La hechos denunciados por Zouhier o fueron «provocados» por la Guardia Civil o aquél se los inventó «para ganar puntos».

11-M, ASÍ LO CUENTAN: Encantador de serpientes, dicen

Encantador de serpientes, dicen
VICTOR DE LA SERNA

Gerardo Turiel, el abogado de Emilio Suárez Trashorras, se lamentaba en la sesión del jueves del prolongadísimo secreto del sumario y de la imposibilidad que han tenido los abogados de conocerlo hasta poco antes del juicio del 11-M. Victoria Prego, en EL MUNDO, está de acuerdo: «Lamentablemente, ese afán de mantener a los abogados al margen de la instrucción, esa decisión de que nadie salvo la Fiscalía supiera por dónde estaba discurriendo la investigación judicial, es la causa directísima de que, tres años después (...), ya sea demasiado tarde para que se pueda aportar para su análisis ningún vestigio que cuente con las garantías exigibles de que no ha sido manipulado». Prego agrega: «Lo que sostenía era tan sencillo de entender como decisivo para la causa: que los nombres y apellidos de esa dinamita son clave para calificar el delito que hayan podido cometer los acusados».

En EL MUNDO se resalta la noticia adelantada por Turiel: la dinamita con la que hace 10 meses traficaba una mafia policial en Madrid («dos de cuyos miembros prestaban servicio el 11-M en la comisaría de Puente de Vallecas», apunta Luis del Pino) tenía los mismos registros que los de Mina Conchita, pero según el ubicuo juez Del Olmo, «pudo sustraerse, bien en la zona de Colmenar Viejo (Madrid), bien en la zona de Villacastín (Segovia), bien en la provincia de Barcelona». ¿Y Trashorras, en todo esto?

Si Turiel aceptó la posibilidad de una pena menor para Trashorras, por tráfico, sí que solicitó su libre absolución por esa incógnita del tipo de explosivo. Curiosamente, en 'ABC' se niega que pidiese la absolución y se pasa de puntillas sobre la denuncia de la falta de una prueba fundamental.

'El País' va más allá. No es que deje a Turiel a los pies de los caballos; es que queda literalmente pisoteado. De la crónica de José Yoldi y Jorge A. Rodríguez: «Realizó un informe efectista en el que trufó mentiras con medias verdades». «Estilo seductor, de auténtico encantador de serpientes». De la de Pablo Ordaz: «Hay abogados, y Turiel es tal vez el mejor ejemplo, que sintonizan a la perfección con sus clientes. Otros casos son los de Endika Zulueta con El Egipcio y Antonio Alberca con el propio Zouhier». «Encandila a sus colegas cuando habla y a su cliente cuando le atiza a la fiscal, pero naufraga cuando de lo general desciende a lo particular». Y Ernesto Ekaizer: «Trashorras ha demostrado que maneja muy bien las coartadas y argumentos, a menos que se pretenda que en realidad el letrado ha actuado todo este tiempo de ventrílocuo, y su cliente, de muñeco».

Pactos poselectorales: Juntas Guipúzcoa, Navarra,

El inesperado apoyo de EB da al PSOE la Presidencia de las Juntas de Guipúzcoa

RAMON SANMARTIN

SAN SEBASTIAN.- La socialista Rafaela Romero se convirtió ayer en la nueva presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, después de recibir el anunciado apoyo del PP y el inesperado respaldo de EB. La decisión de esta formación resultó clave para dilucidar las incógnitas sobre la Presidencia de la Mesa y, a la postre, sobre toda la composición de la misma. Por su parte, el PNV jugó sus cartas de forma sorprendente y, tras presentar a su propio candidato, votó en favor del aspirante de EA.

La estrategia de los jeltzales fue una de las grandes sorpresas de una sesión constitutiva de Juntas realmente desconcertante y en la que el juego de pactos para hacerse con la Presidencia de la Mesa marcó, de forma definitiva, la configuración final de ésta.

El primer momento de estupor llegó tras el recuento de votos a los tres candidatos a la Presidencia: Rafaela Romero (PSE), Juan Ignacio Galdos (EA) y Maribel Vaquero (PNV). El resultado de las votaciones causó un desconcierto generalizado, puesto que los junteros jeltzales dieron su apoyo al aspirante de EA en vez de al suyo propio. Así, la victoria por mayoría simple cayó del lado de Galdos con un total de 23 votos, uno más que Rafaela Romero, que obtuvo los 16 sufragios de su partido y los seis del PP. Mientras, Maribel Vaquero sólo recabó los seis votos que le concedieron EB y Aralar.

La falta de un ganador por mayoría absoluta hizo necesaria una segunda votación que incrementó la sorpresa. Tras un receso de cinco minutos, tanto la alianza constitucionalista como la nacionalista mantuvieron sus políticas de voto, mientras que EB entró al Salón de Plenos del Parlamento guipuzcoano dispuesto a dar la campanada. Los cuatro junteros de la formación apoyaron la candidatura de Rafaela Romero, que recabó así 26 votos, por 22 de Galdos y dos en blanco, depositados por Aralar.

La sorprendente actuación de EB, que desniveló la balanza del lado socialista, fue justificada después por el procurador del partido, Mikel Izagirre, que argumentó que tenían «claro» apoyar primero al PNV, por ser el «único grupo que ha querido llegar a acuerdos» con ellos, así como por «respetar escrupulosamente» lo que «significa» la fórmula del tripartito en la política vasca.

Mientras, en Vizcaya, Ana Madariaga (PNV) fue reelegida ayer presidenta de las Juntas Generales por el acuerdo de PNV, PSE, PP y EB-Aralar en una sesión donde la Ertzaintza tuvo que intervenir para desalojar a dos militantes de ANV que intentaron boicotear el acto exhibiendo una pancarta en la que podía leerse Demokrazia Zero.

El PSN ignora el ultimátum de NaBai y no renuncia a pactar con UPN

MARCOS IRIARTE

BILBAO / PAMPLONA.- El Partido Socialista de Navarra (PSN) ha decidido ignorar el ultimátum que le ha lanzado su posible socio de Gobierno, Nafarroa Bai, y no tiene intención de descartar por escrito una hipotética alianza con UPN.

Para el candidato socialista Fernando Puras, los acuerdos rubricados por el Comité Regional del PSN y por su Ejecutiva ya suponen una expresión «formal» de su voluntad de pacto con NaBai, y eso debería ser, a su juicio, más que suficiente para los nacionalistas vascos.

«Mayores formalidades por parte de los socialistas en cuanto a nuestro compromiso para trabajar por el cambio en Navarra no podemos dar», sentenció ayer Puras.

Pero en NaBai no tienen la misma opinión, máxime tras el apoyo puntual y recíproco que UPN y PSN se dieron el pasado miércoles durante la constitución del Parlamento foral, y después de que los socialistas no apoyaran a su candidata a la Alcaldía de Pamplona y facilitasen la reelección de Yolanda Barcina (UPN), o tras conocerse las «extrañas» reuniones mantenidas entre el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, con los regionalistas Jaime Ignacio del Burgo y Miguel Sanz.

El episodio del Parlamento de Navarra, en el que PSN y NaBai fueron incapaces de consensuar su respaldo a un único candidato -los dos querían hacerse con la Presidencia de la institución- y el hecho de que los socialistas optasen finalmente por aceptar los votos de UPN para investir a su candidata, Elena Torres, significó un punto de inflexión en sus hasta ahora dilatadas negociaciones para conformar un Gobierno tripartito alternativo al de UPN-CDN.

Tras reflexionar sobre lo sucedido en la Cámara foral, desde NaBai se emplazó al PSN a «excluir cualquier posibilidad de conformar gobierno o recibir apoyo para su conformación de UPN» y expresarlo por escrito antes del lunes. Puras ya desveló ayer que el PSN no tiene ninguna intención de hacerlo, puesto que considera que la voluntad de su formación de gobernar junto a NaBai ya ha quedado expuesta públicamente. «Hemos mantenido intacta nuestra actitud negociadora, no tenemos que hacer más actos de fe», apuntó.

Los 'populares' asumen como «inevitable» el adiós de Matas

Los barones se enteraron por teletipos y Rajoy fue telefoneado la víspera Floriano decide continuar en Extremadura y Feijóo acomete la renovación

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- Nadie se lo esperaba y, sin embargo, a todo el mundo le pareció «inevitable». Paradojas como ésta se dan a menudo en el PP, cuyos cuadros dirigentes, no sólo en Madrid sino en toda España, hubieron de asimilar en muy pocas horas la noticia de la retirada de Matas.

Los más sorprendidos fueron los barones territoriales, que se enteraron por teletipos. Alguno confesó a este diario que le parecía «precipitado» y que Matas debió esperar a las generales «por el bien del partido».

El PP nacional apenas contó con un día de ventaja. Rajoy recibió la llamada del propio Matas la víspera de hacer pública su decisión ante la Junta Directiva regional. Génova hizo en seguida de la necesidad virtud al ejemplificar en el caso de Matas la injusticia que representa el pase a la oposición de la lista más votada.

Ayer, la secretaria ejecutiva Ana Pastor enmarcaba esta retirada en la «decepción» balear hacia el pacto de perdedores entre el PSOE y las demás formaciones minoritarias, con el todos contra el PP como único programa. Pastor aseguró que el Gobierno de Antich «no refleja la voluntad de los ciudadanos», y que son éstos, más que el PP, los «principales damnificados» por el pacto anti PP.

De puertas adentro, no obstante, los populares explicaban con resignación lo que interpretaban como una decisión tan «personal» de Matas como largamente «anunciada». Y es que ahora resulta que, tanto desde Madrid como desde las islas, aseguran que Matas «tenía pensado marcharse desde hacía un año».

«Ya fue medio obligado por Aznar, la primera vez», decían fuentes solventes del PP, y volvió empujado por Rajoy la segunda». Según las fuentes más próximas a Matas, éste había hablado ya con Génova de la posibilidad de no volver a presentarse esta vez como candidato para emprender una apuesta profesional en Washington, en una empresa turística, coincidiendo con el traslado de sus tres hijos a Madrid, por razones de estudio y de trabajo. Una vez persuadido de continuar, Matas -lo recordó él mismo ayer- comunicó hace meses a su Junta Directiva regional que no se presentaría en 2011. Según el testimonio de sus más próximos, la pérdida del Gobierno no ha hecho sino acelerar, de manera súbita, este proceso.

«No es una huida porque deja el partido en la mejor de las situaciones, con recambio incluido en la persona de Rosa Estarás, para acometer esta nueva etapa», decían ayer, «pero sí es cierto que el pacto de los seis partidos ha sido el detonante de una fatiga política que Matas venía arrastrando de atrás, también en relación con el propio PP de Madrid, del que se sentía cada vez más apartado».

La retirada de Matas, en todo caso, hacía volver ayer la vista hacia los dirigentes regionales que, por razón de voto o de poder, tuvieron los resultados más precarios del 27-M. Carlos Floriano, que la misma noche electoral anunció su disposición a no volver a ser candidato popular a las autonómicas de Extremadura, declaró ayer a este diario que ése sigue siendo ahora su propósito. «No abdicaré de mi responsabilidad al frente del partido», aseguró, no obstante, para pilotar una transición que, hoy por hoy, se presenta mucho más complicada que la balear.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo -que, pese a haber sacado 11 puntos al PSOE y 20 al BNG y a quedar a solo un escaño de la mayoría absoluta en algunas capitales gallegas, ha sido uno de los perjudicados por los pactos- ha dado ya órdenes a las juntas directivas provinciales para acometer, a la vuelta del verano, la renovación del partido a nivel local.

Antich confirma que será presidente

MIQUEL A. FONT

PALMA.- El líder del PSOE en Baleares, Francesc Antich, aseguró ayer que ya existe un acuerdo prácticamente total con UM y el Bloc (la coalición que en Baleares integran Izquierda Unida, Els Verds, ERC y el Partido Nacionalista Mallorquín) para ser investido presidente del 'Govern'.

Sin embargo, matizó que el reparto de cargos con el Bloc está retrasando la firma del acuerdo definitivo y que las negociaciones con esta fuerza política se prolongarán durante hoy y mañana.

«Será un fin de semana largo», dijo Antich para, a continuación, añadir que hay plena voluntad por ambas partes (el PSOE y el Bloc) de alcanzar el acuerdo antes del martes, cuando se constituye el 'Parlament' balear.

El líder socialista dijo que también había acuerdo para que la candidata del PSOE en Mallorca, Francina Armengol, sea investida presidenta del 'Consell' con el apoyo de UM y el Bloc. Antich recordó que durante toda la campaña electoral el PSOE siempre insistió que, en caso de pacto, las presidencias siempre debían ser para el partido más votado de los firmantes del acuerdo, es decir, para el PSOE, «algo que ya se ha conseguido».

También hay acuerdo para que en las dos instituciones en juego, 'Govern' y 'Consell', haya representación de todas las formaciones, incluida ERC. «Todos los que vamos a firmar el pacto seremos corresponsables de la gestión del Ayuntamiento de Palma, el 'Govern' y el 'Consell' de Mallorca», dijo Antich.

Un informe revela que el PP gobierna las CCAA con más procesos judiciales y menos jueces

Los juzgados recibieron en 2006 más de ocho millones de asuntos mientras baja la tasa de resolución

MARIA PERAL

MADRID.- Cuatro de las cinco comunidades autónomas que ingresan más asuntos en sus juzgados y tribunales están gobernadas por el PP y son, a su vez, las que más déficit de jueces presentan.

Ésta es una de las conclusiones de dos informes presentados ayer a los medios de comunicación por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, por los vocales Carlos Ríos y Enrique López y por José María Gil, jefe de la Inspección.

A este último departamento corresponde la autoría de un completo documento sobre la situación de la Administración de Justicia por comunidades autónomas. En él se pone de manifiesto que la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes se sitúa en España en 10,24.

Por encima de esa media están las comunidades de Asturias y Cantabria, que son las que disponen de más jueces por habitante. Las que menos jueces tienen son Castilla y León (con 8,54 por cada 100.000 habitantes) y Murcia (con 8,9).

Durante 2006, la cifra media de entrada de asuntos fue de 2.387 en cada órgano judicial. Cinco comunidades están por encima de esa media: Baleares (con una entrada media de 2.407 asuntos en cada uno de sus órganos judiciales), Murcia (2.519), Andalucía (2.815), Comunidad Valenciana (2.910) y Madrid, que ostenta la cifra récord de asuntos, con 2.995. Todas ellas, salvo Andalucía, están gobernadas por el PP.

¿Tiene algo que ver esa situación con la transferencia de la administración de Justicia a las comunidades autónomas? No, a juicio del vocal portavoz, puesto que sólo tres de las cinco comunidades tiene asumidas esas competencias (Andalucía, Valencia y Madrid), mientras que por ejemplo el País Vasco, que tiene las competencias de Justicia transferidas, presenta la mejor ratio de España en entrada de asuntos (1.631 por cada órgano judicial) y una proporción de jueces por habitante cercana a la media nacional (10,03).

¿Tiene algo que ver el color político de cada comunidad? «No corresponde al Consejo General del Poder Judicial esa valoración», se limitó a contestar Enrique López, que explicó, eso sí, que la autorización para crear órganos judiciales es una competencia exclusiva del Gobierno central. Sólo el Ministerio de Justicia puede dar el visto bueno para la constitución de nuevos Juzgados, incluso si los financian las autonomías.

En el segundo informe, La Justicia dato a dato, se indica que el Ministerio de Justicia controla el 44 % del presupuesto destinado a la Justicia y las CC.AA, el 53,7%.

El mismo estudio señala que en 2006 se superó el umbral de los ocho millones de asuntos ingresados en el conjunto de los órganos judiciales, 315.110 más que el año anterior.

Los asuntos resueltos fueron 7.863.012. Como sucedió en 2005, tampoco en 2006 los jueces pudieron solventar más asuntos de los que les llegaron, lo que sólo lograron en 2004, cuando resolvieron 33.571 más casos de los que recibieron.

Tribunales: Otegi, De Juana, 'phising', Hernando critica el bloqueo // Pantoja// Ablación

El TS ve en Otegi la intención «inequívoca» de elogiar a 'Argala'

Descarta la inviolabilidad parlamentaria y alude a la «riqueza semiótica de los gestos», ya que el condenado puso una flor junto a la foto del etarra

MARIA PERAL

MADRID.- La Sala Penal del Tribunal Supremo considera que Arnaldo Otegi tuvo la intención «inequívoca» de exaltar la «figura terrorista» de José Miguel Beñarán, alias Argala, durante un homenaje celebrado en la localidad natal del fallecido dirigente de ETA.

La participación «destacada» de Otegi en ese homenaje le ha costado una pena de 15 meses de prisión y siete años y tres meses de inhabilitación absoluta que empezó a cumplir el pasado día 8 en la cárcel de Martutene, a la que fue conducido nada más conocerse el fallo del Supremo, confirmatorio de una sentencia dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2006.

El homenaje a Argala se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya) el 21 de diciembre de 2003, cuando se cumplían 25 años del asesinato del terrorista, muerto por la explosión de una bomba colocada en su coche en Anglet (Francia).

En un escenario presidido por una gran foto del etarra y la leyenda Organizar la independencia y el socialismo. Luchar merece la pena, Otegi, que depositó un clavel junto a la fotografía del dirigente etarra, protagonizó una intervención en la que glosó la figura de Argala como «persona con acertada visión de futuro y adecuados y ajustados planteamientos a favor de Euskal Herria».

Aseguró que «ETA apoyaría la formación de una candidatura electoral entre fuerzas abertzales porque permitiría pasar la página de la guerra». Concluyó expresando «múltiples agradecimientos a los etarras que han dado la vida por Euskal Herria» y con llamamientos de lucha contra el Estado español.

En una sentencia conocida ayer y de la que ha sido ponente el magistrado Siro García, el Supremo afirma que el desempeño de una función política -alegada por Otegi en su defensa- y el hecho de que se hiciese una «afectuosa remembranza familiar» -el acto fue convocado por un hermano de Argala y en él participaron sus familiares- «no excluyen la [función] de loa a la personalidad terrorista, siendo innecesaria la cita de cómo a lo largo de la Historia aparecen unidos actos criminales de enorme envergadura con la política o con honras funerarias».

Atentados mortales

«En una concurrencia de personas», aclara, «gozan de tanta riqueza semiótica las palabras como los gestos», como «el ofrecimiento de unas flores, sin otro acompañamiento que el de música o el de aplausos».

Acogiendo la tesis del fiscal, el Supremo destaca la «enorme relevancia» de Argala durante la época en la que fue dirigente de ETA, que se tradujo en un notable aumento de los atentados mortales. Para la Sala, no hay duda de que «se celebró una concentración en recuerdo laudatorio de Argala que abarcaba su lucha terrorista, faceta de la loa no excluida por el origen familiar que se atribuye a la convocatoria».

El hecho de que Otegi fuera en aquellas fechas parlamentario no le ha servido para eludir su responsabilidad penal. Para el Tribunal, la inviolabilidad que reconoce el Estatuto vasco debe quedar referida «a la actividad propiamente parlamentaria», que consiste en la producción legislativa, la aprobación de los Presupuestos y el control del Gobierno autonómico.

Aunque el Supremo reconoce la «tensión» entre el delito de exaltación del terrorismo y el derecho a la libertad de expresión, asegura que se ha hecho una «interpretación restrictiva» del tipo penal. «Aunque en la loa [a Argala hecha por Otegi] se incluyeran otros motivos diferentes», afirma, «estuvo inmersa en el elogio la autoría o participación del ensalzado en delitos terroristas». Para el Alto Tribunal, se infiere «inequívocamente el dolo [intención] específico de exaltación de la figura terrorista».

De Juana pide el alta voluntaria en el hospital y vuelve a prisión

MADRID.- El preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos pidió ayer el alta voluntaria en el hospital 12 de Octubre de Madrid, adonde fue trasladado el pasado jueves para que le fueran practicadas unas pruebas médicas. Horas después reingresaba en la cárcel de Aranjuez. El etarra descendió por su propio pie de la ambulancia, aunque en las últimas horas había padecido una infección intestinal, hemorragia anal y fiebre.

El preso etarra llegó al centro sanitario después de referir «intensos dolores» en la zona anal, que fue operada dos veces a mediados de mayo, cuando aún estaba en el hospital Donostia de San Sebastián, informa Efe.

Tras la primera operación -por unas hemorroides-, De Juana tuvo complicaciones en la fase posoperatoria y sufrió varias hemorragias, por lo que tuvo que pasar de nuevo por el quirófano y recibió una transfusión. El día 6, tras el fin del alto el fuego de ETA, Interior acordó su ingreso en la prisión de Aranjuez al estimar que, tras su huelga de hambre, no había riesgo para su vida.

El TS confirma penas de prisión en un fallo pionero por 'phising'

Condenadas siete personas que se prestaron a recibir en sus cuentas transferencias de dinero estafado a clientes de un banco

MARIA PERAL

MADRID.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de cárcel impuestas por la Audiencia de Madrid a un grupo de personas que se prestaron a recibir en sus cuentas dinero estafado por procedimientos informáticos a clientes de un banco de Estados Unidos.

Se trata de una de las primeras sentencias penales en España por phising o envío de comunicaciones electrónicas fraudulentas diseñadas para inducir a los consumidores a proporcionar sus datos bancarios, que son utilizados para adueñarse del dinero de sus cuentas.

En este caso, los siete implicados han sido condenados como estafadores pese a que no fueron ellos los que obtuvieron las claves bancarias de las víctimas ni los que realizaron las transferencias. Se limitaron a recibir el dinero en sus propias cuentas y a enviarlo a personas desconocidas, a cambio de quedarse con un porcentaje del 10 al 50% de las cantidades recibidas. «La ignorancia del resto del operativo no borra ni disminuye su culpabilidad», afirma el Supremo.

Los hechos se produjeron a finales de 2003 y principios de 2004. Un menor de edad, J. M. G., convenció a varios conocidos para que participaran en un «negocio» consistente en abrir cuentas corrientes en una determinada entidad bancaria en las que recibirían diversas transferencias con cargo a otras cuentas del mismo banco.

El menor, puesto de acuerdo con personas cuya identidad no fue descubierta y que operaban desde Estados Unidos, accedía a las cuentas de los clientes a los que pensaban estafar enviándoles correos electrónicos con un falso duplicado de la página web del banco y haciéndose pasar por empleados.

De esta forma obtuvieron las claves secretas de varias cuentas bancarias, a las que accedieron, ordenando transferencias de dinero a las cuentas abiertas por sus conocidos.

El eslabón inferior

Siete personas que se prestaron a contratar cuentas bancarias en Madrid para lucrarse con esa estafa informática fueron condenados en julio de 2006 por la Audiencia Provincial a penas de 13 meses a tres años de cárcel. En total, ingresaron 226.589 euros estafados a clientes del banco. Éste reintegró a las víctimas del engaño el importe de todas las transferencias efectuadas.

Dos de ellos, -Youssef Cherkaoui, condenado a tres años de cárcel, y Nabil Cherkaoui, con una pena de dos años- recurrieron ante el Supremo la decisión de la Audiencia.

Ambos alegaron que por su parte no existió engaño ni, por tanto, estafa, ya que sólo abrieron unas cuentas en las que se efectuaron unos ingresos. Desconocían el resto de la trama y la identidad de los titulares de las cuentas desde las que se ordenaban las transferencias, por lo que no podían saber si éstas se hicieron o no con su consentimiento.

«La argumentación es insostenible», contesta la Sala Penal. Los condenados tuvieron un conocimiento puntual del dinero que pasaba por sus cuentas y del que dispusieron en su integridad, bien para enviarlo a otros, bien para quedarse con una parte. «No les era necesario conocer el resto de la red», señala el Alto Tribunal en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez.

«Se está ante un caso de delincuencia económica de tipo informático de naturaleza internacional en el que los recurrentes ocupan un nivel inferior y sólo tienen un conocimiento necesario para prestar su colaboración», explica. «La ignorancia del resto del operativo no borra ni disminuye su culpabilidad porque fueron conscientes de la antijuridicidad de su conducta, prestando su conformidad con un evidente ánimo de enriquecimiento, ya supieran, no quisieran saber (ignorancia deliberada) o les fuera indiferente el origen del dinero que en cantidad tan relevante recibieron».

La explicación de los condenados de que no pensaban que estuvieran haciendo algo ilícito le parece al Tribunal Supremo de «un angelismo que se desmorona por sí sólo».

«En la sociedad actual», afirma, «cualquier persona de nivel cultural medio conoce y sabe de la ilicitud de una colaboración que se le pueda pedir del tipo de la que se observa en esta causa», sobre todo porque «no se trataba de una colaboración gratuita sino que llevaba aneja un claro enriquecimiento personal».

Hernando critica el bloqueo a los nombramientos de altos cargos

M. P.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, lamentó ayer el bloqueo que está sufriendo desde hace meses el nombramiento de altos cargos judiciales.

Hernando, que presidió el encuentro con la Prensa, aseguró no tener noticias de la renovación del CGPJ y, en réplica al ministro de Justicia, manifestó que la prórroga de mandato «no quiere decir que no sigamos gobernando la Judicatura con plenitud, con legalidad y con legitimidad».

Con todo, el CGPJ tiene enquistados nombramientos de magistrados del Supremo y de presidentes de tribunales superiores, alguno de ellos pendiente desde hace más de un año. «No hemos logrado la concertación necesaria», admitió Hernando.

«Como saben, en pleno partido se cambiaron las reglas del juego», añadió en referencia a la reforma de 2004 que exigió 13 votos para los nombramientos de altos cargos judiciales.

«Eso ha sido lo que ha impedido» los nombramientos, dijo Hernando. «Al principio del mandato, cuando no existía ese reforzamiento, nombrábamos de común acuerdo. Ahí están las actas. La denominada mayoría no aplicaba un rodillo». A su parecer, el cambio de la ley, «más que para lograr una mayor concienciación de todos, ha sido la articulación de un veto, de un sistema de control de nombramientos por parte de quien no tenía la mayoría».

Confirman la fianza a Isabel Pantoja porque pagó una hipoteca en efectivo con ingresos «inexplicables»

MALAGA.- La Audiencia de Málaga ha ratificado la fianza de 90.000 euros impuesta a la tonadillera Isabel Pantoja por el juez del caso Malaya, Miguel Angel Torres, ya que considera que existen «indicios razonables» sobre su imputación en el proceso, al no haber justificado ingresos en sus cuentas de origen desconocido.

En el auto, la Sala desestima el recurso de apelación de la cantante contra el auto de prisión eludible bajo fianza dictado por el magistrado, que le imputa blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. Torres sostiene que la hipoteca de La Pera, la casa que Pantoja y el ex alcalde Julián Muñoz tienen en Marbella, fue abonada «sobre todo con ingresos en efectivo que se realizan en las cuentas de Isabel y sus sociedades, fondos de origen desconocido y absolutamente inexplicable» que, para el juez, fueron «previsiblemente» efectuados por el ex regidor. El precio total alcanzaba la suma de 3,3 millones de euros.

Estos ingresos alcanzan de 2003 a 2006 la cantidad de 1,1 millones de euros. A esto se suma, según el juez, la adquisición de «un elevado número de reses de ganado que Isabel desconoce y que ha debido realizar Muñoz con fondos presuntamente ilícitos».

El tribunal justifica la fianza para asegurar la presencia de Pantoja en la causa y «evitar el riesgo de fuga».

El juez prohíbe salir de España a una niña gambiana ante el riesgo de una ablación

El padre de la pequeña denunció que la madre la iba a llevar a su país para extirparle el clítoris

GIRONA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha emitido una «orden de prohibición de salida del territorio nacional» de una niña gambiana de tres años ante la sospecha de que su madre la quiere llevar a su país para practicarle la ablación del clítoris.

La orden judicial se produce después de que el padre de la menor, también de nacionalidad gambiana y residente en la demarcación gerundense, presentara una denuncia ante el juzgado diciendo que temía que su mujer se llevara a la pequeña para someterla a esta práctica ancestral africana.

Para poder cumplir con efectividad la resolución judicial, el juez ordenó remitir el auto a los Mossos d'Esquadra, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, además de a todos los efectivos de estos cuerpos policiales destinados en los aeropuertos.

Tras la petición del fiscal de prohibir la salida de la menor del país por la denuncia presentada por el padre, se tomó declaración a la madre, informa Efe.

Ésta reconoció su intención de viajar a Gambia, aunque argumentó que el objeto del viaje era visitar a la abuela de la niña, que se encontraba enferma.

El magistrado no le creyó y dictó una resolución basándose en el contexto normativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los niños, la Carta Europea del Niño y todas las resoluciones sobre infancia y adolescencia aprobadas por el Parlamento catalán.

En ellas se manda adoptar «todas las medidas necesarias para evitar que las niñas que se hallan en nuestro país puedan ser sometidas a tan brutal práctica».

En su auto también añade que «la práctica de la ablación del clítoris es absolutamente inaceptable en nuestro sistema jurídico, como lo es en nuestro sistema social, y contrario a los principios que inspiran nuestra cultura y legislación».

Reconocimiento forense

El juez mantiene que, igual que en otros supuestos análogos, existen indicios de que el verdadero motivo del viaje pueda ser la práctica de esta mutilación genital femenina, y el hecho de que ésta sigue produciéndose en el país de origen de la familia «es suficiente riesgo para justificar la adopción de las medidas cautelares ordenadas».

La orden del juzgado también especifica que la niña debe ser sometida a un reconocimiento médico por un forense para determinar el estado de sus órganos genitales.

A pesar de que ya se habían emitido otras órdenes de prohibición de salida de menores del país, sobretodo en periodos de vacaciones, ante la sospecha de que se les pretendía mutilar el clítoris, éste es un caso excepcional porque ha sido el padre, de nacionalidad gambiana, el que ha dado la voz de alarma.

Balza pone en duda la versión oficial del Gobierno sobre el hallazgo del vehículo abandonado por ETA

VUELTA A LAS ARMAS / El consejero de Interior considera «muy raro» que hubiera un control policial tan cerca de una frontera internacional / Denuncia que ni él ni la Ertzaintza han sido informados por Interior de lo sucedido
Balza pone en duda la versión oficial del Gobierno sobre el hallazgo del vehículo abandonado por ETA

MARCOS IRIARTE

VITORIA/BILBAO.- El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, puso ayer en duda la versión oficial del Ministerio del Interior sobre la forma en la que fue localizado el vehículo cargado de explosivos que ETA abandonó el jueves en la localidad onubense de Ayamonte. Tras considerar «muy raro» que se hubiera establecido un control policial cerca de una frontera internacional, Balza criticó con dureza el aislamiento informativo al que, dijo, se ve sometida la Ertzaintza en materia antiterrorista.

Balza se pronunció de esta manera en el Parlamento vasco, interpelado por el Partido Popular sobre la labor de la Policía autonómica vasca en la lucha contra ETA.

El consejero aprovechó una mención del parlamentario Carlos Urquijo sobre el vehículo localizado cerca de la frontera con Portugal con 130 kilos de explosivo para denunciar que tanto él como la Ertzaintza carecen de información sobre lo sucedido y para dejar claro que la versión «hasta ahora oficial» no le convence demasiado.

«Usted podrá opinar si ese coche fue abandonado y apareció porque era controlado por las Fuerzas de Seguridad o porque, según la versión hasta ahora oficial, encontraron un control inesperado curiosamente en una frontera internacional, algo muy raro. Yo lo único que tengo que decirle es que no lo sé, y que yo no lo sepa no es muy malo, pero que no lo sepa la Ertzaintza es malísimo», apuntó el consejero al parlamentario popular.

Las críticas de Balza al Ministerio llegan sólo 10 días después de retratarse junto al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba tras una jornada de trabajo que los dos responsables de Interior mantuvieron en Vitoria, una semana después de que ETA anunciara la ruptura de la tregua. En dicha reunión, en la que también participaron los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ministro y consejero acordaron dar una «respuesta conjunta» a ETA tanto desde el ámbito político como desde el policial.

Pero el consejero vasco no cree que la colaboración interinstitucional contra ETA esté siendo lo suficientemente estrecha, al menos a raíz de lo que expuso ayer en la Cámara vasca.

El popular Urquijo quería saber por qué la Ertzaintza sólo ha detenido a un miembro de ETA en cuatro años, mientras la Policía Nacional y la Guardia Civil han hecho lo propio con 266 presuntos terroristas. Tras matizar a Urquijo que había obviado en sus cálculos las detenciones relacionadas con la kale borroka, otra forma de terrorismo, Balza fue contundente: «¿Dónde es eficaz la Ertzaintza? Donde puede trabajar, allí donde se realiza el delito, donde está desplegada, donde trabaja... Por eso es eficaz contra la violencia callejera. ¿Dónde no obtiene resultados? Contra ETA, porque no trabaja donde está ETA, evidentemente», sentenció.

El consejero criticó que no se permita a la Ertzaintza participar en el espacio Schengen, que es lo que hace posible a otros cuerpos policiales como la Guardia Civil o la Policía Nacional, actuar en Francia y compartir información con sus fuerzas de seguridad. «Ésa es la clave», acotó Balza.

Pero dijo más. El consejero vasco de Interior responsabilizó a populares y socialistas de que la Ertzaintza «no cuente con los instrumentos reales y necesarios para dar un salto cualitativo en la eficacia» en la lucha contra ETA. «Nos obligan a trabajar como si el terrorismo fuera un delito común no organizado. Es lamentable que tengamos que ir después de un atentado a buscar alguna huella olvidada», denunció.

«El problema de fondo», continuó el responsable autonómico de Interior, es que «deliberadamente» el Gobierno del Estado no ha trabajado todo lo posible «para garantizar la eficacia de nuestras policías en la lucha contra el terrorismo y el delito organizado que procede del espacio europeo».

Principal objetivo

Balza emplazó al popular Urquijo a fomentar un acuerdo entre PSOE y PP en el Congreso de los Diputados que permita a la Policía vasca entrar en el espacio Schengen y le animó a «preguntar», un año después de esta hipotética incorporación, por los resultados de la Ertzaintza en la lucha contra ETA.

«Deje que trabaje en Francia y que disponga de la misma información que la Policía Nacional y la Guardia Civil y dentro de un año venga a preguntarme», advirtió a Urquijo, antes de apostillar que, tal vez, la prueba «más macabra» de que la Ertzaintza trabaja activamente contra la banda terrorista es que «posiblemente sea el principal objetivo de ETA en estos momentos».

Las críticas de Balza a la falta de información que sufre la Ertzaintza en materia antiterrorista y el hecho de que pusiera públicamente en duda la versión oficial del Gobierno sobre el hallazgo del vehículo abandonado por ETA en Huelva contrastaron ayer con su posterior certificación de que la coordinación con las Fuerzas y cuerpos de Seguridad es «positiva y con cotas mucho más altas y positivas que las que, ni de lejos, fueron posible alcanzar cuando ustedes (por el Partido Popular) tuvieron esa responsabilidad» al frente del Ministerio del Interior.

Los etarras dejaron camisetas de la selección española y un portátil

La Guardia Civil considera prácticamente seguro que los motoristas que se llevaron una bolsa del vehículo eran delincuentes comunes

F. L.

MADRID.- Los etarras que abandonaron precipitadamente el jueves un coche con 130 kilos de explosivos en las proximidades de Ayamonte (Huelva) dejaron también en el interior del vehículo un ordenador portátil, que está siendo analizado por la Guardia Civil, así como un mapa de Andalucía.

El hecho de que además del material explosivo, los terroristas llevaran bolsas de ropa (incluidas camisetas de la selección española de fútbol) hace pensar a los expertos que el comando estaba trasladándose al sur de Portugal para asentarse allí.

La Guardia Civil ha encontrado en el coche 115 kilos de nitrato amónico, 15 de polvo de aluminio -materiales usados para fabricar amonal-, 10 temporizadores, ocho detonadores, cordón detonante y un aparato emisor-receptor de los que sirven para activar bombas a distancia. En el coche también se halló un manual de instrucciones para fabricar bombas redactado en euskara, según informa Europa Press. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dijo ayer que la hipótesis es que fueran dos personas las que iban en el coche abandonado, pero las distintas versiones de testigos arrojan confusión sobre los hechos.

Lo que sí provocó un gran desconcierto inicial entre los investigadores fue la aparición de una pareja de individuos, dos horas después de que el coche fuera abandonado en la autopista, subidos a una moto de gran cilindrada y que rompieron un cristal del vehículo para apoderarse de una de las bolsas abandonadas en el interior. Al principio, sospecharon que eran los mismos terroristas que habían vuelto a su coche para recoger algo importante para ellos.

Sin embargo, el paso de las horas y el análisis de lo que había en el interior ha llevado a la convicción de que los motoristas eran delincuentes comunes, sin vínculos con ETA, que se acercaron al coche abandonado y, al no ver a nadie cerca, rompieron el cristal para llevarse rápidamente lo primero que tuvieron a mano.

Por otra parte, un alto funcionario de las fuerzas de seguridad lusas admitió ayer la posibilidad de que ETA tenga infraestructura en Portugal. El teniente general Leonel Carvalho, jefe del gabinete que coordina en el Ministerio portugués de Administración Interna las fuerzas policiales del país reconoció, en relación a una presencia etarra en el sur de Portugal, que «la existencia de infraestructura camuflada siempre es una posibilidad», según informa Efe. El automóvil, de matrícula portuguesa no falsificada, es propiedad de la empresa Rentilusa, uno de cuyos empleados señaló que había sido alquilado a largo plazo a una segunda compañía, la cual, según las autoridades españolas, pudo ser la que se lo alquiló a los terroristas.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, felicitó ayer a la Guardia Civil porque su «presión» provocó la huida «despavorida» de los presuntos miembros de ETA. «La hipótesis más verosímil es que la presión policial, ese control precisamente de la Guardia Civil, hizo huir despavoridamente a los integrantes de lo que se supone que era un comando», explicó. Lo que sucedió, según apunta la investigación es que ese control «ha hecho huir atropelladamente a dos supuestos integrantes de un comando de ETA y, por tanto, se han evitado atentados».

ETA también reveló que Aznar pactó «una declaración oficial»

FERNANDO GAREA

MADRID.- Siempre que ETA ha roto sus conversaciones con los distintos gobiernos les ha acusado de incumplir supuestos compromisos. Y siempre que ha habido procesos de paz, los respectivos gobiernos han asumido propuestas y pactado sobre los procedimientos.

Según consta en las actas de las reuniones que la organización terrorista mantuvo con los representantes de Aznar, esta misma situación se produjo en 1999 y, además, fue desvelada luego por ETA a través del diario Gara. Tanto ahora con Zapatero como entonces con Aznar, ETA y su entorno han acusado al Gobierno de incumplir supuestos compromisos para justificar el final de su tregua o alto el fuego.

Así, en 1999 Herri Batasuna envió una carta al entonces presidente, José María Aznar, suspendiendo una segunda reunión con sus enviados prevista para el 15 de enero. En esa carta, los dirigentes de HB, que eran prácticamente los mismos que los de ahora en Batasuna, aseguraban: «Queremos remarcar que en la primera y única reunión celebrada, la delegación del presidente del Gobierno español asumió el compromiso de abordar la realización, por parte del Ejecutivo, de una declaración oficial en este sentido. Cuestión que no se ha realizado».

Respuesta de La Moncloa

En el acta publicada entonces, se dice que para llegar a la única reunión fue preciso que Aznar asumiera por escrito condiciones pedidas por ETA. Así, el acta de ese encuentro empieza asegurando: «Un escrito en nombre de José María Aznar, presidente del Gobierno español, transmitido oficialmente a ETA por Francisco Javier Zarzalejos, significó el cumplimiento de los requisitos mínimos que la organización armada había establecido para iniciar una vía de comunicación estable entre ambas partes». Ese acta detallaba resistencias iniciales de Aznar a formalizar el escrito que permitiera el inicio del diálogo con ETA. La organización exigía «establecer entre ambas partes un canal de comunicación permanente y a salvo de coyunturas», y, finalmente, logró que Aznar accediera por escrito, tras intentarlo oralmente el 16 de diciembre de 1998 con un «mensaje comunicado al intermediario y que esta persona transcribió e hizo llegar por escrito a la organización armada».

Ese «a salvo de coyunturas» se supone que se refiere a la posibilidad de que los interlocutores pudieran moverse para reunirse con los enviados del Gobierno, sin ser detenidos. Aznar nunca explicó los detalles y nadie se lo pidió. Tampoco Felipe González lo hizo con las conversaciones de Argel

«Lo que tengan que decir deben decirlo por escrito y firmarlo», le dijo ETA a Aznar en 1998. Con posterioridad, éste cumplió la exigencia y fue posible la reunión en Suiza. De ese encuentro salieron dos compromisos: «Mantener el canal de comunicación y dejar la puerta abierta para una segunda reunión», siempre según la versión difundida luego por ETA, de manera similar a como se hace ahora a través de Gara. Sin embargo, no siguió entonces el proceso porque ETA consideró que el Gobierno de Aznar rompió el «compromiso de discreción».

El Ejecutivo mantuvo ayer su posición de no valorar públicamente las informaciones de Gara, por entender que ETA no puede marcar la agenda política. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo no va a entrar «en el juego de los terroristas» y mostró su confianza en el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en su compromiso de apoyar al Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo «desde la unidad». «A día de hoy, no hay razones que lleven al Gobierno a dudar de que Rajoy cumple y cumplirá su palabra», dijo.

Las revelaciones de Gara coinciden con las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros y, según el Gobierno, buscan forzar la ruptura con el PP. «No colaboraremos a hacer de altavoces de la banda terrorista ni a convertir su agenda en la agenda política, ni del Gobierno ni de la Nación», aseguró Fernández de la Vega.

Editoriales: LA «MALA PRAXIS» NO CONDENA, PERO SI DEBERIA INHABILITAR // Medidas de emergencia para proteger a las mujeres

EDITORIALES DEL DÍA
LA «MALA PRAXIS» NO CONDENA, PERO SI DEBERIA INHABILITAR

El caso de las sedaciones irregulares denunciadas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés quedó ayer sobreseído porque, aunque el juez señala que hubo «mala práctica médica», eso no permite probar que las muertes de los pacientes fueran provocadas «directa» y «exclusivamente» por los fármacos administrados. Sólo unas completas autopsias efectuadas tras las muertes hubiesen podido servir para probar responsabilidad criminal, y de ahí que el caso quede archivado.

Resulta vergonzoso que el PSOE y los sindicatos hayan utilizado de inmediato esta resolución para pedir a Aguirre «responsabilidades» y que Manuel Lamela no vuelva a ocupar un cargo relevante, porque si algo deja claro el auto es que el entonces consejero de Sanidad actuó correcta y diligentemente al suspender cautelarmente al responsable de Urgencias, José Luis Montes, y destituir a los directivos del centro.

La descripción que la resolución judicial hace de las prácticas de los responsables de dicho servicio es demoledora. Señala que en algunos casos no se efectuó un estudio clínico suficiente de los pacientes antes de proceder a su sedación, y que esa falta de diagnóstico es precisamente una de las razones por las que no puede saberse si la sedación fue la causa de la muerte.

Afirma que queda demostrado que las sedaciones incrementaron innecesariamente el riesgo de muerte de los pacientes, que tenían enfermedades graves pero no terminales. Se trataba de ciudadanos susceptibles de tratamiento y, «si tenían alguna posibilidad de superar el evento que generó el ingreso, ésta fue suprimida por la sedación, que eliminó la expectativa de supervivencia».

Se reitera que en varios casos las dosis fueron excesivas, por la cantidad y por el tiempo durante el que fueron administradas. Que se suministraron sin un dolor agudo que las justificara. Que se mezclaron medicamentos potencialmente peligrosos.

De ahí que resulte asombroso que quienes han hecho del caso una bandera política contra el PP sostengan ahora que la Justicia les ha dado la razón. En todo momento, el juez hace patente que «hay una duda que no puede despejarse»: si los pacientes murieron o no por las sedaciones. En todo caso, queda probado que éstas fueron indebidas y peligrosas.

Es la responsabilidad penal la que de momento ha quedado descartada, pero queda pendiente la responsabilidad deontológica. Le corresponde al Colegio Médico de Madrid emitir un dictamen público contundente, además de retirar la colegiación a los implicados, de forma que ningún paciente vuelva a sufrir las consecuencias de sus prácticas. No da pie al optimismo que esta institución emitiera ayer un comunicado en el que simplemente se congratulaba de que no se hubiera encontrado responsabilidad penal. Es el corporativismo mal entendido de cubrir las malas prácticas el que perjudica la credibilidad de la profesión médica, y no actuaciones como las de la Comunidad de Madrid, que puso como prioridad los derechos de los pacientes.

IMPRESIONES
Medidas de emergencia para proteger a las mujeres

El Gobierno trató ayer de apuntalar y mejorar la Ley de Violencia de Género, aprobada hace sólo dos años, con un paquete de 28 medidas adicionales. La aprobación de estas actuaciones de emergencia prueba hasta qué punto se ha revelado ineficaz una de las normativas estrella de la legislatura Zapatero. La propia vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió ayer a «lo amplio» del «marcador fatal» (36 mujeres asesinadas en lo que va de año) para justificar las nuevas disposiciones. El hecho de que algunas de las mujeres muertas a manos de sus parejas retiraran las denuncias contra sus maltratadores, y solicitaran a los jueces la anulación de las órdenes de alejamiento, ha abierto todo un debate político y jurídico, con sentencias contrapuestas, sobre la capacidad legal de las administraciones para actuar de oficio. De hecho, el asesinato de una mujer en Vitoria, el pasado 2 de junio, poco después de haber retirado su denuncia, ha condicionado a las claras el nuevo paquete de actuaciones aprobado por el Ejecutivo. Entre las decisiones adoptadas destaca la elaboración de un registro de maltratadores y de sus víctimas para uso privativo de jueces y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También se ordena que la Policía extreme la vigilancia sobre aquellas mujeres que decidan retirar sus denuncias y prescindir de los protocolos habituales de protección. Ambas disposiciones, por intervencionistas, rozan los límites infranqueables de la libertad individual, si bien la gravedad de la situación requiere todo el apoyo posible a cuantas decisiones del Gobierno ayuden a luchar contra la violencia de género. Está por ver, sin embargo, la eficacia de este paquete de medidas de urgencia porque la fatal estadística es todo un alegato contra la de las anteriores.

IMPRESIONES
Las críticas de Balza son irresponsables

El consejero de Interior vasco, Javier Balza, cuestionó ayer de una tacada la versión oficial sobre la localización de un coche de ETA cargado con 130 kilos de explosivos en Huelva y la idoneidad de la coordinación y colaboración entre la Ertzaintza y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También sugirió que el Gobierno perjudica la lucha antiterrorista con una reserva informativa absolutamente razonable, por más que él la tache de «deliberada» y «malísima» para la Policía vasca. Las críticas de Balza suponen una deslealtad y una irresponsabilidad sólo 48 horas después de que Ibarretxe se comprometiera ante Zapatero en La Moncloa a darle su apoyo. El consejero del PNV pone de relieve unas desavenencias impropias entre los responsables políticos de la lucha contra ETA, en un momento en el que la banda ha mostrado su determinación criminal.