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sábado, 16 de junio de 2007

Editorial: SE ACUMULAN LOS INDICIOS PARA PEDIR LA ILEGALIZACIÓN DE ANV


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SE ACUMULAN LOS INDICIOS PARA PEDIR LA ILEGALIZACION DE ANV

Hoy se constituyen los ayuntamientos surgidos de las urnas el 26-M y el principal foco de atención está en los municipios vascos y navarros, ya que ANV ha convocado a sus candidatos para que acudan a tomar posesión de sus escaños en las 107 localidades en las que sus candidaturas fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo.

Cada día que pasa se acumulan los indicios de que ANV no es más que una marioneta que mueve Batasuna. Ayer, la que hoy se convertirá en alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarangoitia, se puso en evidencia al eludir una condena de los últimos actos de kale borroka con las siguientes palabras: «Llevamos muchísimos años con esa palabra maldita en la boca sin solucionar nada». Es de suponer que el fiscal general del Estado habrá tomado buena nota de estas declaraciones con el fin de acumularlas a los numerosos indicios que ya tiene para solicitar la ilegalización de ANV.

Sin embargo, al haber renunciado tanto el fiscal como el Ejecutivo a poner en marcha los mecanismos legales para impedir que los electos de ANV tomen posesión de sus puestos de concejales, se puede decir que Batasuna va a volver a algunos ayuntamientos vascos por vía interpuesta para quedarse cuatro años. A pesar de que el Gobierno ha insistido en que no era posible -debido a una sentencia del Constitucional- impedir que los candidatos electos se convirtieran legalmente en concejales, hay juristas que defienden que sí se podría haber evitado esta situación.

Tampoco ha podido evitarse que la marca legal de Batasuna gobierne en pueblos importantes como Arrasate, Hernani o Pasajes, donde los partidos democráticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para impedir que esas localidades caigan en manos de los proetarras. Hace pocos días, el dirigente socialista Ramón Jáuregui propugnaba un acuerdo para desalojar a ANV de las Alcaldías. Pero la falta de un consenso de fondo de los demócratas frente a los violentos es la causa de que lo que en otro tiempo fue posible ahora ni siquiera se haya intentado.

Además de pedir que sus candidatos acudan a los plenos en las poblaciones donde la lista fue anulada, la marca legal de Batasuna ha convocado concentraciones -algunas de ellas prohibidas- en todo el País Vasco y Navarra. Las Fuerzas de Seguridad tendrán trabajo, puesto que su obligación es impedir que ANV reviente los plenos de constitución de algunos ayuntamientos con actuaciones violentas.

No es éste, desgraciadamente, el único motivo de inquietud, ya que, según publicamos hoy, la Policía francesa ha alertado a las autoridades españolas sobre un posible atentado de ETA durante este fin de semana, aprovechando la constitución de los ayuntamientos.

Editorial: Un recurso que cuestiona la coherencia del PP



IMPRESIONES
Un recurso que cuestiona la coherencia del PP


La decisión del Gobierno valenciano de recurrir el Estatuto de Andalucía ante el Constitucional causó ayer una profunda sorpresa en el PP. Y no es para menos ya que el partido de Rajoy había votado en el Congreso a favor del Estatuto andaluz. El Gobierno que preside Francisco Camps anunció ayer que va a presentar un recurso contra el sistema de financiación que establece ese Estatuto, que prima el aumento de población. Camps considera que se trata de un agravio hacia Valencia, que no dispone de esa ventaja. Camps tiene razón en el fondo porque es absurdo que existan financiaciones privilegiadas para algunas comunidades en detrimento de otras. Pero el recurso plantea un grave problema de coherencia en la dirección nacional del PP, que tendrá que explicar ahora por qué ha consentido el recurso de Camps contra un Estatuto que contribuyó a sacar adelante. Por si ello no fuera suficiente, el Gobierno murciano está estudiando también la presentación de otro recurso contra el Estatuto andaluz por el blindaje del agua. Sea cual sea el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, lo que carece de sentido es que las reformas de los estatutos hayan incluido aspectos como la financiación o el uso del agua, que no pueden ser decididos unilateralmente. De esos polvos vienen esos lodos que salpican ahora a Rajoy y al PP.

El Gobierno siguió reuniéndose con ETA después de la T4 y durante las Elecciones Municipales recien concluidas.



El Gobierno se reunió con la banda y Batasuna en el exterior, según 'Gara'

MADRID. - La izquierda abertzale ha revelado que Batasuna y ETA mantuvieron
contactos con el Gobierno de manera simultánea en plena campaña electoral
sin que se llegase a acuerdo alguno. Así lo recoge la noticia publicada por el diario Gara en su edición de ayer, confirmando de este modo las informaciones publicadas por este periódico.

Gara aporta, no obstante, una novedad, y es la de que las reuniones con Batasuna se produjeron también en una capital europea, la misma que acogía a los dirigentes de la banda terrorista, y que contaron con el concurso de una muy relevante presencia internacional.

Los encuentros definitivos, que fueron precedidos por contactos preparatorios mantenidos en los meses de abril y marzo, se desarrollaron los días 14, 15 y 16 de mayo, y fue el día 21 cuando los intentos se dieron por fracasados. La delegación de la formación ilegalizada estuvo encabezada por Arnaldo Otegi.

El periódico radical asegura que en las conversaciones con las que el Gobierno trataba de impedir futuros atentados se habló de cuestiones políticas como la territorialidad. Los representantes del Ejecutivo aceptaron la posibilidad de realizar reformas estatutarias en el País Vasco y Navarra, fijando como límite máximo la posibilidad de construir en un futuro un órgano común intergubernamental; pero se negaron a la creación de una autonomía a cuatro, como proponía Batasuna, y esto imposibilitó el acuerdo.

Según Gara, uno de los detenidos el pasado mes de marzo, Jon Yurrebaso, miembro de la delegación etarra de negociadores lo fue cuando se dirigía a una de las reuniones con los representantes del Ejecutivo.

El portavoz del Grupo Socialista en el congreso, Diego López Garrido, desmintió ayer tajantemente que el Gobierno haya mantenido reuniones con ETA después del atentado de la T-4 y reclamó confianza en el Ejecutivo frente a lo que diga «el entorno de una banda terrorista».

La respuesta de los populares fue de perfil bajo. El portavoz adjunto en la Cámara, Vicente Martínez- Pujalte, señaló que es «difícil» callarse y «creer al Gobierno» ante las «escalofriantes» noticias sobre contactos con ETA. Pujalte resaltó que estas «señales alarmantes» empiezan a producirse apenas horas después de que se les haya pedido consenso.

NAVARRA: El PSN pacta con NaBai e IU



El PSN pacta seis alcaldías con NaBai e IU y aprueba hacerlo en la comunidad

Los socialistas apuestan abiertamente por un 'gobierno de progreso' y aseguran que Navarra «ha votado 'no' a Miguel Sanz y a UPN»

MARCOS IRIARTE

PAMPLONA.-
La de ayer fue una foto aplaudida por unos y denostada por otros pero, sobre todo, el preludio de lo que los socialistas navarros contemplan para el futuro de Navarra. PSN, Nafarroa Bai e IUN se hicieron ayer su primera foto oficial conjunta tras repartirse los gobiernos de seis importantes poblaciones navarras, que afectan a cerca de 100.000 ciudadanos. El pacto, sellado con un apretón de manos del secretario general del PSN, Carlos Chivite, el portavoz de NaBai, Txentxo Jiménez, y el coordinador general de IUN, Ion Erro, fue rápidamente replicado desde las filas regionalistas: «El PSN se equivoca».


La misma foto, según ratificó horas más tarde el comité regional del PSN, se repetirá en los próximos días para conformar un gobierno de progreso alternativo al de UPN.

«La mayoría de la sociedad de Navarra ha votado no a Miguel Sanz y a UPN-PP y sí al cambio de gobierno y de políticas». Así de contundente, se expresó ayer el máximo órgano de dirección del PSN, en una declaración aprobada a última hora de la noche y con la que quiso arrojar luz definitiva sobre la política de alianzas que contempla para Navarra.

La declaración, aprobada por 85 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones en el comité regional del PSN, encomendó a su candidato, Fernando Puras, y a su secretario general, Carlos Chivite, a continuar con sus conversaciones «con el objetivo de alcanzar la Presidencia para liderar un gobierno progresista» y, sin mencionarlo de una manera expresa, para descartar una alianza con UPN, que ya ha dejado claro que si Puras quiere la Presidencia tendrá que buscarla en el pacto con Nafarroa Bai.

«En Navarra los ciudadanos han optado por el cambio no renovando su apoyo a la derecha. En consecuencia debemos dar respuesta a las expectativas que hemos generado y a las esperanzas que hemos despertado para no defraudar la confianza depositada sino ampliarla llevando a cabo el proyecto de progreso social con el que nos hemos presentado a las elecciones», acordó el PSN.

Los socialistas navarros cargaron nuevamente en este escrito contra la política desarrollada por UPN y el Partido Popular y recordaron que los navarros manifestaron en las urnas «su rechazo a las políticas de crispación y enfrentamiento» y apostaron por las políticas «de convivencia y entendimiento desde el respeto a la pluralidad y la diversidad de la Comunidad Foral».

Tras incidir en la campaña de «acoso, mentiras y manipulación» que, según ellos, han sufrido por parte de los regionalistas, los socialistas navarros celebraron haber conseguido en las urnas «romper la mayoría de la derecha y haber abierto posibilidades y oportunidades de gobierno».

Rajoy advierte a Zapatero que Navarra afecta al «ser de España»



Rajoy advierte a Zapatero de que Navarra afecta al «ser de España»

Acusa al Gobierno de haber «encizañado» en tres años la «convivencia» alcanzada en 30 años de democracia

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.-
Rendido ya a la evidencia de que los ediles de ANV tomarán hoy posesión de sus cargos, pese a la «sugerencia» hecha el lunes a Zapatero de que impugnara sus actas cuando todavía estaba a tiempo, Mariano Rajoy echó ayer el resto con Navarra.


El presidente del PP aprovechó la conmemoración del 30º aniversario de las primeras elecciones democráticas para advertir a Zapatero de la «gravedad» de un posible pacto de Gobierno entre PSN y Nafarroa Bai. Rajoy argumentó que ello contravendría una larga tradición de consensos entre los dos grandes partidos en torno a «la estructura del Estado» y el propio «ser de España».

De esta manera, el líder popular no se limitó, como días atrás, a enmarcar el futuro de Navarra en el propio rumbo de la política antiterrorista, sino que hizo de él una cuestión nacional y constitucional por cuanto, según insistió, los nacionalistas vascos -posibles socios de los socialistas en la Comunidad Foral- cuestionan la Carta Magna.

«Yo soy de los que creo que nuestra vida política debería recuperar amplios niveles de acuerdo», afirmó; «por ejemplo, en la estructura del Estado, en el ser de España, en nuestro sistema de ordenación territorial».

«Estos días», pasó a decir a continuación, «se habla de pactos electorales. En Navarra siempre gobernó el más votado de los partidos que defienden la existencia de Navarra y el texto constitucional. Sería de una enorme gravedad -y quiero decir a todos los españoles que yo no lo haría nunca- que por puros intereses partidistas el Partido Socialista se uniera a aquéllos que quieren que Navarra deje de ser Navarra y que no quieren el texto constitucional».

La solemnidad con que Rajoy se refirió a Navarra en su discurso se transformó en auténtica dureza al comentar más tarde a los periodistas, en una conversación informal, que, pese a la gravedad apuntada por la interinidad en Navarra, no cabe admitir el «chantaje» del PSOE para arrebatar la Presidencia a UPN.

En el mismo contexto, Rajoy se quejó también de la falta de «contundencia» contra ETA esgrimida por el presidente del Gobierno en su alocución en el Congreso tras la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Pero su verdadera andanada contra Zapatero, a la espera de lo que hoy declare su partido tras la toma de posesión de los ediles de ANV, la lanzó Rajoy a micrófono abierto, en el discurso pronunciado en la azotea de la sede nacional del PP, ante sus militantes de Nuevas Generaciones -organizadoras del acto- y de los altos cargos de su partido. Lo acusó de «destruir» en estos tres últimos años los «consensos» de 30 años de democracia.

«Estamos celebrando una fecha», dijo, «que se caracteriza por que alumbró un gran espíritu de entendimiento (...), establecimos unas reglas, escritas o sin escribir, lo que se llaman los consensos, que eran el reconocimiento explícito de que España no era propiedad de nadie, sino patrimonio de todos, y que las decisiones que afectaban a ese bien común debían tomarse por acuerdo de todos (...) Ese espíritu representó para los españoles poco menos que encontrar un tesoro. A los extranjeros les pareció un milagro, pero era real. Y lo ha seguido siendo hasta hace unos pocos años en que, lamentablemente, el Gobierno ha puesto todo su empeño en destruirlo: destruir los consensos, encizañar la convivencia, desenterrar los enfrentamientos y sembrar cuñas de insolidaridad».

Según Rajoy -quien habló después del presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, y del ex secretario general de UCD y ex ministro Rafael Arias Salgado-, ha habido tres momentos en la democracia en los que los españoles han forjado su nueva conciencia patriótica. El primero, las propias elecciones del 15 de junio de 1977; el segundo, el fracaso del golpe de Estado del coronel Tejero en febrero de 1981; y el tercero, la movilización espontánea de protesta al asesinato del concejal del PP Miguel Angel Blanco, en julio de 1997, que desembocó en el «espíritu de Ermua».

El presidente del PP invocó dicho «espíritu» para reeditar, entre otros muchos, el consenso contra ETA. Pero no reivindicó el Pacto Antiterrorista, sino sólo su contenido. «Sería urgente», dijo, «volver a un método que tan buenos resultados ha demostrado».

ANV se niega a 'condenar' la violencia antes de entrar en los ayuntamientos


VUELTA A LAS ARMAS / «Llevamos muchos años con esa palabra maldita en la boca», afirma su candidata en Hernani, que hoy será alcaldesa / Convoca concentraciones en las localidades donde sus listas fueron anuladas
ANV se niega a 'condenar' la violencia antes de entrar en los ayuntamientos

«Llevamos muchos años con esa palabra maldita en la boca», afirma Marian Beitialarangoitia, que se convertirá hoy en alcaldesa de Hernani La marca legal de Batasuna convoca concentraciones en las localidades donde fueron anuladas sus listas y pide a sus candidatos que vayan a los plenos

O. TORRES / R. L. DE CALLE

VITORIA/BILBAO.-
La izquierda abertzale radical, que a partir de hoy gobernará en 17 localidades vascas y ocho navarras en las que ha logrado la mayoría absoluta, rechazó ayer desmarcarse de los actos de terrorismo callejero de los últimos días con el argumento de que la «palabra maldita» de la «condena» no aporta ninguna solución al llamado conflicto vasco.

Los herederos de Batasuna, que lograron el 27-M la victoria electoral en 41 municipios, 32 en la Comunidad Autónoma Vasca y nueve en Navarra, evidenciaron ayer que su posición respecto a ETA y su entorno no ha variado respecto a la que ha mantenido tradicionalmente la izquierda abertzale. «Han transcurrido muchos años con esta palabra maldita en la boca», aseguró ayer Marian Beitialarangoitia, que hoy será elegida alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa).

El reciente emplazamiento del lehendakari a un cambio de rumbo, repetido hasta la saciedad por otras fuerzas políticas, no modificó en nada la posición de los radicales, que no parecen dispuestos a atender las recomendaciones que parten desde los socialistas, los nacionalistas moderados o la izquierda representada por Ezker Batua y Aralar.

La candidata de ANV a la Alcaldía de Hernani fue la encargada de dar voz ayer a la posición de Batasuna. Marian Beitialarangoitia fue concluyente al señalar que «lo correcto» es buscar soluciones y no adentrarse «en la dinámica de las condenas».

Mientras aumentan las coacciones de ANV para que 282 concejales vascos y navarros renuncien a sus escaños por resultar elegidos en poblaciones con listas anuladas, la futura alcaldesa de Hernani pretendió presentar a esta formación política como la destinada a ofrecer una salida a la amenaza terrorista.

«El que quiera encontrar soluciones, sea la fuerza que sea, que no dude de que encontrará en ANV un aliado. Hace falta una clase política que se moje al ofrecer soluciones. En las coyunturas difíciles, el proceso es más necesario que nunca porque será lo que haga que éstas y otras expresiones de violencia desaparezcan», aseguró.

Los argumentos de Beitialarangoitia se conocieron ayer después de que las amenazas se concretaran en Vitoria con la quema de cuatro contenedores en las inmediaciones de la sede del PNV. Estos hechos, que se suman al incendio en un aparcamiento de Rentería, el ataque de una veintena de encapuchados contra la Diputación de Alava con botellas de pintura o la quema de un autobús en Baracaldo, requirieron la intervención de los bomberos durante cerca de una hora.

La portavoz de Acción Nacionalista Vasca tampoco hizo referencia a la ruptura del alto el fuego y la amenaza de la banda terrorista ETA, extendida a todos los partidos, profesionales y sectores empresariales vascos y que mantiene en alerta a las Fuerzas de Seguridad ante la posibilidad de la comisión de un atentado en las próximas fechas.

En este clima de alta tensión, a unas horas de la constitución de los ayuntamientos, ANV llamó ayer a los simpatizantes abertzales a concentrarse ante los ayuntamientos. Iban Maia, miembro de la candidatura ilegalizada en la localidad de Lesaka (Navarra), aseguró, además, que los candidatos que consideran que han sido elegidos con los votos nulos acudirán a los ayuntamientos con la intención de reclamar sus asientos y «pedir que se respete la voluntad popular».

Por su parte, el Departamento vasco de Interior señaló que no tiene previsto adoptar «medidas restrictivas» contra las concentraciones convocadas por la izquierda abertzale. La Consejería dirigida por Javier Balza mantuvo su costumbre y evitó informar sobre el número de movilizaciones convocadas por ANV. Sin embargo, fuentes de Interior indicaron que la mayor parte de ellas está prevista en los consistorios en los que la formación radical fue proscrita (107).

En Navarra están prohibidas ocho concentraciones, mientras se podrán celebrar otras tres, en Pamplona, Berriozar y Tafalla, por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que estima que las resoluciones fueron adoptadas fuera de plazo.

La Ertzaintza ha preparado en el País Vasco el mismo dispositivo que desplegó el día de las elecciones, de forma que tendrá activos «todos los recursos disponibles» para garantizar el normal desarrollo de las sesiones plenarias. A esta labor contribuirán las policías locales en las tres capitales de provincia.

El temor a que se produzcan incidentes en el interior de los ayuntamientos -hace cuatro años, ediles radicales se llevaron, literalmente, los escaños que «les correspondían» fuera del salón de plenos- ha provocado que varios consistorios hayan restringido la asistencia de público y medios de comunicación a los salones de plenos, hasta el extremo de que, en el caso de San Sebastián, la única forma de acudir a la sesión plenaria es con una invitación, y en el de Bilbao sólo podrán acceder los medios de comunicación acreditados.

La jornada de hoy culminará la estrategia de presión desarrollada por la izquierda radical durante la campaña, centrada en los actos del PNV y PSE. Esta actitud empujó a Aralar a renunciar a más de una decena de puestos en municipios vascos y navarros.

Esta formación ultimaba ayer un «acuerdo de convivencia» con EA y ANV en el municipio guipuzcoano de Aretxabaleta, que registró una mayoría de votos nulos, para intentar compensar la proscripción de la lista radical con la habilitación de fórmulas de participación dirigidas al partido abertzale.

El resto de los partidos políticos ha dado la directriz a sus cargos electos de que tomen posesión de sus escaños, aunque contemplan la posibilidad de que se produzcan algunas renuncias de carácter excepcional. Entre ellos se encuentra el PNV, que se ha convertido en la diana de los reproches radicales, y que incluso ha obligado a que varios de sus dirigentes tengan asignada escolta personal.

El Gobierno sostiene que el TC le impide actuar contra ANV

La vicepresidenta desmiente rotundamente que hubiera contactos con ETA durante la campaña electoral

FERNANDO GAREA

MADRID.-
La pregunta fue: «¿El Gobierno ha tenido algún tipo de contacto con ETA durante la campaña electoral?». Y la respuesta de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, fue una de las más breves que se recuerda en una de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros: «Ninguno, absolutamente ninguno».

Cuando se le insistió en si el desmentido se extiende al contacto de emisarios del Gobierno con ETA la vicepresidenta se limitó a asegurar que no comenta las informaciones de Gara.

Añadió que «ETA no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos, ni uno solo, de ningún tipo, no lo ha logrado tras 40 años empleando la violencia y nunca lo va a conseguir. Esto es todo lo que el Gobierno comenta».

Esta vez no hubo en la rueda de prensa ni la más mínima insinuación o crítica al PP, como corresponde al periodo de buenas maneras iniciado el lunes con la entrevista entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Eso no significa que el Gobierno no defendiera su posición por no haber actuado para intentar impedir que los electos de ANV tomen hoy posesión de sus cargos.

Así, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presente en la rueda de prensa, aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional lo impide. Explicó que «ANV está donde está porque los tribunales han decidido que esté».

«Ningún gobierno puede hacer nada frontalmente en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional», dijo. Se refirió expresamente al fundamento jurídico sexto de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que expresamente consideraba «desproporcionado» instar la ilegalización de ANV.

Textualmente, aseguraba el Tribunal Constitucional en su sentencia de hace un mes que «no habiéndose alcanzado el punto en que la trama defraudatoria se confunda con la dirección formal del partido, la disolución de éste pudiera haber resultado desproporcionada».

No obstante, Fernández Bermejo aseguró que el Gobierno estará «enormemente atento a ver qué hace ANV, si va a ser coherente con esos estatutos que rechazan la violencia o si va a pasar la línea que se marca en nuestra legislación en la Ley de Partidos. Lo haremos con la ley en la mano, sin voluntarismos».

El ministro de Justicia aseguró que es perfectamente legal que los electos de Nafarroa Bai estén renunciando a asumir concejalías donde se impidió presentarse a ANV.

Aseguró que «no es obligatorio tomar posesión, se puede renunciar al acta». Añadió que, en todo caso, aunque no sea un problema legal puede serlo «en términos sociológicos o políticos».

La vicepresidenta primera se remitió a los socialistas de Navarra en todas las cuestiones planteadas sobre los pactos de Gobierno en la Comunidad Foral.

Fernández de la Vega hizo referencia al terrorismo en su introducción sobre el trigésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones democráticas para constatar que ETA es «la última pesadilla del franquismo» y que, al igual que ocurrió con la Transición, sólo «la unidad» permitirá acabar con lo que España «aún tiene pendiente: su fin».

La vicepresidenta primera destacó que «la unanimidad» con la que los grupos parlamentarios apoyaron el pasado miércoles al presidente del Gobierno en la lucha contra el terrorismo a propósito de las reuniones que mantuvo en el Congreso es «una contribución a la memoria, el acuerdo, la unidad y la altura de miras al afrontar los desafíos colectivos» de la Transición.

Francia alerta a España del riesgo de un atentado de ETA en las próximas 48 horas



VUELTA A LAS ARMAS / Peligro máximo
Francia alerta a España del riesgo de un atentado de ETA en las próximas 48 horas

FERNANDO LAZARO

MADRID.-
Máxima alerta. Las noticias procedentes de Francia auguran malos tiempos. El tan temido primer atentado de la organización terrorista ETA tras el anuncio de ruptura de la tregua parece que se acerca. Así lo han constatado los servicios policiales franceses y así se lo han trasladado a las autoridades españolas.

Según explicaron a este periódico fuentes de la lucha antiterrorista, Francia ha alertado a España de que podría producirse un movimiento de ETA durante las próximas horas. En concreto, centran la situación de máxima alerta para los dos próximos días. El análisis francés coincide con el de los expertos españoles.

Tras el anuncio de ruptura de la tregua, el nivel de alerta en toda España se incrementó. La tensión entre todos los servicios de información policiales creció, pero no llegó al máximo. Ahora, el nivel de alerta antiterrorista, tras la notificación de los servicios policiales franceses, se ha disparado.

Los especialistas del país vecino han advertido a los colegas españoles de que, según sus datos, las zonas de más alto riesgo serían el País Vasco y Navarra. No obstante, los expertos españoles no quieren descartar tampoco de esta nueva situación de alerta a Madrid y la zona de Levante, entre otros puntos sensibles. Los analistas antiterroristas consideran que una de las fechas más significativas y que más les preocupan ante la reaparición de los asesinos es hoy. La formación de los nuevos ayuntamientos en toda España es un momento de máxima tensión para los servicios antiterroristas. Desde hace días, el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior del Gobierno vasco elaboraron un dispositivo de seguridad especial de cara a esta jornada. Además del propio temor a que ETA quiera convertirse en la protagonista del día, los responsables de la seguridad temen que se produzcan incidentes en la constitución de ayuntamientos del País Vasco y de Navarra. La presencia de ANV en algunas localidades y, sobre todo, su ausencia, en otras según estos expertos, pueden dar lugar a incidentes.

Además, estas fuentes recuerdan que ya hace cuatro años, cuando la anterior formación de ayuntamientos, la organización terrorista intentó dinamitar la jornada. En aquella ocasión, los etarras colocaron un coche cargado con más de 30 kilos de explosivos (cloratita y dinamita Titadyn) junto a la sede de Antena 3 Televisión en Bilbao. Los etarras pusieron al lado del artefacto un cartel con los nombres de los etarras Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, fallecidos en 2002 en Bilbao cuando les estalló la bomba que trasladaban en un coche.

Los terroristas alertaron previamente de que el vehículo iba a estallar con una llamada anónima. El vehículo con los explosivos fue desactivado por la Policía autónoma vasca.

El temor de los analistas es que ETA trate de actuar desde Francia, con un comando itinerante. Estas fuentes temen que los terroristas crucen la frontera con un coche cargado de explosivos y lo coloquen en alguna localidad del País Vasco o de Navarra. Por este motivo, durante las últimas horas el dispositivo de fronteras se ha visto reforzado.

Desde hace años, la Policía y la Guardia Civil mantienen una operación especial de controles esporádicos y móviles por la frontera española para tratar de frenar la entrada de terroristas a España. Los expertos consideran que el fin del alto el fuego no ha supuesto una pérdida de poder en ETA para José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera. De hecho, la dirección etarra se ha visto reforzada por la incorporación de antiguos militantes a las estructuras directivas, de la confianza del considerado como responsable del llamado entramado político.

Los expertos antiterroristas sitúan junto a Josu Ternera a Juan Cruz Maiztegui Bengoa, de 53 años, otro histórico de la organización terrorista, y a Francisco López Peña, Thierry. Según explicaron fuentes de la lucha antiterrorista, son estos tres los que formarían el nuevo colectivo Artapalo, de ETA, el triunvirato con el que se reparten las labores de dirección.

Así, según los analistas, todo el entramado político de ETA sigue estando dirigido por Josu Ternera. Maiztegui está considerado como el responsable del entramado logístico y de formación de los nuevos etarras.

Pero quien, al parecer, se ha convertido en una pieza capital del entramado es López Peña, al que la mayoría de los especialistas considera el nuevo responsable del llamado entramado militar de los terroristas. A sus órdenes estaría, como enlace con los comandos, Garikoitz Azpiazu, Txeroki.

27M: Pactos poselectorales: CORDOBA, CHICLANA; ZARAGOZA, BALEARES, MELILLA, Logroño, Toledo, Cáceres, Orense, Jaén, León, Soria, Zamora



El pacto cerrado ayer para que Córdoba cuente con «un Gobierno de progreso», formado por IU y PSOE, fue calificado por la candidata de IU y alcaldesa en funciones, Rosa Aguilar, como «el mejor acuerdo para la ciudad», mientras que el candidato socialista, Rafael Blanco, dijo que, gracias a la alianza, «mañana [por hoy] se abre una nueva etapa en Córdoba».
En una rueda de prensa conjunta, Aguilar y Blanco coincidieron en afirmar que el pacto sellado siempre había tenido como referencia «el interés de Córdoba».

Por esta razón, el orden de la negociación, que ha culminado en consenso para formar un gobierno municipal de coalición, incluyó primero asegurar el compromiso conjunto de que se iniciarán o culminarán los grandes proyectos, referidos al aeropuerto, al recinto ferial, al estadio, al palacio del Sur o a las Caballerizas Reales.



Los tres ediles que IU obtuvo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) rompieron el pacto global alcanzado con el PSOE a nivel provincial y regional y pactaron con PP (ocho concejales), PA (dos ediles) y PSA (uno) para arrebatar la Alcaldía a los socialistas, que obtuvieron 11 concejales el 27-M.

El acuerdo para gobernar en la localidad gaditana se firmó ayer, según informa Europa Press. El concejal electo de IU, José Pedro Butrón, ya aclaró que había roto las negociaciones con el PSOE por no aceptar un decálogo «por la regeneración democrática» presentado por su partido, que sí han asumido PP, PSA y PA.

El responsable de Organización de IU en Cádiz, José Vicente Acuña, advirtió a los ediles de su formación que, si confirman la «fechoría» de pactar con el PP, serán suspendidos de militancia como paso previo a su expulsión definitiva.


Belloch confía repetir como alcalde con los votos de PAR y CHA

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, afirmó ayer que «probablemente» el PSOE formará gobierno en mayoría con el Partido Aragonés (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, si bien apuntó que, en política, «no hay nada seguro» hasta que no está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Nunca hay que decir con seguridad nada, pero lo más probable es que sea así», apostilló el líder socialista.

En declaraciones a la cadena Ser, Belloch señaló: «Formaré gobierno en mayoría y no nombraré un equipo hasta que no esté consolidado un equipo mayoritario. Estoy seguro que para el 1 de julio habrá gobierno y que será de base amplia», aseguró.

En Huesca, otro socialista, Fernando Elboj, gobernará en el Ayuntamiento con el apoyo del Partido Aragonés (PAR).


El PSOE arrebata ocho capitales al PP gracias a la firma de acuerdos

AGUSTIN YANEL

MADRID.-
Más de 8.000 ayuntamientos se van a constituir hoy y elegirán a sus alcaldes o alcaldesas. En aquellos donde un partido logró la mayoría absoluta el 27 de mayo, no habrá problemas. En otros, las negociaciones continuarán hasta el último momento para intentar arrebatar la alcaldía al oponente allí donde sea posible.


Los pactos que ha firmado el PSOE en los últimos días con Izquierda Unida en toda España, y con el BNG y otras fuerzas políticas de izquierda en distintas comunidades, van a permitir a los socialistas descabalgar al PP de al menos ocho capitales que hasta ahora estaban en manos populares: Logroño, Toledo, Cáceres, Orense, Jaén, Palma de Mallorca, León y Soria. Anoche, Zamora seguía pendiente de negociación.

Tras las elecciones del 27 de mayo, en algo más de 1.500 ayuntamientos de los 8.111 que se deben constituir hoy se necesitaban pactos entre distintas fuerzas políticas para elegir alcalde. El balance es positivo para el PSOE, porque gobernará en al menos 23 capitales, frente a 21 que dependerán del PP.

Los socialistas han conseguido, por vez primera, ostentar las cuatro capitales de Cataluña, las cuatro de Galicia y las tres de Aragón. Además, aumentan las capitales que gobernarán en la comunidad castellano leonesa: Soria y León se suman ahora a Segovia y Palencia.

En Andalucía, gracias a un pacto con Izquierda Unida, los socialistas mantienen Sevilla y logran Jaén. Izquierda Unida (IU) es la formación que más aumenta su poder político, porque en varias capitales y en numerosas ciudades importantes se ha convertido en la llave para arrebatar alcaldías al PP.

Toledo es un buen ejemplo de capital tradicionalmente en manos de los populares que a partir de hoy va a tener un alcalde socialista, Emiliano García-Page, gracias al pacto con IU. El único concejal de Izquierda Unida en esta ciudad se encargará de la concejalía de Vivienda -materia que la formación de Gaspar Llamazares muestra con orgullo como ejemplo de buena gestión en los gobiernos locales donde la ostenta- y la de Juventud y Festejos.

Algo similar ocurre en Albacete, donde la única concejala de IU, Rosario Gualda, ostentará la concejalía de Educación y la de Cultura.

En Teruel, el PSOE ha cedido el Ayuntamiento al Partido Aragonés (PAR) y el hasta ahora consejero de Asuntos Sociales de Aragón, Miguel Ferrer, será el nuevo alcalde de la capital turolense en sustitución de la socialista Lucía Gómez, que ha estado al frente del Consistorio los últimos cuatro años con apoyo del PAR.

Para firmar lo que han denominado «pactos de gobernabilidad», el PSOE e IU no se han limitado a repartirse concejalías en función de los votos obtenidos, sino que han hablado de objetivos y de cumplimiento de sus programas.

Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, se mostró ayer satisfecho por los acuerdos firmados con el PSOE. «En más de 400 municipios donde ha sido posible concretar acuerdos, dentro de muy poco se va a notar una mayor transparencia municipal, un avance social que se plasmará en los presupuestos municipales y algo que para IU resulta fundamental como es la lucha contra la especulación urbanística y la corrupción», añadió.

En su opinión, es así en la práctica, como se demuestra que IU va a tener más peso específico en los ayuntamientos a partir de hoy, lo que corrobora «los resultados positivos alcanzados por IU en las pasadas elecciones, por mucho que haya a quienes les interese dar otra impresión», indicó Llamazares.

Desde las filas del PSOE, su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, también afirmó que los acuerdos, ya sean para ayuntamientos o para gobiernos autonómicos, deben sustentarse «en valores compartidos o en un programa o en un objetivo político de fondo».

Por eso criticó el pacto entre Partido Popular y Coalición Canaria para gobernar en esa comunidad, porque «se sustenta en la mera y pura conveniencia del más estrecho partidismo».


Los pactos entre UM y el PSOE se extienden de la Alcaldía de Palma a otros 13 municipios

MIQUEL A. FONT

PALMA.-
El PP de Baleares lleva camino de perder todas las instituciones clave de la Comunidad Autónoma por obra y gracia del voto del partido minoritario, Unió Mallorquina, que está haciendo gala de su condición de bisagra decidiendo los alcaldes de muchos municipios así como los gobiernos de la Comunidad Autónoma y del Consell insular de Mallorca.


La presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, dará hoy la Alcaldía de Palma a la socialista Aina Calvo. El 27-M, el PP fue de largo el partido más votado en la capital balear, pero se quedó a un concejal de revalidar la mayoría absoluta. UM, que sólo consiguió dos concejales en un Ayuntamiento de 29, quedó como partido bisagra y ha decidido apoyar al PSOE, que recuperará la Alcaldía después de cuatro gobiernos consecutivos del Partido Popular, primero con Joan Fageda como alcalde y después con Catalina Cirer, que ahora será la líder de la oposición. La socialista Aina Calvo será hoy nombrada alcaldesa con el apoyo de los 11 concejales del PSOE, los dos del Bloc y los dos de Unió Mallorquina.

Munar y el presidente en funciones y líder del PP balear, Jaume Matas, comieron juntos el jueves para negociar los pactos de gobierno. Sin embargo, Munar llegó al encuentro cuando ya tenía firmado el pacto con el PSOE en el Ayuntamiento de Palma.

Sin embargo, especificó que su apoyo a Aina Calvo no implica que también se haya cerrado un acuerdo con el PSOE para el Govern y el Consell de Mallorca, aunque todo indica que esto es lo que sucederá.

En cualquier caso, Munar aseguró que estudiará durante el fin de semana la oferta que le ha presentado Matas para los gobiernos del Consell y de la Comunidad.

Fuentes de UM consideran que la oferta de Matas para pactar ha llegado demasiado tarde y que el president no ofrece nada que no haya ofrecido ya el PSOE.

Por otra parte, en el seno del PP existe cierto malestar por la tardanza de Matas en dialogar con Munar.

Lo que sucederá hoy en el Ayuntamiento de Palma se repetirá, además, en muchos municipios de Mallorca donde, por culpa de los pactos, el PP perderá 13 de los 32 municipios en los que ha estado gobernando hasta ahora.

En casi todos los casos, el PP se marcha a la oposición a pesar de ser la fuerza más votada. Entre los municipios que pierde están Son Servera, Sa Pobla, Sóller, Andratx y Pollença. Donde sí ha triunfado el PP es en las principales capitales de comarca: Calvià e Inca, donde gobernará con mayoría absoluta. En Manacor también gobernará gracias al pacto con un partido independiente.

En las Pitiusas, el PP también ha quedado fuera de los dos ayuntamientos principales. La socialista Lourdes Costa será investida hoy alcaldesa de Ibiza capital, mientras el nuevo alcalde de Formentera será el independiente Jaume Ferrer, que gobernará con el apoyo del PSOE.

En Menorca, el socialista Arturo Bagur seguirá al frente del Ayuntamiento de Mahón, mientras en Ciutadella habrá que esperar hasta el último momento para saber quién será el nuevo alcalde de la localidad.


La formación de la Asamblea de Melilla se retrasa por un recurso

PALMA.- El PP de Baleares lleva camino de perder todas las instituciones clave de la Comunidad Autónoma por obra y gracia del voto del partido minoritario, Unió Mallorquina, que está haciendo gala de su condición de bisagra decidiendo los alcaldes de muchos municipios así como los gobiernos de la Comunidad Autónoma y del Consell insular de Mallorca.

La presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, dará hoy la Alcaldía de Palma a la socialista Aina Calvo. El 27-M, el PP fue de largo el partido más votado en la capital balear, pero se quedó a un concejal de revalidar la mayoría absoluta. UM, que sólo consiguió dos concejales en un Ayuntamiento de 29, quedó como partido bisagra y ha decidido apoyar al PSOE, que recuperará la Alcaldía después de cuatro gobiernos consecutivos del Partido Popular, primero con Joan Fageda como alcalde y después con Catalina Cirer, que ahora será la líder de la oposición. La socialista Aina Calvo será hoy nombrada alcaldesa con el apoyo de los 11 concejales del PSOE, los dos del Bloc y los dos de Unió Mallorquina.

Munar y el presidente en funciones y líder del PP balear, Jaume Matas, comieron juntos el jueves para negociar los pactos de gobierno. Sin embargo, Munar llegó al encuentro cuando ya tenía firmado el pacto con el PSOE en el Ayuntamiento de Palma.

Sin embargo, especificó que su apoyo a Aina Calvo no implica que también se haya cerrado un acuerdo con el PSOE para el Govern y el Consell de Mallorca, aunque todo indica que esto es lo que sucederá.

En cualquier caso, Munar aseguró que estudiará durante el fin de semana la oferta que le ha presentado Matas para los gobiernos del Consell y de la Comunidad.

Fuentes de UM consideran que la oferta de Matas para pactar ha llegado demasiado tarde y que el president no ofrece nada que no haya ofrecido ya el PSOE.

Por otra parte, en el seno del PP existe cierto malestar por la tardanza de Matas en dialogar con Munar.

Lo que sucederá hoy en el Ayuntamiento de Palma se repetirá, además, en muchos municipios de Mallorca donde, por culpa de los pactos, el PP perderá 13 de los 32 municipios en los que ha estado gobernando hasta ahora.

En casi todos los casos, el PP se marcha a la oposición a pesar de ser la fuerza más votada. Entre los municipios que pierde están Son Servera, Sa Pobla, Sóller, Andratx y Pollença. Donde sí ha triunfado el PP es en las principales capitales de comarca: Calvià e Inca, donde gobernará con mayoría absoluta. En Manacor también gobernará gracias al pacto con un partido independiente.

En las Pitiusas, el PP también ha quedado fuera de los dos ayuntamientos principales. La socialista Lourdes Costa será investida hoy alcaldesa de Ibiza capital, mientras el nuevo alcalde de Formentera será el independiente Jaume Ferrer, que gobernará con el apoyo del PSOE.

En Menorca, el socialista Arturo Bagur seguirá al frente del Ayuntamiento de Mahón, mientras en Ciutadella habrá que esperar hasta el último momento para saber quién será el nuevo alcalde de la localidad.

ECONOMÍA: Los grandes empresarios españoles se alinean con la política liberal de Sarkozy



CUMBRE EN EL ELISEO / El presidente francés aboga por un euro débil, reducir los costes sociales, aligerar el sector público y crear un Banco Mediterráneo de Inversiones
Los grandes empresarios españoles se alinean con la política liberal de Sarkozy

RUBÉN AMON / Corresponsal

PARIS.-
«Me ha gustado mucho todo lo que he oído del presidente Sarkozy». Las declaraciones a matacaballo de Emilio Botín resumen la euforia con que ayer «descendían» del Elíseo los mosqueteros de la economía española. Habían permanecido 90 minutos a la escucha del nuevo presidente francés, aunque también tuvieron tiempo para interpelarlo, cambiar algunas impresiones y dejarse seducir.

Les puso bastante fáciles las cosas el anfitrión. No sólo por su oratoria y su vis comunicativa. También porque el vademécum del jefe del Estado es la panacea de la clase empresarial. «Sarko» les habló de aliviar a las empresas de las cargas sociales, de fomentar las horas extras, de garantizar servicios mínimos en las huelgas, de rebajar la fiscalidad, de promover un modelo único de contrato laboral y de aligerar el peso de la Administración.

Son los mandamientos de la nueva política francesa, aunque el discurso entusiasta de Nicolas Sarkozy también concernía los intereses de sus invitados. En dos órdenes esenciales: el europeo y el mediterráneo. Primero, porque el nuevo titular del Elíseo es partidario de un euro débil en beneficio de las exportaciones. Y, en segundo lugar, porque Sarkozy ha convertido la recuperación económica, política y estratégica del «mare nostrum» en su gran desafío.

Así se entiende que el jefe del Estado se aviniera a recibir al Consejo de Cooperación Económica. Un organismo independiente, inquieto e influyente que aloja a personalidades de mucho peso financiero entre las coordenadas geográficas de Francia, Portugal, Italia y España. De hecho, el propio Durao Barroso les ha encargado la elaboración de un plan de acción para el Norte de Africa que sirva de base para el proyecto de unión en el Mediterráneo, y el Gobierno portugués también le ha pedido asesoramiento para la ponencia económica de la Presidencia Europea de la UE que empezará en julio.

Su presidente, Andrea Canino, ha tenido el privilegio de ser el primer italiano que asesora a un presidente francés para una cumbre europea. Canino ejerció también ayer de embajador, sentado frente a Sarkozy, presentó oficialmente a los «socios» del club. Empezando por los españoles -sólo pudieron asistir cinco por limitaciones del anfitrión-: Emilio Botín, presidente del Santander, César Alierta (Telefónica), José Manuel Entrecanales (Acciona), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Luís del Rivero (Sacyr) y Gerardo Díaz Ferrán (Marsans), nuevo presidente de la CEOE.

Fue un encuentro distendido, ameno, incluso informal, aunque todos los invitados coincidían en destacar el valor simbólico y estratégico de la «audiencia sarkozyana»: «Sí, en efecto, nos parece muy representativo que un presidente de esta envergadura se interese por la opinión de los empresarios. Mucho más considerando que apenas lleva un mes en el cargo», decía Sánchez Galán. El entusiasmo no sólo se entiende por las artes prestidigitadoras de Sarkozy. También se explica porque los convocados convirtieron en dogma la sentencia que ayer deslizaba el presidente de Iberdrola: «Cuando Francia va bien, España también va bien».

Es decir, que su espíritu reformista puede repercutir en las relaciones bilaterales. Partiendo de una evidencia: Francia es el primer socio comercial de España. «Nicolas Sarkozy es un presidente que habla claro. Me ha causado una gran impresión. Es una personalidad muy importante para Francia y para Europa», añadía sonriente Emilio Botín.

La envergadura de la «cumbre» se entiende con un vistazo a la lista de invitados. Estaban los gallos de la economía francesa -Anne Lauvergeon (Areva), Patrick Le lay (TF1), Gerard Worms (Rothschild) Rene Carron (Crédit Agricole)-, las referencias de las finanzas portuguesas -Espirito Santo, Portucel- y los grandes actores del mapa italiano, incluidos Roberto Poli, presidente de ENI, Gabriele Galateri (Mediobanca), Corrado Passera, (Banca Intesa), Francesco Guarguaglini (Finmeccanica) y Umberto Quadrino (Edison).

A todos ellos concierne el proyecto sarkozyano de la Unión Mediterránea. Un espacio económico y geopolítico donde tienen sitio los países ribereños para cooperar en inmigración, medioambiente y desarrollo. Empezando por la creación de un Banco Mediterráneo de Inversiones y terminando con la creación de un Consejo Mediterráneo a imagen del Consejo de Europa.


Del Rivero frente a Eiffage

De todos los altos ejecutivos españoles que ayer se reunieron con el presidente Sarkozy, el único que tiene una agria batalla abierta en Francia es Luis del Rivero. El presidente de Sacyr Vallehermoso ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición sobre el 100% de Eiffage, la tercera constructora francesa. El grupo español controla en torno al 30% del grupo, pero se ha encontrado con la frontal oposición del presidente de Eiffage, Jean François Roverato, para adecuar su peso en el consejo al capital que controla.

La guerra se recrudeció en la última junta de Eiffage, en la que su presidente lanzó una tremenda andanada contra Sacyr, al que culpó de estar concertado con 89 accionistas españoles.

La batalla está ahora en los tribunales franceses, en lo que representan el único rifirrafe existente en el mundo empresarial entre España y Francia. Roverato ha ejercido una defensa numantina de la compañía que muchos han calificado de 'antiespañola'. No es esta la actitud del presidente Sarkozy, que ayer se mostró confiado en una mayor interrelación empresarial entre compañías de ambos países.

El PP exige que España intente lograr ventajas adicionales si se abre un debate



El PP exige que España intente lograr ventajas adicionales si se abre un debate

La oposición pide al Gobierno que consiga aumentar en dos o tres escaños la representación española en el Parlamento Europeo

M. C.. Enviada especial

VARSOVIA.-
Tal y como anunció Zapatero, sus dos sherpas en la negociación sobre el futuro Tratado europeo, el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro, y el director de la oficina Internacional de la Presidencia, Carles Casajuana, acompañados de dos asesores, mantuvieron una primera reunión la noche del jueves en Madrid, con el equipo de expertos en cuestiones europeas del PP, integrado por el secretario de Relaciones Internacionales del partido, Jorge Moragas y los eurodiputados Gerardo Galeote, Iñigo Méndez de Vigo y Francisco Millán.

El objetivo del encuentro era el de informar al primer partido de la oposición, que también pidió el sí en el referéndum sobre la Constitución Europea, de la marcha de las negociaciones con vistas al desbloqueo de un texto que ya no será constitucional, sino simple minitratado.

Los representantes del Gobierno informaron, los de la oposición escucharon y, al final, plantearon una serie de ideas con la intención de que la posición que lleve España al Consejo Europeo del próximo jueves y viernes sea «más nítida».

Desde las filas del PP se pretende adoptar una actitud «constructiva», aunque recalcan que a estas alturas es ya demasiado tarde para perfilar una verdadera posición común con el Gobierno. En cualquier caso, dicen echar de menos aspiraciones concretas del Ejecutivo para el caso de que finalmente en Bruselas las negociaciones se reabran.

Según los populares, a los españoles, además de explicarles que lo que previsiblemente entrará en vigor ya no será una Constitución, habrá que asegurarles que, si hay un nuevo debate, España intentará conseguir alguna ventaja adicional. Una sugerencia se ha puesto ya sobre la mesa: conseguir al menos un incremento de dos o tres escaños en la representación española en la Eurocámara y, por encima de todo, no aceptar en ningún caso que los asuntos de Justicia e Interior se caigan de la lista de políticas que a partir de ahora deberían decidirse por mayoría cualificada.

Polonia mantiene invariable su intención de reabrir la negociación sobre el sistema de voto

C. A. ROLDAN / MARISA CRUZ. Corresponsal / Enviada especial

BERLIN/VARSOVIA.-
El presidente del Gobierno español garantizó ayer que su país se mostrará «flexible» el próximo fin de semana en el Consejo Europeo a fin de facilitar un acuerdo que permita la aprobación de un nuevo tratado para la UE. Así se expresó Zapatero ayer en Berlín junto a la canciller Angela Merkel, aunque apenas unas horas más tarde, en Varsovia, tras reunirse con el primer ministro polaco Jaroslaw Kaczinski, el jefe del Ejecutivo español reconocía que llegar al pacto será «muy difícil».

Merkel llamó al jefe del Gobierno español «aliado», porque no hay duda de que el presidente está empeñado en salvar lo más que se pueda del viejo texto constitucional que aprobaron los españoles en referéndum. También aseguró que su postura y su actitud es «constructiva e importante» porque, puestos a ser posibilistas, Zapatero admite que el tratado que se apruebe «no recogerá todas las aspiraciones» de España.

Pero el acuerdo, según Alemania, tendrá unas «líneas rojas» que no se traspasarán. En la medida que éstas coinciden con las demandas básicas españolas, el documento recibirá el visto bueno de Madrid. No será «el ideal», aseguró Zapatero en Varsovia, pero será el «texto posible».

El presidente quiso mostrarse «optimista». Es su talante. Sin embargo, los altos diplomáticos que le acompañaron en sus visitas a Alemania y Polonia aseguraron que la posición de los gemelos Kaczinski se mantiene hoy por hoy irreductible. Polonia quiere reabrir el paquete más difícil del tratado: el sistema de votos de la UE con 27 miembros.

Por la mañana, en la cancillería alemana, Zapatero apostó por «avanzar ante el reto» y se mostró convencido de que, al final, «ningún país se querrá quedar atrás». Por la tarde, en el palacio Belvedere de Varsovia, insistía en que la cita del próximo fin de semana en Bruselas será de la máxima importancia para conseguir que la UE «siga siendo eficaz y mejore el bienestar de sus ciudadanos». «España quiere», dijo, «que Europa funcione, que sea ágil, que se vuelque en sus ciudadanos y, por todo ello», añadió, «necesitamos un tratado».

Ni con Merkel ni con Kaczinski Zapatero empleó la palabra constitución. Esa batalla ya se da por perdida. Lo que queda ahora por salvar es la ampliación de la toma de decisiones por mayoría cualificada; la creación de la figura del ministro de Exteriores europeo, aunque sea con otro nombre; la de un presidente permanente del Consejo la UE; que la Carta de Derechos Fundamentales tenga relevancia jurídica; y que la política de inmigración sea común. Madrid y Berlín también quieren mantener sin retoques el sistema de votos por doble mayoría, y es aquí donde topan con la postura de Varsovia, que prefiere una fórmula basada en la raíz cuadrada de la población de cada país.

Ayer, Zapatero aseguró haber escuchado «con atención y sensibilidad» la posición de Polonia, e incluso recordó que, desde que este país ingresó en la UE, ha habido muchas ocasiones en las que ha demostrado tener intereses muy similares a los de España, dado que ambos tienen un tamaño geográfico y una población similar. El primer ministro polaco fue incluso más allá y llegó a decir que los dos países tienen «muchos paralelismos en políticas sociales». En este punto Zapatero prefirió callar y optó por dedicar sus elogios al crecimiento económico que está experimentando Polonia y ofrecer, a modo de ayuda, la experiencia de España en la gestión de los fondos estructurales y de cohesión recibidos de la Unión Europea y que, a partir de ahora, beneficiarán masivamente a Varsovia.

El primer ministro polaco aseguró sentirse satisfecho por haber podido transmitir al Gobierno español su posición en relación con el Tratado de la UE. «Eso ya es un logro», aseguró Kaczinski, quien además, no dudó en insistir en que su posición en relación con la distribución de poder y votos en el seno de la Unión es firme y no será sometida a «trueques».

La diplomacia española está convencida de que Varsovia no se moverá hasta el último minuto. Las negociaciones en la UE son siempre así, los órdagos se mantienen hasta el final para, en el camino, lograr contrapartidas.

Polonia, aunque ayer no quiso admitirlo su primer ministro, podría ser tentada con la financiación de grandes infraestructuras (un tren de alta velocidad Varsovia-Berlín); con la reducción de algunos periodos transitorios que se le impusieron en el Tratado de Adhesión o con la aceptación de una cláusula de solidaridad energética. Este último apartado será también muy interesante para un país como España.

La visita de Zapatero a Polonia tenía oficialmente el formato de cumbre bilateral. Los dos países firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en el sector de los transportes.

viernes, 15 de junio de 2007

Editorial: LA INCREÍBLE EXPLICACIÓN DEL CNI


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LA INCREIBLE EXPLICACION DEL CNI

El CNI emitió ayer un comunicado en el que niega que sus agentes estuvieran vigilando a Manuel Pizarro, presidente de Endesa, cuando fueron sorprendidos ante su casa por uno de sus escoltas que les fotografió. El CNI sostiene que los agentes realizaban anteayer una misión «en el ámbito de la contrainteligencia» ajena al presidente de Endesa cuando detectaron que uno de sus vehículos estaba siendo sometido a seguimiento. Los miembros del Centro exigieron al ocupante del coche que les seguía -que era el escolta de Pizarro- que se identificase y les entregase el material fotográfico.

La explicación de la «mera coincidencia» no es creíble por la sencilla razón de que es la cuarta vez que suceden hechos semejantes. Hace año y medio, cuando Gas Natural anunció su deseo de hacerse con el control de la eléctrica, Endesa detectó que su sede estaba siendo vigilada. Meses después, unos desconocidos entraron en el despacho del jefe de gabinete de Pizarro.

El pasado 20 de febrero, dos agentes de la Guardia Civil siguieron al presidente de Endesa. Joan Mesquida, director general de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, confirmó que había existido ese seguimiento pero aseguró que ambos agentes estaban «fuera de servicio». Pizarro denunció los hechos pero Interior no ha hecho nada para esclarecerlos. ¿Trabajaban para el CNI? ¿Para una empresa privada? En cualquier caso, ninguno de los dos ha sido investigado ni sancionado disciplinariamente.

El CNI precisa en su comunicado que «todos los datos relativos a miembros del Centro y medios utilizados en el desempeño de sus funciones son clasificados como materia reservada» y dice a continuación que ello justifica que sus agentes detuvieran el vehículo del escolta y le exigieran la entrega del material fotográfico.

Los agentes del CNI no pueden detener a nadie sin un mandamiento judicial ni son quiénes para actuar en la calle como autoridad. La detención del escolta fue absolutamente ilegal. Pizarro ha presentado una denuncia contra estos agentes, solicitando que la Justicia investigue si estaba siendo seguido. Por su parte, el PP solicitó ayer la comparecencia parlamentaria de los ministros de Interior y Defensa y del director del CNI, que asegura que él jamás ha dado orden alguna de seguir al presidente de Endesa.

El asunto merece ser investigado a fondo y no puede ser despachado con un simple comunicado que suscita más dudas de las que despeja, porque el Gobierno ha hecho todo lo posible y lo imposible para debilitar a Pizarro desde que éste se opuso al desembarco de Gas Natural. Esa parcialidad del Ejecutivo alienta la sospecha de que alguien desde el aparato de seguridad del Estado está jugando sucio con el presidente de Endesa.

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Editorial: Laporta empequeñece al Barça



IMPRESIONES
Laporta empequeñece al Barça

Todo jugador que fiche por el Barcelona debería saber que, al margen de por sus cualidades deportivas, se le contrata para que sea también un propagandista del idioma catalán y de una determinada forma de entender Cataluña. Su presidente, que ya incluyó en el contrato de algunas de las figuras una cláusula por la que éstas quedaban obligadas a aprender catalán, volvió a incidir en ello el miércoles, en su discurso de la cena anual del fútbol base del Barça. «Os exigimos respetar la identidad catalana del club y os pedimos que habléis y escribáis en catalán», adoctrinó Laporta a los adolescentes -algunos todavía niños- que aspiran a jugar en el primer equipo. De estas palabras se deduce que el presidente azulgrana considera que los que hablan castellano en Cataluña -la mitad de la población- no son catalanes. Al circunscribir la identidad catalana al uso del idioma catalán, lo que Laporta hace es asumir la ideología nacionalista y poner al club a su servicio. Laporta olvida algo elemental: que el Barça se ha hecho grande gracias a la integración de jugadores que hablaban muchos idiomas y que defendieron con ilusión la camiseta del equipo sin importar su lugar de origen. Ahora Laporta quiere dar marcha atrás en esa noble tradición y construir un club pequeño y sectario, hecho a la medida del nacionalismo rampante. Por lo que dice, para Laporta es más importante pronunciar bien el catalán que meter goles.

¡YO TAMBIÉN OBJETO!



Yo también objeto
JUSTINO SINOVA

Ha dicho la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que los alumnos que no estudien la asignatura Educación para la Ciudadanía no obtendrán el título. Si yo tuviera hijos en edad escolar, no estudiarían Educación para la Ciudadanía porque su padre reclamaría en su nombre respeto a la libertad de enseñanza y a la libertad de conciencia que la Constitución protege. Mis hijos y yo tendríamos problemas, como los van a tener los objetores a tal imposición, que ya se cuentan por centenares o por miles, pero también los tendrán la ministra y su Gobierno si no rectifican, vuelven a la razón y abandonan la actitud intolerante que han adoptado.

El Ejecutivo ha decidido que Educación para la Ciudadanía sea asignatura obligatoria para todos los niños, muchos de los cuales se encontrarán con ella el próximo septiembre. Nada tendría de particular este hecho si se tratara de una asignatura objetivamente necesaria para la formación de la persona, pero resulta que es una asignatura subjetivamente ideológica que impone una visión exclusiva y parcial de la vida. Tal como ha sido diseñada, pretende una determinada formación de la conciencia moral de los niños -en asuntos que chocan frontalmente con las convicciones de muchos- y quiere el Gobierno hacerlo sin respetar el derecho de los padres a la elección de enseñanza para sus hijos.

El solo hecho de que un gobierno o un partido impongan una disciplina ideológica en los centros educativos es para echarse a temblar. Un gobierno o un partido no pueden imponer a todos su moral, sea el partido que sea, sea el gobierno que sea; eso lesiona derechos humanos de la persona, es una coacción arbitraria que hiere la libertad individual.

El caso es más sangrante cuando se repasa lo que decidió el Gobierno con la asignatura de Religión. De modo que el Ejecutivo se niega a que la Religión sea una asignatura seria para quienes la quieran -es de oferta obligatoria y de libre elección, lo que está muy bien, pero no computa en la nota del alumno, lo que la desvaloriza gravemente- y sin embargo impone una asignatura doctrinal que pretende que todos traguen, especialmente quienes no la quieren. O sea, un padre que desea que su hijo estudie Religión tiene que aguantar que su hijo pase por situaciones irritantes -al ver, por ejemplo, que los que no cursan la asignatura tengan recreos como alternativa- pero no puede evitar que sea adoctrinado con argumentos morales que se oponen a sus convicciones religiosas.

Ante tal atropello cabe el recurso jurídico, pero también la protesta y la objeción de conciencia, que es la reacción más lógica y más liberal frente al abuso. No se diga que la objeción no es la respuesta. En un país que constitucionalizó la objeción al servicio militar, ¿no va a caber la objeción a la imposición ideológica? ¿De qué habla la ministra? ¿Es que ahora resulta que la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia han de someterse a una coerción política? Como tiene dicho nuestro Tribunal Constitucional, «la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español» (sentencia 15/1982, de 23 de abril) y «forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1» (s. 53/1985 de 11 de abril). Cuando se trata de defender derechos humanos, que nuestra Constitución llama fundamentales, la objeción de conciencia es un acto de razón. Yo objeto contra la imposición de esa desdichada asignatura; y para alertar sobre el peligroso intervencionismo de un Gobierno.

justino.sinova@el-mundo.es

Zapatero impulsa el nacionalismo leonés.




PACTOS POSELECTORALES / Cambios en el modelo de Estado
El alcalde de León, candidato de Zapatero, promoverá la autonomía de la provincia

Asume el ideario de UPL e instará al Gobierno a buscar la vía para segregarse de la actual comunidad

CARMEN MORENO

LEON.-
El Ayuntamiento de León luchará los próximos cuatro años por conseguir el reconocimiento del pueblo leonés y promover su autonomía. La alianza entre Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el PSOE para investir mañana como alcalde de la capital a Francisco Fernández impregnará de carácter leonesista la gestión municipal y obliga al PSOE a tener como bandera de su gestión todos los postulados leonesistas que, desde su fundación, ha defendido la UPL.

El pacto rubricado ayer por los dos candidatos, Francisco Fernández y Javier Chamorro, se divide en dos apartados. Uno económico, que establece las inversiones que se deben ejecutar hasta 2010, y un documento político que marca la línea a seguir para defender los intereses de León dentro de la España de las autonomías y, según aclararon sus impulsores, en el marco constitucional.

Las estipulaciones políticas se dividen en ocho puntos. En ellas se obliga al PSOE a promover desde el Ayuntamiento «el reconocimiento de la existencia del pueblo leonés como uno de los más antiguos de Europa, con cultura, historia y señas de identidad propias y diferenciadas, lo que le confiere el derecho a decidir cuál es su estatus jurídico dentro de la España de las autonomías». También se demanda la asunción de competencias que ahora están en manos de la Junta con el objetivo de alentar la cultura leonesa en áreas como la educación y el patrimonio.

Pero el pacto no sólo afecta al Ayuntamiento. También implica al Gobierno central porque en uno de sus puntos se insta a incentivar un órgano de estudio «para contemplar cuál es la vía que en su día dejó abierta el Tribunal Constitucional para la creación de la comunidad autónoma leonesa».

Como consecuencia de esas estipulaciones políticas impuestas por la UPL y asumidas por el PSOE, el Ayuntamiento leonés estará obligado a promover acciones encaminadas a dejar constancia de que la comunidad autónoma actual no refleja el sentir mayoritario de los leoneses ni la que mejor defiende los intereses de la provincia, y a reconocer que el marco autonómico no está cerrado.

Pero esto no significa que el Ayuntamiento vaya a convocar un referéndum para determinar si los leoneses quieren estar en la actual Comunidad o no. Francisco Fernández ya advirtió ayer que los ayuntamientos carecen de competencias para convocar un referéndum. Aunque en el pacto de gobierno se advierte que el marco autonómico no está cerrado y se debe defender desde la institución municipal cuanta iniciativa sea necesaria «para que se avance hacia la constitución de una comunidad autónoma leonesa».

Todo este marco político no supone ningún enfrentamiento de Fernández con las líneas de su partido. Según aclaró ayer, en su calidad de secretario general de la agrupación local del PSOE, tiene autonomía «para promover a nivel local esa dirección». El candidato de la UPL se limitó a señalar que si la Administración central no quiere asumir ese documento se «sentiría defraudado».

Gansterismo de Estado: El PP anuncia una ofensiva parlamentaria por el «escándalo»



El PP anuncia una ofensiva parlamentaria por el «escándalo»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.-
El PP anunció ayer toda una ofensiva parlamentaria en el Congreso para pedir explicaciones al Gobierno sobre el «caso de espionaje empresarial» en que los escoltas privados del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, habrían sorprendido in fraganti a dos agentes del CNI.


El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, calificó de «escándalo» dicho suceso, lo adjetivó de «intolerable», lo comparó con episodios anteriores de ésta y de otras legislaturas socialistas y lo contestó con una explícita «exigencia de responsabilidades» políticas.

De momento, su grupo pedirá las comparecencias de los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Defensa, José Antonio Alonso, ante las correspondientes comisiones de la Cámara. Asimismo, solicitarán las explicaciones pertinentes del propio director del CNI, Alberto Saiz, ante la Comisión de Secretos Oficiales.

Zaplana apuntó al intervencionismo del Gobierno en la OPA de Endesa como la primera explicación de este episodio. «No es la primera vez que esto sucede y que le sucede a este empresario», dijo, en alusión a los dos agentes de la Guardia Civil anteriormente sorprendidos en tareas de vigilancia.

Espiarían «al frutero»

Pero, sobre todo, el dirigente popular hizo extensiva esta aparente extralimitación a toda la acción de Gobierno. Sólo en la presente legislatura, Zaplana recordó las detenciones ilegales de militantes del PP, la «falsificación de informes policiales» y los «chivatazos». No perdió tampoco Zaplana la oportunidad de referirse a anteriores legislaturas, como la de Felipe González, en la que un caso de escuchas telefónicas ilegales se cobró el cese de, «nada más y nada menos, el entonces vicepresidente del Gobierno».

«Es intolerable que a estas alturas estemos hablando de situaciones de espionaje en nuestro país», afirmó el portavoz popular, que justificó la petición de comparecencias de ministros y altos cargos en la insuficiencia de las explicaciones aportadas en el día de ayer sobre la existencia de un objeto de vigilancia distinto al del propio presidente de Endesa. «Probablemente», ironizó al respecto, «estarían espiando al frutero de enfrente, o al señor que pasaba por la calle o al vecino del quinto, no lo sé».

Pizarro no acepta la versión del Gobierno y quiere que un juez aclare si le espían

El presidente de Endesa, dispuesto a presentar una denuncia en los juzgados para llegar «hasta el final»

CARLOS SEGOVIA / ROBERTO BENITO

MADRID.-
El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, no se conforma con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno y quiere que la presencia de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) junto a su domicilio en la noche del pasado miércoles sea investigada por un juez.

Fuentes de Endesa señalaron ayer a este diario que «los hechos deben ser esclarecidos» y subrayaron que la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una denuncia desde las 23.50 horas del miércoles. «Esa denuncia debe seguir su curso para que la Justicia aclare los hechos», afirmaron. Y aseguraron que el presidente quiere que «se llegue hasta el final» y que para ello está dispuesto a presentar una nueva denuncia directamente en los juzgados, si observa que no tiene seguimiento la que presentó el miércoles en comisaría.

El máximo responsable de Endesa, que considera la situación grave, ya tuvo que realizar recientemente un movimiento parecido al ver que la Guardia Civil archivaba un caso similar.

Pizarro recibió explicaciones del director del CNI, Alberto Saiz, en conversación telefónica, sobre que lo ocurrido fue una «mera coincidencia» y que los agentes estaban realizando una actividad informativa en el ámbito de la contrainteligencia.

Tanto el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, como el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, aseguraron ayer que Manuel Pizarro no está siendo objeto de seguimiento alguno por parte del Gobierno. Sin embargo, para el presidente de Endesa llueve sobre mojado y es consciente de que se ha convertido en un personaje incómodo para el Ejecutivo, al haber mostrado resistencia a todos los grupos que han intentando comprar la primera eléctrica de España con apoyo de La Moncloa.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado a calificar a Pizarro de «amigo del PP» y ha acusado al líder de este partido, Mariano Rajoy, de oponerse sucesivamente a los intentos de La Caixa-Gas Natural y de la constructora Acciona y el grupo italiano Enel de comprar Endesa, sólo «por defender a su presidente».

Pizarro llegó a su domicilio el miércoles en víspera de la reunión del consejo de administración de Endesa, que se celebró ayer y en el que, por primera vez, Acciona y Enel han logrado introducir dos consejeros en la eléctrica con el visto bueno no entusiasta del presidente de la eléctrica.

El episodio se produce sólo unos días después de que el propio Pizarro haya presentado una denuncia directa en los juzgados de Madrid contra dos guardias civiles que le siguieron el pasado 20 de febrero, justo el día en que Zapatero y el primer ministro italiano, Romano Prodi, se encontraban en Ibiza en una reunión que, según el PP, marcó el inicio del desembarco de Enel en Endesa.

Pizarro presentó esa iniciativa judicial al conocer que la Guardia Civil había archivado la que había presentado ante el Instituto Armado el 21 de febrero. Según Mesquida, los dos guardias civiles acusados por Pizarro se encontraban ante la sede de Endesa aquel día de febrero sin seguir órdenes de la superioridad.

«Uno se encontraba de baja médica y el otro, fuera de servicio», aseguró la versión oficial de lo sucedido. La Guardia Civil archivó posteriormente el caso, dado que los dos efectivos «no han reconocido los hechos» y que «no se ha podido probar» que estuvieran espiando a Pizarro.

La Guardia Civil procedió de esta manera el pasado 18 de mayo, justo cuando acababa de estallar otra polémica de acoso del Gobierno a otro empresario incómodo para La Moncloa, el presidente del BBVA, Francisco González.

El dimitido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, denunció el pasado 7 de mayo que la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno transmitió un dossier contra González en 2005.

Lea el atestado realizado por la Policía sobre el incidente entre un escolta de Pizarro y agentes del CNI en: www.elmundo.es/

«Soy del CNI, aparque a la izquierda»

El atestado hecho por la Policía detalla el incidente ocurrido en Madrid

R. B. / C. S.

MADRID.-
El atestado que realizó el miércoles por la noche la Policía, a partir de la declaración que el escolta de Manuel Pizarro hizo en la Brigada Provincial de Información, confirma los hechos publicados ayer por este periódico.

El rocambolesco incidente entre los agentes del CNI y el guardaespaldas del presidente de Endesa comenzó «sobre las 20.30 horas», cuando el escolta se percató de la presencia de «un turismo Renault Megane estacionado debidamente en la puerta del domicilio [de Pizarro] con una persona al volante».

Tras un lapso de cinco minutos, en el que el escolta «se detuvo» con su coche «en paralelo» al vehículo sospechoso, se inició una persecución en toda regla por las calles de la zona.

Primero, el guardaespaldas persiguió al Renault y, «en el primer semáforo con el que se encontraron, efectuó una fotografía del turismo en su parte posterior», según se explica en el atestado policial.

Los dos vehículos siguieron transitando hasta la plaza del Perú, y ahí fue cuando el perseguido se convirtió en perseguidor. El Renault se colocó detrás del vehículo de escolta y empezó a seguirle «a muy escasa distancia».

El guardaespaldas de Manuel Pizarro llegó a entrar en el aparcamiento de un hotel, para comprobar si efectivamente estaba siendo perseguido. Así era. Poco después, en la plaza de la República Argentina, «fue interceptado por dos vehículos que cortaron la calle».

Fue allí cuando el conductor del Renault se acercó al coche del escolta y, tras una breve discusión, dijo: «Soy del CNI, aparque a la izquierda». El agente de los servicios secretos exigió al guardaespaldas que le «entregara la cámara». Éste se negó y acabó llamando a la Policía y a su jefe.

Al final, «llegaron tres motos de la Policía y un vehículo». Tras varias discusiones, «todos los involucrados se personaron» en las dependencias de la Brigada, donde se elaboró el atestado.

OTROS INTRUSOS EN LA 'GUERRA' POR ENDESA

El 14 de septiembre de 2004, nueve días después del anuncio de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, la eléctrica vio a unos sospechosos vigilando su sede. Eran de la agencia de detectives Winterman, que ha trabajado para personas ligadas a la gasista.

El 11 de mayo de 2006, unos ladrones entraron en la sede de Endesa. Subieron a la quinta planta para llevarse los ordenadores de la sección de auditoría y el del jefe de gabinete de Pizarro. La Policía les sorprendió y les calificó de delincuentes comunes.

El 20 de febrero de 2007, los escoltas de Pizarro detectaron un vehículo sospechoso siguiendo el coche del presidente de Endesa. Resultaron ser dos guardias civiles que, según el Gobierno, no estaban de servicio.

El director del CNI niega que espiara a Pizarro y atribuye el incidente a una «casualidad»

FERNANDO GAREA

MADRID.-
El CNI negó ayer que sus agentes realizaran labores de espionaje y seguimiento del presidente de Endesa, Manuel Pizarro.

El director de los servicios secretos españoles, Alberto Saiz, atribuyó el incidente de dos agentes con los escoltas de Pizarro a una «casualidad y una coincidencia».

Saiz aseguró a EL MUNDO que los dos agentes participaban en un operativo de contravigilancia de miembros de un servicio secreto extranjero, labor que entra dentro de sus funciones legales especificadas en la Directiva de Inteligencia.

«Es inconcebible que el CNI pueda dedicarse a seguir al presidente de una empresa privada», explicó a este periódico el responsable del espionaje español. Esta misma versión fue trasladada por el propio Saiz a Pizarro a las pocas horas de producirse el incidente y se incluye en un comunicado hecho público ayer por el CNI.

Saiz asegura que los agentes que se vieron involucrados en el incidente con un escolta privado hicieron un informe escrito detallado del que se deduce que actuaron en todo momento dentro de los protocolos y procedimientos establecidos. Añade que el CNI dispone de los registros de llamadas intercambiadas por los agentes con sus superiores, que concuerdan plenamente con su versión y con el escrito de denuncia del escolta privado de Pizarro.

Según esta versión, sobre las 20.00 horas del miércoles, los dos agentes del CNI, formando parte de un «equipo múltiple», vigilaban en la puerta de un centro comercial los movimientos de agentes de un país extranjero. Se trataba de una «operación de observación», según explica el director del CNI.

Al comprobar que un vehículo no identificado seguía al de los agentes, realizaron una maniobra para intentar eludirlo. Fue cuando comprobaron que desde ese coche se hacía una foto al vehículo que ocupaban.

Los datos del coche utilizado por los servicios de espionaje españoles son materia clasificada como secreto, según la Ley 11/2002 de 6 de mayo, reguladora del CNI. Por eso, los agentes iniciaron la persecución del coche desde donde fueron fotografiados.

El protocolo de los agentes, siempre según la versión de Saiz a este periódico, asegura que no pueden identificarse como miembros del CNI salvo que sean autorizados por sus superiores. Por eso, mientras realizaban la persecución para identificar a quien les había hecho la fotografía y, ante la posibilidad de que su misión estuviera en riesgo, solicitaron permiso para interceptar el coche e identificarse como agentes de los servicios secretos.

En la persecución por las calles de Madrid, siempre según la versión del CNI, se infringieron multitud de normas de tráfico por parte del coche utilizado por el escolta privado de Pizarro.

Obtuvieron el permiso de sus superiores para identificarse y, con ayuda de otros vehículos del CNI, interceptaron al del escolta.

Bajaron del coche y, según esta versión, se dirigieron «con buenas maneras» al escolta para identificarse y pedirle que borrara la foto.

Se produjo una discusión hasta que el escolta llamó a la Policía y los agentes del CNI lo aceptaron como parte del protocolo habitual para este tipo de incidentes.

En las dependencias policiales se produjo la denuncia de quien se identificó como escolta privado del presidente de Endesa y los agentes acreditaron su condición de miembros del CNI.

Alberto Saiz fue informado de los hechos y, una vez recabada la información detallada, llamó a Pizarro para darle una explicación, ofrecerle todos los datos precisos y aclararle que no le estaban siguiendo a él. Saiz asegura que los agentes desconocían que junto al centro comercial que vigilaban estuviera el domicilio del presidente de Endesa.

Según el comunicado del Centro, le «ofreció las máximas garantías de que la actuación del CNI no tenía ninguna relación, ni directa ni indirecta, con su persona, siendo todo ello fruto de una mera coincidencia». La versión de Saiz fue apoyada por el Gobierno, según fuentes oficiales de La Moncloa.

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, rechazó también que el Gobierno pretenda espiar a Pizarro y Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil, aseguró en la cadena Ser que los agentes «estaban realizando un servicio importante que no tiene nada que ver con el presidente de Endesa», reiteró, para asegurar a continuación que «nunca» se han dado instrucciones para hacer un seguimiento a Pizarro. «Además es que no le veo el interés, nunca se han dado instrucciones en este sentido».

El portavoz socialista, Diego López Garrido, aseguró que las denuncias son una «mentira» y criticó al PP por basarse en «hechos inconsistentes».

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