Editoriales: UN PRIMER PASO PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD DE BATASUNA // ¿NUESTRAS PENSIONES GESTIONADAS POR LA BANDA DE INTERMONEY?

EDITORIALES
UN PRIMER PASO PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD DE BATASUNA

Zapatero explicaba en la entrevista televisiva de anteanoche que la decisión del Gobierno de enviar a De Juana a la prisión de Aranjuez se debe a «la circunstancia». No hay duda de que «la circunstancia» es distinta y, tal vez por eso, el fiscal mantuvo en la vista celebrada anteayer en el Supremo contra Otegi una actitud opuesta a la de su colega de la Audiencia Nacional cuando pidió su absolución por un delito idéntico hace pocas semanas o cuando hace apenas unos días se opuso a la reapertura contra él de una causa parecida.

Gracias a que en esta ocasión la Fiscalía sí ha cumplido con su obligación, el Supremo ha podido confirmar la condena de 15 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al considerar que el líder de Batasuna participó activamente en un homenaje al sanguinario etarra Argala en 2003.

Como consecuencia de esta sentencia, Otegi ingresó ayer en la prisión de Martutene por orden de la Audiencia Nacional, que esta vez se coordinó con el Supremo para detener al líder de Batasuna sin darle la oportunidad de montar un escándalo o de poner en evidencia a la Justicia, como hizo cuando obligó a las Fuerzas de Seguridad a capturarle tras eludir su obligación de sentarse en el banquillo.

Aunque el Constitucional podría decretar su libertad si acepta a trámite su recurso de amparo, Otegi ha vuelto por cuarta vez a la cárcel. Y tiene pendientes tres sumarios, uno de ellos, ese reabierto por el juez Marlaska por otro delito de enaltecimiento en el funeral de un etarra.

La pregunta que cabe formularse es si la Justicia habría tomado estas decisiones contra Otegi en una «circunstancia» distinta, o sea, si ETA no hubiera anunciado la ruptura de su tregua.

No estamos, por supuesto, criticando que Otegi haya sido condenado y enviado a prisión sino poniendo de relieve el contraste de estas recientes resoluciones judiciales con la permisividad mostrada por la Fiscalía, que en lugar de acusar al líder de Batasuna parecía su abogado defensor hasta hace cuatro días.

La actitud del Gobierno y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han permitido actuar a Batasuna como si fuera un partido legal, de suerte que esta formación ha podido celebrar sus reuniones, dar ruedas de prensa y organizar actividades públicas sin ningún tipo de molestia.

Sin ir más lejos, Pernando Barrena, portavoz de Batasuna, calificó ayer el arresto de Otegi como un hecho de la «máxima gravedad» por afectar a «un interlocutor principal de la izquierda abertzale». Barrena aseguró que el Gobierno «está ofertando barra libre a la represión» y auguró «una espiral de acción-reacción», lo cual sólo puede ser interpretado como una grave amenaza.

Hora es ya de que la Fiscalía comience a actuar contra el brazo político de ETA, que ha gozado de una impunidad escandalosa en estos últimos dos años, lo que le ha permitido volver a hacerse con el control de la calle y obtener unas elevadas dosis de protagonismo. Si de verdad quiere derrotar a ETA, Zapatero debe comenzar por hacer sentir el peso de la ley a la cara visible de la organización terrorista.

EDITORIALES DEL DÍA
BUENA IDEA SIN CAUTELAS NI CONSENSO

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que permitirá invertir en Bolsa una parte indeterminada del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el excedente de las cotizaciones que el Estado utiliza como colchón financiero para el futuro pago de las pensiones. Si hasta ahora la ley permitía colocar el dinero del Fondo en determinados activos -deuda pública y renta fija-, el futuro proyecto autoriza las inversiones en productos de renta variable, mucho más rentables pero más arriesgados también. La propuesta sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que en 2005 dio un toque de atención al Gobierno, al advertir de que España apenas sacaba un rendimiento del 5% a los más de 40.000 millones de euros del Fondo de Reserva, cuando países de nuestro entorno alcanzaban porcentajes de hasta el 10%.

Nada que objetar, pues, sobre el espíritu del proyecto: el Ejecutivo debe velar por sacar el máximo partido a un dinero que -recordemos- no es del Estado sino de los millones de trabajadores que cotizan mensualmente a la Seguridad Social. Las formas, sin embargo, son muy discutibles. El proyecto se ha consensuado con sindicatos y empresarios, pero no con la oposición. En este caso, el Gobierno no puede ni siquiera refugiarse en el mantra habitual de que el PP rehuye los acuerdos, puesto que hace unos meses ambos pactaron la Ley de OPA y los populares siempre se han mostrado dispuestos al consenso en los temas económicos. Una prueba más de que el Ejecutivo no ha buscado el acuerdo es que ni siquiera ha reunido la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el organismo donde se deben tratar estos asuntos.

Al margen de la exclusión del PP -que aún se puede subsanar durante la tramitación de la ley en el Congreso-, hay muchos interrogantes que el texto final debe contestar. El proyecto asegura que el dinero se invertirá con criterios de responsabilidad social, económica y ambiental pero, ¿quién establecerá esos criterios? ¿Habrá un baremo público que los fije? ¿Cómo evitar que se dé la siniestra paradoja de que el dinero de un trabajador termine en manos de un tiburón financiero que compre su empresa y lo deje sin empleo? ¿Con qué criterios se adjudicará la gestión de esos fondos? ¿De qué manera se minimizarán los riesgos? ¿Cómo evitar la corrupción cuando está en juego semejante volumen de negocio? El texto final de la ley deberá clarificar estas y otras incógnitas, cuya importancia exige el concurso del PP. Al fin y al cabo, se trata del dinero de todos los españoles.

Rajoy: «El PP estará con quien se quiera apuntar a la derrota de ETA» // El PP da un margen a Zapatero y apuesta por que la reunión será «útil» si exp

Rajoy: «Estaremos con quien se quiera apuntar a la derrota de ETA»

M. HERNANDEZ / A. RUBIO R.
JATIVA (VALENCIA).- El presidente del PP, Mariano Rajoy, volvió ayer a dar sentido e importancia política a la reunión que mantendrá el lunes con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después del anuncio de ETA del fin de la tregua, y aseguró que su partido estará «a la altura de las circunstancias».
En un mitin en la plaza de toros de la localidad valenciana de Játiva, para celebrar la victoria del PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy proclamó que «ETA es el enemigo» como respuesta a las palabras de Zapatero, que dijo que los populares «harán oposición con el terrorismo hasta el último día».

«Todos sabemos lo que pasó, lo que nos dijeron, ahora importa el futuro. ETA es una organización criminal y los españoles la vamos a vencer con la ley, con la policía y con la colaboración internacional», señaló. Rajoy mantuvo que su partido «estará al lado de la sociedad española y con quien se quiera apuntar a la derrota total de la banda etarra y no a la negociación».

El líder del PP aseguró que si su partido gobierna «no se hablará de negociación con quien no se debe negociar ni se debatirá si España es una nación». Tampoco, prosiguió, se insistirá en la Alianza de Civilizaciones, porque en la política exterior «nuestros socios serán Nicolas Sarkozy, Angela Merkel y las democracias occidentales». «Ni Franco ni República», dijo, sólo los debates que preocupan a los ciudadanos: el salario, las hipotecas o llegar a fin de mes. Valencia supuso ayer la presentación de un discurso popular que, de nuevo, persigue la conquista del centro político, porque «en este proyecto caben todos». «El PP es el partido de la moderación, del equilibrio, de la sensatez y del futuro», defendió Mariano Rajoy.

El dirigente de los populares se mostró complacido y agradecido junto a Francisco Camps y a Rita Barberá y, de nuevo, situó a la Comunidad Valenciana como ejemplo de las políticas del PP. «Valencia, Alicante, Castellón... son mis credenciales. Otros no pueden decir lo mismo».

Hace falta, explicó, un gobierno «que no dé problemas, que fije objetivos claros y que trabaje para ayudar a la gente emprendedora». «Sois un ejemplo para España», les dijo a los valencianos.

El PP da un margen a Zapatero y apuesta por que la reunión será «útil» si explica su política

Acebes renuncia a polemizar con el presidente del Gobierno pero le reta a renunciar a la negociación Urge a impugnar ANV, pero no como condición sino como requisito para acabar con el terrorismo

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- Los populares pusieron ayer todos sus esfuerzos en rehuir el cuerpo a cuerpo con Zapatero y enfriar en lo posible el fin de semana de cara a la reunión del lunes en La Moncloa, hasta el punto de vencer su propio escepticismo y apostar por que ésta «sí puede ser útil».

Así lo declaró ayer en rueda de prensa el número dos del partido, Angel Acebes, pese a «sorprenderse» de que el presidente del Gobierno «devualuara» dicha cita con sus declaraciones de la víspera en televisión y pese a dolerse de unos «insultos» que dijo renunciar a responder. «No son verdad, no servirían para impedir que ETA vuelva a atentar, y sería inútil, porque los españoles ya saben cuál es la política que ha seguido Zapatero y cuáles sus resultados», afirmó.

A vueltas con lo «útil» y lo «inútil», la dirección del PP optó así por el pragmatismo. Y lo práctico, a dos días de una cumbre precedida por los peores presagios, era sortear ese mantra sobre la «unidad» de los demócratas que el propio PP abonó desde el Gobierno y que ahora el Ejecutivo de Zapatero utiliza con habilidad en su contra; lo práctico, ayer, era dar un margen de cortesía al presidente del Gobierno, dejar de ahondar en la sima de los reproches y retarle sin más a que explique a Rajoy lo que aún no ha contado a los españoles, esto es, cuál va a ser ahora su política hacia o contra ETA.

Los populares dejaron ayer constancia de que su confianza en el PSOE y en su capacidad de rectificar la política antiterrorista es muy superior a la que les merece el propio Zapatero. No en vano, Acebes mencionó al jefe del Ejecutivo cuando, con las referidas palabras, aludía al fracaso del proceso, pero habló de su partido cuando, una y otra vez, repitió que «nuestro enemigo no es el PSOE sino los terroristas».

Que diga 'jamás' a negociar

Dejaron, igualmente, constancia de que en ningún caso va a recibir Zapatero ese pretendido apoyo incondicional del PP que reclama y que éste dependerá de cuál sea ahora su política, no sólo a corto plazo, ante la previsión de atentados, sino a largo plazo y para siempre.

Dicen estar convencidos de que el éxito de la política aplicada al abrigo del Pacto Antiterrorista entre Aznar y Zapatero no fue tanto el resultado de una serie de actuaciones concretas como el propio mensaje que dicho Pacto trasladaba a ETA: vamos a por vosotros, nunca nos sentaremos a negociar.

Y es que, a la vez, los populares dejaron claro ayer que su partido no está poniendo «condiciones» concretas al Ejecutivo; que la petición que tanto pareció enfadar a Zapatero de que se impugne la toma de posesión de los ediles de ANV es sólo la más perentoria «quedan horas, pero aún estamos a tiempo», dijo Acebes- de una serie de iniciativas o «requisitos básicos» que se corresponden con una vuelta, de la «política de la negociación» con ETA, a la «política de la derrota».

Así, aún renunciando a la polémica con el PSOE, aún desviando el foco del conflicto suscitado por la petición -confirmada ayer- de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado impugnen a los electos de ANV, el PP ha puesto alto el listón de sus exigencias. No es sólo que pida medidas concretas para actuar contra ETA sino, mucho más, una declaración explícita del presidente del Gobierno de que renuncia a negociar con los terroristas.

El equipo de Rajoy admite que el asunto de ANV y el PCTV aparecerá de manera irremediable en la conversación de La Moncloa, tanto como el de los pactos de Gobierno en Navarra y el de la política del Ministerio Público o la lucha policial. Pero el presidente del PP no va a llevar a La Moncloa una cesta de demandas concretas, sino unos oídos muy abiertos a la espera de una sola conclusión: saber cuál de las dos únicas políticas posibles ha elegido Zapatero.

En la dirección del partido apenas se muestran interesados por saber si Zapatero reunirá o no el Pacto Antiterrorista o si lo que pretende es modificar su contenido para propiciar la entrada de los partidos nacionalistas. Argumentan que lo único que les interesa del pacto es que se cumpla en lo esencial: que los terroristas deben renunciar a cualquier ventaja política.

La lista de beneficios obtenidos por ETA a cuenta de Zapatero es larga en los argumentarios del PP, pero Rajoy parece decidido a olvidarlas. Según Acebes, la reunión del lunes no es una ocasión de hacer repaso al pasado sino una «oportunidad» para que Zapatero diga «si va a rectificar».

Otegi ingresa en prisión // Vaticinan «espiral acción-reacción» // El disfraz de 'pacificador' // Marlaska // Causas pendientes

VUELTA A LAS ARMAS / El interlocutor del Gobierno en el 'proceso de paz' fue detenido por orden de la Audiencia Nacional cuando iba a dar una rueda de prensa / Sólo el TC puede ahora suspender el cumplimiento de la condena
Otegi ingresa en prisión y Batasuna augura una 'espiral de acción-reacción'

El portavoz de la formación ilegal fue detenido cuando iba a dar una rueda de prensa tras confirmar el Supremo su condena por enaltecimiento del terrorista 'Argala' Los demás líderes 'abertzales' se concentran ante la cárcel de Martutene para acusar al PSOE de promover «la vuelta a tiempos oscuros»

MARIA PERAL

MADRID.- El portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, interlocutor de los socialistas vascos y del Gobierno en el frustrado proceso de negociación con ETA, el «hombre de paz» según le llamó Rodríguez Zapatero, ingresó a las 13 horas en la prisión de Martutene (San Sebastián) para empezar a cumplir una pena de 15 meses de prisión que el Tribunal Supremo confirmó ayer por decisión unánime de los cinco magistrados que han examinado el delito de enaltecimiento de ETA cometido por el dirigente abertzale.

La Audiencia Nacional ordenó de inmediato la ejecución del fallo y Otegi fue detenido cuando se dirigía a dar una rueda de prensa.

Junto a la pena de prisión, que sólo podría dejar en suspenso el Tribunal Constitucional (en el caso de que admita a trámite una demanda de amparo), Otegi deberá cumplir siete años y tres meses de inhabilitación absoluta, lo que significa que durante ese tiempo no podrá ejercer cargos públicos.

Batasuna calificó de «máxima gravedad» el encarcelamiento de su dirigente y advirtió de que si el PSOE «insiste en seguir alimentando la espiral acción-reacción será su responsabilidad». «El PSOE está ofertando barra libre a la represión y a la vuelta a tiempos oscuros», dijo Pernando Barrena.

El líder de la ilegal Batasuna Arnaldo Otegi se encuentra desde las 13.00 horas de ayer en la prisión donostiarra de Martutene después de que la Audiencia Nacional ordenara proceder a la ejecución de la condena que le impuso en abril de 2006 por ensalzar públicamente al dirigente de ETA José Miguel Beñarán, Argala.

Pocas horas antes, la Sala Penal del Supremo había confirmado la condena dictada por la Audiencia: 15 meses de prisión que Otegi deberá cumplir de acuerdo con el Código Penal de 1995 -esto es, sin redenciones de pena- y siete meses y tres años de inhabilitación absoluta, lo que le impedirá obtener cualquier cargo público durante ese tiempo.

Otegi sólo podrá abandonar anticipadamente la cárcel si Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno, le clasifica en tercer grado o si el Tribunal Constitucional (TC) acuerda suspender la condena.

La escasa entidad de la pena privativa de libertad permitiría esa suspensión, que el TC suele acordar para condenas inferiores a cinco años de prisión. Pero para ello la demanda deberá superar el severo filtro de la admisión, lo que Otegi no logró con su último recurso de amparo. En julio de 2006, el Constitucional rechazó tramitar su demanda contra la condena a 12 meses de prisión que le impuso al Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco (TSJPV) por injuriar al jefe del Estado.

El cumplimiento de esta condena por llamar al Rey «jefe de los torturadores» se encuentra suspendido por decisión del TSJPV y es improbable que este tribunal ordene ahora su ejecución, salvo que Otegi vuelva a delinquir.

En cambio, la ejecución de la pena por enaltecer a Argala, un dirigente de ETA partidario de la lucha armada y de quien Otegi ensalzó «sus adecuados planteamientos a favor de Euskal Herria», ya no podía ser suspendida. La primera condición que el Código Penal establece para que se pueda dejar en suspenso el cumplimiento de un fallo es que el reo haya delinquido por primera vez y, en este caso, Otegi sumaba ya dos condenas firmes.

La Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, también tuvo en cuenta que Arnaldo Otegi tiene otras cuatro causas pendientes (dos de ellas por el mismo delito de enaltecimiento del terrorismo), por lo que desde el primer momento tuvo claro que el dirigente abertzale debía saldar sus cuentas con la Justicia.

Los magistrados de la Audiencia habían tomado la decisión de enviar a Otegi a prisión el jueves, día en que se celebró en el Supremo la vista del recurso de casación contra la condena por el homenaje a Argala.

Era, obviamente, un acuerdo condicionado a que el Alto Tribunal confirmara el fallo condenatorio. Para salvaguardar la eficacia de la eventual decisión del Supremo, la Audiencia ordenó a la Policía Nacional que hiciera un discreto control de los movimientos de Otegi, que estuvo sometido a vigilancia desde la mañana del jueves.

El presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los cuatro magistrados que han examinado el recurso de Otegi (Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Siro García, este último ponente) llegaron a un acuerdo unánime para ratificar la condena durante la primera deliberación, celebrada nada más terminar la vista. Pendientes de cerrar algunos flecos y de la concreta redacción de la sentencia, optaron por demorar hasta ayer la comunicación del fallo, que sólo se hizo público después de la detención de Otegi.

A las 11.15 horas, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, recibió la notificación del Supremo desestimando el recurso del portavoz de Batasuna. A esa hora Guevara presidía una vista, que tuvo que interrumpir para dictar la orden de detención e inmediato ingreso en prisión del condenado. La Policía dio cumplimiento a la orden unos minutos antes del mediodía, cuando el dirigente abertzale se dirigía a un hotel de San Sebastián a ofrecer una rueda de prensa.

Fuentes de la Audiencia indicaron que se hizo así para eliminar el riesgo de fuga e impedir posibles alteraciones del orden público que los simpatizantes del condenado hubieran podido protagonizar si la detención se hubiera llevado a cabo con menos rapidez y discreción.

Las mismas fuentes señalaron que la elección de la prisión de Martutene, desde la que Otegi puede seguir manteniendo sus contactos con más facilidad que si hubiera sido trasladado fuera del País Vasco, no se ha debido a la Audiencia Nacional, sino al Ministerio del Interior. Se trata, no obstante, de un destino provisional, que suele ser el más cercano al domicilio del condenado, mientras las autoridades penitenciarias deciden su clasificación y su centro de cumplimiento definitivo.

Vaticinan una «espiral acción-reacción»

Pernando Barrena acusa al PSOE de ofrecer «barra libre a la represión»

RAMON SANMARTIN

SAN SEBASTIAN.- Arnaldo Otegi permaneció mudo ayer cuando tres agentes de la Policía Nacional se dirigieron al grupo que encabezaba y que completaban Pernando Barrena y Juan José Petrikorena. Vestido con americana y camiseta negras y luciendo un pin de ANV, el rostro más conocido de Batasuna asumió con educación, casi con docilidad, ser conducido en un coche policial a la cárcel de Martutene (San Sebastián) donde permanecerá, según la sentencia que ratificó ayer el Tribunal Supremo, los próximos 15 meses.

Alrededor de las 11.15 horas de la mañana, cuando salía de uno de los locales utilizados por Batasuna en un polígono de Lasarte, tres policías le comunicaron la orden de detención. Después, en un coche sin distintivos policiales, le trasladaron a la prisión.

La voz más conocida de Batasuna entró en la cárcel en torno a las 13.00 horas, 60 minutos después del inicio previsto para una rueda de prensa en la que iba a intervenir.

Fue ingresado en una de las galerías de esta vieja prisión de estructura radial y su presencia no pasó desapercibida. Como cualquier otro preso, Otegi disfrutó ayer de sus primeros paseos por un patio donde conversó con varios reclusos. Por la tarde, recibió la visita de su abogada, la también dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, quien denunció que la sentencia del Supremo tiene «carácter de venganza».

La letrada visitó al portavoz de Batasuna y manifestó que la detención carece de fundamento jurídico. La intención del Gobierno del PSOE de «demostrar su mano dura» es, según dijo la letrada, otra de las razones del ingreso en prisión de Otegi.

En esos mismos términos se había pronunciado unas horas antes Pernando Barrena, también portavoz de Batasuna. En la primera reacción tras el arresto, culpó al PSOE de «ofertar barra libre a la represión y a la vuelta a los tiempos oscuros». Fue más allá y auguró la radicalización de «la espiral acción-reacción» de la que responsabilizó a los socialistas.

Recordó que fue el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien calificó a Otegi de «hombre de paz» y le advirtió de que «la represión nunca ha servido y tampoco va a servir ahora».

VUELTA A LAS ARMAS / Protagonista del 'proceso'
El portavoz y su conveniente disfraz de 'pacificador'

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Arnaldo Otegi se ha pasado meses sacudiendo a diestro y siniestro como un espantajo autoprotector la dichosa ramita de olivo que esgrimió en el acto de Anoeta, reventón de soberbia entonces; pero no le ha servido de nada. Una vez más, él se ha sometido a ETA con disciplina gregaria y, de nuevo, a ETA le ha importado un bledo dejarle a los pies de los caballos. Aunque en esta ocasión con varias causas pendientes acechándole.

Otegi tenía que saber a qué se atenía. En primer lugar, porque él accedió al pedestal de la relevancia pública a raíz del encarcelamiento al completo de la Mesa Nacional de Batasuna a finales de los noventa por la exhibición en campaña electoral de un vídeo de la banda. Y, en segundo lugar, porque, cuando todo indicaba la inminencia del alto el fuego, ETA no tuvo ningún inconveniente en colocar un coche bomba en el centro de Madrid el mismo día en el que iba a declarar en la Audiencia Nacional.

Meses después de ser nombrado portavoz tuvo su primera experiencia negociadora. No en vano se le llamó el «maquinista de Lizarra» por el entusiasmo con el que personalizó en nombre de Batasuna aquel proceso con los nacionalistas vascos. Pero ya entonces demostró que era un hombre de paja, sin mayor capacidad de maniobra, cuando ETA decidió acabar con aquel intento a los pocos meses. Tras el primer atentado no tuvo a bien distanciarse.

Fue primero el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el presidente del Gobierno, después, quienes le devolvieron el relumbrón de antaño y le convirtieron en interlocutor cuando la ilegalización de Batasuna empezaba a pasarle una factura ostracista casi irreversible. Otegi fue, junto con Pernando Barrena y Rafa Diez Usabiaga, el interlocutor de Eguiguren durante cinco años en un caserío. Fue quien, como consecuencia, preparó las bases del acto de Anoeta en el que propuso -sin solicitar ni por asomo el fin del terrorismo- el método de las dos mesas de negociación que se empleó durante el proceso; quien le hizo llegar a ETA la predisposición de los socialistas a mantener contactos antes de las elecciones generales, y quien -previo contraste de contenidos con la dirección del PSE- remitió la carta al presidente ofreciéndole una salida negociada hasta conseguir que, a pesar de sus precedentes, éste le llamase «hombre de paz».

Iniciado el proceso, realizó toda una exhibición de funambulismo táctico. Encabezó el grupo negociador de Batasuna y se reunió primero bilateral y después trilateralmente con el PSE y el PNV en los encuentros secretos y extraparlamentarios en los que se hablaba de eventuales fórmulas de autodeterminación y de territorialidad. Cuando los más radicales de su partido se ponían gallitos aparecía como un hombre bueno dispuesto a encontrar una solución que, por supuesto, siempre favorecía a Batasuna. Como el caso de la reunión pública forzada al PSE el pasado mes de julio o el de la negociación favorable a De Juana Chaos.

Tanto preservaba esa imagen que, en los últimos tiempos, cada vez que la cosa se ponía fea, enviaba al resto de los portavoces a comparecer en las ruedas de prensa.

ETA no le avisó de que iba a perpetrar el atentado de la T-4, a pesar de que horas antes había estado con la dirección. Pero después le siguió utilizando y dirigiendo su estrategia. La del comunicado posterior a los asesinatos en el que presuntamente marcaba distancias solicitando que todo regresase al momento del anuncio del alto el fuego y la planificación de las elecciones municipales para Batasuna. Siempre en permanente contacto con los socialistas vascos y, de manera indirecta, con el Ministerio del Interior -en los últimos tiempos para el asunto de las legalizaciones-. Siempre, hasta que ETA dijo el pasado lunes que todo se acabó.

Quienes le conocen dicen que, tras haber sido condenado a seis años, tenía terror a volver a la cárcel. Y por eso, la última vez que el Ministerio Público pidió su reclusión, se revolvió indignado preguntando si Conde-Pumpido estaba al tanto.

Tras 41 horas en prisión y previo pago de fianza, se recompuso y aseguró que su detención no influía en el incipiente proceso. Teóricamente, eso era lo pactado, aunque con el susto casi la fastidia. Queda por saber cuándo supo Otegi que ETA no estaba dispuesta a emprender una tregua real; si lo supo siempre y prefirió ganar tiempo e intentar eludir la prisión escondido en su disfraz de pacificador, o si fue hace unos días cuando se dio cuenta del desagradable destino que se había labrado.

Marlaska rechaza la recusación contra él en el caso del homenaje a Otauza

JOAQUIN MANSO

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska rechazó ayer la solicitud de recusación que el miércoles había planteado contra él mismo la defensa de Arnaldo Otegi en el marco de las diligencias abiertas por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo cometido en el homenaje al etarra Arkaitz Otauza. Las dos letradas, Jone Goirizelaia y Arantxa Zulueta, se encuentran imputadas en la misma causa, como otros 20 miembros de la ilegalizada Batasuna.

Las abogadas alegan una supuesta enemistad manifiesta del magistrado hacia los imputados, o un interés directo o indirecto en el pleito, para requerir que se abstenga de continuar practicando diligencias. Marlaska reabrió ese proceso contra el criterio del Ministerio Fiscal tras visionar un vídeo de Antena 3 en el que puede verse a Otegi refiriéndose al homenajeado Otauza como «militante de ETA» y enviando un «cálido abrazo» a los familiares de los etarras encarcelados.

En su resolución de ayer, el juez destaca que «no concurriendo ninguna de las causas expuestas, no ofreciéndose prueba en tal sentido y, lo que es más importante, no habiéndolo planteado previamente, en tiempo hábil [...], procede no admitir a trámite y rechazar ad limine [de plano] dicha pretensión».

«Sólo cabe preguntarse», expone Marlaska, «ante el silencio de parte, qué circunstancia nueva ha concurrido en la imparcialidad objetiva y/o subjetiva, desde el 25 de abril de 2007, fecha del visionado del vídeo a los fines de la reapertura, y el día de ayer [por el miércoles]. La otra parte guarda silencio, limitándose a mostrar su disconformidad con la reapertura».

«De dicha reapertura, acordada judicialmente, trata de articularse las causas de abstención y recusación previamente citadas, obviando como el medio de impugnación no es otro que el de articular los recursos pertinentes», concluye el juez.

Contra esta decisión, puede plantearse recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

SUS CAUSAS PENDIENTES

Herriko tabernas: Se trata de la causa más grave que pesa sobre Otegi. Está procesado por pertenencia a una organización terrorista en grado de dirigente, lo que podría suponerle hasta 14 años de prisión. Está pendiente de que el juez Garzón concluya la instrucción y lo envíe a la Sala.

Arkaitz Otauza: En marzo de 2007, el fiscal retiró la acusación por enaltecimiento del terrorismo por participar en el homenaje al etarra, muerto en un enfrentamiento con la 'ertzaina'. Grande-Marlaska aceptó su criterio pero, después de ver un vídeo en Antena 3 en el que Otegi intervenía en el acto, reabrió el proceso. El pasado lunes, el Foro Ermua anunció que se presentará como acusación particular, por lo que habrá juicio aunque el fiscal mantenga su postura.

Anoeta: En noviembre de 2004, Otegi presentó en el velódromo de Anoeta la propuesta de pacificación de Batasuna. El juez Félix Degayón le llamó a declarar por enaltecimiento del terrorismo (penado con hasta dos años de cárcel), reunión ilegal y desobediencia. El proceso sigue en fase de instrucción.

José María Sagarduy: En julio de 2005 participó en el homenaje al etarra que más tiempo lleva en prisión y le comparó con Nelson Mandela. Apuntó que éste fue primero terrorista, luego preso, interlocutor en un proceso de paz y logró dirigir un territorio en paz. Otegi declaró en la causa, que está pendiente de diligencias documentales.

Injurias al Rey: El Tribunal Supremo le condenó, en noviembre de 2005, a 15 meses de prisión por llamar al Rey «jefe de los torturadores». El Tribunal Superior vasco suspendió la ejecución de la condena por carecer de antecedentes penales computables. La suspensión está condicionada a que no delinca en tres años desde la sentencia; si lo hace, ingresará en prisión.

El Gobierno no ve en la ilegalización de ANV // Tenía previsto acercar presos a Euskadi tras el verano

El Gobierno no ve pruebas ni vía para actuar contra electos de ANV

«Hoy por hoy, ha pasado todos los filtros del Estado de Derecho» Advierte a Rajoy de que la política antiterrorista la dirige el Ejecutivo

FERNANDO GAREA

MADRID.- El Gobierno no pedirá que se impida a los concejales de ANV tomar posesión de sus cargos porque considera que no hay ni pruebas ni procedimientos para hacerlo, según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

«Hoy por hoy, ANV es una formación política que ha pasado todos los filtros del Estado de Derecho. Es una formación política que está dentro de los márgenes de la ley y así lo han dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Está por principio dentro de la ley y hay que respetarlo», aseguró la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, advirtió que «si comenzase a actuar fuera de la ley, por supuesto que el Gobierno tomaría la iniciativa y actuaría en consecuencia».

Además de no ver motivos, el Gobierno asegura que es imposible evitar que los concejales de ANV tomen posesión de sus cargos, porque no existe un procedimiento para hacerlo y porque por su condición de electos ya no pueden ser privados de sus actas.

Límites de la ley

«El PP sabe cuáles son los límites de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral», dijo la vicepresidenta primera para mostrar que el Gobierno considera que la petición del principal partido de la oposición busca impedir el acuerdo con un imposible legal.

Por eso, Fernández de la Vega advirtió a Rajoy que no debe acudir el lunes a La Moncloa «imponiendo condiciones» y que «la política antiterrorista la dirige el Gobierno, no la oposición».

Pidió al PP lealtad y apoyo y matizó las palabras de la víspera de Zapatero sobre el encuentro del lunes: «No damos por fracasada la reunión, lo único que hizo fue constatar una realidad y es que día tras día han hecho de la lucha contra el terrorismo el eje vertebral de su política de oposición, de manera irresponsable y desleal». Pese a todo eso, aseguró que el Gobierno «no ha perdido la esperanza de que el señor Rajoy deje de hacer oposición con la lucha antiterrorista» y dijo confiar en que escuchará la petición de «unidad, firmeza y lealtad» que le hará el presidente del Ejecutivo.

Fernández de la Vega no quiso valorar el encarcelamiento de Arnaldo Otegi, porque es una decisión del Tribunal Supremo.

«El Gobierno cumple la ley, los jueces aplican las leyes y adoptan decisiones judiciales con arreglo a ellas, y el resto de administraciones, tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Administración Penitenciaria, ejercitan las decisiones judiciales», dijo la vicepresidenta.

Añadió que «ha sido un proceso para poner fin a la violencia terrorista, no ha funcionado, lo rompieron los terroristas en la T-4, y ahora lo han venido a certificar; de manera que si hubo una ocasión, si hubo una esperanza de poner fin dialogado a la violencia, dentro de la ley, ésta ha sido rota única y exclusivamente por los terroristas».

Una vez terminado ese proceso, según la vicepresidenta, lo que ha hecho el Gobierno es «adoptar la política antiterrorista que se ha hecho en toda la democracia» y «el lenguaje del presidente ha sido desde el principio meridianamente claro».

Interior tenía previsto acercar presos a Euskadi tras el verano

CHEMA RODRIGUEZ

SEVILLA.- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias lo tenía todo listo para comenzar el reagrupamiento de presos etarras después del verano. El Gobierno tenía planeado dar un paso más en su estrategia de cara al proceso de paz enviando, en principio a cuentagotas, reclusos de ETA de perfil bajo a cárceles cercanas al País Vasco.

La ruptura de la tregua anunciada esta misma semana por la banda ha cogido por sorpresa a los responsables de Prisiones, que se han visto obligados, a tenor de las nuevas circunstancias, a modificar radicalmente sus planes.

La idea, que ya se daba por hecha en los centros penitenciarios en los que se concentran los etarras, era iniciar en septiembre una política de traslados que, progresivamente, se iría generalizando.

En una primera fase, según explicaron a EL MUNDO fuentes de Instituciones Penitenciarias, se iban a ordenar acercamientos muy selectivos de los que se beneficiarían etarras considerados de segundo nivel.

Pero el grueso de los traslados estaba previsto para los meses de enero y febrero, contando, eso sí, con que no se adelantasen las elecciones generales y éstas se celebrasen, como está previsto, en mayo de 2008. Y dependiendo, además, de que el «gesto» fuera bien acogido por la banda terrorista y por el entorno abertzale.

Hasta tal punto tenía Instituciones Penitenciarias ultimado su programa de acercamientos que había elegido ya las prisiones a las que se trasladarían a los internos de la banda: Nanclares de Oca (Alava), Mansilla de las Muelas (León), Logroño, Bilbao y San Sebastián iban a ser el destino de los miembros de ETA encarcelados en centros más alejados del País Vasco.

Informes sobre los etarras

Los acercamientos formaban parte del plan de beneficios penitenciarios que el Ministerio del Interior empezó a diseñar en julio de 2006, cuando la directora general de Prisiones, Mercedes Gallizo, pidió a los directores de cárceles informes pormenorizados de sus internos etarras.

Lo hizo, como entonces informó este periódico, entregando un cuestionario con siete criterios a través de los cuales se evaluaba la actitud de los reclusos de la banda, entre ellos su posición frente a la tregua y su sumisión a la dirección de la organización terrorista.

A partir de este cuestionario, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recopiló informes detallados de los aproximadamente 500 internos de ETA que cumplen condena en las prisiones del país.

Pero eso era en otras circunstancias y cuando el Ejecutivo confiaba ciegamente en la posibilidad de una salida negociada a las décadas de asesinatos cometidos por la organización separatista vasca.

De apostar por el acercamiento de presos, Instituciones Penitenciarias ha pasado a extremar las medidas de seguridad en todos sus centros ante el temor a posibles atentados.

Adoctrinamiento socialista: Una familia presenta objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía por 9 de sus hijos

Una familia presenta objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía por 9 de sus hijos

Alega que la nueva asignatura supone «una intromisión en el derecho a enseñar» de los padres De la Vega considera «inaudita» la iniciativa y advierte que la materia la estudiará «todo el mundo»

ROBERTO BENITO

MADRID.- Una familia madrileña ha presentado objeción de conciencia frente a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía por nueve de sus 12 hijos con el fin de evitar que cursen la materia, que se empezará a impartir en colegios e institutos a partir del próximo curso.

Los padres, Antonio Jiménez y Trinidad Fernández, presentaron la objeción la semana pasada ante los centros donde estudian los nueve hijos que tienen en edad escolar. En su escrito, consideran la nueva materia «una intromisión en el derecho a enseñar y educar» a sus hijos «en los principios» en los que creen.

La noticia la ha difundido el Foro Español de la Familia, una de las organizaciones que está canalizando la oposición frente a la nueva asignatura. La objeción se ha convertido en el principal instrumento frente a la inminente introducción de la materia, recurso al que, según el Foro, ya se han acogido miles de familias.

Pese a que la asignatura no se introducirá completamente hasta el curso 2009-2010 -el año que viene sólo se implantará en tercero de secundaria en algunas autonomías-, Trinidad y Antonio han dejado claro desde ya en los colegios de sus hijos, que tienen entre cuatro y 19 años, que no piensan pasar por el aro.

Sin excepciones

Preguntada ayer por el tema en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que Educación para la Ciudadanía la tendrá que estudiar «todo el mundo» y que la Ley de Educación «no admite excepciones».

«Todos los ciudadanos y todas las instituciones tienen que respetar y cumplir la ley y respetar las instituciones democráticas», explicó la vicepresidenta, que consideró «verdaderamente inédito e inaudito» las objeciones de conciencia que están presentando padres como Trinidad y Antonio.

El Foro de la Familia, sin embargo, considera que la objeción «no es una desobediencia de la Ley, sino el ejercicio de un derecho amparado por la Constitución y reconocido como tal por abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional». Para la asociación, en el caso de Educación para la Ciudadanía la objeción está justificada, ya que la asignatura «introduce objetivos, materias y criterios que afectan a la formación moral de los alumnos, terreno en el que sólo corresponde a los padres decidir».

El asunto afecta cada vez a más sectores. La iniciativa del Foro y de otras organizaciones ha sido respaldada por buena parte del Partido Popular, con Esperanza Aguirre, que animó a la objeción de conciencia, a la cabeza, y por la Iglesia.

Ayer mismo, un párroco de Toledo rectificó una carta en la que recientemente había advertido que se podría negar la catequesis a aquellos que cursaran la materia.

El Foro de Zerolo se declara 'en pie de paz', dice a ETA que «guarde» las pistolas y reclama a la ciudadanía que no se movilice

El Foro de Madrid se declara 'en pie de paz'

MADRID.- El Foro Social de Madrid se declaró ayer «en pie de paz» y pidió a la banda terrorista ETA «que no atente, que guarde las pistolas» para preservar el derecho de todos los ciudadanos a vivir en paz.

Una treintena de asociaciones, movimientos sociales, partidos y sindicatos (coordinados por Zerolo) han suscrito un comunicado en el que, bajo el título Por el derecho a vivir en paz, rechazan «la macabra cuenta atrás» decidida por ETA y reclaman a todas las fuerzas políticas y sociales «diálogo, respeto democrático y renuncia a la manipulación ciudadana».

El coordinador del Foro Social de Madrid, Carlos Gilbau, fue el encargado de leer el escrito que recoge la renuncia a volver a un pasado de «desesperanza y frustración» y fija la paz como única alternativa posible.

La Eurocámara rechaza el uso del catalán // ERC pide las cuentas del Rey

La Eurocámara rechaza el uso del catalán con una carta en esta lengua

BARCELONA.- El Parlamento Europeo seguirá sin permitir que se use el catalán en las intervenciones ante la Cámara. Su presidente, Hans-Gert Pöttering, remitió una carta escrita en este idioma a un grupo de eurodiputados catalanes en la que vuelve a rechazar el uso de esta lengua, ya que el reglamento lo impide.

En la carta, con fecha de 5 de junio, Pöttering asegura que la decisión de la Mesa de la Cámara de admitir el uso del gallego, el euskara y el catalán se limitaba a las comunicaciones escritas con los ciudadanos, pero que no podía permitir el uso de estos idiomas ni en el pleno ni en las comunicaciones escritas con las demás instituciones europeas.

Pöttering recuerda que el reglamento permite el uso de cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, y subraya que «las normas sobre el uso de las lenguas de las instituciones de la comunidad han de ser establecidas por unanimidad por el Consejo», informa Efe.

Los eurodiputados catalanes de todos los partidos han emitido un comunicado en el que agradecen «la delicadeza» del presidente de la Eurocámara por redactar la respuesta a sus demandas en catalán, pero discrepan de sus argumentos.

Maria Badia, del PSC, Raimon Obiols, Josep Borrell, Raül Romeva (ICV), Ignasi Guardans (CiU) y Bernat Joan (ERC) manifestaron que no compartían el contenido de la respuesta: «Existe un acuerdo con el Gobierno español por el cual se puede intervenir en catalán a la Comisión Europea y en el Consejo de la UE. Por la misma razón, pedimos hacer lo mismo en la Eurocámara».

ERC pide las cuentas del Rey

Recurre al Constitucional la negativa del Congreso a tramitar sus 100 preguntas sobre el dinero que el Estado asigna a la Casa Real

AGUSTIN YANEL

MADRID.- Los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dicen que el Parlamento debe conocer de manera detallada todos los gastos de la Casa Real y de cada uno de sus miembros, puesto que es dinero público. Por eso, como el Congreso se ha negado a cursar las preguntas que han planteado sobre este asunto, ayer presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El pasado 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la Segunda República, ERC presentó 100 preguntas en el Congreso. Quería saber con qué criterio se asignan cada año unas cantidades de dinero al Rey y a su familia, si el incremento anual se corresponde con la subida salarial pactada para los trabajadores, si el Príncipe y las Infantas perciben algún sueldo, si declaran esos ingresos a Hacienda y cuánto dinero percibiría el Gobierno si toda la Familia Real pagara impuestos, entre otras cosas.

La Mesa del Congreso se negó a enviar las preguntas al Ejecutivo para que las contestara, alegando que, según establece la Constitución, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Frente a ese argumento, ERC indica en el recurso que no todas las preguntas planteadas se referían al Rey o a la Casa Real, porque las hay sobre los intereses comerciales que pueda tener el Monarca en sus viajes oficiales o referidas al sueldo del Príncipe y las Infantas.

Con su rechazo a esas preguntas, añaden los republicanos catalanes en su solicitud de amparo, lo que hace el Congreso es vetar el derecho que tiene un grupo parlamentario a «pedir cuentas del uso del dinero público destinado a la institución monárquica».

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Joan Tardá, considera que la falta de información sobre las cuentas de la Casa Real es «uno de los grandes agujeros negros del sistema democrático español».

Ayer, tras presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, afirmó que la negativa del Congreso a tramitar esas preguntas supone «un blindaje de la opacidad». «Es una vergüenza que en 2007 se niegue la transparencia», comentó Tardá.

Esta negativa a la transparencia, añadió, es «lo más antiguo y retrógrado del parlamentarismo».

Tardá criticó al presidente del Congreso, Manuel Marín, y a los grupos parlamentarios de PSOE, PP y CiU, que fueron los que votaron contra sus preguntas. «Se les debería caer la cara de vergüenza», con esa «chapuza» que, en su opinión, no sólo no protege a la Monarquía sino que le hace «un flaco favor».

La Mesa del Congreso ha rechazado en varias ocasiones otras preguntas de ERC sobre el Rey, porque se referían a actividades privadas del Monarca como las de su participación en cacerías en Rumanía y en Ucrania.

El burlador burlado, Por Isabel san Sebastián

El burlador burlado
ISABEL SAN SEBASTIAN

Fue un dirigente socialista vasco, hoy caído en desgracia, quien afeó la conducta del Gobierno de Felipe González tras la ruptura de la tregua que siguió a las conversaciones de Argel, asegurando que con ETA no se podía actuar «como los trileros de la calle Sierpes de Sevilla». La advertencia cayó evidentemente en saco roto, porque, pasados los años, Zapatero trató de hacer exactamente lo mismo: engañar a la banda terrorista ocultando el reclamo en el último momento, con el fin de salvar su paz y la legalidad al mismo tiempo. Burlarse de la organización criminal con un mal truco. En otras palabras; pasarse de listo.

El presidente traicionó el Pacto por las Libertades, mintió a los ciudadanos y a sus representantes, envió emisarios a los asesinos, sugirió, dejó creer, alimentó una ambigüedad irresponsable que los etarras interpretaron en clave de debilidad, y les proporcionó oxígeno para salir del coma en que se hallaban. Cedió en cuestiones de vital importancia, como la liquidación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño; la celebración de una vergonzosa sesión del Parlamento Europeo en la que el Ejecutivo español reconoció, por vez primera en la Historia, la existencia de un «conflicto político», accediendo con ello a una vieja demanda de la banda; miró hacia otro lado mientras se robaban armas, se extorsionaba a los empresarios o se avisaba desde un teléfono policial a un terrorista de que iba a ser detenido, con ese célebre chivatazo que aún está por aclarar; devolvió a Batasuna-ETA el protagonismo de la vida pública y de la calle, además de facilitarle un salvoconducto para regresar a las instituciones. Pero cuando llegó la hora de pagar el precio que los encapuchados habían fijado desde el principio -la autodeterminación y la territorialidad establecidas en el comunicado en el que anunciaban su enésima tregua-trampa-, dio marcha atrás ante la certeza de que el pueblo español no consentiría que se perpetrase la felonía. Y ahora la serpiente, rearmada, fortalecida y otra vez amamantada a los pechos del contribuyente, nos anuncia una nueva oleada de sangre.

¿Cómo no vamos a pedirle que reconozca que se ha equivocado y rectifique? ¿Cómo no exigirle que deje de embestir contra el PP y demuestre la voluntad inequívoca de liquidar democráticamente a la bestia, atacando todos sus tentáculos con todos los instrumentos del Estado de Derecho y con la ley en la mano? Por cierto, ¿en qué ha cambiado esa ley para que De Juana y Otegi ayer estuviesen libres y hoy estén en la cárcel? ¿Por qué no ha cesado ya a Cándido Conde-Pumpido? ¿Acaso sueña con nuevos diálogos?

El Gobierno aprueba especular en Bolsa con el fondo de pensiones de la Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL / Parte del Fondo de Reserva se podrá invertir en renta variable y renta fija privada / El capital acumulado llega ya a 40.334 millones / El PP dice que «es irresponsable» que «se juegue en Bolsa» con ese dinero
El Gobierno aprueba invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva de las pensiones

El PP cree «irresponsable jugar con ese dinero»

PASCUAL GARCIA

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que permitirá invertir en Bolsa y en otros activos parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, esto es, el excedente de las cotizaciones sociales que recauda el Estado y cuyo destino es garantizar el pago de las pensiones de los futuros jubilados. La decisión cuenta con el respaldo del Consejo Económico y Social (CES), en el que están representados la patronal y los sindicatos, pero ha sido duramente criticada por el Partido Popular.

La reforma de la denominada «hucha de las pensiones» es fruto del acuerdo alcanzado en 2006 entre el Gobierno y los agentes sociales (CEOE, Cepyme, CCOO y UGT). El cambio de regulación, que recomendó en su día el Tribunal de Cuentas, venía demandado por el gran crecimiento del Fondo de Reserva que, según los datos de febrero, asciende a 40.334,78 millones de euros, y persigue dotar su gestión de mayor flexibilidad y rentabilidad.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo ayer que este proyecto, acordado por empresarios y sindicatos, «persigue conseguir rentabilidades más cercanas a las que obtienen los inversores privados».

Además de invertir en deuda pública, dijo, el fondo podrá invertir en renta variable y en renta fija privada y, «como filosofía general», podrá adaptarse a los mercados para conseguir la máxima rentabilidad. «En pocas palabras», añadió, «invertir mejor la reserva de todos para obtener la mayor rentabilidad con las garantías necesarias de seguridad».

Así, según el texto aprobado ayer por el Ejecutivo,la reforma persigue conjugar la seguridad en las inversiones con mayor rentabilidad, mediante la diversificación de riesgos, teniendo en cuenta la evolución de los fondos de reserva de otros países durante los últimos años.

El Gobierno y los agentes sociales han acordado que el proyecto debe regular los principios de inversión, que se concretarán en el desarrollo reglamentario, y seguir la tendencia del resto de los países en cuanto a diversificar las inversiones y abrir este tipo de iniciativas a la renta variable.

El nuevo proyecto establece que se mantendrá el actual modelo de gestión de las inversiones en renta fija (actualmente deuda pública española y de países como Francia y Alemania), mientras que la gestión de la renta variable se externalizará, estableciendo siempre límites que garanticen la seguridad y la diversificación de riesgos.

Este cambio, según especifica el proyecto de ley, en ningún caso podrá suponer una influencia significativa en una entidad a través del Fondo. Además, se precisa, se tendrán en cuenta los principios de responsabilidad social, económica y ambiental de las empresas que puedan recibir estas inversiones.

El texto amplía las facultades de los gestores y el control de los interlocutores sociales y prevé los límites para hacer efectiva la seguridad y la diversificación.

En el artículo cuarto del proyecto se establece que el Gobierno podrá disponer de activos del Fondo de Reserva exclusivamente para financiar un posible déficit en las pensiones contributivas.

La nueva norma prevé que el Gobierno presente a las Cortes un informe anual sobre la evolución y composición del fondo, con las actuaciones hechas en el ejercicio, la política de inversión y los modelos de gestión aplicados.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, calificó ayer de «irresponsable» que se «juegue» en Bolsa con las pensiones de los españoles «sin ningún tipo de control, garantía o restricción».

Martínez Pujalte denunció que «no parece razonable que el clan de Intermoney, de Sebastián y la Oficina Económica de Rodríguez Zapatero sean los que se dediquen a comprar y vender en Bolsa con el dinero de las pensiones de los españoles».

Los populares advirtieron ayer al Gobierno que no van a permitir que el Ejecutivo juegue con las pensiones de los españoles. «Después de los ejemplos que ha dado el Gobierno con la CNMV, la Oficina Económica de Zapatero, el señor Arenillas e Intermoney, nos parece mal que ahora se quiera dar al Gobierno la capacidad para que invierta y juegue en Bolsa con las pensiones», aseveró.

El PP no rechaza la idea de mejorar la rentabilidad del Fondo de Reserva, pero sí critica que éste proceso no se haya realizado en el marco del Pacto de Toledo que busca garantizar las pensiones ni cuente con el consenso del principal partido de la oposición.

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Visto bueno de los agentes sociales

MADRID.- El pasado 31 de mayo, el Consejo Económico y Social emitió un dictamen favorable respecto al proyecto de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social aprobado ayer por el Gobierno. En el capítulo de las observaciones, el dictamen del CES, que registró tres abstenciones, subraya que el anteproyecto remitido por el Ejecutivo merece una «valoración general positiva», en la medida en que introduce cambios necesarios en la legislación reguladora, manteniendo el equilibrio entre la finalidad de obtener una mayor rentabilidad en su gestión y la necesidad de garantizar la seguridad de las inversiones. «Se da cumplimiento así», precisaba la nota del CES, «a uno de los compromisos contemplados en el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito por el Gobierno con los interlocutores sociales el 13 de junio de 2006 . La dotación del fondo», se añade, «constituye un instrumento fundamental, junto a otras iniciativas que se vienen adoptando en los últimos años en el marco del diálogo social y en el desarrollo del Pacto de Toledo, para contribuir a garantizar las necesidades futuras del sistema y atenuar los efectos de eventuales ciclos económicos o efectos demográficos desfavorables en el equilibrio entre ingresos y gastos».

En un dictamen elaborado por el Tribunal de Cuentas en el año 2005, el organismo fiscalizador alertaba de que la rentabilidad obtenida por la inversión de un cada vez más elevado Fondo de Reserva no era la que se podría obtener de un monto semejante y aconsejaba reconsiderar los criterios sobre la inversión de estos activos.

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Un sistema de gestión que ya funciona en otros países europeos

MADRID.- Irlanda, Suecia, Francia y Noruega invierten cada año más del 40% de sus respectivos fondos de reserva de la Seguridad Social en Bolsa, según datos de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) recogidos por Servimedia.

El país más destacado en inversión en renta variable es Irlanda. En concreto, el Ejecutivo irlandés destina a este fin el 78,7% de su fondo de reserva, mientras que invierte sólo el 11,6% en bonos del Estado.

Por su parte, la administración sueca es la segunda más activa en esta materia, ya que casi el 60% de su fondo está en los mercados y el 37,5% en bonos.

Mientras, la Seguridad Social francesa y noruega están bastante emparejadas en cuanto a la cantidad que destinan a renta variable. Francia invierte el 46,31% en Bolsa, frente al 41,6% de Noruega. En el caso de España, el 98,48% del fondo de reserva, que actualmente cuenta con 40.300 millones de euros, se emplea en la adquisición de letras y bonos del Estado y no se dedica ni un euro a renta variable.

Ayer, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero abrió la puerta para modificar la actual política de inversiones de los excedentes de la Seguridad Social y abrir el campo de las inversiones a la renta variable.

En cualquier caso, el anteproyecto aprobado ayer por el Ejecutivo requerirá, a partir de ahora, de un desarrollo reglamentario que se producirá también en el marco del diálogo social, concretamente, en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Medidas de Seguridad Social.

Será en este foro, en el que participan tanto los agentes sociales (patronal y sindicatos) como las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, además del Gobierno, en el que se sienten las bases para determinar los límites, las características y las condiciones que tendrá que cumplir cualquier decisión que afecte a la inversión de una parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Legislativas Francia: Los sondeos confirman la 'agonía' de Jean-Marie Le Pen // Royal quiere repartir el poder

Frente Nacional: punto final

Los sondeos confirman la 'agonía' de Jean-Marie Le Pen en la vigilia de las legislativas francesas, aunque su hija busca una 'resurrección'

RUBÉN AMON. Corresponsal

PARIS.- Jean-Marie Le Pen había prometido venganza en las elecciones legislativas. Decía que su nefasto resultado en las presidenciales (10%) fue un accidente imputable al plagio de Sarkozy -le acusó de sustraerle el programa político- y que sus huestes volverían al redil de la patria cuando sonara la llamada a las urnas del 10 y del 17 de junio.

No es verdad. Al menos, los sondeos divulgados ayer añaden más argumentos a la agonía del Frente Nacional. Según Le Figaro, el partido de Jean-Marie Le Pen tendría que contentarse con el 4% de los sufragios. Es decir, la tercera parte de los que recaudó en los comicios legislativos de 2002 y casi la mitad de cuantos Le Pen sumó el pasado 22 de abril.

¿Razones de este fracaso? Más allá de los años del patriarca (79) y del desgaste del partido en la permanente derrota, predomina la sensación de que muchos votantes de extrema derecha han encontrado acomodo en la nave de Sarkozy. Particularmente cuando el nuevo jefe del Estado habla de patriotismo, de inmigración a la carta, de valores y de meritocracia.

El proceso de mimetismo y de identificación ha sido recibido como una buena noticia porque la extrema derecha desaparece nominalmente del mapa francés, aunque algunos politólogos lúcidos, como Emmanuel Todd, consideran que el proceso de asimilación sarkozysta supera en peligro y en incertidumbre a la mera existencia «real» del partido lepenista.

«Yo celebraría el retroceso de Le Pen si hubieran desaparecido sus electores, pero ocurre que se han reciclado a la sombra de Sarkozy. Le Pen sabía que nunca podría gobernar. Era, en cierto modo, un animador que no ejercitaba soberanía alguna más allá del verbo. Ahora, en cambio, el sarkozysmo se ha adjudicado algunas cuestiones capitales del Frente Nacional. Con la diferencia de que pueden desarrollarse desde el poder. Existe el riesgo real de una derecha radicalizada», razonaba Todd.

El sistema mayoritario francés y el juego electoral en dos turnos habían impedido que Le Pen accediera a la Asamblea Nacional. Nunca tuvo sitio en el Parlamento un partido que representaba a cuatro millones de compatriotas, aunque el Frente alcanzó resultados interesantes en los comicios legislativos del 86 (9,65%), del 97 (14,94%) y de 2002 (11,34%).

Unos y otros datos son todavía más relevantes comparados con las expectativas de voto que el FN maneja en la vigilia del 10-J. Le Pen persevera en el cargo y pretende ser reelegido en el Congreso de noviembre, pero las amenazas de una nueva debacle en las urnas dejan espacio a la cuestión sucesoria y favorecen el derecho hereditario de Marine.

Es la hija de Jean-Marie y la candidata que más posibilidades tiene de redondear un resultado digno en la circunscripción de Pas-de-Calais (noreste). Se trata de un bastión socialista, deprimido y obrero, aunque la valquiria lepenista aspira a convertirlo en un argumento plebiscitario para legitimar su papel de delfín y acceder a las bendiciones paternas.

Le bastaría pasar al segundo turno. Es decir, superar en la cita de mañana el 12,5% de los sufragios. Un desafío razonable, puesto que su campo de batalla electoral fue bastante sensible al partido de Le Pen en los comicios presidenciales del 22 de abril. El Frente Nacional alcanzó entonces una cuota del 19%, prácticamente el doble del resultado nacional.

«Soy optimista y he trabajado a conciencia para conseguir una buena marca», confesaba Marine. «Con los números en la mano será más fácil establecer quién es quién en el seno de partido», añadía con orgullo. Es una manera de desafiar a la vieja guardia del Frente Nacional. Entre otros motivos porque los halcones históricos la consideran culpable del fracaso en las presidenciales. Fue ella quien suavizó el mensaje xenófobo y quien asumió las riendas de la campaña.

También es Marine quien ha dado el primer paso para normalizar el alcázar e imitar el ejemplo de Fini en Italia. Desoyendo incluso el consejo del padre: «Un Frente Nacional amable y cordial en nada interesa a sus militantes», decía a propósito el viejo Jean-Marie. Puede tener razón, pero no existen demasiadas alternativas de supervivencia. O el Frente Nacional se muere con el patriarca. O prosperan las nuevas ideas revolucionarias de Marine.

Entre esas ideas están la comunión con los valores republicanos de Francia, la defensa del aborto femenino, la tolerancia hacia los homosexuales y la ruptura con la indulgencia de su partido en materia de fascismos y nazismos.

Es una manera de colocar en evidencia la verborrea de la propia figura paterna. Y es que el viejo Le Pen tenía que haber sido juzgado el pasado jueves en París por «complicidad en la apología de crímenes de guerra» y por haber minimizado la dimensión del Holocausto en territorio francés.

El proceso fue aplazado con la excusa de las elecciones legislativas, aunque Le Pen, o lo que quede de él, acabará en el banquillo el 14 de diciembre.

Royal quiere repartir el poder

Desde la oposición de izquierdas, se multiplican también los llamamientos a la movilización para «no dejar todos los poderes en las mismas manos», en palabras de la derrotada candidata socialista al Elíseo, Ségolène Royal, quien ya ha asumido, durante esta campaña electoral, su papel de líder de la oposición.

Y es que la socialista aspira a hacerse con las riendas de su formación, el Partido Socialista (PS), que su compañero (laboral y sentimental), François Hollande, quisiera conservar hasta el Congreso de la «refundación» de 2008, informa Efe. En el último gran mitin del PS en la noche del pasado jueves en Lille (norte), Royal -quien no es candidata a la reelección como diputada en su feudo del oeste, pidió a los casi 17 millones de electores que le dieron su voto el pasado 6 de mayo que «vuelvan a las urnas» para «defender los valores de la izquierda».

Porque la derrotada candidata quiere «una izquierda que debe ser generosa y poderosa» frente a las medidas anunciadas por el Gobierno de derechas.

Editoriales: EL GOBIERNO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS LEGALES PARA FRENAR A ANV

EDITORIALES DEL DÍA
EL GOBIERNO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS LEGALES PARA FRENAR A ANV

Mariano Rajoy pidió ayer al Gobierno que solicite al Supremo la adopción de medidas legales para impedir la toma de posesión de los cargos electos de ANV. «Se puede pedir y yo creo que se gana», subrayó el líder del PP.

La vía que sugiere Rajoy es que la Fiscalía y la abogacía del Estado insten la ilegalización de ANV como partido, en ejecución de la sentencia de 2003 que ponía fuera de la ley a Batasuna. El argumento que sostiene el PP es que ANV es una continuadora de la actividad de Batasuna, lo cual es bastante evidente.

Si antes de las elecciones municipales podía existir alguna duda sobre ello, ahora ya no cabe ninguna. Tras su éxito electoral, el propio Otegi se jactó públicamente de que los votos de ANV eran de Batasuna, mientras que ETA en su comunicado interpretaba esos sufragios nada menos que como un aval para volver a asesinar. Ninguno de los dirigentes de ANV se ha desmarcado de estos posicionamientos ni ha condenado que la banda rompa su tregua.

Hay, por tanto, motivos para que el Gobierno solicite la ilegalización de ANV, que podría ir acompañada de una petición de suspensión cautelar de la proclamación de los concejales y junteros de este partido.

Puesto que algunos cargos electos de ANV han sido ya proclamados en los dos últimos días, el Gobierno podría también plantear paralelamente un recurso contencioso ante la Junta Electoral contra esa proclamación, que, si se consuma, prácticamente hace imposible privar al electo de su condición de diputado o concejal, según la jurisprudencia del Constitucional.

El asunto es complejo pero no imposible de abordar. Lo único que requiere es urgencia, de suerte que hoy mismo la Fiscalía y la abogacía del Estado deberían plantear al Supremo la ilegalización de ANV con la petición de suspensión cautelar de la proclamación.

El Gobierno dispone de informes jurídicos que concluyen que no es posible paralizar la proclamación y que, por tanto, no hay forma legal de evitar que los concejales de ANV tomen posesión de sus cargos dentro de pocos días. Pero el asunto es ciertamente controvertido porque, entre otras razones, existe un vacío legal sobre esta cuestión. Plantear esas acciones ante el Supremo es una cuestión de voluntad política. Otra cosa es lo que decidan los magistrados del Alto Tribunal.

Si Zapatero quiere enmendar su política antiterrorista y demostrar que quiere derrotar a ETA, sería un gran gesto poner en marcha las acciones legales para que el Supremo ilegalizara ANV.

Puede incluso que la resolución del Alto Tribunal fuera contraria a evitar la toma de posesión de los concejales de ANV, pero muy probablemente sí dictaría la ilegalización de este mascarón de proa de ETA-Batasuna. En cualquier caso, merece la pena agotar todas las vías legales para intentar que no se consume el despropósito de que el brazo político de una banda terrorista pueda tener representación municipal con todos los beneficios que ello conlleva. Es la única manera de que el Gobierno nos convenza de que hizo cuanto cabía en la ley para evitarlo.

EDITORIALES DEL DÍA
ZAPATERO, OBSESIONADO CON EL PP

Aunque el presidente del Gobierno aseguró anoche con solemnidad que no tiene otra cosa en el pensamiento que «defender a los españoles», de la entrevista que concedió a Cuatro cabe preguntarse si sus emociones tras el fracaso del proceso de paz le dejan algún rincón que no esté dedicado a la inquina contra el PP. A lo largo de su intervención, casi en respuesta a cada pregunta, dedicó cuantiosos reproches y descalificaciones al primer partido de la oposición, muchísimos más que a la banda terrorista, incurriendo así en el mismo error que ha afeado al PP: centrar la crítica en el oponente democrático y no en ETA. Dedicó tantos minutos, tal cantidad de esfuerzo y énfasis a vapulear a los populares que no llegó a concretar sus planes para responder al fin del alto el fuego. Su actitud revela que, al menos a día de hoy, está más obsesionado por reivindicar su comportamiento durante el proceso que por hacer un análisis frío que le permita rectificar los errores que sin duda ha cometido.

Lo más descorazonador para el ciudadano es que las manifestaciones del presidente se producen justo cuatro días antes de su entrevista con Mariano Rajoy, que en principio debía servir para intentar recuperar el consenso frente a ETA. Fue tan agresivo al afirmar que el PP «va a hacer oposición con el terrorismo hasta el último día» de la legislatura, que ello supone dar ya por fracasado el encuentro. Tanto es así que Iñaki Gabilondo, el entrevistador, preguntó directamente si lo iba a «suspender», pero enfrascado en su monólogo, el presidente ni siquiera le atendió.

Zapatero empleó un discurso autojustificativo en el que llegó a hacer afirmaciones como que si se «acercó» a dialogar fue por una «expectativa», para «verificar la oportunidad» de que ETA abandonara la violencia. Pero fue él quien creó la esperanza cuando acudió al Congreso y aseguró que ya había testado las intenciones de los terroristas y que se daban las condiciones para iniciar la negociación propiamente dicha. También aseguró que lo que dijo en la víspera del atentado de Barajas es que dentro de un año «podíamos» estar mejor, como expresando un deseo, cuando en realidad lo afirmó a conciencia.

Fue el suyo un intento por reescribir la historia de estos meses, repitiendo machaconamente que está «orgulloso» de su comportamiento, achacando al PP su «deslealtad» y no contestando a preguntas incómodas, como si traicionó el Pacto Antiterrorista al mantener contactos con Batasuna a espaldas del PP, qué pasará si De Juana vuelve a la huelga de hambre o si el último comunicado de ETA pone fin al proceso o sólo a un capítulo.

Editoriales: ERC, SOCIO DEL Psoe TACHA DE FASCISTA AL REAL MADRID

IMPRESIONES
ERC se atraganta con las Copas del Madrid

ERC criticó ayer la exposición que sobre el Real Madrid acoge el Parlamento Europeo argumentando que oculta la estrecha relación que, en su opinión, existió entre este club y la dictadura de Franco. Es más, en un comunicado afea que la muestra permita que converjan «los principios democráticos» que encarna la Eurocámara con «los valores históricos del Real Madrid», que a decir de ERC son los vinculados al fascismo. «No se puede olvidar que seis de las copas [de Europa] ostentosamente exhibidas en el Parlamento Europeo se ganaron cuando el Real Madrid era el estandarte de un régimen fascista y contaba con el pleno apoyo institucional de las autoridades franquistas», afirma. Al parecer de ERC, los goles de Di Stéfano, Gento o Puskas tenían trampa. En lo que parece más un ataque repentino de celos de un grupo de forofos que un juicio sereno, los independentistas catalanes no dudan en arremeter también contra Santiago Bernabéu, del que dicen que «alcanzó más notoriedad como exponente de los valores antidemocráticos del régimen que como gerente futbolístico». La cosa sería para tomársela a chacota si no fuera por dos razones: que el impulsor de esta denuncia es un partido con responsabilidades de gobierno en Cataluña, y que este tipo de manifestaciones pueden resultar ofensivas y generar violencia en un mundo como el del fútbol, que agita pasiones y donde los sentimientos están siempre a flor de piel.

Rajoy pide al Gobierno que impida a los candidatos de ANV tomar posesión de sus cargos

Rajoy pide al Gobierno que impida a los candidatos de ANV tomar posesión de sus cargos

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Partido Popular (PP) está haciendo todos los esfuerzos a su alcance, y contrarreloj, para intentar evitar que los candidatos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) elegidos en las elecciones del 27 de mayo puedan recoger sus actas de concejales o para las juntas generales del País Vasco. Ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, instó al Gobierno a plantear esa petición ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno y diversos juristas ven muy difícil que se pueda impedir la toma de posesión de esas personas, que han tenido votos suficientes como para estar en ayuntamientos o en las juntas generales. Pero en el PP, según declaró ayer Rajoy a Telecinco, opinan que esta petición «se gana ante el Tribunal Supremo». «Y habríamos dado un paso muy importante, porque si no tendremos durante cuatro años a los concejales de Batasuna y ETA en los ayuntamientos», añadió

Además, pidió que el fiscal general del Estado pida la ilegalización de ANV, porque considera que éste es el partido que han utilizado ETA y Batasuna.

Al líder del PP le parece bien que el Gobierno haya cambiado de criterio en el caso del etarra José Ignacio de Juana Chaos y que, en vez de enviarlo a su casa bajo control una vez que se ha recuperado en el hospital, lo haya encarcelado para que acabe de cumplir su condena. Pero considera que esto es insuficiente.

Esa medida, según dijo, debe ir acompañada de una solicitud al Tribunal Supremo para que declare ilegal al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), porque considera que es el sustituto de Batasuna, y que se impida tomar posesión a sus concejales y junteros.

En algunas localidades del País Vasco -San Sebastián, Guernica y Amurrio, entre otras- la Junta Electoral proclamó el pasado martes, día 5, a los concejales elegidos el 27 de mayo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General da tres días de plazo para recurrir ante la Justicia esas proclamaciones, por lo que el Gobierno, en el caso de hacer caso a la petición del PP, tendría que presentar hoy mismo los primeros recursos.

Frente a las dificultades alegadas desde el Gobierno, el PSOE y algunos medios jurídicos, el diputado del PP Ignacio Astarloa, responsable del área de Justicia de este partido, coincidió ayer con Rajoy en que es posible impedir que los concejales y junteros de ANV tomen posesión de sus cargos y, además, iniciar el proceso para declarar ilegal este partido político.

Astarloa afirmó que el Gobierno tenía argumentos suficientes para haber pedido la ilegalización de ANV antes de las elecciones del 27 de mayo, pero sólo lo solicitó para algunas candidaturas. Ahora puede añadir, como elemento nuevo, las declaraciones que han hecho durante la campaña destacados miembros de la Batasuna, lo que considera una buena prueba de que Acción Nacionalista Vasca «es el sucesor de esa formación abertzale declarada ilegal en su día».

«Si se permite la toma de posesión, se consumará un gran desastre», advirtió Astarloa. «Lo que pedimos es una rectificación completa de la política antiterrorista del Gobierno en los últimos años, que ha permitido a De Juana tener esas condiciones, a Otegi librarse de la cárcel o a ANV ser mitad legal y mitad ilegal», añadió.

Según Astarloa, el procedimiento más adecuado para que ANV sea declarado ilegal es que lo solicite el fiscal o el abogado del Estado al Tribunal Supremo, tal y como prevé la Ley de Partidos Políticos.

El hecho de que unas personas que se han presentado a las elecciones hayan recibido los votos necesarios en las urnas para ser concejales y ahora se encuentren con que no pueden tomar posesión, si prospera la petición del PP, no produce inseguridad jurídica, según Ignacio Astarloa, porque la Ley de Partidos Políticos permite solicitar la ilegalización de una formación «en cualquier momento».

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, que ha pedido en varias ocasiones la ilegalización de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dio ayer un paso más: dijo que el acuerdo que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados en mayo de 2005 -con los votos en contra del Partido Popular-, que autorizaba al presidente del Gobierno a iniciar contactos con ETA cuando no hubiera violencia, «ya no se puede mantener» después del comunicado de la organización terrorista.

«Las circunstancias son distintas. ETA dice que va a volver a matar y el Parlamento ¿qué le dice?, ¿el último acuerdo con nuestro voto en contra?, ¿que quiere seguir tendiéndole la mano a los que quieren matar?», se preguntó. «Ésa es una decisión política», añadió, en referencia al acuerdo del Pleno del Congreso. «¿La rectifica o la modifica por otra que podamos votar todos?», subrayó.

La petición de que el Gobierno rectifique su política antiterrorista y pida la ilegalización de ANV va a ser uno de los caballos de batalla del PP a partir de ahora. Rajoy dijo ayer «que ahora toca rectificar y volver a la política de la derrota de ETA».

El miércoles próximo, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rajoy, Acebes y Zaplana van a plantear preguntas muy generales. Eso les permitirá, en caso de que la reunión del lunes entre Rajoy y Zapatero no sea satisfactoria, incluir en ellas la cuestión de la lucha contra ETA y la ilegalización de ANV.

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LOS ARGUMENTOS JURIDICOS

Art.112 Ley Electoral. El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral dentro de los tres días siguientes al acto de proclamación de electos [...].

Art. 11 Ley de Partidos Políticos. 1. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución el Gobierno y el Ministerio Fiscal [...]. 8. La Sala, durante la tramitación del proceso, podrá adoptar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general [...].

Art. 12 LPP. 3. Corresponderá a la Sala sentenciadora declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto, teniendo en cuenta la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructuras, de las personas que los componen o representan, de la procedencia de los medios de financiación, o de cualquier otra circunstancia que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar esa sucesión [...].

Discrepancias en las asociaciones de jueces

MADRID.- Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que es posible impedir que los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) tomen posesión de sus cargos.

Una vía es recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o el de Navarra, según corresponda, y otra, acudir directamente a la llamada 'Sala del 61' del Tribunal Supremo. Esta última, en su opinión, es «la más coherente», afirmó, tras aclarar que hablaba como jurista y no en nombre del CGPJ.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. «Lo lógico es plantear esta cuestión a la 'Sala del 61' del Supremo y darle la oportunidad de que se pronuncie», aseguró.

Este portavoz dijo a la agencia Efe que «existe la convicción generalizada en todo el país de que ANV es la sucesora o una careta detrás de la que se esconde Batasuna», pero añadió que debe ser esa Sala especial la que diga si los concejales pueden tomar posesión de sus cargos.

En sentido contrario se pronunció Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), quien dijo que las candidaturas de ese partido «pudieron ser impugnadas» en su día y no se hizo, por lo que las que se presentaron a las elecciones «tienen una apariencia de legalidad y de ajustarse al ordenamiento jurídico».

«La postura del PP no tiene apoyo jurídico serio en la Ley de Partidos ni en la doctrina del Tribunal Constitucional», dijo.

Tapia indicó que «no hay que perder el norte» ni impedir que tomen posesión de sus cargos «con una serie de incidentes», sino con «un proceso judicial garantista: que haya una demanda, que haya pruebas y que se demuestre que existe conexión con ETA».

SIN «NINGUN MIEDO»A LA ILEGALIZACION.

El cabeza de lista de Acción Nacionalista Vasca (ANV) a las Juntas Generales de Alava, Aitor Bezares (a la derecha en la imagen), acompañado del número uno de la candidatura de Aiara -anulada por la Justicia-, Beñat Mendiguren, recordó ayer al Gobierno en Vitoria que ANV es «una organización política absolutamente legal» y aseguró que no tienen «ningún miedo» a una posible ilegalización porque no hay nada que se les pueda achacar, informa Efe.

A FONDO: Zapatero hunde la reunión del lunes con Rajoy. Por Casimiro García Abadillo

A FONDO
Zapatero hunde la reunión del lunes con Rajoy
Casimiro García Abadillo

Rodríguez Zapatero no estuvo ayer a la altura de un presidente del Gobierno. Se comportó como un dirigente de partido resentido, dolido, incapaz de trascender de su propia situación personal.

¡Qué mal asesorado! ¿Cómo se puede hacer una aparición pública tan decepcionante en un momento tan trascendental? Si él no era consciente de ello, ¿por qué nadie le advirtió de que, además de los militantes del PSOE, muchos españoles que votan a otros partidos, incluido, naturalmente, el PP, iban a escrutar sus palabras con lupa?

Porque ayer era la primera vez que, tras la ruptura del alto el fuego, millones de personas tenían la oportunidad de escucharle en directo. Y muchos esperábamos de él algo más que reprimendas a Rajoy.

A pesar de que Iñaki Gabilondo hizo notables esfuerzos por sacar al presidente de su ensimismamiento lastimero, Zapatero fue incapaz de explicar, por ejemplo, por qué creyó a ETA cuando decidió abrir el proceso de diálogo; o por qué se rompió la tregua si, como reconoció él mismo, los terroristas siempre buscan contrapartidas políticas que, según dijo, nunca estuvo dispuesto a conceder.

Sin embargo, lo peor no fue su autocompasión y su falta de sentido autocrítico. Ni siquiera que no explicase los errores de información que le llevaron a anunciar el pasado 29 de diciembre un año aún mejor, justo un día antes del atentado de la T-4. No. Lo realmente decepcionante fue que se cargara de un plumazo las esperanzas que muchos españoles albergaban de que aún podía rehacerse el diálogo y el consenso en la lucha antiterrorista.

En una confesión absolutamente inoportuna, el presidente auguró que el PP seguirá utilizando la política sobre ETA hasta el final de la legislatura porque le interesa electoralmente.

Fue entonces cuando Gabilondo le interrumpió para preguntarle si, sobre esas bases, estaba dispuesto a mantener la reunión del próximo lunes con el líder de la oposición. Lógico. Eso sí, Zapatero está dispuesto a recibir a Rajoy cuantas veces hagan falta pero ¡para nada! El presidente no sólo desinfló toda expectativa de rectificación de su política antiterrorista, sino que exigió al PP que cambiara la suya y que, de paso, le pidiera disculpas por su críticas.

Tras ver la entrevista de ayer, no hay ninguna esperanza de que el Gobierno y el PP lleguen a algún acuerdo serio en materia antiterrorista.

Si eso es así, nos esperan meses muy duros. ETA va a cumplir su amenaza y hará lo posible por causar dolor y muerte. Mientras tanto, a Zapatero parece que lo único que le preocupa es que los españoles culpen al PP y sientan pena por él. Realmente, uno espera más de un hombre que se supone que debe guiar al país con firmeza y altura de miras, incluso en los momentos más duros.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es