Editorial: EL PSOE YERRA LOS TIROS EN IBIZA

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EL PSOE YERRA LOS TIROS EN IBIZA


El PSOE dio ayer signos de atolondramiento al tratar de desmarcarse de las acusaciones de quien ha sido hasta hace sólo unos meses concejal y secretario general de una de las agrupaciones más importantes de Baleares, Roque López, que afirma en unas grabaciones que su partido aceptó un soborno de 1,5 millones de euros en Ibiza y que el cobro fue autorizado por el secretario de Organización, José Blanco. (Pepiño)

Aunque no es la primera vez, no deja de ser chocante que el PSOE decidiera expulsar ayer a López de forma fulminante, sin esperar siquiera a abrirle un expediente y escuchar sus explicaciones en la Comisión Federal de Garantías. El caso más similar al suyo de suspensión de militancia es el de Ana Luisa Villar, esposa de José Luis Balbás, líder de los Renovadores por la Base, la corriente a la que pertenecían los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que traicionaron a Rafael Simancas hace cuatro años.

Para justificar su impetuosa decisión con López, el PSOE aseguraba ayer en un comunicado que éste «se encuentra en paradero desconocido para poder corroborar o desmentir las informaciones aparecidas». El interesado no sólo lo desmintió, sino que afirmó estar «disponible para quien quiera llamarme», lo que revela que tiene intención de dar la cara. El asunto no es menor. Por un lado, queda en el aire si con su actuación el PSOE pretende tapar lo que pueda haber de verdad en las denuncias de López. De otro, al acallar un testimonio que puede serle incómodo, asistimos a una decisión más propia de un club privado que de un partido político, e impropia de los ideales democráticos con los que tantas veces se ha comprometido públicamente Zapatero.

La variedad de respuestas que desde el PSOE se ofrecieron ayer del caso Ibiza muestra también la desorientación del partido. Mientras se conocía que Pepiño Blanco presentaba una querella por calumnias contra Roque López, unos denunciaban una «confabulación» planificada «desde los despachos de la derecha económica» y otros parecían admitir implícitamente los hechos al poner el punto de mira en la forma en que se hicieron las grabaciones y denunciar su no validez por «intromisión en el secreto de las comunicaciones». Pero nadie ha explicado por qué los interlocutores de López -algunos de ellos, cargos socialistas- aceptan con naturalidad el cobro de comisiones en las grabaciones. El PSOE yerra al refugiarse en la idea del complot y no investigar el asunto, como si su organización fuera inmune a la corrupción, habiendo olvidado su reciente pasado felipista.

Editorial: LO QUE FALTA ES VOLUNTAD POLÍTICA PARA ACTUAR CONTRA ANV

EDITORIALES DEL DÍA
LO QUE FALTA ES VOLUNTAD POLITICA PARA ACTUAR CONTRA ANV


Ni blanco ni negro sino todo lo contrario. El informe entregado ayer por el Ministerio del Interior al juez Garzón sobre los vínculos entre ANV y ETA-Batasuna está redactado con tan calculada ambigüedad que permite cualquier tipo de interpretación.

A la vista de las contradicciones entre los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el magistrado de la Audiencia Nacional había solicitado a Interior una recopilación actualizada de todos los datos que permitieran establecer vínculos entre ANV y Batasuna. Y ello porque Garzón está estudiando la posible ilegalización por la vía penal de ANV, para lo cual necesita pruebas de que forma parte del entramado ETA-Batasuna.

El nuevo informe de Interior no es concluyente al respecto y señala que «no se puede determinar que ANV sea un instrumento de ETA-Batasuna, aunque haya afinidad en algunos objetivos».

El documento señala que «pudieran existir indicios de un posible diseño de la estrategia de utilización de las siglas de ANV y de sus listas por parte de Batasuna», pero a continuación afirma que todavía «se están analizando» esas listas. También recoge una serie de actos en los que ambas organizaciones han colaborado y hace referencia a contactos y reuniones entre sus dirigentes. Pero subraya que «ANV no fue creado por la banda terrorista» ni se halla dentro de su disciplina y que decidió no integrarse en Batasuna.

Como se puede observar, el documento entregado al juez deja un amplísimo margen a la Fiscalía y al Gobierno tanto para pedir al Supremo la prohibición de sus listas como para cruzarse de brazos ante la falta de pruebas concluyentes.

La vicepresidenta De la Vega aseguró ayer que «no valen las sospechas», sino que hacen falta «certezas y pruebas» para impugnar las listas. Estamos convencidos de que esas pruebas existen y de que lo que no existe es una voluntad política firme del Gobierno de proceder contra ANV. Ayer mismo, Garzón ordenó la detención de un dirigente de Batasuna al que la Policía había incautado una relación de militantes del partido ilegalizado que figuran en las listas de ANV y en las plataformas electorales.

Este periódico reveló el pasado martes la existencia de un informe de la Guardia Civil, en el que figuraba que el etarra Mikel Antxa ya planeaba en 2002 utilizar a ANV como marca de repuesto de Batasuna. Otro informe de la Policía Nacional hacía referencia a un acuerdo entre dirigentes de Batasuna y ANV, en enero de 2003, para colaborar políticamente y paliar los efectos de la ilegalización en curso. Por si fuera poco, la Abogacía del Estado tiene constancia de que un alto porcentaje de los integrantes de las listas de ANV son militantes o simpatizantes de Batasuna y el entorno de ETA.

El Supremo tiene que pronunciarse sobre las listas de Batasuna y sus satélites la semana que viene en función de los datos que le proporcione la Fiscalía y el Gobierno, que no parecen por la labor de cerrar todas las puertas a la izquierda abertzale.

Un informe policial a la medida del Gobierno desvincula a ANV de ETA

LUCHA ANTITERRORISTA / Las conclusiones de la Policía y la Guardia Civil remitidas por Mesquida al juez Garzón sólo hablan de que «pudieran existir indicios de una posible» intervención en las listas electorales
Un informe policial a la medida del Gobierno desvincula a ANV de ETA

El documento entregado ayer a Garzón por el director de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, no aprecia relación entreANVy labanday sólo estima «quepudieran existir indicios»de vinculación con Batasuna


MANUEL MARRACO

MADRID.- El informe remitido ayer al juez Baltasar Garzón por el director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Joan Mesquida, mantiene que no se puede afirmar que ANV sea un instrumento de ETA-Batasuna ni que la formación ilegalizada controle la elaboración de sus listas electorales.

Así se desprende de las respuestas a las 18 cuestiones planteadas el miércoles por el magistrado ante las, a su juicio, «divergencias» recogidas en los respectivos informes de la Policía y la Guardia Civil enviados a la Audiencia Nacional a comienzos de semana.

Dos de las preguntas eran clave. La primera, «si ANV es un instrumento de ETA en la actualidad». El juez exigía a las Fuerzas de Seguridad que le respondieran con «datos objetivos». La conclusión ha sido que «no se puede determinar que ANV sea un elemento instrumental de ETA-Batasuna, aunque haya afinidad en algunos objetivos». En otra de las respuestas se ofrecen tres datos que apuntan a esa coincidencia, pero que «pueden no ser suficientes para indicar que [ANV] se encuentre bajo la disciplina de ETA»: un comunicado de ETA de apoyo a un acto de ANV en 2002 y su soporte a las propuestas electorales de Batasuna, así como el homenaje a etarras fallecidos que anualmente celebra ANV.

La segunda pregunta clave es si la presentación de Acción Nacionalista Vasca a las elecciones «ha sido planeada o diseñada, o las listas electorales elaboradas por Batasuna». En este caso, la respuesta de las Fuerzas de Seguridad es mucho menos tajante que la pregunta.

El informe señala que «cuando menos hay que contestar que pudieran existir indicios de un posible planteamiento y diseño de la estrategia de utilización de las siglas de ANV y de la elaboración de las listas por parte de Batasuna».

Pese a tratarse de un informe conjunto, antes de ofrecer esa conclusión se diferencian claramente los datos aportados por cada cuerpo policial.

La Guardia Civil explica que mantiene «una investigación abierta que pone de relieve nuevos datos al respecto». Y cita uno de ellos, la relación entre un miembro de Batasuna «perfectamente identificado» que podría ser el encargado de «confeccionar» las listas.

Según fuentes policiales, se trata de Gorka Murillo Etxeverria, detenido ayer tarde por orden de Garzón. El informe señala que «ese miembro de la formación ilegalizada ha sido relacionado con diversos formularios y manuales para una primera opción [electoral] que serían las agrupaciones y una segunda opción de un partido sin especificar».

En cuanto a la información de que dispone la Policía, recuerda la existencia de un documento de Batasuna sobre las próximas elecciones forales y municipales en la que hace referencia a «planes A, B y C». Según la Policía, la formación abertzale podría haberse decantado por «la tercera opción», el «aprovechamiento de la cobertura del partido ANV». Eso sí, el informe añade que Arnaldo Otegi ha declarado que «ANV no es la opción de la izquierda abertzale».

El escrito también explica al juez por qué no constaba en el juzgado la documentación incautada en 2004 al entonces número uno de ETA, Mikel Albizu, Antza. En ella, según informó este diario, el dirigente etarra designaba a ANV como posible sustituto de Batasuna. La Guardia Civil dispuso de los datos gracias a la cooperación policial, mientras que la vía judicial -comisión rogatoria- aún no ha sido cumplimentada por Francia.

Otras respuestas al magistrado ofrecen lo que también se pueden considerar indicios de relación entre las dos formaciones abertzales.

Otros elementos

Así, se hace referencia a los contactos entre el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Aitor Aranzabal y la representante electoral de ANV Maite Ilarduya. La Policía habla de «estrecha colaboración», aunque aún no puede constatar si obedecen «a una relación particular o por el contrario se podría incluir en una hipotética colaboración o vinculación entre ambas organizaciones».

En el apartado sobre el nacimiento de ANV, el escrito indica que, aunque ETA no intervino, la formación sí estuvo hasta 2001 integrada en la Mesa Nacional de HB. «Por tal motivo y hasta la fecha indicada, y dado que está acreditado que ETA dirigía HB, por ende dicha dirección podría ser extensiva a ANV, al menos en alguna de sus actividades y posiciones».

La respuesta a muchos puntos planteados por el magistrado es, simplemente, no. Por ejemplo, las personas incluidas en el listado remitido por el juez no han sido imputadas por terrorismo ni han pertenecido a la dirección de Batasuna; no constan relaciones entre los miembros del Comité Ejecutivo de ANV con organizaciones ilegalizadas o suspendidas; la sede de ANV no ha sido investigada por terrorismo ni empleada por Batasuna o sus dirigentes; ningún acto del partido ha provocado la apertura de un procedimiento penal...

Antes de pasar a responder al magistrado, los autores del informe -un miembro de cada cuerpo policial- hacen dos precisiones para poder interpretar su alcance. Primera, que el escaso margen de tiempo del que han dispuesto «supone limitación de análisis y contenido». Segunda, que debe tenerse en cuenta que cada cuerpo policial tiene «sus aplicaciones de trabajo, su metodología de análisis y sus órganos de obtención de información, ya que los datos o indicios que se poseen son distintos o sólo los tiene uno de los cuerpos».

El PSOE expulsa al dirigente de Ibiza que denunció la corrupción

URBANISMO BAJO SOSPECHA / 'Caso Ibiza'
El PSOE expulsa al dirigente de Ibiza que denunció la corrupción

La gestora del partido en la isla toma la medida contra su ex secretario, Roque
López, sin haber escuchado su versión ni abrirle expediente / Los socialistas
se contradicen al afirmar, a la vez, que las grabaciones son «ilegales» y «falsas»

RICARDO FERNANDEZ / ESTEBAN URREIZTIETA

IBIZA.- El presidente de la Comisión Gestora de la Federación Socialista ibicenca, Marià Torres, anunció ayer la «expulsión inmediata» del partido del ex secretario del PSOE en las Pitiusas, Roque López, «por incumplir el reglamento y los estatutos del partido».

Mientras, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, negó las acusaciones de López y anunció que se va a querellar contra él, pese a no haber escuchado su versión ni haberle abierto un expediente.

El jefe de la Gestora, Marià Torres, comentó también que han presentado una denuncia contra el diario EL MUNDO, en la que se acusa a Roque López de ser «la persona que ha entregado las grabaciones, presuntamente ilegales», a este diario.

Marià Torres fue más allá en su peculiar interpretación al añadir que la intención de Roque López es «causar daño a la imagen y honra de determinados cargos del Partido Socialista a cambio, presuntamente, de determinados favores».

El PSOE de Ibiza añade que Roque López «mantuvo una reunión a mediados de mayo de 2006 con el empresario ibicenco [y ex ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de Aznar] Abel Matutes, y con el actual presidente del Consell Insular, el popular Pere Palau». Una reunión a la que también habría asistido el ex secretario de Organización de la FSP-PSOE, Carlos Fernández. Fuentes próximas a Abel Matutes desmienten tajantemente este encuentro y añaden: «Él [Matutes] no tiene nada que ver con esto, y si lo tuviera, estaría encantado, ya que habría contribuido a esclarecer un caso de corrupción que, además, ha manchado la imagen de lo que él más ama, Ibiza. Pero no ha sido así».

Sin embargo, el PSOE olvida explicar por qué en las cintas también aparecen dos miembros del núcleo duro del partido en Ibiza, Josep Marí Ribas y Sandra Mayans, admitiendo sin tapujos la existencia de todo tipo de corruptelas. El propio Marí Ribas, gerente de la empresa mixta que construye Eivissa Centre -51% municipal, 49% Brues- y candidato a la Alcaldía de Sant Josep, relata en las cintas de dónde saldrá «la tajada» de 250 millones de pesetas: «De la venta de los metros sobrantes del edificio de allá, eso es lo que supuestamente tiene que generar unos beneficios en B, que van a ir a parar a los partidos, PSOE y PP». Sin embargo, esta última formación paró el pelotazo de Eivissa Centre en los tribunales.

Además de presentar una denuncia, los socialistas de Ibiza reclaman a los juzgados que «requieran a EL MUNDO para que entregue inmediatamente las grabaciones obtenidas de forma absolutamente ilegal», donde se reproducen «conversaciones que son absolutamente falsas». Un hecho contradictorio, ya que si se dice que las conversaciones se han obtenido de forma ilegal es que se da por hecho que son ciertas, y si son falsas, no se han podido obtener ilegalmente porque serían un montaje.

Los socialistas exigen que los jueces llamen a declarar a Roque López. Mientras tanto, el ex secretario general del PSOE en las Pitiusas rehusó ayer valorar las informaciones. «Ni las confirmo ni las desmiento». Negó estar «escondido, tal y como han afirmado desde el partido». Acto seguido, puntualizó: «Estoy disponible para quien quiera llamarme, aunque no esté en la isla».

Recogiendo información

López añadió a Europa Press que está recogiendo toda la información que se está publicando en torno al presunto caso de corrupción, «con el fin de dar los pasos necesarios cuando llegue el momento, sin precipitaciones de ningún tipo».

López no quiso anunciar si emprenderá acciones judiciales contra los medios que se han hecho eco de declaraciones suyas, ni aclaró si ha sido él mismo quien hizo entrega de las grabaciones. «Tal y como están las cosas», abundó, «es mejor esperar a ver cómo se desarrollan los hechos».

A este respecto, el alcalde de Ibiza, Xico Tarrés, una de las personas que supuestamente acudió a Madrid a entrevistarse con Blanco, aseguró que no tenía necesidad de defenderse: «Al principio dices, pero qué necesidad tengo de aguantar eso y no partir alguna pierna como si jugáramos al fútbol, pero no, al final te das cuenta, pero si parto una pierna me van a echar, y no quiero que me echen, porque quiero ganar estas elecciones».

Tras el informe de Mesquida hecho a conveniencia, el Gobierno dice que sin pruebas no puede actura.

El Gobierno constata que sin pruebas no puede actuar

FERNANDO GAREA

MADRID.- Poco después de que las Fuerzas de Seguridad del Estado informaran al juez Garzón de que no pueden determinar que ANV sea instrumento de ETA y Batasuna, el Gobierno advirtió de que es preciso tener pruebas para instar la ilegalización de un partido legal.

«No se puede actuar con sospechas, sino con certezas y pruebas», aseguró la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Sus palabras pueden interpretarse como la constatación de que el Ejecutivo no pedirá la ilegalización de ANV, ni la anulación en bloque de todas sus listas, sino que impugnará las candidaturas de este partido que incluyan dirigentes de formaciones ilegalizadas como Batasuna. No por falta de voluntad política, sino por ausencia de pruebas.

A esa posición de partida hay que hacerle dos salvedades: que puedan aparecer esas pruebas incontestables que exige el Gobierno o que haya una decisión política tajante del Ejecutivo para que sea el Tribunal Constitucional el que decida. Esta última posibilidad es, a día de hoy, muy improbable, según fuentes autorizadas del Gobierno. Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni María Teresa Fernández de la Vega, ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni el fiscal general del Estado son partidarios de una impugnación global que salve la posición política del Gobierno, aun a riesgo de ser anulada por el Supremo o por el Constitucional.

Por eso, la vicepresidenta primera repitió ayer que se agotará el plazo para la impugnación. Ese plazo termina el miércoles y ese día el Gobierno actuará contra las candidaturas de ANV e impugnará todas las agrupaciones de electores. Da por hecho que el Tribunal Supremo admitirá la demanda contra ASB, nuevo partido que pretendía legalizar Batasuna.

El Gobierno explica que existe una enorme dificultad de plazos y de pruebas para instar la ilegalización de ANV. Este partido está inscrito en Interior y en sus estatutos incluye la condena expresa del terrorismo, lo que dificulta la actuación legal.

Respecto a las candidaturas, el Gobierno esgrime la doctrina del Tribunal Constitucional, que exige que sean dirigentes relevantes de los partidos ilegalizados para que pueda hablarse de contaminación. El TC dejó claro que no bastaba que fueran sólo antiguos candidatos para que se produzca la contaminación.

Fernández de la Vega dijo ayer que «el Gobierno tiene obligación de dar garantías», y garantizó que «Batasuna no estará en las elecciones». Para ello, aseguró que al Ejecutivo «no le temblará el pulso».

Tampoco cree suficiente un acuerdo alcanzado entre ANV y Batasuna en 2003 que fue anunciado en rueda de prensa.

ETA recrudece sus exigencias al empresariado vasco. Garzón detiene a un dirigente de Batasuna al que se atribuye la elaboración de listas de ANV

ETA recrudece sus exigencias al empresariado vasco

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Que ETA ha retomado y endurecido su campaña de extorsión al empresariado vasco es algo que le consta al diputado foral de Hacienda de Alava, Juan Antonio Zárate, al igual que le consta, según denunció ayer, que «un sector empresarial ha intentado ocultarlo».

«Dispongo de alguna información al respecto», explicó, «y no sólo de ahora, sino de hace tiempo. Algún sector empresarial ha intentado tapar esa información cuando incluso algún comando de ETA disponía de información completa de algún empresario».

La patronal vasca Confebask confirmó ayer la existencia de una nueva oleada de cartas recibidas por algunos empresarios y en las que ETA les invita a contribuir con la «construcción de Euskal Herria» con cantidades que oscilan entre los 180.000 y 300.000 euros; un pago sensiblemente superior a los 60.000 o 70.000 euros que exigía en la última remesa de misivas conocida, fechada el pasado febrero.

ETA habría recrudecido, por tanto, su exigencia al empresariado, según Confebask, aunque ni el Círculo de Empresarios ni la patronal navarra tenían ayer noticias de esta nueva remesa.

Las de ahora, que habrían sido recibidas esta misma semana, según publicó ayer El Correo, emplean los mismos términos cordiales que ETA lleva usando en su chantaje al empresariado vasco y navarro desde el alto el fuego: les solicita una «aportación voluntaria» y se despide con «un abrazo revolucionario».

Confebask confirmó la nueva oleada, al igual que hizo en marzo, cuando trascendió la otra remesa. Hasta entonces, y mientras duró el proceso de paz, siempre que los empresarios navarros denunciaban que ETA mantenía activa su labor extorsión, Confebask sostenía públicamente que no tenía constancia, si bien tampoco negaba esta posibilidad.

El PP y EB pidieron a ANV y a Batasuna, respectivamente, que condenen «este chantaje», mientras el PSOE dijo que seguirá «trabajando para acabar definitivamente con ETA».

Garzón detiene a un dirigente de Batasuna al que se atribuye la elaboración de listas de ANV

La Guardia Civil le intervino hace un mes una agenda durante la operación contra el 'comando Urederra' con los nombres que después han engrosado las candidaturas del partido legal

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- El juez Baltasar Garzón ordenó ayer la detención de Gorka Murillo Etxeverria después de que la Guardia Civil lo señalase como un miembro de Batasuna «perfectamente identificado» que podría ser el encargado de elaborar las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la localidad navarra de Ultzama.

Murillo sería uno de los ejemplos del modo en que la formación ilegalizada ha estado ofreciendo su infraestructura a ANV, un partido legal pero sin suficientes militantes para elaborar más de 200 candidaturas de la noche a la mañana, preparadas para presentarse a las próximas elecciones. Según los datos aportados por los investigadores, es él quien ha estado buscando a los candidatos por las dos listas abertzales de la localidad: en uno de sus objetos personales fueron encontrados los nombres de quienes después han engrosado las candidaturas de la plataforma abiertamente auspiciada por Batasuna y la de ANV.

Gorka Murillo formó parte de la Mesa Nacional de Batasuna de Navarra elegida en 2001, la última conocida antes de la ilegalización y está considerado como el coordinador en la Comunidad Foral.

Al detenido, que además consta con el número 34º en la agrupación de electores Nafarroako Abertzale Sozialistak para el Parlamento, se le intervino un pen drive (memoria de ordenador portátil) con toda la información sobre sus planes del modo más insólito. En plena operación contra el comando Urederra, realizada a mediados del mes pasado, los agentes de la Guardia Civil efectuaron varios registros en la localidad de Aitzaroz, de donde el arrestado es originario, y una de esas inspecciones correspondía a la casa de uno de sus vecinos.

Probablemente, Murillo consideró que era a él a quien iban a detener y optó por deshacerse de aquel objeto que podía comprometerle de un modo más directo: las anotaciones de la secretaria del juzgado recogen el momento en el que uno de los residentes en el edificio que estaba siendo intervenido, lanza por la ventana su agenda electrónica.

Los agentes consideran que el contenido no puede ser fruto de la casualidad. En una de las carpetas del pen drive, este miembro de Batasuna guardaba normativa electoral y formularios genéricos de agrupaciones de electores. En otra de las carpetas almacenaba los formularios característicos de un partido político. Y en la tercera de ellas había recopilado un listado de nombres, una parte de los cuales ha acabado engrosando las listas de Ultzamako Abertzalen Sozialista y la otra la de Acción Nacionalista Vasca.

Estos elementos no habían sido aportados en los primeros informes realizados por la Guardia Civil, a petición del juez Baltasar Garzón, que ayer los introdujo como «datos nuevos» en respuesta a la pregunta realizada por el juez sobre si la presentación de ANV a los comicios municipales y forales fue planeada por Batasuna o si la formación ilegalizada elaboró las listas del 27 de mayo.

El etarra Iragi alega alzheimer en un juicio

MADRID.- El etarra Harriet Iragi, que declaró ayer como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional contra el ex dirigente de la banda Juan Antonio Olarra Guridi, aseguró que padece alzheimer después de que, a preguntas de la acusación, dijera no recordar cosas como dónde vivía cuando sucedieron los hechos.

El fiscal pidió 15 años de prisión para Olarra Guridi por ordenar a Iragi y a Jon Solana, ya condenados por estos hechos, que colocaran en 2000 un artefacto explosivo bajo el coche de un empleado civil de la Administración militar en Sevilla, informa Efe.

Iragi, al que se le impuso en 2004 30 años de cárcel por este caso, negó a preguntas del fiscal que Olarra le propusiera entrar en un comando y que, siguiendo sus instrucciones, colocaran una bomba en un coche.

Posteriormente, alegó que no recordaba cosas como dónde vivía al ser detenido y, cuando el letrado le preguntó si tenía problemas de memoria, dijo: «Sí, alzheimer».

En otro juicio, el fiscal redujo en 10 años de prisión su solicitud de 127 años para el presunto miembro del 'comando Txirrita' Albino Sáenz Olarra, al haber sido condenado en Francia. Se le acusa de tratar de atentar contra los ex ministros del PSOE José Barrionuevo y Matilde Fernández.

Detenidos tres etarras en Inglaterra con datos de Cantabria obtenidos a través de internet

Es el primer comando completo de la banda terrorista que se desarticula en el Reino Unido Estaban en la reserva esperando órdenes

El Ministerio del Interior hizo pública ayer una nota en la que especificaba, no obstante, que los etarras arrestados no tenían información sobre objetivos concretos. No precisó el alcance que otorga a los datos consultados en internet por parte de los terroristas.

Los etarras llegaron a Inglaterra hace un mes después de pasar por Francia y recibir instrucciones, prácticamente al mismo tiempo que se desarrollaba en España la operación contra el comando Donosti o Urederra por parte de la Guardia Civil. Fue entonces cuando surgió entre la documentación incautada el nombre de Ruiz Jaso, del que se supo que posiblemente participó en el atentado perpetrado el 28 de febrero de 2006, poco antes del inicio de la tregua, contra el Instituto Social de la Marina de Motrico (Guipúzcoa).

Una vez constatadas las identidades de los tres etarras, a través del magistrado de enlace se cursaron a las autoridades londinenses las órdenes europeas de detención. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una comisión rogatoria con el fin de poder desplazarse a la capital británica e interrogar a los detenidos. Todos ellos ingresaron ayer por la tarde en prisión.

No es la primera vez que son arrestados miembros de ETA en Inglaterra, pero sí es la primera ocasión en la que es detectado un comando completo. Reino Unido ha sido durante muchos años, al igual que Italia o Bélgica, un destino de los militantes de la banda terrorista que necesitaban encontrar refugio cuando notaban que el cerco se les estrechaba excesivamente en Francia.

Dos de los tres arrestados tienen antecedentes. Zigor Ruiz, de 28 años, ha sido detenido en tres ocasiones por coacciones y por pertenencia a banda armada al formar parte de Segi, el semillero de ETA. Iñigo Albisu se presentó voluntariamente en la Audiencia Nacional tras los desórdenes públicos que se registraron en la Semana Grande de San Sebastián en 2005 y salió en libertad. Respecto a Ana López Monge, huyó después de que dos de sus compañeros del comando Olaia fallecieran al estallar la bomba que transportaban. Tenía una orden de busca y captura por pertenencia a banda armada.

Pepiño Blanco niega las acusaciones de López y se querella contra él

Blanco niega las acusaciones de López y se querella contra él

Dice que es «absolutamente falso» que haya autorizado el cobro de comisiones por el PSOE y afirma que todo es «un montaje»

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El número dos del Partido Socialista, Pepiño José Blanco, negó ayer rotundamente haber autorizado al PSOE de Ibiza a cobrar comisiones millonarias de una empresa constructora, a cambio de adjudicarle la mayor obra de la historia de esa ciudad. Y no sólo eso: también presentó una querella contra Roque López, quien ha sido hasta hace unos meses el máximo dirigente de los socialistas ibicencos, que es quien le ha acusado de participar en este caso de corrupción.

EL MUNDO desveló ayer que López, ex secretario general del PSOE de Ibiza, ha afirmado que tres dirigentes socialistas de esa ciudad viajaron hasta Madrid para comunicar a Blanco que esa empresa estaba dispuesta a pagar 80 millones de pesetas (480.190 euros), y que éste no sólo no puso «ningún reparo al cobro de la comisión, sino que implícitamente lo habría autorizado».

Pepiño Blanco aseguró ayer de madrugada que esas afirmaciones de Roque López son «absolutamente falsas» y que él y su partido van a hacer todos los esfuerzos «para que se conozca, cuanto antes, la verdad sobre estos hechos y se determine qué personas están detrás de este montaje encaminado a manchar mi nombre y el del PSOE».

Lo dijo y lo cumplió pocas horas después, con la presentación de una querella en la que acusa a Roque López de un delito de calumnias e injurias graves cometido con publicidad. Este delito se castiga con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel o con multa.

En la querella que presentó ayer, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso este periódico, José Blanco asegura que la acusación que hacen contra él en este caso es «absolutamente falsa» y que Roque López lo sabe «de sobra». Por eso le acusa de calumnias, un delito que consiste en atribuir a una persona la comisión de un delito a sabiendas de que esto no es verdad.

Pepiño Blanco dice que «jamás» ha tenido nada que ver con la adjudicación del proyecto Eivissa Centre, y que nunca «ha autorizado el cobro de comisión alguna, ni el PSOE ha recibido una sola peseta de la promotora Brues», la empresa a la que se adjudicó esa obra. En su opinión, lo que pretende Roque López, a quien el PSOE no ha presentado como candidato en las próximas elecciones y ha destituido del cargo de secretario general, es «vulnerar» el honor de Blanco. Por eso ha dejado transcurrir tanto tiempo desde que fue adjudicada esa obra y, en vez de denunciar el caso ante la Fiscalía, ha acudido a la prensa, añade.

Para reforzar sus argumentos, Blanco indica en la querella que, de las tres personas que supuestamente habrían acudido a reunirse con él en Madrid, según Roque López -Emilio Pérez, gerente de la empresa municipal ibicenca Imvisa; Xico Tarrés, alcalde socialista de esa ciudad, y Pedro Campillo, teniente de alcalde-, él jamás ha conocido al primero de ellos, por lo que es imposible que se hayan reunido.

Por su parte, el secretario general del PP, Angel Acebes, exigió a Pepiño Blanco y al PSOE que aclaren «en qué consistía el mejor pastel de la historia de Ibiza, quiénes fueron sus beneficiarios y si hubo autorización por parte de Pepiño Blanco». Reclamó, asimismo, que intervenga la Fiscalía Anticorrupción, porque se trata de un caso «de gravedad» y de mucha importancia económica.

Matas exige al PSOE que actúe con la «máxima contundencia» en el "caso Ibiza"

Matas exige al PSOE que actúe con la «máxima contundencia»

PALMA/SEVILLA.- El presidente de Baleares, Jaume Matas, exigió ayer al PSIB-PSOE que actúe con la «máxima contundencia» ante el supuesto cobro de comisiones por parte del partido socialista en Ibiza por el proyecto de Eivissa Centre, y pidió a la Justicia que actúe en este caso como lo ha hecho en otras ocasiones».

Para Matas quien tiene que «dar explicaciones es el secretario general del Partido Socialista [de Baleares, Francesc Antich]».

«Estamos hablando de gente muy importante dentro del PSOE, gente que hoy son los candidatos socialistas para las próximas elecciones del 27 de mayo», abundó.

Por otra parte, sus compañeros andaluces exigieron ayer al presidente de la Junta que aclare si en los contratos adjudicados en los últimos cuatro años por valor de más de 23 millones de euros a la empresa Brues (La preferida de Roldán) se ha producido el mismo modus operandi que en en el caso Ibiza.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ofreció una primera relación de adjudicaciones a Brues aparecidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) entre los años 2003 y 2006, sin descartar que puedan existir muchos más contratos de la Administración autonómica con esta sociedad, así como otras adjudicaciones llevadas a cabo por ayuntamientos o diputaciones gobernadas por el PSOE.

En concreto, el PP ha localizado una decena de adjudicaciones a Brues arbitradas, principalmente, desde las consejerías de Salud y de Obras Públicas y Transportes de la Junta.

Uno de los elementos que más dudas y sospechas han provocado en el PP al detectar estos contratos es que algunos de ellos se han llevado a cabo con carácter urgente y por el procedimiento negociado y sin publicidad, según informa Joaquín Caro.

Maragall acusa a Zapatero de traición y del fracaso del 'Estatut'

Maragall acusa a Zapatero de traición y del fracaso del 'Estatut'

Cree que el presidente «dio un paso atrás en su federalismo inicial»

LEONOR MAYOR

BARCELONA.- Los socialistas catalanes estaban encantados porque Pasqual Maragall había estado calladito desde que dejó el Palau de la Generalitat. Se fue tres meses a viajar por Suramérica. Volvió y siguió calladito. Pero a los del PSC les ha durado poco la alegría. Maragall se ha decidido a hablar a sólo un mes de las municipales y no ha dejado títere con cabeza.

La revista L'Avenç publicará en mayo una entrevista con el ex presidente catalán en la que reitera su descontento con el resultado de la reforma del Estatut -como ya hizo el pasado martes en el diario italiano Europa Quotidiana- y arremete contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y, en menor medida, contra sus compañeros del PSC, a quienes acusa de haberle dejado solo en algunas ocasiones.

Maragall no cuenta en realidad nada que no se supiera o se sospechara, pero en esta entrevista -que ayer causó gran polémica en Cataluña- pone por primera vez negro sobre blanco una serie de hechos que culminaron con lo que el ex presidente considera la traición de Zapatero y el fracaso del Estatut.

La relación entre Zapatero y Maragall empezó bien. De hecho, el primero recuerda que «los votos catalanes fueron determinantes» para que el segundo se impusiese a José Bono como secretario general del PSOE. Sin embargo, y una vez en el poder, el talante autonomista del presidente fue cambiando hasta que «dio un paso atrás en su federalismo inicial».

Según Maragall, son varios los episodios con los que culminó la traición de Zapatero tanto a la idea del federalismo como a la persona del propio Maragall. El ex presidente recuerda que el jefe del Gobierno participó en 2006 en un Consell Nacional del PSC y, «al salir, se vio con empresarios catalanes y con José Montilla. Éste es uno de los desencuentros».

De hecho, el episodio trascendió porque fue publicado por EL MUNDO, que desveló que Zapatero comió aquel día con la cúpula de La Caixa y no «con unos amigos» como había anunciado.

Hubo un segundo desencuentro: «Cuando Zapatero recibe a Mas en La Moncloa y salen juntos a decir que han llegado a un acuerdo sobre lo que debe decir el Estatut», relata Maragall. Fue una reunión secreta de las de verdad, de cuya existencia no sabían nada ni los compañeros de filas de Mas ni Maragall, a pesar de que era el presidente de la Generalitat y el promotor del Estatut.

Después, la relación entre ambos mandatarios no hizo más que empeorar. «Durante la discusión del Estatut, Zapatero ya iba diciendo que no me presentase [a la reelección]. En una entrevista en La Moncloa me dijo que prefería a Montilla como presidente. Lo que él no sabía es que, mande quien mande en la Generalitat, se tendrá que pelear con Madrid. Ya se está viendo», rememora el ex president.

Maragall no es el único que se siente traicionado por Zapatero. Al presidente su estrategia con el Estatut no le ha reportado demasiados amigos. En la famosa reunión con Mas en La Moncloa, prometió al líder de CiU que el PSC le dejaría el camino libre hacia la presidencia de la Generalitat. Para tratar de cumplir su promesa, Zapatero presionó a Montilla para que, tras la elecciones, hiciese a Mas presidente. Quedó mal con los dos. Montilla rechazó sus presiones y se apresuró a firmar un nuevo pacto tripartito cuando el presidente del Gobierno estaba en el extranjero de viaje oficial. Y Mas siempre verá una traición en esa promesa incumplida.

Castells lo justifica y Pujol no se extraña

D. C. S. / J. G. S.

BARCELONA.- El 'conseller' de Economía, Antoni Castells, justificó las críticas de Maragall al 'Estatut' y a José Luis Rodríguez Zapatero. Castells admitió que se puede entender el «disgusto» del ex presidente de la Generalitat por el trato recibido durante el tiempo que presidió el 'Govern'. En su opinión, durante ese periodo «Cataluña fue maltratada» y quien «lo padeció más fue Maragall». Asimismo, el 'conseller' aseguró que sus palabras pueden ser útiles siempre y cuando sirvan para advertir del riesgo de que el Tribunal Constitucional 'tumbe' el 'Estatut'. Si las palabras van en esa dirección, aseguró que serán «bienvenidas». Si no es en ese sentido, insinuó Castells, Maragall se habrá equivocado.

El ex 'president' de la Generalitat, Jordi Pujol, fue más ambiguo. Primero dijo: «No me sorprende». Y después completó con un «es algo que podía pasar; la gente perspicaz ya sabe a lo que me refiero».

La lucha contra la corrupción, eje del 'manual del candidato' del PP

La lucha contra la corrupción, eje del 'manual del candidato' del PP

El argumentario, que se distribuye este fin de semana, recuerda que hay 50 alcaldes del PSOE con procesos judiciales abiertos

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- Lo que Génova acaba de distribuir a sus cerca de 8.000 candidatos electorales en toda España no es un manual al uso, sino un verdadero libro de campaña. No hay un área de gobierno que los populares hayan despreciado en aras del disimulo político. Empezando por la corrupción -una de las armas arrojadizas del PSOE contra los concejales del PP en los últimos meses- y acabando por el urbanismo, el argumentario puesto a disposición de los alcaldables parece, más que un manual, un verdadero programa para las generales.

José Luis Rodríguez Zapatero es el principio y el fin de un mapa político metódicamente diseccionado por los estrategas de la campaña, dirigida por la batuta de Pío García-Escudero. Ellos son los que han estampado, negro sobre blanco, la «situación actual» del problema de la vivienda o del «retroceso de los derechos y libertades de los españoles», por poner dos ejemplos, desde el más concreto al más genérico. También han detallado las «críticas al Gobierno» que podrán hacer en sus mítines; las cosas que -para bien, claro- «pasan cuando el PP gobierna» en sus correspondientes comunidades, y la «alternativa» que, por fin, el partido de Rajoy ofrece en cada una de las materias.

URBANISMO SALVAJE

De Ciempozuelos a Marbella

El asunto de la corrupción es el que el PP trata con menos complejos. Los cerebros de Génova dicen a los suyos que «la corrupción ha vuelto a convertirse, como ya sucedía con los anteriores gobiernos socialistas, en una de las principales preocupaciones de los españoles».

«La voluntad de tapar sus propios escándalos, las diferentes varas de medir aplicadas por el Gobierno según el partido al que pertenezcan los denunciados y las sospechas de instrumentalización de la Justicia han sido constantes en estos tres últimos años», añade el manual, que define, además, el Código del Buen Gobierno como una «burla a los ciudadanos». «No ha impedido que el propio Zapatero y sus ministros», explica, «hayan incurrido en despilfarros que han recordado a la beautiful people de anteriores etapas socialistas».

Los populares no regatean reproches a los socialistas en materia de corrupción. El caso Ciempozuelos, el 3% catalán, el caso Montilla, el caso Marbella y el caso Calviá son algunos ejemplos de «escándalos» que el Gobierno trata de «tapar».

PROCESOS JUDICIALES

5O imputados

Los «50 alcaldes del PSOE con procesos judiciales abiertos, 40 de ellos por delitos urbanísticos y, de ellos, 20 sólo en Andalucía», o las «dudas razonables» sobre las actuaciones del ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, respecto de las actuaciones judiciales en Canarias contra los ediles del PP forman parte de lo que el manual del candidato llama la «instrumentalización de la Justicia».

En cuanto a la «burla» del Código del Buen Gobierno, los populares se explayan con hasta 13 perdigonazos destinados a cargar los discursos de los mítines municipales. Desde la climatización de la piscina de La Moncloa, hasta el viaje de Zapatero en avión oficial para hacer compras en Londres con su familia, pasando por las obras de la ministra Cristina Narbona en un chalé familiar, o la petición de un helicóptero del 112 por parte de la ministra María Antonia Trujillo «por una picadura de insecto»... Todo vale en el PP para no hacer de la corrupción un discurso a la defensiva.

LAS SOLUCIONES

«Tolerancia cero»

La medicina de los populares para lo que se avecina como uno de los temas recurrentes de la campaña tiene ocho píldoras. A saber:

1.- «Los ciudadanos merecen políticos honrados y eficaces. Democracia y corrupción son incompatibles».

2.- «Tolerancia cero con los corruptos, los tránsfugas y todos aquellos que utilizan la política para su beneficio».

3.- «Queremos administraciones transparentes y promoveremos una ley de disciplina, transparencia y control de las entidades locales».

4.- «Publicaremos en las páginas web de las entidades locales y de las comunidades autónomas los informes y resoluciones, especialmente en el ámbito urbanístico».

5.- «Adecuaremos el régimen de incompatibilidades de los miembros de los órganos de los gobiernos municipales y autonómicos».

6.- «Promoveremos la declaración de bienes y actividades de los cargos electos al inicio y al final de cada mandato».

7.- «Promoveremos el endurecimiento de las penas de los delitos relacionados con la corrupción».

8.- «Los bienes incautados en los delitos de corrupción se destinarán al apoyo de las políticas sociales».

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LAS OTRAS PROPUESTAS

«Favoreceremos una cultura de respeto cívico como garantía para la convivencia en libertad en todos los espacios públicos».

«Garantizaremos la enseñanza en castellano, nuestra lengua común, en toda España y en todas las etapas educativas».

«Destinaremos a la construcción de viviendas de protección pública entre el 25% y el 50% del aprovechamiento del suelo de los nuevos desarrollos urbanísticos».

«Desarrollaremos programas de hipoteca joven (menores de 35 años) e hipoteca familia (numerosa) para el acceso a préstamos a interés preferencial».

«Reduciremos la imposición indirecta sobre la constitución de hipotecas con una bonificación del 90% (jóvenes y familias) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (familias numerosas) sobre vivienda habitual».

«Impulsaremos el planeamiento estratégico regional de urbanismo».

«Promoveremos la creación de una agencia estatal, único agente urbanizador y coordinador del suelo propiedad del Estado, y un mapa nacional de calificación del suelo».

«Impulsaremos un acuerdo nacional de suelo y vivienda».

«Crearemos un centro nacional de emergencias para coordinar las distintas administraciones en las situaciones de crisis, y un plan general de actuación y coordinación, con mayores dotaciones presupuestarias».

«Impulsaremos un nuevo modelo energético que garantice la seguridad del suministro, su sostenibilidad medioambiental y su eficacia económica».

El PP urge al Gobierno a exigir a Cuba «por todos los conductos diplomáticos» la liberación de 134 presos

El PP urge al Gobierno a exigir a Cuba «por todos los conductos diplomáticos» la liberación de 134 presos

MARISA CRUZ

MADRID. - El Pleno del Congreso votará el próximo 8 de mayo, a instancias del Partido Popular, una moción que urge al Gobierno a exigir a las autoridades cubanas, «por todos los conductos diplomáticos oportunos», la puesta en libertad inmediata de un total de 134 presos de conciencia, entre los que se encuentran más de 60 detenidos y condenados por juicio sumarísimo en la ola de represión desencadenada por Fidel Castro en marzo de 2003 y conocida con el nombre de Primavera Negra.

La moción de los populares cita el nombre de todos y cada uno de los 134 presos, que cumplen en su mayoría penas de entre 12 y 27 años de cárcel por desafección al régimen, propaganda enemiga, desórdenes públicos y cargos similares.

Según la documentación de los juicios que obra en poder de Amnistía Internacional, la conducta de la que se acusó a los condenados «siempre fue pacífica y se inserta dentro de los parámetros del ejercicio legítimo de las libertades fundamentales».

El texto que se someterá a votación en el Congreso apunta que todas las personas incluidas en la lista son «presos políticos condenados por defender la democracia, la libertad y los derechos humanos» en Cuba.

Además, insta al Gobierno de Zapatero a «apoyar públicamente y difundir en todos los foros internacionales la declaración Unidos por la libertad, promovida por los principales dirigentes de la oposición a la dictadura».

En dicho texto, los grupos de oposición al régimen castrista anuncian la formación de un bloque unitario para «trabajar por la libertad». El manifiesto fue firmado, entre otros, por Vladimiro Roca, de Todos Unidos; Oswaldo Payá, de Movimiento Cristiano Liberación; Marta Beatriz Roque, de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

El PP confía en que la moción cuente con el apoyo de los socialistas, habida cuenta de que hace apenas una semana este Grupo votó, en la Comisión de Asuntos Exteriores, a favor de una proposición no de ley en la que se reclama la liberación del sindicalista cubano, también preso de conciencia, Pedro Pablo Alvarez Ramos.

La esperanza de ganar en Barcelona

La esperanza de ganar en Barcelona

DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- La visita de Mariano Rajoy, presidente del PP, a Barcelona sirvió para dejar claro que se opone de forma tajante a que Batasuna, «en cualquiera de sus fórmulas», esté presente en las elecciones municipales del 27 de mayo. Después de visitar el barrio del Raval, Rajoy exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que «impugne en los tribunales» todos los intentos de la formación de consumar su participación en los comicios.

El líder del PP afirmó que Batasuna «está buscando fórmulas jurídicas» para estar presente las elecciones, pero que todo lo que hace ese partido «es ilegal», y pidió a Zapatero que impida el «fraude de ley». «El Gobierno debe dar un mensaje de firmeza, decir que va a evitar que se presenten. ASB, ANV... todo es lo mismo», abundó.

Rajoy también ofreció al Ejecutivo su apoyo si finalmente decide «poner toda la carne en el asador» para impedir que Batasuna presente sus candidaturas. «Sería un enorme error que no lo hiciera», subrayó. Además, se mostró partidario de «aplicar la ley» en este asunto y en todo lo relacionado con ETA, porque «cualquier pacto sólo lleva al fracaso en la lucha contra el terrorismo».

En cuanto al envío por parte de la banda terrorista de cartas de extorsión a empresarios vascos, Rajoy dijo tener la «convicción absoluta, basada en datos», de que se siguen recibiendo. Un hecho, según explicó, que refuerza su tesis de que «no hay que negociar» con «una organización que sigue extorsionando y que hace poco mató a dos ciudadanos ecuatorianos». Además, atribuyó el silencio de muchos empresarios a que «no es cómodo hacer público» que se ha recibido una carta de ETA que reclama dinero.

El presidente del PP compareció ante los periodistas acompañado del candidato del partido a la Alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y del líder del PP catalán, Josep Piqué. Se mostró «seguro» de sus posibilidades y aseguró que su formación «aspira a gobernar en Barcelona» después de casi 30 años de dominio de la izquierda: «Ya pasó en Madrid, Las Palmas o Málaga, por ejemplo. Queremos una oportunidad en Barcelona. Ésta es una gran ciudad, con una proyección a la que hay que atender sin olvidarse de los problemas de la gente».

Rajoy esbozó las líneas maestras de su campaña e hizo especial hincapié en la inmigración. Dijo que «la inmigración debe ser necesariamente algo ordenado», renegó del «sinsentido del papeles para todos» y afirmó que si los recién llegados tienen «los mismos derechos en materias como sanidad o servicios sociales», también deben tener «las mismas obligaciones que el resto». «Nuestras leyes se corresponden con la tradición, la cultura y la voluntad mayoritaria. Tienen que integrarse y cumplirlas», añadió.

En su visita a la capital catalana, Rajoy se entrevistó también con la ciudadana que en el programa Tengo una pregunta para usted de TVE le preguntó por qué apoyó el Estatuto andaluz y no el catalán. «No creo que vote al PP», dijo irónicamente, pero se mostró confiado en convencerla de sus argumentos tras entregarle «un tocho» de documentos, que quedaron en comentar una vez los haya leído.

Aznar estudia acciones contra los que insisten en encausarle por Irak

Aznar estudia acciones contra los que insisten en encausarle por Irak

MADRID.- El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, se plantea la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes persisten en el empeño de encausarle por las decisiones que tomó al frente del Ejecutivo en apoyo a la Guerra de Irak.

Fuentes próximas al ex presidente señalaron que los «promotores» de estas posibles denuncias insisten en acusar a Aznar por la guerra, cuando son «plenamente conscientes» del auto del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2004 que «rechazó de plano por decisión unánime la querella planteada por este mismo asunto, que no fue admitida a trámite».

Los impulsores de la iniciativa podrían cometer «fraude a la Justicia» puesto que también «son conscientes», añaden las mismas fuentes, de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional «ha archivado de plano» los escritos presentados para encausar al ex presidente del Gobierno ante el Tribunal Penal Internacional por no ser competente para intentar llevar a un ex jefe del Ejecutivo ante la Justicia internacional. Un proceso de este tipo sólo puede iniciarlo el Gobierno de la nación.

Las citadas fuentes no quisieron precisar a quién o quiénes va dirigida la advertencia de Aznar, sin embargo, las denuncias contra él se están planteando desde el Partido Comunista y otros colectivos de izquierdas.

Nueva denuncia del PCE

Ayer mismo, el presidente del PCE, Felipe Alcaraz, y la coordinadora provincial de IU en Almería, Rosalía Martín, registraron en la Fiscalía de la Audiencia Provincial una nueva denuncia contra el ex presidente del Gobierno por «su participación en la Guerra de Irak y en los crímenes que allí se están cometiendo».

La interposición de esta denuncia ha estado precedida por otras dos en el mismo sentido presentadas ante las fiscalías de Málaga y Sevilla. Alcaraz señaló que su intención es que, en esta ocasión, la demanda sea remitida al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en lugar de a la Audiencia Nacional.

El presidente del PCE achacó al ex jefe del Gobierno el haber participado en la declaración de una contienda «ilegal, inmoral e injusta» en la que, desde 2003, se han registrado 654.000 muertos, según el dirigente comunista.

Alcaraz manifestó además sus dudas de que el presidente de EEUU, George W. Bush, hubiera declarado la guerra al citado país si Aznar no hubiera acudido a la reunión de las Azores, en la que también estuvo presente el primer ministro británico Tony Blair. Según Alcaraz, la interposición de las denuncias es «una obligación moral y política para intentar que se celebre un juicio».

El presidente del PCE participará hoy en una reunión nacional en la que miembros de su formación, dirigentes de IU y representantes de movimientos sociales dirimirán el «itinerario jurídico» a seguir sobre esta cuestión.

SARKOZY O ROYAL: Un 'referéndum' sobre personalidades

Una televisión por cable ofrecerá el debate entre Royal y Bayrou

La campaña francesa degenera, con vistas a la definitiva segunda vuelta, en insultos y 'veneno'

RUBÉN AMON. Corresponsal

PARIS.- «Estalinista». «Saboteador». «Censor». «Fascista». He aquí las nuevas coordenadas que emplea el Partido Socialista para definir la connivencia de Nicolas Sarkozy con los poderes financieros y mediáticos.

François Bayrou, líder engallado de los centristas, ya le había convertido en epígono de Berlusconi y en amenaza a la democracia, pero Ségolène Royal y sus mosqueteros han ido más lejos en la campaña de demonización.

El casus belli consiste esta vez en las maniobras impronunciables que presuntamente ha urdido Sarko para evitar que Royal y Bayrou coincidieran hoy en un debate televisivo. Ambos rivales querían darle forma mediática a la pinza contra el líder conservador, pero la cadena dispuesta a organizar la jugada, Canal+, se desdijo a última hora porque el mano a mano en cuestión contravenía las reglas del Consejo Superior Audiovisual, garante de las reglas de la campaña presidencial.

El director de la emisora niega haber recibido presiones de ningún tipo, pero la versión no le gusta ni le interesa a Ségolène Royal. De hecho, la candidata socialista atribuye a Sarkozy un papel de censor en la sombra: «Ha utilizado métodos de otra época para intentar callarnos la boca. Sabemos que Sarkozy maneja muchos hilos y que se ha movido para evitar un ejercicio democrático entre dos políticos dispuestos a hablar».

Y dispuestos, de paso, a descarrilar las pretensiones de Sarkozy. El veredicto ciudadano se conocerá el 6 de mayo, pero la remontada de Ségolène Royal, perdedora en todos los sondeos, requiere acercar a su orilla muchos de los siete millones de votantes que arroparon la tercera plaza de François Bayrou en la primera ronda del 22 de abril.

Así se explica la voluntad de organizar un debate conciliador delante de las cámaras. No sólo porque Ségolène necesita seducir al patriarca democristiano. También porque tiene que demostrar a los votantes que puede reconciliarse con las filas de la UDF, a pesar de que Bayrou ha acusado a Royal de representar el viejo sistema, de perpetuar el inmovilismo y de conducir las cuentas de Francia a la bancarrota.

El debate parece que va a celebrarse hoy mismo gracias a la alianza de una cadena por cable (BMF TV) y a la colaboración de una cadena de radio francesa (RMC). No podrán asistir al espectáculo demasiados compatriotas desde sus hogares, pero la idea de recurrir a los medios no convencionales era el único modo de sortear al Consejo Superior Audiovisual, cuya normativa impide que pueda celebrarse un debate entre el segundo (Royal) y el tercero (Bayrou) clasificados dejando fuera al verdadero ganador.

Hablamos de Nicolas Sarkozy, protagonista de unas declaraciones que demuestran el grado de tensión de la campaña electoral: «Me atacan a mí y atacan de manera hiriente la independencia de la prensa. El insulto y la calumnia no renuevan la vida política. Quieren hacer conmigo el proceso de Moscú», decía el líder de la UMP en alusión a las purgas estalinistas.

De acuerdo con los últimos sondeos, Nicolas Sarkozy ganaría los comicios presidenciales con cuatro puntos de ventaja sobre Royal (52% contra 48%), aunque las distancias se han acortado y pueden volver a hacerlo dependiendo de algunos factores de la agenda política. Uno es la maniobra Royal-Bayrou. Otro consiste en el resultado del mano a mano televisivo que Ségolène y Sarko mantendrán el 2 de mayo delante de 23 millones de telespectadores.

Un 'referéndum' sobre personalidades

DAVID SEATON

El activo más importante de los candidatos no es tanto sus ideales políticos sino su carácter. La ventaja del líder de la UMP sobre la socialista ha quedado reducida a un 3%.

Las recientes elecciones francesas parecen una racha de aire fresco cuando casi todo el resto de las noticias son de una intrascendencia dolorosa y trágica. El eco de las diatribas incoherentes y nauseabundas de Cho Seung-Hui no ha dejado de sonar en internet mientras, por rutinarias, se empieza a escuchar a los partes diarios de las obscenas matanzas de Bagdad como si fueran un parte meteorológico. En este ambiente incalificable, las elecciones francesas han ofrecido el espectáculo de una amplísima participación de un electorado bien informado que ha debatido ideas importantes y que ha dado como resultado dos candidatos claramente diferenciados y elegibles. Sería difícil imaginar dos personalidades tan impactantes y a la vez tan distintas como las de Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy.

Según Ipsos, una organización francesa de sondeos citada en The New York Times, casi la mitad de los franceses de más de 70 años ha votado por Nicolás Sarkozy y casi el 30% de los que tienen entre 18 y 24 años se ha inclinado por Ségolène Royal. Las mujeres, que constituyen la mayoría del electorado, han apoyado a Sarkozy y a Royal por igual, mientras que ha habido el doble de hombres que de mujeres que han votado al candidato de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen. Un tercio de los votantes socialistas ha abandonado a la señora Royal y ha apoyado en su lugar a otros candidatos de izquierdas o al candidato centrista, François Bayrou. Asimismo, el domingo se quedó en casa un número desproporcionadamente alto de votantes que se han identificado con la izquierda, lo que invita a pensar que hay un grupo que podría inclinarse por votar a Royal en la segunda vuelta.

Según un sondeo publicado el martes en Le Figaro, la ventaja de Sarkozy sobre Royal se ha quedado reducida en estos momentos a un 3% del 6% de diferencia que le llevaba en sondeos anteriores. Curiosamente, el sondeo de Le Figaro puntualiza que, mientras el 57% de los que votaron a Sarkozy lo hicieron para apoyar a este candidato, el 54% de los que votaron por Royal lo hicieron para pararle los pies a Sarkozy. Jean-Marc Gonin ha escrito en The Wall Street Journal que el lema de la mayoría de los votantes de Royal será TSS [Tout sauf Sarkozy, o Todo menos Sarkozy]. Según opina Gideon Rachman en el Financial Times, «las posibilidades más claras de ganar que tiene Royal pasan por convertir las elecciones en un referéndum sobre la personalidad de su oponente». En su próximo debate televisado, Royal tratará probablemente de provocar el famoso mal genio de Sarkozy. John Thornhill ha escrito en el Financial Times que «perder depende de él, pero no cabe duda de que al testarudo del señor Sarkozy se le puede subir la sangre a la cabeza hasta el punto de costarle la victoria». Thornhill ha añadido que «la señora Royal ha demostrado que es una candidata admirablemente resistente. Los rivales que la han infravalorado lo han llegado a lamentar. El centro será el campo de batalla de la segunda vuelta. Como mujer de izquierdas con valores de la derecha, quizás puede encarnar mejor una candidatura de convergencia». Es posible que, al final, la personalidad de Ségolène Royal sea su activo más importante.

El expediente judicial del ex primer ministro italiano continúa inmaculado después de que un tribunal le exculpara de sobornar a magistrados en el 'ca

Berlusconi, absuelto de corrupción

El expediente judicial del ex primer ministro italiano continúa inmaculado después de que un tribunal le exculpara de sobornar a magistrados en el 'caso SME'

IRENE HDEZ. VELASCO. Corresponsal

ROMA.- El ex primer ministro italiano y hombre más rico del país se anotó ayer una nueva victoria desde el banquillo de los acusados. Un tribunal de Milán absolvió de manera plena a Il Cavaliere de haber sobornado durante los años 80 a los magistrados de un tribunal para que bloquearan la venta del grupo público de alimentación SME a Carlo de Benedetti, su gran rival en el campo de los negocios.

Concretamente, Berlusconi estaba acusado de haber tenido en nómina al juez romano Renato Squillante, al que habría realizado dos pagos para asegurarse de tenerlo siempre a su disposición.

La Fiscalía, con Pietro de Petri a la cabeza, pedía para el ex primer ministro italiano una condena de cinco años de cárcel sin atenuantes. Según De Petris, el líder de Forza Italia era quien se ocultaba detrás de los pagos (en algunos casos plenamente probados) que recibieron algunos jueces. Para el fiscal resulta evidente que Berlusconi era el «motor» de esa corrupción, la persona más interesada en «comprar» a los magistrados a fin de evitar que su archienemigo Carlo de Benedetti pudiera hacerse con SME.

La principal acusación se sustentaba en una transferencia de 434.000 dólares de una cuenta de Cesare Previti, amigo y abogado de Berlusconi, al juez Renato Squillante. Una transferencia de cuya existencia no hay duda y que ya le valió a Previti una condena a cinco años de cárcel que, por motivos de salud, le ha sido permutada por una de arresto domiciliario.

El propio Berlusconi fue señalado en primera instancia como el promotor y responsable de ese pago, aunque los jueces dictaminaron su absolución al comprobar que en aplicación de la legislación aprobada en ese sentido por el Ejecutivo de Il Cavaliere, el delito había prescrito.

Sin embargo un tribunal de Milán absolvió ayer al ex presidente italiano del delito de soborno en relación con el caso SME. Respecto a los dos presuntos pagos al juez Squillante, los magistrados milaneses sentenciaron que en que en el primero de ellos «los hechos no subsisten» y en el segundo el acusado «no ha cometido el hecho». O lo que es lo mismo: no fue Il Cavaliere quien ordenó a Previti pagar 434.000 euros al juez Squillante.

Sin embargo, la batalla no ha terminado. A pesar de que ayer aún no se había confirmado, parece probable que la Fiscalía recurrirá la sentencia.

El PSOE acelera el nombramiento de Segura para cerrar la crisis de la CNMV

Biografía de Julio Segura Sánchez: Del Comité Central del PCE a la CNMV

El PSOE acelera el nombramiento de Segura para cerrar la crisis de la CNMV

El PP cree que será «obediente» a las peticiones del Gobierno IU recuerda que Zapatero prometió en su investidura que no lo nombraría «a dedo»

MADRID.- El candidato a nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, ha logrado acelerar la agenda de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, que le ha hecho rápidamente un hueco para el próximo jueves, 3 de mayo, donde se examinará si presenta o no algún conflicto de intereses para ocupar ese puesto. Mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Conthe, tuvo que esperar 22 días para que sus señorías escuchasen los motivos de su dimisión, el presidente de la Comisión, Antonio Gutiérrez, ha habilitado la primera fecha en la que trabajan los diputados tras el puente festivo, que en Madrid se prolonga hasta el 2 de mayo. Una vez superado el trámite, Conthe dejará oficialmente su cargo.
El Gobierno acordó ayer en el Consejo de Ministros proponer el nombramiento de Segura como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Segura está citado a las once de la mañana del jueves ante los parlamentarios, quienes podrán preguntarle cuestiones sobre su situación patrimonial.

La llegada de Segura, hasta ahora consejero de la CNMV y contrario a las tesis de Conthe de sancionar a Enel y Acciona, reavivó ayer el debate político sobre la polémica salida de su antecesor. El secretario general del PP, Angel Acebes, advirtió que la decisión supone «un duro golpe» para la credibilidad de las instituciones y los mercados financieros.

Acebes recalcó que el Ejecutivo ha actuado sin «sensatez» y sin buscar el acuerdo con el principal partido de la oposición para la designación de un nuevo responsable de la CNMV. «Esto genera una crisis de confianza dentro y fuera de España», recalcó.

Según el número dos de los populares, en vez de intentar pactar un nombre de consenso se ha optado rápidamente por una persona «obediente» con el Gobierno socialista. Asimismo, criticó que se mantenga en el cargo al vicepresidente de este organismo, Carlos Arenillas -esposo de la ministra Mercedes Cabrera-, pese a tener «autoridad moral cero».

Acebes cree que Rodríguez Zapatero se ha «empeñado» en someter la CNMV a su «control y al desprestigio», como demuestra, a su entender, que haya convertido los distintos intentos de OPA sobre Endesa en una operación «política, personal y partidista».

El portavoz de Economía y Hacienda de CiU, Josep Sánchez Llibre, reconoció la «solvencia y la experiencia» de Segura, pero aseguró que «el Gobierno se vuelve a equivocar porque lo que necesitaría la CNMV es una renovación total para recuperar la confianza de los inversores a nivel nacional e internacional».

Sánchez Llibre avanzó que «lo primero que va a pedir CiU al nuevo presidente de la CNMV» cuando ocupe su cargo es que «haga públicas las actas» del organismo supervisor que, según dijo, «motivaron la dimisión de Conthe y que cuestionaron la conducta y la independencia del señor Julio Segura».

CiU cree que el Ejecutivo de Zapatero «debería empezar a tomarse en serio cambiar el sistema de nombramientos actual y que fuera el Parlamento quien los nombrase para garantizar su independencia», procedimiento que también solicita el PP, informa Europa Press.

Las críticas también llegaron al Gobierno desde las filas de sus propios aliados. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, calificó de «merma de independencia» el nombramiento «a dedo» por parte del Gobierno, del nuevo presidente de la CNMV. Advirtió de que Zapatero «incumple una promesa electoral», ya que se comprometió en su discurso de investidura a que organizaciones e instituciones como la CNMV debían ser nombradas en el seno del Congreso de los Diputados «para avanzar en su independencia».

Sin embargo, la secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, consideró «razonable» la propuesta del Gobierno para que Julio Segura presida la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y criticó la «reprobación preventiva» del PP al candidato.

En concreto, Rodríguez-Piñero, aseguró que «es una persona de un prestigio profesional y académico incuestionable que ha demostrado un exquisito rigor e independencia a lo largo de su vida profesional».

El candidato a la Alcaldía de Madrid y ex responsable de la oficina económica de Moncloa, Miguel Sebastián, que el jueves criticó al propio Solbes por el nombramiento de Conthe, calificó ayer la apuesta por Segura de «magnífica», y aseguró que confía «plenamente» en el Gobierno a la hora de realizar este tipo de designaciones.

En el ámbito profesional, el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, le calificó como «gran profesional» con una «gran experiencia» que cuenta con un «buen back ground» para el servicio público, ya que su trayectoria en el Banco de España le ha aportado una gran experiencia.

El experto bursátil: A la tercera... ¿va la vencida?

EL EXPERTO
A la tercera... ¿va la vencida?

ALBERTO ROLDAN NAVARRO

La visión de un mercado lateral-bajista, y puntualizo que ese orden de palabras no es casual, ha venido siendo la base de nuestra estrategia durante todo abril. Y a la vista de lo ocurrido, tengo que decir que nuestras previsiones no se han visto para nada defraudadas.

Las primeras sesiones del mes sirvieron para dar continuidad, aunque con escasa convicción, al fuerte repunte iniciado desde los mínimos de marzo, niveles por otra parte que siempre defendí injustificados y más producto de la histeria colectiva de unas extrañas predicciones que de la realidad de ese momento. Desde esos mínimos se rebotó al calor de la afluencia de liquidez y los rumores corporativos hasta situarnos de nuevo en los 15.000, techo de nuestro mercado durante todo febrero. Desde ese momento, y por tres ocasiones, se intentó romper ese nivel y finalmente a la tercera tentativa, la lateralidad de la que hablaba dio paso a los descensos de los últimos días.

Como es habitual en un mercado que no encuentra justificación para seguir subiendo, se buscó una excusa para hacer beneficios, y le tocó la china, no sin razón, a las inmobiliarias. El Ibex después de moverse en un rango de apenas 200 puntos ha caído un 4%.

La conclusión que extraemos es que durante el mes de abril el mercado ha vivido en exceso de los operaciones corporativas. Las recientes caídas, aunque podrían seguir teniendo continuidad en el corto plazo, creemos que tienen un soporte importante en los fundamentales del mercado y en el atractivo de la renta variable, por lo que a nuestro parecer la visión de fondo sigue siendo alcista.

Alberto Roldán Navarro es director de análisis de renta variable de InverSeguros.

ABN Amro cede y se compromete a estudiar de manera «constructiva» la oferta del Santander

ABN Amro cede y se compromete a estudiar de manera «constructiva» la oferta del Santander

El defensor del accionista demanda al grupo holandés por obstaculizar la propuesta del consorcio

J. T. DELGADO

MADRID.- Aún no se sabe si la oferta será hostil o amistosa. Pero el consorcio integrado por Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) tiene muy claro que presentará una propuesta de compra a los accionistas de ABN Amro. De momento, ha conseguido que el banco holandés retire la polémica cláusula en la que exigía a los tres bancos el compromiso de no lanzar una OPA hostil en los próximos 12 meses.

Por la mañana, los tres socios desoyeron la petición del consejo de administración liderado por Rijkman Groenink y confirmaron «su intención de realizar una oferta pública por el 100% del capital» del banco holandés. En su comunicado, el consorcio se reafirmaba en sus planteamientos y hacía un llamamiento a los accionistas y empleados del banco para que acepten una oferta que encierra «un valor significativamente mayor» en comparación con la de Barclays.

«Los [tres] bancos han invitado a los consejos de supervisión y de administración de ABN Amro a profundizar en las propuestas de los bancos lo antes posible», concluye el comunicado del consorcio.

Santander y sus aliados cuentan ya con el apoyo de la junta de accionistas, que pidieron este jueves a Groenink que no ponga trabas a ninguna oferta. Además, la organización holandesa de defensa de los derechos de los accionistas VEB presentó ayer una demanda ante un tribunal de Amsterdam contra ABN Amro por obstaculizar ofertas de compra alternativas a la de Barclays, según informa Europa Press.

Esta denuncia presionó al consejo del grupo holandés, que acabó eliminando a última hora la mencionada cláusula. «ABN Amro sigue comprometido en estudiar la oferta del consorcio de una manera constructiva. Para facilitar las discusiones, ABN Amro ha decidido, por lo tanto, retirar esa condición y ofrecer al consorcio acceso al material» financiero del grupo.

Ayer, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, insistió en que la oferta del consorcio es «muy atractiva» para los accionistas de ABN Amro y de los bancos compradores. Los tres acumulan «gran experiencia» en operaciones de adquisición y fusión. Y este factor suma un punto a su favor. Fue lo único que dijo Sáenz sobre el asalto en la sede del banco, donde presentó los resultados trimestrales. Sólo se atrevió a reconocer que el mercado italiano «todavía es interesante y rentable» y que su banco puede desarrollar «un buen papel» si desembarca en él. Si sale adelante la fusión con ABN, el Santander se quedará con Antonveneta, la deseada filial transalpina del grupo holandés.

EL ‘CASO IBIZA’ PONE A PRUEBA AL PSOE, A LA FISCALÍA Y A LA JUSTICIA

EDITORIALES DEL DÍA
EL 'CASO IBIZA' PONE A PRUEBA AL PSOE, A LA FISCALIA Y A LA JUSTICIA


El soborno de 1,5 millones de euros que la empresa Brues estaba presuntamente dispuesta a pagar al PSOE por adjudicarse «el mejor pastel de la historia de Ibiza» -en palabras de uno de los protagonistas- excede con mucho los límites de la isla y de la propia comunidad autónoma balear. Así se desprende de las grabaciones realizadas por un dirigente socialista en las que se recogen los pormenores de la operación.

En una de las cintas a las que ha tenido acceso EL MUNDO, el ex secretario general del PSOE de Ibiza asegura que en la operación Eivissa Centre se ha recurrido a los «contactos con Madrid», y da cuenta de una presunta reunión con el secretario de Organización del partido. Según su testimonio, en esa reunión, los representantes del PSOE de Ibiza pidieron permiso a José Blanco para cobrar el dinero «para la agrupación» local, a lo que «Madrid» no sólo no habría puesto reparos, sino que habría aceptado a condición de que el cobro se realizara a través del Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) por ser ése «el canal adecuado».

Aunque defendemos, como no podría ser de otra forma, la presunción de inocencia de Blanco -más aún cuando se le involucra por testimonios de terceros-, la verosimilitud del relato -en el que aparecen registradas las voces de varios cargos públicos socialistas- y la gravedad del mismo obligan al PSOE a esclarecer el caso en todos sus términos. Oficialmente, el partido ha restado importancia al asunto y ha tratado de despacharlo con el argumento de que se trata de «un montaje». ¿Significa eso que las voces de las grabaciones no son verdaderas? ¿Qué se refieren a hechos que no han sucedido? ¿Acaso es falso que el Ayuntamiento de Ibiza creó una sociedad mixta con Brues? ¿O que dictó una resolución adjudicando el proyecto? Los socialistas baleares no responden a estas preguntas y aseguran que se trata de «una venganza». Podría ser, pero la cuestión es si la denuncia es cierta. También fueron una venganza casos como Filesa o el secuestro de Marey, que se demostraron totalmente ciertos. Por ello, el PSOE está obligado a iniciar una investigación interna. Por lo pronto, el fiscal jefe de Baleares ya ha abierto diligencias y ha pedido a EL MUNDO las grabaciones.

La Justicia tiene aquí y ahora la oportunidad de demostrar que no actúa con un doble rasero en Baleares, donde, hasta la fecha, ha puesto mucha más energía y diligencia en los escándalos que afectan al PP que en los que salpican a otros partidos como UM o el PSOE.

El caso Ibiza tiene el agravante de que no asistimos sólo al presunto enriquecimiento personal de unos cargos públicos -como podría haber ocurrido en Andratx-, sino a la posible implicación de toda una organización política. De hecho, uno de los protagonistas del caso asegura que el propietario de Brues -una de las empresas que había sido favorecida por Luis Roldán cuando estaba al frente de la Guardia Civil- ha pagado ya plazos del soborno y que acostumbra a dar «siempre» al PSOE una comisión del 1% del valor de las obras que le adjudican.

El PSOE ha presentado a bombo y platillo su programa electoral con el lema de «tolerancia cero» contra la corrupción urbanística. Ahora tiene una magnífica oportunidad de demostrar que es coherente.

Pepiño Blanco autorizó el cobro de comisiones según el ex dirigente del PSOE ibicenco

Blanco autorizó cobrar comisiones según el ex líder del PSOE de Ibiza


ESTEBAN URREIZTIETA / GISELA REVELLES

IBIZA.- El PSOE ibicenco informó a José Blanco de que había pactado un multimillonario soborno con la promotora Brues a cambio de la adjudicación de la mayor obra de la historia de la ciudad. Según se asegura en varios pasajes de las 12 horas de conversaciones mantenidas entre los líderes socialistas ibicencos, que obran en poder de este periódico, el secretario de Organización del PSOE no sólo no habría puesto ni un solo reparo al cobro de la comisión, sino que implícitamente lo habría autorizado.

Una representación de los socialistas ibicencos viajó a Madrid para trasladar el ofrecimiento de 80 millones de pesetas por parte de Brues a cambio de la adjudicación del proyecto Eivissa Centre.

Esta cifra contrasta con los 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros) que según el ex número uno del PSOE ibicenco Roque López y el también miembro del núcleo duro del partido en la isla Josep Marí Ribas Agustinet ponía encima de la mesa la empresa. El propio Antonio Pinal, presidente de Brues, les confirmó la cifra exacta del cohecho. «250 millones de pesetas». López sugiere que los 170 millones de pesetas restantes se habrían quedado por el camino.

El contrato en juego es, en palabras de López, «el mayor pastel de la historia». Se trata de las obras de remodelación del centro de la ciudad, englobadas bajo el nombre de Eivissa Centre. Están presupuestadas en unos 120 millones de euros y fueron a parar a una empresa de capital mixto: Itusa.

En esta sociedad, el 51% del capital se encuentra a nombre del Consistorio socialista ibicenco y el 49% restante está en manos de la promotora que pactó el pago de 250 millones de pesetas a los socialistas como contrapartida. Esta cantidad, tal y como reveló ayer este periódico, saldría de la parte en B resultante de los pisos y locales comerciales proyectados.

El hasta el pasado mes de noviembre secretario general de los socialistas pitiusos relata con todo lujo de detalles a la edil de Juventud del Ayuntamiento de Ibiza, Sandra Mayans, cómo, cuándo y por qué se decidió contactar con José Blanco en Madrid.

Una vez recibida la oferta de Brues, los socialistas ibicencos prepararon una reunión con Blanco en Madrid. A la cita acudieron «tres personas», puntualiza López. Son Emilio Pérez Echagüe, gerente de la empresa municipal Imvisa; el alcalde socialista de Ibiza y candidato al Consell Insular el 27 de mayo, Xico Tarrés, que en palabras de López «no es inocente del todo», así como su vicealcalde Pedro Campillo.

- «Los tres consiguen ver a Blanco para decirle que la Ejecutiva [socialista ibicenca] es un desastre, que nos vamos a la mierda, a la ruina y que, en fin, que hay una empresa que da dinero y el dinero es para la agrupación de Ibiza», agrega López. «Pedro le comunica a Blanco que la empresa le da 80 millones de pesetas para comprar un local y que él los quiere para la Agrupación de Ibiza».

Lejos de prohibir el cobro del soborno, apostilla López, «desde Madrid se le dice que el canal adecuado es el PSIB (Partido Socialista de Baleares) y luego la FSP (Federación Socialista Pitiusa)». O sea, que hay que canalizar las comisiones vía Ejecutiva regional y no cobrarlas directamente en Ibiza.

La publicación, ayer, del pelotazo urbanístico en Ibiza causó un verdadero revuelo en la isla. El alcalde del Ayuntamiento pitiuso, Xico Tarrés, calificó de «infamia y montaje» las grabaciones, y apuntó que «gente del propio Partido Popular» ya le «había avisado de que podía salir algo de esto».

Para los responsables del Gobierno municipal, miembros de la coalición Pacto de Progreso, que lidera el PSOE, las declaraciones de López que recoge el diario están fuera de contexto. «Las informaciones aparecidas hoy [por ayer] no tienen ninguna prueba, ni evidencia, ni fundamento. El proyecto Eivassa Centre es inmaculado y las supuestas comisiones son absolutamente falsas e imposibles», insistió el alcalde.

Una opinión muy distinta es la de la de la vicepresidenta del Govern y candidata del PP al Consell de Mallorca, Rosa Estaràs, que pidió al secretario general del PSIB, Francesc Antich, que dé explicaciones «si es capaz» sobre el supuesto cobro de comisiones por parte del PSOE de Ibiza.

A última hora de ayer, Blanco negó haber autorizado el cobro de comisiones por el proyecto de Ibiza y anunció acciones judiciales por la difusión de esta información que, según él, es «una pura falsedad», informa Europa Press.

El secretario de Organización subrayó que tanto él mismo como el PSOE pondrán todo su «esfuerzo» para «que se conozca cuanto antes la verdad» sobre estos hechos. En un comunicado, el dirigente socialista denunció además que esta decisión se orienta a determinar «qué personas están detrás de este montaje» que no tiene otra intención, según Blanco, que «manchar» su nombre y el del Partido Socialista.