Editorial: CONTHE ES UN ÁRBITRO, NO UN CARGO DE «CONFIANZA

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CONTHE ES UN ARBITRO,NO UN CARGO DE «CONFIANZA»

Los dos vicepresidentes del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, coincidieron ayer en lanzar sus dardos sobre Manuel Conthe, presidente de la CNMV, al que no perdonan que insista en comparecer en el Parlamento antes de abandonar su cargo.

De la Vega señaló que «la confianza» del Ejecutivo en Conthe «está quebrada» y afirmó que «debe dimitir ante el Gobierno, que fue quien le nombró». Solbes se manifestó en muy parecidos y enfáticos términos: «Yo y el Gobierno no podemos tener confianza en una persona que actúa de esta forma».

Ambos cometen el mismo error al plantear la cuestión en ese plano por la sencilla razón de que Conthe no es un cargo «de confianza» del Gobierno. Lo es un director general o un secretario de Estado, pero no el presidente de la CNMV o el gobernador del Banco de España.

Es cierto que la ley otorga al Consejo de Ministros la prerrogativa de nombrar al presidente de la CNMV, pero esa misma ley precisa que este organismo es autónomo y que su presidente sólo puede ser destituido por causas tasadas como «el incumplimiento grave de sus obligaciones, una incapacidad permanente, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso».

El Gobierno puede cambiar a un alto funcionario cuando quiera y sin motivación jurídica alguna, pero no puede tocar al presidente de un organismo regulador como la CNMV, cuyas funciones como árbitro del mercado bursátil están definidas por la ley, que le concede un ámbito de actuación propio. Algo tan elemental debería ser conocido por De la Vega y Solbes.

Lo que no le gusta al Gobierno de la conducta de Manuel Conthe es precisamente que se haya creído esa independencia para actuar que le concede la Ley del Mercado de Valores. Y en virtud de la responsabilidad del cargo que ocupa y de su libertad de criterio, Conthe pretendió sancionar la conducta de Enel y Acciona al tomar un paquete de control de Endesa sin cumplir los requisitos legales.

Conthe no pudo hacerlo porque encontró una fuerte oposición en el consejo de la CNMV, que, empezando por su vicepresidente Carlos Arenillas y tres vocales nombrados por Solbes, se alineó con el Gobierno, en flagrante incumplimiento de sus obligaciones. Conthe no quiere que Arenillas sea su sucesor en el cargo y ayer anunció que pedirá su dimisión ante el Parlamento. Arenillas y los vocales del Gobierno forzaron la aprobación de un comunicado del consejo en el que se acusa a Conthe de «comprometer gravemente el normal funcionamiento» de la CNMV al no dimitir.

Semejantes reproches le han sido formulados por otros altos cargos del Gobierno y del PSOE, pero quienes están comprometiendo gravemente el prestigio de la institución son los que cierran los ojos ante las arbitrariedades y las irregularidades que fingen ignorar. Si algo se le puede reprochar a Conthe es que se ha tomado en serio su trabajo.

Las más importantes publicaciones económicas internacionales han criticado estos días la actuación del Gobierno en el caso Endesa por su manipulación del mercado y su falta de respeto hacia la ley. Eso sí que daña la imagen de nuestro país y la credibilidad de las instituciones.

Editorial: BATASUNA SIEMBRA LA CONFUSIÓN

EDITORIALES DEL DÍA
BATASUNA SIEMBRA LA CONFUSION

La sospechosa irrupción en escena de Acción Nacionalista Vasca (ANV) -partido de resonancias históricas que el jueves designó representantes para las juntas electorales del País Vasco y Navarra- desató ayer una sonora cadena de reacciones. Como hiciera el jueves Arnaldo Otegi, el portavoz de Batasuna Pernando Barrena recalcó que su «apuesta clara» para concurrir a las urnas no son esas siglas sino las de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), aún a sabiendas de que esta formación es un desafío inequívoco a la Ley de Partidos y que el Gobierno no tiene más opciones que ilegalizarla.

Digan lo que digan en público, la estrategia de Barrena y Otegi parece más bien encaminada a sembrar confusión entre los poderes públicos presentando primero un señuelo fácil -ASB-, intentando luego colarse por la vía de las agrupaciones de electores y activando finalmente un tercer plan -tal vez ANV- por si el Gobierno acaba neutralizando los dos anteriores.

La vicepresidenta De la Vega volvió a decir ayer que Batasuna «no estará en las elecciones porque no cumple la ley», pero fue mucho más ambigua en relación con la nueva marca, de la que dijo que «cumple los requisitos legales» y «condena explícitamente la violencia».

Sus palabras coinciden con el criterio de la Fiscalía, que inició el jueves una investigación en torno a ANV, pero por el momento no ha encontrado indicios para actuar contra ella. Es pronto para decir que en este asunto el Gobierno mira para otro lado. Será en las candidaturas donde Interior y la Fiscalía deberán rastrear pruebas de la vinculación entre ANV y la ilegalizada Batasuna.

Sin embargo, hay un caso que no invita al optimismo: la reiterada negativa del Gobierno y del Ministerio Público a actuar contra el PCTV. Su discurso inicial era que no había indicios para hacerlo y ni los informes policiales ni el hecho de que sus dirigentes no hayan condenado el atentado de la T-4 ni la insistencia del PP ni sobre todo la incautación al etarra Lezcano de propaganda electoral de la formación lo han cambiado un ápice.

El Gobierno debe emplear todos los medios a su alcance para lograr que un entorno proetarra que sigue sin desmarcarse de la banda permanezca fuera de los ayuntamientos y para que el PCTV sea ilegalizado. Si no lo hace, quedará en entredicho ante la ciudadanía, que podría entenderlo como una nueva claudicación.

Conthe: «por desgracia, la CNMV no puede servir a dos señores»

El presidente de la CNMV pide ahora la dimisión de su 'número dos', Carlos Arenillas

Conthe lamenta que Solbes haya perdido la confianza en él y recuerda que, «por desgracia, la CNMV no puede servir a dos señores»

JUAN T. DELGADO

MADRID.- Manuel Conthe tuvo entereza para dictar, sin inmutarse, una conferencia de 35 minutos sobre la responsabilidad de los organismos reguladores ante los cambios contables en la Unión Europea. Improvisó un discurso sesudo, desmenuzó de memoria la normativa y hasta intercaló algún sarcasmo sobre las numerosas competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el campo de las OPA. Entre aplausos recogió la cartera de funcionario, salió a la calle y en la maraña de micrófonos, cámaras y teléfonos móviles con grabadora, desdobló la cuartilla de la discordia.

«Lamento que el vicepresidente del Gobierno haya perdido la confianza en mí. Yo, por el contrario, sigo teniendo plena confianza en él, como persona y como ministro». Conthe, atosigado por una treintena larga de periodistas, empezó a leer con una dicción pausada, con la firmeza de quien asume que su suerte está echada. El primer párrafo del escrito ya bastaba para colarse en cualquier informativo. Pero el presidente de la CNMV tenía mucho más que decir. Y siguió leyendo.

«La confianza del Gobierno en el presidente de la CNMV es, de ordinario, conveniente, pero no resulta precisa en casos excepcionales». Tomó aire y puso un ejemplo que aún retumba en Moncloa. «Cuando la política industrial del Gobierno entra en potencial conflicto con las normas del mercado de valores es comprensible que el punto de vista de la CNMV, o de su presidente, o de algunos miembros del Consejo, puedan no ser del agrado del Gobierno».

Ni un asomo de vacilación en la voz. Y eso que Manuel Conthe, a punto de cumplir los 53 y con una trayectoria impecable en la cosa pública, acababa de cuestionar en voz alta la honorabilidad de todo un Gobierno de la nación. Sin concesión a la ironía ni a las medias tintas, el presidente de la CNMV estaba acusando a José Luis Rodríguez Zapatero de dinamitar la ley con tal de encajar un proyecto industrial nacido el 5 de septiembre de 2005, con la lejana OPA de Gas Natural sobre Endesa.

Conthe no podía ser más transparente en su alocución. Pero añadió una coletilla por si alguien en palacio no había captado la directa: «Por desgracia, la CNMV no puede servir a dos señores».

Otra pausa y vuelta a la carga. «La CNMV es una institución independiente del Gobierno. Pero en un régimen democrático esa independencia sólo es legítima si se dan dos condiciones». La primera es «que rinda cuentas y sea fiscalizada y controlada por los representantes de la soberanía nacional, es decir, por el Parlamento. La segunda: «que sus decisiones sean tan transparentes y públicas como sea legalmente posible, de forma que el secreto y la confidencialidad sirvan sólo para salvaguardar derechos de los ciudadanos, no para impedir que la opinión pública pueda conocer y aquilatar los fundamentos de tales decisiones».

El Parlamento es la única plaza donde el presidente «de una institución que es independiente del Gobierno» debe rendir cuentas. Conthe se guardará los argumentos de su dimisión no consumada hasta que no tenga un micrófono abierto en la Cámara Baja. Otra cosa es que ayer avanzara un anticipo a pie de calle. Los bajos del Hotel Eurobuilding, plantado a espaldas del despacho del miembro con más intuición del gabinete de ministros (Joan Clos), fueron testigos de la primicia. «Les adelanto que en esa comparecencia solicitaré también la dimisión del vicepresidente de la CNMV», disparó Conthe, aprovechando la envestida para levantar la mirada y enfrentarse a los objetivos.

Quedaba dicho y grabado. El todavía jefe de filas de la CNMV pedía la cabeza de su número dos. ¿Las razones? Conthe sólo las dará en sede parlamentaria. Aunque los más impacientes pueden ir hilando los dos primeros párrafos de la misiva para averiguar quién es -a juicio del presidente dimisionario- el enlace entre Moncloa y la CNMV.

Conthe leyó una docena de frases más. Las justas para agradecer «la profesionalidad y el buen hacer» de los funcionarios -todavía- a su cargo. Y hasta sacó aliento para rememorar unos versos de La Eneida. Los mismos que le recitó a Solbes aquella vez en Bruselas entre sorbos de café, durante las duras negociaciones para devaluar la peseta: «Quizás algún día será incluso agradable recordar estas cosas». Luego guardó la cuartilla, se abrió paso entre las cámaras y enfiló, impávido, hacia un coche oficial matriculado con las siglas ZP. Caprichos del destino, dignos de la mejor epopeya de Virgilio.

El Gobierno pide a Conthe que se vaya porque ya no 'confía' en él

El Gobierno pide a Conthe que se vaya porque ya no 'confía' en él

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- El Gobierno pasó ayer a la ofensiva contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, para forzar su dimisión «inmediata». «El Gobierno en su momento nombró a Conthe porque confiaba en él para desempeñar un puesto tan importante como el de la CNMV, pero hoy esa confianza se ha quebrado», proclamó la vicepresidenta primera , María Teresa Fernández de la Vega al término del Consejo de Ministros en el que el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, confirmó que rompía con su hasta ahora protegido Conthe.

«El Gobierno ha expresado su malestar por esta actitud inadecuada de Conthe en relación a las funciones que desempeña y, por tanto, debe resolver de manera inmediata esta situación que él mismo ha creado», remachó el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda.

Conthe anunció su intención de dimitir el pasado 2 de abril, pero no sin antes explicar sus razones, derivadas del trato de favor gubernamental a la OPA de Acciona y Enel sobre Endesa, en el Congreso de los Diputados. El Gobierno y el PSOE quieren que se vaya ya sin garantizarle la posibilidad de ser recibido en el Parlamento, así que el insólito pulso entre el presidente del órgano supervisor de los mercados bursátiles y el Ejecutivo que lo nombró continúa, pero con más virulencia.

El detonante es que Conthe no sólo no se ha plegado en estos días a los deseos del Ejecutivo, sino que incluso se plantea retirar su dimisión al percibir que su sucesor puede ser el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, al que considera sometido al poder. Conthe justifica sus actos en defensa de la independencia de su institución y no quiere que su relevo la deteriore más.

Pero esta posición arrogante de Conthe ha sido considerada excesiva incluso para Solbes, que intentó sin éxito una salida negociada el pasado lunes con él. La oferta era que continuara unas semanas más con normalidad, pero con discreción, hasta una comparecencia ordinaria del presidente de la CNMV que era posible en mayo.

El PSOE no cedía ante Conthe al no convocar una sesión extraordinaria y éste podía aprovechar para explicarse con ocasión de su habitual comparecencia parlamentaria para presentar la memoria anual de la institución. Conthe no se negaba a esa posibilidad, pero sí quería garantías de que su sucesor iba a tener un perfil independiente, algo que el Gobierno se niega a negociar con él. Por tanto, era la guerra. Todo comenzó a primera hora, cuando Solbes, en comparecencia no anunciada, hacía declaraciones a la Cadena Ser. «El Gobierno no puede mantener su confianza en una persona que actúa de esta forma, porque las cosas no se hacen así». Solbes explicó que Conthe ha planteado una renuncia a su cargo con unas condiciones atípicas que no están establecidas en las normas, lo que, en su opinión, ha generado una «situación de confusión» y ha provocado un «desconcierto que afecta negativamente a la CNMV». Solbes aclaraba que no había razones jurídicas para echar a Conthe, pero que éste debía tener en cuenta «moralmente» que si el Gobierno que le había nombrado le retiraba su confianza, debía irse.

El siguiente paso es que Conthe convocó su primer consejo ordinario tras la crisis y afrontó una auténtica rebelión. En sintonía con el hastío del Gobierno, la mayoría de los consejeros, capitaneados por Arenillas, impusieron a Conthe un comunicado sin precedentes (ver página siguiente). Entre los párrafos figuraba el de que la actitud de Conthe «compromete gravemente el normal funcionamiento [de la CNMV]». Fuentes gubernamentales señalaron que este párrafo no aporta base legal suficiente para destituir a Conthe. Si no dimite, el Gobierno no puede, de momento, tomar medidas.

El comunicado calificaba además de inexactas las informaciones sobre sus reuniones del 26 de marzo y el 2 de abril, confirmando implícitamente la publicada por EL MUNDO sobre la sesión del 23 de marzo, en que Conthe sí logró una mayoría en contra de Arenillas para frenar seis meses a Enel y Acciona.

No obstante, el consejo de la CNMV amenazó ayer con hacer públicas las actas y Fernández de la Vega dio a entender que no tenía nada que temer de lo que pueda desvelar Conthe en el Parlamento. «Es muy libre de decir lo que quiera, públicamente o en el Parlamento, si así lo acuerdan los grupos parlamentarios o la opinión pública», afirmó.

El secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Miguel Arias Cañete, afirmó que lo que perjudica a la CNMV es su «incapacidad para afirmar su independencia respecto del Gobierno» y el portavoz parlamentario Vicente Martínez Pujalte, dijo que deberían dimitir «Conthe, los que le nombraron y los que ahora le desacreditan». A su juicio, hay «guerra de familias» en el CNMV.

El Gobierno no encuentra aún indicios para poder actuar contra ANV. Asegura que el trato a De Juana no es un beneficio penitenciario.

LUCHA ANTITERRORISTA / El Ejecutivo sólo cree posible impugnar las candidaturas de ANV cuando se presenten / Las Fuerzas de Seguridad terminarán la próxima semana la investigación encargada por Interior y la Fiscalía
El Gobierno no encuentra aún indicios para poder actuar contra la supuesta nueva marca de Batasuna

FERNANDO GAREA

MADRID.- Si se da por cierta la voluntad política que el Gobierno expresa en público de impedir que Batasuna esté en las elecciones con el nombre que sea, habrá que concluir que cada vez va siendo más probable que el Ejecutivo fracase en su intento.

Por el momento, el Gobierno admite que no es posible actuar legalmente contra la supuesta nueva marca electoral del entorno etarra.

A día de ayer, el Ejecutivo no había encontrado ningún indicio que le permita intervenir contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), según fuentes oficiales. Este partido, fundado en 1930 e inscrito en el registro del Ministerio del Interior hace hoy 30 años justos, presentó el jueves los papeles en las Juntas Electorales para concurrir a las municipales y forales del 27 de mayo.

Todo parece indicar que podría ser utilizada por Batasuna como plataforma que asegure la presencia de la izquierda abertzale en los ayuntamientos.

«ANV es un partido que cumple inicialmente con todos los requisitos legales, entre ellos la condena explícita de la violencia», aseguró la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigan desde el jueves este partido a petición del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado. Su condición de partido legalmente inscrito hace casi imposible que pueda promoverse ahora su ilegalización, como ocurrió con el PCTV. Sus estatutos rechazan la violencia y la investigación se centra en determinar si sus directivos o quienes promovieron las candidaturas ante las Juntas Electorales tienen vínculos con ETA o Batasuna.

En principio, no se ha hallado ningún indicio de esa relación, según fuentes del Gobierno. El informe definitivo estará concluido la próxima semana.

También se buscan, hasta ahora infructuosamente, procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional que afecten a este partido y que estén vinculados a asuntos de terrorismo.

Otra dificultad para promover la ilegalización es que el Estado le concedió en 2001, cuando gobernaba el PP, una indemnización de 695.000 euros por el patrimonio histórico que le fue incautado por la Guerra Civil.

El pasado 27 de febrero, el diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, habló de este partido en el Pleno del Congreso y dijo: «A 31 de diciembre del año 2005, Acción Nacionalista Vasca, un partido que en este momento está prácticamente inactivo, percibió 695.000 euros».

La única vía que contempla el Gobierno para actuar contra esta formación es impugnar sus candidaturas una vez que se presenten antes de la fecha límite del 23 de abril. Esa misma lupa, según la expresión reiterada del Gobierno, es la que se aplicará con todas las agrupaciones de electores que está promoviendo en este momento Batasuna.

La Ley de Partidos permite actuar contra formaciones que, en fraude de ley, supongan una continuidad en la actuación de una formación ilegalizada. Si la Fiscalía o la Abogacía del Estado encuentran candidatos vinculados a Batasuna que puedan determinar que ANV ha sido utilizada por esta formación para burlar la ley, podrá pedir la impugnación de las candidaturas.

Si se encontraran esos datos para probar los vínculos con Batasuna, no sería preciso un procedimiento de ilegalización, sino que se pediría el inicio de un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna. En todo caso, la vicepresidenta primera del Gobierno reiteró ayer que se está investigando a este partido y, por si acaso, insistió en que el Ejecutivo intentará impedir ese fraude de ley.

«Les aseguro que en este caso, como en todos, el Gobierno aplicará a rajatabla la Ley de Partidos», aseguró Fernández de la Vega.

El Gobierno considera que Batasuna despliega una estrategia compleja con iniciativas alternativas y sucesivas para buscar los huecos de la Ley de Partidos, su difícil aplicación y las restricciones que impuso el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo asegura que el trato a De Juana no es un beneficio penitenciario

FERNANDO LAZARO

MADRID.- El Gobierno no considera que la actual situación del etarra José Ignacio de Juana Chaos suponga un beneficio penitenciario.

Así lo ha trasladado por escrito al Congreso, en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. En concreto, el Ejecutivo indica que desde febrero de 2006 hasta el momento de la firma del escrito, el pasado 3 de abril, «no se ha concedido ningún beneficio penitenciario». Entre estas fechas, el Gobierno decidió aplicar la prisión atenuada al terrorista de ETA mientras se encontraba en huelga de hambre exigiendo al Gobierno de Zapatero su inmediata puesta en libertad.

El Ejecutivo, tras recibir el informe del centro penitenciario, clasificó a este preso en ese régimen especial. Todos los expertos del ámbito carcelario sostienen que la aplicación de este grado es un «beneficio penitenciario».

El preso estaba internado en el hospital madrileño 12 de Octubre. Tras esta decisión del Ejecutivo, fue enviado al hospital Donostia de San Sebastián, donde se está recuperando tras abandonar la huelga de hambre. Una vez recuperado, la intención del Ejecutivo es enviarle a su casa a cumplir el resto de la condena por enaltecimiento del terrorismo con un control telemático, una pulsera que permite a los responsables penitenciarios conocer su localización.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentó que la aplicación de este tratamiento a De Juana se debía, fundamentalmente, a razones humanitarias, y que si el preso hubiera continuado con su huelga de hambre, habría muerto.

Tras la comparecencia del ministro, el Partido Popular presentó una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo para que aclarara la excarcelación del etarra, condenado por 25 asesinatos.

Además de negar en todo momento que el Ejecutivo hubiera llevado a cabo beneficios penitenciarios, defendió la independencia del Ministerio Fiscal en toda la actuación sobre el caso de este terrorista. En sus respuestas, el Gabinete de Zapatero se desmarca de todas las actuaciones del Ministerio Público. «El Gobierno es plenamente respetuoso con la autonomía funcional del Ministerio Fiscal que aparece reconocida en el artículo 8 de su estatuto orgánico y con el principio de imparcialidad», indica en las respuestas parlamentarias a los diputados populares Alicia Sánchez-Camacho y Alejandro Ballesteros.

De Juana inició su última huelga de hambre el 7 de noviembre del pasado año y la finalizó el 1 de marzo, justo el mismo día que el Gobierno le aplicó la situación penitenciaria extraordinaria. Desde entonces permanece en el hospital Donostia de San Sebastián, donde aún se recupera de los efectos de la huelga de hambre desde hace ya casi mes y medio. En cuanto a la situación de este interno en el hospital, el Gobierno admite que «las personas que lo visitan, su número y los horarios son fijados por los responsables del hospital en función del estado de salud del penado y los criterios médicos y las necesidades establecidas por los responsables policiales para garantizar la seguridad ciudadana».

El Ejecutivo ha contestado a más de una quincena de preguntas presentadas por el Grupo Popular tras la comparecencia del ministro del Interior en el Parlamento donde explicó las razones humanitarias del Gobierno para otorgar la situación penitenciaria especial al etarra De Juana.

En otra de las respuestas, el Ejecutivo de Zapatero asegura que, ya desde el 3 de abril, únicamente un especialista de medicina interna atiende a este preso de forma habitual. El resto de la atención corre a cargo del servicio de enfermería.

Fuentes cercanas al hospital indicaron a este periódico que la situación médica de De Juana ha mejorado sensiblemente desde que puso fin a la huelga de hambre y es muy probable que en pocas semanas abandone el hospital y sea trasladado a su casa.

«El PP tiene toda la información de la lucha contra el terrorismo»

F. G.

MADRID.- La vicepresidenta ratificó ayer públicamente que el Ejecutivo ha transmitido ya de manera reservada al PP toda la información sobre la situación de la lucha contra el terrorismo de ETA.

«El PP tiene toda la información de la lucha contra el terrorismo», dijo escuetamente Fernández de la Vega. En las últimas semanas, Mariano Rajoy ha mantenido varias conversaciones con miembros del Gobierno, empezando por José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, según admitió el propio líder del PP.

En esas conversaciones, Rajoy ha sido informado de la ruptura del llamado proceso de paz, las posibilidades de que ETA vuelva a cometer atentados, los datos que tenía el comando desarticulado recientemente y la decisión de intentar impedir la presencia de Batasuna en las urnas.

Sin embargo, el PP anunció ayer que Angel Acebes y Eduardo Zaplana preguntarán el miércoles a Fernández de la Vega sobre ETA: «¿Qué valoración hace el Gobierno del informe de Europol que concluye que ETA ha reconstituido su capacidad para atentar?» y «¿considera el Gobierno que ha respetado la Ley de Partidos en la presente legislatura?».

ANV y el PCTV mantienen su mutismo. Ibarretxe defiende que Batasuna esté en las elecciones con su nombre

ANV y el PCTV mantienen su mutismo

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- Dos de las consideradas marcas electorales de la izquierda 'abertzale', el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), mantuvieron ayer total mutismo en torno a sus planes electorales, mientras la ilegalizada Batasuna culmina su estrategia para concurrir a los comicios municipales y forales de mayo.

Tanto el secretario general de ANV, Antxon Gómez Lorente, como la parlamentaria del PCTV Nekane Erauskin rechazaron ayer aclarar si sus respectivas formaciones concurrirán a dichos comicios, mientras que el portavoz de la formación ilegal, Pernando Barrena, insistió en que su única apuesta es Abertzale Sozialisten Batasuna, en una estrategia similar a la que desarrolló de cara a las elecciones autonómicas de 2005.

Entonces, la izquierda 'abertzale' defendió públicamente la candidatura de Aukera Guztiak, y, cuando ésta fue ilegalizada, dio su apoyo a PCTV, que consiguió pasar el filtro de la Ley de Partidos.

Este periódico consiguió ayer contactar con el 'número dos' de ANV, Antxon Gómez Lorente, para interpelarle sobre el debate abierto en torno a su vinculación con Batasuna, aunque sin resultados. «En principio, no vamos a hacer declaraciones», dijo. Gómez, que fue concejal del municipio guipuzcoano de Aia por Euskal Herritarrok en 1999 -ANV se desvinculó de esta formación en su conversión a Batasuna en 2001- tan sólo hizo un apunte a una pregunta del informador sobre si le había sorprendido el revuelo mediático y político que se había generado en torno a sus siglas: «En este país no nos sorprende absolutamente nada de lo que ocurre».

Por su parte, la parlamentaria del PCTV Nekane Erauskin mantuvo una actitud similar al no querer responder sobre su posible participación electoral: «Lo importante no es si nos presentamos o no, sino que todas las opciones políticas tengan los mismos derechos para hacerlo».

La parlamentaria 'abertzale' compareció junto a su compañero Julián Martínez para rechazar las supuestas conexiones entre PCTV, ETA y Batasuna.

Por su parte, el dirigente de la ilegalizada Batasuna Pernando Barrena consideró «legítima» la participación electoral de ANV, aunque insistió en que «la apuesta clara» de la izquierda 'abertzale' para los comicios de mayo es Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB).

Ibarretxe defiende que Batasuna esté en las elecciones con su nombre

O. TORRES

VITORIA.- Si de Juan José Ibarretxe dependiera la presencia de Batasuna en las próximas elecciones, el partido de Arnaldo Otegi no tendría problemas para regresar a las instituciones de las que fue desalojado hace cuatro años por la Ley de Partidos.

En contra de las tesis defendidas por su propio partido, el PNV, que ha pedido a Batasuna una condena explícita de la violencia, y de la opinión de sus socios, que creen imprescindible este gesto al margen de la denominación con la que concurra la izquierda abertzale, el lehendakari defendió ayer que Batasuna debe poder presentarse a los comicios del 27 de mayo con su nombre y sin más condiciones.

«Creemos que Batasuna debe estar directamente en las elecciones, porque serán los ciudadanos los que tendrán en sus manos la capacidad para ilegalizar un partido, y porque tiene que estar en los ayuntamientos para solucionar las cosas y hablar entre todos», señaló el lehendakari en un entrevista en Radio Euskadi.

Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin, Primer juicio por asesinato a un ex jefe 'militar' de ETA

Primer juicio por asesinato a un ex jefe 'militar' de ETA

Olarra se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por matar a tiros a un funcionario de prisiones

MARIA PERAL

MADRID.- Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin, al que la Policía considera sucesor de Javier García Gaztelu, Txapote, al frente del aparato militar de ETA, se sometió ayer en la Audiencia Nacional a su primer juicio por asesinato consumado tras su entrega temporal a España.

Olarra, de 39 años, sólo abrió la boca para decir, en euskara, que no iba a contestar «porque este Tribunal no tiene ninguna legitimación para juzgar a militantes vascos». No obstante, el ex dirigente de ETA permaneció atento al desarrollo de la vista y mantuvo una actitud respetuosa.

Detenido en Francia en febrero de 2002, Jokin fue condenado por la Justicia gala a 10 años de prisión. El pasado julio fue entregado a España, donde se enfrenta a 13 causas penales. El lunes de esta misma semana fue juzgado por facilitar los datos para un atentado frustrado cometido en Sevilla contra un militar, que salvó la vida al percatarse de que tenía un artefacto explosivo adosado a los bajos del coche.

El juicio de ayer permitió a Olarra volver a ver a su antiguo colaborador Valentín Lasarte después de 13 años. Nada más ser liberado de las esposas, Lasarte levantó la mano y dirigió una sonrisa a Jokin, de quien se despidió guiñándole un ojo.

Fueron los únicos saludos afectuosos que recibió Olarra, que de vez en cuando volvía la mirada a la bancada del público en busca de un rostro amigo. Ocupada en exclusiva por policías y periodistas, no lo encontró.

Lasarte intentó echarle un cable a costa de endosar la culpa a un muerto (José María Iguerategui, alias Ijitu, compañero de Olarra en el comando Donosti, fallecido en marzo de 1994 al estallarle la bomba que transportaba) y a costa de contradecir las declaraciones policiales y judiciales que prestó tras su detención, en 1996.

Lasarte confesó en aquel momento que Olarra e Iguerategui le manifestaron que ambos habían sido los autores del atentado que costó la vida al funcionario de la prisión de Martutene (San Sebastián) José Ramón Domínguez Burillo.

Cubiertos con pasamontañas, dos terroristas esperaron a que la víctima saliera de su casa sobre las 8.00 horas del 22 de enero de 1993. Le descerrajaron dos tiros a bocajarro en la sien y en el cuello, lo que determinó su fallecimiento inmediato.

- Iguerategui me dijo que la acción la había hecho él, dijo ayer Lasarte.

- Pero usted declaró en 1996 que fueron Olarra e Iguerategui los que se lo dijeron, le recordó la fiscal, que pide para Jokin 30 años de cárcel.

- No está bien recogido. Me lo dijo sólo José Mari.

Resultó trascendente el testimonio, introducido por la fiscal a última hora, de un antiguo colaborador del comando Donosti, actualmente en tercer grado penitenciario, que declaró que Olarra le manifestó que el atentado contra José Ramón Domínguez lo llevaron a cabo él e Iguerategui, y no otro talde (grupo) del Donosti que se lo estaba atribuyendo. «Un día, después de una cena, Olarra me preguntó 'aquéllos [los del otro talde] ¿qué te dicen? Porque eso lo hemos hecho nosotros'».

Los socialistas «Hacen del embuste una estrategia electoral»

«Hacen del embuste una estrategia electoral»

La declaración de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hecha pública el pasado jueves responde a una burda estrategia de mentira y manipulación con el objetivo de desviar la atención de sus gravísimas responsabilidades en la negociación con la banda terrorista ETA.

El Partido Socialista utilizó la masacre del 11-M para ganar las elecciones y ahora lo vuelve a hacer para no perderlas. Y lo hace valiéndose de los mismos métodos: con la mentira y la manipulación.

El PSOE hace del embuste una estrategia política y electoral.

El PSOE mintió para tapar los GAL.

El PSOE mintió para tapar la corrupción.

El PSOE mintió del 11 al 13-M.

El PSOE ha mentido de manera sistemática durante todo el proceso de negociación con ETA: mintieron cada vez que han negado los contactos con ETA y Batasuna; mintieron de manera descarada cuando afirmaron solemnemente que habían verificado la voluntad inequívoca de ETA de abandonar las armas; y mienten cuando niegan la conexión entre ETA y el PCTV.

Ahora, el PSOE ha vuelto a mentir en su declaración contra el Partido Popular para tapar el fracaso de la política de Zapatero de diálogo con ETA. Éstos son algunos ejemplos:

Primera mentira:

José Blanco ha dicho: «En el día de ayer, las personas que dirigieron la investigación policial declararon en sede judicial que, el mismo día 11 de marzo por la tarde, el Gobierno tenía información suficiente para saber que el atentado no era obra de ETA, sino del terrorismo islámico».

Los mandos policiales no declararon en ningún momento que tuvieran información suficiente para afirmar que el atentado no era de ETA, sino del terrorismo islámico. El propio ex subdirector general operativo de la Policía Pedro Díaz Pintado declaró que «la intensificación de la línea de investigación islamista se produjo el sábado 13 con la detención del acusado Jamal Zougam, pero que aún entonces se mantuvieron las dos líneas de actuación, ETA e islamistas» (Información del diario El País, página 19).

Segunda mentira:

José Blanco ha dicho: «Lo que ayer quedó en evidencia, en sede judicial, fue algo que la mayoría sospechamos desde el principio: que durante esos días la Policía transmitió una información al Gobierno y éste trasladó, a su vez, una información contraria a los ciudadanos».

Las declaraciones de los mandos policiales confirman la veracidad de las informaciones dadas a la opinión pública por el Gobierno del PP entre los días 11 y 13 de marzo de 2004.

- En la mañana del día 11, los mandos policiales informan al Ministerio del Interior de que el explosivo utilizado en los trenes era «Titadyn con cordón detonante». Al mediodía, el Ministerio transmite a la opinión pública esa información: dice que el explosivo es Titadyn con cordón detonante.

- El día 11 por la tarde, los mandos policiales informan al Ministerio del Interior de que el explosivo es dinamita, pero que no se ha podido determinar que sea Titdayn. El Ministerio del Interior transmite esa misma tarde que el explosivo «es dinamita», pero que de los pocos restos completos recogidos por la Policía no han podido determinar si se trata de Titadyn, la marca usualmente empleada por ETA» (teletipo de Efe, 20.36 horas).

Al mismo tiempo, anuncia la apertura de una segunda línea de investigación, la islamista: «Los Cuerpos de Seguridad trabajan con la línea prioritaria de ETA, pero hay que investigar todas las posibilidades y, por eso, he dado la orden de que se abra esa otra línea de investigación».

Lo que el pasado jueves quedó en evidencia en sede judicial es lo contrario de lo que dice el PSOE: que el PP dijo en todo momento la verdad y que quien ha mentido, entonces y ahora, es el Partido Socialista.

Tercera mentira del PSOE:

José Blanco ha dicho: Los dirigentes del PP «han enturbiado toda la legislatura, tratando de sostener y encubrir aquella mentira con muchas más mentiras, intoxicaciones, bulos y falsificaciones de toda clase. Lo que les ha llevado a poner en cuestión el trabajo de la Policía, el Poder Judicial, los fiscales...».

El Partido Popular jamás ha cuestionado el trabajo de la Justicia ni de los funcionarios honestos, que se esfuerzan por esclarecer los entresijos del 11-M. El único que ha obstaculizado la investigación ha sido el PSOE, que dio carpetazo a la Comisión de Investigación porque no le interesaba conocer la verdad y que ahora pretende convertir el juicio del 11-M en un juicio paralelo al PP.

Cuarta Mentira:

Blanco ha dicho: Rajoy, Aznar y Acebes «quisieron convertir una tragedia en una oportunidad electoral».

Quien, por segunda vez, está intentando transformar una de las mayores tragedias que ha sufrido España, con 192 muertos y 1.500 heridos, en una oportunidad electoral es el PSOE. Lo hicieron del 11 al 13 de marzo y, como les dio resultado, lo vuelven a intentar ahora, en una operación vergonzosa, cuyo único propósito es tapar el estrepitoso fracaso de su política de negociación y cesión ante ETA.

Acebes acusa al PSOE de hablar del 11-M para tapar «el fracaso de su cesión a ETA»

Acebes acusa al PSOE de hablar del 11-M para tapar «el fracaso de su cesión a ETA»

«Utilizó la masacre para ganar las elecciones y ahora quiere volver a utilizarla para no perderlas» Pujalte: «Cuando sale José Blanco pidiendo explicaciones, a uno se le cae la cara de vergüenza»

N. VILLAMIL / A. YANEL

BURGOS/MADRID.- El secretario general del PP, Angel Acebes, acusó ayer al PSOE de recuperar ahora la misma estrategia que utilizó tras la masacre terrorista del 11-M para intentar tapar «el fracaso de su política del diálogo y de cesión ante ETA». «No quiere que hablemos ni de Otegi ni de De Juana Chaos ni de Batasuna ni del proceso», dijo, y añadió que los socialistas «están muy nerviosos».

Acebes negó haber mentido en las informaciones que ofreció tras aquellos atentados, cuando él era ministro del Interior. Por el contrario, indicó que quienes sí están mintiendo ahora son el actual titular de ese departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el número dos de los socialistas, José Blanco. Así, respondió a las críticas de los socialistas, desde Burgos, donde acudió a pronunciar una conferencia organizada por EL MUNDO en Burgos.

Respecto a los presuntos autores de los atentados y al tipo de explosivo utilizado, Acebes reiteró que el Ejecutivo popular no falseó la información. «Exactamente lo que han dicho los policías en su comparecencia [en el juicio del 11-M] es lo que el Gobierno dijo: por la mañana que era Titadyn, y el Gobierno lo que transmitió es que era Titadyn; por la tarde, que dinamita y que no era Titadyn y, por tanto, dijimos que era dinamita y que no se sabía la marca porque no había cantidad suficiente», indicó.

Recordó que los mandos policiales han declarado en el juicio que no fue hasta el día 13 por la tarde cuando las pesquisas apuntaron hacia el terrorismo islamista y que este testimonio se corresponde con la información que trasladó a la ciudadanía el Gobierno que presidía Aznar.

«El PSOE utilizó la masacre del 11-M para ganar las elecciones y ahora la quiere volver a utilizar para no perderlas», indicó en sintonía con el comunicado que el PP hizo público el pasado jueves y que reproducimos íntegramente bajo estas líneas. Además, mostró su confianza en que el juicio sirva para esclarecer toda «la verdad».

Frente al anuncio de que una asociación de víctimas estudia presentar una demanda contra él y Aznar, Acebes dijo: «Se tomaron las medidas que se pudo y, en esa ocasión, lo cierto es que el terrorismo islamista consiguió su objetivo».

Igual de crítico se mostró en Madrid Vicente Martínez-Pujalte, portavoz adjunto del PP en el Congreso. «Tanto hablar en el PSOE de respeto a los órganos constitucionales y desde que ha empezado el juicio están intentando reventarlo, igual que lo intentaron con la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004», dijo.

Martínez-Pujalte criticó la «presión totalitaria y antidemocrática» que, en su opinión, ejercen los socialistas sobre el presidente del tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, y los testigos.

Según dijo, se ha probado que Zapatero llamó después del 11-M a directores de algunos medios de comunicación para decirles «que había terroristas suicidas en los trenes».

«No hemos visto a nadie del PSOE pedir a Zapatero que aporte sus fuentes para no obstaculizar la Justicia», indicó, como contraste con esa exigencia que se ha hecho al ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera.

«Es el PSOE el que mintió. Por eso, cuando sale José Blanco pidiendo explicaciones, a uno se le cae la cara de vergüenza», añadió el portavoz adjunto del PP.

Zaplana: Prodi y Zapatero están «atados por radicales»

Zaplana: Prodi y Zapatero están «atados por radicales»

ROMA.- El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, afirmó ayer en Roma que, al igual que en su país, el Gobierno de Italia «está atado por radicales y extremistas».

Zaplana hizo esa afirmación durante su intervención en el congreso nacional de la Unión de los Democráticos Cristianos (UDC), partido al que transmitió «un mensaje de aliento y solidaridad del presidente del PP, Mariano Rajoy».

El Gobierno de Italia, que encabeza Romano Prodi, está formado por 16 partidos que abarcan todo el arco político y van desde la Udeur, formación conservadora que forma parte del PPE, hasta Refundación Comunista y los Verdes.

El político español recordó que el PP, como la UDC, está en la oposición, pero vaticinó que «por poco tiempo», pues dijo que su formación estaba «construyendo una alternativa real» que ganará las elecciones.

Luego felicitó a la UDC por el lema de su congreso: Existe alternativa, construyámosla desde el centro, y añadió: «Es una alternativa de centro lo que hace falta en nuestros países, Italia y España, donde vivimos situaciones parecidas: presidentes de Gobierno y gobiernos atados por sus alianzas con formaciones políticas radicales y extremas».

Durante el congreso también fue transmitido un mensaje en vídeo del ex presidente del Gobierno español José María Aznar, quien habló de la amenaza terrorista y de la debilidad económica de Europa como los principales problemas de la UE.

Enrique García Castaño, la fuente de Díaz de Mera declarará sin la protección del anonimato

La fuente de Díaz de Mera declarará sin la protección del anonimato

MADRID.- El tribunal que juzga los atentados del 11-M ha acordado que el agente que fue citado por el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera como la «fuente» y que le comunicó la existencia de un supuesto informe que vinculaba la masacre con ETA -el comisario Enrique García Castaño- declare ante la Sala sin ninguna medida de protección que evite conocer su identidad, al entender que su anonimato ya «ha quedado roto», tras la difusión de su nombre en los medios de comunicación y también por la carta que éste dirigió a sus superiores.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto en el que dice que no es necesario citar a García Castaño como nuevo testigo de este juicio, tal y como lo había solicitado la fiscal adscrita al caso, Olga Sánchez, puesto que la declaración del comisario ya había sido admitida como prueba testifical con anterioridad.

EL DISCURSO DE LA SEMANA: La brigada de los iluminados

EL DISCURSO DE LA SEMANA
La brigada de los iluminados

LOURDES MARTIN SALGADO

...«Una parte no desdeñable de la ciudadanía está confusa y es obligación de los gobiernos poner remedio al desconcierto».

-Manifiesto por la convivencia, frente a la crispación (10/4/2007).

El pasado martes se presentó un Manifiesto por la convivencia, frente a la crispación al que algunos de inmediato aplicaron el sobrenombre de «manifiesto de los intelectuales». No era ninguna de las tres cosas.

No es un manifiesto por la convivencia aquél que transmite que casi la mitad de la población de un país está equivocada o, como se dice eufemísticamente en el texto, «confusa». Ésa es la única explicación que los firmantes encuentran para que varios millones puedan apoyar a ese partido al que ellos no quieren ni nombrar pero al que sí atribuyen sin empacho todos los males de la vida política española. Precisamente, convivir tiene una de las etimologías más simples que puedan hallarse: es vivir con, se supone que con aquél o aquéllos que son distintos a uno, y vivir en armonía. Si fuera por la convivencia, los firmantes del manifiesto apelarían a todos los partidos sin distinción para que se esforzaran por rebajar el nivel de enfrentamiento. Sin embargo, sólo hay uno en su opinión que miente, crispa y manipula.

Precisamente por eso, tampoco parece correcto decir que el manifiesto se hace frente a la crispación cuando a lo único que se enfrenta es al partido de la oposición, a quien responsabiliza incluso de «no ofrecer alternativas» para los pocos problemas que le quedan por resolver al Ejecutivo.

La única posibilidad de definir un texto así como un «manifiesto de intelectuales» sería aceptar que el intelectual lo es en función de su cargo o profesión, y basta con que te publiquen un libro, te pongan al frente de una biblioteca o te den una cátedra para ingresar en tan excelso grupo y poder iluminar al vulgo.

Si, por el contrario, uno cree, con Savater, que el intelectual es «aquél que trata a los demás como si fueran intelectuales, es decir, el que se dirige a la parte intelectual de ellos, sin tratar de hipnotizarlos, seducirlos o intimidarlos», es evidente que el manifiesto en cuestión no encaja en el género.

Sus promotores no aspiran a hacer pensar a los demás, sino a inculcarles su propio pensamiento: o se está con ellos, o se está «desconcertado». Apelan al «buen sentido de las personas para no dejarse arrastrar», mientras tiran de ellas con denuedo. No creo, como se ha dicho, que el intelectual tenga que estar por definición en contra del Gobierno, pero de ahí a que atribuyan a éste la función de «poner remedio a la confusión de la ciudadanía» va un trecho que raya en lo orwelliano.

Y es que lo más sorprendente del manifiesto del martes no es comprobar que el Gobierno sí tiene quien le escriba, sino que quien lo hace pide al Gran Hermano que dé más caña, echándole en cara que si queda algún insatisfecho será por su escasa «capacidad de comunicación». Para que aprenda, ellos ofrecen voluntariamente varios ejemplos de la técnica del doblepensar: la que permite que las manifestaciones propias sean un ejemplo de civismo y, las de otros, intentos de «torcer la voluntad ciudadana»; o la que lleva a reclamar un «debate político argumentado» a quien asegura que fusilaría cada mañana a unos cuantos discrepantes. Decía Orwell en su novela que «sólo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente». Tan claro tienen ese objetivo los del manifiesto que su texto culmina advirtiendo contra lo que para ellos significa perder el poder: «Retroceder en el tiempo».

González quiere «parar al toro del PP»

González quiere «parar al toro del PP»

El ex presidente del Gobierno Felipe González aseguró ayer en Valencia que le dan ganas de «hacer campaña política» por su cuenta» para enseñar al electorado «cómo se para el toro del PP, porque para poder torearlo primero hay que pararlo».

González se expresó en esos términos en un mitin del PSPV-PSOE junto al secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, y la candidata a la Alcaldía de Valencia, Carmen Alborch.

«Me gustaría que la gente comprendiera que, para conseguir una mejor convivencia, la derecha ha de asumir que pierde porque el electorado vota más la alternativa que representamos. Hemos de movilizarnos y votar, y me dan ganas de hacer campaña por mi cuenta, pero no lo hago para no ser impertinente», dijo.

«Ahora resulta que es Zapatero quien ha de demostrar que no ha pactado con ETA. Desde la Inquisición uno no tiene obligación de demostrar su inocencia, sino al revés», afirmó e insistió en que: «Tengo ganas de decirlo en las plazas, pero 'el Pepiño' (en referencia al secretario de Organización del PSOE) me dice lo que tengo que hacer y me pone nervioso».

El PP reta con la lista de Garachico a que el TC se pronuncie sobre la Ley de Igualdad

El PP reta con la lista de Garachico a que el TC se pronuncie sobre la Ley de Igualdad

El partido presentará el miércoles en Canarias la única candidatura formada sólo por mujeres Los 'populares' creen que, si se impugna, habrá cauce para demostrar que es «constitucional»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA / TERESA CRUZ

MADRID/ LAS PALMAS.- La ciudad tinerfeña de Garachico será escenario, el próximo miércoles, de un doble reto político planteado por el PP. Ese día, los populares presentarán la única candidatura íntegramente compuesta por mujeres, y lo harán con la presencia del presidente regional, José Manuel Soria, y de la secretaria ejecutiva de Política Social, Ana Pastor, con la que la dirección nacional del partido pretende simbolizar su implicación y su apuesta política. No en vano, la candidatura fue una de las primeras en pasar el filtro del Comité Electoral Nacional, reunido anteayer en Madrid.

El reto electoral es, en todo caso, sólo el más cortoplacista de cuantos plantea el PP con este cartel que lo convierte en único en todo el territorio nacional. Más interesante, si cabe, es el reto que dicha lista plantea a la recién aprobada Ley de Igualdad.

Desde el 23 de marzo en que dicha ley se publicó en el BOE con su previa oposición en el Parlamento, los populares han venido descartando un recurso de inconstitucionalidad similar al que plantearon en su día frente a la del matrimonio gay o la del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, tras la irrupción de la lista de Garachico, no faltan en la cúpula del partido quienes admiten no renunciar en absoluto a promover un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre dicha ley si la candidatura resulta impugnada.

Si bien nadie quiere desvelar sus planes, los populares aseguran que hay «cauce» para ello una vez que la Junta Electoral rechazara la lista, y el Tribunal Superior resolviera el correspondiente recurso. La razón que aportan es clara: «Porque afecta a derechos fundamentales», dicen, en relación con la protección de la Carta Magna a la igualdad de derechos entre hombre y mujer.

En esta misma línea se pronunciaba ayer, en unas jornadas de juristas celebradas precisamente en Canarias, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, al afirmar que la lista de Garachico «podría ser ilegal, pero no inconstitucional», lo que coincide, casi al pie de la letra con lo declarado estos días por la dirección regional del partido.

Mientras tanto, el grupo de amas de casa, empresarias, psicólogas, profesoras -y hasta una portavoz vecinal- que integran la candidatura popular de Garachico, recibía con alegría la confirmación de su candidatura por parte del partido en Madrid y se mostraba ajeno a cualquier polémica legal o política que ésta pueda deparar.

«Nosotras estamos encantadas y con muchas ganas de gobernar», aseguraba a este diario la cabeza de lista, Pilar Merino, quien añadía que no tiene ningún miedo a que su lista pueda ser tumbada por no ajustarse a la denominada Ley de la Paridad.

La idea, decía, surgió en las primeras elecciones democráticas, pero han tenido que pasar 30 años para que se haya hecho realidad. «Fue un militante del partido en Garachico quien lanzó la propuesta; ante la avalancha de mujeres candidatas, ningún hombre ha querido presentarse y, por el contrario, nos han apoyado en todo», matizaba Merino.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial y economista del Estado, y viceconsejera de Inmigración del Gobierno Autónomo en la primera parte de la presente legislatura, Merino protestaba ayer porque la ley no entre en vigor en Canarias hasta 2011 en municipios con menos de 5.000 habitantes, y que Garachico, con 5.547 vecinos censados, no pueda gozar de tal beneplácito.

Del Olmo, o la negligencia impune

IMPRESIONES
Del Olmo, o la negligencia impune

Si la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional no lo remedia el lunes, el juez Del Olmo comprobará cómo su conducta negligente, la que obligó a excarcelar al imputado por el 11-M Saed Harrak, se asume con toda tranquilidad y sin consecuencia alguna. El instructor del expediente disciplinario ha propuesto, con una argumentación que omite datos esenciales, el archivo del asunto. Según él, no hay culpa ni negligencia, sino un cúmulo de adversidades: los problemas de Del Olmo con la vista, la presión del tiempo para cerrar un sumario complejo o el hecho de carecer de un ordenador que le avisara de cuándo caducaban las prisiones preventivas. Lo más grave es que todas esas excusas se refieren a mayo de 2006, momento en el que la acción de Del Olmo tiene su efecto, pero no a mayo de 2004, que es cuando el juez, sin la presión ni la enfermedad y dedicado en exclusiva al 11-M, descuida sus obligaciones, elaborando un listado ya erróneo desde el principio y que pone de manifiesto que su falta de cuidado sobre algo tan importante como las prisiones preventivas se produjo desde el inicio de la instrucción. La Inspección del CGPJ apreció una falta muy grave que sólo gracias a los vocales socialistas se minimizó a falta leve. Ahora parece que incluso ese mero tirón de orejas resulta demasiado castigo para un juez protegido a partes iguales por su victimismo y un corporativismo inaceptable.

Proponen que el juez Del Olmo ni siquiera sea sancionado por falta leve en el 'caso Harrak'

Proponen que el juez Del Olmo ni siquiera sea sancionado por falta leve en el 'caso Harrak'

El instructor del expediente no ve «culpa» en él por la excarcelación anticipada del procesado

MARIA PERAL

MADRID.- El error del juez del 11-M, Juan del Olmo, que obligó a excarcelar al procesado Saed Harrak por no haber prorrogado a tiempo su prisión preventiva, no va a tener consecuencia alguna para él. La impunidad es, al menos, lo que pretende el instructor del expediente tramitado en la Audiencia Nacional por una falta disciplinaria de carácter leve, cuya propuesta de archivo será examinada el próximo lunes por la Sala de Gobierno de ese tribunal.

Saed Harrak, que actualmente está siendo juzgado en el recinto de la Casa de Campo como colaborador de los presuntos autores de los atentados del 11-M, fue detenido el 6 de mayo de 2004. Del Olmo decretó su prisión provisional el 10 de mayo siguiente y le procesó el 10 de abril de 2006.

En el auto de procesamiento, el instructor convocó para el 16 de mayo de 2006 la comparecencia de Harrak con el fin de prorrogar su prisión preventiva, que hubiera podido prolongarse legalmente hasta mayo de 2008.

Sin embargo, la juez Teresa Palacios, que en mayo de 2006 sustituyó a Del Olmo debido a una baja médica de éste, tuvo que poner en libertad a Harrak al darse cuenta de que ya había transcurrido el plazo inicial de prisión preventiva (dos años).

Palacios comprobó que la fecha de detención -el dato clave para computar el plazo de encarcelamiento preventivo- no figuraba ni en el auto de procesamiento ni en la propia pieza de situación personal del encausado. La encontró en el folio 11.572 del sumario y sólo pudo verificar que en ese momento, 10 de mayo de 2006, Saed Harrak llevaba cuatro días privado de libertad sin cobertura legal.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que inició una investigación sobre la conducta de Del Olmo, acordó el 13 de septiembre de 2006 remitir el asunto a la Audiencia Nacional «por una posible falta leve» consistente en el incumplimiento injustificado del plazo para dictar resolución.

Por tres votos frente a dos, la Comisión Disciplinaria descartó abrir al juez instructor del 11-M un expediente por una falta muy grave, que es lo que -por dos veces- propuso la Inspección.

Los inspectores apreciaron que Del Olmo «no estableció sistemas de control claros y adecuados» de la prisión preventiva de los imputados por el 11-M.

En julio de 2004, el instructor hizo una lista informática de presos preventivos en la que consignó las fechas de los autos de prisión, pero no las de detención. El juez «omitió el deber de cuidado que le impone la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los jueces a tener presente cuál ha sido la fecha de la detención para computar el tiempo máximo de prisión preventiva».

Esa omisión inicial no fue subsanada por el juez en ningún momento posterior, ni siquiera a la hora de emitir el auto de procesamiento. En esta resolución, Del Olmo incurrió en un doble error al convocar la comparecencia de Harrak para el 16 de mayo, es decir, no sólo fuera del plazo legal en relación a la detención, sino también en relación al auto de prisión.

La propuesta de archivo que será sometida a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sólo analiza la conducta de Del Olmo a partir del auto de procesamiento, sin examinar el sistema de control de presos que llevaba con anterioridad y que es el que, a la postre, determinó la excarcelación de Harrak.

Destaca que el juez se había propuesto decretar los procesamientos antes del 10 de abril, lo que le obligó a un «esfuerzo ingente» en unas circunstancias «difíciles» y con un «delicado estado de salud» (Del Olmo fue intervenido el 27 de abril de un glaucoma en un ojo).

A ello añade la «especial complejidad» del sumario del 11-M, la inexistencia de alarmas informáticas sobre el vencimiento de las prisiones preventivas y el hecho de que ninguna acusación se dio cuenta del «error» relacionado con Harrak.

La propuesta de resolución, que no menciona que Del Olmo estuvo hasta abril de 2006 dedicado en exclusiva a ese procedimiento, cita como elemento favorable que Harrak ha comparecido al juicio. No refleja que la juez Palacios acordó en el auto de excarcelación que fuera sometido a «vigilancia policial continuada y permanente».

El instructor propone el archivo «al no apreciar culpabilidad» de Del Olmo en el «error» cometido.

La izquierda francesa toca fondo ante el empuje conservador

La izquierda francesa toca fondo ante el empuje conservador

La 'gauche' suma el menor apoyo en unas elecciones desde 1969, pero Royal lanza un plan para evitar la victoria de la derecha.

RUBÉN AMON. Corresponsal

PARIS.- La izquierda francesa se encuentra en el momento más débil de su historia contemporánea. De hecho, hay que remontarse a las crisis identitarias posteriores a 1968 para encontrar la equivalencia de una intención de voto inferior al 36%. Muy lejos de los tiempos gloriosos de Mitterrand (46,8% en 1981) y bastante más cerca del 37,64% que sumaron las fuerzas de la gauche en 2002, sin contar el peso accesorio de Los Verdes.

Semejantes evidencias implican, naturalmente, el predominio del voto conservador. Puede que la política no sea un ejercicio aritmético y es probable que los sondeos se equivoquen, pero la suma virtual de Bayrou, Sarkozy y Le Pen supone aproximadamente el 65% del mapa nacional.

La primera conclusión que se deriva de esta diferencia radica en las dificultades que Ségolène Royal va a encontrar para convertirse en presidenta de Francia. Su llamada al «orden justo» y su imagen autoritaria pretenden cultivar electores sociológicamente ajenos al Partido Socialista, pero el guiño transversal desconcierta a los militantes izquierdistas y no tiene la fuerza del mensaje paternalista o providencialista de Sarkozy.

La ambigüedad del proyecto avala el riesgo de que Ségolène pueda quedarse fuera del primer turno. Sería la defunción política del socialismo francés, aunque, a juicio del politólogo Alain Touraine, el derrumbamiento ya se ha producido y Ségolène ha abjurado de partido (o viceversa).

Sería una de las explicaciones que razonan el retroceso de la izquierda. Especialmente porque el Partido Socialista agónico de Jospin ha pagado su distanciamiento con las clases populares, se presenta menos resolutiva en las cuestiones del interés nacional -inmigración, seguridad, economía de mercado- y permanece sujeta a enormes contradicciones ideológicas después de que el no a la Unión Europea triunfase con la bendición de algunos ilustres elefantes sociatas. Incluido el ex premier Laurent Fabius.

«La izquierda francesa, a diferencia de cuanto ocurre con la derecha, ha perdido confianza en sí misma», explica el ensayista Eric Dupin entre las páginas de A toda derecha (Editorial Fayard). «La izquierda inscribe su acción en el ámbito mental del adversario. Su capitulación ideológica, más o menos consciente, le sitúa en posición de debilidad», añade.

De la debilidad a la agonía, el barco de la izquierda se resiente de los últimos polizones trotskistas. Tres son los candidatos que concurren a los comicios presidenciales (22 de abril-6 de mayo) venerando la figura del patriarca rojo, sin olvidar que el Partido Comunista de Francia intenta conjurar su desaparición a las órdenes de Marie-George Buffet.

Se trata, por tanto, de un fenómeno de balcanización que François Hollande, primer secretario del Partido Socialista y compañero sentimental de Royal, juzgaba con su habitual ironía: «¿Cómo va a estar unida la izquierda si ni siquiera los trotskistas se ponen de acuerdo en relación a la idea de Trotski?», se preguntaba durante un mitin en Limoges. Las interrogaciones también pueden utilizarse para ubicar el retroceso de la extrema izquierda. Y es que los partidos de Olivier Besancenot (Liga Comunista Revolucionaria) y Arlette Laguiller (Lucha Obrera) suman ahora la mitad de cuanto acumularon hace cinco años -juntos alcanzaron el 10% en 2002-, mientras que los comunistas históricos retroceden en menor proporción (3% en intención) de cuanto lo harán Los Verdes.

Cuesta trabajo creer que uno de cada de 10 franceses se diga verdaderamente trotskista. Otra cuestión sería sospechar que la extrema izquierda, la hoz y el martillo y la bandera roja alojaban en realidad el desagüe electoral del antisistema, de la subversión y del cabreo.

Bien lo saben, a su manera, Jean-Marie Le Pen y François Bayrou. El líder del Frente Nacional ha trasladado su campaña al mundo obrero demonizando el canibalismo de la globalización, mientras que el jefe del partido centrista (UDF) se ha erigido en una solución razonable para quienes quieren invertir la lógica del bipolarismo y destronar el sistema de siempre sin necesidad de cantar la Internacional o bailar la Marsellesa.

Bayrou le hace daño a Ségolène, aunque la candidata socialista se ha propuesto un plan de emergencia en cinco puntos para afrontar el riesgo de un batacazo como el de Lionel Jospin en 2002.

La primera idea consiste en abundar en ideas sociales y socialistas. Muchas de ellas inspiradas en la política zapateriana y relacionadas con el eslogan de la campaña: «Más justa, Francia será más fuerte». Además, Ségolène pretende involucrar al aparato del partido, pues su aislamiento es significativo. Fabius y Jospin se habían comprometido a apoyarla, pero su silencio y su desidia demuestran que Royal camina sola.

Otra solución consiste en abandonar la improvisación. La socialista ha caído en la trampa de seguir el juego de Sarkozy. Dedica mucho tiempo a contestarlo y a sacar de la chistera ideas capitales que no figuraban en el programa como el contrato de empleo juvenil y el proyecto de fundar la VI República a partir de un referéndum.

Royal podría anunciar, quién sabe, la candidatura de Dominique Strauss-Kahn como primer ministro, mientras que el quinto punto sería insistir en la importancia del voto útil. Es tan ajustado el margen que los trotskistas podrían volver a darle Francia a la derecha.

Francia se prepara para un atentado 'electoral'

Francia se prepara para un atentado 'electoral'

El ministro del Interior galo reconoce que el riesgo de un ataque es real, por lo que se han redoblado las medidas de seguridad

R. A.. Corresponsal

PARIS.- El riesgo de un atentado en Francia es real y verosímil. Lo ha dicho el ministro del Interior, François Baroin, escarmentado por los recientes atentados del Magreb y consciente de que la maquinaria de Al Qaeda ya ha participado en Londres y en Madrid para vengar la participación de Gran Bretaña y España en la Guerra de Irak.

Francia se abstuvo de hacerlo, pero el número dos de Bin Laden, Ayman Al-Zahawiri, divulgó un inquietante mensaje de fin de año para incluir a la patria de Jacques Chirac en la lista de objetivos amenazados.

No dijo explícitamente las razones. Ahora bien, la diplomacia francesa, beligerante contra Estados Unidos en el frente iraquí, presupone que las intimidaciones provienen de la presencia gala en Afganistán y del apoyo que el propio Chirac ha garantizado al Gobierno de Siniora en el Líbano.

El Ejecutivo ya había desplegado un aparatoso operativo de seguridad para prevenir el riesgo de un atentado en los comicios presidenciales (22 de abril y 6 de mayo), aunque los acontecimientos incendiarios de Argelia y de Marruecos han provocado una intensificación de las medidas. Entre otros motivos, porque el propio Nicolas Sarkozy, candidato del partido gubernamental al Elíseo (UMP) y ministro saliente de Interior, interpreta que la amenaza en casa proviene del Grupo Salafista por la Liberación y el Combate, responsable del último atentado sanguinario cometido en Argel el pasado miércoles (el balance se eleva a 33 muertos y 57 heridos).

Técnicamente, Francia se encuentra en el tercer grado de alerta sobre cuatro niveles posibles. Una preocupación que justifica las conexiones cotidianas entre Chirac, los ministros de Interior y Defensa, y el jefe del Estado Mayor, Jean-Louis Georgelin, quien ha dado instrucciones para redoblar la protección de los escenarios sensibles (estaciones, aeropuertos, comitivas electorales, líneas metropolitanas...).

La línea de prevención se corresponde con la intensa actividad en el ámbito policial y judicial. Francia ha sido el país de Europa donde más detenciones de islamistas se produjeron en 2006. Exactamente 139, superando los números de España (51) y convirtiéndose en la prueba de una verdadera red clandestina yihadista.

El último atentado islámico conocido en territorio francés se remonta al 3 de diciembre de 1996, cuando los terroristas del GIA argelino hicieron explotar una bomba en la estación parisina de Port-Royal. Murieron cuatro personas y resultaron heridas otras 170, aunque la gravedad del ataque también sirvió de excusa para endurecer las leyes antiterroristas.

Once años después, el riesgo de un atentado ha adquirido dimensiones evidentes. «La cuestión ahora no consiste en saber si habrá un atentado en Francia, que va a haberlo, sino cómo y cuando», señalaba ayer Alain Rodier, oficial retirado de la lucha antiterrorista y autor de un libro (Las conexiones internacionales del terrorismo), que pone en evidencia las ramificaciones de Al Qaeda en territorio europeo.

Río de Janeiro, fuera de control, pide tropas federales

Río de Janeiro, fuera de control, pide tropas federales

El gobernador solicita ayuda tras la muerte de 1.189 personas de forma violenta en los tres últimos meses

IÑIGO GARCIA. Especial para EL MUNDO

BRASILIA.- Río de Janeiro, la cidade maravilhosa, está fuera de control. La ola de violencia que asola la ciudad desde finales del año pasado sobrepasó esta semana todos los límites cuando asesinaron de seis balazos a uno de los guardaespaldas personales de Sergio Cabral, el nuevo gobernador de Río, el hombre que prometió acabar con la delincuencia mafiosa.

El día anterior al asesinato, Cabral había anunciado que duplicaría -hasta unos 9.000- el número de policías que patrullan las calles de Río, de más de 10 millones de habitantes. Pero tras el recado de las mafias, el gobernador ha solicitado a Lula el envío de tropas federales. Los datos de muertes violentas en Río son similares a los de cualquier país en guerra: en los tres últimos meses 1.189 personas han muerto por herida de bala o arma blanca y cerca de 500 han resultado heridas.

El Gobierno de Lula da Silva estudia ahora la fórmula para atender a la petición de Cabral -uno de los más estrechos aliados de Lula- sin quebrantar la Constitución brasileña, que prohíbe al Ejército el desempeño de funciones policiales a no ser que el Gobierno del Estado de Río se declare «incapaz» de garantizar la seguridad pública.

Pero aceptar públicamente el fracaso, con sólo 100 días de Gobierno, no es algo que el ambicioso Sergio Cabral esté dispuesto a hacer. Así, la opción más viable parece la de decretar un estado de excepción limitado, que permita al Ejército permanecer en Río durante al menos un año, y que asegure la celebración de los Juegos Panamericanos en julio de este año.

Diversos analistas han señalado la escasa efectividad que tendrá la presencia en las calles de Río de unos militares preparados para la guerra y no para el control de la seguridad pública, además del riesgo de contagio e infiltración de los grupos mafiosos en el propio ejército, como ha sucedido con la policía.

Pero ese hipotético contagio con el Ejército, de hecho, ya existe. La noche de un viernes cualquiera, quien lo desee puede asistir a una de las rituales demostraciones de poder de las bandas de narcotraficantes en la favela de la Rocinha, considerada la más grande de la ciudad. Allí, los Amigos de los Amigos (ADA, según sus siglas), el grupo que controla la favela, organizan uno de los habituales conciertos de funk en la calle. Muros de sonido a todo volumen, puñados de marihuana que corren de mano en mano, el vecindario en borrachera y armas, muchas armas. Desde pistolas de gran calibre a escopetas, rifles de asalto y hasta bazokas.

Unos cincuenta hombres armados, la mayoría en bañador y chancletas protegen a Ney, el hombre fuerte, el capo, al que todos los vecinos quieren saludar, dar las gracias, ser vistos compadreando. Algunos de sus guardaespaldas son apenas niños, pero otros no. De hecho, entre los narcotraficantes aparecen también ex militares. «Yo era paracaidista del Ejército, he estado Colombia, Paraguay y Argentina», cuenta Preke, un negro que rondará los dos metros y lleva chaleco antibalas, pistola, fusil ametrallador y un walkie-talkie. «Me gustaba el Ejército, pero trabajando para Ney gano más dinero», se ríe. La fiesta de los Amigos de los Amigos continuará hasta el amanecer y, por supuesto, por allí no se acercará la policía.

La situación en Río comienza a recordar a la de los peores años 80 y principios de los 90, cuando se convirtió en la ciudad más violenta de Brasil, lugar que hoy corresponde a Recife.

El auge de la violencia ha coincidido con la llegada al poder de Sergio Cabral y con la aparición de milicias formadas por ex policías, ex bomberos y ex funcionarios de prisiones que han ocupado el poder en más de 40 favelas y han expulsado a las bandas de narcotraficantes que antes dominaban los suburbios, tomando el control de sus negocios. El fantasma de los paramilitares y los escuadrones de la muerte sobrevuela la bahía carioca. No en vano, el propio Cabral ha viajado a Colombia en busca de consejo ante la complicada situación que se le presenta.

En la calle, mientras, los cariocas han comenzado a protestar por la situación. Dos manifestaciones han tenido lugar desde principios de año pidiendo fin a la violencia. En la primera, en marzo, más de 700 cruces negras fueron plantadas en la playa de Copacabana, recordando a los muertos. En Semana Santa, más de 400 personas se tumbaron en línea en la misma playa, representando a los asesinados.

Pese a las protestas, no puede decirse que los cariocas no estén acostumbrados a la inseguridad. Cada año se producen cerca de 6.000 muertes violentas. Al menos mil de ellas se atribuyen a la policía.

Editorial: CATALUÑA Y LA CRUDA REALIDAD

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CATALUÑA Y LA CRUDA REALIDAD


El documental "Ciudadanos de segunda", producido por EL MUNDO TV y emitido el lunes por Telemadrid, ha levantado ampollas dentro del establishment político catalán, con la única salvedad de Ciutadans. El reportaje, que denuncia la discriminación que viven en distintos ámbitos los castellanoparlantes en Cataluña, ha sido calificado por nacionalistas y socialistas catalanes como «indignante» y «manipulador». Sin embargo, nadie ha sido capaz de aportar un solo ejemplo de algo que se diga o muestre en el documental que sea falso. Todos los hechos que se relatan son estrictamente verídicos y además el reportaje permite escuchar la versión de quienes defienden -desde Cataluña y también desde Madrid, como es el caso de Rosa Regàs- el statu quo de la política lingüística, incluidos varios responsables de la Generalitat.

Especialmente sorprendente ha resultado la reacción del líder del PP catalán. Piqué asegura que no hay un problema «esencial» con la lengua en Cataluña. Pero de la experiencia contraria de muchos ciudadanos se deriva que el partido Ciutadans consiguiera en las últimas elecciones autonómicas tres escaños, y cuanto más se empeñe el PP en ignorar los derechos de la población castellanoparlante, más borroso será su papel en esta autonomía.

También hay quienes han atacado el programa diciendo que exagera porque en la calle no hay un problema. Pero precisamente lo que el documental pone de relieve es que el bilingüismo que es normal para los ciudadanos se ha convertido en un problema en las instituciones, donde los gobernantes pretenden ignorar el castellano y despreciar todo lo que recuerde que Cataluña es parte de España. Esta esquizofrenia oficial da lugar a situaciones tan ridículas como la que tuvo lugar el pasado domingo en la final de Mundialito Benjamín en El Algarve, cuando el equipo de Barcelona, integrado por niños de 8 años, se negó a saltar al terreno de juego con el Valencia para no escuchar el himno español, una utilización infame de la infancia con fines políticos que ya tuvo lugar con el spot a favor de las selecciones catalanas.

En Cataluña sigue sin haber un colegio en el que los padres que así lo deseen puedan escolarizar a sus hijos en castellano, como es su derecho. Y se siguen imponiendo multas a quienes no rotulan en catalán. Ésa es la realidad que el documental mostraba con toda su crudeza. Estos abusos, si el Tribunal Constitucional no lo remedia, recibirán patente de corso con el nuevo Estatuto. E incluso si el TC interviene, es probable que la Generalitat, como ha hecho en el pasado, busque una vía para imponer su voluntad. Ya ayer Montilla amenazaba con que Cataluña «no aceptará una minusvaloración política» y «se unirá con una sola voz» para hacer frente a un recorte del texto. ¿Una sola voz, en una sola lengua?

Editorial: QUE ZAPATERO EXPLIQUE POR QUÉ VANESSA Y RAMÓN DEJAN LA POLÍTICA

EDITORIALES DEL DÍA
QUE ZAPATERO EXPLIQUE POR QUÉ VANESSA Y RAMON DEJAN LA POLITICA

El filósofo Fernando Savater declaró hace pocos días en nuestro periódico que habría que suspender las elecciones en el País Vasco, dada la falta de condiciones democráticas y el amedrentamiento de una parte de la población. Muchas personas pensaron tal vez que esas palabras eran una exageración, pero no lo son como lo demuestra el caso del matrimonio compuesto por Ramón Gómez y Vanessa Pérez.

Ramón, concejal del PP por San Sebastián, y Vanessa, concejal del mismo partido por Lasarte, han decidido retirarse de la política y no concurrir a las próximas elecciones municipales tras sufrir un calvario de amenazas de muerte, intimidaciones e incluso atentados contra sus viviendas. Sus dos nombres aparecían en la documentación incautada al comando Donosti y las Fuerzas de Seguridad creen que habrían sido las primeras víctimas de ETA si De Juana hubiera muerto, ya que la banda contaba con una exhaustiva información sobre sus hábitos y sus movimientos.

Ramón y Vanessa son dos jóvenes de la edad de Miguel Angel Blanco o de los Jiménez Becerril, que afirman que ya no pueden soportar una protección permanente de cuatro escoltas. «Queremos pasear tranquilamente a nuestra niña y no vivir continuamente bajo presión», declaran. Tienen todo el derecho del mundo y, por ello, su decisión de abandonar la política es enteramente comprensible.

Militar en el PP es una heroicidad en el País Vasco y más tras hacerse público que Txeroki, el jefe de los comandos de ETA, ha dado orden de no atentar contra socialistas y de colocar en el centro de su diana a los concejales y cargos públicos del partido de Rajoy.

Hace pocos años, PP y PSOE afrontaban juntos las amenazas de ETA y su entorno. Pero la insensata e irresponsable política de Zapatero ha dejado solos a los militantes del PP en el País Vasco, que de romperse la tregua serían el blanco preferente de la banda.

Hablar en estas condiciones de proceso de paz o de normalización política es un sarcasmo. Lo que existe en el País Vasco es una permanente amenaza contra un sector de la población que se juega la vida por no ser nacionalista y ser militante del PP.

Cabe preguntarse cómo se pueden sentir personas como Ramón y Vanessa tras constatar la excarcelación de De Juana, el trato de favor a Otegi y los gestos del PSOE hacia Batasuna. Es sencillamente para salir huyendo, como han hecho estos dos jóvenes concejales que quieren rehacer su existencia.

El presidente Zapatero es el responsable político de esta situación y debería explicar por qué personas como Ramón y Vanessa se ven obligadas a tirar la toalla ante el desestimiento de quienes deberían proteger su vida y darles aliento humano.

Blanco FALSEA los datos aportados a la Sala del 11-M para acusar al PP de mentir

El PSOE falsea el testimonio de la cúpula policial del 11-M para demonizar al PP

M. M.

MADRID.- El secretario general del PSOE, José Blanco, falseó ayer las declaraciones de los mandos policiales ante el tribunal del 11-M. Lo hizo para asegurar que la cúpula del PP mintió en sus comparecencias tras la masacre, ya que ese mismo día se descartó la autoría de ETA. Ninguno de los dos altos cargos policiales que testificaron el miércoles afirmó eso.

El secretario de Organización del PSOE leyó un comunicado en el que aseguraba que las declaraciones del ex comisario general de Información Jesús de la Morena y del ex subdirector general Operativo Pedro Díaz-Pintado suponen que los dirigentes populares mintieron a los españoles entre el 11 y el 13 de marzo.

«En el día de ayer las personas que dirigieron la investigación policial declararon en sede judicial que el mismo día 11 de Marzo por la tarde el Gobierno tenía información suficiente para saber que el atentado no era obra de ETA, sino del terrorismo islamista. Sin embargo, durante la tarde del día 11, y los días 12 y 13 de marzo, el Gobierno siguió atribuyendo el atentado a ETA». «El atentado lo cometieron terroristas islamistas. El Gobierno lo supo ese mismo día y mintió deliberadamente porque interpretó que la versión falsa convenía más a sus intereses que la verdadera», insistió.

Lo cierto es que ni siquiera la versión más aproximada a la tesis de Blanco -la del entonces comisario general de Información- se corresponde con la solemne afirmación del dirigente socialista. Y mucho menos la de Díaz-Pintado.

Según De la Morena, no fue ni el 11 ni el 12, sino a mediodía del 13 cuando, a su juicio, tuvieron un dato que orientaba la investigación hacia la autoría islamista. Fue la detención de Jamal Zougam, al que ya habían investigado los expertos en islamismo. «Ése es el momento determinante para iniciar la investigación en esa línea», declaró De la Morena.

«¿Descartan ustedes en ese momento la hipótesis de investigación en relación con ETA?», insistió el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. «Sí, nosotros nos centramos ya en la vía islámica. Efectivamente no hay en ese momento nada más que esa investigación».

En otro punto de su declaración, De la Morena explicó que a lo largo del día 11 y del día 12 la pista de ETA seguía siendo válida. «El día 12 por la tarde se empieza a centrar mucho más Información Exterior [islamismo], pero Información Interior [ETA], lo mismo que las unidades del norte, siguen mirando todas las investigaciones que había y todos los seguimientos y vigilancias».

La declaración posterior de Pedro Díaz-Pintado resulta imposible de encajar, siquiera parcialmente, en lo manifestado por Blanco. El día 11 los precedentes apuntaban a ETA. El 12 en cambio, los datos que se acumulan «no apuntan a ETA, pero tampoco para descartar. Había una hipótesis de trabajo y van apareciendo elementos que son los que hacen que la investigaciones se deriven hacia allí, pero estamos en un momento en el que no tenemos un dato concreto».

Pese a los esfuerzos que el fiscal reúne en sus preguntas, Díaz-Pintado mantiene que ni siquiera las detenciones hacen descartar totalmetne a ETA.

«¿A partir de ese momento se refuerza ya la hipótesis de investigación respecto al terrorismo islamista y se descarta por completo la otra?». «Descartar no se puede descartar. Lo único que se intensifica la línea que se está siguiendo en ese momento. En cualquier otro momento puede aparecer cualquier nexo de unión. Lo que no cabe duda es de que no intensificamos las gestiones con ETA».

Pese a todo, Blanco afirmó ayer: «Lo que quedó en evidencia en sede judicial fue algo que la mayoría sospechamos desde el principio: que durante esos días la Policía transmitió una información al Gobierno y el Gobierno transmitió la información contraria a los ciudadanos. Muy singularmente el presidente, señor Aznar, el ministro del Interior, señor Acebes y el entonces candidato, señor Rajoy.»