Editorial: ESCARNIO E IMPUNIDAD DE VERA

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ESCARNIO E IMPUNIDAD DE VERA

Tras sortear numerosos obstáculos y transcurridas casi dos décadas de producirse los hechos, la Justicia ha podido sentar en el banquillo a Rafael Vera y tres colaboradores, acusados de malversación de fondos públicos por los pagos de Interior para comprar el silencio de Amedo y Domínguez sobre los GAL.

Rafael Vera declaró el jueves ante la Audiencia de Madrid que ha olvidado totalmente los hechos y que no se acuerda de si ordenó ingresar 200 millones de pesetas en las cuentas en Suiza de Amedo y Domínguez. Tampoco se acuerda de si entregó dinero a las esposas de los dos ex policías, que le visitaron en 40 ocasiones desde 1988 a 1994.

Vera respondió en tono burlón y cínico a las preguntas del fiscal Rodríguez Sol, que ha hecho un magnífico trabajo. Preguntado sobre el origen del dinero que se entregaba a Amedo y Domínguez, el ex número dos de Interior respondió: «Pues no lo sé. A lo mejor salía de los mismos fondos que utilizaba para pagar a algunos fiscales».

La contestación de Vera es una pura chulería de quien se siente fuera del alcance de la Justicia, ya que, aunque el fiscal pide siete años de prisión para él, no cumpliría ni un solo día si resulta declarado culpable por la Audiencia al haber sido condenado por el mismo delito de malversación de fondos reservados en dos causas anteriores.

Vera se está permitiendo el lujo de reírse de la Justicia en este proceso, a sabiendas de que nadie osará modificar el tercer grado del que disfruta tras haber cumplido una ínfima parte de la pena de ocho años de prisión.

Evidentemente nadie se puede creer -y el tribunal menos- que Vera haya perdido la memoria respecto a algo de tanta envergadura. Lo que sucede es que no le conviene recordar porque tendría que reconocer no sólo que cometió un delito de malversación, sino además que pretendía comprar el silencio de dos policías que sabían que él había sido una pieza clave en el montaje de los GAL. Pero su estrategia de defensa le va a servir seguramente de muy poco porque el tribunal tiene pruebas muy sólidas de su implicación en este asunto. Lo que resulta lamentable es que algunos grupos de comunicación y un sector del PSOE sigan protegiendo a una persona que no sólo no se arrepiente de sus delitos, sino que se burla de la Justicia y se jacta de su impunidad, realizando insinuaciones mafiosas sin aportar la más mínima prueba.

El comportamiento de Vera en este juicio es el fiel reflejo de su manera de actuar cuando ejercía un cargo público. Pero ahora es una persona con dos condenas en firme por secuestro y malversación, que se permite el lujo de burlarse de la Justicia. No parece posible retirarle el tercer grado, pero sí resulta exigible que el PSOE repudie su proceder y se desmarque definitivamente de este personaje.

Editorial: OTEGI RETA AL ESTADO DE DERECHO, GARZÓN LO DEBILITA

Editoriales del día
OTEGI RETA AL ESTADO DE DERECHO, GARZON LO DEBILITA

Definitivamente, Otegi le ha salido rana al Gobierno. El hombre por el que había apostado para encarrilar a Batasuna por la vía política, la persona elegida para atraer al sector más recalcitrante de la izquierda abertzale hacia posiciones democráticas -o, en el peor de los casos, hacer de cuña en el entramado radical- amenazó ayer al Estado al anunciar que la ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) supondría «volver al pasado» en un momento en el que, según dijo, ETA mantiene el alto el fuego permanente. Las declaraciones de Otegi auguran tiempos difíciles si no se cede a sus planteamientos aunque, si algo ha quedado claro desde que se declaró la tregua, es que la banda terrorista no le consulta. Aunque ayer advirtiera de que impedir que la izquierda abertzale concurra a las elecciones es decir «no» al proceso de paz, lo cierto es que la desarticulación del comando Donosti demuestra que ETA se preparaba para atentar sin esperar a conocer si Batasuna podrá concurrir o no a los comicios. Prueba de la desorientación del Ejecutivo es que mientras la vicepresidenta decía ayer que no hay un «mayor» nivel de alerta ante posibles actos terroristas, el director general de la Guardia Civil aseguraba que ésta era «superior a lo habitual».

ASB, la nueva Batasuna, ha elegido el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo para su puesta de largo, hoy. O mucho nos equivocamos, o el acto acabará celebrándose, como ayer anunciaron sus promotores. Ya es significativo que ni por parte del Gobierno vasco ni por parte de la Ertzaintza se apercibieran ni aportaran pruebas que vinculasen de forma manifiesta a Batasuna con este acto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional sí encontró «relación» entre la ilegalizada Batasuna y ASB. Solicitó por ello a Baltasar Garzón que lo prohibiera. Pero, una vez más, este juez ha optado por hacer el salto de la rana ante el Estado de Derecho. En un auto dado a conocer ayer, permite la celebración del evento si sus organizadores se comprometen a no hacer referencias a ASB. En realidad, Garzón es víctima de su propia torpeza. Al consignar en un auto anterior que no cabe proceder contra los actos que organice la «izquierda abertzale», aunque entre sus miembros estén los dirigentes de Batasuna, ahora se ve con las manos atadas.

Garzón quiso ganarse su cuota de protagonismo en el proceso de paz y, con su oportunismo y zigzagueo, ha contribuido a acrecentar la sensación de relativismo de la ley, que en poco tiempo ha producido resoluciones como las del caso De Juana o el caso Otegi. Es un sinsentido que Garzón ponga el acento de la ilegalidad en el nombre de la formación y no en las personas que la integran, porque quienes delinquen son los individuos y no las siglas. Ello le ha llevado a un callejón absurdo y a tener que permitir que Otegi, Permach y compañía sigan moviéndose a sus anchas, para desconcierto de la sociedad española.

Garzón permite el acto de Batasuna si promete no usar su nuevo nombre

CRISIS ANTITERRORISTA / Permite el mitin de hoy en el BEC, pero lo condiciona a que Batasuna se comprometa a no mencionar el nuevo partido / La Fiscalía cree que «se trata de una formación política sucesora» de la ya ilegalizada
Garzón permite el acto de Batasuna si promete no usar su nuevo nombre
Ofrece a los líderes de la organización ilegal la posibilidad de que firmen un escrito garantizándole que no hablarán de ASB Otegi asegura que la prohibición de su nuevo partido sería «un atentado»

JOAQUIN MANSO

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó ayer la celebración del acto de presentación de la propuesta electoral de la izquierda abertzale para las próximas elecciones municipales, pero la condicionó a que sus convocantes y los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna renuncien expresamente y por escrito a realizar «cualquier mención directa o indirecta» a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). Esta nueva formación fue presentada el pasado martes para su inscripción en el registro del Ministerio del Interior.

En la práctica, la decisión supone que Garzón obliga a Batasuna a renunciar a utilizar las siglas ASB, pero permite que, si cumple ese requisito, pueda celebrar el mitin.

El juez menciona en concreto a 41 personas a las que debe requerirse específicamente para que desistan de promocionar, por cualquier medio, a ASB. Entre ellas, están dirigentes de Batasuna como Pernando Barrena, Joseba Permach, Karmelo Landa, Rufi Etxeberria y Arnaldo Otegi, que ayer calificó de «gran atentado» la hipotética ilegalización del nuevo partido.

La resolución de Garzón responde a la petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que en un contundente escrito solicitó la prohibición del acto previsto para hoy en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo. El Ministerio Público considera que «existen fundadas razones para sostener que [...] tiene relación con la ilegalizada Batasuna y otras organizaciones ilícitas pertenecientes al entorno de la organización terrorista ETA».

La Fiscalía sostiene que, «tanto por su denominación, como por su estructura y por la pertenencia de al menos dos miembros de la comisión promotora [de ASB] a la actual Mesa Nacional de Batasuna, puede concluirse que se trata de una formación política sucesora de ésta». Añade que esa «vinculación» también «se desprende nítidamente de la presencia en la convocatoria del acto, el pasado 17 de marzo, de varios individuos imputados, procesados y acusados en causas penales por delitos de integración en organización terrorista».

Las 41 responsables de Batasuna que relaciona Garzón en su auto deberán entregar un acta firmada por «todos y cada uno» de ellos en la que renuncien a «efectuar cualquier referencia directa o indirecta, verbal o visual, estática o dinámica, por medio de pasquines, propaganda o manifestaciones verbales, comunicados o cualquier otra forma a la organización Abertzale Sozialisten Batasuna, su existencia, presentación o intención de acudir a las elecciones con este nombre y estatutos».

Si no lo hicieran, podrán incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, con la agravante de reincidencia, en su caso.

Además de los mencionados, tampoco podrán referirse a ASB Marije Fullaondo y Joana Regueiro, que solicitaron el pasado martes la inscripción de la nueva formación en el Ministerio del Interior. De la primera, Garzón destaca su condición de imputada en la causa contra Batasuna; de la segunda, que es miembro de la actual Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

Asimismo, Garzón cita a Maribi Ugarteburu y Patxi Urrutia, que fueron los encargados de anunciar el 17 de marzo en el Hotel Tres Reyes de Pamplona que hoy se presentaría en el BEC la propuesta electoral de la izquierda abertzale para las próximas elecciones municipales. Los convocantes no hicieron alusión entonces a las siglas del nuevo partido, que de hecho no fue registrado hasta varios días después. Tampoco en la publicidad del mitin que ha publicado el diario Gara varios días se hace alusión a ASB: simplemente, puede leerse el eslogan «Badator Udaberria. Badator Euskal Herri Berria» («Llega la primavera. Llega la nueva Euskal Herria»).

El escrito de renuncia deberá presentarse en la Consejería de Interior del Gobierno vasco, el cual daría traslado del mismo a la Ertzaintza para que lo comunicase al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que es titular Baltasar Garzón. Para hacerlo, tienen de plazo hasta el mismo comienzo del acto, previsto para las 17.30 horas de hoy.

Cumplido este requisito, el mitin podrá desarrollarse, si bien las Fuerzas de Seguridad deberán informar del contenido del mismo. Paralelamente, el juez ha remitido un oficio a la Dirección General de la Guardia Civil para que, en caso contrario, impida su celebración, así como la concentración de personas para ese fin.

De esta forma, Garzón sigue la línea de su resolución de 26 de enero de 2007 en la que rechazó citar a Arnaldo Otegi por sus declaraciones en la rueda de prensa que ofreció tras el atentado de ETA en la T-4 de Barajas. En ella el líder nacionalista mencionó siete veces a Batasuna. En aquella ocasión, el magistrado argumentó que «debe distinguirse claramente entre Batasuna e Izquierda Abertzale, al ser entidades y movimientos diferentes». Agregó que «criminalizar las acciones de la Izquierda Abertzale, por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, no ajustada a la realidad».

El juez razona en al auto de ayer que «el propio contenido del acto, según lo anunciado, es presentar la propuesta electoral de la izquierda abertzale, y no puede tener otro alcance, por parte de los organizadores, que el de presentar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna». «En la situación actual», añade, «y visto el contenido de sus estatutos, se estima que [ASB] podría ser continuación de Batasuna» y señala que «el mismo nombre resalta la voluntad identitaria de ambas formaciones».

Garzón resalta que «no se trata [...] de decidir la suspensión de esa nueva formación, habida cuenta de que todavía no ha adquirido el estatus de legalidad conferido por el Ministerio del Interior», pero deduce que si ese Ministerio ha iniciado los trámites para instar a la Sala del 61 del Tribunal Supremo la suspensión de ASB, «está dando por hecho que el nuevo partido es una posible continuación del ilegalizado».

La resolución incluye también varios párrafos de los informes policiales que se han aportado. La Guardia Civil expone que «se infiere un apoyo claro de las estructuras de Batasuna al acto»; la Policía matiza que «no se puede determinar si constituye un acto afectado por» las resoluciones que prohíben las actividades de Batasuna, y la Ertzaintza precisa que «los carteles anunciadores no contienen nombres y anagramas de formaciones ilegalizadas».

Los detenidos en Francia, «en la negociación»

Los detenidos en Francia, «en la negociación»

BAYONA (FRANCIA).- Los dos presuntos miembros de ETA detenidos el pasado jueves en la localidad francesa de Perigueux declararon a la Policía que ellos «estaban en la negociación» con el Gobierno español, según informaron fuentes relacionadas con la investigación.

Los presuntos etarras, Juan Carlos Iurrebaso y Kepa Mirena Suárez, fueron capturados después de que se hubieran saltado un control establecido por el servicio de aduanas. Ambos llevaban documentos de identidad falsificados, además de una pistola, y viajaban en un automóvil Peugeot 307 robado.

Según las fuentes consultadas, los dos detenidos reconocieron inmediatamente su condición de miembros de ETA y declararon a los agentes que formaban parte del «aparato de negociación» y estaban «trabajando por el 'proceso de paz'».

Juan Carlos Iurrebaso, de 51 años, y Kepa Mirena Suárez, de 47, son dos veteranos que entraron en ETA en los años 70 y 80, respectivamente, y que cumplieron sendas condenas en España. Tras quedar en libertad reanudaron sus actividades en el seno de la organización terrorista y huyeron a Francia.

Aunque los servicios policiales conocían que ambos se encontraban huidos, no se sabe cuál era su actividad en el seno de la organización terrorista ni en qué estructura se encontraban encuadrados. Se desconoce, por tanto, si forman parte del 'aparato político' y, dentro de éste, de la subestructura encargada específicamente de las negociaciones.

De Suárez Ugarte se sabe que hasta su huida a Francia en el año 2004 estaba presuntamente encargado de controlar el reclutamiento de nuevos etarras en Vizcaya y que tenía contacto directo con dirigentes de ETA en territorio francés.

Agentes de la Subdirección Nacional Antiterrorista de París se han hecho cargo de las investigaciones.

Por otra parte, el Partido Popular, la Confederación Española de Policía, el Foro Ermua y la Asociación de Víctimas del Terrorismo exigieron explicaciones ayer al Gobierno sobre el papel de «mensajeros» de dichos etarras.

Barrena anuncia que el acto se celebrará

Barrena anuncia que el acto se celebrará

SAN SEBASTIAN.- El dirigente de Batasuna Pernando Barrena aseguró ayer que el acto convocado para hoy por la izquierda 'abertzale' en el BEC «nada tiene que ver con el contexto político de esta semana».

Barrena compareció en la tarde de ayer ante los medios de comunicación después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón condicionara la celebración del acto de hoy a que no se haga referencia a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), la formación registrada esta semana en el Ministerio de Interior, según informa Vasco Press.

El portavoz 'abertzale' señaló que, «ante interpretaciones manifiestas», el acto de mañana «fue anunciado hace más de dos semanas y nada tiene que ver con el contexto político de esta semana, ni con los supuestos que se recogen en el apartado cuarto del auto de Garzón», en el que se indica que ASB podría ser sucesora de Batasuna.

«Mañana [por hoy] la izquierda 'abertzale' va a demostrar una vez más su compromiso con la creación de condiciones objetivas para la viabilidad de un proceso de resolución que va a poner sobre la mesa los contenidos de su propuesta para un marco democrático y la importancia capital del momento», declaró.

Barrena se encuentra entre las 41 personas a las que Garzón ha ordenado que renuncien expresamente a referirse a ASB en el mitin de hoy.

Mesquida contradice a De la Vega y confirma la alerta antiterrorista «superior a la habitual»

Mesquida contradice a De la Vega y confirma la alerta antiterrorista «superior a la habitual»

F. GAREA

MADRID.- Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil, confirmó ayer la situación de alerta de las Fuerzas de Seguridad ante la posibilidad de que ETA vuelva a cometer atentados.

Mesquida ratificó así las palabras de Javier Balza, consejero de Interior del Gobierno vasco, quien aseguró que había «máxima alerta» ante la «hipótesis muy real» de un atentado etarra.

Con sus palabras tiró por tierra los esfuerzos del Gobierno por intentar mantener en público una imagen de normalidad. La propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el «nivel de atención hoy, no es ni mayor ni menor, es como el del primer día».

La número dos del Gobierno se refugió en la fórmula de que las Fuerzas de Seguridad del Estado están permanentemente en alerta y que nunca han bajado la guardia.

«Estamos en un país con unas Fuerzas de Seguridad profesionales de primer nivel que «previenen, protegen y vigilan», dijo. La vicepresidenta añadió que se han puesto más medios técnicos y humanos porque «ante el terrorismo nunca se puede bajar».

Explicó que el Gobierno siempre está poniendo «toda la atención en todo momento, hoy, antes y mañana».

No quiso dar ningún dato sobre el comando desarticulado esta semana ni valorar sus planes para cometer atentados.

Fuentes del Gobierno mantienen su preocupación sobre la posibilidad de que ETA vuelva a atentar. Esa hipótesis se ha reforzado con los datos y el material hallado en poder del comando desarticulado.

Los etarras disponían de elementos para fabricar y activar artefactos y para colocar bombas lapa en vehículos.

Además, tenían ya datos de seguimientos y matrículas, por ejemplo, de miembros de la Ertzaintza y algunos concejales.

Todos esos datos han llevado al Gobierno a tener la certeza de que ETA no sólo está cada vez más lejos de dejar las armas, sino que prepara nuevos atentados.

De hecho, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, explicó ayer en Mérida que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran en situación declarada de «alerta superior a la habitual», porque ETA tiene capacidad operativa para atentar en cualquier momento, «como ha demostrado», informa Efe.

Mesquida, que asistió en Mérida a la clausura de un curso de especialistas de tráfico de la Guardia Civil, aseguró que se está trabajando «con intensidad».

Indicó que la alerta superior a la habitual ha sido declarada de forma generaliza en el conjunto de España, tras «una desarticulación y unas detenciones importantes», como las producidas el pasado miércoles en una operación antiterrorista que permitió detener el nuevo comando Donosti de ETA con la detención de ocho personas.

Como Balza

El director general añadió que continúan las investigaciones sobre la documentación incautada a los arrestados, por lo que «es muy pronto todavía» para obtener conclusiones.

En la misma línea, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, explicó en Radio Euskadi que, desde el pasado mes de noviembre, tras observar la evolución del proceso de paz, barajaba la posibilidad de que ETA pudiera volver a atentar, por lo que ahora, tras las últimas detenciones de miembros de ETA y el hallazgo de bombas lapa y armas en Guipúzcoa, «no es de extrañar» que el consejero vasco de Interior informe de la alerta máxima ante posibles actuaciones terroristas.

Otegi advierte que no admitir ASB supone «volver al pasado»

Otegi advierte que no admitir ASB supone «volver al pasado»

El líder de Batasusa asegura que la ilegalización sería «el gran atentado contra las libertades democráticas» y decir «no a la solución»

RAMON SANMARTIN

SAN SEBASTIAN.- La izquierda abertzale comenzó ayer a abonar el terreno ante la previsible ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna. El líder radical, Arnaldo Otegi, lanzó un órdago al Gobierno central y advirtió de que vetar esta formación supondría «decir no» al proceso y a «la solución» así como expresar una apuesta por «volver a recetas del pasado». Además, eludió referirse a la posibilidad de que ETA actúe en las próximas fechas y se limitó a señalar que el «gran atentado contra las libertades democráticas» sería ilegalizar su nuevo partido político.

Otegi realizó esta advertencia a sabiendas de la intención de la Fiscalía del Estado de presentar la próxima semana la demanda de ilegalización en el Tribunal Supremo contra la nueva marca política abertzale. Una demanda que, en caso de salir adelante, supondría, tal y como se encargó de racalcar Otegi, «decir no» al «proceso», «la solución» y el «diálogo político», así como dejar como única «alternativa» la vuelta «al pasado».

El portavoz de Batasuna defendió que la nueva plataforma no se trata de un «señuelo» ni de un intento de «marear la perdiz», sino una simple «marca legal» que garantice a la izquierda abertzale tener una «representación electoral» y poder estar «en un proceso democrático en igualdad de condiciones». Así, afirmó que ASB cumple «todo» lo recogido en la Ley de Partidos y recordó que el registro de estas siglas ha sido una «demanda» reiterada por parte del Gobierno central y del resto del partidos políticos.

Agresividad

Por este motivo, Otegi mostró su «preocupación» e «indignación» ante las críticas respuestas generadas por la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna en el registro del Ministerio del Interior. «¿Por qué cada vez que la izquierda abertzale da un paso en positivo le responden con mayor agresividad?», se preguntó.

Asimismo, el líder de la formación ilegalizada defendió el nombre y la composición de ASB ya que, según dijo, su intención es presentarse «de cara» y no con «disfraces» a las próximas elecciones. «¿Quién iba a registrar una nueva formación política, las Nuevas Generaciones?», planteó, para luego advertir que «si alguien quiere mantener un proceso con la izquierda abertzale tendrá que ser capaz de reconocerla tal y como es como interlocutor, con todos sus derechos».

El dirigente abertzale no quiso pronunciarse acerca de una futura acción de ETA en el futuro, aunque sí denunció la existencia de un «interés» por desviar la atención a «lo que hará» la banda terrorista. Otegi se permitió un juego de palabras y aseguró que sí que «va a haber un gran atentado», aunque éste será «contra las libertades democráticas», señaló en alusión a la previsible ilegalización de ASB. El dirigente radical opinó que esta actuación es «la agresión» y «el atentado más grande» que puede darse en los próximos días y reafirmó que, para la izquierda abertzale, ETA sigue manteniendo «el alto el fuego permanente».

Atacan una sucursal bancaria en Navarra

Atacan una sucursal bancaria en Navarra

PAMPLONA.- Uno o varios desconocidos lanzaron en la madrugada de ayer tres botellas incendiarias contra la sucursal que Caja Rioja tiene en Orkoien, localidad próxima a Pamplona.

Según informó la Delegación del Gobierno en Navarra, todos los indicios apuntan a un acto de violencia callejera.

El ataque ocasionó daños en el sistema electrónico del cajero que, aunque sigue operativo, posiblemente tendrá que ser sustituido. La Guardia Civil recabó durante la noche pruebas y testimonios de vecinos, con el fin de averiguar el paradero de los autores, informaron las mismas fuentes a Europa Press.

La Delegación del Gobierno mostró su «rotunda condena» a unos actos «tan incívicos y antidemocráticos como estériles a efectos de presionar o coaccionar a la sociedad».

Esta misma sucursal ya fue objeto de otro ataque hace tres semanas.

Por otro lado, la Guardia Civil dejó ayer en libertad a Julián Larrañaga, uno de los ocho detenidos el pasado miércoles en el marco de la operación antiterrorista contra el nuevo 'comando Donosti' de ETA, que se desarrolló en Guipúzcoa, Alava y Navarra y que continúa abierta.

Así lo indicaron a Efe fuentes de la investigación, que precisaron que Larrañaga fue puesto en libertad tras prestar declaración, lo que, al cierre de esta edición, seguía haciendo el resto de detenidos por su supuesta relación con este comando, que no había comenzado a actuar, pero que poseía diverso material para cometer atentados.

La Policía vasca dice que Aguirre fue pateado en la «contramanifestación» del Foro Ermua

La Policía vasca dice que Aguirre fue pateado en la «contramanifestación» del Foro Ermua

Asegura al juzgado que una decena de miembros de este colectivo y de Dignidad y Justicia promovió «un acto ilegal», pero luego señala que la ley exige al menos 20 personas para hablar de manifestación

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- La patada a Antonio Aguirre cuando iba a comparecer como acusación en el proceso contra Juan José Ibarretxe va a seguir dando de qué hablar. Máxime ahora que la Ertzaintza ha remitido al Juzgado de Guardia de Bilbao -donde el miembro del Foro Ermua agredido denunció en su día lo sucedido- un informe en el que avala la tesis que ya expuso la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate.

El informe de la Policía autonómica sostiene que, si bien es cierto que existió una agresión en la puerta del Palacio de Justicia bilbaíno, ésta se produjo cuando la decena de miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia allí presentes promovió «un acto ilegal de contramanifestación», y adjunta al magistrado una referencia con las filiaciones de estos supuestos contramanifestantes.

La Ertzaintza ha trasladado este informe al Juzgado de la capital vizcaína, que, a partir de las denuncias presentadas el mismo lunes por los miembros del Foro Ermua Antonio Aguirre e Iñaki Ezkerra, y los de Dignidad y Justicia Daniel Portero y Sonsoles Arroyo, estudia lo sucedido cuando los representantes de estos dos colectivos cívicos trataban de acceder al Palacio de Justicia de Bilbao. Entonces, uno de los simpatizantes de Juan José Ibarretxe allí presentes, identificado como un consejero de Distrito del PNV en Bilbao y trabajador jubilado del Gobierno vasco, propinó una patada en los testículos a Aguirre, que requirió atención médica.

«En el mismo lugar [donde se registró la agresión] se produjo por parte de diversas personas un acto ilegal de contramanifestación para tratar de interferir en el desarrollo pacífico de una concentración legal previamente comunicada. Los presuntos autores de los hechos figuran igualmente identificados en las diligencias», expone al juez el informe remitido por la Ertzaintza.

La «contramanifestación» en la que ahora enmarca la Policía autonómica la agresión a Aguirre ya fue denunciada el martes por la portavoz del Ejecutivo vasco, quien acusó a los miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia de estar «provocando» a los simpatizantes del lehendakari.

Pese a constatar en su informe la existencia de este «acto ilegal de contramanifestación», la Ertzaintza no tiene intención de incoar un expediente administrativo contra los miembros de las dos asociaciones cívicas que ejercen la acusación en el llamado caso Ibarretxe. Y es que, según admitieron ayer desde el Departamento de Interior del Gobierno vasco, no se puede hablar legalmente de manifestación en este caso, ya que la ley exige una presencia mínima de 20 personas, y los miembros de Foro Ermua y de Dignidad y Justicia que trataban de entrar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco apenas llegaban a una decena.

Sobre la identidad de agresor -el PP lo identificó en las imágenes como Alejandro Aranburu Corral, representante del PNV en el Consejo de Distrito de Bilbao y ex trabajador del taller mecánico de la Consejería de Interior-, la Ertzaintza ha trasladado sus datos al juez, pese a que en el momento de la patada lo dejó marchar, y ha remitido también una copia de la declaración que se le tomó posteriormente.

El Gobierno vasco no tardó ayer en aplaudir este informe de la Ertzaintza y precisó que ahora está «en manos» del juez decidir sobre la legalidad de esta actuación y adoptar, si procede, medidas contra Aguirre y sus acompañantes.

No piensa de la misma forma el secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo Barrio, que denunció a «los guerrilleros de Cristo Rey de ahora», que «están cerca de las filas nacionalistas» y defienden a Ibarretxe, y precisó que el Foro Ermua «sólo reivindicaba los valores fundamentales, democráticos y de convivencia de la sociedad», y que, por lo tanto, no se trató de una «contramanifestación», sino de «una expresión democrática».

El PNV amenaza con retirar la Ertzaintza de la custodia de las cárceles

El PNV amenaza con retirar la Ertzaintza de la custodia de las cárceles

Vuelve a pedir que el Estado transfiera al País Vasco las competencias sobre las prisiones

O. TORRES

VITORIA.- El PNV amenazó ayer con retirar a la Ertzaintza de las prisiones vascas en respuesta a la negativa del Gobierno del PSOE a negociar la transferencia de esta materia mientras persista el terrorismo. El parlamentario nacionalista José Antonio Rubalkaba invitó al lehendakari a adoptar esta medida ante el rechazo del PSE a la demanda que se plantea en una proposición no de ley aprobada en la Cámara vasca por el tripartito -PNV, EA y EB- y Aralar.

«Quieren los centros penitenciarios. Que se los queden, pero de colaboración con esa política del Estado español, cero: la Ertzaintza, fuera, y toda colaboración, fuera. Si quieren los centros penitenciarios que los mantengan ellos, que los administren ellos y que tengan la porquería que hay todavía ahí», señaló Rubalkaba.

Cinco bajas en los grupos de PSE y PP hicieron posible que la propuesta de que se reuniera la Comisión Mixta de Transferencias para tratar este asunto saliera adelante, pese a no contar con el respaldo del PCTV. El tripartito defendió que la transferencia está prevista en el Estatuto de Gernika y que sólo de producirse ésta puede darse una mejora en las condiciones de las cárceles.

En consonancia con las reiteradas propuestas del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que defiende un nuevo modelo penitenciario con centros más pequeños, los tres partidos criticaron la situación de los centros de Basauri, Nanclares de la Oca y Martutene. El Ejecutivo ya anunció hace meses que no renovaría los convenios de colaboración que mantiene con Instituciones Penitenciarias en materia educativa, social y sanitaria, acuerdos que expiran el 18 de abril, aunque también señaló que su intención era no abandonar, de facto, estas tareas.

Para Rubalkaba, no hay motivo alguno, recogido en el ordenamiento jurídico, para ligar el terrorismo con la política penitenciaria y recordó que la inmensa mayoría de los presos de ETA no se encuentran en las cárceles vascas como consecuencia de la política de dispersión que han aplicado los gobiernos del PSOE y el PP. Además, acusó a ambas formaciones de aplicar una política penitenciaria «de castigo». El PNV recordó que ambos partidos apoyaron, «con ETA mucho más activa», la transferencia. «Claro, que ahora ustedes ya no están por la labor», aseguró dirigiéndose al PSE.

Rafa Larreina, de EA, apeló a las razones humanitarias, además de al Estatuto de Gernika, para poner fin a una situación que «compromete la dignidad» de muchas personas. Para Oskar Matute, de EB, el tripartito no busca gestionar las cárceles para hacer una política penitenciaria propia y señaló que otras comunidades autónomas ya ejercen estas competencias. También reconoció que su grupo considera que determinadas actuaciones en este ámbito podrían contribuir, aunque sólo en parte, a un hipotético proceso de paz.

Por su parte, el portavoz socialista, Rodolfo Ares, se mostró contundente. «Mientras haya terrorismo, no habrá transferencia porque la política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista», señaló en consonancia con las tesis defendidas por el Gobierno de Zapatero. El PSE admitió, no obstante, que la situación de las cárceles puede mejorarse.

Imaz cree que Batasuna no rechazará hoy la violencia

Imaz cree que Batasuna no rechazará hoy la violencia

BILBAO.- El presidente del Consejo Ejecutivo del PNV, Josu Jon Imaz, cree que la izquierda abertzale no rechazará la violencia hoy en el acto del BEC. «Si esperar es sinónimo de desear, evidentemente sí. Si esperar es sinónimo de confiar, sinceramente, ya me gustaría, pero no, sinceramente no. Vistas las declaraciones de las últimas semanas, lo de ayer [por el jueves] en Andoain..., ya me gustaría alguna respuesta por parte de Batasuna, pero creo que no», subrayó.

El líder nacionalista aseguró, en una entrevista en Radio Euskadi, que en las reuniones que han mantenido, le han reclamado a la formación abertzale un alejamiento de la violencia porque su partido no está dispuesto «a negociar el futuro político de este país con una organización que puede no tener una firmeza suficiente en la condena o reprobación de una violencia que se está ejerciendo mientras se está negociando». «Eso supone estar bajo la tutela de una organización terrorista», apuntó.

Dijo que, aunque en un principio el PNV tuvo «esperanzas», Batasuna no las ha cumplido y se ha saltado el «emplazamiento que la inmensa mayoría de la sociedad vasca le había hecho de que la violencia parase o se alejase de la violencia».

La displicente amnesia de Vera

La displicente amnesia de Vera

El desdén por el juicio y la desmemoria marcan la declaración del ex 'número dos' de Interior en el caso de los maletines

MADRID.- «¿Cuándo habló usted por primera vez con José Amedo y Michel Domínguez?»

- «Pues no sé, creo que en las sesiones del juicio del caso Marey»

- «Usted tiene declarado en fase de instrucción que les conoció en septiembre de 1994, en una reunión en casa del abogado Argote»

- «Puede ser»

- «¿Le pidieron el indulto?»

- «De eso hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero yo dije públicamente que era partidario del indulto»

- «¿Necesita que se le lean sus declaraciones para recordar?»

- «Es igual. A los efectos del sistema, del juicio, es lo mismo. Por lo tanto, haga usted lo que quiera».

El diálogo corresponde al comienzo del interrogatorio que el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol hizo el jueves al otrora poderoso secretario de Estado para la Seguridad en los gobiernos de Felipe González.

Rafael Vera afronta su quinto juicio con un total desdén («no me he preocupado de revisar la causa, no sirve de nada»), en tono bronco («¿usted cree, señor fiscal, que los informadores de ETA tenían que venir al Banco de España a pasar por caja?») y parapetado en una aparente desmemoria.

Tanta, que parece no recordar la relación a cara de perro que mantuvo con Amedo y Domínguez en el juicio del caso Marey, el primero al que Vera se enfrentaba, en mayo de 1998.

En aquel proceso, los dos ex policías de Bilbao -las dos primeras piezas del laberinto de los GAL que cayeron a manos del juez Baltasar Garzón- se convirtieron en los principales testigos de cargo contra Vera y contra el ex ministro Barrionuevo, y sus testimonios fueron decisivos para llevarles a la cárcel.

Ahora, en la sala de vistas de la Audiencia de Madrid donde se juzga el caso de los maletines, todo son gestos amables y cordiales saludos entre Amedo y Domínguez y sus respectivas mujeres con el ex número dos de Interior y su antiguo secretario personal, Juan de Justo, el hombre que, según las acusaciones, se encargó de que cuantiosas sumas de fondos reservados -teóricamente destinados a la lucha antiterrorista- fuesen a parar a María Angeles Acedo y Alicia Sánchez entre julio de 1988 y enero de 1994, mientras sus esposos estaban en prisión por su participación en atentados de los GAL en el sur de Francia.

Algo determinante ha cambiado desde aquel 16 de diciembre de 1994, cuando José Amedo y Michel Domínguez comparecieron ante Garzón -«voluntariamente», consignaba el acta judicial- para relatar la implicación de Vera y algunos otros en el terrorismo de Estado. También contaron cómo el responsable de la Seguridad del Estado quiso «comprar su silencio» llenándoles los bolsillos de fondos reservados para que los ex policías, cansados de esperar un indulto que nunca llegó, no iniciasen el camino de la delación.

Lo que ha cambiado es, simplemente, que el fiscal anticorrupción pretende que todo ese dinero sea reintegrado a las arcas públicas («cualquiera entiende que esos fondos tienen que volver al Estado», dijo Rodríguez Sol en la primera sesión de la vista, el 12 de marzo) y para ello solicitó -y obtuvo- del Juzgado del Instru- cción la consideración de Amedo, Domínguez y sus esposas como posibles responsables civiles. Ello significa que tendrán que devolver el dinero presuntamente cobrado en el caso de que sus compañeros de banquillo reciban un fallo condenatorio.

A petición del avispado defensor Jorge Manrique, Amedo, Domínguez y sus cónyuges no declararán en esta vista como testigos -así lo hicieron ante Garzón-, sino con las garantías inherentes a los imputados, aunque no pesen sobre ellos responsabilidades penales. Podrán negarse a declarar o manifestar sólo lo que les interese, y no podrán ser perseguidos si mienten.

Ello explica los gestos cómplices que se observan en el banquillo y la displicencia de Rafael Vera cuando el jueves afirmó, sin inmutarse, que «no recordaba» haber ordenado pagos para las esposas de Amedo y Domínguez (un olvido que el fiscal cuantifica en, al menos, 260 millones de pesetas) y que «no tuve conocimiento» de que ambas mujeres abrieran cuentas en Suiza para recibir el dinero. Ni los ex policías ni sus esposas van a contradecirle.

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«Estos señores eran simples correos»

El ex secretario de Estado para la Seguridad intentó durante su declaración echar una mano a los tres antiguos subordinados con los que comparte el banquillo: su secretario personal, Juan de Justo, el policía Aníbal Machín y el coronel de la Guardia Civil Félix Hernando.

Sobre De Justo pesa la acusación de haber preparado todos los meses, desde julio de 1988 (un mes después de que José Amedo y Michel Domínguez ingresasen en prisión) hasta enero de 1994 (un mes antes del cese de Rafael Vera en Interior), unos «sobres blancos cerrados» con el membrete de la secretaría particular de Vera en el reverso, que contenían entre 450.000 y 600.000 pesetas en efectivo provenientes de la cuenta de fondos reservados en el Banco de España.

Además, Juan de Justo habría viajado a Ginebra para el último de los pagos, 25 millones de pesetas para Alicia Sánchez y otros tantos para María Angeles Acedo, el 4 de febrero de 1991. El dinero iba en un maletín que, tres años y 10 meses después, Michel Domínguez entregó a Garzón como prueba de cargo.

Machín y Hernando habrían realizado tres viajes anteriores sabiendo que se trataba de entregar dinero de los fondos reservados a las esposas de dos ex policías, según el fiscal.

«Yo no informaba a mis subordinados del objeto de los viajes», dijo Vera. «A veces sólo sabían el destino, pero no a lo que iban. No sabían ni qué llevaban. Eran simples correos, lo mismo que otro oficial que no está sentado aquí», dijo en alusión al guardia civil Rafael Yuste, que acompañó a De Justo a Suiza.

Vera insinuó que las pruebas presentadas pueden ser falsas. «Ese maletín parece más caro que los que comprábamos» y los membretes de los sobres «se pueden falsificar perfectamente».

El PP califica de «escándalo» que López Guerra sea candidato al TEDH

El PP califica de «escándalo» que López Guerra sea candidato al TEDH

MADRID.- El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, consideró ayer que la intención del Gobierno de proponer a Luis López Guerra para ocupar la plaza de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un «inmenso escándalo».

El Consejo de Ministros acordó ayer ofrecer a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una terna de candidatos que está encabezada por el ex secretario de Estado de Justicia, como ya publicó este periódico.

La terna se completa con la jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Concepción Escobar Hernández, y con el catedrático de Derecho Constitucional José Alejandro Saiz Arnaiz.

Astarloa dijo en rueda de prensa que la propuesta del Ejecutivo es consecuencia de lo que calificó como «efecto [Mariano Fernández] Bermejo», que busca, según él, la «confrontación» en todo lo que hace.

Para el dirigente popular, es un «error extraordinario», ya que la persona propuesta para representar a España en el TEDH es el que era «hasta hace cinco minutos» secretario de Estado de Justicia, que acaba de cesar.

«Es el mayor ejercicio de partidismo que se puede imaginar», dijo Astarloa. Explicó que, «como a Bermejo [ministro de Justicia] no le sirve», se le «coloca» en el tribunal europeo. Y recordó que, tradicionalmente, esta designación ha sido «consensuada» entre el Gobierno y la oposición, circunstancia que no se ha producido en este caso.

Avisó que el PP hará llegar al TEDH que López Guerra «no es la persona adecuada» para ocupar el cargo.

Rebajada a 1,65 la altura mínima exigida para aspirar a policía nacional

Rebajada a 1,65 la altura mínima exigida para aspirar a policía nacional

MADRID.- La estatura mínima exigible a los varones que aspiren a ser policías nacionales bajará de 1,70 a 1,65 metros, en virtud de un decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y que modifica el Reglamento de procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía. Dicho reglamento, aprobado en 1995, fijaba como estatura mínima 170 centímetros para los varones y 165 para las mujeres. Posteriormente, un decreto de 3 de marzo de 2006 rebajó a 160 centímetros la talla exigida a las mujeres.

El Gobierno asegura que, con la reforma aprobada ayer, «se homologa la estatura mínima exigida en España a los hombres para ejercer la función policial con la estatura exigida en la gran mayoría de los estados miembros de la UE».

Además, se favorecerá la afluencia de aspirantes varones en un momento en el que el número de vacantes incluidas en la Oferta Anual de Empleo ha aumentado notablemente. Para este año 2007 hay previstas 5.575 plazas.

La crisis del referéndum independentista destapa las divisiones en CiU y ERC y la debilidad del presidente de la Generalitat

CiU pide a Montilla que expulse a miembros de ERC del 'Govern'

La crisis del referéndum independentista destapa las divisiones en CiU y ERC y la debilidad del presidente de la Generalitat

L. M

BARCELONA.- El tripartito ha dado por cerrada la crisis que desató ERC al proponer en el Parlamento catalán un referéndum independentista, pero las heridas abiertas por esta iniciativa son muchas y tardarán algún tiempo en sanar.

CiU intentará sacar el máximo provecho político a las discrepancias entre los socios de Govern que se han puesto de manifiesto a raíz de esta crisis. El secretario general de la federación, Josep Antoni Duran, quiere que rueden cabezas y no dudó en pedir ayer al presidente de la Generalitat, José Montilla, que haga «dimitir» a los miembros del Ejecutivo autonómico que «están poniendo precio a su cabeza», en alusión al hecho de que los republicanos se ofrecieron a pactar con CiU y dejar al PSC a cambio de la convocatoria de un referéndum de independencia.

Algo más comedido estuvo el líder de CiU, Artur Mas, aunque insistió en la idea de que Montilla no puede dejar las cosas como están. «Le toca mover ficha», afirmó, y recordó que si el presidente catalán no actúa será CiU quien tome medidas, como podría ser la presentación de una moción de censura.

Una moción que tendría pocas posibilidades de prosperar, pues CiU está en minoría en el Parlamento, pero que haría aún más palpable la debilidad de Montilla, una de las principales víctimas de este extraño episodio de la política catalana. Aprovechando esa debilidad, la oposición cargó ayer sin piedad contra el president catalán.

David Madí, portavoz de CDC, fue el más atrevido al calificar al máximo dirigente catalán de tener «bajo perfil», ser «mediocre» y «no dar la talla para ser presidente de la Generalitat». Además, Madí recordó que Montilla «perdió las elecciones» y aseguró que «es un presidente de talante españolista».

También Duran se refirió a Montilla y recalcó que, «aparte de todo este espantoso ridículo, es evidente que quien no ha estado a la altura de las circunstancias es el presidente» de la Generalitat.

Para el líder del PP catalán, Josep Piqué, Montilla «no puede estar demasiado satisfecho después de ver cómo uno de sus socios de gobierno vuelve a ir por libre». Piqué, cuyo partido es el único que no ha salido salpicado de esta crisis, aprovechó para poner de manifiesto que también hay otra herida que no se ha cerrado: la de la división interna en CiU.

«CiU ha perdido la centralidad y el norte político y se ha convertido en un partido con aspiraciones antisistema», señaló Piqué en referencia a que CiU presentó el jueves en el Parlamento catalán su propia propuesta de resolución para celebrar un referéndum independentista.

El caso es que en CiU no todos están a favor de ese tipo de iniciativas. Duran aclaró ayer que «en Cataluña no hay voluntad de segregación de España en términos mayoritarios». «Yo no me defino por la vía de la creación de un nuevo Estado para Cataluña», dijo Duran.

Mientras, las fuerzas del Govern trataron de aparentar normalidad. El vicepresidente Carod reiteró el compromiso del Ejecutivo de ser «útil» y hacer «su trabajo con discreción y eficacia».

El 'president' llama «oportunista» a CiU y denuncia la «soledad» de Mas

BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, José Montilla, afirmó ayer, sobre el amago de moción de censura de CiU, que la oposición «es libre de ejercer su papel como quiera», pero afirmó que el debate parlamentario «evidenció la soledad» y el «oportunismo» de la federación.

En una entrevista concedida a la Televisió Taronja, de Manresa (Barcelona), Montilla dijo que «lo que quedó claro es que el Govern es sólido y coherente» y que presentó resoluciones «sólidas», mientras que CiU «no fue capaz» de hacer lo mismo, informa Europa Press. El president insistió en que el Pleno «evidenció la soledad» y el «oportunismo» de la federación, su «desorientación» política y su «pérdida de credibilidad». Según él, CiU «no presentó ninguna propuesta seria más allá de cuatro eslóganes publicitarios».

También ayer, el presidente del Parlament, Ernest Benach, llamó a «todos» los partidos a practicar la «autocrítica» después de los acontecimientos de esta semana. Aun así, Benach enmarcó la «intensidad política de esta semana» en la «intensidad de los últimos años».

El SUP pide que se aclare si existe el informe citado por Díaz de Mera

El SUP pide que se aclare si existe el informe citado por Díaz de Mera

Exige responsabilidades o que se actúe contra los que injurian a los policías El PP y la AVT esperan que se encuentre la forma de que llegue al tribunal

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el sector, pidió ayer al Ministerio del Interior que investigue para esclarecer si Telesforo Rubio -que fue nombrado comisario general de Información por el Gobierno socialista tras las elecciones de 2004- encargó un informe en el que se recoge la vinculación de ETA con grupos islamistas para perpetrar los atentados del 11-M.

El SUP quiere que el resultado de esa investigación sea enviado al juez, para que, si se demuestra que ese informe ha existido y ha sido ocultado, se depuren «las responsabilidades correspondientes». En caso contrario, este sindicato exige que se actúe «contra quien corresponda por verter imputaciones falsas, injuriosas y calumniosas» hacia el Cuerpo Nacional de Policía.

En el SUP consideran que, de haberse producido imputaciones «contra algún político del Gobierno y no contra un policía», desde el Ministerio del Interior se habría producido «una reacción inmediata», algo que «nunca existe cuando el acusado falsamente es un miembro del Cuerpo Nacional de Policía».

Agustín Díaz de Mera, que fue director general de la Policía con el Gobierno del PP y ahora es eurodiputado por este partido, ha manifestado que dos policías elaboraron un informe en el que se relacionaba a ETA con el 11-M, a instancias de Telesforo Rubio. Pero se ha negado a identificar en el juicio al agente que le habló a él de ese asunto, lo que le ha acarreado una multa de 1.000 euros y un proceso penal por desobediencia grave.

El SUP criticó ayer en su comunicado al secretario general del PP, Angel Acebes, porque ha atacado a Telesforo Rubio sólo «porque fue nombrado por otro gobierno. Según este sindicato, es una actitud «mezquina» e «impropia» de quien, como ese dirigente popular, ha sido ministro del Interior.

Además, el sindicato mayoritario de policías ha recordado que Acebes tuvo «tiempo suficiente» después del 11-M y antes de dejar el cargo para haber preguntado a los responsables de la Comisaría de Interior «todo lo concerniente a los atentados».

El SUP indica que Telesforo Rubio es «un profesional cualificado y honrado, que no ha manipulado ni ha ordenado manipular ningún informe en relación con el 11-M». «Quien lo diga, miente», añade.

Este sindicato pide a las formaciones políticas que «dejen a la Policía en paz» porque «bastantes problemas tienen» por la falta de medios materiales, su bajo salario y la falta de garantías jurídicas.

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, mostró ayer su confianza en que «por cualquier medio conozcamos esa información, aparezca y pueda estar a disposición del tribunal».

Zaplana declaró en los pasillos del Congreso de los Diputados que nadie en el PP tiene ninguna duda sobre la honradez personal de Agustín Díaz de Mera. «Nadie que le conozca se lo puede imaginar diciendo algo que no sea verdad», añadió.

José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se pronunció en ese mismo sentido. «Espero que a través de otro cauce podamos conocer ese informe, para despejar cualquier tipo de duda sobre la información de ese documento policial», dijo a la agencia Servimedia.

En Elche (Alicante), el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, advirtió a Mariano Rajoy que si Díaz de Mera no colabora con la Justicia «estará en cuestión su autoridad en el PP».

Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil, indicó que «todos los ciudadanos tienen que colaborar con la Justicia», y también «un nombre importante del PP» como Díaz de Mera.

Candidatos de una sola palabra

Candidatos de una sola palabra

Los 'populares' apuestan por un eslogan breve y subliminal contra Zapatero para la campaña de las 'primarias' del 27 de mayo, y deciden romper con el histórico color azul

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- El PP dio fe ayer de que el merchandising de las elecciones democráticas, con el tiempo, no sólo ha llevado a los partidos a igualarse, sino incluso a intercambiarse sus señas de identidad.

A medida que el PSOE ha ido adoptando tonos más azulados en su antigua escenografía rojiza, el PP se ha deslizado progresivamente hacia los colores chillones y bermejos. Nada más pasar a la oposición, durante las elecciones europeas de junio de 2004, a los populares se les ocurrió resucitar el naranja de la UCD y combinarlo, a modo de travesura, con el azul tradicional y sociológico del centroderecha.

Pero ayer dieron un paso más. Por obra y gracia de un equipo de publicidad y previo aporte de talonario -el presupuesto de la campaña supera los 25 millones de euros-, dieron una patada simbólica a la antigua imagen corporativa para apostar por una cartelería monocolor: el naranja.

Una única tonalidad y un lema de una sola palabra: Confianza, cuyas nueve letras fueron ayer ceremoniosamente descubiertas en la sede del PP por el director de campaña, Pío García-Escudero, y los dos secretarios ejecutivos de Organización y de Comunicación, Sebastián González y Gabriel Elorriaga, respectivamente.

Con ambos elementos -el color y el eslogan- y pese a su parecido, el PP no persigue identificarse con la imagen de un chiringuito de la banca privada, sino llevar a todas sus candidaturas una «idea-fuerza» que contraponer a la España de Rodríguez Zapatero.

Y es que, tal y como explicó ayer García-Escudero, frente al «alejamiento» y la «desconfianza» que genera el actual Gobierno, el PP quiere transmitir «firmeza, determinación, convicción, certeza, tranquilidad, empuje, seguridad y esperanza».

Si en 1999 y en 2003 el PP hizo unos eslóganes continuistas -Sigamos mejorando; Por las personas, por ti-, en 2007 ha apostado por un mensaje de oposición más o menos subliminal. No es ya ningún secreto que Rajoy quiere dar a las primeras elecciones de carácter nacional tras la derrota de 2004 un carácter de primarias y preparatorias de las generales. De ahí que, pese a la multiplicidad de «problemas reales» que contendrá su discurso de campaña en toda España, y de las «soluciones» que -a diferencia del PSOE- recogerá de un único programa marco, el PP atacará por el flanco, a su juicio, más débil del adversario: el nacional.

Con nosotros, ustedes saben a qué atenerse, vienen a decir con su eslogan los populares, quienes sólo en segundo lugar desafían con este mensaje de «confianza» la propaganda socialista sobre las pretendidas mentiras del PP.

EL EBRO INUNDA 5.000 HECTAREAS.

EL EBRO INUNDA 5.000 HECTAREAS.

La crecida del Ebro, que ayer alcanzó un caudal de 2.362 metros cúbicos por segundo y una altura de 6,93 metros, ha inundado zonas deportivas, bajos, garajes y casi 5.000 hectáreas de cultivo en los pueblos de Zaragoza por los que ha pasado. Muchos vecinos estuvieron toda la noche reforzando diques y defensas, informa

La Audiencia Nacional rechaza la petición de E.ON y se niega a paralizar la OPA de Enel

La Audiencia Nacional rechaza la petición de E.ON y se niega a paralizar la OPA de Enel

Acciona y el grupo italiano presionan para que la Justicia anule la decisión de la CNMV y autorice cuanto antes la oferta El consejo de la eléctrica desmiente cualquier «conexión» con Bernotat

MADRID.- La Sala Sexta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó ayer rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por E.ON para paralizar la OPA sobre Endesa anunciada por Enel y Acciona. Los jueces estiman que no ha lugar a adoptar medidas de especial urgencia, puesto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha establecido que las dos empresas no pueden formular su oferta antes de seis meses.

La Audiencia Nacional no ha entrado aún en el fondo de la cuestión planteada por E.ON. La empresa germana impugnó en su demanda las resoluciones de la CNMV, que permiten a Enel y Acciona lanzar su OPA dentro de medio año. La eléctrica alega que «tal prohibición no debe estar limitada en el tiempo», puesto que la actuación de las dos compañías ha sido «considerada ilegal» por el supervisor bursátil, según informa Europa Press.

Confirmada su negativa sobre la petición de E.ON, ahora falta saber si la Audiencia Nacional hará suya la de Enel. La compañía italiana también ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas. Con ellas persigue que los jueces suspendan la decisión de la CNMV de aplazar seis meses la OPA. La eléctrica solicita que, en caso de que el tribunal no dicte medidas cautelarísimas, se adopten medidas cautelares, con el mismo objetivo de suspender el acuerdo de la CNMV, aunque este procedimiento requeriría dar audiencia a las partes implicadas.

Al igual que Enel, Acciona también presentó ayer otro recurso en la Audiencia Nacional, con idéntico fin: lograr que la CNMV dé marcha atrás, para presentar cuanto antes su oferta por Endesa. Según confirmaron a Efe fuentes de Acciona, el recurso ha sido formulado en «idénticos términos» al presentado hoy por la eléctrica italiana. El texto se basa en que la decisión de la CNMV no se ajusta a la Ley de OPA, que obliga a lanzar una oferta siempre que se supere, de manera individual o concertada, el 25% del capital del grupo. Tanto Acciona como Enel justifican asimismo su solicitud en «la necesidad de que la Audiencia Nacional resuelva este asunto con la mayor rapidez posible porque es previsible que E.ON no consiga el 50% del capital de Endesa», condición a la que está sujeta la OPA conjunta.

Por otro lado, el consejo de administración de Endesa subrayó ayer que ni la sociedad ni ninguno de los miembros del máximo órgano de la eléctrica, entre los que figura Caja Madrid, mantiene un acuerdo «en conexión» o en relación con E.ON. Según informó la compañía a la CNMV, «no existe acuerdo alguno entre la sociedad y el oferente en relación con la oferta, con la excepción del acuerdo de confidencialidad firmado en enero de 2006».

Editorial: LOS PARTIDOS CATALANES DAN LA ESPALDA A LOS CIUDADANOS

EDITORIALES DEL DÍA
LOS PARTIDOS CATALANES DAN LA ESPALDA A LOS CIUDADANOS


Como era previsible desde el comienzo del debate, todo quedó en nada y el Parlamento catalán rechazó ayer por amplia mayoría la propuesta de ERC que abogaba por el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña si el Tribunal Constitucional invalida artículos importantes del Estatuto aprobado en junio.

Por decirlo con una metáfora, hemos asistido estos días a un debate preventivo en el que las dos formaciones nacionalistas, CiU y ERC, han hecho un verdadero ejercicio de anticipación al discutir las consecuencias de una decisión que, como muy pronto, será adoptada por el Constitucional a finales de año.

CiU y ERC han rivalizado en demostraciones de nacionalismo, que al final se han quedado en pura retórica porque los líderes de ambos partidos sabían de antemano que sus mociones no podían prosperar. Joan Ridao, portavoz de ERC, enmarcó su propuesta como una especie de «plan B» ante un eventual recorte del Estatuto, un planteamiento que contaba con el rechazo de Montilla y el PSC, su principal socio de Gobierno.

Artur Mas, líder de CiU, jugó a desbordar a ERC y presentó a última hora una enmienda para celebrar un referéndum sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña, que tuvo que retirar al no tener ningún apoyo, mientras que la de la formación de Carod-Rovira -muy similar- era rechazada en votación.

Montilla ha sido el gran perdedor de este debate en el que se ha podido visualizar la falta de cohesión del Gobierno y la deslealtad de ERC, dispuesta a cambiar de alianza si CiU aceptaba sus condiciones.

La estrategia oportunista de los socios de Montilla ha servido para poner en evidencia la tremenda fragilidad de este nuevo Gobierno, que es más fruto de la aritmética parlamentaria que de un proyecto político que brilla por su ausencia.

ERC ha querido demostrar al presidente de la Generalitat que su lealtad no es incondicional, que tendrá que pagar un precio político si quiere evitar una ruptura tras las próximas elecciones municipales. Y si sus amenazas se han quedado en un simple amago ha sido porque el propio Carod-Rovira ha apaciguado al ala más radical de su partido y ha dado garantías a Montilla de que ERC seguirá apoyando al Gobierno.

Artur Mas acusó de «irracionalidad absoluta» a ERC por intentar hacer un cambalache con el derecho de autodeterminación. No le falta razón, pero su partido también se quiso subir al mismo carro para no dar la impresión de que su nacionalismo era menos entusiasta que el de sus adversarios.

Si el debate de estos días ha servido para algo, es para poner en evidencia la frivolidad de la clase dirigente catalana, cada vez más obsesionada por la cuestión de las señas de identidad. Ello agudiza el distanciamiento de unos ciudadanos que expresan unas inquietudes que nada tienen que ver con la agenda política que marcan los principales partidos, enquistados en sus luchas en clave de poder.

Sólo PP y Ciutadans respetarán el fallo del TC sobre el 'Estatut'

Sólo PP y Ciutadans respetarán el fallo del TC sobre el 'Estatut'

El resto de los grupos vota en contra de una propuesta 'popular' pidiendo acatar la sentencia

LEONOR MAYOR

BARCELONA.- El Estatut no ha dejado de ser la estrella en torno a la que gira la política catalana, a pesar de que hace ya casi un año que se aprobó en referéndum. La discusión se centra ahora en una eventualidad: la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) interprete el texto a la baja y lo recorte cuando dicte sentencia en el recurso que el PP interpuso contra el texto.

La preocupación de CiU y ERC sobre este asunto es constante, sobre todo desde que leyeron las alegaciones que presentó el abogado del Estado, pues consideran que en este documento ya se adelanta que el TC meterá tijera e interpretará el Estatut de forma restrictiva.

Por eso, los diversos partidos han elucubrado durante los últimos días sobre cuál será la «salida» en el caso de que esa sentencia negativa llegue a materializarse. Unas elucubraciones que han sorprendido al PP, que no entiende cómo unas fuerzas políticas democráticas pueden llegar a plantearse la posibilidad de no acatar un fallo de la alta instancia judicial, según indican fuentes del partido que preside Josep Piqué.

Por eso, el PP catalán aprovechó ayer la celebración del Pleno extraordinario sobre el despliegue del Estatut para presentar una resolución en la que recuerda que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que «las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad tendrán valor de cosa juzgada y vincularán a todos los poderes públicos».

El PP solicitó al resto de los grupos que manifestasen «su profundo respeto hacia la decisión que en su momento adopte el Tribunal Constitucional en relación a sus recursos [del Estatut]» y expresaran «de forma unánime que acatarán el contenido de las sentencias que pronuncie sobre los artículos impugnados de la reforma».

La propuesta popular cayó en saco roto. Sólo los 14 diputados del grupo de Piqué y los tres de Ciutadans votaron a favor de la resolución. Los parlamentarios de CiU, Esquerra, PSC e ICV-EUiA la rechazaron. Estos cuatro partidos no están dispuestos a aceptar que los jueces vuelvan a recortar un texto que ya fue rebajado durante la negociación en las Cortes y que se parece muy poco al que se aprobó en el Parlament el 30 de septiembre de 2005, de contenido mucho más soberanista.

Lo que ya no está tan claro es cuáles van a ser las medidas que propongan los diferentes partidos si, al final, la sentencia del Constitucional va en contra de sus intereses. El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha evitado siempre hablar de la cuestión, pues no quiere ponerse el parche antes de hacerse la herida. Sin embargo, en una reciente conferencia pronunciada con motivo de los 100 días de Govern, el presidente Montilla insinuó que la Generalitat podría pedir una reforma de la Constitución para después dar cabida en ella a su Estatut.

Carod también parecía partidario de esta medida pero ahora su partido ha abierto el debate sobre la posibilidad de someter la independencia de Cataluña a referéndum al dar por agotada la «vía autonomista».

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LA PROPUESTA DEL PPC

«El artículo 38.1 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (...) establece que las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad tendrán valor se cosa juzgada, vincularan a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. En términos análogos se pronuncia el artículo 87 del mismo texto legal cuando dispone que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de aquello que el Constitucional resuelva. (...) el Parlamento de Catalunya manifiesta su profundo respecto hacia la decisión que en su momento adopte el Constitucional en relación a sus recursos y expresa de forma unánime que acatará el contenido de las sentencias que pronuncie sobre los artículos impugnados de la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya».

Rafael Vera: «A lo mejor les pagué con lo mismo que utilizaba para pagar a algunos fiscales». ...

Vera «no recuerda» si dio a Amedo y Domínguez 260 millones de pesetas de los fondos reservados

«A lo mejor les pagué con lo mismo que utilizaba para pagar a algunos fiscales», afirma en el juicio

MARIA PERAL

MADRID.- Rafael Vera dijo ayer ante la Audiencia de Madrid que «no recuerda» si ordenó entregar alrededor de 260 millones de pesetas, como mínimo, a las esposas de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez entre 1988 y 1994, época en la que él era secretario de Estado para la Seguridad y controlaba los fondos reservados de Interior.

Vera, que hace sólo 20 días presentó su primer libro de memorias junto al ex presidente Felipe González, se refugió insistentemente en el «no me acuerdo» durante la segunda sesión del juicio que se sigue contra él y tres de sus antiguos subordinados por los presuntos pagos realizados a Amedo y Domínguez para comprar su silencio en relación a los crímenes de los GAL, en los que el propio Vera estaba implicado.

La Sección Penal 26 de la Audiencia madrileña reinició ayer la vista oral después de aplazar a la sentencia la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes.

El Tribunal también acordó que Amedo, Domínguez y sus respectivas esposas, presentes en el juicio en como responsables civiles, declaren no como testigos sino con las garantías inherentes a la condición de acusados (es decir, sin la obligación de decir la verdad), aunque a ellos no se les exijan responsabilidades penales sino exclusivamente la devolución del dinero presuntamente recibido.

Interrogado por el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol, Vera admitió que, tras ingresar Domínguez y Amedo en prisión, recibió a sus esposas, Alicia Sánchez y Angeles Acedo, en su despacho («no tenía ninguna razón para esconderme»).

- Ellas han hablado conmigo como muchas viudas de policías y guardias civiles asesinados por ETA.

- ¿Ha hablado usted con muchas esposas de funcionarios de Interior presos?, preguntó el fiscal.

- Amedo y Domínguez fueron víctimas también de la lucha antiterrorista.

- ¿Puede decir algún nombre de viudas a las que recibiera?, insistió Rodríguez Sol.

- Han pasado muchos años y la memoria me falla.

Cuando se le mostraron los justificantes de unas 40 visitas a Interior que constan en la causa (documentos entregados en su día por Acedo y Sánchez al juez Garzón), Vera señaló que «me parecen pocas visitas».

Según manifestó, quiso «atender» a ambas mujeres «por razones humanitarias» y «por la tragedia que estaban sufriendo». «Las responsabilidades no son sólo políticas, sino que uno tiene su responsabilidad moral», precisó a la abogada de la acusación particular Begoña Lalana.

La atención «humanitaria» a las mujeres de Amedo y Domínguez terminó -al igual que los presuntos pagos- cuando Vera cesó en Interior. El ex secretario de Estado reconoció que a partir de enero de 1994 «no hubo más entrevistas».

Vera dijo que, «aunque no recuerdo exactamente», «supongo» que las dos mujeres le pidieron ayuda económica. «Y si era por razones de salud, seguramente yo lo haría».

- ¿Y eso lo pagó usted de su patrimonio o con fondos del Ministerio?, inquirió el fiscal.

- Pues no lo sé. A lo mejor con los mismos que utilizaba para pagar a algunos fiscales, contestó.

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El (sencillo) misterio de los tres maletines

M. P.

El proceso por los presuntos pagos a Amedo y Domínguez es conocido como el caso de los maletines porque, según las acusaciones, Juan de Justo, Aníbal Machín y Félix Hernando utilizaron maletines para trasladar los fondos reservados a Ginebra por orden de Rafael Vera.

Al ex número dos de Interior se le mostró ayer un maletín negro que se encuentra como pieza de convicción en la sala. Astutamente, no lo reconoció. «Tengo dudas... parece más caro que los que comprábamos».

En teoría, en la sala sólo debía haber un maletín: el entregado por las mujeres de Amedo y Domínguez al juez Garzón en 1995. Según declararon entonces, se lo dio Juan de Justo con ocasión del último pago recibido, 25 millones de pesetas, el 4 de febrero de 1991.

Pero, llegado su turno, Javier Lozano, defensor de De Justo, hizo referencia a una providencia dictada por el tribunal el 1 de marzo para dar cuenta de la recepción de dos maletines enviados por la Audiencia Nacional y diferentes del primer maletín. Tres maletines en lugar de uno.

Fuentes del proceso han explicado que los dos maletines mencionados por Lozano proceden del sumario 1/88 de la Audiencia Nacional, el llamado sumario matriz de los GAL, en el que Amedo y Domínguez fueron condenados por los atentados en los bares Batzoki y Consolation.

Cuando la Audiencia de Madrid solicitó el maletín del proceso 17/89 (procedente del sumario matriz y referido, entre otras cuestiones a los pagos a Amedo y Domínguez), la Audiencia Nacional envió los maletines que tenía, los del sumario 1/88.

Pero el maletín que es objeto de acusación no estaba en la Audiencia Nacional. Lo encontró el fiscal Rodríguez Sol en el Supremo, adonde llegó junto al resto de los documentos y objetos relativos al caso Marey, el sumario 17/89, del que en su día el Alto Tribunal separó los pagos a Amedo y Domínguez para que fueran enjuiciados por un tribunal inferior al no afectar a aforados.

El acuerdo CiU-ERC para el referéndum de Independencia estuvo a punto de cerrarse. y habría prosperado, pues CiU y ERC suman mayoría.

Carod evita que ERC apoye una resolución de CiU para hacer un referéndum independentista

Mas promete «tomar medidas» e insinúa que presentará una moción de censura tras la Semana Santa

LEONOR MAYOR

BARCELONA.- Sólo la llamada al orden que Josep Lluís Carod-Rovira hizo a los miembros de su grupo parlamentario impidió ayer que prosperase en el Parlament una iniciativa de CiU para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

El líder de Esquerra apeló ante sus compañeros de filas a la «fidelidad» que su partido debe al presidente de la Generalitat, José Montilla, con quien gobierna en coalición, y puso de esta forma fin a la semana más rocambolesca que ha vivido la política catalana en los últimos años.

La cosa empezó el domingo cuando, en una calçotada, el número tres de ERC, Xavier Vendrell, anunció que su formación estaba dispuesta a romper su alianza con el PSC e ICV-EUiA y formar un nuevo gobierno con CiU que convertiría a su líder, Artur Mas, en el nuevo presidente de la Generalitat. A cambio, los republicanos pedían la celebración de un referéndum independentista.

Las palabras de Vendrell no eran más que una estrategia electoralista a dos meses vista de las municipales, acordada por algunos de sus líderes, con la que los independentistas sólo pretendían desactivar a CiU, que en los últimos tiempos se ha presentado ante la opinión pública como el único partido con verdadera ambición nacionalista, para escarnio de ERC.

En un primer momento, y a sabiendas de que era un farol, nadie se tomó en serio la propuesta, aunque el presidente Montilla pidió «lealtad» a sus socios de Gobierno, ya que el órdago de Esquerra, a pesar de ser una especie de broma, ponía en entredicho la supuesta cohesión del tripartito.

Luego las cosas se fueron empantanando poco a poco y el grano de arena se convirtió en montaña. Artur Mas retó a los independentistas a que llevasen su oferta al Parlament, aprovechando que el miércoles y el jueves se celebraba un Pleno extraordinario sobre el desarrollo del Estatuto.

Montilla intentó de nuevo frenar a los republicanos, pero otra vez cosechó un fracaso. ERC anunció el martes que no daría marcha atrás y que oficializaría su propuesta ante la Cámara con una resolución en la que pedía que «Cataluña ejerza su derecho democrático a decidir la constitución de un Estado propio en el seno de la Unión Europea».

Esto ocurriría en la caso de que el Tribunal Constitucional recorte finalmente el Estatuto al dictar sentencia por el recurso que el Partido Popular interpuso contra el texto.

La resolución de Esquerra Republicana escondía una trampa para CiU, ya que recogía que el acuerdo estatutario que Artur Mas firmó en su día con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «comportó la supresión de los ejes básicos del proyecto aprobado por el Parlament».

O sea, que si Mas firmaba estaba reconociendo su propio error al pactar con el PSOE. Para CiU, esta frase era «un insulto», según indican fuentes de la federación.

A pesar de que había pocas posibilidades de que Mas firmase, el pulso entre Montilla y Esquerra se mantuvo durante todo el miércoles. El presidente intentó que ERC no presentase la resolución en el registro del Parlament. Carod mostró en todo momento su fidelidad al tripartito, pero algunos de sus compañeros de filas eran partidarios de llegar hasta el final y romper con los socialistas.

El miércoles por la noche se impusieron estos últimos y ERC hizo oficial su resolución. CiU empezó a estudiarla esa misma noche. Y ayer por la mañana arrancaron las negociaciones. Los convergentes pidieron que se retirase la frase insultante y redactaron su propia resolución, que también se presentó en el registro parlamentario.

ERC pidió entonces que CiU cambiase el verbo «contemplar» por el verbo «ejercer», según explican fuentes de CiU. Así se hizo y el acuerdo -que hubiera prosperado, pues CiU y ERC suman mayoría- estuvo a punto de cerrarse.

Aunque las fuentes oficiales de Esquerra niegan que se llegase tan lejos, otras fuentes de esta formación explican que hubo división y que buena parte de los 21 parlamentarios del grupo querían firmar la resolución transaccionada. Carod, que durante toda la crisis se ha mantenido fiel a Montilla, logró apaciguar los ánimos en el último momento y evitó que la sangre llegase al río.

CiU retiró finalmente su resolución, pero no va a dejar que las cosas queden como si nada hubiera pasado. En la sesión de control de la tarde, Artur Mas pidió a Montilla que tome medidas y anunció que, si no lo hace, será CiU quien actúe, lo que podría significar, entre otras cosas, que la federación plantee una moción de censura después de Semana Santa.

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LA PROPUESTA DE CIU

«El 'Parlament' de Cataluña:

1.- Ante la posibilidad de que el Constitucional declare nulos algunos artículos del 'Estatut' vigente o, simplemente, declare una interpretación restrictiva, que sería del todo contraria al contenido de las alegaciones de los letrados de la Cámara catalana.

2.- [...] manifiesta la necesidad de contemplar todas las salidas democráticas y pacíficas que puedan satisfacer de la mejor manera las legítimas aspiraciones de autogobierno de Cataluña, incluido el ejercicio efectivo de un referéndum del derecho a la autodeterminación [...], para poder hacer efectivo el derecho democrático a decidir sobre la constitución de un Estado propio en [...] la UE.

3.- Y por estos motivos, insta a la Generalitat a emprender las actuaciones [...] para facilitar y promover el reconocimiento del derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su identidad, establecido en el artículo 4.2 del 'Estatut'».

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LA PROPUESTA DE ERC

«El 'Parlament' de Cataluña constata que: El acuerdo de enero de 2006 en La Moncloa hizo posible la aprobación del 'Estatut' vigente, que comportó la supresión de los ejes básicos del proyecto aprobado por el 'Parlament' de Cataluña, que aun habiendo sido ratificado posteriormente por el pueblo de Cataluña en referéndum, ha permitido hacer una interpretación a la baja y deslegitimadora por parte del abogado del Estado y, posiblemente, del Tribunal Constitucional. Si esta eventualidad negativa se produce, la vía autonomista quedará en un callejón sin salida y, de acuerdo con las reiteradas resoluciones en este sentido de este 'Parlament', el pueblo de Cataluña debe ejercer su derecho democrático a decidir la constitución de un Estado propio en el seno de la Unión Europea».

Crispación entre los grupos parlamentarios catalanes tras la crisis

Crispación entre los grupos parlamentarios tras la crisis

L. M.

BARCELONA.- El Pleno extraordinario sobre el despliegue del Estatut tenía que servir, en principio, para que las fuerzas del tripartito y CiU recuperasen el espíritu que les unió el año pasado cuando se redactaba la nueva norma autonómica y para que fuesen todos a una a Madrid a pedir que el texto se desarrolle de forma rápida y generosa.

El resultado ha sido el contrario. La crispación entre las fuerzas políticas que en su día formaron lo que se llamó el cuatripartito -CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA- es ahora palpable y más intensa que nunca.

Para los socialistas, la situación a la que le ha conducido Esquerra durante estos días, haciendo públicas las discrepancias en el seno del Govern, es una auténtica trastada que costará recomponer. José Montilla se reunió ayer, tras concluir el Pleno, con el número dos de ERC, Joan Puigcercós, previsiblemente para echarle un rapapolvo.

Mientras, en Esquerra -que al final votó su resolución inicial en solitario- están indignados con CiU porque los convergentes airearon las negociaciones que mantuvieron durante el día de ayer para transaccionar sus resoluciones, pues éstas eran, en principio, secretas.

En ICV, que ha logrado mantenerse más o menos al margen, son partidarios de que Cataluña ejerza el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, votaron ayer en contra de la resolución de Esquerra por fidelidad al Govern.

CiU quiere aprovechar para que se visualice la desunión del Govern y ha prometido que tomará medidas que podrían ir desde pedir a Montilla que solicite la confianza del Parlament, hasta proponer una interpelación directa al presidente de la Generalitat en el Pleno, con una moción subsiguiente. Y, mientras, Montilla sacó ayer su carácter por primera vez desde que es presidente y se enojó con Mas: «No vuelva a llamar tripartito al Govern», le espetó.

'Máxima alerta' policial por el temor a nuevos atentados de ETA

CRISIS ANTITERRORISTA / El ministro ha hablado en los últimos días con los partidos y les ha trasladado su opinión pesimista / El consejero vasco asegura que están en «máxima alerta», pero Interior intenta matizarle
'Máxima alerta' policial por el temor a nuevos atentados de ETA

FERNANDO GAREA

MADRID.- La desarticulación de un comando de ETA en Guipúzcoa y el material y la documentación incautados confirman las informaciones pesimistas de las que disponía el Gobierno sobre la posible decisión de ETA de volver a cometer atentados.

Tanto, que el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, aseguró ayer, tras hablar con Alfredo Pérez Rubalcaba, que está en «alerta máxima» por la «muy real hipótesis» de que ETA intenta volver a «actuar».

Fuentes del Ejecutivo aseguran que los etarras detenidos no tenían todavía un listado de objetivos, pero sí estaban en una fase previa de recopilación de datos para futuros atentados. Algunos de los detenidos habían llegado desde Francia en las últimas semanas con órdenes de la dirección de ETA para activar los comandos próximamente.

En los últimos días, el Gobierno daba ya por roto y difícilmente recuperable el llamado proceso de paz y consideraba que ETA preparaba nuevos atentados, tal y como informó este periódico el pasado domingo.

De hecho, el Ejecutivo ha transmitido ya a todos los partidos, incluido el PP, sus temores y su estrategia para afrontar la nueva situación.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hablado en los dos últimos días por teléfono o personalmente, al menos, con el consejero de Interior vasco, Javier Balza, y con los portavoces de Izquierda Unida, PNV y ERC, Gaspar Llamazares, Josu Erkoreka y Agustí Cerdà, respectivamente.

Uno de ellos explicó a este periódico que el ministro del Interior no desprendía precisamente optimismo sobre el futuro y que gran parte de la conversación estuvo dedicada a las listas electorales que presentará Batasuna.

El consejero vasco explicó públicamente, nada más hablar con Alfredo Pérez Rubalcaba, que su Departamento y el Ministerio del Interior están en «alerta máxima» tras la detención el miércoles de ocho presuntos miembros de ETA y ante la hipótesis «muy real» de que la organización terrorista «está intentando reconstruir sus comandos y actuar».

En una rueda de prensa en el Parlamento vasco, el consejero consideró que los resultados de la operación policial hacen pensar que ETA «no está dispuesta a dar muchas oportunidades a un proceso real» de paz o que está actuando «con dos barajas», según informa Efe.

Balza mostró su «absoluta preocupación» por la situación actual y destacó que «hay que trabajar con la hipótesis muy real» de que puedan existir más comandos de la banda terrorista y de que ésta pueda volver a atentar.

Llamazares interpretó el deseo del Gobierno de intentar quitar hierro a la situación y matizó en público que no hay una situación especial de alerta.

En esta línea, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, aseguró en Radio Nacional que no existen datos que indiquen que ETA pudiera cometer un atentado «inminente». Camacho explicó que no hay una alerta especial, puesto que las Fuerzas de Seguridad no han dejado de estarlo nunca.

A todos ellos, no obstante, el Gobierno sí les ha transmitido su convicción pesimista y les ha explicado su estrategia basada en valorar y primar a los sectores de la izquierda abertzale que son muy críticos con la decisión de ETA de poner fin al alto el fuego.

La tesis es que, aunque se cumplan los pronósticos más pesimistas, la organización terrorista habrá perdido gran parte de su apoyo social. Esa posibilidad favorecerá el final de ETA, aunque su actividad se prolongue aún en el tiempo, como ha ocurrido con otros grupos terroristas en otros países antes de su disolución. También les ha transmitido el Gobierno su voluntad, reiterada en público, de impedir que Batasuna esté presente en las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, salvo que condene expresamente el terrorismo, lo que no parece probable.

De hecho, el Ejecutivo ha conseguido el apoyo unánime de todos los partidos a la decisión de no aceptar la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). Incluso, le han respaldado los grupos que no son partidarios de aplicar la Ley de Partidos y cuestionan esta norma desde su aprobación.

El siguiente paso, según el Gobierno, será hacer frente a las centenares de agrupaciones de electores que presentará la izquierda abertzale y sobre las que habrá que recopilar pruebas suficientes para su ilegalización.

Esta actuación resulta especialmente complicada como lo prueba que al Ejecutivo del PP hace cuatro años se le colaran algunas listas.

Si se confirmara la situación de vuelta de la actividad terrorista de ETA, el Gobierno espera que, al menos, el PP levante la presión y evite su lema de que Zapatero ha cedido ante la banda.

En La Moncloa se tiene presente la frase: «Si usted no cumple, ETA le pondrá bombas y si no hay bombas es que habrá cedido», que pronunció Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso por el atentado de la T-4 de Barajas.