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sábado, 3 de marzo de 2007

Miles de personas se concentran ante los ayuntamientos por toda España



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MADRID.- De norte a sur y de este a oeste. Miles de personas se concentraron ayer frente a los ayuntamientos de las principales capitales españolas para expresar su protesta por la decisión del Gobierno de conceder la prisión atenuada a José Ignacio de Juana Chaos. Las movilizaciones fueron convocadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y contaron con el apoyo del Foro Ermua, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y con la presencia de numerosos dirigentes del Partido Popular.

En Madrid, unas 2.000 personas abarrotaron la plaza de la Villa y parte de la calle Mayor para rechazar la atenuación de la pena al etarra, pedir la dimisión del presidente del Gobierno y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas. El acto contó con la presencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la primera teniente de alcalde, Ana Botella.

El sociólogo Amando de Miguel, miembro del patronato de honor de la Fundación Denaes, leyó un manifiesto en el que denunció que «el Gobierno español ha claudicado ante la amenaza de un terrorista y ha rebajado a la democracia española hasta un nivel de indignidad simplemente insoportable».

Tras la lectura del discurso, que concluyó con un Viva España, y al grito de Todos a Ferraz, numerosas personas se encaminaron hacia la sede del PSOE en Madrid, que se encontraba protegida por una batería de policías antidisturbios. Para evitar incidentes, un grupo de ciudadanos formó un cordón humano que separaba a los agentes de los manifestantes. Incluso un voluntario alzó la voz para reclamar que, lo que había comenzado como una rebelión cívica, debía serlo hasta el final como expresión de dignidad ciudadana.

En este punto, unos 300 jóvenes de estética parafascista irrumpieron en el acto y avanzaron hacia la sede socialista, mostrando símbolos y coreando consignas neonazis. Los manifestantes pacíficos se dispersaron entonces para evitar ser confundidos con el grupo violento, al que la Policía mantuvo alejado del edificio de Ferraz.

En Castilla y León, más de 20.000 personas se concentraron ante los ayuntamientos de las capitales de las nueve provincias para expresar su protesta por la nueva situación de De Juana Chaos.

En Sevilla, unas 2.500 personas, según los cálculos de la Policía Local, se congregaron pacíficamente a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla secundando el llamamiento del Foro Ermua.

En Castilla-La Mancha se celebró una concentración de Guadalajara, que reunió a 2.500 personas y donde también se escucharon gritos en contra del Gobierno central, mientras que un millar de personas se concentró en la plaza del Ayuntamiento de Toledo.

En Valencia, cerca de 2.000 personas, según la Policía Local, acudieron a la convocatoria en la plaza del Ayuntamiento. En las tres capitales vascas fueron 1.500 los concentrados, entre vivas a España y gritos contra el Gobierno de Zapatero, mientras que en Barcelona, unas 300 personas se reunieron de forma espontánea en la plaza de Sant Jaume.


Rajoy anuncia la primera manifestación del PP contra una decisión del Gobierno



Rajoy anuncia la primera manifestación del PP contra una decisión del Gobierno

Los 'populares' lanzan una ofensiva contra Zapatero para que explique la prisión atenuada

ANGEL MUNARRIZ / AGUSTIN YANEL

CORDOBA/MADRID.-
Mariano Rajoy, presidente del PP, anunció ayer que convocará «a los españoles» a una manifestación contra la decisión del Gobierno de conceder el régimen de prisión atenuada a José Ignacio de Juana Chaos. «Voy a convocar a los españoles para que expresen, al igual que yo quiero expresarlo en las Cortes, cuál es su opinión sobre este asunto», dijo Rajoy.

«El PP se ha sumado a convocatorias que han hecho otros grupos, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo o el Foro de Ermua. Pero ahora vamos a convocar nosotros porque se ha producido un hecho excepcional: es la primera vez en más de 30 años que un Gobierno cede ante el chantaje y la amenaza terrorista», aclaró el líder de la oposición en Córdoba, adonde acudió para presentar una campaña de Nuevas Generaciones.

Rajoy afirmó que su intención es ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de «que hay que revisar esa situación» porque, dijo, es «cobarde» y «humilla a todos los españoles».

«Esta decisión convierte a un asesino en un héroe para mucha gente en el País Vasco y, sobre todo, enseña un mal camino a todas las personas que forman el conglomerado de ETA y Batasuna», dijo, para a continuación explicar: «Si ceden ahora, si la amenaza y el chantaje son útiles. Si la huelga de hambre es útil para conseguir objetivos, ¿por qué no va a serlo la manifestación, la agresión o, simplemente, el seguir cometiendo actos terroristas?».

El PP ha iniciado una auténtica ofensiva contra el Gobierno. Ayer también solicitó que José Luis Rodríguez Zapatero comparezca con urgencia en el Congreso para informar sobre la excarcelación de De Juana.

La semana próxima no se celebra Pleno, pero en la dirección del PP consideran que el presidente del Gobierno debe comparecer con urgencia. Por eso pidieron que sea convocada una sesión extraordinaria.

El PP también ha presentado otra propuesta, para que sea debatida el día 13 en el Pleno, en la que solicita que el Gobierno anule su decisión de mejorar la situación de De Juana.

En esa misma propuesta, el PP solicita que el Congreso exprese su repulsa «por haberse cedido al chantaje al que ha sometido el etarra De Juana Chaos al Estado de Derecho y que ha visto recompensado con su excarcelación».

Ilegalización

El martes último, en el Pleno del Congreso, el PP pidió al ministro de Justicia que adopte las medidas necesarias para que Batasuna no pueda presentarse con otro nombre a las elecciones municipales y autonómicas, y que inicie los trámites para ilegalizar el Partido Comunista de las Tierras Vascas.

En la dirección del PP y en su Grupo Parlamentario del Congreso saben que estas propuestas también van a ser rechazadas por los demás partidos de la Cámara Baja, pero las presentan porque consideran que están obligados a hacerlo en cumplimiento de su tarea de oposición.

También han solicitado que acudan al Congreso el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que expliquen todo lo referido a De Juana Chaos.

Además, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció ayer que van a pedir al Gobierno la resolución que adoptó la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez -que ha servido para cambiar la situación de De Juana por el voto de calidad del director de ese centro- y los informes médicos a los que se refirió el ministro Pérez Rubalcaba cuando dijo que el etarra corría peligro de muerte.

Una treintena de víctimas denuncia su «soledad» frente al hospital donde se recupera el etarra



Una treintena de víctimas denuncia su «soledad» frente al hospital donde se recupera el etarra

RAMON SANMARTIN

SAN SEBASTIAN.-
«Solos con Dios». Ése es el sentimiento de los miembros del Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), 24 horas después del «día de la infamia, el día en que un Gobierno se rinde ante el terrorismo», señaló José María Múgica, hijo del histórico militante socialista asesinado por ETA Fernando Múgica, en referencia a la decisión del Ejecutivo de aplicar un régimen atenuado de prisión al etarra José Ignacio de Juana Chaos. Según Múgica, el Gobierno se ha derrotado ante el terrorismo y ha rendido la democracia ante ETA.

El hijo de Fernando Múgica realizó estas declaraciones durante un acto convocado ayer por Covite frente a la entrada principal del hospital Donostia, donde, desde el pasado jueves, permanece ingresado De Juana. La concentración contó con la asistencia de una treintena de personas entre las que se encontraban Consuelo Ordóñez, hermana de concejal del PP donostiarra asesinado por ETA Gregorio Ordoñez; la dirigente socialista Rosa Díez, y la viuda y la madre del polícia municipal de Andoain Joseba Pagazaurtundua.

Intervención impactante

La intervención más impactante del acto la ofreció Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagazaurtundua, que reflejó el sentimiento de soledad de las víctimas reunidas frente al hospital Donostia. «No hay derecho, porque aquí se han juntado todos contra nosotros. Todos están juntos y nosotros aquí estamos solos con Dios», a lo que Consuelo Ordóñez añadió: «Pero somos mejores». Ruiz denunció que a las víctimas les han «pisoteado» sus derechos y recordó que a su hijo los terroristas «no le dieron opción de un abogado ni de nada», sino que «lo mataron después de hacerle padecer mucho tiempo».

José María Múgica consideró que «estamos peor que hace un año», ya que, además de las dos víctimas mortales del atentado de ETA en la T-4 de Barajas, «estamos infinitamente más divididos», y la «división del campo democrático es suicida», añadió. Por estos motivos, instó al Gobierno a que cese ya «esta política que nos entrega al chantaje de los terroristas». Además, realizó un llamamiento a la sociedad española para que prosiga «en el combate por nuestra libertad y nuestra democracia, que es, en definiva, el combate por lo mejor de nosotros mismos».

Por último, Consuelo Ordóñez recalcó que los integrantes de Covite van «a seguir» defendiendo el Estado de Derecho pese a que «el que tendría que dar el ejemplo mayor se lo esté cargando», en alusión al presidente del Gobierno.

Cañizares dice que la ley hay que cumplirla




Cañizares dice que la ley hay que cumplirla

El cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, reta al Gobierno a que, «si tanto le importa la vida» como para conceder la prisión atenuada a José Ignacio de Juana Chaos, «que lo demuestre y derogue la ley del aborto, que permite la muerte de 90.000 inocentes cada año».

Como es lógico en un cardenal de la Iglesia, monseñor Cañizares abogó por mostrar «humanidad», pero también recordó que las leyes hay que cumplirlas. Asimismo, señaló que las leyes humanitarias «se refieren a casos de enfermedad grave y, a mi entender, el que se haya producido una autolesión por ayuno, o como queramos llamarle, no significa que haya ahí una enfermedad grave».

Para el purpurado, es «muy doloroso» que se haya llegado a esta situación, en la que se están «confundiendo mucho las cosas», y agregó que la conciencia humanitaria la debe tener, en primer lugar, «quien ha perpetrado tan terribles y gravísimos atentados».

A su juicio, la sociedad «debe reaccionar en defensa de la vida, en defensa de la dignidad del hombre y en defensa, también, del Estado de Derecho». Y, además, debe tener más en cuenta «el sufrimiento de las víctimas» y unirse contra el terrorismo. «La banda terrorista ETA debe desaparecer, entregar las armas y no utilizar el terror», concluyó monseñor Cañizares.

Aznar: «Han mentido. Ceden porque continúan negociando»



Aznar: «Han mentido. Ceden porque continúan negociando»

MURCIA.- José María Aznar considera que en el Gobierno socialista «han mentido», porque tras el atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas dijeron que «habían roto sus tratos y negociaciones y ahora, con la decisión sobre el etarra José Ignacio de Juana, se ve que eso «no es verdad».

«Han mentido. Ceden porque continúan negociando», afirmó anoche el ex presidente del Gobierno durante una conferencia que pronunció ante empresarios en Murcia.

Aznar no acepta el argumento de que la decisión de trasladar a De Juana ha sido adoptada «por razones humanitarias y para no convertirle en un mártir». «La realidad es que le han convertido en un vencedor sobre el Estado de Derecho, sobre la respetabilidad del Estado, sobre la memoria de las víctimas y sobre la dignidad de la nación española», añadió.

Indicó que, antes, los etarras «estaban débiles y escondidos». «Hoy están fuertes y arrogantes. Ésa es la desgraciada historia de los tres últimos años, y tiene sus responsables. A ellos España dirige su profundo sentimiento de indignación», dijo.

Un caldo, visitas sin control y el cuidado de su hermana Altamira



Un caldo, visitas sin control y el cuidado de Altamira

De Juana inicia una dieta líquida en un hospital por el que han pasado varias víctimas de ETA y en el que su única hermana ejerce como supervisora

R. SANMARTIN/ M. IRIARTE

SAN SEBASTIAN / BILBAO.-
Un caldo. Ése ha sido, según su compañera sentimental, Irati Aranzabal, el primer alimento ingerido por el recluso de ETA José Ignacio de Juana Chaos tras haber permanecido 115 días de huelga de hambre voluntaria. Así lo han determinado los médicos que le atienden en el hospital Donostia de San Sebastián, centro en el que ingresó el jueves por su propio pie y donde su única hermana, Altamira de Juana, ejerce como supervisora general.

Según informó ayer Aranzabal junto al portavoz del colectivo de apoyo a presos de ETA, Juan María Olano, y el de Etxerat, Estanis Etxaburu, De Juana fue arropado ayer en su habitación del hospital Donostia por varios de sus allegados sin que los ertzainas -hay dos agentes vestidos de paisano en el pasillo- que custodian el acceso a la misma establecieran límite alguno para las visitas.

En este hospital, por el que han pasado muchas víctimas de atentados de ETA -el periodista Gorka Landáburu, por ejemplo, cree recordar que lo hizo en la misma habitación que hoy ocupa De Juana y que, según explicó ayer, tiene los cristales de las ventanas reforzados para albergar a pacientes que requieren un dispositivo de seguridad especial-, ejerce como supervisora general la única hermana del etarra, Altamira, casada con el hijo de un militar asesinado por la banda terrorista.

En la puerta de Urgencias del hospital Donostia, recordó ayer a El MUNDO Maite Pagazaurtundua -su hermano, Joseba, fue trasladado a este centro hospitalario cuando ETA atentó contra él y falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos- se han citado durante años las víctimas del terrorismo cuando la banda actuaba contra alguna de ellas.

«Y las víctimas sí que no entraban por su propio pie», lamentó, en referencia a la forma en la que De Juana, quien salió del madrileño hospital Doce de Octubre en silla de ruedas, accedió al centro donostiarra.

De Juana pudo recibir ayer la visita de Aranzabal, Etxaburu y Olano, entre otros, y estos ofrecieron posteriormente una rueda de prensa para informar sobre su estado de salud.

Su compañera aseguró que el etarra, tras haber pasado la tarde del jueves «agitada» por los «nervios» de su traslado al País Vasco, había tenido una noche «tranquila». Añadió que, tras realizarle una analítica completa, los médicos habían ordenado la ingesta de caldo para el etarra, que ha permanecido 115 días sin ingerir ningún alimento.

Olano, por su parte, aprovechó su comparecencia para decir que el caso de De Juana Chaos está «resuelto» y que, aunque éste ha perdido toda su masa muscular con sus dos últimas huelgas de hambre, no tienen «ninguna duda» de que se recuperará hasta llevar una vida «absolutamente normal».

Ante el aparente trasiego de visitas que está recibiendo De Juana en su habitación, el PP del País Vasco exigió ayer al consejero de Interior, Javier Balza, que garantice la «ausencia de privilegios» para con el preso de ETA y le recordó, a través de una pregunta parlamentaria, que el hospital «no puede convertirse en una romería de batasunos y la habitación en una bacanal».

Urquijo espera que el titular del Departamento de Interior del Gobierno vasco explique en la Cámara autonómica cuáles son las condiciones en las que se produce la custodia por parte de la Ertzaintza del recluso ahora ingresado en el hospital Donostia, y apostilló que es una «obligación de la Consejería de Interior trasladar las órdenes precisas para que se cumpla la legalidad respecto a las visitas y comunicaciones, y para impedir que los batasunos conviertan el Hospital Donostia en un centro de peregrinaje y un lugar para enaltecer al etarra y a la banda ETA».

Askatasuna dice que pasará página con este asunto porque no quiere «crearle problemas» al Gobierno



Askatasuna dice que pasará página con este asunto porque no quiere «crearle problemas» al Gobierno

RAMON SANMARTIN

SAN SEBASTIAN.-
El colectivo de presos etarras, Askatasuna, anunció ayer su intención de «pasar página» con el caso De Juana para no «crearle dificultades» al Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. El portavoz del colectivo, Juan María Olano, consideró ayer que el Ejecutivo central «ya ha pagado» el «precio político» por dejar en «libertad» al reo, al tiempo que adelantó que Askatasuna se centrará ahora en otros presos. En este sentido, Olano ofreció su «ayuda» al Gobierno para excarcelar a otros reclusos gravemente enfermos.

El portavoz de Askatasuna y del Movimiento Pro Amnistía ofreció ayer una rueda de prensa junto a la compañera sentimental de De Juana, Irati Aranzabal, y otros miembros de Askatasuna y Etxerat. Olano manifestó la felicidad de estos colectivos ante la nueva situación de De Juana y recalcó que, para ellos, «el tema» del reo etarra «se ha resuelto».

De este modo, Olano aseveró que van a «pasar página», puesto que su intención no es «crearle dificultades al Gobierno de Zapatero», ni «pasarle la bandera de la victoria por la cara, ni nada de eso». «Sabemos lo que es la política. Ésta ha sido una decisión complicada probablemente para el Gobierno, pero fue éste el que se creó el problema», señaló.

Asimismo, Olano dijo que ni Askatasuna ni el Movimiento Pro Amnistía van a dar «el abrazo del oso ni ningún argumento a la extrema derecha». El portavoz de ambos colectivos reveló que no tienen interés en «entrar en un debate mediático interesado y manipulado» sobre la situación del preso etarra, y añadió que esto sólo «interesa a la extrema derecha española» en su intención de «desgastar» al Ejecutivo socialista.

El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, aseguró ayer que la concesión de la prisión atenuada al etarra José Ignacio de Juana Chaos, «sin duda alguna, es una buena noticia», y aprovechó la inercia de la medida para pedir la «libertad inmediata» de todos los presos de ETA que padecen enfermedades graves y el reagrupamiento del resto en las prisiones más cercanas a sus lugares de residencia.

Barrena declaró en conferencia de prensa que esta decisión va en la dirección de «reparar la enorme injusticia que en su momento se cometió con Iñaki de Juana Chaos», que fue «un embrollo, un despropósito organizado por el propio Gobierno español y por altos dirigentes del PSOE». Señaló que «la sociedad vasca tiene motivos de sobra para felicitarse», resaltó que lo sucedido es «el logro de toda la ciudadanía que ha luchado, que se ha movilizado para traer a Iñaki a Euskal Herria y ha presionado políticamente hasta que ha conseguido que se ponga en vías de reparación una injusticia manifiesta que es la que se cometió con este preso político», informa Efe.

A partir de ahora, insistió, son necesarias «medidas urgentes» para hacer respetar los «derechos básicos» del resto de los presos, «poniendo fin inmediatamente a la dispersión, a la aplicación de las nuevas doctrinas del Supremo y poniendo fin a la situación injustificable de prolongación de condena que padecen los presos con enfermedades incurables».

La Policía alertó a Garzón en abril de 2003 de la existencia de la célula de 'El Tunecino'



La Policía alertó a Garzón en abril de 2003 de la existencia de la célula de 'El Tunecino'

No detectó «indicios racionales» de que el grupo liderado por Maimouni preparaba un atentado

EL MUNDO

MADRID.-
La Policía alertó en abril de 2003 al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de «la posible existencia de una célula» que estaría liderada por Mustapha Maimouni (encarcelado en Marruecos por su relación con la masacre de Casablanca) y entre cuyos componentes estaba El Tunecino. En una carta enviada a EL MUNDO, el director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, asegura que la policía no actuó contra esta célula antes del 11-M porque no tenía «indicios racionales» de que preparara un atentado. Mesquida envía este escrito para contestar a la información publicada por EL MUNDO el pasado lunes en la que se informaba de que los policías que vigilaban a El Tunecino no entienden por qué no se le detuvo tras conocerse la relación de Maimouni, el presunto líder de la célula, con la masacre de Casablanca.

Mesquida cita datos proporcionados por la Comisaría General de Información y explica que, en octubre de 2002, por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional [cuyo titular es Garzón], «se incoaron D.P. 396/02, en relación con investigaciones sobre miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (G.I.C.M.) y del movimiento Takfir wal Hijra, relacionados ambos con el ciudadano marroquí Amer Azizi, quien se encontraba bajo orden internacional de detención con fines de extradición, en relación con el Sumario 35/01 del Juzgado Central de Instrucción número Cinco», indica.

Según las informaciones recibidas en esta Comisaría General de Información, «miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y del movimiento Takfir wal Hijra serían contactos de Amer Azizi y de Imad Eddine Barakat, Abu Dahdah, así como de los regentes del locutorio sito en la calle Tribulete número 17 de Madrid».

En febrero de 2003 se procedió, previa autorización judicial, a la intervención del teléfono móvil de Abdelaziz Benyaich, miembro de la célula de Abu Dahdah, quien fue detenido en Algeciras el 13 de junio de 2003, «en cumplimiento de una orden internacional de detención con fines de extradición, expedida por las Autoridades marroquíes, por su participación en la célula de Roberts Pierre Richard Antoine en Tánger».

«En el curso de la investigación se establecieron los contactos de Abdelaziz Benyaich con Jamal Zougam, «solicitándose la observación del teléfono móvil de este último, con autorización judicial del J.C.I. número cinco». «En abril del año 2003, se participó» también «al Juzgado Central de Instrucción número Cinco, dado que entiende de las diligencias incoadas anteriormente, la posible existencia de una célula del movimiento Takfir wal Hijra, que estaría liderada por Mustapha Maimouni, y secundada por Driss Chebli y Serhane Ben Abdelmajid Fahket, [El Tunecino] y los hermanos Mohamed Larbi y Hassan Ben Sellam, sin que de las observaciones telefónicas registradas se tenga información alguna que implicara a los mismos en la planificación de acciones terroristas, por cuyo motivo no procedía su detención en ese momento».

Paralelamente, otros miembros de la estructura, Mohamed El Egipcio y Serhane Ben Abdelmajid Fahket, «se encontraban investigados en D.P. 53/02 del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional, sin que hasta ese momento existiesen indicios racionales de que estuvieran preparando la perpetración de un atentado, ni tener suficientes elementos de su integración en banda armada, por lo que no procedía su detención, hasta que no se contasen con elementos suficientes para ponerlos a disposición judicial», añade el relato de Mesquida. «En junio de 2003 se solicita la intervención telefónica del número utilizado por Driss Chebli, quien es detenido ese mismo mes, en el marco del Sumario 35 / 01 del J.C.I. número Cinco».

«Con motivo de la perpetración de los atentados de Casablanca, y la posible implicación de personas investigadas en estos hechos, la Autoridad Judicial dispuso en el mes de julio de 2003 la acumulación de las Diligencias Previas 396 / 02 en el Sumario 09/03». «Serhane El Tunecino, una vez concluidas las Diligencias Previas 53/02, fue investigado por la Brigada Provincial de Información de Madrid, en Diligencias Previas 230/03 del Juzgado Central de Instrucción número Cuatro, sin que tampoco en ellas se encontraran indicios suficientes contra el mismo». «Igualmente en este procedimiento sumario 09/03, el 13 de febrero de 2004 fue concedida la observación del número de teléfono, cuyo usuario era Serhane ben Abdelmajid Fakhet, terminal que nunca tuvo movimiento», añade.

«Hasta la fecha de los atentados de Madrid, continuaban activas las observaciones telefónicas de los números de móvil de Mohamed Larbi ben Sellam y Jamal Zougam, y seguían entregándose a la Autoridad Judicial, en el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes de prórroga de intervención, las traducciones efectuadas. De dichas observaciones telefónicas no se desprendió ningún indicio que permitiera su detención».

Sobre la célula de Mustapha Maymouni, «únicamente a partir de la obtención de declaraciones tras la ejecución en julio de 2004 de una comisión rogatoria en relación con los atentados de Casablanca y tras la declaración del testigo protegido 11.304, se obtuvo la suficiente carga de prueba para solicitar la detención de los miembros restantes, hecho que culminó en el Sumario 06/05 J.C.I. número cinco. Algunos de estos miembros fueron detenidos en el marco del Sumario 20/04 del J.C.I. número seis (atentados del 11-M), quedando en libertad».

«En octubre de 2003 se solicitó la observación en el sumario 09/03 del número de móvil de Mohamed Berzizoui, que según informaciones recibidas en esta C.G.I., era un contacto de miembros del Grupo Islámico Combatiente Libio y presuntamente de Mustapha Maimouni, continuando las informaciones que podría estar implicado en la planificación de un atentado terrorista».

«Esta persona fue sometida a control policial, debido a la posible peligrosidad del mismo, desde el mes de octubre de 2003, hasta el mes de febrero de 2004, cuando salió de España hacia Turquía. Durante este tiempo por parte de la Comisaría General de Información, siguió siendo controlado, así como observada sin demora la intervención telefónica del mismo», asegura el escrito de Mesquida. «Mohamed Berzizoui fue detenido el 27 de abril de 2004 en el aeropuerto de Barcelona dentro del sumario 09/03 y puesto en libertad judicial para finalmente ser expulsado el día 5 de mayo de ese mismo año a Marruecos en cumplimiento de una orden de expulsión en relación con el artículo 54.1.a) de la L.O. 8/2000».

«Tal como consta en las traducciones de las conversaciones en idioma árabe, (remitidas al J.C.I. número Cinco), ningún indicio se detectó en ese momento contra Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, ni contra Mohamed El Egipcio o Jamal Zougam, Mohamed Larbi Ben Sellam y Mohamed Berzizoui, que permitiera proceder a su detención por parte de la Policía, o a solicitar la misma al Juzgado o Fiscalía de la Audiencia Nacional, por presunto delito de integración en organización terrorista».

«Las traducciones de las conversaciones y los requisitos de control de las intervenciones telefónicas, dispuestos en los Autos Judiciales de concesión y prórroga de las mismas, fueron exigidas y cumplimentadas escrupulosamente por el Juzgado y la Policía, respectivamente, tal como consta en las causas correspondientes».

«Dicho control se ejerció como es habitual en el J.C.I. número Cinco y en la Comisaría General de Información mediante la exigencia por el Juzgado de información al mismo, a través de permanentes comparecencias verbales ante el titular del mismo y fiscal encargado de las investigaciones, ejerciéndose de esta manera un control más directo e inmediato de las mismas». «Al no hallarse indicios delictivos suficientes, en los concretos procedimientos en los que se investigaba a diferentes personas, tal como exige la ley, se solicitó la baja de dichas intervenciones por parte de la Policía, siendo concedidas por parte del Juzgado y Fiscalía», finaliza.

Al fiscal jefe le preocupan esos policías listos



Al fiscal jefe le preocupan esos policías listos

VICTOR DE LA SERNA

El juicio ha vivido cuatro sesiones en vez de tres esta semana: el juez Gómez Bermúdez deseaba aparentemente acelerar el final de la crispante fase de las exculpaciones propias y las acusaciones a otros por parte de los procesados, y poder pasar así a oír a los testigos y peritos. Tan deprisa fue todo que ya el jueves por la tarde pudo empezar a declarar el primer policía, José Luis Serrano, que en 2004 era el inspector jefe de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), especializada en terrorismo islamista.

Como ayer resaltaba Federico Jiménez Losantos en la Cope, «el primer testigo policial que apareció ayer ratificó lo que se supo el primer día 11: que hasta las primeras detenciones absolutamente todo apuntaba a ETA y que hasta [la explosión en] Leganés no se abandonó esa pista». Así lo subrayaba un periódico en el que la implicación etarra suele provocar erisipela, como es ABC, que titulaba su información: El 13-M, la Policía aún no tenía la certeza de que era un atentado islamista.

En la retransmisión en directo por La Otra pudimos escuchar al policía recordar la similitud del atentado con los que ETA había intentado muy poco antes del mismo y que habían sido desbaratados. El País, en cambio, retiene algo muy diferente de la declaración del policía: «No se halló ni un solo dato que apuntara a ETA». Su columnista Ernesto Ekaizer encontraba la lección principal de los detalles sobre Mina Conchita y el descontrol de sus explosivos: con Aznar, España era un caos: «Se acusa a Suárez Trashorras de organizar el saqueo, y el juicio oral lo someterá a prueba. Pero Jamal Ahmidan, El Chino, podía haber llegado con ayuda del ex minero y croquis mediocre. El abandono, durante el Gobierno de José María Aznar, pues, ha sido total». Ekaizer lamenta que Aznar y sus ministros no hayan estado presentes. ¿En el banquillo? No, a tanto no se llega: de «visita especial» para ver lo que tan mal hicieron. Como no saber nada de la Mina Conchita.

Al terminar las declaraciones de los imputados, J.L. Castaneda, en La Razón, comenta así el relevo dado a Olga Sánchez nada menos que por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza: «Es extraordinariamente llamativo que el fiscal jefe opte por saltar al ruedo para lidiar contra dos delincuentes comunes, mientras deja en manos de una subalterna el papelón de fajarse a toga descubierta contra los tres supuestos cerebros de Al Qaeda que inspiraron la masacre y, por si no bastara, contra sus tres presuntos autores materiales. El hecho de que Zaragoza reservara su actuación estelar contra la 'trama asturiana' hace pensar que la acusación contra Al Qaeda sea un trámite menor incluso para el fiscal jefe. (...) Sin duda, la 'trama islamista' ha sido desalojada del núcleo del juicio, reconquistado por la 'trama asturiana' y sus conexiones policiales».

El Gobierno desclasifica los informes del CNI sobre Trashorras



El Gobierno desclasifica los informes del CNI sobre Trashorras

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó ayer la desclasificación de los documentos solicitados por la Audiencia Nacional relativos a los atentados del 11-M, que obran en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en concreto sobre el procesado José Emilio Suárez Trashorras.

Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa celebrada en La Moncloa después del Consejo de Ministros, en la que señaló que, una vez analizada la documentación, se ha comprobado que «no existen implicaciones» en la seguridad nacional para su desclasificación.

«Por tanto, el Gobierno ha accedido, dando una vez más muestra de su disposición a que la Justicia actúe con total independencia y con todos los recursos disponibles ante el peor atentado de la Historia de España», dijo.

El tribunal del 11-M pidió el pasado 19 de febrero la desclasificación de los documentos relativos a la entrevista de Trashorras con agentes del CNI el 17 de marzo de 2004. Según explicó el ex minero en su declaración ante el tribunal, en el interrogatorio informó de que Jamal Ahmidan, El Chino, jefe operativo de la célula, le había dicho que los dos etarras de la caravana de la muerte eran «amigos» suyos. Pese a ello, en ninguno de los informes aportados al juez instructor Juan del Olmo se recoge ese dato.

El 'Ostedijk' descarga en Bilbao



El 'Ostedijk' descarga en Bilbao

El mercante holandés Ostedijk (izqda.) comenzó a descargar ayer en el puerto de Bilbao las 6.000 toneladas de fertilizantes que llevaba en su interior. Parte de la mercancía está inservible tras sufrir una combustión espontánea que generó la emisión de gases tóxicos frente a las costas gallegas. La descarga comenzó por la bodega 1, que no está dañada, y su contenido será transportado por carretera a su lugar de destino.

Jauregui (PNV) dimite tras conocerse las irregularidades en su patrimonio



Jauregui (PNV) dimite tras conocerse las irregularidades en su patrimonio

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.-
Jon Jauregui presentó ayer su dimisión como candidato a diputado general de Guipúzcoa ante la Asamblea de su partido del PNV en este territorio, acuciado por las denuncias de irregularidades patrimoniales y fiscales, y sin haber hecho pública su declaración de la renta.

Esta decisión no sólo fue interpretada en ámbitos jeltzales como una «derrota» de Egibar, que se ha visto obligado a dar marcha atrás en su apuesta por su candidato, sino también una «victoria moral» del sector afín a Josu Jon Imaz, después de que el presidente de la Ejecutiva guipuzcoana decidiera prescindir del todavía diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, por su afinidad con el líder jeltzale.

Jauregui anunció esta decisión acompañado por Joseba Egibar, después de un cónclave al que no asistieron ni González de Txabarri ni su equipo en la Diputación guipuzcoana, institución a la que el presidente de la Ejecutiva de esta provincia ha acusado de hacer la filtración.

El ya ex candidato a diputado general explicó que su dimisión obedecía a que no podía continuar como cabeza de lista en esas circunstancias y que, con su renuncia, pretende evitar que las «acusaciones y falsedades» contra él no desvíen la atención de los ciudadanos del proyecto político de su partido.

La dimisión de Jauregui deja ahora abierto el proceso de designación de un nuevo candidato a diputado general que, según anunció Egibar, será Markel Olano, miembro de la Ejecutiva del PNV.

El juez del 'caso Malaya' excluye del sumario las conversaciones de Corulla con Gallardón



El juez del 'caso Malaya' excluye del sumario las conversaciones de Corulla con Gallardón

Sin embargo sí incluye diálogos de índole privada entre la abogada y otros hombres

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA

MARBELLA.-
El juez instructor del caso Malaya, Miguel Angel Torres, decidió excluir del sumario sobre la trama de corrupción municipal marbellí todas las grabaciones de las conversaciones mantenidas entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y Montserrat Corulla, considerada por el propio magistrado como «el principal testaferro» de Juan Antonio Roca. Se trata de la abogada encargada de todas las operaciones urbanísticas e inmobiliarias relacionadas con el blanqueo de capitales que llevó a cabo la organización delictiva en la capital de España.

Según confirmaron a EL MUNDO fuentes judiciales el argumento esgrimido por Torres para no transcribir tales escuchas, así como los SMS que se cruzaron el primer edil y la joven abogada entre los meses de febrero y marzo de 2006 es que carecen de interés jurídico, criterio que es compartido por la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, en el sumario sí aparecen SMS y media docena de conversaciones de índole privada, e incluso sexual, mantenidas entre Corulla y su compañero sentimental, y entre aquélla y otro hombre. Las fuentes citadas explicaron que «esas transcripciones se han colado y no deberían haber sido incluidas».

Es el tomo XXV de la última parte del sumario, cuyo secreto se levantó recientemente, el que recoge en más de 50 folios numerosas conversaciones y SMS cruzados entre Corulla y las siguientes personas: su hermano, de nombre Alberto; su entonces novio y actual esposo, Gonzalo Muñoz, y un tal Ignacio. Asimismo, aparecen breves menciones a otro interlocutor, al que la Policía denomina «Alberto 2». En la práctica totalidad de las ocasiones en las que aparece dicha persona, no se recoge la transcripción literal de lo que dice porque se considera «sin contenido». En otras, las menos, se le llega a situar como «hermano» de Corulla, en transcripciones cuyo contenido parece irrelevante. Todo ello a pesar de que al comienzo de las transcripciones había quedado claro que Alberto 2 era otra persona distinta al hermano de la testaferro.

La figura del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, es claramente identificable y no alberga dudas cuando se hace alusión a él simplemente por Alberto en las conversaciones que mantiene Corulla con sus colaboradores.

En las transcripciones se reiteran las menciones a un almuerzo con el regidor madrileño, a quien la abogada tiene que comentarle determinados asuntos antes de tomar decisiones sobre temas urbanísticos de los que ella se encarga a través de diversas sociedades que administra, y cuya propiedad atribuye el juez a Roca.

Así, el 9 de marzo de 2006, a las 9.30 horas, Corulla mantiene una conversación telefónica con su hermano Alberto. Así lo resume la Policía: «Montse le explica [a su hermano] que primero quiere ver lo que quiere Alberto, cómo lo quieren montar, el planteamiento [...]», en clara alusión al alcalde de Madrid. Montserrat Corulla ha presumido abiertamente ante terceros de su amistad con Alberto Ruiz-Gallardón, así como de almorzar asiduamente con él.

El 19 de febrero de 2006, Montserrat llama a Marta Navarro Valero a las 20.45 horas y le comenta que «el viernes estuvo en el restaurante Jockey, y en la mesa de al lado estaba Ramón Hermosilla, y que se le doblaba el cuello porque es amigo de Alberto», tal y como resume la Policía dicha conversación telefónica.

Ramón Hermosilla es un conocido abogado asentado en Madrid que aparece en numerosas sociedades inmobiliarias.

En otra conversación, mantenida entre Corulla y el empresario Heraclio López Sevilla, alto ejecutivo de la firma NH, la abogada muestra su preocupación ante el hecho de que la Comunidad de Madrid «no va a contar con Alberto», en clara alusión al alcalde de Madrid, a la hora de expropiar el frontón Beti Jai, un emblemático edificio considerado de interés cultural que el entramado inmobiliario de Roca pretendía convertir en hotel.

En el marco de las negociaciones para convertir dicho edificio en hotel, surge la figura del «hermano de Rubalcaba», en alusión al ministro del Interior, quien se ofrece como «mediador» con la Comunidad de Madrid y el Estado. Se trata de Alejandro Pérez Rubalcaba, dedicado a negocios de consultoría, entre otros.

Editorial: DE JUANA: UNA DECISION 'DIFICIL DE ENTENDER' PERO MAS DIFICIL DE EXPLICAR



EDITORIALES DEL DÍA
DE JUANA: UNA DECISION 'DIFICIL DE ENTENDER' PERO MAS DIFICIL DE EXPLICAR

«Todos compartimos el rechazo que conlleva esta decisión». Con esta sorprendente frase resumía ayer la vicepresidenta del Gobierno su intento de explicar la aplicación de la prisión atenuada al etarra De Juana Chaos. ¿Si el Gobierno realmente comparte ese rechazo, por qué ha cedido a las coacciones del preso? Desde que el ministro del Interior anunciara la decisión el pasado jueves, el Gobierno está haciendo lo imposible por aparecer como una víctima de las circunstancias que no ha tenido otra opción. Pero la verdad es que, tanto por razones legales como humanitarias, sí que tenía alternativa.

María Teresa Fernández de la Vega calcaba ayer la expresión de Rubalcaba escudándose en que la medida es «escrupulosamente legal», pero eso es algo que nadie ha puesto en duda. Abundar en si De Juana estaba en la cárcel por unos u otros delitos, o si va a cumplir pena en su domicilio en vez de quedar libre, no logrará oscurecer lo esencial: no el contenido de la cesión, sino el carácter público y explícito de ésta. «Los terroristas nunca van a ganar la partida», afirmaba ayer la vicepresidenta. Es una frase contudente, pero hoy resuena más hueca que nunca ante la evidencia de que el etarra De Juana ya ha ganado, al menos, esta mano.

Para la opinión pública, el Gobierno ha cedido a un chantaje, y los detalles de éste son irrelevantes. La prueba de que el etarra ha conseguido lo que quería es que, apenas pisó el País Vasco, abandonó su huelga de hambre. Para una gran mayoría de los ciudadanos, como ayer reconoció la vicepresidenta, la decisión es «difícil de entender». Pero a juzgar por las intervenciones de los distintos miembros del Gobierno, aún es más difícil explicarla.

Tal y como ocurrió tras el atentado de Barajas, el Ejecutivo de Zapatero parece haber optado por echar una cortina de humo sobre la cuestión cargando todas sus baterías contra el PP. Ayer la vicepresidenta tachaba la actitud de este partido de «verdaderamente obscena» y Rubalcaba calificaba a dos de sus miembros de «hipócritas e indecentes».

Curiosamente, lo que suscitó tan furibunda reacción por parte del ministro fueron unas declaraciones de Acebes en las que señalaba que si el Estado hubiese cedido en 1997, Miguel Angel Blanco «estaría hoy entre nosotros». Siendo comprensible que el paralelismo resulte hiriente para el Gobierno, lo cierto es que su pertinencia es incuestionable. La diferencia fundamental entre ambos casos es incluso más sangrante para Zapatero, que ha cedido sin tener en sus manos la vida de un inocente secuestrado.

En todo caso, eso son palabras y lo que importa ahora son los hechos. La decisión del Gobierno ha provocado un rechazo generalizado en la opinión pública que está, como han demostrado varios socialistas, por encima de adscripciones de partido. Resulta legítimo y, sobre todo, coherente con sus previas posiciones, que el Partido Popular encauce esa indignación ciudadana a través de una manifestación. Aunque deberán ser finalmente las urnas las que diriman el agravio.

Cuando una madre explota a sus hijos



IMPRESIONES
Cuando una madre explota a sus hijos

Un juzgado de Madrid ha retirado la custodia de su hija de nueve años a una madre que la hacía trabajar de actriz. La juez había requisado anteriormente el pasaporte a la niña y había prohibido a la madre que viajara con su hija a Argentina para rodar una película. El fallo judicial otorga la custodia de la niña C.V. y de su hermano menor al padre, que se había separado hace cuatro años. Resulta insólito que la Justicia retire la custodia a una madre, pero en este caso la resolución judicial parece bien fundamentada. En primer lugar, la juez argumenta que la agobiante dedicación de la niña al trabajo de actriz -a veces 12 horas diarias- no era compatible con el disfrute de su ocio. La juez subraya también que la niña había faltado cerca de 40 días en un trimestre como consecuencia de sus compromisos artísticos. Y, por último, manifiesta que la niña y su hermano, que también estaba empezando a hacer algunos papeles, habían expresado su preferencia por vivir con su padre. El progenitor había denunciado que su hija volvió a casa durante tres días consecutivos a las tres de la madrugada tras rodar un corto en Villanueva de la Cañada, en uno de los 70 contratos que la madre ha firmado a lo largo de seis años. Estamos, pues, ante un claro caso de explotación laboral infantil, que reportaba unos ingresos anuales superiores a los 20.000 euros a la madre. El Defensor del Menor y la Comunidad de Madrid han apoyado la demanda del padre, al que finalmente la Justicia ha dado la razón. Los dos hermanos serán los más beneficiados.

Una juez de Madrid retira a una madre la custodia de dos hijos por explotarlos como actores

La niña de 9 años faltó a clase 40 días en sólo un trimestre y su hermano de 7 ya empezaba a trabajar

PEDRO SIMON

MADRID. - Ha crecido la cría a flashazos y a la orden de «grabando»: 70 trabajos en seis años de vida laboral, unos ingresos de 40.000 euros entre 2004 y 2005 y, así va ella, candidata al Goya a la niña más estresada. Con lo que al grito de corten, el Juzgado de Primera Instancia número 66 de Madrid ha decidido apagar los focos y sentenciar a favor del padre, que pedía la guarda y custodia de los niños, en la demanda de divorcio.

Tiene sólo nueve años de edad, pero la niña C. V. ha estado desayunando con un guión entre las manos, cambiando la clase de Matemáticas por una sesión de maquillaje por decisión de mamá y siendo paseada por platós y rodajes robándole imperdonablemente saltos a la comba... Que si teleseries, que si catálogos de ropa, que si filmes, que si cortometrajes. Como no podía ser de otra manera, con unas faltas de asistencia a clase de película: cerca de 40 días de ausencia en el primer trimestre de este curso.

En una resolución pionera, el Juzgado de Primera Instancia número 66 de Madrid ha decidido retirarle a la madre la guarda y custodia de C. V. -la niña actriz- y de L. V. -que ya estaba siendo obligado a hacer sus pinitos a su siete años- y dársela al padre. Porque, viene a decir la juez, es mejor ir a clase y disfrutar del ocio que andar postulándose para los Oscar.

«En la exploración, los niños han manifestado que desean vivir en compañía de su padre, ya que no trabajarían tanto como lo hacen ahora estando con la madre», recoge el fallo. «El equipo psicosocial del Juzgado pone de manifiesto que los menores están cansados del exceso de trabajo artístico, ya que incluso dicha ocupación les impide estar periódicamente con su padre, al cual añoran», asevera. «Además, el informe indica que a los niños les resulta difícil conciliar el aspecto académico, el tiempo de ocio y las visitas paternofiliales con el mundo del espectáculo (...). Resulta más beneficioso para ellos la convivencia con la figura paterna».

Alertada por el padre con papeles en mano, cuando la juez se enteró de cómo estaban creciendo los críos emitió un auto en octubre por el que le pedía a la madre que entregase el pasaporte de la hija, para evitar así el enésimo compromiso: un viaje con la cría a Argentina para rodar en pleno curso. C. V. fue metida en el avión igual. Y mamá spot puso rumbo a hacer las Américas con la niña.

Lo cierto es que últimamente han salido menos contratos, sobre todo porque la Dirección del Trabajo de Madrid estaba alertada y ha denegado el permiso para que los dos menores trabajen. Atrás van a quedar esos días en que el padre tenía que esperar hasta cuatro horas para que le dieran al crío, porque estaba en una sesión. Atrás también esos días en que C. V. llegaba a casa a las cuatro de la madrugada después de grabar un corto en Villanueva de la Cañada.

La vuelta al recreo, a despellejarse las rodillas y a la fila de clase es, en parte, culpa de Carmen Calleja, abogada que lleva 30 años peleando por el bienestar de los menores. Esta vez fue contratada por el padre. «A un niño no se le puede obligar a trabajar. Los dos hijos han hablado libremente y han dicho que no pueden más y que quieren estar con su padre, porque quieren ser como el resto».

A los dos críos los llamó la juez y estuvieron declarando el 12 de diciembre, día de la vista del divorcio -Kramer contra Kramer-, delante de su señoría y del fiscal a solas y por separado. Insistieron en que estaban cansados de tanto neón, en que no querían trabajar más. La imagen más insólita fue ver a L. V., aquel enano de siete años, emperrado en lo suyo como otros se emperran en que les compren cromos: «No, no, si yo lo que quiero es ir al colegio, ir al colegio...».



Kramer contra Kramer

P. S.

«Te quiero, papi». «Te queremos Luis y yo, mua, mua». «Papi, ¿no me quieres?». «Mama 'a castigado' a Luis porque te 'a contado' lo del anuncio que 'a echo' buenas noches papi». En el juicio se han visto pruebas como los mensajes grabados en los teléfonos móviles, un montón de reproches de película y hasta la disección fría de los expertos. Todos los miembros de la familia fueron examinados por el equipo psicosocial del Juzgado. Hubo este informe. «La primera vez que citamos a la madre con sus hijos, ésta no se presentó, porque estaba rodando una película en Argentina»..., comienza el análisis. C. V. y L. V. dicen que «se cansan de trabajar en exceso» y que «no pueden jugar con sus amigos».

Luis contra Luisa. Luis V., el padre, confesaba ayer: «Esta sentencia supone la libertad de mis hijos, porque este tiempo han estado secuestrados». Luisa C., la madre, aseguraba: «Es obvio que, cuando ruedan, han tenido que cortar con las clases alguna vez. Pero no he hecho nada malo».

Más de 100.000 trabajadores protestan contra las reformas laborales del Gobierno socialista portugués



Más de 100.000 trabajadores protestan contra las reformas laborales del Gobierno socialista portugués

LISBOA.- Más de 100.000 trabajadores portugueses desfilaron ayer por las principales avenidas de Lisboa y se concentraron frente al Parlamento para denunciar las políticas del Gobierno socialista y la reforma de la administración pública. La Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP, de tendencia comunista) proclamó que en la movilización participaron más de 150.000 trabajadores y fuentes de la policía admitieron que la cifra era superior a 100.000.

Medios lusos de comunicación destacaron que ésta es «una de las mayores» manifestaciones obreras que se recuerdan en Portugal en los últimos tiempos.

Los manifestantes protestan contra las políticas sociales y laborales del Ejecutivo que encabeza José Sócrates. Los sindicatos denunciaron los planes del Gobierno para reformar la Seguridad Social que, entre otras cosas, significa que para la jubilación se contarán todos los años de trabajo y no los 10 de mejores salarios en los 15 últimos años de contribuciones, como era hasta ahora. Uno de los lemas que coreaban los manifestantes fue «trabajar hasta morir, así no puede ser». Originalmente convocada por los sindicatos del sector público, que se reunieron en la céntrica plaza de Restauradores, a la manifestación se unieron trabajadores de empresas privadas.

Las largas columnas de trabajadores que se dirigieron al Parlamento, procedentes de casi todas las regiones del país, paralizaron todo el tráfico de coches y omnibus en el centro de Lisboa durante más de dos horas. En un mitin frente al Parlamento, el secretario general de la CGTP, Manuel Carvalho da Silva, denunció que el Gobierno no ha cumplido ninguno de sus compromisos electorales y los presupuestos del Estado para 2007 han sido elaborados sin tomar en cuenta el nivel de vida de las personas y el incremento del desempleo.

Según Carvalho da Silva, cada día que pasa «la situación está peor» para los trabajadores lusos, que han perdido poder adquisitivo y los empleos son «precarios». «El costo de vida aumenta cada vez más para las familias de bajo rendimiento, mientras se incrementan los beneficios de las grandes empresas y los bancos», dijo Da Silva.

Endesa, E.On, Enel, Acciona, La Caixa y las fechorías del Gobierno Zapatero



Solbes no ve ningún problema en que Enel sea pública para que ejerza sus poderes en Endesa

.T. DELGADO / C. SEGOVIA

MADRID.-
El consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, tiene un motivo más para pronosticar el éxito de su entrada en Endesa. Ayer se lo dio el vicepresidente económico, tras la reunión del Consejo de Ministros. Pedro Solbes reconoció que la normativa que restringe los poderes de las empresas públicas extranjeras en España «va muy lejos».Y añadió que la medida, elaborada por el PP, debería aplicarse sólo a las compañías que perciben subvenciones de sus respectivos Estados.

El vicepresidente segundo no da importancia a que Endesa, privatizada en la pasada década, vuelva indirectamente a manos públicas, aunque no ya del viejo Instituto Nacional de Industria (INI), sino del Ministerio de Economía de Italia, primer accionista de Enel. Se da la circuntancia de que Solbes culpó recientemente al Gobierno del PP de haber sido «ingenuo» al privatizar Endesa, porque en otros países no se han emprendido los mismos procesos de apertura al capital privado.

Enel no ingresa ayudas públicas, pero cuenta en su capital con el Estado italiano con un 32% del capital. Esta condición la obliga a someterse a la Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999. La normativa limita al 3% los derechos políticos de las empresas foráneas públicas que entren en el sector energético español.

Enel roza el 24,9% del capital de Endesa. Pero para gozar de un poder acorde con su participación accionarial necesita que el Gobierno levante las restricciones. En virtud de las explicaciones de Solbes, no parece que el grupo italiano vaya a tener demasiados problemas para tener plenos derechos políticos en la eléctrica. El ministro de Economía aprovechará la oposición de Bruselas a la normativa impulsada por su antecesor en el cargo, Rodrigo Rato, para justificar el sí a Enel.

Solbes aseguró ayer «tener el alma compartida» con la Comisión Europea respecto al comprometido asunto. El Ejecutivo europeo se opone de lleno a las restricciones, consideradas en Bruselas como una capacidad ilícita de veto.

El vicepresidente económico explicó que la normativa en cuestión ha sido recurrida por la Comisión Europea -incluso ha llevado ya a España ante el Tribunal de Justicia de la UE-. Y recordó que los servicios de Competencia, liderados por Neelie Kroes son partidarios de no discriminar entre empresas públicas y privadas. Solbes repetía así los argumentos esgrimidos el pasado miércoles por el portavoz de Kroes, Jonathan Todd, quien subrayó en Bruselas que las compañías estatales tienen el mismo derecho a hacer este tipo de operaciones que las privadas.

El vicepresidente económico no quiso pronosticar cuál será la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Del organismo presidido por Maite Costa depende otra de las autorizaciones que necesita Enel para materializar sus intenciones. La eléctrica italiana necesita su permiso para incrementar su participación directa hasta el 24,9%. La CNE también debe determinar si la presencia de Enel en Viesgo le impide sentarse en consejo de Endesa y contar con derechos políticos.

Lo cierto es que el organismo con sede en Madrid está barajando excluir a la eléctrica cántabra de la lista de «operadores principales» del sector, lo que allanaría el camino para el grupo italiano. Solbes no mostró ninguna preocupación porque la doble presencia de Enel en Endesa y Viesgo perjudique a los consumidores.

Enel también puede beneficiarse de la posición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), cuya pequeña participación en Endesa resultará vital en la junta de accionistas del próximo día 20. La mayoría de los analistas tienen claro que el holding público, cuya obligación es rentabilizar al máximo la inversión del Estado, debería acudir a la única OPA en vigor y venderle sus acciones a E.ON con 800 millones de euros de plusvalías. Sin embargo, Solbes reiteró ayer que la Sepi tomará una decisión «cuando llegue el momento». Y admitió que la presencia en España de los centros de decisión empresarial es «mejor» para los intereses del país.

El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, discrepó de Solbes. En declaraciones tras presentar el último libro del periodista Carlos Sánchez titulado Los nuevos amos de España, Fidalgo aseguró que le da igual «la opción alemana o la hispano italiana en Endesa». Su opinión es relevante, porque CCOO tiene fuerte presencia, junto al PP, en los órganos de gobierno de Caja Madrid, que tiene un 10% de Endesa. En su opinión, la caja «debe preservar su buena salud» y «elegir la opción que dé la energía más eficiente y barata».

En el mismo acto, el ex secretario de Estado de Economía en el Gobierno del PP, Luis de Guindos, aseguró que «tiene más autoridad moral el que hace una oferta transparente y por el 100% de las acciones» como la de E.ON. Y mostró su preocupación porque en caso de derrota alemana, «el desenlace sea trocear Endesa, lo que no sería bueno».

Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, criticó ayer «la incompetencia» de Clos y aseguró que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría sancionarle si se demuestra que ha intervenido en la irrupción del grupo italiano en Endesa.

El 'broker' de Enel, con La Caixa

Más de tres meses después de anunciar que sacaría a Bolsa su cartera industrial, La Caixa hizo ayer público quiénes serán los bancos de inversión que harán la operación. Y uno de ellos es UBS, el mismo banco de origen suizo, que ha preparado en secreto la entrada de Enel en Endesa y que asesoró a Gas Natural, la gasista controlada por La Caixa, en su OPA hostil sobre la eléctrica española.

El otro banco contratado es Morgan Stanley. Ambos serán los coordinadores globales de un holding valorado en 18.000 millones de euros en el que La Caixa mantendrá la mayoría.

Por su parte, el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, hizo un llamamiento al Gobierno italiano a reconsiderar su oposición a la fusión de Abertis -participada por la caja catalana- y Autostrade.

«Querría que se repensase, que se reconsiderase esta actitud y que todos llegásemos a creer en serio en Europa, y si no creemos en Europa entera, al menos creamos en la Europa mediterránea», afirmó, según Europa Press.

Por otra parte, fuentes de E.ON reconocían ayer por primera vez la existencia de obstáculos que podrían entorpecer su OPA sobre Endesa. «Hoy por hoy se opta por toda la empresa, pero está claro que el escenario ha cambiado». La operación está supeditada, de momento, a la obtención del 50,01% del capital. De lo contrario, no podrá levantar los blindajes estatutarios, que limitan al 10% los derechos políticos.

El PP denunciará a Conti y la Sepi

El Grupo Popular presentará el próximo lunes una denuncia contra Enel y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por presunta concertación y supuesto uso de información privilegiada con motivo de la entrada de la eléctrica italiana en Endesa.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, aseguró ayer a Efe que el Gobierno «ha cometido una serie de irregularidades» en esta operación e instó a la CNMV a «tomar cartas en el asunto». Según el diputado popular, ha existido una acción concertada entre Enel y la Sepi, dos de los principales accionistas de Endesa, lo que obligaría a la compañía italiana a lanzar una OPA sobre el 100% del capital.

Martínez-Pujalte se refirió a las reuniones que el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, mantuvo el 16 de febrero con el ministro de Industria, Joan Clos, y con el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, desveladas por la eléctrica italiana. El Ejecutivo ha reconocido la existencia de esos encuentros, pero ha negado que en ellos se planteara la entrada de Enel en Endesa. El diputado popular dijo que el Gobierno «no está defendiendo los intereses generales, sino intereses particulares» y subrayó que «no tiene sentido» que una empresa pública italiana se haga con una compañía privatizada española.

viernes, 2 de marzo de 2007

EL GOBIERNO PAGA POR PRIMERA VEZ UN PRECIO POLITICO A ETA



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EL GOBIERNO PAGA POR PRIMERA VEZ UN PRECIO POLITICO A ETA

El chantaje a que ha sido sometido este Gobierno por De Juana Chaos quedó escenificado ayer cuando el etarra anunció el final de su huelga de hambre nada más llegar a San Sebastián.

Desde el primer día, el etarra tenía un propósito: ganar un pulso al Estado y lograr la excarcelación mediante la coacción. Ello pone en evidencia la inconsistencia de las explicaciones dadas por el ministro Pérez Rubalcaba, que justificó la decisión del Gobierno de conceder un régimen de prisión atenuada en su domicilio por «razones humanitarias».

El argumento de Rubalcaba cae por su peso porque ha sido De Juana el que ha optado voluntariamente por poner en peligro su vida para torcer la voluntad del Gobierno. Si el etarra hubiera sido víctima de una enfermedad incurable, nadie habría proferido la menor crítica a su excarcelación, como ha sucedido con otros compañeros suyos.

Las «razones humanitarias» que esgrimió Rubalcaba son una cortina de humo para ocultar que se trata de una decisión política del Gobierno, y, muy particularmente, de su presidente, por mucho que el ministro se atribuyera ayer la responsabilidad de la excarcelación. Estamos, pues, ante una de las decisiones más importantes de Zapatero en esta legislatura, sólo comparable por su trascendencia negativa al impulso del catastrófico Estatuto de Cataluña.

Entrando en el análisis y consecuencias de la medida, no hay duda de que se trata de una iniciativa acorde con la estricta legalidad, puesto que el Gobierno tiene un amplio poder discrecional a la hora de modular el régimen penitenciario.

Ello no obsta para calificar de chapucero, falaz e inconsistente el auto del juez de vigilancia, José Luis Castro, que convalidó ayer la excarcelación aprobada formalmente por Instituciones Penitenciarias. El juez justifica el trato de favor al etarra «por estrictas razones sanitarias derivadas de su estado de salud». Pero lo que el artículo 100 del Reglamento Penitenciario que invoca exige es «un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado». ¿Acaso estaba mal atendido en el 12 de Octubre y hay en San Sebastián medios terapéuticos que no existen en Madrid? El Gobierno ha optado por recurrir a un subterfugio legal con la complicidad del juez porque no podía conceder el tercer grado a un terrorista que jamás ha dado muestras de arrepentimiento. Pero si el juez fuera coherente con su tosco argumentario hoy mismo debería revocar su auto, pues es evidente que la vida de De Juana ha dejado de correr peligro alguno.

De Juana -recibido ayer como un héroe tras su glorificación por la izquierda abertzale- ha logrado todos sus objetivos: ha forzado al Gobierno a ceder a su coacción, ha humillado a las víctimas y, además, ha conseguido salir de la cárcel. Otros etarras habrán tomado nota de la facilidad con la que se puede doblegar al Estado.

Varios dirigentes socialistas han recurrido estos días al argumento de que Aznar acercó a decenas de presos de ETA. Es cierto, pero lo hizo libremente. En cambio, no accedió cuando se lo exigió la banda tras secuestrar a Miguel Angel Blanco. Esa es la gran diferencia con lo que ha ocurrido ahora: que Zapatero sí se ha plegado al chantaje a pesar de que no estaba en juego la vida de una tercera persona.

Al margen de la afrenta a las víctimas, la decisión de Zapatero pone en evidencia la dramática debilidad de un Gobierno que no ha sabido resistir el pulso de un preso de ETA. No faltará quien vea hoy esta concesión como parte de una estrategia para reanudar el diálogo con la banda terrorista, que no ha hecho ni el más mínimo gesto tras el coche-bomba de Barajas.

Zapatero quedará marcado por su incapacidad para resistir este chantaje y sufrirá probablemente un alto coste electoral por esta decisión en la que el Gobierno se ha plegado por primera vez de forma evidente a pagar a ETA un precio político para no tener que afrontar la incomodidad de una escalada de la kale borroka en vísperas de las municipales y no ver esfumarse para siempre su mitificado «proceso de paz».

El primer testigo policial acrecienta las dudas sobre el 11-M



IMPRESIONES
El primer testigo policial acrecienta las dudas sobre el 11-M

Completada la declaración de todos los procesados, el juicio del 11-M inició a última hora de ayer una nueva y esclarecedora fase con la aparición en escena del primer testigo: el inspector jefe de la UCIE que se hizo cargo de la investigación de la masacre. Este agente -cuya declaración seguirá el lunes- admitió que la investigación no empezó a orientarse decididamente hacia la pista islámica hasta la tarde del sábado 13 de marzo, a raíz de la aparición del vídeo de reivindicación y de la detención de Zougam, Chaoui y Bekkali, socios del locutorio de la calle de Tribulete. El inspector llegó incluso a decir que no fue hasta los suicidios de Leganés cuando los policías de su unidad se centraron definitivamente en la hipótesis de un atentado islamista. Estos extremos revelan hasta qué punto fueron injustas las manifestaciones que aquel sábado denunciaban que el Gobierno del PP estaba ocultando datos clave sobre la investigación de la masacre. El ministro Acebes comunicó prácticamente en tiempo real todos los datos de los que disponía. No fue lo único que dijo el primer testigo. Corroboró, por ejemplo, lo publicado por EL MUNDO en torno a las pesquisas de Garzón sobre El Tunecino y confirmó que la UCIE estaba al tanto antes del 11-M de los alquileres de la finca de Morata. La declaración dejó además diversos flecos sueltos de los que los letrados deberán tirar cuando les llegue el turno. El más llamativo vuelve a apuntar hacia el explosivo de la masacre. Según el agente que declaró ayer, los investigadores de su unidad no llegaron a Mina Conchita ni por los envoltorios hallados en Leganés ni por el testimonio de Trashorras el 17 de marzo. Fueron los Tedax quienes les dijeron que el explosivo venía de Asturias después de que apareciera la mochila de Vallecas. ¿Qué sabía entonces del rastro de la dinamita la unidad de Sánchez Manzano?

Día 9: Un jefe policial reconoce que Garzón investigó a los islamistas antes del 11-M



Juicio del 11-M / Día 9
Un jefe policial reconoce que Garzón investigó a los islamistas antes del 11-M

Un mando de la UCIE revela que los Tedax dijeron ya el día 12 que el explosivo venía de Mina Conchita


MANUEL MARRACO

MADRID.-
De la identidad de los primeros sospechosos del 11-M los investigadores obtuvieron dos datos: que apuntaban a un atentado islamista y que el juzgado de Baltasar Garzón ya tenía datos sobre todos ellos. Así lo declaró ayer el primer responsable policial al comparecer como testigo en el juicio que se sigue en la sede de la Casa de Campo.

Ayer concluyó la fase de interrogatorios a los acusados de la masacre con las declaraciones del resto de los miembros de la 'trama asturiana', con lo que se estrecha aún más el círculo sobre el ex minero Trashorras. El lunes proseguirá la intervención ante el tribunal del principal experto policial en los atentados

En el momento de los atentados, J. S.M. era responsable del departamento del Magreb en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), especializada en terrorismo islamista. Ha sido, por tanto, el mejor conocedor de las investigaciones sobre la masacre.

Según explicó al tribunal, las detenciones de Jamal Zougam y sus compañeros de locutorio les condujeron a unas reuniones islamistas y éstas, a su vez, a muchos «viejos conocidos», ya encuadrados en tres investigaciones judiciales diferentes. Eran el grupo de Lavapiés, relacionado con la desarticulación de la célula de Abu Dahdah; el grupo de Madrid o de Maimouni, relacionado con el sumario de Casablanca; y el grupo de El Egipcio, investigado en las diligencias previas 53/02.

La fiscal Olga Sánchez insistió: «¿Esas tres investigaciones que acaba de mencionar con número del juzgado, ¿eran del Juzgado Central número 5 las tres?». «Sí, las tres estaban en el Central 5».

Esas reuniones incluían a miembros de los tres grupos, entre los que destacaba Serhane Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, fallecido en Leganés y supuesto líder ideológico del grupo. Era el mejor el ejemplo de ese control judicial, puesto que estaba siendo seguido en las tres investigaciones judiciales mencionadas y procedía del grupo de Abu Dahdah. «Se nos dice que lleva la voz cantante, que tiene una ascendencia clara sobre el resto...», explicó el inspector jefe.

Varias preguntas de la fiscal Olga Sánchez iban encaminadas a saber cuándo resultó definitiva la pista islamista. Según declaró el inspector jefe, «el primer indicio serio» no llegó hasta las el sábado 13 de marzo por la tarde, con las primeras detenciones en el locutorio de Lavapiés. A partir de entonces, la UCIE se hizo cargo del peso de la investigación. Pese a todo, «aún no había certeza de que se tratase de un atentado de corte islamista».

Aclaró que el 11 de Marzo, pese a la cinta religiosa hallada en la furgoneta -«de uso común»- y la reivindicación islamista en un diario londinense -demasiado genérica-, seguían «abiertas todas las líneas». «No hay nada determinante», dijo.

También declaró que en los primeros compases de la investigación tomó fuerza la pista de ETA. Sobre todo, por unos antecedentes nada remotos: el intento de atentado contra un intercity en Navidad y la caravana de la muerte interceptada dos semana antes. En este apartado del interrogatorio, la fiscal quiso saber cómo fueron los instantes inmediatamente posteriores al atentado en la sede de la UCIE. «Confusión», dijo el inspector jefe. «No había ningún indicio, antecedente, de que podía ocurrir aquello».

Confusión pese a que, según él mismo declaró minutos más tarde, en fechas próximas al atentado habían informado «directamente y por escrito» de que el nivel de alarma «era bastante crítico». La razón fundamental, el mensaje de Osama bin Laden del 18 de octubre de 2003, en el que se alentaba a los musulmanes a atentar en los países que participaban en la Guerra de Irak. Con mención expresa a España. A ello se sumaban tanto los datos que llegaban de la investigación sobre los atentados de Casablanca como los movimientos de las células de Al Qaeda en el norte de Africa y el sur de Europa.

La representante del Ministerio Público quiso saber a quién se informó de ese nivel de alerta. La respuesta fue prudente: «A la superioridad, no sé hasta dónde llegó».

Tampoco la siguiente pregunta fue inocente: «¿Dispusieron de más medios a partir de entonces?». El inspector jefe explicó que sí se aumentó el personal y se prestó más interés a sus investigaciones.

Durante el interrogatorio, el inspector jefe se refirió al relevante papel jugado por los Tedax en los primeros compases de la investigación. Fueron ellos, explicó, los que les informaron de que el explosivo de la mochila desctivada en Vallecas coincidía con el encontrado en la furgoneta aparcada junto a la estación de Alcalá de Henares.

Igualmente, los Tedax le mostraron en su sede la mochila de Vallecas. En este punto, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez -en su única intervención en el interrogatorio- quiso que aclarara si había llegado a verla «antes» de su desactivación en el parque Azorín, la madrugada del día 12. «No», dijo, fue después, en las instalaciones del grupo de desactivación de explosivos.

Fue también la unidad entonces dirigida por Juan Jesús Sánchez Manzano la que les informó que el explosivo encontrado provenía de la empresa minera asturiana Caolines de Merillés, propietaria de Mina Conchita.

La declaración del policía llevó ayer a lo que parecía imposible: que Rafá Zouhier superase sus actuaciones anteriores dentro de la cabina blindada. Tras comprobar que el procesado había llegado a tumbarse en el suelo para intentar verle la cara al inspector jefe, el juez Gómez Bermúdez ordenó que cambiara su asiento por otro desde el que pudiera tenerle vigilado.

El interrogatorio de la Fiscalía proseguirá el próximo lunes, y previsiblemente se extenderá toda la jornada. Según explicó el propio inspector jefe antes de someterse a las preguntas, desde hace dos meses ha abandonado la UCIE para ejercer como analista en la Comisaría General de Información.



LA TRAMA ASTURIANA

RAUL GONZALEZ

«No he facilitado ni Goma 2 ECO, ni dinamita a nadie. Los mineros la cogían de ahí fuera. Cualquiera podía cogerla»

«Cuando sucedió esta tragedia, se empezó a tener más control. Los detonadores se llevaban a los polvorines»

IVAN GRANADOS

«Me preguntó [Trashorras] que si quería transportar explosivos en una bolsa y que no pasaría nada»

«Le dije que no tenía por qué hacer ningún viaje. Emilio dejó de hablarme y me apartó de su lado»

ANTONIO IVAN REIS

«Como no tenía el dinero, el moro me pegó, me quitó el móvil, se rió y me dio un euro para gominolas»

«Estoy fuera de todo esto. Estoy feliz, voy a tener otro hijo, pero si hay que pagarlo, se pagará, qué le voy a hacer»

EMILIO LLANO

«Si hubiera desaparecido una cantidad importante de explosivos, no se hubiera podido trabajar en la mina»

«Cuando se iban los trabajadores, sólo quedaban cuatro perros, unas veces sueltos y otras atados»

SERGIO ALVAREZ

«Nunca he hablado con moros. Soy cristiano»

«Me dijo que tuviera cuidado con la bolsa para que no me la robaran, pero no me dijo que tuviera ningún cuidado especial. Si no, no me hubiera sentado encima»

JAVIER GONZALEZ

«Lo que si sé es que fui a poner una denuncia en la comisaría de Avilés y no me hicieron ni puto caso»

«No le acompañé a la mina. Nunca vigilé y no sabía que se dedicaba a cambiar explosivos por droga»

A FONDO. por Casimiro Garcia-Abadillo: Comienza la segunda fase del 'proceso de paz'



A FONDO
Comienza la segunda fase del 'proceso de paz'
Image Hosted by ImageShack.usCASIMIRO GARCIA-ABADILLO

Justificar la excarcelación de De Juana Chaos atendiendo a «razones humanitarias», como hizo ayer el ministro Rubalcaba, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.


Otros etarras (José Manuel Azkarate, Benjamín Ramos, Esteban Nieto, Fran Franco, Francisco Javier Imaz Martiarena, etcétera) han sido puestos en libertad por motivos de salud por distintos gobiernos sin que nadie cuestionara su legitimidad.

Pero la excarcelación de De Juana es una cuestión política por cuanto el jefe más sanguinario del Comando Madrid ha planteado su huelga de hambre como un reto al Estado de Derecho. La decisión del preso de abandonarla nada más llegar al País Vasco evidencia que el etarra interpreta la decisión del Gobierno como un triunfo de su estrategia. De esa forma lo analiza también el entorno de ETA.

La concesión de la prisión atenuada, asumida personalmente por el ministro del Interior, pero impulsada por el presidente Zapatero, se produce dos meses después del atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas, que costó la vida a dos personas.

Está claro que, tanto las declaraciones de Otegi la semana pasada a La Vanguardia como la excarcelación de De Juana forman parte de un mismo escenario: la reactivación del llamado proceso de paz. Es decir, supone el primer paso para la legalización de Batasuna y el reinicio de los contactos con ETA.

El Gobierno da así la espalda a la petición de la AVT de que el etarra cumpliera íntegra su condena por un delito de amenazas en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo.

Está claro que Zapatero ha preferido asumir el desgaste que va a tener esta decisión entre la gran mayoría de los ciudadanos a renunciar definitivamente a su política de diálogo con ETA. ¿Qué le han ofrecido los terroristas a cambio? La respuesta la conoceremos muy pronto.

El Gobierno, con la excarcelación, ha convertido a De Juana en un héroe para ETA y su entorno político. Su lucha ha conseguido doblegar al Estado de Derecho. No se puede comenzar peor el nuevo proceso de negociación.

La aplicación del artículo 100.2 De Juana no es equiparable a la adoptada con ningún otro preso etarra. Más bien se parece a la que afectó al general Galindo. En la infamia, los extremos se tocan.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es

Por su propio pie y como un héroe



Por su propio pie y como un héroe

RAMON SANMARTIN

SAN SEBASTIAN.-
El etarra Ignacio de Juana Chaos entró ayer por su propio pie en el Hospital Donostia. Después de pasar 115 días en huelga de hambre, el reo fue sorprendentemente capaz de caminar los metros que separaban la entrada de Urgencias del lugar donde estacionó la ambulancia en la que fue trasladado.

No sólo tuvo fuerzas para llegar hasta la camilla sino que, una vez alcanzada la cuarta planta del centro hospitalario, se bajó de ésta y entró igualmente andando en la habitación donde va a permanecer ingresado.

Fuera de la clínica, la llegada de De Juana no estuvo exenta de incidentes, puesto que dos centenares de simpatizantes de la izquierda 'abertzale' le ofrecieron su particular bienvenida. En cuanto la ambulancia que lo transportaba hizo acto de presencia en la zona, un grupo de incontrolados se abalanzó sobre el vehículo y golpeó repetidamente los laterales. La avalancha obligó a los 'ertzainas' que lo custodiaban a salir de sus vehículos para tratar de dispersarlos, al principio, infructuosamente.

La sucesión de carreras frenéticas de unos y otros sembró el caos en las calles que rodean el recinto hospitalario donostiarra, cuyos residentes observaron atónitos desde sus ventanas cuando acontecía a su alrededor. No obstante, los dos cordones policiales emplazados a la entrada de Urgencias impidieron que nadie pudiera entorpecer el acceso del reo al hospital, lo que supuso el fin de los incidentes sin que se llevara a cabo ninguna detención.

El traslado de De Juana al Hospital Donostia había generado una tremenda expectación. El Movimiento Pro Amnistia convocó varios recibimientos al etarra durante el itinerario que suponían iba a realizar, y la clínica donostiarra fue la ubicación escogida para celebrar el último acto.

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