100 PROPUESTAS de mejora de nuestra Constitución, para defender y fortalecer la Democracia

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El fiscal general, elegido por el Congreso

29. El fiscal general del Estado será designado por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno y previo informe motivado y no vinculante del Consejo Fiscal, en el que deberá contar con el respaldo de al menos un tercio de los consejeros electivos. Su nombramiento exigirá el respaldo de las tres quintas partes de la Cámara Baja. Ejercerá un mandato único e improrrogable de seis años.

El nombramiento del fiscal general es una competencia del Consejo de Ministros. Para garantizar su independencia, su nombramiento debería ser ratificado por mayoría cualificada en el Congreso y su mandato ser improrrogable. Estas medidas tendrían que ir acompañadas de una reforma del Estatuto Fiscal, para aumentar la autonomía de los fiscales y los poderes del Consejo, que podría tener derecho a vetar algunos nombramientos cuando una amplia mayoría de sus miembros lo solicitasen. Así se evitarían casos como el de Bermejo (hoy ministro de Justicia) o el de Fungairiño, que fueron promovidos en su día a fiscal jefe del Supremo y a fiscal jefe de la Audiencia Nacional, respectivamente, con todos los votos en contra del Consejo Fiscal.

Nueva composición del Tribunal Constitucional

30. El Tribunal Constitucional elevará de 12 a 15 el número de sus miembros. Cinco serán elegidos por el Congreso por una mayoría de tres quintos, otros cinco serán elegidos por el Senado con la misma mayoría, y los restantes serán elegidos por el CGPJ. Quedarán excluidos los candidatos que no hayan cumplido los 60 años y también aquéllos que hayan ocupado un cargo político en los últimos cinco años.

La ampliación de miembros del TC permitirá repartir y agilizar el trabajo. Al pasar el tribunal a sumar número impar, se evitará el voto de calidad a la hora de deshacer los empates, una situación que comporta un gran desgaste para el presidente. El Gobierno no elegirá representantes (ahora designa a dos) ni tampoco las comunidades autónomas a través del Senado. Los jueces del TC no podrán tener menos de 60 años. Así se garantiza que todos ellos son juristas de prestigio, con una carrera detrás. Queda prohibido elegir magistrado del TC a quien haya ocupado un cargo político en los últimos cinco años para evitar hipotecas. Tampoco podrán ser nombrados para otro cargo político hasta transcurridos al menos tres años desde su salida del Tribunal.

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