ZP concede a Ibarretxe un banco público en truque a que el PNV no censure a la Ministra del caos

UN ACUERDO POLEMICO / Los socialistas vascos renuncian a exigir una ley específica para el proyecto y aseguran que «nunca» se han opuesto «al fondo» de una propuesta de la que sólo han criticado «la forma»
El PSE permite a Ibarretxe crear un Instituto de Finanzas con el argumento de que «no es un banco público»

ELENA P. IRIARTE

VITORIA.- De la noche a la mañana, el PSE ha cambiado radicalmente su postura en torno a la creación del Instituto Vasco de Finanzas, incluido por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe en su proyecto presupuestario para 2008 y contra el que los socialistas presentaron una enmienda de supresión. Y ha aceptado que el tripartito cree este organismo a través de las cuentas. La formación que lidera Patxi López renuncia así a que el instituto se tramite como proyecto de ley al margen de los Presupuestos y asume lo que apenas hace dos semanas consideraba una iniciativa «metida de rondón y por la puerta de atrás» que hacía «muy difícil» la negociación de las cuentas.

Las palabras con las que ayer se refirió a este proyecto el portavoz parlamentario de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, son muy distintas. Así, rechazó que se trate de un banco público cuyo contenido y funciones vayan a exceder las competencias que la Administración vasca tiene atribuidas en el Estatuto de Guernica, y defendió que es una figura que ya existe en otras comunidades autónomas del Estado.

En este sentido, destacó que la creación de un banco de carácter autonómico es «imposible» en el momento actual. «Un banco necesita depósitos y los depósitos están en el Banco Central Europeo, y no pueden retornar», insistió. Por contra, un Instituto de Finanzas es un organismo que «está recogido en el Estatuto». Por ello, abundó Pastor, «no tengo motivos para pensar que pretendan hacer un banco público».

Tras firmar formalmente el pacto presupuestario con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, Pastor trató de eliminar las sospechas generadas por el cambio de actitud de su partido, y negó que se trate de un pago al PNV por sus votos en contra de la moción de reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, debatida en el Congreso el pasado martes, como publicó ayer el diario El Correo. «No existe la menor sombra de vinculación de nuestra postura con la ministra», aseguró sin necesidad de que nadie le preguntara para negar las informaciones que apuntaban a un pacto expreso en este sentido.

El portavoz del PSE argumentó que su partido «nunca» se ha opuesto al «fondo» de un proyecto del que hasta el momento sólo ha criticado la «forma» elegida por el tripartito para su creación, es decir, a través de una disposición adicional al Presupuesto. Aunque acto seguido tuvo que admitir que finalmente será así y que, pese a todo, su partido avalará las cuentas, apuntó que lo hará tras haber introducido determinadas modificaciones en el texto de la citada disposición.

Así, según la nueva redacción, el Gobierno vasco se compromete «a hacer partícipe» al Grupo Parlamentario Socialista de «las decisiones a adoptar» en relación con la puesta en marcha del Instituto y a «recabar su opinión» sobre las líneas básicas del desarrollo reglamentario para la concreción del organismo «con anterioridad a su aprobación».

Por lo que se refiere a la tramitación parlamentaria de la iniciativa como proyecto de ley, que hasta hace unos días era condición inexcusable para aprobar los Presupuestos, se ha quedado en un mero compromiso del Ejecutivo de «dar cuenta» a la Cámara del reglamento que pondrá en marcha el Instituto. El texto ni siquiera concreta el trámite que deberá seguir en el Parlamento la citada normativa, sino que apunta a que se hará a través de «los mecanismos parlamentarios que resulten más oportunos».

Con ambas previsiones el PSE se ha dado por satisfecho y espera de esta forma ser copartícipe del proceso de creación del nuevo ente financiero. En cualquier caso, Pastor aseguró ayer que el acuerdo alcanzado para mantener el proyecto en el Presupuesto «no condiciona» ni compromete la postura final del partido al respecto, que «sólo» respaldará la puesta en marcha definitiva del Instituto si «responde al título competencial que el Gobierno vasco tiene atribuido en el Estatuto», aseveró.

Impulso al tripartito

Por parte del Gobierno vasco, la satisfacción era ayer palpable. Así, la vicelehendakari se congratuló de que el Gobierno vasco vaya a contar el próximo año con un acuerdo que «da empuje e impulso» a sus políticas, y ello sin haber renunciado al que, en primera instancia, era el principal escollo para el acuerdo.

Al igual que Pastor, Idoia Zenarruzabeitia insistió en que el ente previsto «no es un banco público», sino «un Instituto de Finanzas al modo de lo que existe en otras comunidades autónomas», cuyo objeto es «optimizar los propios recursos del Gobierno en diversas materias para afrontar los nuevos tiempos en los que los instrumentos de los mercados financieros se han optimizado».

Junto a las cautelas en torno a la entidad, el PSE resaltó las propuestas que ha introducido en el Presupuesto y que suman 67 millones de euros, apenas un 0,6% de la previsión de gasto del Gobierno de Ibarretxe, que asciende a 9.939 millones de euros. Del total, sólo 40,1 millones se invertirán a lo largo de 2008, en tanto que los 26,9 millones de euros restantes son créditos de compromiso para el trienio 2009-2011.

Entre las partidas propuestas destaca una de un millón de euros para realizar un Jardín de la Memoria, en San Sebastián, en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Por contra, los socialistas no han logrado suprimir de las cuentas la dotación para sufragar los viajes de los familiares de presos, que ascenderá a 218.000 euros.

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LAS REITERADAS CRITICAS DE LOS SOCIALISTAS

«Es una trampa como las que hacía Aznar cuando colaba temas de envergadura en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos».

«La iniciativa debe ser presentada como proyecto de ley, tiene la suficiente enjundia como para ser debatida en el Parlamento vasco».

«Este tipo de partidas metidas de rondón y por la puerta de atrás no facilitan el acercamiento ni propician un escenario de negociación positiva. Así el acuerdo será difícil».

«No parece de recibo que tengamos un proyecto de ley encima de la mesa sobre un Instituto Vasco de Consumo y no haya un proyecto de ley sobre el Instituto de Finanzas».

«Es un contrasentido: se pretende crear el Instituto sin presupuesto ni memoria económica».

La versión catalana, un espejo donde mirarse

DANI CORDERO

BARCELONA.- El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) puede ser el espejo en el que se ha mirado el Gobierno vasco para constituir su propia entidad pública de crédito.

Funciona desde hace más de una década y no siempre ha estado ajeno a la polémica. Se ha convertido en una herramienta de financiación tanto para los objetivos presupuestarios de la Generalitat -recursos para construir colegios, ambulatorios o comisarías- como para empresas con necesidades económicas que finalmente no pudieron devolver el capital adeudado.

De hecho, la primera versión del tripartito catalán tuvo que poner en marcha un profundo plan de saneamiento, que se prolongó durante tres años, para tapar algunos desmanes ocurridos en la etapa previa. El último año de Gobierno de CiU se saldó con la mayor actividad crediticia en un ejercicio dispensada por el instituto, pero esa actividad venía elevando su morosidad desde tiempo atrás. Y, años después, acabaría aflorando: en forma de 70 millones de euros perdidos por los préstamos concedidos sin las mínimas garantías a empresas en crisis como Puigneró, Mitasa, Nuc Textil y Grupo Lauren.

Aquellos préstamos los tuvieron que ejecutar sus avalistas, que no eran otros que las consejerías de Trabajo y Cultura, el propio Ejecutivo autonómico. Posteriormente también se continuarían ofreciendo condiciones para familias empresariales catalanas, como los ex propietarios de Chupa Chups, los Bernat, e incluso se garantizaría la viabilidad del diario en catalán 'Avui', en una alianza inusitada entre el propio ICF, Grupo Planeta y Grupo Godó.

Hoy, la entidad sigue inmersa en ese proyecto, aunque alejado de la gestión, igual que mantiene en propiedad estaciones de esquí de rentabilidad dudosa y se ha convertido en uno de los principales instrumentos de financiación de las películas que se producen en Cataluña.

Eso sí, la estructura organizativa se ha complicado en los últimos tiempos, precisamente con la llegada de Antoni Castells al Departamento de Economía y Finanzas. La división de capital riesgo está en manos de ICF Holding y los equipamientos públicos corren a cargo de ICF Equipaments.

Y, después de aquel máximo marcado en 2003, con 975 millones de euros de inversión, y el freno correspondiente, la entidad ha regresado a una actividad frenética que le ha vuelto a colocar cerca de los 1.000 millones de euros de actividad, con 209 operaciones suscritas en 2006.

Batasuna apoya una consulta sobre el TAV vasco pese a prohibirla un juez

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- No es legal. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbao ha atendido la petición del delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y ha suspendido la celebración de la consulta popular sobre el Tren de Alta Velocidad (TAV) que el Ayuntamiento de Elorrio, gobernado por ANV, había convocado para este domingo.

El alcalde de este municipio vizcaíno, Nicolás Moreno, consideró ayer un «atropello» la suspensión decretada para su consulta y apuntó que «probablemente» este Consistorio acate la resolución judicial. Apenas unos minutos después, sin embargo, la ilegalizada Batasuna, a través de un comunicado, llamó a los vecinos de Elorrio a participar en la consulta y exigió al Gobierno vasco que no utilice a la Ertzaintza para impedir su celebración.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Este verano, el Ayuntamiento de la localidad alavesa de Aramaio, también regido por ANV, convocó una consulta sobre el TAV contra la que Luesma ordenó otro recurso. El juez la prohibió, igual que ha hecho ahora con la de este domingo en Elorrio, pero el Consistorio de Aramaio la celebró igualmente; lo mismo que puede suceder el domingo en Elorrio, a tenor del llamamiento realizado ayer por Batasuna.

Mientras tanto, ayer, una semana después de conocerse que una empresa guipuzcoana se ha desvinculado de la construcción del trazado de la denominada Y vasca por el acoso de la izquierda abertzale, se celebraron manifestaciones ante las sedes de media docena de constructoras vascas en varios puntos de Euskadi.

EL REVES DE LA TRAMA
La democracia no es el todo vale

Por JUSTINO SINOVA

No tengo nada personal contra Magdalena Alvarez. Como todo ser humano, me merece el máximo respeto. Conviene aclarar esto porque la ministra acostumbra a interpretar las opiniones críticas como ataques a su persona. Nada de eso verá aquí, o sea, de ataques personales. Tengo, en cambio, bastante que objetar sobre su proceder político -como muchos que observan algo detenidamente la vida pública española- y sobre la maniobra que ha permitido a su partido salvar la recusación parlamentaria presentada en el Congreso.

A medida que se conoce la historia de pasillos de esa sesión crecen los motivos para la alarma. El Partido Socialista buscó votos para defender a la ministra de Zapatero -cosa que entra en la gestión parlamentaria- ofreciendo por ellos ayudas presupuestarias -lo que no está en su competencia: el pago de votos con el dinero del Estado- y cambios de criterios políticos en otras cuestiones -lo que no entra en la ética política: yo te voto aunque no crea en ello si tú me votas aunque tampoco apruebes lo que yo hago-.

La democracia no es intercambio de votos porque no es una autorización para el todo vale. Eso no lo quiere la voluntad popular. Hay maniobras que un elemental respeto a las reglas del sistema desautoriza. Ortega habló del «absolutismo mayoritario» y Sartori alertó de la «tiranía de las mayorías» para poner en guardia frente al deslizamiento de las democracias hacia la degeneración. La tiranía o el absolutismo se fraguan en el rechazo a toda labor de oposición, que es esencial en el sistema -sin oposición fuerte no hay democracia-, y en el apuntalamiento de la mayoría por cualquier método que sea.

Por lo que sabemos, el Grupo Socialista ofreció a los dos diputados independentistas gallegos del BNG la aceptación de enmiendas suyas a los Presupuestos del Estado por importe de 10 millones de euros. ¿Las habría admitido sin mediar el trueque del voto? Indudablemente, no. El Grupo Socialista ofreció también al PNV, para que sus siete diputados apoyaran a la ministra en trance de reprobación, cambiar de criterio acerca del banco vasco, objetivo en su pretensión independentista al que siempre los socialistas se habían opuesto. Hay quien cifra las contraprestaciones del PSOE, en esa redistribución del dinero de todos los españoles, en más de 64 millones de euros. Y queda por saber, entre otras cosas, qué ofreció -después de comprometerse a no realizar nunca un falsificación tal- a dos tránsfugas para convencerles, a Joaquín Calomarde y a Román Rodríguez, que obtuvieron en las listas del Partido Popular y de Coalición Canaria, respectivamente, el escaño con el que han traicionado a sus electores.

Hay razones para entender que Zapatero no quiera desprenderse de su ministra de Fomento, porque, entre otras cosas, la ministra actúa de pararrayos de asaltos políticos que sin ella se dirigirían directamente al presidente. Zapatero se siente protegido con el escudo de su ministra lenguaraz, que tiene una filosofía política tan peculiar que le lleva a decir que «nadie que vota es un tramposo», como si votar fuera un acto de purificación. Pero no existe justificación alguna para la trampa política. ¿Qué diferencia hay entre la vieja compra de votos por los caciques y el mercadeo con trueques políticos en la oscuridad? Lo peor de todo esto es que la democracia se resiente, y ahí perdemos todos. El mercadeo es una actividad legítima salvo cuando se pagan fraudes -y un fraude es apoyar en el Parlamento lo que no se cree- con dinero que no se tiene o con la renuncia a las convicciones.

El PP llevará la reprobación de Alvarez al Pleno del Senado

Rajoy califica de «espectáculo bochornoso» el acuerdo entre el BNG y el presidente del Gobierno para salvar a la ministra en el Congreso

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- El PP volverá a intentar la reprobación de la ministra de Fomento. Lo hará en el Pleno del 18 diciembre, en el Senado, donde el Grupo dirigido por Pío García-Escudero defenderá la moción parlamentaria que está a punto de registrar al efecto. Antes de que Rajoy celebrara ayer la idea en Orense, a preguntas de un periodista, el portavoz en el Senado había puesto en marcha la iniciativa, que nació días atrás de boca del presidente de los populares catalanes, Daniel Sirera.

Sirera propuso el debate en la Cámara Alta justamente después de que el Parlament de Cataluña votara mayoritariamente a favor de la reprobación. García-Escudero, por su parte, mandó redactar la moción una vez consumada la muy ajustada y polémica votación en el Congreso, en la idea de que, si se repite la misma relación de fuerzas, la reprobación verá finalmente la luz. De ser así, y según fuentes populares, la decisión del Senado no obligaría a Zapatero a cesar a la ministra, pero el «castigo político» al Gobierno sería de alto calado, al cierre de la legislatura.

Entretanto, el presidente del PP aprovechó ayer la oportunidad de arremeter contra Alvarez en la propia Galicia, de donde llegaron los votos -a través del BNG, socio del Gobierno autonómico socialista- para salvar in extremis a la ministra en el Congreso.

Rajoy calificó de «espectáculo bochornoso» el trueque protagonizado por los nacionalistas gallegos al prestarle al presidente del Gobierno el apoyo de sus diputados a cambio de una foto de su líder, Anxo Quintana, en La Moncloa y la promesa de inversiones futuras para Galicia.

A la afirmación de la víspera de Quintana de que ahora «el Bloque quita y pone ministros», le contestó el presidente regional del PP, Alberto Núñez Feijóo: «El Bloque sólo ha puesto a una ministra, la que habló del Plan de Galicia de mierda», dijo, para recordar las declaraciones de Magdalena Alvarez en Galicia cuando se le reclamó la aplicación de los compromisos de inversión en infraestructuras firmados por el Gobierno del PP con la comunidad autónoma tras la crisis del Prestige.

Rajoy aseguró que él no se «liará con radicales», pero se centró en criticar a la ministra. «En un país normal, como Francia, Alemania o Reino Unido, Magdalena Alvarez no podría ser ministra de Fomento por su soberbia, desprecio y maltrato a honorables ciudadanos, lo diga el Parlamento, o no lo diga».

Pujol se manifestará contra la ministra de Fomento, y Nadal lo haría si fuera del PP

DANI CORDERO

BARCELONA.- El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol no tiene por costumbre participar en manifestaciones. Pero el próximo sábado acudirá a la organizada por la plataforma Pel Dret a Decidir (Por el Derecho a Decidir) para protestar por la situación de las infraestructuras en Cataluña y la cesión de su gestión a la Administración autonómica. Pujol argumentó ayer su presencia por una cuestión de «dignidad», al considerar que Cataluña está siendo «maltratada mucho últimamente».

La manifestación tiene asegurada la presencia de dos de los tres partidos que forman el Gobierno catalán, ERC e ICV, además de CiU, que presentará a su dirección en pleno. Pese a la compañía que tiene asegurada Pujol, ayer afirmaba en una entrevista radiofónica: «Si me tuviese que manifestar solo, también iría, porque alguien tiene que decir que Cataluña debe defender su dignidad», afirmó antes de avanzar que intentará que su presencia en la marcha sea «lo más anónima que pueda», rodeado de su familia o sus amigos.

El padre ideológico del nacionalismo catalán moderno lamentó «la cara dura» con la que desde determinados ámbitos se critica a Cataluña e hizo alusión, por ejemplo, al debate de las balanzas fiscales y a la supuesta «insolidaridad» de los catalanes, lo que definió como «desfachatez» y «falta de ética».

Quien no irá a la manifestación, aunque no por ganas, será el conseller de Política Territorial de la Generalitat, el socialista Joaquim Nadal, quien ayer reconoció en TV3 que se pondría al frente de la marcha de protesta del sábado si la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, perteneciera al PP y no al PSOE.

Ante la pregunta de si acudiría a la manifestación del sábado en Barcelona en caso de que la ministra Alvarez fuese del PP, Nadal afirmó: «No lo quiero negar, ya que me tendría que morder la lengua». Eso sí, Nadal aseguró que él, en ningún caso, hubiera pedido la dimisión de un ministro del PP.

Fue Caamaño, y no Fernández Marugán, el que negoció el pacto con el BNG

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El responsable del Grupo Socialista sobre los Presupuestos Generales del Estado, Francisco Fernández Marugán, no firmó ningún documento con el BNG para pactar una partida cercana a los 10 millones de euros para inversiones en Galicia, aunque el acuerdo político existe y fue negociado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.

De hecho, los dos parlamentarios citados anteayer por EL MUNDO en su información se ratifican en que tuvieron en sus manos un documento, que les facilitó el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, donde se contemplaba este incremento presupuestario, y que el dirigente gallego lo esgrimió como argumento para votar con el PSOE en contra de la petición de cese de Magdalena Alvarez.

Ambos diputados dicen dudar ahora si confundieron a Francisco Caamaño con Francisco Fernández Marugán, aunque aseguran que vieron el documento, con la fecha del 27 de noviembre -el día de la votación- y con los incrementos presupuestarios.

Fernández Marugán manifestó a EL MUNDO que no ha estado en ninguna negociación presupuestaria con el BNG y que no ha firmado, ni ha puesto su nombre, en ningún documento.

También desmintió este extremo el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Diego López Garrido. «El documento no existe firmado por el Grupo Socialista. Otra cosa serán las enmiendas del Senado», afirmó.

López Garrido, además, rechazó que el PSOE hubiera pagado un precio por el voto del BNG, «porque lo importante es el resultado de la votación, y mantengo que no ha habido precio político ni de ningún tipo para conseguir los apoyos que tuvimos», afirmó.

El BNG, no obstante, dice en un documento que cambió su voto en la reprobación tras negociar y lograr varios compromisos con el Gobierno que incluyen la entrevista entre Zapatero y Anxo Quintana.