Firmas: Federico Jiménez Losantos, Luis María Anson, David Gistau, Erasmo, Pedro G. Cuartango, Rafael Navarro-Valls

COMENTARIOS LIBERALES
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS
La energía hoy


Algunos lectores me dicen que está bien esto de tomarse a broma el cambio climático, que con dos apariciones zapaterinas más quedará totalmente desprestigiado, pero que cuál es la solución razonable, desde el punto de vista liberal, para que los pobres mejoren sus condiciones de vida sin deteriorar el medio ambiente. Sea.

Partamos de una hipótesis no científica pero más creíble que la climática: evitemos lo que Hayek llamó «la fatal arrogancia» del ingeniero social -socialista- que cree saberlo todo sobre la economía de mercado, el desarrollo tecnológico y cómo crear riqueza desde el Gobierno. Ni siquiera sabios como Caldera pueden tener los millones de datos que llevan a millones de personas a tomar millones de decisiones sobre su economía. Ah, y sobre el comercio justo, el liberalismo no ha superado la doctrina de la Escuela de Salamanca: el precio de las cosas depende de tantas cosas que no hay forma de saberlo. ¡Sólo Dios lo sabe! Los humanos debemos conformarnos con el precio del mercado.

En el mundo actual, la clave del desarrollo material de las personas y las familias (en el de los países, las estadísticas ilustran cuanto confunden) es, más que nunca, la energía. Pero conciliar el desarrollo material de los pobres y la protección del medio ambiente exige una política que respete la libertad de las personas, la economía de mercado y la naturaleza.

No hay economía sin energía, así que deberíamos favorecer el desarrollo de fuentes de energía baratas, abundantes y poco contaminantes. Hacemos al revés: subvencionamos energías dizque alternativas, como la eólica, con un coste brutal y resultados ridículos. Cuesta varias veces más un kilovatio de origen solar o eólico que el de una central nuclear, que es la energía más limpia y más segura, si se utiliza, claro, una tecnología moderna y se cumplen las leyes. Para colmo, kilovatios verdes o negros se juntan, o sea, que ni siquiera hay una distribución alternativa.

¿Cuidar el monte, plantar árboles, desarrollar tecnología nuclear, hacer más rentable el coche eléctrico? ¡Bah! Antiguallas. En España quemamos lignitos y dinero público para que los políticos proclamen que salvan la Tierra, mangoneando el precio de la luz y entorpeciendo así el desarrollo económico. Un caso ejemplar es la quiebra eléctrica de California, porque en EEUU la demagogia es tan corriente como en Europa. Se cuida el medio ambiente, sí, sobre todo comparado con los países socialistas, que desde la URSS son naturicidas.

Pero, por demagogia política e intereses creados, no se ha desarrollado una gran política energética. Y ellos tienen energía, ciencia y tecnología. Nosotros, nada. Pero cerramos nucleares e inauguramos placas solares y molinillos de viento. Una cosa es segura: las energías renovables, o sea, subvencionables, las pagan los pobres, las disfrutan los ricos.

ERASMO
Ché

Foto en este diario. Guevara (1928-1967), habano, boina negra sin la soviética estrella roja, mas la insignia de dos aspados sables de oro, emblema del legendario Séptimo de Caballería del General Custer (en realidad, teniente coronel), las fílmicas remakes de John Ford, la marcha Garryowen, vieja balada (s.XVIII) para cantinas y señoritos bebedores de Limerick (Irlanda). Burlón, acaso explicitó así su anticastrismo.

AL ABORDAJE
DAVID GISTAU
Nobleza obliga

Tita Cervera heredó una fortuna sucia, engrosada por la complicidad de su blasón con el partido nazi y por la explotación en las acerías de los Thyssen de parte de los judíos de Auschwitz, reducidos a la esclavitud mientras conservaran vigor suficiente para ser útiles y postergar así la cámara de gas: unos Schindler sin lista, los Thyssen. De los tiempos anteriores a la guerra en que los industriales alemanes inyectaron vida al Frankenstein del nazismo para que contuviera a los sindicatos comunistas que intentaban importar la revolución, quedó un libro de Fritz Thyssen titulado con más orgullo que vergüenza: Yo financié a Hitler.

Desde luego, de todo esto no tiene culpa Tita Cervera.

Ella tan sólo se unió por amor a ese Heini al que las hazañas con mucho humo de chimenea familiares inspiraron la frase de que el dinero destruye, pero sólo al que no lo tiene. Cuando se tiene suficiente, es posible incluso lavar la imagen de un linaje culpable y rotularlo en neón para convertirlo en atracción turística y pátina cultural para una ciudad como Madrid, sin que nadie se fije demasiado en los esqueletos escondidos en el armario. Pero Tita no es responsable, y por tanto no hay que negarle el derecho a pasearse con pamela por las portadas mundanas, ni a concentrar a su alrededor a las ingrávidas libélulas sociales que la secundan aun en las causas más disparatadas, ni siquiera a tomar como rehén su colección para imponer condiciones urbanísticas que invaden la jurisdicción de los ediles votados por la ciudadanía. Lo hace por la misma razón que alegó Clinton cuando fue preguntado por sus coyundas con la Lewinski: porque puede. Y además sale monísima arrebolada por la indignación.

Sin embargo, a Tita Cervera cabe hacerle una sugerencia. Ya que acaba de descubrir las propiedades euforizantes de la toma de conciencia y que no parece dispuesta a dejar de dar la tabarra, que no se contente con amadrinar asnos, y con encadenarse a árboles, y con levantar alrededor del museo su idealización de un mundo feliz sin bocinazos ni cambio climático. Que empiece por lo que le es más cercano.

En su colección hay un cuadro de Pissarro, Rue Saint-Honoré, que fue cambiado a una familia de judíos alemanes por dos salvoconductos para huir del país, y que por tanto procede del expolio artístico nazi. Un tribunal de California ya ha dictado sentencia para que sea devuelto a su dueño legítimo, Claude Cassirer, un superviviente de los campos que merece más compasión que un plátano del paseo del Prado. Si Tita quiere convencernos de que está comprometida con los seres vivos sean o no asnos, de que está dispuesta a sacrificarse con generosidad, incluso errando la hora del té, con tal de reparar injusticias, ya sabe por dónde puede comenzar.

Devolviendo el cuadro. Noblesse oblige.

CANELA FINA
LUIS MARIA ANSON
Israel presiona a Bush contra Irán

Ni petróleo ni garambainas. Bush atacó a Iraq porque se lo exigió Israel, directamente, y a través del lobby judío en Estados Unidos. Acabo de terminar un soberbio libro escrito por John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt. Se titula El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. Los autores del libro no son unos diletantes. Walt es catedrático de la Universidad de Harvard; Mearsheimer, catedrático de la Universidad de Chicago. Con un arsenal de datos incontrovertibles, ambos autores demuestran que problema petrolífero no había con Iraq. Pero Sadam había conseguido fabricar cohetes de precisión y deseaba ser el rais del mundo árabe. La tentación de dotar a sus misiles de cabezas de destrucción masiva y borrar del mapa a Israel era algo más que una especulación. La gran política consiste en prevenir no en curar, tal vez Zapatero se entere algún día. «O atacas tú o ataco yo», le dijo Sharon a Bush. «Si ataco yo, se incendiará todo el mundo árabe; si lo haces tú, la mayor parte de las naciones islámicas permanecerán en silencio». Bush decidió desenfundar su revólver, equivocándose desde el punto de vista de la opinión pública mundial. Conviene no olvidar que Israel había bombardeado en 1981 las instalaciones nucleares de Sadam Hussein. Ni una broma con la seguridad nacional de Israel. Los judíos destruirán cualquier operación que en el mundo islámico suponga una amenaza militar para ellos.

Ahmadineyad ha anunciado que dispone de misiles con alcance suficiente para bombardear Israel. Su programa atómico se desarrolla además de forma incesante. Mearsheimer y Walt advierten lúcidamente en su impresionante libro: «Es indudable que tanto el lobby israelí en Washington, como Israel, están presionando fuertemente para que Estados Unidos utilice la fuerza militar contra Irán». Bush ganó en vein-te días la guerra de Iraq. No es capaz de vencer a la guerrilla. Si hubiera pacificado a la nación iraquí, la escuadra norteamericana estaría presta a intervenir en Irán, desencadenando un conflicto de consecuencias imprevisibles. El vaquero se resiste esta vez a desenfundar el revólver, aunque seguramente es lo que le pide el cuerpo. Si el lobby israelí no vence la resistencia de Bush, nos encontraremos cualquier día con la poderosa aviación israelí bombardeando las instalaciones militares y nucleares de Irán. El resultado será, en cualquier caso, un incremento del terrorismo a escala mundial financiado por Ahmadineyad. A los ejércitos aliados no se les puede combatir de forma convencional. Son demasiado poderosos. A través del terrorismo, sin embargo, se puede desequilibrar el orden económico, incluso político, de Occidente.

Mearsheimer y Walt han tenido el valor de denunciar la situación. Convengamos que en España, José Luis Sampedro escribió en su libro Los mongoles en Bagdad, en 2003, lo mismo que ahora han demostrado con datos los dos catedráticos norteamericanos: «La motivación profunda de la guerra de Iraq -afirma Sampedro- es la reordenación de toda esa área mundial para dar seguridad al Estado de Israel». «El lobby judío -escribí yo por esas fechas en una canela fina- presionó en Was-hington hasta que el César dio la orden de invadir Iraq». Produce satisfacción que afirmaciones derivadas de la reflexión se confirmen ahora con datos indesmontables por Mearsheimer y Walt.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

TIEMPO RECOBRADO
PEDRO G. CUARTANGO
Apoteosis de la tontería

Ha estado en Madrid estos días, invitado por el PSOE, el profesor estadounidense George Lakoff, un lingüista que fue discípulo de Noam Chomsky y da clases en Berkeley.

Tiene fama de ser un gurú en sociología electoral y es autor de una extensa bibliografía que yo no he leído. Impresionado por este curriculum y por los elogios vertidos por algunos dirigentes del PSOE, me lancé con avidez a estudiar lo que este periódico presentaba como las siete propuestas de Lakoff.

Tengo que confesar, de entrada, que hacía tiempo que no leía un cúmulo de tonterías y obviedades como las que defiende este profesor, presentado como un genio por los medios de comunicación.

Dice Lakoff que «los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo». Naturalmente, percibimos el mundo a través de nuestras categorías mentales. Es difícil pensar una mayor simpleza. Otra de sus recomendaciones -y cito textualmente- apunta a que «hay que cambiar los cerebros si queremos cambiar las mentalidades». Supongo que sí: lo raro sería cambiar los pies.

Subraya luego que «el marco no es como un eslogan que se construye de forma ocasional sino repitiendo todos los días las ideas y valores» que preconiza el partido. Goebbels lo expresó mejor: «una mentira mil veces repetida se convierte en verdad».

Y concluye que «la política no son cosas materiales sino valores» y que «hay que activar la cosmovisión progresista en el conservador». Seguramente Lakoff estará exhausto después de haber llegado a tan original conclusión. Efectivamente, si los que votan al PP asumieran el programa socialista, Zapatero barrería en las próximas elecciones. La importancia de la persuasión ya la conocían los retóricos de la Atenas de Pericles.

Que el PSOE haya tenido que recurrir a los consejos de Lakoff pone en evidencia la crisis intelectual que atraviesa este partido que antaño se distinguía por disponer de excelentes estrategas políticos y electorales. Pero esta crítica se podría hacer extensiva a otras formaciones, que se dejan embaucar con frecuencia por este tipo de personajes que cobran mucho y sólo aportan una fraseología gaseosa que oculta la vaciedad de sus ideas.

Existen hoy en España un buen número de sociedades y profesionales de la sociología electoral que viven de la predicción del futuro. Los partidos, las instituciones y las grandes empresas se gastan fuertes cantidades de dinero en alimentar este aparato que no sirve para nada.

No dispongo de espacio para hacer una relación de los patinazos de estos especialistas, que se han equivocado con sospechosa frecuencia en sus predicciones y que siempre ofrecen convincentes explicaciones de por qué las cosas sucedieron al revés de lo que ellos vaticinaban.

La política es algo tan complejo que resulta imprevisible por los muchos factores que confluyen en las decisiones de los partidos y del electorado. Mejor confiar en el sentido común que en estos adivinos disfrazados de una falsa cientificidad.

TRIBUNA LIBRE

RAFAEL NAVARRO-VALLS

De la memoria a la concordia

Los sobresaltos en la política exterior del Gobierno vienen sucediéndose con una cadencia anómala: retraso operativo en el caso de los españoles retenidos en Chad, desconcierto en la Cumbre Iberoamericana y ahora ante el desafío de Chaves de «congelar» las relaciones con España, cierto papel de comparsa de España en la Unión Europea, falta de previsión sobre la reacción de Marruecos ante la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, descarte a las primeras de cambio del general Sanz Roldán como candidato a la presidencia del Comité Militar de la OTAN, la persistencia de la hostilidad del antes amigo americano, etcétera.

En este contexto, ¿qué pasa con ese aspecto clave de la Política exterior que son las relaciones con la Santa Sede? Los últimos acontecimientos en Roma -beatificaciones y nombramientos de cardenales españoles- parecen apuntar a un deshielo. Para entenderlo, conviene repasar lo acaecido. En España, las relaciones entre el Estado y las iglesias no siempre han sido fáciles. Es natural, ya que entre lo espiritual y lo temporal hay muchas veces una delgada línea roja, y allí donde existen fronteras borrosas suelen darse conflictos.

Sin embargo, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero -por lo menos durante sus tres primeros años- esos conflictos se han multiplicado excesivamente. Con todos mis respetos, me parece que la posición del líder socialista frente a las iglesias (no sólo la católica) ha tenido etapas en que se asemejaba a los utópicos franceses del siglo XIX. Mientras el mundo -incluida Europa- evoluciona hacia posiciones de mayor valoración del hecho religioso, Zapatero parece recorrer un camino hacia atrás. En estos años ha dado la impresión de querer volver a meter a Jonás en el vientre de la ballena. Es decir, relegar sutilmente la religión a las catacumbas sociales. Le ocurrió lo que a Bill Clinton en los primeros meses en la Presidencia. Su inexperiencia le condujo a actuaciones precipitadas de las que en sus memorias se arrepiente. Muchos norteamericanos -confiesa- le achacaron que «era un radical encubierto, al que le habían arrancado su máscara de moderación». Probablemente, en su reciente visita a Zapatero en La Moncloa, Clinton le habrá aconsejado mesura a la vista de su propia experiencia.

Esta actitud de Zapatero ha producido reacciones enérgicas por parte de los católicos españoles. Cuando diversas organizaciones familiares y sociales se lanzaron a la calle en defensa de la familia y de la libertad de educación, era la natural reacción cívica de quienes veían derechos fundamentales amenazados por leyes del Gobierno. Entre los millones de ciudadanos presentes en esas manifestaciones populares se encontraban algunas autoridades eclesiásticas. Nada del otro mundo, si se tiene en cuenta que familia y educación son dos símbolos de la defensa de libertades esenciales que la Iglesia entiende como no negociables. Tampoco puede extrañar que ante leyes como las del matrimonio entre personas del mismo sexo algunos jueces y secretarios de juzgado plantearan objeción de conciencia, negándose a celebrar o asistir a esos matrimonios.

En áreas geográficas muy diversas, las colisiones graves entre conciencia y ley originan legítimas reacciones de resistencia que muchas veces desembocan en objeciones de conciencia, recurso jurídico globalizado y asumido por juristas de todo el espectro jurídico. Esto explica también la eclosión de objeciones de conciencia en padres de familia descontentos con una asignatura obligatoria impuesta por el Gobierno: Educación para la Ciudadanía. Junto a contenidos razonables, el problema de conciencia ha surgido con otros contenidos de esa asignatura contrarios a las convicciones morales de los padres. No hay que rasgarse las vestiduras, si se piensa que dos recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ambas de este año 2007) acaban de dar la razón a demandas de padres objetores contra asignaturas obligatorias impuestas por Noruega y Turquía, contrarias a convicciones filosóficas o religiosas de dichos padres. Es natural que en España se produzcan reacciones similares.

Tales reacciones fueron descritas por la Sociología de uno u otro signo, como «de apertura» a valores esenciales de la dignidad humana. En este sentido, la pasada beatificación de casi medio millar de mártires católicos del siglo XX contribuyó, paradójicamente, más a suavizar tensiones que a acentuarlas. Por parte de la Iglesia católica se advirtió un exquisito cuidado de que los mártires beatificados no fueran utilizados como arma arrojadiza (ya sea ideológica, política o histórica) contra nadie. Por eso Benedicto XVI utilizó las palabras «misericordia, reconciliación y convivencia pacífica» para exhortar a los asistentes a la ceremonia de beatificación. Por su parte, el Gobierno envió una nutrida representación, encabezada por el ministro Moratinos, que llegó a calificar de «histórica» esa beatificación. Efectivamente, es una historia que conecta con la llamada Ley de Memoria Histórica, que acaba de debatirse en el Pleno del Congreso de los Diputados y está en trámite parlamentario en el Senado.

La coincidencia del acto de beatificación en Roma con el inicio del debate aludido fue fortuita. Sin embargo, pudiera ocurrir que esta ley remueva conflictos que los españoles habíamos cerrado en la transición de la dictadura a la democracia. No obstante, la prudencia de algún partido nacionalista, la receptividad del partido en el poder y la flexibilidad del mayor partido de la oposición, han suavizado esas heridas. Inicialmente, en el Proyecto de Ley enviado por el Gobierno socialista a las Cortes, estas lesiones eran más patentes, al no incluir expresamente el reconocimiento de los derechos de quienes habían padecido persecución o violencia por razones religiosas durante la Guerra Civil española.

No obstante, por presión de CiU, el Gobierno accedió a incluir también a los perseguidos por «razones religiosas». Acto de distensión que permitió, por ejemplo, que los mártires que acaban de ser beatificados también puedan tener derecho a obtener «una Declaración de reparación y reconocimiento personal», de la que habla el artículo 2 del Proyecto de Ley. De ahí el clima de entendimiento y cordialidad en que se desarrolló la ceremonia entre autoridades eclesiásticas y la representación española. Clima que parece estabilizarse por la última modificación hecha en el Congreso al aprobarse la Ley de Memoria Histórica en relación con las placas conmemorativas de la Guerra Civil.

Una enmienda transaccional -también impulsada por CiU- exonera de la obligación de retirar esas placas en los supuestos en que concurran también razones «artístico-religiosas protegidas por la ley». Un capotazo final que aminora futuros conflictos entre Iglesia y Estado. Es evidente que el Gobierno desea ofertar otra muestra del deshielo preelectoral con la asistencia de la vicepresidenta De la Vega a la investidura de los tres nuevos cardenales españoles. Los discursos intercambiados en la Embajada española también parecen moverse en esa dirección.

Sin embargo, y volviendo al Proyecto de Ley aprobado por el Parlamento, la discriminación persiste en algún aspecto. Me refiero a la declaración de nulidad de los juicios sumarísimos en el ámbito de la jurisdicción militar franquista de la inmediata posguerra. Tal declaración individual de nulidad sólo se puede obtener a través de un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, que requiere la natural documentación previa. Pero así como en la España franquista las injusticias que cometieron sus órganos judiciales quedaron al menos documentadas en los juicios sumarísimos o Consejos de Guerra, no puede decirse lo mismo de la otra zona. En la llamada zona roja, además de las documentadas condenas sumarísimas dictadas por los llamados Tribunales Populares, se cometieron asesinatos y tropelías al margen de toda intervención judicial y militar. Difícilmente, pues, podrán obtener la declaración de nulidad de su condena los familiares de estos damnificados o asesinados, que precisamente lo fueron sin procedimiento ni sentencia previa.

En realidad, vista desde una perspectiva jurídica, la Ley de Memoria Histórica no parece necesaria. Ya la legislación anterior reconocía la situación de las víctimas de la Guerra Civil. Así, la Ley 5/79, de 18 de septiembre, establecía las compensaciones económicas a recibir. Para la modificación de las mismas, habría bastado un simple decreto de actualización. En cuanto a la condena del franquismo, ya el Real Decreto 1891/04, de 10 de septiembre, creó una comisión con ese objetivo, adscrita al Ministerio de la Presidencia a través de su Subsecretaría, y presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno. También la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hizo una condena en similares términos, cuyo texto fue aprobado el 17 de marzo de 2006 en París. Por último, en lo relativo a la derogación de las leyes franquistas, la Disposición Derogatoria de la Constitución del 78 se encarga de privar de efectos a cuanta legislación se oponga al texto constitucional.

En relación con la legislación que directa o indirectamente se refiere a la Iglesia, una cuestión que viene planteándose intermitentemente en España es la conveniencia -según algunos sectores radicales del Partido Socialista- de la sustitución o supresión de los acuerdos vigentes en España entre la Santa Sede y el Estado. La razón que suelen aducir es la de «adecuar los Acuerdos a la Constitución», en el caso de simple revisión, o bien el sometimiento de la Iglesia Católica a la legislación común, en caso de denuncia de los Acuerdos.

Esta posición no parece razonable. Por un lado, la firma de los Acuerdos (1979) fue posterior a la aprobación de la Constitución de 1978. Por otro, las dos veces en que el Tribunal Constitucional español ha debido pronunciarse sobre cuestiones directamente relacionadas con los Acuerdos (control de los profesores de religión en las escuelas por parte de las iglesias y constitucionalidad del cuerpo de sacerdotes que atienden a las Fuerzas Armadas) ha decidido a favor de su constitucionalidad. Y respecto al sometimiento a la legislación común, en alguna ocasión he calificado esta postura de «anacrónica». Hoy vivimos en todos los ámbitos sociales un autentico revival de leyes especiales. Que el hecho religioso tenga la suya es una muestra de sentido común y jurídico.

Pero si esas posturas no son razonables desde el punto de vista jurídico, tampoco lo son desde la perspectiva política. Tanto el Estado como la Iglesia han buscado formas imaginativas para que, sin iniciar un proceso oficial de revisión de los Acuerdos, de hecho se alteren algunos contenidos. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el sistema de financiación de la Iglesia católica, que acaba de sustituir un sistema mixto de asignación tributaria y dotación estatal por otro exclusivamente tributario. Este es el buen camino. Posiciones de intransigencia política y jurídica probablemente crearían una grave crisis en las relaciones Estado-Iglesia que, si tienen hoy altibajos, ambas partes desean mantener. Se ha demostrado en los intentos por parte de todos de llevar la memoria por caminos de concordia.

Rafael Navarro-Valls es catedrático de la Universidad Complutense y coautor del libro Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica