Balanzas fiscales: CiU y ERC se las exigen a Solbes/ Reacciones/

CiU y ERC exigen a Solbes las balanzas fiscales oficiales

Reclaman su publicación como requisito indispensable para reformar la financiación autonómica y para aplicar el 'Estatut'

MADRID.- Como era de prever, los partidos nacionalistas salieron en tromba para criticar el informe de la Fundación BBVA sobre las balanzas fiscales, y todos ellos optaron por restarle credibilidad y negarle rigor científico, llegando incluso a advertir oscuras intenciones políticas en sus autores o en su promotores.

La marea provocada por el estudio, que sitúa a los madrileños como los más solidarios con las regiones pobres, a gran distancia de los ciudadanos catalanes, baleares y valencianos, alcanzó incluso al Gobierno y puede, de hecho, ponerle en problemas a pocos meses de las elecciones. Así, los partidos catalanes CiU y ERC reaccionaron al informe exigiendo al vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes, que publique las balanzas fiscales oficiales antes de que concluya la legislatura como requisito necesario para la negociación del modelo de financiación autonómica y para la aplicación del Estatut, según informa Europa Press.

La reclamación llegó, además, en el Pleno del Congreso cuando se debatía la renovación del convenio que regula las relaciones económicas entre el Estado y Navarra. Hay que recordar que el informe del BBVA sostiene que esta comunidad foral y el País Vasco gozan, gracias a sus regímenes específicos, de la condición de regiones ricas sin que ello suponga que participen en la solidaridad interterritorial. De hecho, el Estado ingresa por cada ciudadano vasco una cantidad similar a la que recaba por cada extremeño.

Pues bien, en ese contexto el portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, exigió a Solbes las balanzas fiscales por «dignidad, seriedad y transparencia, por justicia y por una mayor política de solidaridad». El Gobierno, concluyó, «debe dejar de una vez de ser opaco».

Según el diputado nacionalista, la publicación debe afectar a la balanza fiscal que relaciona el gasto por comunidades distribuido entre todos los potenciales beneficiarios y el gasto repartido entre quienes radican en el territorio. Como ejemplo, utilizó las inversiones en el Museo del Prado, que se pueden concebir como beneficio para todos los españoles o ceñirlos a los madrileños.

Al carro de CiU se subió ERC. El republicano Joan Puig señaló que al Gobierno «no le queda más remedio» que publicar las balanzas «para no asistir al debate de que los conciertos vasco y navarro son insolidarios con el resto del país» y «para hacer un debate sereno sobre financiación autonómica».

En Barcelona, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, tachó el informe de «parcial y sesgado», y aseguró no sorprenderse de ello, porque «es el método que usa habitualmente esta entidad». Concluyó que el problema de la ocultación de las balanzas «no es de método, sino político».

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SUBSIDIADAS

Joan Ridao (ERC): «El mismo Solbes reconoció en privado que el Gobierno español no hacía públicas las balanzas fiscales porque sería un escándalo comprobar que algunas comunidades autónomas están totalmente subsidiadas».

GOBIERNO
«No debe darse a lo obvio el carácter de nuevo»

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, reaccionó con la vista puesta en las consecuencias que puede tener para el Gobierno la exigencia rediviva de publicación de las balanzas fiscales. Así, argumentó que «no debe darse a lo obvio el carácter de novedad», porque las comunidades más ricas son también las que más recaudan. «En un país donde existe un sistema impositivo progresivo, por definición las más ricas recaudan más y tienen más capacidad que las pobres», dijo en un desayuno organizado por el Fórum de la Nueva Economía. No obstante, también puso en duda el método empleado por el BBVA, al recordar que hay otros y que los expertos discrepan sobre cuál es el más válido.

PNV
«El privilegio es el de la capitalidad de Madrid»

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, reaccionó ante lo mal que quedaba el País Vasco en la foto del informe de la Fundación BBVA negando la mayor y desviando el tiro hacia la capital de España. Así, negó que el llamado Concierto que rige las relaciones con España sea un elemento de «insolidaridad» y destacó que, en su opinión, el mayor privilegio de territorialidad es «el vinculado a la capitalidad de Madrid». Para el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, el estudio de referencia «no sirve» para hacer un análisis «serio» de los flujos económicos que se dan entre las comunidades autónomas. Por tanto, se sumó a CiU y ERC y exigió las balanzas fiscales oficiales.

PARTIDO POPULAR
Estudia hoy 'cortar el grifo' desde el Estado

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

El PP sigue preso de la doctrina de su etapa de Gobierno, según la cual las balanzas fiscales no son un instrumento fiable para calcular el reparto contributivo. La dirección nacional celebró ayer el informe del BBVA en tanto confirma como falsas las reivindicaciones del nacionalismo catalán, pero se aferró al estribillo de que los que contribuyen son los ciudadanos y no los territorios. Bajo esta máxima y la de que sin Estado no hay solidaridad, arranca hoy la Conferencia para la reforma constitucional, en la que el PP estudiará la propuesta de cortar el grifo de la financiación autonómica, o «frenar la cesión de nuevos recursos», según uno de los ponentes, «a cargo del Estado».

BNG/XUNTA
«Un informe totalmente trucado»

Anxo Quintana, en su doble condición de vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) calificó el informe de «totalmente trucado» y le negó credibilidad al no «explicar antes los parámetros que sirven para hacerlo». Quintana subrayó que el Estado recauda en Galicia cada año «más de 7.000 millones de euros», cifra que «no se corresponde» ni con las inversiones del Gobierno central en esta Comunidad ni con las transferencias que recibe de los Presupuestos Generales. Además, aludió a las empresas que están radicadas en Galicia pero que tienen su domicilio fiscal en Madrid, de forma que computan en la capital de España.