Balanzas fiscales: Cada madrileño aporta el doble que cada catalán/ El PSOE paga 10 millones al BNG para salve a Maleni/ «País Vasco y Navarra no part

MODELO DE ESTADO / Un informe sobre balanzas fiscales desmonta la teoría catalana del agravio frente al centralismo / El déficit que arrastra Cataluña con el Estado es la mitad que el de la Comunidad de Madrid
Cada madrileño aporta a las regiones menos ricas el doble que cada catalán

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- Si Esperanza Aguirre fuera nacionalista impulsaría hoy un nuevo estatuto de autonomía para forzar la modificación del actual sistema de financiación del Estado. La razón: agravio comparativo con el resto de España. Madrid no sólo es el pulmón clave de la solidaridad interterritorial en España, sino que se distancia cada vez más de Cataluña, que es la segunda comunidad que más aporta. Cada madrileño aporta un 118% más que cada catalán, pese a que es sólo un 10% más rico.

Un madrileño entrega 3.247 a la caja común del Estado, frente a los 1.489 de un catalán, según los últimos datos disponibles, correspondientes al quinquenio 2001-2005, ofrecidos ayer en el informe Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central. El texto, de 624 páginas, cubre la evolución de los últimos 15 años y, con una detallada explicación metodológica, desmonta la teoría del agravio expuesta por el nacionalismo catalán contra el centralismo de Madrid.

El Parlamento catalán lleva años reclamando al Gobierno la publicación de las llamadas balanzas fiscales -lo que cada autonomía aporta y recibe del Estado- y las que se conocieron ayer se vuelven en su contra.

Sólo hay actualmente cuatro autonomías contribuyentes netas a la solidaridad: Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero, de ellas, Madrid aporta más que las otras tres juntas. Y eso que su renta per cápita es de 26.746 euros, un 10% más que la de Cataluña.

Además, Cataluña reivindica -con razón, según el informe- que mantiene un déficit fiscal con España de 9.786 millones de euros en el último quinquenio. Pero el de Madrid es de 18.305 millones y superó la cota de 20.000 en el año 2005. La solidaridad de esta Comunidad con el Estado no ha dejado de crecer, especialmente desde 1996.

También es llamativo que cada balear haga un esfuerzo similar al de cada catalán, pese a que su grado de queja ante el Estado es muy inferior. La Comunidad Valenciana es la cuarta que más aporta, pese a ser sólo la novena más rica.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, se ha negado hasta ahora a publicar este tipo de datos por considerar que no reflejan nada al ser muy difícil territorializar los ingresos y los gastos. Sí se han atrevido los profesores Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, autores del informe, que señalaron ayer que «la solidaridad está retrocediendo ligeramente en los últimos años», y eso que su trabajo no recoge los efectos de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña.

Uriel y Barberán se presentaron como profesionales independientes y eludieron hacer comentarios políticos. No obstante, otro catedrático de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez, que se encargó de presentar el informe, destacó «la escasa base objetiva de parte de los sentimientos de agravio más aireados por algunos grupos y ciertas regiones, que consideran excesivas sus contribuciones o insuficientes los saldos que reciben, en ocasiones sin demasiada razón dadas las posiciones de otros».

También alertó sobre la «situación de algunas comunidades autónomas, que oscurecen el patrón general y suscitan descontento», en alusión al País Vasco y Navarra.

Como conclusión, señaló que los datos reflejan «la existencia de importantes flujos de solidaridad interterritorial en España que, globalmente, se producen en la dirección adecuada: de regiones ricas a pobres». Por tanto, en su opinión -corroborada por los autores-, no deberían producirse grandes cambios en el sistema para mantener la solidaridad, salvo en los regímenes forales [ver información adjunta].

Uriel señaló también que deberían equipararse las cantidades que gasta el Estado en las comunidades para que exista un mismo nivel de prestación de servicios. Este no defendió el argumento de que las comunidades menos prósperas precisen más gasto que otras para su desarrollo, y sostuvo que «no es razonable que haya disparidad en las cifras». Por ejemplo, en los últimos 15 años los gastos per cápita en Asturias alcanzan los 7.574 euros, mientras que se quedan en 5.524 en Madrid o 5.660 en Cataluña. Este tipo de diferencias son las que han llevado a la Generalitat a denunciar que existen más ordenadores por aula en Extremadura que en Cataluña.

Uriel y Barberán calificaron a Asturias y Extremadura de «economías asistidas», puesto que el gasto público representa más del 50% de su PIB regional. En cifras absolutas, Andalucía es la que cuenta con una balanza fiscal más favorable al alcanzar los 10.237 millones de euros, seguida de Galicia (3.849 millones) y Castilla y León (3.535 millones).

elmundo.es

Al detalle: Consulte más datos del estudio de la Fundación BBVA

El PSOE 'pagó' 10 millones en inversiones al BNG para salvar a Alvarez de la reprobación

Un documento del socialista Marugán, portavoz de Presupuestos, dio la vuelta a la votación

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- Casi diez millones de euros fue lo que le costó al PSOE salvar anteayer la votación sobre la reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, tras pactar en secreto con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) una serie de enmiendas presupuestarias por este importe, a cambio de lograr su respaldo.

El compromiso lo adquirió el responsable presupuestario socialista, Francisco Fernández Marugán, que firmó un documento que recoge el acuerdo.

El texto, que está en poder del BNG, pudo ser leído por dos diputados, según ha podido saber EL MUNDO. En él, el PSOE se compromete a aprobar en el trámite parlamentario una serie de enmiendas para Galicia, por un importe cercano a los 10 millones de euros en distintas partidas.

Dicho documento fue esgrimido por un diputado del Bloque para justificar ante otros partidos nacionalistas -que les estaban instando a cambiar el sentido de su voto- su oposición a la reprobación de la ministra de Fomento.

Los dos parlamentarios que vieron el documento, con los que ha hablado este diario, coinciden en asegurar que la fecha que figuraba en el mismo era la del 27 de noviembre, es decir, el mismo día de la apretada votación.

Las partidas, al parecer, estaban destinadas a distintos museos gallegos y a otras inversiones y, previsiblemente, se incorporarán o bien en el Senado o bien en la vuelta de los Presupuestos Generales del Estado al Congreso.

La fórmula de que un responsable político del partido en el Gobierno se comprometa con su firma a la aprobación de una serie de partidas presupuestarias no es nueva, ya que muchos grupos políticos así lo han pedido a lo largo de la Legislatura. De hecho, más de una vez, el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, comprometió por escrito y con su firma más de un acuerdo con otros grupos parlamentarios en la tramitación de los primeros presupuestos del Gobierno.

El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del Bloque, Anxo Quintana, confirmó ayer que el voto para salvar la reprobación de la ministra de Fomento conllevó una negociación política de alto nivel.

Así, el responsable de la Vicepresidencia de la Xunta reconoció que, «seguramente, hay más de una razón para reprobar a la ministra», pero que la pretensión del BNG con la decisión de votar en contra del cese de Magdalena Alvarez era «hacer prevalecer los intereses de Galicia».

Quintana indicó que su reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá lugar antes del 15 de diciembre y manifestó su confianza en que comenzará una nueva etapa que «servirá» para que, «con carácter urgente», el Estado pague la deuda social que tiene con Galicia.

En este sentido, el vicepresidente de la Xunta señaló que los 51 millones destinados para la puesta en marcha del sistema gallego del bienestar son «un primer paso», y recordó que la Comunidad pondrá en marcha un servicio de transporte adaptado y contará, «con carácter excepcional», con la concesión de un número telefónico de referencia, el 065.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, aseguró ayer a EL MUNDO que no ha habido ninguna contrapartida presupuestaria ni económica para el BNG por su voto en contra a la reprobación de la ministra de Fomento, ni por el voto que hoy, probablemente, darán para levantar el veto del Senado a la Ley de Sostenibilidad Rural.

En cualquier caso, el BNG no fue el único partido nacionalista en votar en contra de la reprobación de Magdalena Alvarez. También sorprendió el martes el respaldo a la ministra que dio el PNV, un gesto que el presidente del partido, Josu Jon Imaz, justificó ayer asegurando que la moción trataba una «cuestión sectorial» y que las obras del AVE al País Vasco «transcurren adecuadamente».

A FONDO
¿Solidaridad? No, somos nacionalistas
.

.


Una de las virtudes del estudio sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, financiado por la Fundación BBVA y realizado por los catedráticos Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, es que analiza con la frialdad de los números la efectividad de los mecanismos que sustentan el Estado de las autonomías.

En primer lugar, lo que demuestra la serie histórica del trabajo, que abarca desde 1991 a 2005, es que, con sus defectos, el sistema de solidaridad interregional ha funcionado razonablemente bien. Es decir, que ha habido una transferencia real de renta desde las regiones más ricas a las más pobres.

En segundo término, que la estructura del edificio que permite un desarrollo más o menos armónico de España, a pesar de las enormes diferencias de renta (la de Madrid por habitante dobla a la de Extremadura), se basa en que dos comunidades (Madrid y Cataluña) realizan la mayor parte del esfuerzo de solidaridad.

El desfase entre los ingresos fiscales y los gastos que el Estado lleva a cabo en cada Comunidad es lo que se denomina balanza fiscal. Pues bien, en 2005, Madrid tuvo un desfase de casi 21.000 millones de euros, mientras que el de Cataluña ascendió a 11.000 millones. Lo cual significa que Madrid aporta casi el doble que Cataluña a la solidaridad interregional.

Como media, durante el periodo 2001-2005 cada madrileño aportó 3.247 euros más al Estado de lo que recibió en servicios; mientras que cada ciudadano de Cataluña aportó en ese mismo periodo 1.489 euros más de lo que recibió.

Otras comunidades que también aportan al sistema son Baleares y Valencia. Mientras tanto (y ésa es una de las grandes incongruencias de nuestro Estado autonómico), el País Vasco y Navarra, dos de las más ricas, reciben dinero del resto gracias a su sistema foral.

Pues bien, con ese tablero apoyado básicamente en dos patas (Madrid y Cataluña) resulta que el nuevo Estatuto catalán lo que plantea es una reducción de su aportación solidaria. Es decir, como le gusta decir a Antoni Castells, lo que persigue el Estatuto es un recorte del déficit fiscal de Cataluña.

Ya, de hecho, la Generalitat ha conseguido que el Gobierno de Zapatero se comprometa a realizar mayores inversiones en los próximos años, lo que implica que la balanza de Cataluña será menos negativa en el futuro, independientemente de que se consigan otras reivindicaciones.

¿Qué va a ocurrir en el futuro? Imaginemos por un momento que Esperanza Aguirre hace lo mismo que Montilla. Y que Antich y Camps hicieran otro tanto. ¿Dónde iría a parar la solidaridad interregional? ¿De dónde sacarían Andalucía, Extremadura, Asturias, las dos Castillas y Galicia el dinero que reciben ahora del Estado?

La dinámica nacionalista está poniendo en riesgo el Estado de las autonomías en su esencia: un mecanismo redistributivo de renta que hace que España siga funcionando con una cierta armonía.

La irresponsabilidad de Zapatero ha llevado a que el PSC defienda los mismos planteamientos que los nacionalistas catalanes, subiéndose al carro de la demagogia, al convertir el victimismo respecto a Madrid en su principal argumento político.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es

MODELO DE ESTADO / La principal distorsión
«País Vasco y Navarra no participan en la solidaridad interterritorial pese a su renta»

El informe destaca la «anomalía» de que las comunidades forales sean receptoras netas El Estado ingresa por cada ciudadano vasco una cantidad similar a la que recaba por extremeño

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- La gran distorsión del descentralizado Estado español son los regímenes fiscales privilegiados, especialmente los forales del País Vasco y Navarra, pero también, en menor medida, el de Canarias.

Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, citó ayer, como primera «anomalía» del sistema, la posición de ventaja de estos territorios al presentar el informe difundido ayer.

«Las comunidades forales no participan en la solidaridad interterritorial, a pesar de que su nivel de renta es superior a la media, y Canarias tampoco», afirmó. De acuerdo con el estudio, Navarra es la segunda Comunidad más próspera de España, con un nivel de renta de 21.083 euros per cápita. La tercera es el País Vasco, con 20.574 euros.

Sin embargo, tanto vascos como navarros son beneficiarios netos del Estado. Es decir, reciben más que lo que aportan. El País Vasco obtiene un saldo per cápita equivalente al de Murcia, pese a que los murcianos son un 30% más pobres.

La razón es que son los únicos que se encargan de controlar los ingresos del Estado en su territorio, reteniendo el grueso y transfiriendo a Hacienda sólo una cantidad previamente acordada, el llamado Cupo, que los expertos consideran infravalorada. El Cupo refleja, teóricamente, el coste de las competencias que el Estado aún presta en Euskadi e incluye desde la defensa y la política exterior a los gastos de la Casa del Rey.

El resultado es que los ingresos del Estado en el País Vasco se sitúan en una media de 3.820 euros por habitante, una cantidad similar a la que recaba por cada extremeño. Otra cosa es que el Estado gasta después más en Extremadura que en Euskadi, por lo que el saldo no queda tan disparatadamente similar entre ambas comunidades. Cada extremeño es beneficiario neto en 2.375 euros y, cada vasco, en 792 euros. Esta cifra se encuentra, no obstante, por encima de la media española, que es de 292 euros.

Canarias es la décima autonomía más próspera, pero figura entre las cuatro que mejor balanza obtienen del Estado, 1.544 euros, por encima de los andaluces, pese a que éstos son un 22% más pobres.

El problema se agudizará si prospera la reivindicación del Partido Nacionalista Vasco de que se rompa la llamada caja única de la Seguridad Social.

«Si la Seguridad Social se transfiriera, el desenganche de esas comunidades se acentuaría», agregó Pérez. No obstante, los autores del estudio resaltaron que modificar el régimen foral supondría un cambio de la Constitución que escapa a la competencia de cualquier experto. «Corresponde al Parlamento tomar decisiones en ese sentido», subrayó Ezequiel Uriel.

Pero no habría consenso. De hecho, el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar hoy el convenio con Navarra, similar al llamado Cupo vasco, acordado ya el pasado mes. Tanto los partidos nacionalistas como los llamados constitucionalistas en Euskadi y Navarra coinciden en defender el régimen fiscal privilegiado del que disfrutan.

Sin embargo, los celos que provoca el llamado Concierto vasco en Cataluña están en el origen de la redacción del Estatut en 2005 y su equiparación es el objetivo declarado del líder de Convergéncia i Unió, Artur Mas. El conseller de Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, también se ha quejado del agravio que supone para Cataluña tener peor posición fiscal que Euskadi.

El presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, sostiene que el sistema de Cupo implica solidaridad con el Estado y que la inversión de Fomento en infraestructuras es mínimo comparado con otras comunidades. Además, una de sus reivindicaciones ante José Luis Rodríguez Zapatero es un acuerdo jurídico que «blinde» -según su expresión- el Concierto vasco frente a la Unión Europea. La Comisión Europea mantiene iniciados procedimientos de infracción contra los impuestos de Euskadi que constituyen la única y verdadera amenaza actual contra la pervivencia del régimen foral.

MODELO DE ESTADO / La principal distorsión
Los que se pagan la pensión

En caso de ruptura de la llamada 'caja única' de la Seguridad Social no todas las comunidades recibirían en su territorio cotizaciones suficientes para hacer frente a las prestaciones sociales necesarias, incluidas pensiones.

Según el informe, el saldo más desfavorable entre ingresos y gastos de la Seguridad Social se produce en Asturias. Cada asturiano precisa del resto del Estado 880 euros para asegurarse su pensión. Esa fue la media [ver gráfico adjunto] durante el periodo 1991-2005. La fuerte carga procedente de la reconversión de la minería convierte a esta comunidad en la más dependiente del Estado. Le sigue Extremadura, con una desajuste de 362 euros por ciudadano, una cantidad similar a la que precisa Galicia.

Al otro lado de la balanza se encuentra, sobre todo, de nuevo, Madrid, que ingresa en concepto de Seguridad Social 1.046 euros per cápita más que lo que necesita para gasto en prestaciones.

Curiosamente, pese a su reivindicación soberanista, Euskadi no maneja excesivo margen para ser autosuficiente. Apenas 258 euros por ciudadano de superávit. La reconversión naval influye.

MODELO DE ESTADO / Las reacciones
Madrid, «orgullosa» de ser «la región más solidaria»

La Comunidad destaca que la región siempre ha sido la que más aporta La consejera de Hacienda pide que se tenga en cuenta la nueva población

LUIS ANGEL SANZ

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siempre se ha mostrado «orgullosa» de que la región que preside sea «la más solidaria» de todas las comunidades autónomas del Estado. Ayer, de visita oficial en Perú, no pudo hacer una valoración del estudio de la Fundación BBVA, pero su consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, destacó a este diario que de este estudio de balanzas fiscales, como de otros muchos que se han hecho, «se desprende que la Comunidad de Madrid es la región más solidaria de España».

Hidalgo no quiso entrar en ningún tipo de guerra territorial. Además, destacó que las inversiones del Estado tienen que hacerse allí donde más se necesitan, no donde más riqueza se genera. «El criterio no debe estar establecido ni en función del PIB ni en función de la población», sino en virtud de lo que requiera cada región.

La titular de Hacienda no quiso valorar el estudio concreto de la Fundación BBVA porque no conoce en profundidad la metodología que se ha utilizado para realizarlo, pero aseguró que todos los que existen «apuntan hacia la misma tendencia». «Somos los más solidarios porque somos los que más aportamos; nosotros financiamos todo lo que gastamos con el porcentaje de impuestos estatales cedido y con nuestros propios tributos, mientras que otros gobiernos autonómicos tienen que recibir una aportación suplementaria».

Engracia Hidalgo, en conversación con EL MUNDO, aseguró que la clave del sistema no son las balanzas fiscales, sino el modelo de financiación autonómica en vigor, que en este caso fue aprobado por unanimidad en 2003.

«El problema», apuntó, «es que Madrid se encuentra ahora con que nos contabilizan 863.000 habitantes menos de los que tenemos oficialmente. Y ese criterio hay que revisarlo ya».

De hecho, el Gobierno de Madrid no aboga por cambiar el sistema, ni por hacer financiaciones a la carta, como ha asegurado Aguirre, sino por volver a calcular los criterios en función de los que se reparte el dinero disponible.

El sistema actual se aprobó en 2003, pero con los datos de población de 1999, y Madrid es de las regiones que más han crecido de toda España, gracias a la inmigración, con lo que también han crecido sus gastos.

Además, la titular de Hacienda de Aguirre desvinculó las balanzas fiscales o el sistema de financiación de las inversiones del Estado. El discurso de Aguirre -«Zapatero asfixia a Madrid»- se basa en la disminución de las inversiones estatales en la Comunidad, no tanto en el desfase fiscal entre regiones.

De hecho, como explicaron anoche fuentes de Hacienda, la inversión del Gobierno de España en algunas comunidades -como Cataluña o Galicia- ha crecido más de un 60% en los últimos cuatro años (desde que José Luis Rodríguez Zapatero es el presidente del Ejecutivo). Sin embargo, en Madrid ha descendido un 19%.

«No me parece que las necesidades de una región como Madrid hayan bajado en ese porcentaje», remachó Engracia Hidalgo.

MODELO DE ESTADO / Las reacciones
CiU propone a Aguirre hacer un frente común

Montilla destaca el «déficit de Cataluña» y dice que espera cerrar un acuerdo con el Gobierno en 2008

DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- La publicación de las balanzas fiscales es una de las últimas banderas de los nacionalistas catalanes. Esquerra Republicana y CiU han pedido que se haga oficial el dato reiteradamente, porque creen que ello demostrará que Cataluña sale muy perjudicada en el reparto de la tarta. Ayer, después de conocerse el informe de la Fundación BBVA, esta opinión no se había modificado.

En CiU no dieron mayor importancia a que, según ese estudio, el déficit fiscal de Madrid duplique al de Cataluña. El portavoz parlamentario de la federación nacionalista, Oriol Pujol, incluso pareció alegrarse del dato, porque, dijo, «podría hacer que Madrid se pusiera al lado de Cataluña para pedir que se publiquen las balanzas fiscales». «Nos encantaría que pasara», añadió.

El portavoz de CiU recordó que «informes como el del BBVA hay muchos, y todos van en la misma línea: claramente, algunas comunidades autónomas soportan un gran déficit fiscal». En conversación con este diario, Pujol subrayó que «las cifras» del nuevo estudio «son más o menos coincidentes con otras ya conocidas», y ello supone, en su opinión, que no deben ir demasiado desencaminadas.

Pero CiU no se conforma con estudios privados. Los números que quieren los nacionalistas son «los que llevan el sello de la Administración», los únicos oficiales. «Sólo pedimos que se pongan rojos una sola vez, porque si no, continuarán saliendo estudios como éste y tendrán que ponerse rojos muchas veces», dijo Pujol.

El portavoz de CiU hizo también una referencia a las palabras que el martes pronunció su padre, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, en cuanto a una revelación que le hizo recientemente el vicepresidente de Economía, Pedro Solbes. Según el ex president, Solbes le dijo que las balanzas fiscales no se publicaban porque «provocaría un escándalo». «Si alguien dudaba acerca de a qué se refería, aquí lo tiene», dijo Oriol Pujol en alusión a los datos ofrecidos ayer por el BBVA.

También habló sobre el asunto el presidente de la Generalitat, José Montilla, que dijo en una entrevista que espera alcanzar un acuerdo de financiación con el Gobierno antes de que finalice 2008. Será «el año de la financiación», manifestó el president, quien se mostró convencido de que se aplicará «lo que prevé el Estatut» en esta materia.

Preguntado sobre las balanzas fiscales, Montilla explicó que todos los estudios ponen de manifiesto el «déficit fiscal de Cataluña», uno de los temas que, según dijo, deberán solucionarse el año que viene.