Vascongadas, territorio sin Ley: 300 personas claman contra la bandera española en Lizarza/ ETA, con las tesis del 'lehendakari' en su último 'Zutabe'

300 personas claman contra la bandera española en Lizarza

RUTH GABILONDO

SAN SEBASTIAN.- La izquierda 'abertzale' se volvió a manifestar ayer en Lizarza (Guipúzcoa) pero, esta vez, en una convocatoria que sí estaba permitida por la Audiencia Nacional. Unas 300 personas secundaron una marcha en la que clamaron en contra de la bandera española y en favor de la 'ikurriña', exigieron que se respete la voluntad de los vecinos de la localidad guipuzcoana y reclamaron la independencia del País Vasco.

La protesta, esta vez convocada bajo el lema 'Respetad la voluntad de los lizarzatarras', arrancó alrededor de las 17.30 horas en la plaza del pueblo, bajo la vigilancia de unos 30 agentes antidisturbios de la Ertzaintza.

Antes de que comenzara la marcha, uno de los organizadores se dirigió a los presentes y gritó en favor de la independencia, aunque lamentó «no poder decir nada más» en referencia a la orden dictada por el juez Baltasar Garzón de que la Ertzaintza vigilara si se coreaban lemas de carácter ilegal.

La manifestación, que en esta ocasión tenía el visto bueno de la Audiencia Nacional al no incluir en el lema una referencia expresa contra la alcaldesa 'popular', Regina Otaola, transcurrió sin incidentes. Los participantes, entre los que se encontraban los dirigentes de Batasuna Iñigo Balda y Karmele Aierbe profirieron gritos contra la enseña española y en favor de la 'ikurriña', reclamaron la independencia del País Vasco y exigieron el respeto a la voluntad del pueblo.

Los vecinos recorrieron la localidad guipuzcoana vigilados por cuatro dotaciones de la Ertzaintza y, a su regreso a la plaza del pueblo, se vivieron los momentos más tensos cuando los manifestantes se encararon a los agentes antidisturbios y les gritaron «fuera de aquí, dejarnos en paz».

La Policía Autonómica identificó a uno de los participantes y el resto se volvió a congregar frente al Ayuntamiento, de cuyo balcón ha desaparecido la enseña española y ahora sólo luce la 'ikurriña' con la leyenda 'Geurea' (la nuestra).

DESAFIO NACIONALISTA / La vulneración de la ley
El Parlamento vasco ya consideró ilegal en 1998 una propuesta como la de Ibarretxe

Los servicios jurídicos de la Cámara autonómica estimaron que la iniciativa planteada por Raúl Reyero suponía usurpar competencias del Estado

O. TORRES

VITORIA.- La pretensión del lehendakari Juan José Ibarretxe de convocar una consulta popular el 25 de octubre de 2008 chocará en el Parlamento vasco con serias dificultades porque el legislativo vasco ya rechazó en 1998 una proposición de ley que planteaba este objetivo.

Décadas de debate sobre la convocatoria de un referéndum no han arrojado luz sobre el mecanismo que podrían utilizar los nacionalistas, más allá de la política de hechos por la que parece inclinarse el lehendakari en algunos momentos.

Existen precedentes, no obstante, de intentos de convocatoria, protagonizados no precisamente por el PNV o sus socios. En mayo de 1998, los servicios jurídicos de la Cámara vasca ya emitieron un contundente informe que proponía a la Mesa, su órgano de gobierno, que no tramitara la proposición de ley que planteaba la convocatoria de la consulta por su «patente inconstitucionalidad».

«Estamos ante una iniciativa [...] sin ningún soporte jurídico», concluye el informe redactado en respuesta al registro de una proposición de ley por parte del parlamentario y portavoz del Grupo Mixto Raúl Reyero, que para entonces ya había abandonado el partido Unidad Alavesa (UA) y militaba en Democracia Foral de Alava. Si Ibarretxe pretende solicitar en junio de 2008 al Parlamento vasco la autorización para convocar una consulta unos meses después, como anunció el viernes, deberá adoptar alguna iniciativa, plasmar en un papel su intención y tramitarla a través de algún procedimiento y el recogido por la legislación para las materias de competencia autonómica es el proyecto de ley, la proposición de ley que parte del Ejecutivo.

De no utilizar esta vía, el lehendakari podría optar por aprobar un decreto del Gobierno vasco, según apuntan a este periódico fuentes jurídicas, pero en ese caso, la vía contencioso-administrativa podría bloquear a las primeras de cambio la convocatoria y dilatar en los tribunales una resolución al respecto.

«Se pretende que el Parlamento vasco legisle sobre una materia usurpando competencias atribuidas a instancias estatales», señala el informe de los letrados de la Cámara vasca en 1998 y asumido por la Mesa, presidida entonces por el nacionalista Joseba Andoni Leizaola.

Raúl Reyero proponía la celebración de una consulta popular con la pregunta «¿Desearía usted ser consultado en referéndum sobre la independencia de Euskadi?» y que ésta coincidiera con la celebración de los comicios autonómicos de ese mismo año. Así, para su desarrollo se podrían utilizar los «mismos medios, procedimientos organizativos y de control establecidos en la Ley de Elecciones al Parlamento vasco para el voto mediante papeletas».

La proposición de ley del parlamentario foralista señalaba que todas las mesas electorales contarían con una urna adicional para recoger las papeletas con la leyenda «Referéndum sí» o «Referéndum no» y planteaba que el voto en blanco se registraría con un sobre vacío. La edición y distribución de las papeletas y los sobres para todas las mesas, que nunca llegó a producirse, correspondía al Gobierno vasco.

La certificación de los resultados correspondía a la Junta Electoral de la comunidad autónoma, a la que se encomendaba la tarea de la remisión de los mismos al Gobierno vasco, la Cámara autonómica, el Gobierno de la Nación, las Cortes Generales y las Juntas Generales y las diputaciones forales. El informe elaborado por el letrado Josu Osés Abando recordaba que las consultas populares deben referirse a temas de naturaleza y competencias locales y que entre éstos no se hallaba la independencia. También advertía de que, en contra de los que sucede con otros estatutos autonómicos, el de Gernica carece de una «previsión habilitadora» para realizar consultas de carácter local.

Texto íntegro del informe jurídico en: www.elmundo.es/documentos/2002/10/espana/informejuridico.pdf

«Un desvarío más que un desafío»

ETA, con las tesis del 'lehendakari' en su último 'Zutabe'

ETA reclama «preguntar a los ciudadanos vascos» en las páginas de su último 'Zutabe', la revista de uso interno para los miembros de la banda. Según la dirección etarra, «la llave» para poner fin al «conflicto» reside en «el acuerdo político entre los agentes vascos, en preguntar a los ciudadanos vascos, y en el respeto por parte de España y Francia» a la voluntad expresada en dicha consulta.

En su enésimo análisis sobre los pormenores del 'proceso', los terroristas -utilizando de altavoz, como es habitual, la portada del diario 'Gara'- se alinean con las tesis del 'lehendakari' al llamar a una consulta a los ciudadanos vascos, en contraposición a la crítica que vierten sobre la dirección del PNV de «Imaz y Urkullu», a quienes acusan de «traición».

La banda culpa a Zapatero de «incumplir sus compromisos» y le avisa de que «se encontrará frente a frente con ETA», que buscará «pro-fundizar en la crisis de España».

DESAFIO NACIONALISTA / La estrategia socialista
La reforma legal del PP que permitiría procesar al 'lehendakari' fue derogada por el Gobierno

El Ejecutivo está dispuesto a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- El Gobierno está dispuesto a solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de los actos de convocatoria de los referendos anunciados el pasado viernes por el lehendakari en el Parlamento vasco y que fueron fijados por éste para octubre de 2008 y el segundo semestre de 2010.

Sin embargo, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no podrá iniciar directamente un procedimiento penal contra Juan José Ibarretxe porque al principio de la legislatura derogó la reforma del Código Penal que se lo permitía y que castigaba la ejecución de iniciativas como la emprendida por el lehendakari con penas de prisión.

Según los informes elaborados por la Abogacía del Estado y que responden al criterio del Gobierno de aplicar la Constitución -según recordaba tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega- el procedimiento que queda por seguir es el de plantear un conflicto de competencias que tuviera como consecuencia la suspensión, dado que el Ejecutivo considera que el único competente para realizar una convocatoria semejante a la luz de la Constitución es el Estado.

Según las fuentes consultadas, habida cuenta de que la falta de competencias del Gobierno vasco para realizar una consulta es absolutamente evidente, una vez presentado el recurso hay pocas dudas de que el Alto Tribunal dará la orden cautelar de invalidar la convocatoria de manera inmediata, aunque después tenga un plazo de seis meses para decidir si levantar o no dicha suspensión. El verdadero conflicto se planteará si, a pesar de esa decisión del Constitucional, como parece previsible, el lehendakari Ibarretxe decide seguir adelante con la preparación del referéndum.

En ese caso, sí se podría actuar penalmente contra él, pero no por la convocatoria sino por haber desobedecido al tribunal que le ordenó retirarla; un delito de desobediencia que conllevaría una pena de inhabilitación que podría prolongarse hasta dos años. Según el artículo 410.1 del Código Penal, «las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia incurrirán en pena de multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

El Gobierno, por tanto, no puede actuar penalmente contra el lehendakari de manera directa y se ve obligado a emplear al Tribunal Constitucional en este procedimiento porque fue precisamente el Gabinete socialista el que eliminó el tipo penal de convocatoria de referéndum ilegal.

El presidente del Gobierno, personalmente, anunció en una sesión de control parlamentaria celebrada en octubre de 2004 la derogación de la reforma del Código Penal que castigaba estas iniciativas políticas con penas de cárcel, asegurando que era «desafortunada, superflua e inapropiada». Dicha reforma fue aprobada con los únicos votos del PP durante el Gobierno de José María Aznar para frenar las intenciones expresadas en el plan Ibarretxe de convocar un referéndum para su ratificación por parte de la sociedad vasca.

Los socialistas derogaron el correspondiente tipo penal en un momento en el que intentaban tender puentes con el PNV con el fin de suavizar la crispación que la propuesta soberanista del lehendakari había generado, conscientes, además de que, dada su situación de mayoría insuficiente, necesitaban el respaldo de los nacionalistas para sacar adelante la mayor parte de las iniciativas parlamentarias.

El Gobierno ha estudiado otras posibilidades a la hora de enfrentarse a una controversia como la planteada, como la de acusar al lehendakari de prevaricación por dictar resoluciones injustas a sabiendas. Pero los juristas del Estado consideran más efectivo y más conveniente plantear el conflicto de competencias.

El Ministerio de Justicia ordenó a la Abogacía del Estado a finales de agosto, -tras la polémica suscitada por los nacionalistas, que más tarde se fue intensificando- la elaboración de un informe sobre las posibilidades que ofrecía la ley para actuar contra el Gobierno vasco en caso de que se empeñase en llevar a cabo una iniciativa considerada ilegal. La conclusión le fue remitida al titular de Justicia a mediados de septiembre

El PSOE convoca Comité Territorial en pleno debate soberanista en el País Vasco

El plan inicial de los barones socialistas era profundizar en su modelo de la 'España plural'

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- El PSOE ha convocado para dentro de dos semanas el Comité Territorial, órgano que agrupa a los presidentes autonómicos o secretarios generales de las distintas federaciones regionales del PSOE, por lo que coincidirá con el debate abierto tras el anuncio de Juan José Ibarretxe de convocar un referéndum en el País Vasco.

El PSOE ya tenía decidida la fecha desde hace varios días, pero con otro escenario muy diferente al que ahora se le presenta. La cumbre con los barones socialistas, como hace cuatro años en Santillana del Mar, estaba más enfocada a seguir profundizando en el modelo territorial de los socialistas, el que siguen denominando como el de la España plural, con muchas menos tensiones internas que en la reunión de Cantabria.

De hecho, todas las Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas quieren reformas estatutarias -incluida Extremadura, donde su presidente, Guillermo Fernández Vara, ya ha anunciado que se sumará a las regiones que aún quedan sin cambiar sus Estatutos- y también en aquellas donde están en la oposición.

Por ello, el debate en esta ocasión sería más fácil para el líder socialista que, además, ha conseguido que su partido admita que la apuesta por el mayor autogobierno no rompe España, aunque muchos son los que piensan que al PSOE le ha supuesto un gran desgaste.

Además, en la estrategia del PSOE constituía un acto electoral más para José Luis Rodríguez Zapatero de cara a las elecciones generales de marzo y, sobre todo, para dar la imagen de un partido unido en torno a su líder, en contraposición con lo que está ocurriendo en otras formaciones políticas.

Todo estaba pensado para estos fines, incluido, la foto de familia en un cigarral -donde se va a celebrar el encuentro- con el marco incomparable de la ciudad de Toledo al fondo. Todo ello, sin embargo, se ha tornado en las últimas horas en preocupación porque en el cónclave socialista sólo se hablará de la ocurrencia del lehendakari vasco que, además, ha causado gran preocupación en el PSOE.

Aunque el orden del día de la reunión no está todavía fijado, en la dirección del partido creen que, de nuevo, el tema vasco será la base central del encuentro, y que eclipsará los otros fines políticos que se perseguían.

Los socialistas, que se las prometían muy felices desde agosto al haber colocado el debate político en los temas que, en su opinión, más les favorencen: vivienda, empleo, economía, etcétera, temen ahora que de aquí a las elecciones la propuesta del lehendakari, junto con la creciente polémica de la quema de fotos de la Familia Real o la llamada guerra de banderas, vuelvan a llevarlos a la esquina del cuadrilátero.

El próximo 13 de octubre será el tercer Comité Territoral del PSOE que se celebra fuera de Madrid. Sólo en Santillana del Mar y en Segovia se ha sacado la reunión fuera de los muros de la calle de Ferraz.

López podría negociar las cuentas de Vitoria

ROBERTO L. DE CALLE

GUERNICA.- El secretario general del PSE-EE, Patxi López, constató ayer que el Estado de Derecho dispone de «los mecanismos democráticos suficientes» como para «impedir» que el lehendakari cometa una «ilegalidad» y celebre la consulta que el pasado viernes anunció durante el pleno de Política General.

Sin embargo, y pese a que días atrás el propio López había asegurado que su partido no se avendría a negociar los presupuestos con un Gobierno cuya pretensión fuera «poner sobre la mesa» una «consulta sobre la autodeterminación», ayer eludió confirmar estas palabras, dejando la puerta abierta implícitamente a iniciar una negociación presupuestaria. A preguntas de este periódico, López se limitó a decir que el debate en torno a las cuentas no se encuentra en «ningún punto» porque aún no existe un proyecto de presupuestos.

A esta ambigüedad, que contrasta con lo expresado por el líder socialista hace pocos días, se suman las voces de otros dirigentes que ayer se limitaron a asegurar que el paso dado por Ibarretxe «complicará» la reedición de un acuerdo sobre las cuentas de la comunidad, y supeditaron cualquier decisión al respecto al pronunciamiento de los órganos de dirección vasca y federal.

DESAFIO NACIONALISTA / Los símbolos
El Gobierno eludirá la guerra de los símbolos para evitar que llegue viva a la campaña

La Moncloa se muestra más preocupada por el eco mediático de los episodios violentos

MARISA CRUZ

MADRID.- El Gobierno tiene decidida la estrategia a seguir en relación con la guerra de los símbolos desatada por grupos radicales y formaciones independentistas. El perfil será bajo: incluirá la condena de los actos y el llamamiento al cumplimiento de la ley, pero nada más. El análisis que hace el Ejecutivo de las reiteradas manifestaciones de desacato a la bandera y al Rey no está exento de preocupación pero ésta se focaliza más en la repercusión mediática que pueden obtener los incidentes que en la profundidad política de los mismos.

El presidente del Gobierno dispone de informes que abordan el incumplimiento de la Ley de Banderas y que se retrotraen hasta 1996. En ellos se demuestra que las violaciones vienen de lejos. También cuenta con otros referidos a los desacatos a la figura del Jefe del Estado y de éstos se concluye que la tónica de los mismos siempre ha sido la misma: grupos minoritarios radicales, a menudo de gente muy joven, con escaso respaldo social. A dichos estudios, el Gobierno añade su propia interpretación. Las actuaciones de los radicales responden a dos premisas: la primera es que los incidentes responden a la intención de las formaciones de corte independentista de calentar motores con la vista puesta en las elecciones y publicitar al máximo sus actos; la segunda, es que de la refriega únicamente obtendrá beneficios el primer partido de la oposición. En definitiva, para La Moncloa la polémica en torno a la quema de fotos de los Reyes y el incumplimiento de la Ley de Banderas ofrece un terreno apropiado para un «maridaje contra natura»: el de los radicales independistas con la oposición de derechas.

Este es el análisis que hace de los acontecimientos un miembro del gabinete de Zapatero quien añade que la estrategia del Ejecutivo, marcada ya por el propio presidente y a la que responderán de forma unánime todos los ministros, es la de condenar con frases breves y contundentes y trasladar el peso de hacer cumplir la ley a los jueces en el marco habitual de sus competencias.

La senda de la respuesta política debe mantenerse intransitada. Adentrarse en ella implicaría, según explican en el entorno del presidente, «alentar el debate y permitir que éste llegue vivo a las elecciones de marzo». No hay ni un solo atisbo de autocrítica. Nadie recuerda, entre los consultados, aquello de que el concepto Nación es algo «discutido y discutible», como afirmó el presidente del Gobierno, ni tampoco aceptan a discutir el que quizá los pactos con los nacionalistas no hayan sido una buena idea.

Un miembro del Gobierno explica la situación echando mano de un símil con tintes novelescos: «El problema no es el veneno, sino las dosis». Cuando se le contraargumenta que, pese a todo, «el veneno existe», la respuesta para resolver el enigma es la siguiente: «Sí, es evidente, pero el veneno en pequeñas dosis no es letal, bien al contrario, puede incluso curar». Y es que en La Moncloa están convencidos de que las actuaciones de los radicales se extinguirían en su propio jugo si no lograran tener eco. El problema de fondo no radica en los hechos, sino en la forma y en la amplitud con la que éstos se transmiten a la opinión pública.

Es cierto que se trata de incumplimientos evidentes de la Ley e incluso de las normas básicas establecidas en la Constitución; es cierto que atentan contra la figura del Rey que representa la unidad y permanencia del Estado; pero no es menos cierto, insisten, que se trata de actuaciones «minoritarias, de jóvenes muy ideologizados y que hunden sus raíces en los movimientos antisistema»; que los incidentes no cuentan con el respaldo social y que, en definitiva, si no consiguen aliento, no trascenderán al terreno electoral.

El Gobierno, en definitiva, «no entrará a ninguna provocación. Esa es la única estrategia», afirman desde La Moncloa. Y añaden que «prestarse a polemizar o simplemente aceptar que se trata de un asunto que preocupa, implicaría hacerle el juego el PP», un partido que según ellos no cuenta con naves para hacer frente a la batalla de las urnas.

La línea a seguir en este terreno será, aseguran las mismas fuentes, la de «echar agua» sobre los acontecimientos, no otorgarles la categoría de gran preocupación y «evitar que obtengan la publicidad que buscan» en periodo preelectoral. Además, insisten en que la fortaleza de las instituciones en España es tal que «sus cimientos pueden absorber sin una sola grieta temblores de este tipo», que «la cohesión real y cotidiana entre los españoles es lo suficientemente tupida como para rechazar cualquier tentación secesionista» y que «la salud y la aceptación con que cuenta la Corona en España no puede compararse con la de ningún país europeo» hasta el punto añaden de que, este Gobierno socialista aparta lejos de sí la etiqueta «republicana» y se declara «constitucional» con el Rey al frente.

¿POR QUE NO SE CUMPLE EN ESPAÑA LA LEY DE BANDERAS? (21)
EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI, AYER

Ninguna bandera ondeaba ayer en el Ayuntamiento de Basauri gobernado por la socialista Loli De Juan. Esta situación será, en teoría, resuelta cuando finalicen las obras de adecuación en la fachada para colocar la española y la 'ikurriña', según informó un portavoz oficial.

LEY 39/1981, DE 28 DE OCTUBRE. Artículo 3: 1. «La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado».

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (24-VII-2007). «La bandera debe ondear diariamente con carácter de permanencia, no de coyuntura, no de excepcionalidad sino de generalidad y en todo momento».

Vea todas las fotos publicadas hasta el momento en: http://www.elmundo/

CRONICA

ETA / LA SUERTE DE DOS PRESOS
EL «CACHAS» DE JUANA PODRA VOTAR

OCHO MESES después de exhibir sus huesos en la prensa mundial, el etarra De Juana está en forma: 81 kilos, hace pesas y corre. Si todo le sale bien, estará en la calle para votar en el referéndum de Ibarretxe

ANIBAL MALVAR




Iñaki de Juana Chaos está contento. Y se prepara para su salida de la cárcel dentro de menos de 14 meses poniéndose de buen ver. Dependiendo de las cuentas que haga el juez, quizá esté en la calle para votar el 25 de octubre de 2008 en el referéndum sobre «el futuro de Euskadi» que el pasado viernes anunciaba Juan José Ibarretxe. Sí o sí -como si fuera de Bilbao, y eso que nació en Llodio (Alava)-, sea ilegal o inconstitucional, el lehendakari va a llamar a las urnas al pueblo vasco.

De Juana Chaos está contento. Ya no es el cadáver andante que gemía libertad tras 115 días en huelga de hambre. Los funcionarios que lo custodian en la cárcel de Aranjuez están asombrados de su exquisita educación, de su sociabilidad con el resto de reclusos y, sobre todo, de su físico actual.

De Juana ya no es aquel anoréxico que exigía su excarcelación enseñando costillas pugnaces en periódicos británicos. Durante la huelga de hambre que mantuvo durante 115 días, y que abandonó en marzo tras concedérsele la prisión atenuada, llegó a pesar 53,7 kilos. Veinte menos que los ideales para un hombre de 1,73 de estatura. Sufrió hipoglucemia, cardiopatías, fue sometido a una operación gástrica en mayo, perdió vista, se temió un fallo multiorgánico que podría haber terminado con su vida...

Ocho meses después está irreconocible. Pesa 81 kilos, pasa todo el tiempo libre en el patio de la cárcel de Aranjuez haciendo gimnasia: pesas, flexiones, carrera. Tiene el cuerpo de un atleta y un humor excelente, aseguran los funcionarios de Aranjuez. Ya no es aquel De Juana sombrío y malencarado que paseó su misantropía durante 20 años por las cárceles españolas. Hay días que, incluso, se juega la reputación al mus.

De Juana cumple lo que le queda de condena en el módulo tres de la prisión surmadrileña de Aranjuez. Se levanta a las ocho y media y desayuna fuerte. Después, invariable rutina, acude al locutorio y durante un buen rato habla con su novia, Irati Aranzábal. Las conversaciones son grabadas para evitar que los presos de ETA puedan seguir operativos desde el cautiverio, como ocurría antes de la desactivación del denominado frente de makos.

Cada preso, salvo excepciones, tiene derecho a cinco llamadas semanales de una duración de cinco minutos. El habla los siete días y durante más tiempo. No puede comunicarse con cualquiera. La tarjeta telefónica que le conceden a los reclusos es restringida: sólo pueden marcar una serie de números previamente autorizados por el juez.

En cuanto cuelga el teléfono, De Juana se calza las zapatillas y el chándal y se pone a sudar sus esforzados decatlones hasta la una del mediodía. Tres horas de tozuda actividad. Fue pertinaz matando durante su vida laboral activa -lo detuvieron el 16 de enero de 1987 tras cuatro años como gudari, en los que mató a 25 personas-. Se mostró casi irreductible hasta el suicidio en la huelga de hambre que protagonizó. Ahora también está dedicándose a tope a lucir un cuerpo danone impropio de los 52 años que celebró el pasado 21 de septiembre.

Tras hacer gimnasia -nunca deporte en grupo-, come a las 13 horas con el resto de presos. Su alimentación ya es prácticamente normal. Hasta las cinco de la tarde, vuelve a la celda, donde se dedica a leer y escribir. Después regresa al deporte. Se entrena más que un futbolista profesional. Aunque hay días en que hace pellas. Funcionarios que lo trataron en otras cárceles se asombran cuando se les dice que ahora, incluso, se deja caer en alguna partida de cartas por la tarde. Generalmente con los tres reclusos procedentes de la kale borroka que conviven con él en el módulo tres. De Juana siempre había tenido fama de huraño. De rehuir incluso la compañía de otros etarras, sobre todo desde que empezó, desde el interior de la cárcel, a tomar decisiones al margen de la dirección de la banda.

SIN AMIGOS EN ETA

En la cárcel de Algeciras, en la que permaneció hasta ser hospitalizado en el policlínico gaditano de Punta Europa el 29 de septiembre de 2006, ya sólo uno de los ocho etarras que vivían con él en el módulo de aislamiento le dirigía la palabra: Iñaki Etxeberria Martín, alias Mortadelo, quien, además, había roto con la banda en 1998, después de haber sido condenado por dos asesinatos.

Ahora ya no está ni en módulo de aislamiento ni con históricos de la banda. El módulo tres de la cárcel de Aranjuez es el denominado módulo libre de drogas. Allí los delincuentes comunes se someten a un programa especial de desintoxicación. Ese es el entorno en el que se mueve De Juana. Pero no está, en absoluto, aislado de ETA. Ni del entorno político de la banda.

Al contrario que Arnaldo Otegi, la otra gran figura del star-system carcelario de la cartelera penitenciaria española. A pesar de que sus lugartenientes Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena permanecen medio desaparecidos de la vida pública por miedo a ser también encarcelados, Otegi ya ha oído rumores, en varios medios de comunicación, sobre la preparación de su relevo. Quizá por eso, en lugar de a la gimnasia, se dedica al yoga, al estudio del inglés -tal vez para charlar en el retiro poscarcelario con su idolatrado Gerry Adams- y a seguir un régimen de adelgazamiento a base de frutas. Porque, según parece, mientras De Juana gana peso en todos los sentidos, Arnaldo Otegi lo pierde. Además de por la báscula, puede colegirse de la relevancia de los huéspedes a los que acoge cada uno.

A De Juana no sólo le visita en locutorio y vis a vis su joven novia, Irati Aranzábal Zuloaga, miembro del colectivo de asistencia a los presos Etxerat y nacida hace 30 años en Mondragón a la sombra de una genealogía de abertzalismo arraigado. No se encuentran tan a menudo como cuando él estaba hospitalizado. Irati sólo ha acudido a ver a su novio el 19 de julio, el 4, el 11 y el 25 de agosto, y el 8 de septiembre.

Los contactos políticos han sido más interesantes. Teresa Telletxea compartió con él locutorio el primero de septiembre. Un día antes, Juan José Ibarretxe ya había adelantado lo que el viernes cogió cuerpo y fecha: anunció que convocaría un referéndum sin especificar cuándo. Y siete días antes de la visita, ETA había hecho estallar un coche bomba ante el cuartel de la Guardia Civil de Durango, en el primer atentado perpetrado por la banda tras la ruptura explícita, el 5 de junio, del alto el fuego indefinido.

La visita de Teresa Telletxea confirma, según fuentes de la Guardia Civil, que De Juana ha ganado el pulso que le planteó a la banda poniéndose en huelga de hambre sin permiso de la cúpula. Teresa Telletxea es una chica muy bien relacionada. No tiene antecedentes desde que el 15 de septiembre de 2000 fue detenida en la operación policial, en Francia, que acabó con el aparato logístico de ETA.

Telletxea era un soldado raso del equipo que cayó con la detención, en aquellas fechas, de Ignacio Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería, el etarra que ordenó el asesinato del Rey. El era entonces el jefe de la banda. Ella, una gregaria. Su delito, haber alojado en una casa de su propiedad a los etarras Angel Pikabea e Ignacio Santesteban.

Telletxea cumplió condena durante cinco meses y medio en la cárcel francesa de Pau, compartiendo celda con la compañera sentimental de Iñaki de Rentería, la francesa Fabianne Tapia. Ambas fueron excarceladas el 28 de julio de 2005. Desde entonces, Telletxea no ha acumulado más antecedentes. Se ha mantenido limpia hasta ahora.

De Juana también recibió las visitas, los días 14 y el 17 de julio, de Jone Eizmendi, la proetarra que intentó colar en febrero a la habitación del terrorista, en el hospital capitalino Doce de Octubre, un aerosol con gas pimienta.

El contacto más político se produjo el 18 de agosto. Ese día, De Juana fue el anfitrión carcelario de José Luis Cerezo Conde, candidato en las municipales de 1999 por Euskal Herritarrok en la localidad navarra de Lesaka. Fuentes de la lucha antiterrorista consideran a Cerezo un miembro del sector abertzale crítico con la dirección de Arnaldo Otegi. Hasta el punto de no haber querido integrarse con posterioridad en ninguna de las listas presuntamente blancas con las que la izquierda abertzale intentó burlar, y burló, la ilegalización de Batasuna.

La facción de Cerezo critica a Otegi, sobre todo, por dos razones. La primera, que no incluya a Navarra y al País Vasco-Francés en sus reivindicaciones de manera más furibunda. La segunda, que durante el alto el fuego permanente haya aislado, junto al sector de ETA afecto a Josu Ternera, a los presos; e, incluso, haya permitido que la amnistía para éstos no sea una prioridad negociadora en las conversaciones ETA/Gobierno/Batasuna.

Ahora, en la cárcel donostiarra de Martutene, Arnaldo Otegi está sufriendo el mismo ostracismo que aquellos presos a los que él, dicen, dejó de lado. Al contrario que De Juana, Otegi vive su condena en la primera celda de la Galería 1 sin ningún tipo de interlocución política relevante. Apenas le visita su familia. Hace vida normal. Se relaciona con afabilidad con el resto de reclusos. Y, también al contrario que De Juana, está adelgazando en lugar de engordar. Lo único que solicita del exterior es fruta para mantener una dieta que lo vuelva a convertir en el sex-symbol -que lo era- de la feminocracia abertzale.

Otegi sabe que un líder de Batasuna en la cárcel deja de ser líder. Se diluye. Desaparece. El llegó a la dirección cuando su antecesor, Floren Aoiz, entró al trullo el 7 de diciembre de 1997 con la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Cuando regresó a la calle 20 meses después, ya no había nadie capaz de bajar a Otegi del pedestal. Desde entonces, Aoiz se transformó en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

YOGA EN VEZ DE DEPORTE

La rutina de Otegi en Martutene -una cárcel sin módulo especial para etarras- sólo varía con respecto a la de De Juana en tres cosas: tiene menos visitas, hace menos llamadas y, en lugar de pasar la franja horaria entre 10 de la mañana y una del mediodía haciendo gimnasia, va a clases de yoga y de inglés. Su compañero de celda es un atípico hijo de la borroka. Ismael Fakhri Delgado es hijo de marroquí. Lo suyo recuerda a aquella genial ocurrencia de Juanma Bajo Ulloa, que en su película Airbag, en plena efervescencia de la lección magistral de Xabier Arzalluz sobre el rH vasco, escogió a un actor negro para representar al lehendakari. Fakhri, que padece una minusvalía en una pierna, lleva en la cárcel desde el 2 de febrero de 1999. Otegi es comunicativo. Departe constantemente con presos comunes y funcionarios. Quizá porque ya no encuentra otros auditorios que le quieran escuchar.