Educación contra la Ciudadanía: Los colegios diocesanos imparten Educación para la Ciudadanía por «imperativo legal»

Los colegios diocesanos imparten Educación para la Ciudadanía por «imperativo legal»

No obstante, evitan que la asignatura choque con el ideario y el carácter propio de estos centros

JOSE MANUEL VIDAL

MADRID.- Ciudadanía «por imperativo legal». No tienen más remedio. Los colegios diocesanos de la Iglesia de las siete comunidades en las que ha entrado en vigor Educación para la Ciudadanía la están ofreciendo a sus alumnos «por imperativo legal». Y, como dice el obispo de Almería, Adolfo González Montes, «sin chocar con el ideario y con el carácter propio de los centros».

En España, además de los 2.400 colegios concertados católicos de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), existen otros 300 colegios católicos, que dependen directamente de los obispos. Se llaman colegios diocesanos, canónicos o parroquiales. Y, en ellos, la autoridad máxima es el obispo respectivo.

Mientras muchos de esos obispos claman contra la EpC e invitan a sus fieles a hacer uso del «derecho a la objeción de conciencia», en sus centros se ven «obligados» a ofrecerla a los alumnos. La Ciudadanía se está impartiendo, pues, en los colegios que dependen directamente de los obispos sin problemas y sin apenas provocar objeciones de conciencia.

EL MUNDO ha realizado una investigación en gran parte de las diócesis de las siete comunidades autónomas en las que ya ha entrado en vigor la nueva asignatura. Y el resultado es casi idéntico en todas ellas: la asignatura «se está impartiendo con total normalidad». Eso sí, «por imperativo legal».

Tesis 'oficial'

La diócesis de Almería solo tiene un colegio diocesano, el de San Ildefonso, pero su obispo, Adolfo González Montes, ha sido el primero en salir a la palestra para explicar la decisión de impartir la asignatura en su colegio. Y fue precisamente este prelado el que acuñó la tesis y el término del «imperativo legal».

En Sevilla, que cuenta con ocho colegios diocesanos, «se está dando en todos». Y lo mismo ocurre en Córdoba, que cuenta con seis. «Se está haciendo cumplir la ley y no hay problemas con la asignatura, aunque se están produciendo algunas objeciones, pocas», explica la delegada de enseñanza del obispado cordobés, María José Gallego.

Lo mismo ocurre en los tres colegios de Huelva, como explica el delegado episcopal, Baldomero Rodríguez, y sin que, hasta la fecha, se haya producido objeción alguna. Y en los 20 colegios de Málaga, donde, como explica la delegada episcopal, Carmen Velasco, «no ha habido objeciones».

Idéntica situación se produce en las tres diócesis de Extremadura o en Cantabria. «La estamos impartiendo sin problemas y sin objeciones», dice el delegado de Santander, Juan Antonio Pérez.

Cataluña es otra comunidad autónoma en la que ha entrado en vigor la asignatura. Y en los colegios diocesanos de sus 10 obispados se está impartiendo. Tanto en los 33 de Barcelona como en los cuatro de Tarragona o en los dos de Gerona. Y sin objeción alguna.

El delegado episcopal de Pamplona, Javier Segura, explica que en Navarra consideraron que «lo más oportuno era poner en marcha la asignatura, que se está impartiendo en los dos colegios diocesanos con absoluta normalidad, sin objeciones y siguiendo el texto de la Editorial Casals».

Se trata, precisamente, del texto que los colectivos homosexuales solicitan que se retire por considerarlo «discriminatorio». Entre otras cosas, porque sostiene que «no son una auténtica familia las parejas homosexuales».

La misma tónica de normalidad en los cuatro colegios parroquiales de Asturias, como explica el delegado episcopal, Luis Díaz. Incluso en Madrid, Toledo y Valencia, las archidiócesis de los tres obispos más beligerantes contra la EpC, se preparan para impartir la asignatura el próximo año.

Valencia, la diócesis que dirige monseñor García Gasco, es la que cuenta con más colegios diocesanos: 62. Y como dice su responsable, Miguel Angel Coello, «estamos a la espera de que la Conferencia Episcopal nos dé las indicaciones oportunas, pero es probable que hagamos como las diócesis en las que ya ha entrado en vigor la asignatura y la demos por imperativo legal».

En Madrid, la archidiócesis del cardenal Rouco, que cuenta con 28 colegios diocesanos, también están expectantes. «Tenemos un año para pensarlo», dice el delegado de Enseñanza, Avelino Revilla. Y, aunque el purpurado madrileño acaba de señalar que «es un deber de todos los católicos apoyar a los objetores», el próximo año tendrá que asumir la tesis de la Conferencia Episcopal, partidaria de darla por el famoso imperativo legal.

Algo que también ha asumido ya el más beligerante de los obispos contra la EpC, el cardenal primado de Toledo. Antonio Cañizares señala en una reciente pastoral que en los colegios que de él dependen directamente la asignatura se dará por imperativo legal y adaptada al ideario propio. Los obispos protestan, pero imparten la asignatura. Eso sí, a regañadientes. Entre otras cosas, porque, como dice el cardenal Rouco, deja a la asignatura de Religión «en precario», dado que «implícitamente se admite que lo que se enseña en clase de Religión no sirve para proporcionar una formación moral satisfactoria». Y por ahí la Iglesia no pasa.

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Discrepancias y divisiones internas

La tesis del «imperativo legal» es la que también está promoviendo la FERE en sus colegios. De ahí que, su secretario general, Manuel de Castor, asegure que «no va haber ni un solo colegio que se atreva a no dar la asignatura». Y eso que, en los sectores más conservadores de la Iglesia, se ha iniciado una campaña para que los colegios diocesanos salgan de la patronal de los colegios de los religiosos.

De los 300 colegios diocesanos, 150 están integrados en la FERE y otros 150 pertenecen a Educación y Gestión, la patronal que engloba a la totalidad de los colegios religiosos. Y la mayoría quieren seguir afiliados a la patronal católica.

«Hasta ahora, nadie nos ha comunicado nada. Es una decisión que tendría que tomar cada obispo y no creo que lo hagan», dice Manuel de Castro. Y los delegados episcopales de varias diócesis confirman sus impresiones.

«No nos hemos planteado salir de FERE», dice el delegado episcopal de Pamplona, Javier Segura. Más aún, el delegado episcopal de Asturias, Luis Díaz, asegura que comparten «la posición de FERE». Y el de Santander, Juan Antonio Pérez, va más allá: «Sería algo impensable salir de la Federación».

En cambio el delegado episcopal de Madrid, Avelino Revilla, no lo tiene tan claro. «Vamos a seguir en la FERE, a no ser que se nos diga lo contrario. Hasta ahora, no hemos recibido indicación alguna, pero si el señor obispo dice otra cosa habrá que hacerlo».

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La Concapa sigue apostando por la objeción de conciencia

MADRID.- El consejo confederal de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa) acordó ayer nuevas medidas en contra de la materia de Educación para la Ciudadanía, entre las que se encuentra mantener su compromiso con la objeción de conciencia «como medio legítimo para hacer frente a la usurpación por parte del Gobierno de los derechos constitucionales de los padres en la educación y la formación de sus hijos».

La Confederación, que se reunió ayer en Madrid, creará una red de abogados y procuradores que se ocuparán de la tramitación, gratuita para las familias, de los recursos que se planteen contra eventuales denegaciones de la objeción de conciencia.

Igualmente, autorizó a su Comisión Permanente para decidir y convocar, en su caso, las movilizaciones procedentes «para la adecuada defensa del derecho de los españoles a educar a sus hijos según sus convicciones filosóficas, religiosas o morales».

También acordó favorecer la objeción de aquellas familias cuyos hijos están sufriendo presiones y discriminaciones en los centros escolares, manifestadas en el inicio del curso.

En este sentido, recomienda a estas familias optar por una «objeción formal», que permita a los padres manifestar su desacuerdo con la imposición de esta asignatura, pero que evite a los hijos sufrir situaciones que, cuando menos, podemos calificar de desagradables.

«Objeción testimonial»

Además, Concapa iniciará una campaña de «objeción testimonial» para que todos aquellos ciudadanos que no tienen hijos en edad escolar o están en desacuerdo con la Educación para la Ciudadanía puedan dejar constancia también de su rechazo a esta asignatura.

«La objeción testimonial se concretará mediante la recogida de firmas que suscriban los principales argumentos que avalan la objeción de conciencia y sirva de apoyo y respaldo a quienes la formulan. Se pretende que el Gobierno promueva un amplio debate social sobre sus contenidos dándole carácter voluntario», señala en un comunicado.

Asimismo, la Confederación desarrollará una campaña de difusión y comunicación que «haga llegar a toda la sociedad los contenidos reales de una asignatura que -se diga lo que se diga- no tiene parangón en Europa, pues sólo en España se ha optado por abordar una formación ética y moral y no la educación en la ciudadanía democrática, como recomienda el Consejo de Europa», indica.

Finalmente, Concapa convocará el premio Ciudadano 2007 a las mejores viñetas gráficas relacionadas con parodias a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que puedan realizar los padres y alumnos españoles.