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martes 18 de septiembre de 2007

Cataluña, territorio sin Ley: Solbes acepta expoliar otras regiones para incrementar en un 25% las inversiones para Cataluña



Culpan a Zapatero de la «ofensiva del nacionalismo radical»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.-
Las «dificultades» que se ciernen sobre la economía española y la reciente «ofensiva del nacionalismo radical» son los dos grandes nubarrones que ensombrecen el horizonte electoral de Rodríguez Zapatero. Así, al menos, lo creen los populares, y en concreto, los miembros del selecto club de maitines que los lunes asesora a Rajoy, quienes ayer incidieron en sendos asuntos como principales ejes de la actual precampaña.

Así lo trasladó Angel Acebes, quien, a la salida de la reunión del comité de dirección del partido, culpó expresamente a Zapatero de dicha «ofensiva». Dijo que Zapatero «ha pactado toda la legislatura con los más radicales, ha gobernado con los más radicales y ha alimentado a los más radicales». Y por ello le atribuyó la responsabilidad en el último desafío nacionalista, que, ante la «creciente preocupación» de los ciudadanos, se ha visualizado en «episodios intolerables» como la quema de la imagen del Rey o las amenazas de muerte a Regina Otaola.

En realidad, ya la semana pasada, a raíz de la dimisión de Josu Jon Imaz como presidente del PNV, Ignacio Astarloa y Eduardo Zaplana, desde el comité de dirección y el Grupo Popular, derivaron la culpa de la radicalización del nacionalismo vasco y catalán al presidente del Gobierno en virtud de su política territorial.

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LAS CUENTAS DEL ESTADO / La tensión presupuestaria
Solbes acepta incrementar en un 25% las inversiones para Cataluña

El Gobierno interpreta de forma más generosa el 'Estatut' y repartirá este año 4.021 millones Vara: «Los extremeños no vamos a permitir que compromisos con terceros nos cuesten dinero»

CARLOS SEGOVIA

MADRID.-
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, cedió ayer, tras meses de resistencia, y cerró un acuerdo con el conseller de Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, por el que eleva a 4.021 millones la inversión de este año para infraestructuras en Cataluña. Esta cantidad representa un 25% más de lo que él había previsto inicialmente para cumplir con el nuevo Estatuto de la comunidad.
Solbes y Castells alcanzaron un acuerdo sobre la metodología para calcular la polémica disposición del Estatut que obliga al Estado a dedicar a sus infraestructuras al menos un porcentaje equivalente al de su peso en la economía española durante el periodo 2000-2014.


Solbes se negó en rueda de prensa a precisar la nueva cifra resultante y se limitó a decir que será «sustancialmente mayor» a la inicialmente prevista en la Ley de Presupuestos de 2007, es decir, 3.195 millones. Posteriormente, fuentes conocedoras de la negociación confirmaron a este diario que la nueva cifra para este año es de 4.021 millones de euros. Es decir, que la nueva interpretación del Estatut pactada ayer supone otros 826 millones de euros este año, a lo que habrá que añadir el correspondiente aumento en 2008.

Castells y Solbes aseguraron que las cifras se conocerán oficialmente hoy. El conseller pidió no hacerlo antes, porque quería presentarlas previamente al resto del tripartito.

«Hay que cuidar las formas», dijo, aunque aseguró que ya había adelantado el resultado al presidente de la Generalitat, el también socialista José Montilla, y que éste compartió que «el acuerdo es satisfactorio».

El vicepresidente segundo justificó su aumento de generosidad, porque «lo mismo que lo que es bueno para Alemania, lo es para la Unión Europea, lo que es bueno para Cataluña, es bueno para España». Y confió en que la reforzada apuesta por las infraestructuras catalanas impulse «el potencial productivo» de esta comunidad.

«Un problema político»

Solbes admitió que el año pasado él era partidario de una interpretación más restrictiva de esa disposición del Estatut, pero «no era un problema jurídico, era un problema político». Explicó que ha sido necesario negociar con la Generalitat, que había quedado insatisfecha, cuál debía ser la interpretación y, finalmente, se ha acordado que para calibrar qué es inversión del Estado en Cataluña no basta con la de Fomento y Medio Ambiente, sino también la de Agricultura e Industria, especialmente la de investigación y desarrollo de este último Departamento que dirige Joan Clos.

El resultado es un incremento «significativo», según Castells, y un acuerdo «de importancia máxima», porque, en su opinión, supone cerrar una metodología para los siete años de vigencia de la disposición del Estatut. Castells también subrayó que el acuerdo encierra una serie de cláusulas que garantizan que Cataluña no perderá inversiones no ejecutadas. Siempre recibirá, como mínimo, la media de lo ejecutado en los dos años anteriores. Tanto Solbes como Castells aseguraron que no han previsto que el Tribunal Constitucional anule esa disposición adicional por vulnerar la Carta Magna.

El vicepresidente segundo apostó que no se anulará, aunque consideró opinable que se haya introducido en un texto legal de tanto rango como el Estatut. No obstante, admitió que si el Tribunal cuestionara ese capítulo, «se estudiarán las consecuencias».

Al término de esta reunión, Solbes recibió al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que salió menos satisfecho que Castells. «He expuesto claramente que lo que no vamos a permitir es que lo que se tuviera pensado invertir en nuestra región, porque es lo que esta comunidad necesita y lo que está comprometido, se deje de hacer porque lleguen a acuerdos con terceros. Yo estoy aquí como presidente de Extremadura, no como miembro del PSOE. Los intereses que defiendo son los de los extremeños y las extremeñas», manifestó.

«Me parece muy bien lo que digan los estatutos de los demás, y los acuerdos a que se llegue con los demás, pero que, en ningún caso, esto suponga disminuir ni un ápice los compromisos con Extremadura y la inversión», agregó.

Fernández Vara pidió que en los Presupuestos de 2008 se contemplen ya partidas para el AVE en Extremadura.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó el pasado domingo en Gerona que la primera comunidad que tendrá sus cuatro capitales interconectadas por AVE será precisamente Cataluña.

CiU pide 5.800 millones para no hablar de «fracaso» del 'Govern' y el PSC le reclama «rigor» en el análisis


BARCELONA.- El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, no quiso valorar el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat antes de que el conseller Castells explique las bases del mismo. No obstante, sí que lanzó un aviso: CiU no estará de acuerdo a no ser que la cifra consignada en los Presupuestos de 2008 alcance los 5.800 millones. Según los cálculos de la federación, esto supondría recuperar los recursos de la disposición adicional tercera que no fueron presupuestados para el actual ejercicio.

De no ser así, Puig considerará «un nuevo fracaso negociador del Govern» el pacto sobre inversión en infraestructuras en Cataluña.

El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, afirmó que, a falta de conocer la inversión para Cataluña en los Presupuestos, su partido da prioridad a que haya mecanismos que garanticen el cumplimiento de las inversiones por encima de la cuantía final de recursos que se fije para Cataluña.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva de ERC, Ridao aseguró: «Por lo que sabemos, no es tan importante a veces la cuantía, sino la garantía» de que se cumplan las inversiones. Si en las últimas semanas ERC ha puesto el énfasis en la necesidad de que los presupuestos recogieran unos 4.314 millones de euros, además de los 1.054 millones que se dejaron de invertir el año pasado, ayer se refirió únicamente a cuestiones cualitativas.

Ridao aseguró que la cifra de 4.000 millones de euros que se baraja para Cataluña es «considerable» y supone que Gobierno y Generalitat se están «acercando» a las posiciones de ERC, pero optó por la prudencia. El dirigente de ERC insistió en que su partido quiere ver «el desglose» presupuestario antes de emitir una opinión definitiva, y destacó que no aceptarán que «se maquillen las cuentas».

El presidente de ICV y conseller de Interior, Joan Saura, aseguró que su coalición «evidentemente dirá que sí» al acuerdo alcanzado ayer en Madrid, porque «es una cifra que da respuesta y supera a todas las cifras que el año pasado se habían reclamado para 2007», de entre 3.600 a 3.700 millones de euros, por lo que aseguró que es un pacto «satisfactorio para las peticiones que desde ICV-EUiA se hacían al Gobierno español».

A falta de que el Govern se pronuncie hoy oficialmente, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, pidió ayer al resto de partidos, incluidos sus socios de gobierno ERC e ICV, «objetividad» al estudiar los Presupuestos del Estado de 2008, que cree que CiU avalará, porque, tal y como pactó, aplicarán la disposición de compensación en inversiones no ejecutadas de 2007. En alusión indirecta a las elecciones generales del mes de marzo, Iceta hizo un llamamiento a que se analice el acuerdo con «objetividad y siendo capaces de poner el interés de Cataluña por delante de cualquier interés electoralista».

Convergència culpa a Duran de favorecer a los adversarios al frenar su designación como candidato

DANI CORDERO

BARCELONA.-
El horno de CiU no está ni para bollos ni para desplantes. Por eso, Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el hermano rico de la federación, escenificó ayer un golpe sobre la mesa después de que Josep Antoni Duran Lleida congelara el pasado sábado, por sorpresa, su designación como cabeza de cartel nacionalista en las próximas elecciones generales. La decisión del líder de Unió no gustó nada y había enfado entre sus socios, pero en Convergència se impuso el silencio hasta la reunión de la permanente, celebrada ayer, y que duró más tiempo de lo que acostumbra.

Al final, del encuentro sólo salió un comunicado, que viene a ser un tirón de orejas al líder socialcristiano por condicionar su participación en las legislativas a conocer las características de la refundación del catalanismo que pretende llevar a cabo Artur Mas. Duran, asustado por posibles posiciones soberanistas, destacaba que quería conocer qué medidas deberá defender durante la campaña electoral. Y Convergència le respondió que la estrategia «se definió y acordó conjuntamente con UDC el pasado 23 de julio, por lo que le conminaba a «ponerse manos a la obra», porque es a él a quien corresponde «poner en marcha los mecanismos internos para concretar el programa y la actuación conjunta» de la federación.

El comunicado daba por hecho que «las discrepancias públicas entre CDC y UDC» protagonizadas por Duran «sólo sirven para contentar a nuestros adversarios» y «aburrir» a la ciudadanía.

Respecto al nuevo proyecto político que Mas presentará en un acto especial el próximo 20 de noviembre, Convergència considera que «Unió comprobará que en la definición de nuestro proyecto se pueden sentir bien representados». El partido que preside Jordi Pujol sostiene que «más allá de la confrontación entre izquierda y derecha, el catalanismo ha de ser el elemento cohesionador de las voluntades, los deseos y los anhelos de una mayoría amplia de la sociedad catalana».

Duran todavía advertía ayer que no piensa ser candidato de CiU en las próximas elecciones generales si Convergència empuja a la federación nacionalista hacia las tesis más soberanistas.

El cierre de comisarías en Cataluña durante el fin de semana impide expulsar a delincuentes

La CEP denuncia que la escasez de plantilla de la Policía Nacional obliga a clausurar 15 comisarías Los agentes dicen sentirse impotentes para combatir la inmigración ilegal en esta comunidad

Esta clausura forzosa de comisarías está motivando que, durante más de cien días al año, en Cataluña no se combata la inmigración ilegal, ni se persiga a las redes de tráfico de personas, ni se investigue las contrataciones falsas.

Por este motivo, desde el sindicato policial CEP consideran que esta comunidad se está convirtiendo en el paraíso de la inmigración ilegal, debido a que los agentes de la Policía Nacional, que son los que tienen competencias exclusivas en Extranjería, no poseen medios y se encuentran cada día más relegados.

«La situación es dramática. En poblaciones como Vic sólo hay un agente operativo. El abandono en materia de Extranjería en esta comunidad autónoma es total. No hay ningún control. La Policía Nacional tiene tan poca plantilla en Cataluña que no puede hacer su trabajo», critica el portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán. Según los protocolos de seguridad establecidos, cuando los Mossos d'Esquadra detienen a un delincuente extranjero envían sus datos por e-mail a la Policía Nacional para que ésta los verifique y abra el expediente de expulsión correspondiente.

Sin embargo, si ese arresto se produce en fin de semana, en algunas de estas comisarías, cuando los policías ven los e-mails es lunes y algunos delincuentes extranjeros ya han quedado en libertad. Por tanto, no se les incoa el expediente de expulsión y no pueden ser repatriados en un futuro a sus países, según informa Gavilán. En otras comisarías sí que tienen un personal de incidencias que está de guardia y que se moviliza si surge una emergencia.

Despliegue de los Mossos

«A algunos de estos presuntos delincuentes extranjeros se les hace una citación para que vengan otro día, pero evidentemente la mayoría no acude a comisaría para que se le tramite la orden que les expulsa del país. Sólo vienen los pobrecitos del top manta», explica una agente.

Tras el despliegue de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Policía Nacional ya no patrulla las calles, puesto que las competencias en seguridad ciudadana pertenecen al cuerpo autonómico. Sin embargo, sí se sigue ocupando de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, los puestos fronterizos, la tramitación de los documentos y de la inmigración.

El secretario general de la CEP en Cataluña, Sebastián Hernández, indica que no hay que interpretar esta denuncia como un ataque al despliegue de los Mossos d' Esquadra, sino que tan sólo piden que les den medios y personal para poder acometer las tareas que tienen asumidas. «Nos sentimos impotentes. Los agentes se van jubilando, pero la Dirección General de la Policía no manda a nadie a Cataluña. Pedimos una agrupación de plantillas en determinadas comisarías para que podamos organizarnos mejor», declara Hernández.

La escasez de agentes afecta, sobre todo, a las provincias de Barcelona y Gerona, ya que en Tarragona todavía no se han desplegado los Mossos, y en Lérida, dos de las comisarías están en puestos fronterizos donde la Policía Nacional tiene las competencias exclusivas.

La situación es especialmente preocupante en poblaciones como Santa Coloma, Granollers o Mataró, donde los inmigrantes rebasan el 13% del total de la población y donde la Policía se ve desbordada para combatir las bolsas de irregulares.

La falta de plantilla puede provocar situaciones kafkianas como el cartel que hay en la comisaría de Tarrasa, que invita al ciudadano que se acerca allí a que llame a los Mossos o a la Policía Local; o como el caso de un policía nacional, que tuvo que pedir socorro a los cuerpos local y autonómico para salvar el pellejo dentro de su propia comisaría.

El agente se encontraba vigilando el edificio durante el fin de semana, como sucede en ocasiones cuando los funcionarios se quedan de guardia para vigilar el local, aunque no estén operativos. El pasado mes de julio, en Santa Coloma de Gramanet, una persona comenzó a aporrear la puerta de la Policía pidiendo socorro porque le querían matar. El agente le abrió y le dejó entrar, pero inmediatamente llegó el agresor y golpeó al funcionario. El policía se vio envuelto en un forcejeo y tuvo que pedir ayuda a la Policía Local y a los Mossos para salir indemne.

Muere un hombre en Barcelona tras ser reducido por la Guardia Urbana

NANDO GARCIA

BARCELONA.-
Agentes de los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre de 32 años después de ser reducido por agentes de la Guardia Urbana en la avenida del Paralelo de Barcelona. La Policía Local informó de que el individuo falleció en el Hospital Perecamps, pero desde el centro médico se aseguró que ingresó cadáver.

Los hechos se produjeron sobre las 3.40 horas de ayer, cuando, a la altura del número 74 de la avenida del Paralelo de Barcelona, una patrulla de la Guardia Urbana detuvo a un individuo que había apuñalado a un ciudadano de origen paquistaní en un brazo.

Según explicaron ayer fuentes policiales a este diario, el fallecido había causado un accidente de coche y había provocado destrozos en el mobiliario urbano, entre otros incidentes. Por ese motivo, diversos vecinos de la zona alertaron a las autoridades. Hasta el lugar de los hechos se trasladó una patrulla de la Policía Local que en escasos minutos detuvo al hombre.

Algunos testigos explicaron que el individuo estaba muy «excitado y fuera de sus casillas» y que la Policía tuvo que emplear la fuerza para reducirlo.

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