¡YO TAMBIÉN OBJETO!

Yo también objeto
JUSTINO SINOVA

Ha dicho la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que los alumnos que no estudien la asignatura Educación para la Ciudadanía no obtendrán el título. Si yo tuviera hijos en edad escolar, no estudiarían Educación para la Ciudadanía porque su padre reclamaría en su nombre respeto a la libertad de enseñanza y a la libertad de conciencia que la Constitución protege. Mis hijos y yo tendríamos problemas, como los van a tener los objetores a tal imposición, que ya se cuentan por centenares o por miles, pero también los tendrán la ministra y su Gobierno si no rectifican, vuelven a la razón y abandonan la actitud intolerante que han adoptado.

El Ejecutivo ha decidido que Educación para la Ciudadanía sea asignatura obligatoria para todos los niños, muchos de los cuales se encontrarán con ella el próximo septiembre. Nada tendría de particular este hecho si se tratara de una asignatura objetivamente necesaria para la formación de la persona, pero resulta que es una asignatura subjetivamente ideológica que impone una visión exclusiva y parcial de la vida. Tal como ha sido diseñada, pretende una determinada formación de la conciencia moral de los niños -en asuntos que chocan frontalmente con las convicciones de muchos- y quiere el Gobierno hacerlo sin respetar el derecho de los padres a la elección de enseñanza para sus hijos.

El solo hecho de que un gobierno o un partido impongan una disciplina ideológica en los centros educativos es para echarse a temblar. Un gobierno o un partido no pueden imponer a todos su moral, sea el partido que sea, sea el gobierno que sea; eso lesiona derechos humanos de la persona, es una coacción arbitraria que hiere la libertad individual.

El caso es más sangrante cuando se repasa lo que decidió el Gobierno con la asignatura de Religión. De modo que el Ejecutivo se niega a que la Religión sea una asignatura seria para quienes la quieran -es de oferta obligatoria y de libre elección, lo que está muy bien, pero no computa en la nota del alumno, lo que la desvaloriza gravemente- y sin embargo impone una asignatura doctrinal que pretende que todos traguen, especialmente quienes no la quieren. O sea, un padre que desea que su hijo estudie Religión tiene que aguantar que su hijo pase por situaciones irritantes -al ver, por ejemplo, que los que no cursan la asignatura tengan recreos como alternativa- pero no puede evitar que sea adoctrinado con argumentos morales que se oponen a sus convicciones religiosas.

Ante tal atropello cabe el recurso jurídico, pero también la protesta y la objeción de conciencia, que es la reacción más lógica y más liberal frente al abuso. No se diga que la objeción no es la respuesta. En un país que constitucionalizó la objeción al servicio militar, ¿no va a caber la objeción a la imposición ideológica? ¿De qué habla la ministra? ¿Es que ahora resulta que la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia han de someterse a una coerción política? Como tiene dicho nuestro Tribunal Constitucional, «la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español» (sentencia 15/1982, de 23 de abril) y «forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1» (s. 53/1985 de 11 de abril). Cuando se trata de defender derechos humanos, que nuestra Constitución llama fundamentales, la objeción de conciencia es un acto de razón. Yo objeto contra la imposición de esa desdichada asignatura; y para alertar sobre el peligroso intervencionismo de un Gobierno.

justino.sinova@el-mundo.es