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Actualización de madrugada
posted by e-pesimo | 05:27
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EDITORIALES DEL DÍAMatas podría perder dos de sus 30 escaños por este asunto (hasta cuatro de los que le otorgaba la encuesta del 27 de noviembre). Como la mayoría absoluta está en 29, ello permitiría reeditar el denominado Pacto de Progreso, una componenda de todos contra el PP en el que entran desde independentistas a nacionalistas de derechas, socialistas, comunistas y ecologistas.
Todo por un asunto de corrupción urbanística que, a la vista de los hechos, se ha sobredimensionado, y en el que se dan circunstancias ciertamente sospechosas. Empezó con la toma, por parte de decenas de agentes de la Guardia Civil, del Ayuntamiento de Andratx y la detención del alcalde y un director general del Gobierno balear. En cambio, tras la aparatosidad y el ruido de las detenciones se ha conocido que la imputación atañe a una transacción con una plusvalía que podría calificarse de modesta, firmada ante notario y sobre la que se pagaron los correspondientes impuestos. Al punto de que el juez que instruye el caso ha dejado en libertad con fianza de no muy alta cuantía a los imputados.
Tres hechos llevan a desconfiar de cómo se ha llevado el asunto. Por un lado, llama la atención que el caso salte a escasos seis meses de las elecciones, cuando había indicios de posibles irregularidades que afectaban a instituciones de distinto signo político en las Islas. Por otro, sorprende la actitud del fiscal, sin precedentes en nuestro país, que ha llegado a dar una rueda de prensa para criticar al juez por ser -a su entender- benévolo con los implicados. Por último, es preocupante el anuncio del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, que ha asegurado que habrá más miembros del Gobierno balear imputados en la operación. ¿Maneja información privilegiada que le facilita Anticorrupción?
A quien está en el Gobierno y, por tanto, controla la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad hay que exigirle siempre neutralidad política. Más aun en vísperas de elecciones, cuando la tentación es dar un golpe de mano en circunscripciones donde el resultado puede depender de un puñado de votos. ¿Jugará limpio Zapatero o veremos todavía más casos como el de Andratx?
posted by e-pesimo | 14:01
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PALMA.- Tres semanas después del inicio de la denominada operación Voramar contra la corrupción urbanística en el municipio de Andratx, todos y cada uno de los imputados ya se encuentran en la calle. El presunto cerebro de la trama, el ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, el Juan Antonio Roca mallorquín según fuentes próximas a la Fiscalía, fue puesto en libertad sin fianza. El hasta ahora alcalde popular, Eugenio Hidalgo, y el celador de obras, Jaume Gibert, también se encuentran en sus domicilios tras abonar sus fianzas. Mientras las investigaciones continúan, sobre el sumario cada vez se ciernen más incógnitas:
1.- El núcleo del escándalo
El caso Andratx gravita sobre un supuesto soborno de 738.000 euros. El fiscal pidió la detención de Hidalgo, Gibert y Massot y el registro de sus domicilios y del Ayuntamiento de Andratx, basándose en el cobro de 369.000 euros por parte del ex alcalde de Andratx y de otro tanto por parte de la esposa del celador. Vio los ingresos en sus cuentas bancarias y sostuvo que se trataba de un soborno. Pero obvió un detalle. Es cierto que ambos cobraron dicha cantidad de una promotora, pero lo hicieron ante notario y tras vender sus participaciones en la inmobiliaria con la que operaban. Es más, la operación fue comunicada a Hacienda y tributó unos 120.000 euros en impuestos, adoptando así, en el caso de que fuera un soborno, una forma totalmente transparente.
2.- La sorpresa de la Guardia Civil
El Instituto Armado acudió por orden del fiscal Carrau a la sede de las sociedades que pagaron el soborno de 738.000 el mismo día, el 27 de noviembre, en el que se desató la Operación Voramar. El agente que lideraba el grupo que se personó en las sedes societarias confesó su «sorpresa» al comprobar que la mordida que estaban buscando correspondía en realidad a una compraventa de participaciones ante notario y declarada al fisco. Curiosamente, a partir de ese momento, los implicados no volvieron a ser preguntados ante el juez por la transacción que detonó el escándalo. Y es que este concepto no lo conocieron ni la Guardia Civil ni el fiscal hasta que se produjeron los primeros registros, ya que los documentos notariales obraban en poder los interesados y no se inscribieron en el registro mercantil.
3.- El contraataque del fiscal
Una vez certificada la realidad, Juan Carrau admite en su último informe que el pago corresponde a una venta de participaciones. Pero aun así continúa culpando de un delito de cohecho al hasta ahora primer edil del PP y al celador municipal. Asegura ahora que inicialmente no invirtieron nada en dicho negocio y que se limitaron a cobrar los 738.000 euros. Por lo que, siempre según él, sigue siendo un soborno. Carrau se olvida esta vez de que Hidalgo y la mujer de Gibert pagaron, también ante notario, 515.000 euros por el solar de Cala Llamp al adquirírselo a un matrimonio alemán. Así que invirtieron poco más de medio millón de euros y cobraron un año después unos 200.000 euros más en una operación especulativa aparentemente legal.
4.- Los 'sobornadores', en su casa
Las empresas que pagaron los 738.000 euros a Hidalgo y a Gibert son Spanish Investment e Inversiones Bruja. A pesar de que Carrau concluye que el ex alcalde y el celador percibieron un cohecho, quienes lo abonaron no han sido imputados. Ni siquiera ha sido llamado a declarar uno solo de los miembros de estas dos sociedades.
5.- Operaciones inexistentes
El auto judicial se basa en el informe del fiscal y está repleto de errores. En lo que respecta a la cantidad cobrada por el ex alcalde de Andratx y la mujer del celador tras vender su parte en la promotora, asegura que la sociedad Prollamp de Ponent «pagó al alcalde». Eugenio Hidalgo nunca cobró de su constructora. Lo que hizo fue vender su parte, el 33% de las participaciones, a la sociedad Spanish Investments.
6.- Excarcelaciones a buen precio
El detenido al que, desde un primer momento, se apuntó como el cerebro de la trama de corrupción urbanística, Jaume Massot, quedó en libertad con cargos 72 horas después de ser detenido. Al hombre, rebautizado en el seno de la Fiscalía como el Roca de la Operación Voramar, le bastaron dos horas de declaración judicial para desmontar las acusaciones del fiscal. Desde entonces, su nombre no ha vuelto a aparecer en la documentación sobre la que no pesa el secreto de sumario. Hidalgo y Gibert han quedado en libertad a cambio de un total de 160.000 euros, a pesar de que el fiscal les pedía inicialmente una fianza a cada uno de seis millones de euros.
7.- La recalificación 'fantasma'
Otra de las acusaciones se basa en una supuesta recalificación en suelo rústico de Eugenio Hidalgo para beneficiar a su socio en el negocio de la promoción inmobiliaria. El País acusa al constructor Manuel Zapata de haber dado un pelotazo de 10 millones de euros con la reclasificación de un solar rústico. El terreno sobre el que versa la acusación fue declarado urbano por el Plan General de Andratx en 1976, y hace tan sólo dos el Consejo de Mallorca lo reconvirtió en rústico. El Ayuntamiento y el Consejo libran ahora una batalla jurídica en el plano administrativo para dilucidar si la institución que preside Munar tiene competencia para recalificar este solar.
8.- El alcalde promotor
El fiscal imputa al primer edil y al funcionario público el delito de negociaciones prohibidas. Una acusación que se deriva del hecho conocido desde hace años y reconocido por Hidalgo de que compagina su control del urbanismo con los negocios de promoción inmobiliaria. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Andratx sostienen que el alcalde no ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades y que podía alternar dichas actividades en base al régimen de funcionamiento municipal.
9.- El despliegue de medios
El fiscal organizó un despliegue de medios sólo comparable al de la Operación Malaya, que investiga el robo de 2.000 millones de euros en el Consistorio marbellí. Hasta cinco decenas de agentes de la Guardia Civil, algunos venidos desde Marbella, se llevaron esposados a Hidalgo y a Gibert y asaltaron el Ayuntamiento de Andratx, tras avisar a todos los medios de comunicación. En este caso el presunto fraude ascendería a 1,3 millones de euros.
10.- Los escándalos olvidados
El fiscal que ordenó detener a Hidalgo y a Gibert pasa por alto escándalos de corrupción aparentemente más graves. Carrau se negó a abrir diligencias por una recalificación multimillonaria en el municipio de Calvià que tenía como beneficiaria a la familia del mayor editor de las islas. Tampoco ha considerado oportuno investigar por qué el Consejo de Mallorca concedió a la promotora catalana Sacresa el mejor solar público por 30 millones de euros, cuando otra empresa ofrecía más del doble. Tampoco ha pasado por alto hechos como el de que Maria Antònia Munar compagine su cargo público con su empresa particular.
http://www.elmundo.es/diario/espana/2062211.html
posted by e-pesimo | 14:00
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PALMA.- El caso Andratx, en el que están imputados el ex alcalde Eugenio Hidalgo y un ex director general del Gobierno balear por presuntos delitos de corrupción urbanística, ya ha comenzado a pasar factura al PP. Si hoy se celebraran las elecciones autonómicas, el PP podría perder hasta dos escaños, según un sondeo de Sigma Dos.El pasado 27 de noviembre, el mismo día que la Guardia Civil asaltaba el Ayuntamiento de Andratx y detenía a su alcalde, este diario publicaba otra encuesta de Sigma Dos en el que Matas no sólo mantenía su mayoría absoluta, sino que la podía ampliar hasta en dos escaños. Ahora, después de tres semanas de bombardeo informativo sobre el escándalo urbanístico, las tornas han cambiado.
El Parlamento balear cuenta con 59 escaños y, por tanto, la mayoría absoluta está fijada en 30 diputados autonómicos, los mismos que tiene actualmente el PP de Matas. Según la encuesta de Sigma Dos, aunque los populares mantienen e incluso refuerzan ligeramente su intención de voto (el 45,5% del total), en las elecciones del próximo mes de mayo obtendrían un resultado de entre 28 y 30 escaños.
Es decir, en el escenario más favorable, Matas conservaría una mayoría absoluta idéntica a la actual y revalidaría su mandato por otros cuatro años. Pero el peor supuesto para los populares les haría retroceder a tan sólo 28 escaños (pueden perder uno en Menorca y otro en Ibiza), lo que obligaría a Matas, para seguir gobernando, a reeditar su pacto con la Unió Mallorquina de María Antònia Munar, que hoy parece mucho más propensa a pactar con el PSOE.
Pero no es tan importante el retroceso del PP como el avance del PSOE, que según la encuesta podría pasar de los 19 escaños actuales hasta los 24 en el escenario más favorable, lo que le ofrece un amplio margen para negociar un pacto de gobierno con el resto de fuerzas políticas de la Cámara Autonómica.
El líder socialista, Francesc Antich, que ha sabido rentabilizar el escándalo del caso Andratx, acaricia todavía la idea de reeditar el Pacte de Progrés que le llevó a la presidencia del Gobierno balear en la pasada legislatura. Este mismo viernes, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, visitaba Palma para exigir responsabilidades políticas al president Matas y anunciaba que pronto habrá más miembros del Govern imputados en la operación Voramar puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción en Andratx.
El crecimiento electoral del PSOE se produce a costa del resto de partidos de izquierdas que fueron sus aliados en el Pacte de Progrés. El nacionalista Partido Socialista de Mallorca (PSM) y Esquerra Unida-Els Verds (EU/EV), que se presentarán a las próximas elecciones bajo la coalición Bloc Progresista, podrían perder hasta dos escaños, pasando de los siete actuales a sólo cinco.
Estos resultados contrastan con otro sondeo de Sigma Dos publicado por EL MUNDO hace tan sólo tres semanas, el mismo día que la Guardia Civil detenía, el pasado 27 de noviembre, al entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y a un director general del Gobierno balear, Jaume Massot, en la operación Voramar. En aquellos momentos, el PP de Jaume Matas no sólo tenía garantizada la mayoría absoluta en el Parlamento balear, sino que podría crecer incluso hasta los 32 diputados y lograr también mayoría absoluta en los Consejos insulares de Mallorca e Ibiza.
Ahora, el resultado más incierto está en la isla de Mallorca, cuyo Consejo Insular preside actualmente María Antònia Munar (Unió Mallorquina) con tan sólo 3 escaños, gracias al apoyo de los 16 diputados del PP. De acuerdo con la encuesta de Sigma Dos, los populares podrían crecer hasta los 17 diputados (lo que les permitiría gobernar el Consell sin UM), pero también podrían perder un escaño y quedarse con 15.
Si hace un mes, la encuesta de Sigma Dos pronosticaba un auténtico descalabro de la Unió Mallorquina de Munar (que podía quedar con un solo diputado), en el nuevo sondeo conserva intactos sus tres escaños, que le permitirían buscar una alianza alternativa de gobierno con los partidos de izquierdas.
En el Consell de Menorca, la socialista Joana Barceló podría seguir gobernando gracias a sus socios nacionalistas del PSM, o incluso arrebatar un escaño al PP (que caería de seis a cinco diputados) y obtener así la mayoría absoluta. En cuanto al Consejo insular de Ibiza, los socialistas crecen ligeramente en intención de voto a costa de sus antiguos socios del Pacte Progresista, pero no logran amenazar la mayoría absoluta del popular Pere Palau.
Si se confirma la pérdida de la mayoría absoluta de Matas augurada por Sigma Dos, la Unió Mallorquina de Munar seguiría siendo el árbitro de la política balear, como ha sucedido, en buena medida, durante las dos últimas legislaturas. En 1999, el PP se quedó a sólo un escaño de la mayoría absoluta y Munar inclinó la balanza a favor de los partidos de izquierdas para constituir el Govern del Pacte presidido por el socialista Antich.
En cuanto a los partidos minoritarios de izquierdas, crear el Bloc no parece haber sido una gran idea. Si los tres partidos (PSM, EU-EV) sumaron en las anteriores elecciones autonómicas casi el 16% de los votos, la coalición no alcanza ahora el 9% de intención de voto.
En buena medida porque los críticos del PSM se han escindido para presentarse con una candidatura propia, la Entesa, mientras que los independentistas de ERC, que ha rechazado incorporarse al Bloc y acudirán a los comicios en solitario, intentarán afianzarse en el mismo espacio nacionalista.
posted by e-pesimo | 13:59
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El 17 de septiembre de 1936 el autoconstituido como Tribunal Popular de Almería dictó sentencia contra 43 militares implicados en la allí fallida sublevación del 18 de julio. Era la Causa Número 3 de las que juzgaba este órgano revolucionario y concluyó con 36 condenas a muerte, una cadena perpetua, cuatro absoluciones y dos sobreseimientos. Sin embargo, en el momento de ejecutar tales disposiciones surgió un pequeño problema técnico: todos los condenados habían sido ya asesinados el mes anterior en Cartagena. Comentando el episodio con lúcida ironía, el gran hispanista Bartolomé Bennassar concluye y advierte que «hay que evitar contar dos veces los mismos muertos». Aunque tan sabia recomendación vaya dirigida en su caso hacia quienes se acercan sin cautela a los desequilibrados cómputos de las víctimas de la Guerra Civil realizados por los simpatizantes de uno u otro bando, también debería haber sido enunciada el pasado jueves por el presidente del Congreso de los Diputados antes del lamentable debate sobre la Ley de la Memoria Histórica.
Y digo «lamentable» no porque los principales oradores no dieran la talla, que tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega, como el misacantano Torres Mora o el mucho más sólido que elocuente Manuel Atencia, brillaron a gran altura, sino porque la esencia del proyecto gubernamental pivota sobre una gran falacia y lleva camino de causar daños muy superiores a los que pretende reparar.
La gran falacia es que la sociedad española tiene una deuda pendiente con las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil porque la reconciliación se ha basado durante la Transición en la amnesia y el olvido. Con toda razón y solvencia el portavoz popular pudo poner sobre la mesa una docena de normas legales -desde la ley de Amnistía hasta el decreto que otorga pensiones a los niños de la guerra enviados a Rusia- que prueban el celo de todos los gobiernos y parlamentos de la democracia a la hora de reparar las injusticias del pasado. Por eso más de medio millón de españoles han recibido prestaciones compensatorias vinculadas a ese concepto.
Incluso en un plano tan subjetivo y opinable como el de la evocación pública, es obvio que si algo ha caracterizado la literatura, el cine y el periodismo de las tres últimas décadas ha sido la exaltación del sufrimiento de los perdedores de la Guerra Civil y el juicio implacablemente severo a los abusos de los vencedores. Baste recordar la gran exposición sobre el exilio organizada en comandita por la Fundación Pablo Iglesias y el Museo Reina Sofía en el otoño de 2002, es decir en pleno apogeo de la mayoría absoluta del PP. Fue inaugurada por el Rey, la ministra de Cultura Pilar del Castillo y Alfonso Guerra y en el transcurso del acto Don Juan Carlos le dio un efusivo abrazo a un Santiago Carrillo alborozado de ver incluidos en la muestra de objetos dignos de admiración los primeros documentos con los que entró clandestinamente en España.
Sin embargo alguien tan ecuánime como Bennassar no puede eludir referirse al hoy nonagenario dirigente comunista como uno de los tres «tétricos agentes del sistema» a quienes identifica como responsables de las sacas y matanzas de presos de noviembre del 36 en Madrid, tan crueles y mucho más mortíferas que las tristemente célebres «masacres de las prisiones» que desde septiembre de 1792 abochornan a los parisinos. Bastaba leer hace unos meses el emocionante artículo de Alfonso Ussía sobre el asesinato de su abuelo Muñoz Seca o escudriñar con escalofrío la esquela publicada hace unos días en EL MUNDO por los familiares de los dos centenares de menores ejecutados extrajudicialmente en Paracuellos, junto a los miles de víctimas restantes, para darse cuenta de lo imposible que es mirar hacia atrás con inquina de manera asimétrica.
La esencia de la Transición no ha sido el olvido sino el perdón, según la receta enunciada por Azaña cuando para su generación era ya demasiado tarde. A las razones morales se unieron las de índole práctica. «Un juicio al franquismo hubiera conllevado de inmediato el de los responsables importantes de la represión republicana supervivientes, incluido Santiago Carrillo», concluye Bennassar en el epílogo a un libro de título tan certero y elocuente como El infierno fuimos nosotros.
Los hechos han demostrado que era compatible honrar, homenajear, compensar económica y moralmente, reivindicar en suma, a todas las víctimas con dar por prescritas las responsabilidades penales de todos los verdugos. La frontera no podía ser otra que la de la implantación de la democracia. Por eso la amnistía benefició por igual a criminales de los dos bandos durante la guerra, a implacables ejecutores de las leyes injustas de la dictadura, a policías torturadores y a terroristas asesinos del FRAP y de la ETA.
La sociedad española entendió que ése era el precio de la reconciliación y lo pagó no sin profundos desgarros, pero con el convencimiento de que se trataba de la receta que garantizaba no volver a las andadas. El tiempo le dio enseguida la razón ante la admiración de la comunidad internacional que vio emerger una democracia próspera y estable. Y si los 40 años de dictadura se caracterizaron por un implacable maniqueísmo en la denigración de los vencidos, todos hemos comprendido que durante los 30 que llevamos ya de democracia se haya producido un natural efecto compensatorio en la opinión pública, consistente en exaltar la legitimidad republicana prescindiendo de sus fatídicos abusos y errores y sepultar en el pecado original del franquismo hasta sus más indiscutibles logros.
El ajuste de cuentas estaba ya exclusivamente en manos de los historiadores cuando, contra todo pronóstico y sin que mediara demanda social relevante alguna, el Gobierno de Zapatero lo ha reintroducido en la agenda política. Ni siquiera cuando el nuevo presidente concluyó su discurso de investidura con una sentida y hermosa referencia a su abuelo podíamos imaginar que la sombra de ese militar republicano, que probablemente fue tan fiel a sus ideas como recuerda su nieto, recorrería toda la legislatura, levantando a su paso la memoria de otros miles, decenas de miles, centenares de miles de abuelos que en su mismo bando o en el contrario también se comportaron de forma que sus descendientes consideran digna de veneración y respeto. Y como unos y otros pagaron demasiado a menudo con la vida por esa coherencia o incluso por una mera apariencia de adscripción ideológica, hétenos aquí, que 70 años después de la tragedia, ha estallado la guerra de las esquelas que nadie suscitó ni con motivo del 50º aniversario cuando gobernaba González, ni del 60º cuando lo hacía Aznar.
Mientras a la anterior camada de españoles se le pidió con buen criterio que mantuviera cerradas las tumbas de sus padres, a la actual se le estimula a abrir las de sus abuelos. Ése es el disparate que, de entrada, ya duplica las posibilidades de conflicto porque nadie ha tenido más de dos progenitores ni menos de cuatro abuelos. Además, mientras en el Chile en el que los nietos de Pinochet y Prats acaban de intentar poner las cosas en su sitio a base de exabruptos y escupitajos las guerras de los abuelos tuvieron lugar cuando ellos ya eran hombres bien entrados en años, muchos de los nuestros mataron y murieron siendo casi adolescentes lo que amplía muy notablemente el margen de tiempo para ese rencor de segunda generación.
Lo único bueno de lo que pasó el jueves es que Zapatero ya ha podido darse cuenta del lío en el que se ha metido. Ni un solo grupo apoya su revisionismo de medias tintas. Para el PP va a ser facilísimo ponerle en evidencia porque una significativa porción de los propios dirigentes, diputados, militantes y votantes socialistas admite que, independientemente de cuál sea su contenido, una ley así sólo puede plantearse mediante el consenso. Entre tanto CiU, el PNV y Coalición Canaria han tomado conciencia de que son los salvavidas que necesita alquilar el Gobierno y, como es natural, ya andan barruntando el precio. Porque, como era previsible, los únicos interesados en descoser las concienzudas costuras de la Transición consideran ridículamente insuficiente el mecanismo de los diplomas de reparación moral, extendidos por el Parlamento sin efecto jurídico alguno, que yo comparé este verano con aquellos Bailes de las Víctimas de la Francia del Directorio a los que sólo tenían derecho a asistir los familiares de algún guillotinado.
De hecho a los desaforados diputados que intervinieron en nombre de los socios del Partido Socialista en el Gobierno catalán se les entendió absolutamente todo. Cuando el energúmeno Tardá y su coequipier Herrera reclamaban que se procediera contra los «genocidas franquistas», hablaban de «nuestro bando» o exigían que el Rey pidiera perdón por encarnar la continuidad del Estado, sólo servían de eco a la Oficina Judicial desde la que sus ancestros Samblancat y Barriobero se esmeraban en la época de referencia en gestionar la degollina de sacerdotes, financieros y burgueses bajo la espantada tutela del Gobierno de Companys. Ése es el sentido de la Justicia asociado a su memoria histórica.
Si el problema para el PSOE va a ser la nula rentabilidad electoral de esta iniciativa que lleva camino de quedarse en tierra de nadie, desde el punto de vista de los intereses generales más bien habría que hablar de lucro cesante. Hago mío, tirando por elevación, el diagnóstico del sociólogo Tezanos en el órgano del guerrismo: quien se distrae en aventuras ultraperiféricas es porque no tiene ningún mensaje que vaya dirigido a la médula espinal de sus votantes. Mientras Zapatero se entretenga con cosas que nadie pedía como el Estatuto catalán, la negociación con ETA o la Ley de la Memoria Histórica, podrá seguir camuflando su falta de perspectiva o de capacidad política para definir lo que Tezanos anhelaría como un proyecto para la izquierda del siglo XXI y a mí me bastaría percibir como un plan mínimamente coherente para seguir modernizando España.
Y puesto a ocuparse de las víctimas del fanatismo totalitario, más le valdría centrarse en las estrictamente contemporáneas, en lugar de remontarse dos o tres generaciones río arriba. Todos sabemos ya cuáles eran los proyectos políticos por cuya causa murieron los asesinados durante la guerra y la dictadura. Ambos fracasaron en el siglo pasado y, por mucha imaginación que se le eche, ni la II República ni el franquismo han sido la fuente de inspiración de la España actual.
Lo que importa no es de dónde venimos sino en dónde estamos. Son las víctimas de la democracia las que deben obsesionarnos a todos. No esos remotos antepasados sacrificados por cuchillos arcaicos en altares distantes, sino estos centenares de coetáneos nuestros asesinados por el terrorismo con el propósito de destruir el actual régimen constitucional y torcer nuestra voluntad colectiva. ¿Seremos o no capaces de hacerles justicia logrando que brille la verdad y preservando su legado?
Ésa es la pregunta que en definitiva le hacemos todos los días a Zapatero desde que llegó a La Moncloa en relación a las víctimas de los coches bomba de ETA y de los trenes de la muerte del 11-M. Nobleza obliga a subrayar que el presidente no ha hecho nada infame que induzca al desaliento, pero tampoco nos da la confianza necesaria ni en sus palabras ni en sus actos. Los dados de la negociación política con ETA siguen rodando y el juicio sobre la matanza de Madrid se acerca sin que desde el poder se nos aporten respuestas tranquilizadoras. En lugar de empeñarse en cumplir con sus deberes inmediatos ante esa hilera de cadáveres aún calientes, Zapatero ha pedido que le reabran las fosas del pasado para recontar los fríos esqueletos de un terrible anteayer. Horror con horror se tapa.
El presidente ha sido muy hábil destituyendo al policía que ha aportado todos los datos clave en los que se asienta el sumario del 11-M cuando sólo quedan dos meses para la vista oral. El cese de Manzano al frente de los Tedax implica cortar el principal cordón umbilical que unía a su Gobierno con la manipulación policial de la investigación y dejar por completo en manos del tribunal la patata caliente de qué hacer con un sumario forjado a base de chapuzas y mentiras.
Yo ya no podré seguir inquiriendo a Zapatero ni dónde están los informes de los análisis de los focos de los trenes, ni por qué los restos no se enviaron al laboratorio de la Policía Científica, ni cuáles fueron los «componentes de la dinamita» detectados. La próxima vez que lo haga el presidente enarcará las cejas y se encogerá de hombros: todo eso sucedió cuando aún gobernaba Aznar y ese policía ya no está con nosotros.
Retirando su confianza a Manzano y arrojándolo a los pies de los caballos que lo pisotearán durante la vista oral, Zapatero se ha comportado como si no tuviera nada que temer de lo que a partir de ahora pueda descubrirse sobre el 11-M. No faltará quien lo vea como un rasgo de inconsciencia, pero yo lo interpreto como una prueba de prudencia. Fulminando al testigo de cargo número uno con que cuentan el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez, el presidente nos viene a decir que él también ha terminado por darse cuenta de que aquí hay gato encerrado. Magro consuelo para quienes somos una y otra vez vituperados por sostener lo propio, tras aportar todos los elementos que han puesto en la picota al turbio policía. Y es que nuestro propósito nunca fue acusar a Zapatero o a su partido de complicidad en la matanza de Madrid sino conseguir su plena implicación en averiguar quiénes fueron todos sus autores e inductores. Por desgracia el presidente sigue entretenido en otros menesteres.
Etiquetas: Pedro J.
posted by e-pesimo | 13:58
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MADRID.- El Gobierno tiene información que le permite afirmar que el proceso iniciado para acabar con el terrorismo está de nuevo encauzado y que, por lo tanto, ETA no tiene intención de romperlo a corto plazo. Ésa es su convicción a pesar de los comunicados repletos de advertencias difundidos por la banda terrorista y de las declaraciones de los líderes de Batasuna asegurando que el camino iniciado es «inviable».Fuentes gubernamentales argumentan que, en el momento actual, quien tiene definitivamente establecida su autoridad en la izquierda abertzale es ETA y que Batasuna no siempre cuenta con información directa y en tiempo real de las decisiones adoptadas por la banda. De modo que opta por determinadas escenificaciones, como la realizada el viernes ante la sede socialista, cuya intención es presionar al Gobierno y cohesionar sus propias bases.
De hecho, la formación representada por Arnaldo Otegi, a nivel interno está enviando mensajes que le permiten tomar una postura y la contraria, según como vaya discurriendo el proceso. Al mismo tiempo que su portavoz pedía al Ejecutivo tras una pancarta una nueva propuesta estructural desarrollaba ante los suyos otros matices.
Según ha podido saber este periódico, desde hace unos días, los dirigentes de Batasuna están difundiendo entre los miembros de sus comités regionales un documento en el que, efectivamente, se critica al Ejecutivo y se le responsabiliza del bloqueo del proceso por los «incumplimientos» de las condiciones iniciales en los que ha incurrido. Pero también se comunica a las bases que se le va a dar otra oportunidad siempre que -apostillan- el Gobierno cumpla con los requisitos exigidos.
El texto, en el que se emplea un tono comedido, detalla que se han abierto dos vías para forzar el cambio de rumbo de la situación: una, con la que la izquierda abertzale pretende -una vez más-, «recuperar la calle» mediante manifestaciones y concentraciones; y otra con la que pretende mantener la presión política. No en vano, Batasuna, aún no teniendo clara cuál es la fórmula con la que se va a presentar a los próximos comicios municipales, es la única formación que, desde hace ya un par de semanas, ha iniciado una precampaña con la celebración de actos, la preparación de la base de sus candidaturas y el desarrollo de las propuestas con las que pretende aglutinar a su electorado.
El hecho, en cualquiera de los casos, es que, a pesar de que el Ejecutivo tiene acreditado que, por el momento, la cuestión no va a naufragar, el proceso sigue en una especie de equilibrio inestable, que, según el propio Gobierno, no permite asentar un horizonte amplio de seguridad absoluta. En este sentido hay que tener en cuenta que, al menos oficialmente, no hay respuesta para un interrogante de no poca enjundia: ETA en sus últimas comunicaciones ha asegurado que la declaración efectuada el pasado 29 de junio por el presidente Rodríguez Zapatero sobre el «respeto al derecho a decidir» no le era ya satisfactoria porque a estas alturas le parecía confusa; y ha puesto un plazo, el de finales de otoño, para alcanzar acuerdos relevantes en el ámbito político, unos acuerdos de difícil plasmación en estos momentos dado que las reuniones secretas entre PSE, Batasuna y PNV, están a medio gas.
Dadas las circunstancias, cabe plantearse cuál será la iniciativa de ETA cuando acabe ese plazo y cómo explicará qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión o aplazar su decisión si es que decide finalmente que esto siga siendo así. La postura mantenida en los últimos comunicados, así como el robo de armas y el recrudecimiento de la kale borroka fueron los hechos que dispararon las especulaciones sobre si, a mediados de diciembre, el plazo dado por la banda terrorista podía traducirse en una ruptura. Unas especulaciones que llegaron a suscitar la intranquilidad del Ejecutivo cuando el ex dirigente de Batasuna Txema Montero, hoy en la órbita del PNV, dio pábulo a la posibilidad de que ETA volviese a matar en un plazo que coincidía con el final del otoño.
El factor Montero fue desactivado pero lo cierto es que las Fuerzas de Seguridad a principios de la semana pasada llevaban detectando la celebración de debates dentro de la izquierda abertzale sobre la conveniencia de romper la tregua, suspenderla durante unos meses para presionar al Gobierno antes de las municipales o dejar cualquier tipo de consideración para los momentos previos a las elecciones generales. Teóricamente este debate tenía que dilucidarse esta semana pero los expertos también sostienen que es ETA quien lo ha resuelto y que en los próximos días les hará llegar a sus simpatizantes el mensaje de que, por el momento, ni ruptura ni suspensión.
Y mientras tanto, aunque el Gobierno asegura que no se están produciendo avances, el interés por desbloquear la que es considerada la crisis más profunda del proceso ha venido aconsejando la ejecución de algunos movimientos. El Ejecutivo consideró adecuado que la Fiscalía mantuviese determinada postura respecto a algunos procedimientos judiciales. Poco después se produjeron las detenciones de varios miembros de los aparatos logístico y militar y la constatación de un dato que se había estado eludiendo, como es el intento de ETA de reestructurarse. El Gobierno lanzó entonces un mensaje de firmeza en un ambiente de intensificación de la kale borroka y también de encuestas, poco propicio para continuar con las reuniones entre el PSE y Batasuna para la creación de la mesa política de partidos.
Los socialistas sostienen que éstas siguen interrumpidas porque ellos han expuesto todo lo que tenían que decir y los radicales han de «madurar». Pero otras fuentes aseguran que se está empleando un método indirecto, que se ha vuelto a las reuniones a dos bandas por lo menos hasta que se aclare la situación, y que el PSE ha pedido al PNV que elabore una fórmula sobre la territorialidad que pueda ser asumida por ellos y por Batasuna. Hasta el momento, los nacionalistas habían propuesto la creación de un órgano común con capacidad legislativa y ejecutiva difícilmente aceptable por el PSE. Los dirigentes del PNV han buscado otra salida que expondrán en breve a sus compañeros de negociación.
Los socialistas vascos sí han mantenido con Batasuna las conversaciones telefónicas para abordar uno de los escollos que mayores problemas plantea para el desarrollo del proceso como es su legalización.
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La necesidad de ganar tiempo
MADRID.- El Gobierno solicitó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que «ganase tiempo» en algunos de los procedimientos judiciales abiertos contra la izquierda 'abertzale'.
Esta solicitud fue hecha en concreto en el proceso de embargo de las 'herriko tabernas' emprendido a raiz de la ilegalización de Batasuna, y en la presunción de que estos establecimientos tienen tal relación en su funcionamiento y financiación con el citado partido, que sus bienes pueden ser requisados por el Estado. El escrito del fiscal se hizo público el 21 de noviembre y en él se descartaba la relación entre las 'herriko' y Batasuna y se solicitaba la práctica de otras pruebas.
En aquellos momentos, el proceso llevaba ya semanas en 'crisis' según ETA, que en el mes de agosto había hecho público un duro comunicado acusando al Gobierno, una vez más, de haber incurrido en 'incumplimientos'. La banda terrorista exigía también el desarrollo de determinadas vías políticas que el Ejecutivo dijo no querer emprender hasta que Batasuna no fuese legal.
Fruto de la crisis no se había llevado a cabo la reunión entre ETA y el Gobierno prevista para agosto. De modo que, aunque ya se había producido el robo de 350 armas en Francia, la autoría no había sido señalada de manera oficial y el PSE seguía reuniéndose con la ilegalizada Batasuna para intentar encontrar una salida a la situación.
En este contexto, el Ejecutivo se puso en contacto con el ministerio público con la pretensión de garantizar la viabilidad del proceso, facilitar la reunión entre ambas partes que algunas fuentes preveían para enero y despejar la situación de cara a los comicios. La Fiscalía ya había iniciado un cambio copernicano de criterio respecto al mantenido por su antecesor que ha seguido estableciendo en varios casos.
http://www.elmundo.es/diario/espana/2062180.html
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Si según el dicho popular las comparaciones siempre son odiosas, pocas arrastran una injusticia tan sangrante como la que hoy incluye nuestra portada. Advertíamos ayer que la exorbitada fianza que el juez Del Olmo había impuesto a los dos policías que hablaron con un periodista de EL MUNDO sólo podía ser considerada como un ensañamiento. El repaso de las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional en los últimos años no hace sino corroborar hoy nuestra primera impresión de que la decisión del magistrado responde más a su obsesión personal con este periódico -que ha ido señalando una a una las lagunas de su instrucción en el 11-M- que a su deber constitucional de impartir justicia. De lo contrario, es inexplicable que los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla tengan que hacer frente a sendas fianzas de 150.000 euros mientras a miembros del entorno proetarra o de la trama del 11-M se les han impuesto cantidades mucho menores. Uno de los ejemplos más llamativos es quizá el de Xabier Alegría, al que el propio Del Olmo le impuso una cantidad de sólo 50.000 euros para salir de prisión. Idéntica cantidad decretó el mismo magistrado para Antonio Toro, procesado en el sumario del 11-M. Así pues, según el inaudito criterio de Del Olmo, un presunto delito de revelación de secretos -penado con entre uno y tres años de cárcel- merece una fianza tres veces mayor que el de colaboración con banda armada o el de suministro de explosivos -cuyas penas alcanzan hasta los 10 años-. El agravio es aún mayor si comparamos el peligro de fuga de estos dos servidores públicos con el de un tipo como Alegría, que cuenta con la infraestructura de ETA a su servicio. Así, no es de extrañar que la sociedad civil empiece a moverse y que un sindicato haya abierto una cuenta para recaudar la fianza.
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El juez Del Olmo cifró en 150.000 euros la fianza para los policías Celestino Rivera y Antonio Parrilla, detenidos durante las investigaciones encaminadas, al parecer, al desentrañar la trama delictiva que giraba alrededor de los cinco kilos de Goma 2 ECO localizados el pasado mes de agosto en Madrid. El juez aún no ha podido resolver ni quién robó el explosivo, ni de dónde ni, lo más importante, cuál era su objetivo final.
Fue el propio Del Olmo el que impuso una fianza de 50.000 euros, tres veces menos que la que ha impuesto a los dos agentes, para el considerado como responsable del complejo ETA-KAS, Xabier Alegría. El juez le acusaba de colaboración con ETA en el denominado caso Egunkaria. Alegría no pudo abandonar en ese momento la prisión porque estaba acusado también por el juez Garzón en el caso Udalbiltza, pero este magistrado también le dejó en libertad tras pagar 30.000 euros. La acusación de este último juez era también de colaboración con banda armada, que puede ser condenada con entre 5 y 10 años de prisión. La revelación de secretos, en el caso más grave, podría llevar aparejada una condena de entre uno y tres años.
Garzón rebaja la fianza
La fianza impuesta contra los dos policías acusados de hablar con EL MUNDO también contrasta con la que le impuso a finales del pasado mes de octubre el también magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al líder de Batasuna Arnaldo Otegi: 50.000 euros, tres veces menos que a los policías. Garzón rectificó en aquella fecha la primera decisión adoptada por el entonces magistrado instructor de la Audiencia Fernando Grande Marlaska, quien había impuesto una fianza de 650.000 euros para el dirigente abertzale, al que vinculaba a los actos de kale borroka que se produjeron en el País Vasco y Navarra durante la huelga del pasado 9 de marzo. Está acusado de colaboración con banda armada.
No es éste el único dirigente de la izquierda abertzale que se encuentra en la misma situación que Otegi: en libertad bajo fianza por su relación con ETA. El también dirigente de Batasuna Pernando Barrena está en libertad bajo fianza de 200.000 euros, por la misma acusación.
El líder del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, tiene impuesta otra fianza de 100.000 euros acusado de colaborar con ETA. En estos dos últimos casos, la iniciativa judicial partió del juez Grande Marlaska.
Pero este magistrado también ha fijado fianzas para algunos de los presuntos implicados en la trama del 11-M. Así, por ejemplo, Del Olmo impuso una fianza de 50.000 euros a Mahmoud Slimane Aoun al que el juez acusa de colaboración con organización terrorista. Quizá el caso más llamativo fue el del procesado Antonio Toro acusado por el juez de tráfico, transporte o suministro de explosivos. El ex cuñado de Emilio Suárez Trashorras está bajo fianza de 50.000 euros. El juez también dejó bajo fianza a otros dos acusados de la trama asturiana: Emilio Llano, que pagó 25.000 euros, y Raúl González, al que Del Olmo le impuso una fianza de 35.000 euros.
En la operación desarrollada el pasado día 1, el juez Del Olmo, además de autorizar la captura de otros cinco presuntos implicados en tráfico de explosivos y tráfico de drogas, actuó simultáneamente contra estos dos agentes, a los que sólo acusa de facilitar información sobre esta trama criminal a EL MUNDO. Los agentes actuaron, según se desprende de los autos del juez, con el convencimiento de que los investigadores no iba a desmantelar la trama criminal que giraba alrededor de este tráfico de explosivos, aún no resuelto por el juez.
Como recordaba ayer la Confederación Española de Policía (CEP), el magistrado aún no ha informado del secreto que presuntamente desvelaron los dos agentes a EL MUNDO. En cualquier caso, ninguno de los dos agentes pudo tener acceso directo a datos o informes relacionados con la investigación. Fuentes policiales recuerdan que ambos están destinados en la comisaría de Villa de Vallecas que las investigaciones las llevaba la Brigada Provincial de Información de Madrid, y que era esta brigada la que investigaba el caso de la Goma 2 ECO, aún no resuelto, y no la comisaría vallecana.
En el mismo sumario, el juez autorizó la detención de otro agente al que, tras tomarle declaración, le dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Le considera sospechoso de un delito de tráfico de drogas, entre otros.
posted by e-pesimo | 13:56
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Rafael Díez Usabiaga. El líder de LAB, acusado de colaboración por Grande Marlaska, está libre bajo fianza de 100.000 euros.
Pernando Barrena. Acusado de colaboración, está en libertad tras pagar 200.000 euros fijados por Grande Marlaska.
Xabier Oleaga. Acusado en el caso Egunkaria de colaborar con ETA está bajo fianza de 30.000 euros impuesta por Del Olmo.
Antonio Parrilla. En prisión acusado por Del Olmo de revelación de secretos. Le ha impuesto una fianza de 150.000 euros.
Celestino Rivero. En prisión acusado por el juez Del Olmo de revelación de secreto. Le ha impuesto una fianza de 150.000 euros.
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posted by e-pesimo | 13:54
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Rajoy se expresó así en un acto de homenaje a los ex alcaldes del PP en la provincia de Pontevedra. El dirigente de los populares censuró la «contumacia» de José Luis Rodríguez Zapatero al «ignorar el chantaje» al que lo está sometiendo ETA, así como los «cambios de criterio siempre a favor de los terroristas» que, a su juicio, ha demostrado el presidente del Gobierno desde la declaración del alto el fuego del pasado 22 de marzo.
También extendió sus críticas sobre esta cuestión a la Fiscalía, a la que acusó de favorecer a la banda, con resoluciones «siempre a su favor», entre las que aludió las rebajas de las condenas para el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, o para el procesado Juan Ignacio de Juana Chaos. «La Fiscalía una vez más vuelve a cambiar de criterio y siempre a favor de ETA», insistió.
Al respecto, añadió que el «último y lamentable espectáculo» ha sido la decisión en torno a Egunkaria, publicación a la que enmarcó en la «trama mediática» de la organización terrorista y que, pese a ser «una revista de ETA, ahora se vuelve a cambiar de criterio».
«A los terroristas hay que perseguirlos siempre, a todos sus aparatos: al político y al económico, pero también al mediático», sentenció.
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Como la ley está en marcha y como, pase lo que pase, el Gobierno no la va a retirar porque sería tanto como reconocer su error, no tiene otra salida que tirar para adelante, a ver si en la fase de negociación con sus socios habituales encuentra la fórmula que le permita salvar la cara.
Es verdad que este proyecto de ley que tiene un nombre larguísimo pero que será siempre conocido como Ley de la Memoria Histórica ha reculado mucho desde el momento de su concepción hasta hoy, en que ha entrado en una declarada búsqueda de la concordia y la reconciliación y en un ejercicio de buena voluntad que resulta, desgraciadamente, inaplicable.
La idea de esta ley nace al mismo tiempo que la victoria electoral del Partido Socialista, cuando Zapatero anuncia su intención de «reparar la dignidad y restituir la memoria» de quienes sufrieron cárcel y represión por defender unos valores y unas ideas determinadas. Habló el presidente como si nunca hasta ese momento nadie en España hubiera hecho nada al respecto y dejaba ver así uno de sus más acreditados defectos: el de comportarse como si creyera que la Historia y la política no existían hasta que él llegó al poder.
Pero fueron sus declaraciones, su mensaje y determinados comportamientos públicos los que permitieron a los partidos de la izquierda extrema, IU y ERC entre otros, hacerse la ilusión de que iban a poder ajustar cuentas con la Historia. Joan Tardá lo explicó muy bien en julio de 2004 en un artículo en La Vanguardia: «El hecho más lamentable de la Transición fue la impunidad que otorgó a los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo y la amnesia histórica que impuso. Por eso, una vez retornado el republicanismo a las Cortes, una de las condiciones de ERC para facilitar la investidura del presidente Zapatero, cuyo abuelo militar murió ejecutado por los militares insurrectos, fue incorporar la recuperación de la memoria republicana y antifascista a la hoja de ruta del Ejecutivo».
Desde aquellos momentos todas las iniciativas de esa izquierda extrema han apuntado en la misma dirección con la exigencia de que se haga una revisión del pasado, se bendiga como impecablemente democrático, pacífico y limpio de cualquier desmán el período republicano y como acreditados defensores por la libertad a quienes lucharon en ese bando durante la Guerra Civil. Y, al contrario, que no sólo se condene por ilegal y delictivo el franquismo sino que se ignore el derecho a la rehabilitación moral, al reconocimiento y al honor de todos aquellos que apoyaron las posiciones de Franco durante la contienda y fueron víctimas de asesinatos, torturas y juicios y ejecuciones irregulares por parte del Frente Popular durante la guerra.
El Gobierno no ha hecho semejante cosa, pero la ley que ha puesto en circulación es de tal naturaleza y amplitud que, de mantenerla hasta el final, le va a dejar peligrosamente enredado en un proceso amplísimo al que no se le ven los límites y que herirá al país entero.
Una vez que el Gobierno ha incluido en su ley- porque no es cierto que ignore este punto- el deseo de «dar satisfacción a [todos] los ciudadanos que sufrieron, directamente o en las personas de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura», no puede ignorar que los familiares de los miles de españoles asesinados durante la guerra por las milicias del Frente Popular van a querer reclamar también el reconocimiento de la España democrática a quienes padecieron la persecución y represión de signo contrario a la que ahora algunos manejan como única existente.
Y, en ese caso, debe saber que es insostenible el argumento dado por quienes, situados a su izquierda e incluso dentro de las filas de su propio partido, descartan tener que ocuparse de esos otros españoles con el argumento de que «ya fueron rehabilitados y homenajeados durante el franquismo». Es insostenible por dos razones. La primera, porque si se declara y considera el régimen de Franco un sistema ilegal porque nace de una rebelión militar contra un Gobierno democráticamente elegido, no se le puede luego reconocer -precisamente para dar por resarcidos los sufrimientos y la memoria histórica personal de las otras víctimas- una legitimidad que previamente se le ha negado.
No se puede negar legitimidad al franquismo para las condenas y reconocérsela sin embargo para las reparaciones. O sí o no. Si no, no se puede ignorar el derecho de los muertos inocentes del otro lado a que la España constitucional reconozca, en idénticas condiciones que los demás, su historia y sus padecimientos y les devuelva el consuelo y el honor que la democracia también a ellos les debe.
La segunda razón que hace insostenible esta pretensión de IU y de ERC y que obliga al Gobierno a combatirla es que, de aceptar los planteamientos de esa izquierda, volvería a repetirse en nuestra historia, 30 años después de haberla querido superar, la vergonzosa existencia de víctimas de primera y de segunda. Las de primera serían los represaliados por el franquismo durante la guerra y durante la existencia del régimen, que tendrían todo el reconocimiento y el honor por parte de la democracia española desde el comienzo de la Transición y a iniciativa de todos los gobiernos desde 1977 hasta hoy.
Y las de segunda serían las víctimas del Frente Popular, que sólo contarían con el reconocimiento de un régimen declarado ilegítimo por esa democracia que opta por ignorarles. No sería sostenible que los republicanos damnificados por la guerra y el franquismo tuvieran el honor de la democracia y los otros quedaran preteridos en el oscuro lugar que esa misma democracia ha asignado por unanimidad parlamentaria al régimen de Franco.
Y, como ésa sería otra ofensa histórica que de ninguna manera el Gobierno y su vicepresidenta buscan ni desean, aunque sí pueda ser la pretensión de otros, el resultado es que esta ley , al querer cobijar finalmente a todos, va abrir la vía a una avalancha de reclamaciones de uno y otro lado, todo lo cual equivale y obliga a una revisión general del franquismo y de la guerra.
Esta ley permite y alienta, por ejemplo, a que los familiares de los casi 5.000 enterrados en las siete fosas comunes de Paracuellos sumen su reclamación a la reclamación de los familiares de personas que yacen en otras fosas comunes de toda España para que las administraciones públicas faciliten el que se abran esas tumbas, se proceda a la exhumación de los cadáveres y a su posterior identificación para facilitar luego su enterramiento. Porque no sería imaginable que nadie se atreviera a autorizar las demandas de unos y a denegar las de otros.
Y, aunque en ese sentido la ley no hace ningún distingo entre las víctimas de aquellas dos trágicas Españas, hay que preguntarse si todas estas y otras posibilidades están previstas en la intención del texto. Por lo que se refiere, por ejemplo, a esa «Declaración de reparación y reconocimiento personal» que, como si fuera un diploma de desagravio, la ley propone para quienes durante la guerra y el franquismo padecieron condenas, sanciones, persecuciones o muerte «llevadas a cabo por cualquier organización o grupo», la ley del Gobierno advierte inmediatamente que «será necesario que los comportamientos en su día enjuiciados o sancionados resulten conformes a los principios y valores constitucionales». Y eso significa que ninguno de los cientos de asesinos que poblaron las dos retaguardias de España durante la guerra y ninguno de los torturadores que medraron en la posguerra y en el régimen podrán pretender que se les reconozca su condición de víctimas.
Pero ¿quién lo decide y en base a qué datos? ¿Cómo la Comisión Interministerial encargada de tan ingente tarea sería capaz de llegar a conclusiones sólidas y no sometidas a polémica nacional en los casos dudosos? Y ¿qué hará ante las alegaciones que presenten contra algunas pretensiones rehabilitadoras quienes se consideren víctimas de las víctimas?
La conclusión inevitable es que el planteamiento de esta ley conduce de bruces al país a una revisión global de lo sucedido, con el agravante de que tendría que hacerse caso por caso y a lo largo de un proceso interminable que, por supuesto, desbordaría con mucho la capacidad y la resistencia de ese Consejo de Cinco Sabios en cuyas manos descansaría la terrible tarea de reimpartir justicia histórica. Acabaríamos abordando al final una Causa General realizada por la democracia.
Pero eso, desde luego, no va a cerrar las heridas sino que las va a mantener abiertas por muchos años más. Las esquelas publicadas desde uno y otro lado han sacado a la luz una realidad que estaba atenuada: nadie, ni los rojos ni los azules ni los intermedios, ha olvidado. Han perdonado, pero si se trata de rescatar su memoria, ahí volverán a estar todos: ellos, sus hijos o sus nietos. Seguro.
El problema es que «todo el acordeón abierto no lo aguantamos entre las manos», como dijo Felipe González cuando se le reclamaba que persiguiera a todos los civiles y todos los militares que hubieran estado de alguna manera implicados en tramas golpistas. Si aquel acordeón no se aguantaba entre las manos del país, no digamos el que ahora se nos pone delante, con un fuelle que abarca nada menos que 40 de los más trágicos y amargos años de nuestra historia.
Quiéralo el Gobierno o no, esta ley puede ser el tercer gran error de su legislatura. El primero fue la aprobación sin consenso del Estatuto de Cataluña. El segundo error es el estar llevando a cabo las conversaciones para lograr el final del terrorismo sin contar con el apoyo de la oposición. Y el tercero es la presentación de esta Ley de Memoria Histórica que tiene buena voluntad pero poco acierto porque un proyecto de esta naturaleza no se puede plantear sin contar con el acuerdo de la otra gran formación política española. Tres errores levantados sobre la falta de consenso por un presidente de Gobierno que, como acordeonista ha decidido ser mucho más audaz, hasta llegar a resultar temerario, que todos quienes le han precedido en el cargo.
http://www.elmundo.es/diario/espana/2062207.html
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