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sábado, 9 de diciembre de 2006

Juez Del Olmo y juez Fouquier de Tinville, vidas paralelas.




Free Image Hosting at www.ImageShack.us VIDAS PARALELAS / JUAN DEL OLMO / FOUQUIER DE TINVILLE
Nada nuevo bajo el sol

PEDRO G. CUARTANGO

La Justicia se ha puesto muchas veces al servicio de fines políticos o ideológicos. O mejor dicho, el poder ha manipulado con frecuencia a los jueces para legitimar sus abusos, como bien sabemos desde Maquiavelo.

Esta semana hemos visto como el juez Del Olmo hacía una peculiar interpretación de la ley para meter en la cárcel a dos agentes que habían revelado la existencia de una trama mafiosa en la Policía.

El juez se ha prestado a seguir el guión trazado por la cúpula de Interior, que había metido en el mismo saco a los delincuentes y a quienes denunciaban el delito. Todo un aviso a navegantes.

La táctica es la misma que se utilizó contra los peritos en el caso del ácido bórico: sembrar la confusión al convertir a los inocentes en culpables, al colocar en el mismo plano moral a quien delinque y a quien lo revela.

La cúpula policial piensa, sin duda, que su estrategia de intoxicación es un acierto puesto que surte los efectos pretendidos: logra por un tiempo confundir a la opinión pública y ocultar los hechos.

No soy de los que cree que siempre triunfa la verdad, por lo que los muchachos de Rubalcaba tal vez se salgan con la suya. Pero lo que conviene saber es que sus tácticas son más viejas que mear en pared.

Del Olmo no es más que la reencarnación de Quentin Fouquier de Tinville, acusador principal del Tribunal Revolucionario durante la etapa del Terror en los años 1793 y 1794.

Fouquier de Tinville fue el jurista elegido para llevar a la guillotina a Charlotte Corday, a la reina María Antonieta y a los dantonistas. Merece la pena examinar este último episodio por su paralelismo con el asunto de los dos agentes encarcelados por denunciar la corrupción.

Cuando Danton volvió de su retiro en el campo en la primavera de 1794, se atrevió a denunciar a su amigo Robespierre y el Terror. El medio que se convirtió en la plataforma del dantonismo fue Le Vieux Cordelier, dirigido por su amigo Camille Desmoulins.

Robespierre secuestró el periódico, intentó intimidar a Desmoulins y atraerse de nuevo a Danton. Pero el arreglo no fue posible.

El Comité de Salud Pública, bajo el control de Robespierre y Saint Just, ordenó entonces detener y enjuiciar a Danton y Desmoulins, que eran las dos mejores cabezas de la oposición al jacobinismo.

Fouquier de Tinville acató las órdenes del Comité, pero tenía un problema: carecía de pruebas para formular acusación alguna contra dos líderes que gozaban del predicamento popular.

Tras una violenta discusión con Robespierrre, ambos idearon una estrategia muy similar a la de la cúpula policial: juzgar a Danton y Desmoulins junto a una pandilla de maleantes y, además, meter en el mismo saco a Fabre d'Eglantine, que había cometido un desfalco en la Compañía de Indias.

La iniciativa permitió dividir a los partidarios de Danton, que fue condenado a muerte junto a Desmoulins tras una farsa de proceso, presidido por Fouquier.

Nada nuevo bajo el sol. La historia se repite, aunque, como siempre, en clave de farsa.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058629.html

La Confederación Española de Policías defiende con argumentos a los agentes



Impresiones
La CEP defiende con argumentos a los agentes

Free Image Hosting at www.ImageShack.us Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), denuncia hoy en una entrevista que publica EL MUNDO la arbitrariedad cometida contra los agentes Antonio Jesús Parrilla y Celestino Rivera. Según sus palabras, no hay precedente alguno del encarcelamiento de agentes por un delito de revelación de secretos. López afirma que lo usual en estos casos es «abrir un expediente sancionador y punto». El secretario de la CEP asegura que ha habido filtraciones de la red de tráfico de explosivos a otros medios y que ni la Fiscalía ni el juez han actuado. «No sé si van a iniciar una caza de brujas. Lo cierto es que ni aún aplicando el supuesto más agravado, nunca entraría nadie en prisión y muchos menos preventiva con carácter incondicional», manifiesta Ignacio López. El secretario de la CEP señala, con razón, que es injusta la aplicación del tipo agravado de revelación de secretos, que exige un grave perjuicio a la causa pública. Sólo estaría justificado, dice López, si «estuvieramos hablando de secretos que pongan en riesgo la seguridad nacional de un país». Por último, López subraya algo muy importante: que no hay pruebas consistentes del delito en el sumario. «No se nos explica cuál es el secreto que se ha revelado» ni se desprende el contenido de la acusación a Parrilla, al que se le dedican unas pocas líneas en el auto, dice López. Sólo cabe esperar que la Sala de lo Penal de la Audiencia repare la injusticia cometida con ambos agentes.



http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058630.html

Entrevista a Ignacio LóPez, CEP: «Nunca se ha encarcelado a un policía por revelar secretos»



Free Image Hosting at www.ImageShack.us IGNACIO LOPEZ / Secretario general de la CEP
«Nunca se ha encarcelado a un policía por revelar secretos»

ANA DEL BARRIO

MADRID.- Desde que EL MUNDO destapase el 30 de noviembre una trama policial que traficaba con Goma 2 ECO, los hechos se han sucedido de manera vertiginosa. El equipo jurídico de la Confederación Española de Policía (CEP) ha asumido la defensa del agente Antonio Jesús Parrilla, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El secretario general de este sindicato policial, Ignacio López, defiende la actuación de este agente y critica la paradoja de que los policías detenidos por traficar presuntamente con explosivos y los que están acusados sólo por hablar con este diario hayan recibido el mismo trato.

Pregunta.- ¿Cómo se explica que haya dos policías que llevan ocho días encarcelados por hablar presuntamente con un periodista?

Respuesta.- En el caso de Antonio Jesús Parrilla, que es a quien defiende la CEP, del estudio del auto judicial no se desprende ningún delito. No se nos explica cuál es el secreto que ha revelado. El juez sólo manifiesta que Parrilla recibe dos llamadas de una tercera persona, que al parecer estaba con un periodista. Es una situación sumamente disparatada que esta persona se encuentre en prisión.

P.- ¿Es frecuente que se detenga y se envíe a prisión incondicional a un policía por una presunta revelación de secretos?

R.- Absolutamente no. Nunca ha ocurrido eso, que yo tenga conocimiento. Es más, en el Código Penal, hasta el tipo agravado, que es el único que tiene ingreso en prisión de uno a tres años, habla de provocar grave perjuicio a la causa pública. Estaríamos hablando de haber revelado secretos que pongan en riesgo la seguridad nacional de un país.

P.- ¿Cuál es el trámite habitual cuando se produce una revelación de secretos por parte de un funcionario policial?

R.- Abrirle un expediente sancionador, y punto.

P.- Da la sensación de que se está tratando a los policías que supuestamente denunciaron la trama policial que traficaba con explosivos como si fuesen delincuentes.

R.- Se está haciendo un banderín de enganche de una situación que no existe. No sé si van a iniciar una caza de brujas. Lo cierto es que, ni aún aplicando el supuesto más agravado, nunca entraría nadie en prisión, y mucho menos en prisión preventiva con carácter incondicional.

P.- En la actuación del juez Del Olmo, ¿ha influido el hecho de que la información fuese publicada por EL MUNDO, un periódico que ha sido crítico con sus actuaciones?

R.- Seguro. En la instrucción de esta misma causa se han producido filtraciones y revelaciones de secretos en fase de instrucción a otros medios de comunicación muy significados y el juez no ha hecho nada por impedirlo. Es más, la propia Fiscalía ha estado comunicando a todo el que le ha querido escuchar que iban a pedir prisión incondicional para todos. El rigor y la discreción han brillado por su ausencia.

P.- No deja de ser curioso que se trate igual al policía acusado de traficar con explosivos que al agente que ha denunciado la trama.

R.- Es sumamente sorprendente que metan a todo el mundo en el mismo saco. De dar por ciertas las imputaciones delictivas, no tiene nada que ver un policía que trafica con explosivos con uno que revela secretos. Es un absurdo y es totalmente incomprensible que Antonio Parrilla siga en prisión. Lo normal es que hubiese declarado ante el juez y le hubiesen puesto en libertad. Este señor no debería ni haber cumplido las 72 horas de detención policial. Es un verdadero abuso.

P.- ¿Podríamos calificar esta actuación de una venganza del juez del Olmo contra EL MUNDO?

R.- Al no haber explicación racional ni en el auto judicial ni en los pronunciamientos de la Fiscalía a la detención e ingreso en prisión de Antonio Parilla y de Celestino Rivera, sólo puede ser entendido como un ánimo de revancha.

P.- ¿Cómo cree que va a terminar este nuevo enredo judicial?

R.- Yo lo tengo claro. Con Antonio Parrilla en libertad y procesados todos los que han abusado de una manera tan atroz del poder que ostentan. La CEP espera que en un breve tiempo se dé la vuelta a la situación procesal. Sin duda, en este camino ha habido funcionarios públicos que se han extralimitado e iniciaremos las acciones judiciales pertinentes.

P.- El SUP ha dicho que, si hay policías que trafican con explosivos, son «terroristas de uniforme».

R.- Esas declaraciones me parecen no sólo desafortunadas, sino carentes de rigor, y lo único que generan es una gran alarma social. Son declaraciones más propias de una mente infantil que de un profesional de la Policía. ¿Piensan que hay una célula terrorista infiltrada en el Cuerpo Nacional de Policía?

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058657.html

ETA pone condiciones al Gobierno incluso para acceder a reunirse



Free Image Hosting at www.ImageShack.us ALTO EL FUEGO / En su último boletín interno, de septiembre, advertía de que, «de esta forma, el 'proceso' no tiene futuro» / Dice que «debe plantarse cara a la ofensiva del Estado español» para influir en la estrategia del Ejecutivo

ETA pone condiciones al Gobierno incluso para acceder a reunirse

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Las Fuerzas de Seguridad han interceptado, finalmente, la totalidad del contenido del Zutabe 111, en poder de los arrestados el pasado fin de semana en Francia. Se trata un texto que fue filtrado parcial e interesadamente por ETA a diversos medios y que contiene un mensaje preocupante: «Para decirlo en dos palabras, todo esto tiene una conclusión clara: de esta forma, el proceso de resolución del conflicto no tiene futuro».

Está escrito cinco meses después del anuncio del alto el fuego, pero adelanta las palabras que Arnaldo Otegi y Joseba Permach pronunciaron hace escasos días e insiste en la tesis de que el Gobierno no está cumpliendo con las condiciones previas de la banda incluso para iniciar la negociación efectiva. Y estas son: «Superar los topes jurídico políticos que se le imponen a Euskal Herria», no efectuar detenciones, cambiar la situación de los presos y no ponerle cortapisas políticas a Batasuna.

Efectivamente, puede tratarse de un texto de consumo interno, pero lo que está claro es que el tono en el que está escrito no contribuye precisamente a desarrollar entre sus bases una labor didáctica de mentalización para el fin del terrorismo. Después de los tres meses de verificación de la tregua, el 29 de junio el presidente Zapatero realizó su declaración en el Congreso convencido de que, a finales de agosto, se celebraría la primera reunión entre el Gobierno y ETA. Sin embargo, los plazos, como suele ocurrir en estas circunstancias, se han ido superando ampliamente. Al parecer, la banda suspendió la primera cita y, aunque este boletín -el último de los suyos- es de principios de septiembre aproximadamente, no parece haber dado desde entonces excesivas facilidades para que el encuentro se produzca.

En el documento, ETA señala abiertamente, como ha venido haciendo desde un principio, cuál tiene que ser la conclusión de la mesa de partidos políticos -«ambas mesas forman una única cara del proceso», reitera- y advierte al Ejecutivo de que no negociará con él hasta que no cumpla unos mínimos. «Una vez cumplidas estas bases vendría el momento y la posibilidad de entrar en la negociación entre ETA y el Gobierno español, la excarcelación de los presos y la desmilitarización».

Y ¿cuáles son esas bases?: modificar el esquema estatutario, no efectuar detenciones, dar a Batasuna por legalizada y adoptar medidas de acercamiento a las cárceles vascas respecto de los presos. En palabras de la propia organización, «desde el punto de vista de ETA, el acuerdo principal de la resolución del conflicto hay que conseguirlo en la mesa de partidos. Ese acuerdo tendrá que serlo sobre el futuro político y jurídico de Euskal Herria. El Gobierno tendrá que superar los límites y topes que hoy se le imponen a Euskal Herria».

Y, acto seguido, añade en un texto muy anterior a las últimas detenciones: «Es imprescindible que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos de alto el fuego haciendo desaparecer la presión y persecución policial, suspendiendo las detenciones, aceptando la actitud política de la izquierda abertzale, respetando sus derechos civiles y políticos y suspendiendo la situación de excepción de los presos políticos vascos».

ETA sostiene que el proceso ha de dar como resultado «la declaración del derecho como pueblo de Euskal Herria», señala que puede abrir «nuevos caminos hacia la independencia» y reitera sus amenazas con el asunto de los arrestos y Batasuna -tacha de «chantaje» las presiones para su legalización- como argumento.

«Si el Gobierno de España quiere hacerse valer de la represión para llevar el proceso o para cambiar la dirección de la izquierda abertzale, el proceso de resolución no podrá continuar adelante; si el enemigo busca anular el proyecto político de la izquierda abertzale tendrá que saber que tendra frente a frente todas las formas de lucha», dice. Añade en otro momento: «Si en los próximos meses no muestran voluntad de dar solución al conflicto dando pasos razonables y valientes, continuaremos con la lucha para recuperar esa necesidad hasta ver asegurada la facultad de manifestar la palabra del pueblo vasco».

ETA, de hecho, reconoce en su comunicado que «debe plantarse cara a la ofensiva del Estado español» y que el único modo de conseguir condicionar la estrategia del Gobierno es mostrar hasta dónde llegan sus capacidades. No en vano, reitera que, «ahora más que nunca, es únicamente la lucha la clave que guiará el proceso donde pretendemos».

Según ETA, el Gobierno y el PSOE están intentando ganar tiempo, y el resto de los «promotores» se están viendo abocados a «bailar a su alrededor». Denuncia que, en vez de centrarse en el proceso, están más preocupados por las próximas elecciones, asegura que «la situación difundida» no tiene nada que ver con su postura real, responsabiliza de la «crisis» -de la «emergencia grave», como la llama- al PSOE y al PNV, y acusa al Gobierno de cambiar de actitud, al utilizar «la represión activa contra la izquierda abertzale».

De hecho, como hiciera en el duro comunicado del mes de agosto, quita valor al anuncio realizado por Rodríguez Zapatero el pasado 29 de junio. Dice que, en un primer momento, el presidente habló del derecho a decidir, pero denuncia que después marcó unos límites que no le parecen válidos: que el proceso sólo puede afectar a las Vascongadas y que el límite es la Constitución. «Ninguna Constitución española puede ser traba para la decisión de los vascos», y «los acuerdos afectarán en todo caso a los cuatro territorios» -incluida Navarra-, aclara.

ETA realiza un llamamiento a los suyos para estar presente «como nunca en las calles», respondiendo a las «agresiones de los estados» porque, a su parecer, de lo contrario, los cimientos del proceso son débiles y se fortalece la posición del Gobierno español». Es su justificación táctica de la intensificación de la kale borroka. Emplaza a luchar a los suyos y pone especial interés en Francia.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058624.html

Askatasuna, ilegalizada por el TS, celebra un pomposo acto político en el teatro Antzokia de Durango



Escritores y músicos, en favor de los presos

MARCOS IRIARTE

Free Image Hosting at www.ImageShack.us DURANGO.- Askatasuna, la organización de apoyo a los presos de ETA declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2002, no encontró ayer impedimento alguno para celebrar un pomposo acto político en el teatro Antzokia de Durango. Allí, 12 músicos y otros tantos escritores vascos suscribieron un manifiesto de apoyo a los presos de ETA y se unieron simbólicamente, durante 24 horas, a la huelga de hambre «itinerante» que están llevando a cabo los simpatizantes de Askatasuna en solidaridad con el etarra José Ignacio de Juana Chaos.

La organización de apoyo a los presos de ETA no tuvo problemas para llevar a cabo este acto político, en el que se dio lectura a varios poemas escritos por reclusos etarras desde la cárcel, ni para celebrar antes una rueda de prensa. Su portavoz, Asier Virumbrales, y el cantante del grupo musical Ken Zazpi, Eñaut Elorrieta, advirtieron de que la supuesta vulneración de derechos que padecen los presos de ETA «ha empeorado» desde que la banda terrorista decretara el alto el fuego en marzo, y acusaron a los gobiernos español y francés de utilizar la situación de estos reclusos para hacer un «chantaje político» a la izquierda 'abertzale'.

Virumbrales realizó un llamamiento a la sociedad para «movilizarse» contra estas «agresiones» y animó a participar en la manifestación que la ilegal Askatasuna espera celebrar esta tarde, a las 18.00 horas, en la localidad vizcaína de Durango.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058642.html

La banda conmina a la apertura de «una nueva época de lucha ante el Estado francés»



La banda conmina a la apertura de «una nueva época de lucha ante el Estado francés»

Reconoce que ha «recomendado» a los periodistas franceses que no realicen «reportajes policiales» e incluye las fotos de gendarmes y vehículos camuflados para advertir a sus militantes de su presencia

ANGELES ESCRIVA

Free Image Hosting at www.ImageShack.us MADRID.- La banda terrorista pone un interés inusual en Francia en diversos momentos de su último Zutabe con objetivos bien tácticos, bien políticos o incluso abiertamente operativos. En este último aspecto, rescata un sistema que no había empleado desde antes de la tregua: en una de las páginas del documento destinado a ser difundido entre sus militantes y entre las bases de la izquierda abertzale, incluye dos fotografías de gendarmes y de vehículos policiales franceses camuflados, resalta las matrículas y pide a los suyos que tengan cuidado.

Hasta antes de anunciar el alto el fuego, ETA había estado distribuyendo una revista denominada Argi Ibili que, de algún modo, cumplía esta función de advertencia. Los militantes eran conminados a participar en ella aportando datos de vehículos policiales y de agentes. Su función inicial, aparentemente, era la de configurar una base de datos a la que pudieran acceder fácilmente los etarras, con el fin de identificar a los agentes antiterroristas franceses y boicotear así su trabajo. Sin embargo, los expertos antiterroristas siempre han albergado el temor de que su uso pudiera ser el de la preparación de algún atentado.

En este Zutabe, la banda acusa a las Fuerzas de Seguridad francesas de estar utilizando balas dun dun, una munición que, según les cuenta a sus bases, es «explosiva» y «está prohibida», aunque no especifica por quién.

En la misma línea de instigar a los suyos contra el país vecino, revela que ha advertido a los medios franceses de que están siendo «colaboracionistas» y deben dejar a un lado los «reportajes policiales». ETA se refiere a aquellas informaciones en las que los periodistas franceses incluyen la foto de los etarras que han sido juzgados en rebeldía para que así la población pueda ofrecer datos sobre ellos.

Todo ello lo incluye en un boletín en el que proclama que «debe de abrirse una nueva época de lucha ante el Estado francés», renovando «el planteamiento reivindicativo que atañe también a Francia y, aglutinando nuestras fuerzas, abrir una nueva era de presión que sea la respuesta a este reto».

No especifica a qué tipo de lucha se refiere y si ésta incluye algún tipo de agresión o atentado. Su argumentación refuerza las informaciones publicadas por este periódico que indicaban que un sector de la banda terrorista había sugerido a la dirección de ETA la conveniencia -para sus intereses- de atentar, aunque fuera de manera incruenta, en el país vecino. Que se sepa, a esta posibilidad no se le ha dado el visto bueno y contravendría todas las normas internas de seguridad que la banda se ha venido imponiendo durante años, sabedora de que una agresión contra el Estado francés conllevaría una respuesta mucho mayor que la sufrida hasta el momento.

En cualquier caso, la banda insiste en que ha de estar «presente como nunca en la calle» para defender sin ambages «los derechos de autodeterminación y territorialidad, así como otros derechos reivindicados con dinámicas vigorosas». ETA, sin tapujos, se duele del ninguneo al que le han sometido las autoridades francesas alegando que el problema que reivindica es meramente español.

En el ámbito internacional, alaba al Gobierno de Evo Morales en Bolivia asegurando que «tenemos ante nuestros ojos el modelo de desarrollo que supone la victoria de un paradigma económico, político y social fundamentado en los derechos de los pueblos».

«Usar todos los medios posibles»

ETA desarrolla una tesis a lo largo de buena parte del boletín que destina a sus militantes y a los miembros de la izquierda 'abertzale', y es la siguiente: «Tenemos claro que, si se está dando importancia a la negociación, es porque antes han hablado las armas. Y tenemos claro que se esforzarán hasta el último instante en ahogar, con bebidas envenenadas, la sed de libertad de nuestro pueblo».

Como consecuencia, pide a los suyos que no bajen la guardia: «Os emplazamos a luchar. Os llamamos a que toméis parte activa a favor de Euskal Herria, en una llamada para que seáis militantes a favor de la libertad de Euskal Herria». Del texto no se puede deducir si lo que está realizando es un mero proselitismo político o si pretende reclutar directamente a sus militantes.

Lo que sí que deja claro es que justifica los actos de terrorismo callejero; que reitera que «si no se responde» a los estados, el 'proceso' queda con cimientos débiles y el Gobierno español queda fortalecido; y que, «aunque el 'proceso' vaya adelante, los riesgos que hemos mencionado en los últimos meses no desaparecerán».

ETA denuncia que con lo que denomina «actos de sabotaje» -es decir, 'kale borroka'- «como respuesta a la represión del enemigo», se genere un «bullicio tremendo». Dice que esta reacción es un modo de alimentar el enfrentamiento con la izquierda 'abertzale', y añade: «La humillación (...) y el constante pisoteo a los vascos provoca que el pueblo reaccione con una dignidad lógica».

E insiste: «Mientras sigan los ataques contra euskal Herria, los vascos tendrán que usar todos los medios posibles».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058644.html

Tomar posiciones o tomar el pelo



EL DISCURSO DE LA SEMANA
Tomar posiciones o tomar el pelo

LOURDES MARTIN SALGADO

Zapatero: «Que los que han estado apoyando la violencia dejen ese camino»
Rajoy: «Con ETA no se habla de política y ETA no puede tener ningún brazo político en las instituciones»
-Zapatero y Rajoy en el 28º aniversario de la Constitución (6/12/2006)

El pasado 6 de diciembre, Zapatero y Rajoy coincidieron en el Congreso con motivo del 28º aniversario de la Constitución y discursearon sobre la relación con ETA como suelen hacerlo en relación a todo: mientras el presidente del Gobierno habla de valores, el líder del PP toma posiciones.

Todas las cuestiones políticas tienen tres caras; se puede hablar de ellas en términos de la posición que uno adopta, de los valores que se defienden o de la gestión, es decir, valorando si las cosas se están haciendo bien o no.

Las posiciones aclaran dónde se sitúa una persona que se enfrenta a varias alternativas políticas: a favor o en contra del aborto, del Plan Hidrológico o de la Educación para la Ciudadanía... Rajoy, por ejemplo, según reiteró el pasado miércoles, está en contra «de cualquier tipo de contacto político con la banda terrorista» y también en contra de que «Batasuna se presente a las elecciones mientras ETA no se disuelva». Asimismo, se manifestó en contra de la Ley de Memoria Histórica o a favor de corregir por consenso los «desajustes» derivados del desarrollo autonómico. Rajoy no derrocha poesía cuando habla, pero su forma de expresarse tiene la ventaja de que permite a quien escucha saber con claridad diáfana qué piensa el orador y, en consecuencia, qué quiere hacer el político. El único problema al que se enfrenta quien toma posiciones es que para hacerlo tiene que excluir otras opciones y automáticamente pierde el apoyo de quienes sostienen la posición contraria.

Esa es precisamente la limitación que buscan evitar quienes hablan exclusivamente en términos de valores. Son los políticos que hablan, sin mayor concreción, de su identificación con el progreso, el bienestar, la paz y un mejor futuro. Por ejemplo, Zapatero dedica el mismo día 6 su discurso a animar a quienes «apoyan la violencia» a «que dejen ese camino y vayan al de la democracia, la palabra y la libertad». No dice gran cosa, pero la que dice genera un acuerdo unánime, pues nadie en su sano juicio estará en contra de que los malos dejen de serlo. Los valores que no van acompañados de una posición generan tal consenso que seguramente cuando el presidente pide «valentía» a los violentos éstos ya estarán pensando que la demuestran cada día ante la Policía. Ni los proabortistas van por ahí diciendo que están contra la vida ni los antiabortistas se presentan como enemigos de la libertad. Nadie se quiere excluir de los valores universales. Incluso ETA en alguna ocasión ha expresado sus «deseos de paz» sin que se pueda entender por ello que toman posición contra sí mismos.

Por elevados que sean los valores, nada significan en la acción política si no van acompañados de posiciones. Más bien resultan sospechosos, pues las mayores barbaridades se han hecho en nombre de magnos principios. Una prueba anecdótica pero elocuente de lo inútil que es generar consenso en torno a valores sin concretar su contenido es que cuando durante el acto conmemorativo de la Constitución el presidente del Congreso pidió «un esfuerzo para volver a un entendimiento profundo entre las fuerzas políticas», tanto Zapatero como Rajoy se apresuraron a decir que estaban «de acuerdo». Luego ni se saludaron

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058652.html

El PP exige que no se minimicen los ataques de la 'kale borroka'



El PP exige que no se minimicen los ataques de la 'kale borroka'

M. I.

BILBAO.- Los populares vascos volvieron a advertir ayer de los riesgos de «minimizar» las acciones de la kale borroka y señalaron que son la «prueba» de que en Euskadi se vive bajo la amenaza de ETA. Lo recordó la presidenta del PP de Guipúzcoa, María José Usandizaga, después de que un grupo de radicales atacara en la madrugada de ayer dos cajeros automáticos de la localidad guipuzcoana de Pasajes.

Usandizaga resaltó en un comunicado que, con la quema de estos dos cajeros, las acciones de violencia callejera perpetradas desde el alto el fuego rozan ya las 200, y advirtió de que no se pueden «minimizar» estos «atentados terroristas en toda regla», al tiempo que exigió a PNV y PSE que rompan toda «negociación» con Batasuna porque no se desmarca de esta violencia.

Según la dirigente popular, a través de la kale borroka, los «proetarras tratan de extender el miedo y la amenaza, y de mantener la presión sobre la sociedad democrática. Nunca podemos minimizar estas acciones, que son atentados y la expresión clara de que aún vivimos bajo la amenaza de los violentos, con la espada de Damocles de la banda terrorista ETA, que, lejos de renunciar, mantiene el terrorismo en todas sus expresiones», manifestó.

La líder del PP en Guipúzcoa añadió que, pese a que la ilegalizada Batasuna «da todos los días ruedas de prensa» y tiene oportunidad de condenar la violencia en ellas, «no lo hace», por lo que consideró «irresponsable» que partidos como el PNV o el PSE «prosigan su negociación con ellos».

«No se puede legitimar ni tratar como interlocutor válido a quien está ilegalizado como Batasuna por ser parte de ETA y a quien no condena los actos terroristas ni la falta de libertad de quienes vivimos amenazados», apuntó.

Las palabras de la dirigente del PP respondían al último ataque de kale borroka perpetrado en Euskadi. Ocurrió en la madrugada del jueves al viernes, cuando un grupo de radicales incendió dos cajeros de la misma sucursal de la Kutxa en Pasajes, rociándolos con líquido inflamable. Afortunadamente, el incendio provocado no causó otros daños en el edificio

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058643.html

La FeSP «lamenta» la actuación de 'El País'



La FeSP «lamenta» la actuación de 'El País'

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), organización que engloba a siete sindicatos y a más de 2.200 profesionales, ha elaborado un comunicado en el que «lamenta» y «rechaza» que 'El País' «haya publicado las conversaciones de un redactor» [Fernando Lázaro, del diario EL MUNDO] con un policía, cuando éstas «no aportan nada a la noticia». El único «pecado» de Lázaro, asegura la FeSP, «ha sido el de cumplir con su obligación de informar al difundir una noticia cierta: varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía eran investigados por su presunta participación en un caso de tráfico de explosivos».

«Es de extraordinaria gravedad que un medio de comunicación no respete el derecho constitucional al secreto profesional de un periodista», dice el comunicado de la organización progresista.

«Utilizar en las riñas empresariales a un profesional, como ha hecho 'El País' en este caso -incluso especulando en un editorial sobre la intención que tenía ese informador cuando hablaba con su fuente-, es algo totalmente rechazable en un Estado democrático de Derecho en el que existe la libertad de expresión y la libre competencia».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058656.html

Vuelven las ratas



LA TRASTIENDA
Vuelven las ratas

ISABEL SAN SEBASTIAN

Han vuelto a salir las ratas de sus oscuras madrigueras para roer los cimientos de nuestra democracia. Vienen de las cloacas más hediondas del Estado, aquellas que nadie se ha atrevido todavía a ventilar, y tratan de eliminar con sus afilados dientecillos cualquier rastro delator dejado atrás por sus hermanas mayores: esas criaturas sin nombre de la noche política, cuyas garras destrozaron la carne de nuestra sociedad aquellos días aciagos de marzo de 2004, provocando unas heridas profundas que tardarán mucho en sanar.

Han vuelto a salir las ratas que intentaron hace años devorar la lengua de Pedro J. Ramírez para que renunciara a desvelar los crímenes y latrocinios perpetrados por la cúpula del Ministerio del Interior socialista al amparo de las siglas GAL. Entonces, igual que ahora, su periódico y sus periodistas se empeñaron en buscar las fuentes capaces de hacer manar la información que permitió finalmente condenar a los culpables de aquellos delitos. Éstos se revolvieron y enviaron contra él una manada de roedores procedentes de los bajos fondos, con la misión de enredarle en un montaje cinematográfico. Hoy tratan de desacreditar a todo EL MUNDO, sabedores de que su director jamás se rendirá ante las amenazas, en un patético ejercicio de liquidación del mensajero con el cual aspiran a borrar la verdad, que inexorablemente verá la luz, hagan ellos lo que hagan.

Han vuelto a salir las ratas grises de la manipulación. Los pequeños lacayos serviles que se prestan a pervertir el espíritu de su oficio convirtiéndolo en apostolado de la tergiversación. Los traidores que juraron proteger la ley y el orden y se han vendido por un plato de lentejas. Los colegas que no dudan en poner a ciertos compañeros suyos a los pies de los caballos con tal de sumar algún punto ante el editor o una palmadita en el hombro del ministro de turno. Los mercenarios de la pluma, laureados de presunta independencia, que intentan desesperadamente hacer caja y salvar un liderazgo en declive por el procedimiento de prestarse a servir de altavoz a cualquier filtración oficial interesada. Los amargados por su propia incompetencia, incapaces de detener la hemorragia imparable de ejemplares perdidos en la OJD, que cambian el periodismo de investigación por el linchamiento del competidor cuya ventaja se agiganta.

Han vuelto a salir las ratas de sus oscuras madrigueras, que ahora proliferan también en algunas cabeceras mediáticas. No es la primera vez que atacan ni será la última, pero sus chillidos nos confirman que vamos por la buena senda.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058627.html


Editorial: EL MAXIMALISMO DE ETA ATA AL GOBIERNO ESPAÑOL



EDITORIALES DEL DÍA
EL MAXIMALISMO DE ETA ATA AL GOBIERNO ESPAÑOL



«De esta forma el proceso de resolución del conflicto no tiene futuro», asevera ETA en el último Zutabe, el boletín que edita para militantes y simpatizantes. En un tono amenazante, la banda señala que está dispuesta a romper la tregua «en los próximos meses» si el Estado español no da «pasos razonables» hacia el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo vasco. Es exactamente el mismo mensaje lanzado por Otegi y Permach hace unos días.

ETA no sólo exige en este boletín interno que las instituciones del Estado acepten sus conocidas pretensiones políticas sino que además pone condiciones incluso para reunirse con los representantes del Gobierno. Esas condiciones son que el Ejecutivo deje de detener miembros de ETA y que los tribunales paralicen sus acciones contra la banda, que haya un impulso de la mesa de partidos, que se legalice inmediatamente a Batasuna y que se inicie el acercamientos de los presos vascos.

«Una vez cumplidas esas bases, vendría el momento y la posibilidad de entrar en la negociación entre ETA y el Gobierno español, la excarcelación de los presos y la desmilitarización», afirma la banda en Zutabe.

Hay que recordar que Zapatero sugirió antes del verano que el Gobierno celebraría un primer encuentro con ETA en agosto o a primeros de septiembre. El boletín revela no sólo que esa cita no ha tenido lugar sino además que el Gobierno tendrá que cumplir las condiciones previas impuestas por la banda para que se celebre. Sencillamente grotesco.

Lo que el último boletín de ETA indica es que sus dirigentes siguen instalados en un maximalismo infantil, que consiste en pretender que el Estado se arrodille, reconozca sus dogmas y acceda a todas sus demandas, incluída la anexión de Navarra, o sea que el sol luzca por la noche y los mares ocupen los continentes.

ETA es tan osada que también se atreve a desafíar al Estado francés en este boletín al incluir fotos de gendarmes e instalaciones policiales. Es una clara advertencia de que si vuelve a las armas, las Fuerzas de Seguridad del vecino país estarán entre sus objetivos. No es previsible que ello le quite el sueño a Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, que ha demostrado que no va a tener ninguna contemplación a la hora de perseguir a la banda.

La forma y el fondo del análisis de Zutabe demuestra que ETA apuesta por una especie de estrategia de la presión, con la confianza tal vez de que puede conseguir que Zapatero flaquee. Pero son tales sus exigencias que ni éste ni ningún otro Gobierno democrático puede ni siquiera aceptar negociar tan desorbitadas pretensiones.

ETA ha elevado sus objetivos hasta tal altura que, en la práctica, está frustrando cualquier hipotético diálogo con el Gobierno, que, además de estar atado por la ley, no puede por sentido común sentarse a regatear en una mesa con una banda cada vez más extraterrestre. Todo apunta a que el llamado proceso de paz está entrando en un callejón sin salida, en el que ETA estaría preparando a sus bases para una ruptura más o menos cercana.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058632.html

La nación y el poder

EL CORREO CATALAN
La nación y el poder

ARCADI ESPADA

Querido J:

Habrás visto, porque suele ser obligatorio, el último artículo de Patxo Unzueta en el diario El País, titulado La nación de los intelectuales. El artículo alude al reconocimiento del Parlamento canadiense de que Quebec es una nación «dentro de Canadá» (una bravura conceptual parecida a dictaminar que la nación quebequesa lo es «dentro del planeta Tierra») y a la actitud de dos importantes intelectuales canadienses, Stéphane Dion y Michael Ignatieff, respecto de ese reconocimiento. No sé si sigues la prensa canadiense; yo lo hago con cierta frecuencia porque es un raro placer asistir a tu vida en quebequés. Me entenderás: las páginas de los periódicos están llenas de referencias familiares sobre el agónico debate de la nación, incluidas las de aquéllos que denuncian la sarta de embustes y el tiempo perdido, y animan a sus compatriotas a dedicarse a una vida intelectual y política de interés.

No me complace demasiado el resumen que hace Unzueta de la actitud de Dion e Ignatieff en torno a este asunto. Es evidente, como subraya, que están muy lejos de las posiciones soberanistas y que han rechazado una y otra vez el principio de autodeterminación. Pero del mismo modo parece innegable que los dos se han comprometido, por causas estrictamente partidistas, en un debate que tiene una escasa racionalidad. Un asunto llamativo en intelectuales que la tienen en nómina. La mayor responsabilidad es de Ignatieff que, sorprendentemente, abrió el debate nacional proponiendo que el Partido Liberal tomara en consideración la posibilidad de que Quebec obtuviese el reconocimiento. Fue la iniciativa doméstica de Ignatieff la que llevó al primer ministro canadiense, el conservador Stephen Harper, a plantear la cuestión al conjunto de los diputados. El movimiento de Harper no ofrece demasiado peligro interpretativo: las elecciones generales del año próximo, que se aventuran reñidas, obligan a los políticos a tapar todos los resquicios que puedan provocar fugas de votos. Y los quebequeses también votan, sin duda. El movimiento de Ignatieff estaba vinculado a otra ceremonia democrática, la jefatura del Partido Liberal, por la que él y Dion luchaban. Con su gesto, que contentó al ala quebequesa de los liberales, Ignatieff fortaleció su condición de favorito. Finalmente Dion, que ,fiel a un pasado intelectual caracterizado por la política de la claridad, se había mostrado muy reacio ante la semántica recreativa de su rival, acabó transigiendo con la nación integrada en la Nación, y es probable que el gesto haya acabado de contribuir a su victoria (reñidísima, por décimas) en el congreso del Partido Liberal.

Creo que las consecuencias que sacarás de toda esta pasión canadiense no serán demasiado diferentes a las mías. Dion, Ignatieff y Harper hicieron reaparecer el término nación para contribuir a la resolución de problemas políticos estrictamente particulares. Es irrelevante que el líder del soberanismo quebequés, Gilles Duceppe, hubiese amenazado con la presentación de una moción donde se proponía que Quebec fuese una nación without Canadá. Sin los intereses partidistas señalados, la moción habría sido rechazada sin mayor escándalo. Y aunque es una falacia habitual el pensar que el cui prodest es una prueba irrefutable de lo que una tesis pretende sostener, puede ser instructivo comprobar que el día de la aprobación de la moción parlamentaria Duceppe era, entre todos los políticos canadienses, el más feliz; a pesar de que la moción aprobada (nación with Canadá) había ido aparejada a la derrota de la suya propia.

De un modo muy parecido han sucedido las cosas en España respecto de la nación de naciones. No se puede sostener seriamente que desde los años 80 hasta nuestros días la reivindicación de que Cataluña fuese declarada de alguna manera (¡de cualquier manera!) una nación formase parte del paisaje social. Ni siquiera los grupos nacionalistas, como Convergència Democràtica o Esquerra Republicana, habían hecho especial hincapié en ese reconocimiento. Es evidente que así lo consideraba la mayoría de sus militantes y buena parte de sus votantes, y que Pujol lo proclamaba una vez al año, como el que comulga; pero nunca la estrategia para obtener semejante reconocimiento había tenido un desarrollo concreto y visible. Te propongo que hagas una prueba fácil y significativa. Coge el sintagma Cataluña es una nación y ponlo en alguna hemeroteca que abarque de la Transición hasta nuestros días. Ya imaginarás lo que pasa: muchos resultados entre 2004 y 2006; un gran desierto en medio; cierta efervescencia en torno a 1981, después del 23 de febrero y en pleno debate sobre la Ley de Armonización del Proceso Autonómico (recuerda que la manifestación contra el golpe nos reunió en Barcelona a unos cuantos cientos bajo la lluvia, pero semanas después había miles para exigir que Cataluña no fuese agredida por la ley); y alusiones dispersas entre 1977 y 1978, en los días de la redacción constitucional, donde el sintagma se amortiguó con la institucionalización estatutaria de Cataluña como nacionalidad. Por cierto, en 1996, y aprovechando la negociación en el Majestic, Jordi Pujol intentó que el presidente Aznar formulara algún tipo de reconocimiento nacional de Cataluña. Cabe decir que sin éxito. Y sin mayor insistencia por parte de Pujol que, ni siquiera en estas circunstancias tan favorables, planteó la exigencia de una reforma estatutaria que elevara el techo simbólico y competencial de la autonomía catalana.

La nación reaparece en el debate político catalán a partir de la campaña electoral de 2003, que daría origen al Gobierno tripartito. Aún no hay demasiados datos fiables sobre el camino que recorre semejante reaparición. Pero sí hay una sospecha fundada: la alianza entre los socialistas de Maragall y los republicanos de Carod fue posible gracias a la nación. Ésta es la clave de bóveda del cambio fundamental de alianzas de la política catalana, que ha relegado a Convergència a la oposición y ha permitido ya dos investiduras de un presidente socialista.

¿Una demanda popular? ¿Un intento de ordenación de la estructura del Estado? ¿Un resultado obligatorio de algunos cambios producidos en la política europea? Nada de todo eso. Como en Canadá, una necesidad (íntima, indecible) del poder. El precio lo pusieron los soberanistas de Esquerra Republicana y lo pagaron los federales (más o menos asimétricos) del Partido Socialista. La condición fundamental para que todo ello resultara fue la confusión: política, semántica y moral. Pero, después de cuatro años, la conclusión es clara. Tan clara como el antiguo proceder de Dion: ahora Cataluña puede hacer política desde un estatus simbólico más elevado.

La carta se ha ido sola. En realidad, empecé a escribírtela sobre algo que había en el artículo de Unzueta de lo que aún no te he hablado y que me había parecido sorprendente. Esa inocencia que, en el fondo, adjudicaba a los intelectuales españoles que «admitían la definición de Euskadi (y de Cataluña) como nación», y que al decir de Unzueta se vieron altamente sorprendidos cuando el pacto de Lizarra identificó nación con separación. ¿Inocentes? ¡Quiá!: plenamente culpables.

Pero deberás levantarte a atizar los leños. Volveré.

Sigue con salud.

A.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058655.html

viernes, 8 de diciembre de 2006

El terrorista Setién absuelto porque el fiscal no presentó la prueba concluyente del ADN



ALTO EL FUEGO / La acción de la (in)Justicia
Absuelven a un etarra acusado de secuestrar a Aldaya porque el fiscal no presentó una prueba

JOAQUIN MANSO

Free Image Hosting at www.ImageShack.us MADRID.- Tenían una prueba para incriminarle, pero no la propusieron en el juicio. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al etarra Gregorio Vicario Setién, Santi, acusado del secuestro del industrial vasco José María Aldaya, que permaneció 341 días en un zulo de tres metros de largo

La sentencia, que se conoció ayer, reprocha al Ministerio Fiscal, representado por Ignacio Gordillo, y a la acusación popular -la Asociación de Víctimas del Terrorismo- que no presentasen en la vista un informe pericial del que se les había dado traslado el pasado mes de septiembre. Se trata del «estudio y análisis de una maquinilla de afeitar, marca Gillete», recogida por la Policía en la nave industrial donde se encontraba el zulo en el que permanecieron retenidos José María Aldaya y, posteriormente, el empresario Cosme Delclaux. De los restos fisiológicos hallados en la cuchilla se obtiene el perfil genético del acusado: su ADN.

El tribunal, compuesto por los magistrados Clara Bayarri, Eustasio de la Fuente y Ricardo Rodríguez, considera que «la prueba de cargo practicada en el juicio no ha llegado a destruir la presunción de inocencia de que goza» Vicario Setién.

Las acusaciones reclamaban 17 años de cárcel para Santi. Para fundamentar su petición, aportaron, principalmente, las declaraciones que en su día efectuaron los etarras Francisco José Ramada y Sagrario Yoldi, que fueron condenados por los mismos hechos a 12 y ocho años de prisión respectivamente, aunque ella fue finalmente absuelta por el Tribunal Supremo. Los dos señalaron a Vicario Setién como el ejecutor material del secuestro de Aldaya: según dijeron, él lo encañonó con una pistola cuando salía de un bar de Fuenterrabía, él lo custodió durante el tiempo que duró el cautiverio y él mismo lo puso en libertad.

Sin embargo, la Sala argumenta, citando jurisprudencia reciente del Constitucional, que «el valor de las declaraciones de los coimputados en la misma causa, que no tienen obligación de prestarlas ni de confesarse culpables, ni de decir verdad, sólo pueden ser tenidas en consideración con alcance probatorio» cuando existe algún elemento externo que las corrobora. Y añade, entonces, que tal elemento externo podía haber sido el informe pericial en el que consta el ADN del acusado.

Emilio Murcia, abogado de la AVT, criticó ayer la decisión de la Sala ya que, a su juicio, «tenían prueba de sobra para condenarle, aunque no se hubiese propuesto». Para Murcia, «ese informe fue emitido por un organismo oficial [la Policía Científica], por lo que el tribunal podía haberlo tenido en cuenta».

Murcia, que anunció que recurrirá la sentencia, destacó que se les dio traslado del informe pericial cuando las acusaciones ya habían emitido sus conclusiones provisionales. Por ello, según dice, «no se les dio ocasión de proponer esa prueba». Asimismo, añadió que si la Sala aplicase siempre el criterio que se ha seguido en esta ocasión, «el 95% de los etarras serían absueltos».

Un portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional declinó ofrecer valoración alguna. Se remitió a lo que pueda decir Ignacio Gordillo, que regresará el lunes de unas vacaciones.

José María Aldaya fue secuestrado el 8 de mayo de 1995 en Fuenterrabía y liberado el 14 de abril de 1996 cerca de Elgoibar (Guipúzcoa). Sólo el secuestro de Ortega Lara -que se prolongó 532 días- lo supera como el de mayor duración en toda la historia de ETA. En el juicio, Aldaya describió las pésimas condiciones del minúsculo zulo en el que permaneció retenido: «Siempre estaba mojado. Llenaba palanganas de agua estrujando una bayeta que me daban. Cuando salí, tenía las manos llenas de callos. Me salieron postillas y granos. Me estaba pudriendo».

El etarra Gregorio Vicario Setién fue detenido en 2001 en Francia, donde volverá el próximo 5 de enero para cumplir una pena de 18 años de cárcel. En España ha sido condenado a ocho años por la colocación de un coche-bomba en Barcelona y tiene pendiente una sentencia por el asesinato de un coronel del Ejército.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058483.html

La Audiencia Nacional exculpa a dos etarras más.



La Audiencia ordena excarcelar a quien dijo que Arzak pagó a ETA

J. M.

MADRID.- La Audiencia Nacional ha absuelto a José Luis Beotegui, que fue miembro de ETA en los años 80 y que, tras volver a ser detenido en 2004, acusó a los conocidos restauradores Juan Mari Arzak y Pedro Subijana de pagar el impuesto revolucionario a la banda. La sentencia, que se conoció ayer, ordena también que «se ponga inmediatamente en libertad» a Beotegui

El tribunal, compuesto por los magistrados Clara Bayarri, Eustasio de la Fuente y Manuela Fernández Prado, estima que no ha resultado probado que el acusado perteneciese a ETA. Por este delito, la fiscal Blanca Rodríguez pedía nueve años de cárcel para Beotegui, ya que sostenía que había actuado como intermediario para el cobro del impuesto revolucionario, acogido a varios etarras en su domicilio y participado en el aparato de captación de la banda.

En la resolución se argumenta que no es suficiente con la declaración inculpatoria que realizó Beotegui en la fase de instrucción, sino que es necesario algún elemento objetivo que lo corrobore, lo que en este caso, a juicio del tribunal, no ha concurrido.

También ayer se conoció otra sentencia por la que la Audiencia Nacional absuelve al etarra Miguel San Argimiro de pertenencia a banda armada. San Argimiro ya cumple condena por cuatro tentativas de homicidio.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058484.html

El Supremo afirma que negociar con ETA no es delito



Free Image Hosting at www.ImageShack.us ALTO EL FUEGO / El Tribunal no admite la querella de Manos Limpias contra el Gobierno y los líderes del PSE / Según la resolución, no hay delito al no existir «orden expresa» de la Justicia que impida reunirse con Batasuna

El Supremo afirma que negociar con ETA no es delito

MARIA PERAL

MADRID.- La Sala Penal del Tribunal Supremo ha declarado que el anuncio de «iniciar un diálogo con ETA» realizado por el presidente Rodríguez Zapatero el pasado junio y la reunión que dirigentes del PSE celebraron con líderes de la ilegalizada Batasuna no son actos constitutivos «de ningún tipo de delito».

La doctrina no es novedosa, puesto que el Supremo ya se pronunció en este sentido en un auto dictado en septiembre de 2004 con ocasión de la reunión en Perpiñán (Francia) entre el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, y el dirigente etarra Josu Ternera, prófugo de la Justicia española. Sin embargo, adquiere especial relevancia en un momento en el que el Gobierno está, de facto, inmerso en el proceso de paz y por el hecho de que ha sido acordada por unanimidad por un tribunal de cinco magistrados de todas las tendencias o sensibilidades, en el que son mayoritarios los magistrados nombrados por un Consejo General del Poder Judicial controlado por los vocales del Partido Popular. El ponente de la resolución ha sido el propio presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra.

La Sala -integrada por Siro García, Carlos Granados, José Manuel Maza y Miguel Colmenero, además de Saavedra- ha rechazado admitir a trámite una querella interpuesta en julio por el colectivo de funcionarios Manos Limpias. La inadmisión ha contado con el informe favorable del fiscal.

La querella se dirigía contra todos los miembros del Gobierno y los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) Patxi López y Rodolfo Ares. Después de recordar la ilegalización de Batasuna en marzo de 2003, afirmaba que el presidente del Consejo de Ministros compareció en el Congreso el 29 de junio para leer una declaración institucional por la que se anunciaba que el Gobierno iba a iniciar un diálogo con ETA. Asimismo, durante la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación Rodríguez Zapatero autorizó al Partido Socialista de Euskadi (PSE) para que se reuniese con Batasuna. Esta reunión tuvo lugar en un hotel de San Sebastián entre Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegal Batasuna y los responsables del PSE Patxi López y Rodolfo Ares.

El Supremo afirma que «los datos que ofrece el querellante no son susceptibles de incardinarse en los tipos penales» que Manos Limpias denunciaba, prevaricación y desobediencia, «ni en ningún otro».

La resolución hace una amplia introducción sobre el sistema de controles mutuos entre las instituciones por aplicación del principio de división de poderes para señalar que «los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares cuando, en el ejercicio de sus cargos, realizan acciones que provocan el ejercicio de una acción penal por quien está legitimado para ello».

No obstante, subraya que el control judicial sobre las diversas actuaciones del Gobierno «nunca podrá realizarse haciendo abstracción de la primacía que tiene el principio democrático en el sistema constitucional, primacía que se manifiesta en el artículo 66 de la Constitución, a cuyo tenor son las Cortes Generales, que representan al pueblo español, las que 'controlan la acción del Gobierno'».

Para el Alto Tribunal, sería incluso un «fraude constitucional» que se pretendiese, mediante la puesta en marcha de procesos penales, «corregir la dirección de la política interior o exterior» que la Constitución encomienda al Gobierno.

Dicho en otras palabras, «no se puede controlar la política interior del Gobierno por la vía penal», dijeron fuentes de la Sala, que indicaron que sus cinco miembros estuvieron de acuerdo con la inadmisión de la querella.

El Supremo añade que, por lo que se refiere al presunto delito de desobediencia judicial atribuido a López y Ares por reunirse con dirigentes de una organización ilegal, y que está incluida en la lista de organizaciones terroristas establecida por la Unión Europea, tampoco se aprecia infracción penal, puesto que «sin orden expresa no puede existir negativa abierta a su cumplimiento». No ha habido ningún mandato judicial expreso a los dirigentes socialistas vascos para que no se reuniesen con los líderes de Batasuna.

Fuentes del Tribunal indicaron que la Sala ha sido consciente de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tiene abiertos procedimientos penales contra el lehendakari Ibarretxe y contra responsables del PSE por los mismos hechos, procedimientos que la resolución del Supremo pone seriamente en cuestión. «Salvo que los magistrados del País Vasco tengan otros datos sobre los hechos que ellos investigan», matizaron, las causas abiertas por el TSJPV parecen llamadas al archivo.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058477.html

Editorial: REUNIRSE CON BATASUNA SERA LEGAL , PERO SIGUE SIN SER ACEPTABLE



Free Image Hosting at www.ImageShack.us EDITORIAL: REUNIRSE CON BATASUNA SERA LEGAL , PERO SIGUE SIN SER ACEPTABLE

A nadie le habrá sorprendido mucho la resolución del Tribunal Supremo hecha pública ayer y que considera que las reuniones entre el Partido Socialista de Euskadi y Batasuna no son constitutivas de delito penal. Según el Alto Tribunal, el hecho de que no hubiera una prohibición expresa a tales encuentros hace imposible que exista un delito de desobediencia. Se trata de una argumentación coherente y lógica. Como también lo es alegar que política y moralmente tales reuniones siguen resultando inaceptables.

En primer lugar, porque cuando se produjo el encuentro entre Patxi López y Arnaldo Otegi seguía vigente el Pacto contra el Terrorismo que excluye expresamente este tipo de contactos. Así, al reproche ético que se puede hacer a los socialistas por faltar a su palabra, habría que añadir la recriminación política: no se puede incurrir en semejante deslealtad con los populares pretendiendo simultáneamente que se busca el consenso con ellos en política antiterrorista.

En segundo lugar, pero no menos importante, la reunión entre el PSE y Batasuna se produce con una Ley de Partidos vigente que establece que la última es una formación ilegal. Así pues, para hacerse la foto, el Partido Socialista aparcó a su conveniencia la ley y devolvió a un partido jurídicamente ilegal la legitimidad social y política. Aún peor, lo hizo sin que Batasuna tuviera que dar nada a cambio, ni siquiera desmarcarse mínimamente de la violencia como medio para conseguir sus fines. En este sentido, el hecho de que no se le pueda imputar un delito no oculta que los socialistas actuaron con un soberano desprecio a una ley que, para colmo, habían apoyado antes en el Parlamento.

Resulta por todo ello lamentable que el Gobierno se muestre tan dispuesto a utilizar el archivo puntual de esta querella de Manos Limpias para legitimar su conducta e incluso reincidir en ella. Según su vicepresidenta, el Tribunal «ha abierto un camino». ¿El camino para volver a verse sin que nadie les pueda hacer reproche alguno? Si es eso lo que quería dar a entender Fernández de la Vega, su planteamiento no resulta convincente, pues que una acción sea legal no implica que política y moralmente sea aceptable.

Eso es lo que ayer desde Canarias quiso recordar Mariano Rajoy, al señalar que «hablar con ETA» (y hay que recordar que fue también el Tribunal Supremo el que señaló que Batasuna es ETA) «no es moral». El líder del PP se equivocó en su momento al encauzar su respuesta a la reunión entre López y Otegi por la vía judicial, subordinando su razón moral y política a la resolución de los tribunales. Su denuncia contra Patxi López, así como la del Foro de Ermua contra Ibarretxe, fueron admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero ahora, tras el pronunciamiento del Supremo, es sólo cuestión de tiempo que éste las archive

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058467.html

Los agentes piden la inhibición de Del Olmo



Impresiones
Los agentes piden la inhibición de Del Olmo

El abogado de Jesús Parrilla, uno de los agentes de la Policía Nacional encarcelados por revelación de secretos, presentó ayer sendos recursos ante el juez Del Olmo. En el primero de ellos, le pide que se inhiba de instruir el caso por no ser competente en delitos de tráfico de dinamita y menos de revelación de secretos. En el segundo de los recursos, le solicita que ponga en libertad a su cliente, que se halla en prisión incondicional. Lo lógico y normal es que Del Olmo no quiera revocar sus propias decisiones y desestime ambas peticiones, pero ello abriría la vía a que este agente y su compañero pudieran recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hay muchas posibilidades de que la Sala acabe por estimar ambos recursos, ya que Del Olmo ha hecho una interpretación más que discutible de la ley. Respecto a la inhibición, ya hemos explicado en estas páginas que la competencia sobre tráfico de explosivos -si no hay una finalidad terrorista- corresponde a un juzgado ordinario. Nada hay en la investigación que apunte a una conexión con una trama terrorista, por lo que la Sala, al igual que hizo con Garzón, se inclinará probablemente por apartarle del caso. Más argumentos hay todavía a favor de la revocación de la prisión incondicional, que es una medida absolutamente desproporcionada en relación al delito de que se les acusa. En el propio auto, el juez dice que Parrilla y su compañero asistieron a una reunión con nuestro redactor Fernando Lázaro, en la que se ignora de qué hablaron y en la que había papeles sobre la mesa. La acusación no puede ser más endeble.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058465.html

jueves, 7 de diciembre de 2006

Editorial: NO SABEMOS A QUIÉN IBA LA DINAMITA PERO SI QUIÉN HABLABA CON EL MUNDO



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NO SABEMOS A QUIÉN IBA LA DINAMITA PERO Si QUIÉN HABLABA CON EL MUNDO

Como de costumbre, resulta difícil seguir el hilo del relato en el confuso y mal redactado último auto del juez Del Olmo, pero hay una cosa que sí queda meridianamente clara: que ni el fiscal, ni el magistrado, ni la Policía han sido capaces de descubrir en cuatro meses quién le dio la dinamita al confidente de Leganés, de dónde procedía el explosivo y, lo que es más importante, cuál era el objeto del tráfico. Esto debería ser lo esencial.

Algunos medios se han hecho eco estos días de la inverosímil teoría de una simulación para que la Udyco se apuntara un éxito policial a cambio de impunidad para un agente corrupto y de favores al confidente que les entregó la dinamita. Habría sencillamente que pensar que los protagonistas de tal enredo son idiotas al prestarse a ser acusados de un delito castigado con más de cinco años de prisión, como así ha sucedido.

Lo fundamental, pues, sigue siendo un enigma, pero en cambio las conversaciones grabadas entre el agente Celestino Rivera y nuestro periodista Fernando Lázaro dejan traslucir que la cúpula policial había decidido enterrar el asunto, aunque la investigación judicial siguiera abierta. ¿Por qué el Ministerio del Interior no quería llegar hasta el final? Nuestra hipótesis es que bastaba que existieran elementos circunstanciales que permitían evocar la inconsistencia de la versión oficial del 11-M para que lo conveniente fuera echar tierra sobre el asunto.

Lo que sucedió en el transcurso de la investigación es que la Fiscalía e Interior vieron la posibilidad de desviar la atención sobre este escándalo hacia otro absolutamente colateral, que era la filtración de la noticia a nuestro periódico, que no estaba más que cumpliendo con su obligación de informar. Para esta finalidad era necesaria la complicidad del juez, que -no sabemos si por incompetencia o afán de venganza hacia EL MUNDO- decidió tragarse este indigesto guiso cocinado por la cúpula policial. Además de lanzar un claro mensaje a los funcionarios tentados a denunciar la corrupción, la maniobra de Interior apuntaba a intentar desacreditar al periodista y al periódico que habían informado sobre el chivatazo policial a un intermediario de ETA. Con razón, el secretario general del PP tildó ayer estos hechos de «involución democrática».

Resulta muy elocuente que, al día de la fecha, se encuentren en prisión incondicional dos policías por tener relaciones con un periódico -uno de ellos, simplemente por asistir a una reunión- y que no haya ninguno ni siquiera imputado por el chivatazo a ETA. Como declaró ayer a Efe nuestro director, Interior, la Fiscalía y la Audiencia deberían explicar esta «vergüenza».

Del Olmo, que no se caracteriza precisamente por su sutileza profesional, ha cometido, además, cuatro graves errores jurídicos que ponen en cuestión su actuación. El primero es seguir investigando un hecho del que no es competente, ya que el tráfico de explosivos -si no hay finalidad terrorista- debe ser instruido por un juzgado ordinario. Del Olmo puede argumentar que en agosto desconocía a dónde le iba a llevar esa investigación, pero cuatro meses después no hay atisbo alguno de vínculo de los agentes y sus colaboradores con una organización terrorista.

El segundo error es no haber deducido testimonio para abrir una causa separada al aparecer la revelación de secretos, ya que no existe conexión entre el tráfico de dinamita y la filtración de secretos.

El tercer error es haber autorizado las escuchas por un delito de revelación de secretos, algo que vulnera la jurisprudencia del Constitucional, que estableció que esa práctica sólo está justificada en el caso de graves delitos.

Y el cuarto error es el haber decretado prisión preventiva incondicional contra los dos agentes por un delito en el que ni existe riesgo de fuga ni los acusados pueden alterar las pruebas, únicos supuestos legales para adoptar una medida tan grave.

La conducta de nuestro redactor, como demuestra el propio auto, ha sido intachable, y lo que prueban sus palabras es su loable afán por comprobar una noticia. Lástima que algunos medios se hayan preocupado más de publicar las conversaciones con sus fuentes y de difamar a quien investiga, que de conocer la verdad. El tiempo, como en el caso del informe de los peritos, pondrá a cada uno en su lugar

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2058227.html

El PP califica de 'involución democrática' el nuevo montaje de Interior contra EL MUNDO



BAJO SOSPECHA / La decisión del juez
El PP califica de 'involución democrática' el nuevo montaje de Interior contra EL MUNDO

Angel Acebes equipara la divulgación de las conversaciones privadas de un periodista con la falsificación documental y con la detención de militantes del PP.

C. REMIREZ DE GANUZA / J. MANSO

MADRID.- El secretario general del PP, Angel Acebes, calificó ayer de «absolutamente inaceptable e intolerable» la publicación de las conversaciones privadas de un periodista de EL MUNDO porque, según afirmó, «supone un retroceso y una involución democrática».

El número dos del PP descartó que la publicación de dichas transcripciones telefónicas sea una «casualidad» y recordó que ese periodista, Fernando Lázaro, «es el mismo que denunció el chivatazo policial a los miembros de la red de extorsión de ETA».

Acebes destacó que ese hecho fue judicializado y que «el Ministerio del Interior no ha dado explicación alguna» hasta el momento, ni mucho menos ha «depurado responsabilidades». «La publicación de estas conversaciones privadas del periodista es la primera noticia que se produce después de un acontecimiento de la máxima gravedad como es el citado chivatazo», comentó.

Una segunda observación del dirigente popular llevaba implícita, además, una denuncia política directa contra el Ministerio del Interior. Y es que Acebes comparó ayer la publicación de las conversaciones privadas del periodista con «la falsificación de documentos» -en relación con las imputaciones que pesan sobre los policías que presuntamente manipularon los informes periciales del 11-M- y con las «detenciones ilegales» practicadas, según sentencia, contra dos militantes del PP por parte de agentes de Interior.

«Lo que ocurre en estos momentos en España, en el Ministerio del Interior, es de una enorme gravedad», declaró Acebes. «Hacía muchos años que no pasaba algo así y, de hecho, no ocurre en ninguna democracia que se precie», añadió, dirigiendo todas las «sospechas» hacia el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

La alarma trasladada ayer por Angel Acebes se basa, según dijo, en la «forma de presión» que el PP advierte tras la propia publicación de las conversaciones. «En una democracia no se puede perseguir a la oposición ni a los periodistas o a cualquiera que exija transparencia y verdad sobre un asunto, o simplemente discrepe». «El PP», terminó, «va a exigir en todos estos asuntos la máxima claridad y transparencia, y que se determinen los responsables políticos.

El auto del juez Del Olmo conocido el martes dedica dos folios y medio a hacer públicas 14 comunicaciones telefónicas privadas entre el periodista de EL MUNDO Fernando Lázaro y una supuesta fuente. Además, difunde el modelo de vehículo y el número de teléfono móvil de Lázaro, pese a que éste no está imputado.

Del auto se desprende que la Policía, con la aquiescencia del magistrado, desvió la investigación de una trama de tráfico de explosivos y de drogas en el Cuerpo a otra de revelación de secretos, en cuanto conoció que EL MUNDO podía destapar la noticia. En ese momento, Del Olmo ordenó intervenir el teléfono de una de las supuestas fuentes, Celestino Rivera.

Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido señalando que la observación de las telecomunicaciones supone una grave injerencia en la esfera de la intimidad y que, por tanto, debe exigirse que la infracción que se persigue revista una cierta gravedad.

Asimismo, las conversaciones que recoge el auto muestran que Celestino Rivera tenía interés en despertar la investigación ya que, según dice, «se ha archivado» -pese a que se desconocen el origen de los explosivos y las motivaciones de los imputados-. Por esa razón, apremia al periodista a que publique una determinada información, aunque en ningún momento queda claro que fuese él quien la filtró.

Cuando este periódico desveló la noticia, Del Olmo hizo coincidir la detención del grupo corrupto con la de las dos personas acusadas de filtrar la información a EL MUNDO, como si entre las conductas delictivas de unos y otros existiese alguna conexión. Curiosamente, de la lectura del auto se descarta de forma palmaria que la hubiese.

Aun así, el juez continuó prolongando esa apariencia cuando decidió, en la misma resolución, mantener en prisión incondicional a los dos agentes imputados sólo por revelación de secretos, y a tres integrantes de la trama mafiosa que aquéllos habían denunciado.

Para mantener en la cárcel a dos policías que sólo están acusados de haber revelado una información a un periódico -algo que tampoco se deduce del auto de manera evidente-, el magistrado sigue el criterio del fiscal Miguel Angel Carballo, para quien existe riesgo de destrucción de pruebas, pese a que los domicilios y las taquillas de los dos agentes ya han sido registrados.

El auto del juez Del Olmo no se pronuncia sobre su posible inhibición en favor de otro juzgado para la instrucción de la causa. La Audiencia Nacional sólo sería competente para seguir investigando si observara algún indicio de que el tráfico de explosivos tenía fines terroristas, o de que el de drogas lo llevaba a cabo una banda organizada y afectaba al territorio de más de una provincia.

Y, aunque se diese ese caso, Del Olmo tendría que renunciar a continuar persiguiendo el presunto delito de revelación de secretos en favor de un juzgado de instrucción.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058220.html

Pedro J. Ramírez: «Es una vergüenza»



Ramírez: «Es una vergüenza»


El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, consideró ayer «una vergüenza que haya policías en la cárcel por hablar con un periódico y no haya ninguno por haber dado el chivatazo a ETA» sobre una operación contra su aparato de extorsión.

En opinión de Ramírez, «el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Audiencia Nacional tendrían que explicar a la opinión pública por qué no han actuado contra ningún policía por ese chivatazo gravemente delictivo y persiguen con tanta saña a unos agentes que hablan con un periodista» de EL MUNDO que, se da la circunstancia, fue el mismo que destapó el asunto «del chivatazo».

Cree que lo que ha ocurrido en este caso es que, «como no han sido capaces de averiguar nada sobre la dinamita, han aprovechado la investigación y los pinchazos telefónicos en una operación de muy dudosa legalidad para tratar de criminalizar a los supuestos informantes de EL MUNDO y para inventarse un montaje inexistente entorno al 11-M».

«Es una manera de dificultar aún más nuestras investigaciones y de proteger la versión oficial del 11-M a la que se están aferrando Del Olmo -que fue el que instruyó la causa-, la Fiscalía y el Gobierno a pesar de que saben que está llena de lagunas y de manipulaciones», aseguró.

Afirmó que la veracidad de lo que se ha contado en su periódico sobre este asunto «es incontestable» y retó a 'El País' a que demuestre «dónde está el montaje sobre el 11-M».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058251.html

El Análisis: Una compleja trama aún sin esclarecer



BAJO SOSPECHA / El análisis
Una compleja trama aún sin esclarecer

El juez Del Olmo no aclara quién robó los cinco kilos de Goma 2 ECO localizados en agosto en Madrid y para qué iban a ser utilizados

EL MUNDO

Las investigaciones judiciales y policiales iniciadas tras la aparición en Leganés (Madrid) de cinco kilos de Goma 2 tienen aún muchas lagunas. El auto del juez Del Olmo corrobora las informaciones publicadas por este periódico, según las cuales tras el explosivo se podía encontrar una mafia policial. Del Olmo detuvo a siete personas, cuatro de ellas policías. A dos les acusa, entre otros delitos, de tráfico de explosivos y de drogas. Y a los otros dos, de revelación de secretos a EL MUNDO. En el auto, apunta que los datos revelados se referían a las investigaciones policiales sobre la trama. En ningún punto se habla ni de los atentados del 11-M ni de 'extrañas maniobras' entre EL MUNDO y los policías. El juez reproduce las conversaciones entre el periodista y un policía.
MADRID.- La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando fueron localizados cinco kilos de Goma 2 ECO en Leganés (Madrid). Inicialmente, se trataba de desentrañar un extraño caso sobre tráfico de explosivos. Pero el juez Del Olmo aprovechó las circunstancias para perseguir a policías que presuntamente hablaron con un periodista de EL MUNDO para desvelar la trama criminal.

ACTO PRIMERO

Aparecen cinco kilos de Goma 2 ECO en agosto en Leganés

El 19 de agosto pasado, el diario EL MUNDO desvela que había sido detenido un correo que debía entregar cinco kilos de Goma 2 ECO cerca del piso donde murieron los presuntos autores del 11-M. El correo abrió el paquete al retrasarse su contacto y, al ver que eran explosivos, avisó a la Policía. Este periódico destacó la coincidencia entre el material localizado y el que, al parecer, fue utilizado en la masacre de Madrid. Al día siguiente trascendió que la investigación la llevaba Del Olmo y que había tomado declaración a todos los protagonistas. Ese día se supo también que el que había alertado del explosivo era un confidente.

ACTO SEGUNDO

Una primera versión de los implicados difícil de entender

Según los primeros datos que recopiló la investigación, el confidente Manuel Romero, en la noche del 15 de agosto, se puso en contacto telefónico con el policía González Clares, El Moro, para decirle que tenía en su poder dinamita y detonadores. En una farragosa versión incorporada en el auto, se indica que El Moro avisó a dos miembros de la Udyco. En el auto no se aclara si el explosivo se lo entrega el confidente a El Moro en casa de este último, ni dónde está el paquete cuando llegan los agentes de la Udyco. Estos agentes también están imputados por el juez en la causa. Tras el descubrimiento del explosivo en el interior de una bolsa, los policías allí desplazados alertaron al 091 para que se trasladaran a la zona las unidades especializadas policiales, incluidos los Tedax y la Brigada Provincial de Información de Madrid.

En sus declaraciones iniciales del pasado mes de agosto, Manuel Romero aseguró que fue un tal Adolfo Rodríguez quien le entregó los explosivos. El juez tomó declaración a todos y los dejó en libertad.

ACTO TERCERO

Los pinchazos desvelan una trama policial

Pero ya nada está claro y el juez, tal y como detalla el escrito judicial, autoriza la intervención telefónica del confidente policial que tiene en su poder el explosivo y de la persona que en ese momento se presumía que se lo había dado. Además de por el cruce de llamadas, los investigadores constatan la implicación en esta trama de los autores iniciales y lo corroboran con las graves contradicciones que existen entre sus versiones tras el hallazgo de la dinamita en agosto y tras ser detenidos.

El auto deja clara la participación directa en toda la trama de los explosivos tanto de González Clares como de su confidente y de la mujer de este último. Pero, en ningún caso, el auto del juez construye una teoría sobre cuál era el destino final de los explosivos. De hecho, la deja en el aire y sólo pone sobre la mesa las contradicciones entre sus versiones. Aún no se sabe, pues, de dónde fueron robados los explosivos ni quién los robó, ni mucho menos cuál era su fin, qué estaba previsto que pasara o en manos de quién iba a acabar la Goma 2 y los detonadores localizados en agosto en Leganés.

Algunos medios apuntaron que se trataba de un montaje del propio policía para ganarse el favor de los agentes de la Udyco central para poder blindarse en sus actividades ilícitas. Esta teoría no ha quedado plasmada en el auto del juez. Incluso, se insinuó que podría tratarse de un montaje para vincular ese hallazgo de la Goma 2 con el 11-M. En algunos medios se apuntó que algunos de los implicados en esta trama de explosivos, pese a saber que sus teléfonos estaban pinchados, se pusieron en contacto con un periodista del diario EL MUNDO para aportar datos. Según el escrito del juez, los policías implicados en la trama mafiosa no tuvieron ninguna relación con EL MUNDO.

ACTO CUARTO

Implicados en un falso delito para implicar a una rusa

Y es fruto de estas investigaciones policiales y judiciales sobre el caso del tráfico de explosivos cuando los agentes de la Brigada Provincial de Información se encuentran ante el caso de un falso delito contra una ciudadana rusa provocado por varios de los ahora encarcelados.

En concreto, los agentes González Clares y Luis López Hidalgo detuvieron el 19 de octubre pasado a una ciudadana rusa a la que le intervinieron casi un kilo de cocaína. En esta trama también estarían implicados el confidente de la Goma 2, Manuel Romero, y su mujer, Isabel García.

Todos ellos estuvieron en contacto con el abogado Gerardo Hermoso, ex suegro de esta ciudadana rusa, 14 días antes de la detención de la mujer. Y la sospecha es que el ex suegro ideó con El Moro una maniobra para colocarle la droga a la rusa, detenerla y encarcelarla. El objetivo del letrado: lograr la custodia de sus nietos. Según el auto, el agente López Hidalgo estaba al tanto de todo, pero no diseñó el delito. Por esta actuación, los ahora encarcelados por estos hechos recibieron no menos de 50.000 euros.

La rusa estaba ya en prisión, pendiente de juicio, cuando se destapó esta trama. Tras las preceptivas consultas judiciales, esta mujer quedó en libertad.

ACTO QUINTO

Un acusado de desvelar secretos impulsa la investigación

Aparece Funci. Según describe el juez Del Olmo en el auto, los días 2 y 3 de noviembre de 2006, un funcionario de la Brigada Provincial de Información tuvo reuniones con Celestino Rivera, Funci, encarcelado ahora bajo la acusación de revelación de secretos. Según el auto, en estas reuniones, Funci pretendía «facilitar información que obraba en su poder sobre la incautación el 15 de agosto de algo más de cinco kilos de explosivos».

Poco después, González Clares recibe informaciones de una persona «relacionada con Celestino Rivera» que hacen sospechar a los investigadores que este último estaba recibiendo datos sobre las pesquisas contra aquél. En sus comunicaciones intervenidas, González Clares indica que «está preparado para la guerra, que a ver si estos pencos que le tienen pinchado el teléfono lo escuchan, que están dedicándose ahora a dar su nombre y apellidos a los delincuentes...», indica el auto.

En otra conversación, con su hijo, indica que «una persona» le ha contado que esa semana iban a ser detenidos y que esa misma persona le dijo también que la mujer de Manuel Romero ha declarado que fue José [en referencia a González Clares] quien le ha dado el explosivo, «según le dice esta persona a Funci, que se lo ha dicho el de la Brigada, y que el juez decretará su detención» y «que sabe que todo esto saldrá en la prensa, que ya tienen hasta un titular y todo».

Pese a la pésima redacción de Del Olmo, se entiende que alguien avisa a González Clares de que Funci, con quien le une algún tipo de enemistad, ha conocido sus conductas delictivas, y pretende informar de ellas a la prensa. Esto descarta que Funci participase de alguna manera en la trama mafiosa, y confirma que se habría limitado a destaparla.

En ese momento, según detalla el auto, «se produjo una ampliación en el objeto de las iniciales investigaciones. Se autoriza la intervención del teléfono móvil de Celestino Rivera».

EPILOGO

Seguimiento y control de los contactos con EL MUNDO

A raíz de estas investigaciones se detecta, según el auto, que Celestino Rivera «mantiene una relación constante con el periodista del diario EL MUNDO Fernando Lázaro y que está teniendo contactos para preparar una información que saldrá en este periódico relativa al asunto de los explosivos intervenidos el 15 de agosto». El juez detalla que el día 27 de noviembre «se produjo una cita entre ambos a la que acudió igualmente Antonio Parrilla [en prisión también, acusado de revelación de secretos]». «Los funcionarios que realizaron las vigilancias observaron que encima de la mesa del bar donde se produjo el encuentro se podían ver varios documentos (aunque sin distinguir lo que había escrito en ellos)».

El juez indica el número de móvil del periodista y el modelo de su vehículo particular y referencia hasta 14 comunicaciones entre el policía y el periodista (telefónicas y a través de SMS). El juez no detalla ningún contacto más con el agente Antonio Parrilla. De las conversaciones se puede deducir que el afán de Celestino Rivera, que se muestra convencido de que la Brigada Provincial de Información quiere archivar las investigaciones sobre la mafia policial, es empujar la actuación policial contra los sospechosos de traficar con la Goma 2.

En el auto judicial no hay ninguna referencia, ni directa ni indirecta, a que los agentes acusados de revelación de secretos estuvieran urdiendo una trama para que se publicaran datos falsos sobre el 11-M.

EL MUNDO publicó el pasado 30 de noviembre que la Policía estaba investigando una trama policial dedicada a traficar con Goma 2 ECO

http://www.elmundo.es/diario/espana/2058252.html

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