Víctimas, en la calle

Víctimas, en la calle

La AVT celebra hoy en Madrid una nueva manifestación bajo el lema 'Rendición, en mi nombre no', contra el 'proceso de paz'

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Rendición, en mi nombre no. Será la sexta convocatoria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que con este lema protestará contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero, la tercera después de que ETA decretase el alto el fuego indefinido.

Los organizadores están convencidos de que la manifestación que recorrerá la madrileña calle de Velázquez durante la tarde de hoy será un nuevo éxito de asistencia. La AVT tiene ya confirmada la llegada a la capital de más de 200 autobuses que partirán de 50 puntos diferentes de la geografía española.

La pancarta inicial partirá del número 1 de la calle de Veláquez, en la Puerta de Alcalá y la portarán los dirigentes de la AVT y víctimas del terrorismo etarra. La segunda pancarta, con el lema Comprometidos con las víctimas, será portada por diferentes autoridades públicas y dirigentes políticos, fundamentalmente del Partido Popular, formación que de nuevo se ha adherido a la convocatoria de la AVT.

Según explicaron fuentes de la organización, a la convocatoria de hoy asistirán, entre otros, el presidente del PP, Mariano Rajoy; el secretario general, Angel Acebes; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el ex presidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Esperan la asistencia de destacados militantes del PSOE que se han mostrado críticos con la actual política de Zapatero.

La convocatoria ha sido secundada, entre otras, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y una treintena de organizaciones cívicas. La AVT está muy confiada en un nuevo éxito de convocatoria. Y para muestra, un botón: habitualmente, la página web de esta asociación recibe una media de entradas diarias que ronda las 200.000. Durante la última semana, esta cifra diaria se ha disparado hasta 1.300.000. Será el presidente de la asociación, Francisco José Alcaraz, quien leerá un comunicado en el que criticará con dureza el proceso de paz. Alcaraz anima a los ciudadanos a secundar esta convocatoria porque los hechos están demostrando, a su juicio, que el proceso de negociación con ETA es una «rendición» ante los terroristas.

Esta concentración viene precedida de una agria polémica con dirigentes del PSOE que arremetieron contra la AVT y su presidente. El diputado del Grupo Socialista Antonio Hernando acusó a Alcaraz de gastarse las subvenciones en autobuses en lugar de destinarlas a las víctimas. José Antonio Pastor, líder del PSE en Vizcaya, le tildó de «sinvergüenza» por «utilizar perversamente el sufrimiento de las víctimas».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053920.html

Los obispos rechazan la negociación política con ETA

IMPRESIONES
Los obispos rechazan la negociación política con ETA

Fiel a la expectación que había levantado, la instrucción pastoral de los obispos sobre la situación política española -y en especial el capítulo dedicado al terrorismo- sonó ayer como un aldabonazo certero en una opinión pública conmocionada por las últimas noticias en torno al proceso de diálogo con ETA. El documento agradece los esfuerzos «encaminados a la desaparición» de la violencia y resalta el valor del consenso entre partidos e instituciones para el fin de ETA, pero inmediatamente deja muy claros cuáles deben ser los límites que un diálogo con la banda jamás debe traspasar. «Una sociedad que quiera ser libre y justa», afirma, «no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo (...) ni puede tenerla como interlocutor político». La frase no puede interpretarse sino como una desautorización nítida al Gobierno, inmerso desde hace meses en una negociación con Batasuna para la creación de una mesa de partidos donde se diseñe el futuro político del País Vasco. Bien al contrario, los obispos subrayan que los contactos del Ejecutivo con los terroristas «han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad» y ceñirse a gestionar la desaparición de la banda. La advertencia no puede ser más oportuna en este momento, con la negociación estancada y las víctimas a punto de volver a salir a la calle. Por si fuera poco, la violencia se recrudeció ayer aún más con el sofisticado ataque contra la Subdelegación del Gobierno en Vitoria -una operación de comando que se llevó a cabo en tan sólo un minuto- y la vicepresidenta reconoció que no estaba habiendo «avances» en el proceso. El Gobierno debe tomar buena nota de las reflexiones de los obispos y desandar el camino de la negociación política antes de que sea demasiado tarde.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053899.html

Los obispos rechazan que se trate a ETA como «interlocutor político»

ALTO EL FUEGO / Consideran «objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas» y con quienes les «apoyan» / Señalan que podría haber alguna «medida de indulgencia» si la banda dejara las armas

Los obispos rechazan que se trate a ETA como «interlocutor político»

«Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todo lo referente a la organización política de la sociedad y ceñirse a la desaparición de ETA», dicen en una instrucción pastoral

JOSÉ MANUEL VIDAL

MADRID. - Los obispos se alinean contra la negociación con ETA. Esto es al menos lo que puede leerse en el resumen de la instrucción pastoral presentada ayer. En ella, dicen que es «objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas» y con quienes los «apoyan». Y concluyen que la banda no es un «interlocutor político», mientras muestran su «afecto, respeto y solidaridad» por las víctimas.

La instrucción, aprobada por 63 de los 73 obispos presentes con derecho a voto, afirma que «los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todo lo referente a la organización política de la sociedad y ceñirse a la desaparición de ETA». Sigue en

A renglón seguido, el texto añade: «Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político».

En la misma línea, asegura que «la Justicia, fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror».

Eso sí, la jerarquía de la Iglesia deja una puerta abierta a la eventual reinserción de los terroristas. Pero con condiciones. El documento episcopal postula que se podría adoptar «alguna medida de indulgencia» que «facilitara el fin de la violencia» de ETA, pero siempre que antes «los terroristas renuncien definitivamente a la violencia y al terror como instrumento de presión».

«Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y ceñirse a establecer condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista; en nuestro caso, de ETA», dice la Iglesia.

Las referencias al proceso de paz son, pues, lo más novedoso de una instrucción pastoral (no doctrinal, es decir, que no obliga en conciencia a los católicos), titulada Orientaciones morales ante la situación actual de España, muy integradora. O, como dice el secretario del Episcopado, «muy matizada, como todos los documentos episcopales».

No hay nada más parecido a un obispo que otro obispo. Sobre todo en cuestiones doctrinales. Porque uno de sus preceptos es «encarnarse con su pueblo». De ahí las distintas sensibilidades episcopales a la hora de abordar asuntos tan complicados como la unidad de España.

En torno a España

Pero si hay algo que la Iglesia estima por encima de todo es la «comunión», un término teológico que se utiliza para referirse a la unión entre los fieles y, por supuesto, entre los obispos. En aras de la comunión, las diversas sensibilidades eclesiales cedieron y, tras arduos debates, consensuaron el texto de la instrucción pastoral.

El sector conservador, capitaneado por el cardenal Cañizares, que lleva años (concretamente, desde 2004, en que pronunció una conferencia en el Siglo XXI ante los entonces ministros Acebes, Zaplana y Michavila) apostando por la «unidad de España como bien moral», puso sordina a esta exigencia. Y, de hecho, esta fórmula no aparece en el documento. Sólo se hace referencia «a la unidad histórica, espiritual y cultural de España». Entre otras cosas, porque la moralidad «afecta a las personas y no a las cosas», como dijo Camino. Ni a los territorios.

Eso facilitó mucho la aprobación del documento, que se nuclea en torno a tres principios: unidad espiritual, diversidad real y solidaridad. La Iglesia «reconoce la legitimidad de las posiciones nacionalistas», siempre que se basen en el bien común. Porque «la unidad de España puede ser entendida y administrada de diferentes maneras», y no corresponde a la Iglesia posicionarse.

En todo lo demás, apenas hay diferencias entre las diversos sectores episcopales. Todos los prelados coinciden en denunciar la «fuerte oleada de laicismo». En el caso de España, un laicismo «específico», como dijo el padre Camino, que «está en la base de algunas legislaciones promovidas recientemente». De ahí que, a veces, la simple «referencia a Dios sea considerada como algo negativo».

En este laicismo también tienen su parte de culpa los propios católicos. Los obispos hacen autocrítica y reconocen, en este sentido, que «la falta de vida santa entre los católicos ha contribuido al oscurecimiento de la fe y al desarrollo de la indiferencia y del agnosticismo».

Y, tras el mea culpa, los obispos apuntan los criterios de una democracia, que, su juicio, son el bien común y la subsidiariedad. Porque «la democracia y los procedimientos democráticos no son la última referencia moral de los ciudadanos».

Y por último, el documento episcopal trata de aplicar estos principios a las situaciones concretas. Y, además de condenar el terrorismo, pide que se respete «escrupulosamente» la autonomía del poder judicial y arremete contra las medidas impulsadas por el Gobierno para recuperar la memoria histórica.

Los prelados consideran que dichas medidas «son un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia». Más aún, «abren viejas heridas de la Guerra Civil y avivan sentimientos encontrados que parecían estar superados». «Un retroceso histórico», concluyen.

La declaración de los obispos suscitó diversas reacciones. El presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, afirmó que el criterio de la Conferencia Episcopal es «moralmente razonable y aceptable». El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tildó a la institución de «ultramontana» y la acusó de ejercer «más como derecha dura que como autoridad moral de los católicos». Y ERC, a través de Joan Tardà, su portavoz en el Congreso, manifestó que la Iglesia sigue «anclada en las épocas más oscuras del siglo XX».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053892.html

«La humedad me estaba pudriendo»

«La humedad me estaba pudriendo»

Aldaya describe sus 341 días en un zulo y su secuestrador sólo declara que está «orgulloso de pertenecer a ETA»

JOAQUIN MANSO

MADRID.- Dos prótesis en la cadera y lesiones en la espina dorsal. José María Aldaya atribuye las secuelas que padece a «las humedades» del zulo de tres metros cuadrados en que pasó 341 días secuestrado por la banda terrorista ETA. «Siempre estaba mojado. Llenaba palanganas de agua estrujando una bayeta que me daban. Cuando salí, tenía las manos llenas de callos. Me salieron postillas y granos. Me estaba pudriendo», relató ayer en la Audiencia Nacional.

El empresario vasco describió las penosas condiciones de su cautiverio en el juicio por este hecho contra el etarra Gregorio Vicario Setién, Santi, que concluyó ayer. Lo hizo por videoconferencia desde San Sebastián por recomendación médica.

El fiscal Ignacio Gordillo y el letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo mantuvieron su petición inicial de 17 años de cárcel y una indemnización de 2,1 millones de euros, 901.518 en concepto de restitución de la cantidad que -«al menos», según el fiscal- pagó la familia por el rescate. El resto, por los daños morales sufridos y las posteriores secuelas.

Resignado ante el trámite y sin ninguna afectación, Aldaya declaró que «allí dentro no era nada. Me sentí humillado y lloré muchísimo. 341 días encerrado en ese agujero maldito dan para llorar y mucho más. Tuve suerte de salir vivo de ahí».

ETA mantuvo al industrial privado de su libertad entre el 8 de mayo de 1995 y el 14 de abril de 1996, cuando lo liberó cerca de Elgoibar (Guipúzcoa). Sólo el secuestro de Ortega Lara -que se prolongó 532 días- lo supera como el de mayor duración en la historia de la banda. Tanto Aldaya como el padre Ignacio Altuna, que actuó como portavoz de la familia durante el cautiverio, aseguraron desconocer si se había pagado algún rescate.

El empresario narró con gran precisión las circunstancias en que fue abordado aquel 8 de mayo en Fuenterrabía (Guipúzcoa) «por tres o cuatro encapuchados, que viajaban en dos automóviles oscuros». Según su relato, le encañonaron con una pistola y le obligaron a subir al maletero de uno de los vehículos.

«Allí», continuó, «me inyectaron. Cuando me desperté, estaba atado de pies y manos» en un habitáculo de tres metros de largo, por menos de uno de ancho y de dos de alto, «cerrado y sin ventilación alguna, iluminado pobremente por una batería de coche».

El etarra Vicario Setién escuchó impasible la exposición de Aldaya. Incluso repartió sonrisas, saludos y guiños con algunas amistades que asistieron como público. Se negó a responder a ninguna pregunta -«no reconozco este tribunal», dijo-, pero sí ejerció su derecho a la última palabra para proclamar: «Pertenezco a ETA y me siento orgulloso».

Por el secuestro de Aldaya ya fueron condenados en 2004 los etarras Francisco José Ramada (a 12 años) y su compañera sentimental, Sagrario Yoldi (a ocho), aunque esta última fue finalmente absuelta por el Tribunal Supremo.

Santi fue juzgado también ayer por el asesinato del coronel de Infantería Leopoldo García Campos. Por esta causa, el fiscal Pedro Rubira pide para el etarra 56 años y medio de prisión.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053911.html

«El Gobierno no puede ceder más»

«El Gobierno no puede ceder más»

La primera víctima de la 'kale borroka' tras la tregua teme que el Ejecutivo se salte la ley al no quedarle «otra ficha para mover»

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Una rápida llamada telefónica de su hermano Federico, a las cinco de la madrugada de un lluvioso 22 de abril, le hizo saber que él y su familia se habían convertido en las primeras víctimas de la kale borroka tras el alto el fuego.

Nada más colgar, José Antonio Mendive, concejal de UPN en Barañain, vio cómo, al mismo tiempo que la ferretería que regenta su familia en este municipio navarro, ardía hasta consumirse el atisbo de esperanza -ese «engaño personal que te haces a ti mismo por el deseo de paz y libertad»- de que la tregua podía empezar a cambiar las cosas para él y su familia.

Nada más lejos de la realidad. Sólo había transcurrido un mes desde la declaración del alto el fuego y, en pleno proceso de verificación abierto por el Gobierno, su negocio familiar ardía pasto de las llamas. Como consecuencia del incendio fueron hospitalizados tres policías municipales de Barañain por inhalación de humo y un bebé de 10 meses que vivía en el bloque del que fueron desalojadas en mitad de la noche 56 familias. «La lluvia evitó desgracias mayores», agradece hoy Mendive al destino.

«Cuando me avisaron, el cuerpo se me quedó frío, muy frío. Sentí una incredulidad total, pero en el momento no te das cuenta de la magnitud de la tragedia, de lo que ha tenido que pasar mi familia», recuerda.

Esa noche, el concejal regionalista se planteó muchas cosas. Hoy, siete meses después de aquella trágica escena y con el negocio todavía en obras, sus convicciones no se han movido un ápice y, alarmado ante la posibilidad de que el Gobierno entre en terreno de lo «ilegal» para ofrecer contrapartidas en el proceso de paz, tiene muy claro quién no puede salirse con la suya: «No van a ganar; por mucho que lo intenten, no nos van callar».

Siempre ha sabido el odio que le procesan muchas de las personas con las que se cruza a diario por la calle y, por si le quedaban dudas, los radicales -euskonazis, como les llama él- se lo recuerdan con relativa frecuencia a través de pintadas con su nombre en el centro de una diana, rompiendo las lunas de su ferretería, con falsos avisos de bomba en su domicilio y con otra serie de cosas que prefiere no mencionar «para no hacer publicidad a esos sinvergüenzas».

Por eso, cuando ETA declaró el alto el fuego permanente, Mendive sintió un inevitable alivio interno y se abrió en su interior una escueta puerta de esperanza. Sólo un mes después, los chavales de la gasolina se encargaron de calcinarla.

Su temor ahora, sólo unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas navarras, es que el Gobierno facilite el regreso de Batasuna a las instituciones y que quienes no se han desmarcado nunca de la violencia vuelvan a tener un escaño junto al suyo en Barañain.

«Estamos en un punto muerto porque el Gobierno ya no puede ceder más. Todo lo que vaya a hacer a partir de ahora tendrá que ser saltándose la ley porque ya no le queda otra ficha para mover: la territorialidad famosa, la anexión de Navarra, la autodeterminación... ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo, francamente, lo veo mal porque ya están atados de pies y manos».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053914.html

Ataque organizado contra la subdelegación del Gobierno en Vitoria en menos de un minuto

Ataque organizado contra la subdelegación del Gobierno en Vitoria en menos de un minuto

Les dio tiempo a lanzar cinco cócteles molotov tras inutilizar las cámaras de seguridad Agredidos varios 'ertzainas' tras un acto de Segi

MARCOS IRIARTE

VITORIA.- Les bastó con 60 segundos porque se sabían el guión de memoria. Un grupo de encapuchados demostró ayer en Vitoria, en un nuevo ataque contra el edificio de la subdelegación del Gobierno en la capital alavesa, que la kale borroka está hoy en plena forma y que sus responsables actúan de una forma organizada y cohesionada.

Los radicales atacaron ayer con una lluvia de cinco cócteles molotov -tres alcanzaron su objetivo- el edificio de la subdelegación del Gobierno en Vitoria. Aunque, afortunadamente, sólo provocaron el ennegrecimiento de la fachada de una garita en la que habitualmente vigila un guardia civil, los terroristas callejeros dejaron claro que habían trazado su plan minuciosamente.

Todo comenzó a medianoche. Fue entonces cuando un grupo de desconocidos, con los rostros cubiertos por capuchas, se plantó frente al edificio de la subdelegación en la capital alavesa, y perpetró un ataque con pocos precedentes en lo que a organización se refiere.

Y es que, en un minuto, les dio tiempo a rociar el suelo de gasolina y crear una pantalla de fuego que dejó ciegas a las cámaras de seguridad del edificio, así como a lanzar cinco cócteles molotov, preparados a conciencia, contra la fachada de un edificio que ya ha sido objetivo del terrorismo callejero en múltiples ocasiones; la última, el pasado 3 de agosto, con ocho cócteles molotov y un bote de pintura.

A pesar de que los daños provocados fueron mínimos, los artefactos preparados por los radicales no pretendían precisamente pasar desapercibidos. Estaban compuestos por gasolina, aceite y ácido sulfúrico y envueltos con una cinta aislante con potasa en su interior, que hizo las veces de iniciador del fuego.

Pasado su minuto de gloria, los radicales huyeron hacia el Casco Viejo de Vitoria por la calle de Cuchillería, la misma por la que habían llegado, donde se perdieron entre los estudiantes que aprovechan la noche de los jueves para salir de fiesta.

Según ha podido saber este periódico, la Fuerzas de Seguridad se encuentran «preocupadas» por el incremento de acciones de kale borroka que se están perpetrando en la capital alavesa en las últimas semanas, si bien relacionan este aumento con las cinco detenciones de terroristas callejeros que se llevaron a cabo el pasado mes de septiembre, relacionados con la explosión de un artefacto de fabricación casera en un cajero automático de la Caja Vital.

Pero éste no fue el único ataque de los radicales. Anoche, un grupo de jóvenes quemaron varios contenedores y lanzaron piedras contra varios agentes de la Ertzaintza tras un acto de la organización juvenil Segi en defensa de los presos etarras en la localidad guipuzcoana de Rentería.

Los jóvenes cruzaron varios contenedores y los prendieron fuego, al tiempo que apedreaban a los ertzainas desplazados al lugar, que respondieron con varias cargas.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053912.html

La Fiscalía pide informes policiales sobre el acto de Burlada

La Fiscalía pide informes policiales sobre el acto de Burlada

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer al juez Ismael Moreno que pida a las Fuerzas de Seguridad informes sobre el acto convocado para hoy en Burlada (Navarra) por un grupo de ex concejales de Batasuna y que, si se trata de un acto institucional de la formación ilegalizada, impida su celebración.

La iniciativa responde a la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, que también solicitaba informes al respecto de la Policía y la Guardia Civil y que, caso de acreditarse que se trata de Batasuna, prohíba el acto.

El escrito incorpora las informaciones ofrecidas al respecto por Deia y EL MUNDO. Este diario informaba que Batasuna está convencida de que participará en las próximas elecciones de Navarra y el País Vasco, y que el acto pretende abrir un proceso de debate para redactar el programa político que, supuestamente defenderá en los próximos comicios.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) acusó ayer al Ayuntamiento de Burlada, con alcalde del PSOE, de haber cedido la Casa de Cultura «a Batasuna para que celebre un acto político». A su juicio, eso significa «una afrenta a las víctimas de ETA y a la inmensa mayoría de la sociedad navarra».

Según explicó el concejal de Cultura de la localidad, Txema Mauleón, el local fue solicitado «a título personal» por un vecino e insistió en que al Consistorio no le corresponde la labor de investigar.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053913.html

El Gobierno admite que el proceso no avanza y que «no ha constatado la ausencia de violencia»

El Gobierno admite que el proceso no avanza y que «no ha constatado la ausencia de violencia»

Insiste en que no tiene intención de cerrarlo, pero que no se cumple el alto el fuego ni la legalidad La vicepresidenta asegura que no todas las víctimas del terrorismo se manifestarán hoy en Madrid

FERNANDO GAREA

MADRID.- El Gobierno admitió ayer oficialmente que el proceso de paz no avanza, entre otras cosas porque aún no ha podido constatar la ausencia total de violencia.

Por boca de su vicepresidenta y portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, Zapatero mantuvo ayer el tono de dureza y dejó claro que tiene especial interés en hacer explícitos su pesimismo y preocupación.

Junto a ese gesto serio, el Gobierno quiere dejar clara también la seguridad de que el proceso no ha terminado aunque no avance, porque sigue pensando que, en todo caso, sería ETA quien debería romper y poner fin a su alto el fuego.

«El proceso está abierto, pero es evidente que no hay avances. Dijimos que no avanzaría si no se constataba la ausencia total de violencia, y es evidente que robar pistolas es violencia», dijo textualmente Fernández de la Vega en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

El escollo fundamental sigue siendo que ETA ha priorizado la reivindicación de la territorialidad y la autodeterminación y el Gobierno no lo acepta, porque no puede acceder a las dos peticiones y porque se incumple el alto el fuego con la violencia.

Ayer mismo, la vicepresidenta dijo que «el Gobierno va a ser riguroso en constatar la ausencia de violencia», y reiteró que los tres principios son la legalidad, la ausencia de violencia y el recuerdo a las víctimas.

Inicialmente, desde la Declaración de Anoeta de 2005 y la carta de Arnaldo Otegi a Zapatero de 2006, el proceso se planteó como dos vías paralelas: una para hablar sólo de presos, armas y prófugos, y otra con Batasuna para la mesa de partidos.

Sin embargo, ETA ha decidido que sea esta segunda la que avance casi en solitario, sin que se hayan producido movimientos en la otra.

La situación en este momento es de preocupación en el Gobierno, en una situación de impasse que terminará a finales de este año. De hecho, las Fuerzas de Seguridad creen que ETA se prepara en este momento para poner en marcha los mecanismos de decisión interna con objeto de anunciar si sigue o no con el alto el fuego. El plazo terminará a finales de diciembre y, a partir de ese momento, las citadas fuentes no descartan que ETA optara por romper el alto el fuego con actuaciones armadas que no llegaran a provocar víctimas.

Resquicios de confianza

Los resquicios de optimismo del Gobierno se basan en la confianza de que, después de tres años sin matar, a ETA le resultaría muy difícil obviar la presión social en favor del final del terrorismo y, por otra parte, el miedo de los dirigentes de la izquierda abertzale a la larga lista de procesos judiciales abiertos.

En la mesa de contacto directo con ETA no sólo no ha habido avance alguno, sino que se ha retrocedido notablemente con hechos como el robo de armas en el sur de Francia. La hipótesis que se maneja sobre ese hecho es la de que la banda terrorista pretendía mandar un doble mensaje, al Ejecutivo y a sus bases: a uno el de la fuerza y la operatividad para presionar y a los suyos el de que no han sido vencidos.

La obsesión de ETA ha sido desde el primer momento que sus bases no percibieran que han sido derrotados. En la mesa política el avance es también muy limitado: Batasuna se ha encontrado con la negativa del Gobierno para avanzar hacia el reconocimiento de la autodeterminación y la territorialidad, es decir, la inclusión de Navarra. En contra de la previsión inicial, ETA y Batasuna no han aceptado como suficiente la declaración de Zapatero en la que admitía el derecho a decidir de los vascos, aunque supeditada al respeto a la Constitución y la ley.

Esas fuentes aseguran que, para su sorpresa, Batasuna ni siquiera ha aceptado sentarse a discutir o a buscar una solución a su legalización o a la elaboración de nuevos estatutos para cumplir la Ley de Partidos.

Como es sabido, el PSE y el PNV intentan aún un acuerdo de mínimos sobre el funcionamiento de esa mesa. En este momento, Zapatero intenta enfriar el debate público sobre el proceso de paz y sólo se planteará hacer algún gesto si tiene la seguridad de que irá acompasado de otro desde el lado de ETA.

Sobre la manifestación de hoy, la vicepresidenta se esforzó en diferenciar entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que convoca, y el conjunto de víctimas.

«El Gobierno está con las víctimas, con todas: con las que convocan manifestaciones y con las que no las convocan. Con las que están de acuerdo y con las que discrepan», dijo.

Y al PP le pidió que sea «más responsable y leal».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053916.html

El Parlament por fin habla en castellano

IMPRESIONES
El Parlament por fin habla en castellano

La investidura de Montilla como presidente de la Generalitat se produjo ayer sin sorpresas, con los apoyos de PSC, ERC e ICV. Lo más destacable de la jornada es que por fin, y reflejando en el Parlamento el bilingüismo de la sociedad catalana, un diputado habló en castellano. Albert Rivera, el líder de Ciutadans, pronunció su discurso en español, salvo una frase final en la que pidió que en esta nueva era «sólo cuenten las personas». Como era de esperar, Montilla le respondió íntegramente en catalán, pero también fue ésta la lengua que utilizó Rivera en la contrarréplica, demostrando no sólo que nada tiene en contra de ella, sino que además la habla mejor que el nuevo presidente. Sólo gracias al líder de Ciutadans se puede afirmar que ayer el Parlamento reflejó la Cataluña real, donde la mayoría de las personas habla sin complejos en ambas lenguas.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053901.html

Brumas libanesas

TRIBUNA LIBRE
Brumas libanesas

GUSTAVO DE ARISTEGUI

El salvaje asesinato de Pierre Gemayel, hijo y sobrino de presidentes de la República del Líbano, y nieto del fundador de su partido -el Kataeb-, abre otra vez las puertas del infierno de la guerra en el país de los cedros. Es verdaderamente repugnante que los espurios y malévolos intereses de unos pocos vuelvan a empujar a millones de personas al abismo de la destrucción, el odio y la muerte. Las expansivas ambiciones de unos, las desmedidas ansias de poder de otros, la cobardía de no pocos y la endémica debilidad de esta pequeña gran nación y de su Gobierno son sin duda el más explosivo cóctel de inestabilidad y conflicto.

Sorprende, por no decir que indigna, el alto grado de desconocimiento y frivolidad de algunos análisis que a diario se vierten sobre esta región en general y este complejísimo país en particular, seguramente el más poliédrico y enmarañado de una de las regiones más complicadas del planeta. No sólo por sus consabidas 18 ó 19 comunidades étnico-religiosas, su frágil democracia comunitario-confesional, el haber sido campo de batalla de la Guerra Fría y de otras contiendas regionales, o de las ambiciones anexionistas de su vecino oriental. Es también por el cruce de intereses geopolíticos de la región, en los que algunos actores con pretensiones de gran potencia, intentan hacerse con el control del país, experimentar el modelo Hizbulá y, si pueden, exportarlo a otros países con mayoría o importantes minorías chiíes. Por eso resulta imprescindible tratar de atravesar con un poco de seriedad las mortíferas brumas libanesas.

En el Líbano hay un grave problema de lealtades y de prioridades; para algunos libaneses es mucho más importante la lealtad a su comunidad étnica o religiosa que a su país, y, lo que es infinitamente peor, otros sólo reciben órdenes de potencias extranjeras en flagrante contradicción con los intereses de su propio país. Éste es claramente el caso de Hizbulá y su dependencia irano-siria (es mucho más importante la influencia iraní que la de la segunda), como lo es también en gran medida el caso de la otra organización chií: Amal, de inequívoca obediencia siria.

Estos grupos no se resignan a que la aplastante mayoría de los libaneses quiera vivir en paz, libertad y seguridad en un país verdaderamente soberano e independiente, o a que la inmensa mayoría de ellos quieran mantener buenas relaciones con Occidente, lo que en ciertos sectores es considerado un imperdonable pecado. En este sentido, conviene reconocer que, por una vez, las potencias coloniales europeas, que habían cometido innumerables errores en la descolonización, acertaron al hacer del Líbano un Estado independiente, pues su fuerte personalidad y singularidad se había hecho notar durante muchísimos siglos.

Por otra parte, conviene recordar el muy singular sistema constitucional libanés surgido del Pacto Nacional de 1943, en el que la potencia colonizadora, Francia, concede la independencia al país sobre la base de un reparto confesional del poder del Estado, sobre la base del peso demográfico que cada una de las comunidades confesionales tenía en la población del país. En consecuencia, la Presidencia de la República estaba reservada a los maronitas (católicos de rito oriental), que eran la comunidad más numerosa del país, la Presidencia del Gobierno a los musulmanes sunníes, y la del Parlamento unicameral a los musulmanes chiíes. La cuarta comunidad en importancia era la de los drusos, una escisión del chiísmo considerada herética por los más puristas del islam, tanto sunní como chií, de la que su máximo líder es Walid Jumblatt, cabeza visible del Partido Socialista Progresista, y viejo miembro de la Internacional Socialista, hoy inequívocamente proindependencia e inmensamente crítico con las pretensiones hegemónicas de Siria sobre su país. La quinta en importancia era y sigue siendo hoy la de los greco-ortodoxos.

Los demás puestos de importancia de la Administración y del Gobierno están repartidos sobre la base del peso demográfico de las distintas confesiones y comunidades libanesas. Una de las excusas esgrimidas por los señores de la guerra para mantener vivo el rescoldo de la guerra civil era que el reparto confesional se fundamentaba en una situación demográfica completamente superada por la realidad. No se entiende, en consecuencia, que después de 200.000 muertos y 15 años de guerras civiles, se volviese en los Acuerdos de Paz de Taif (ciudad del occidente de Arabia Saudí) al mismo reparto de máximas magistraturas decidido en el Pacto Nacional de 1943, que algunos desalmados utilizaron como pretexto para seguir matando.

Durante 15 años de guerras fratricidas, y casi 30 de ocupación siria, los libaneses no se atrevían a manifestar su opinión y a defender la independencia total de su país. De hecho, los más prudentes eran abiertamente críticos con la ocupación siria, pero si se hablaba con ellos fuera de la pequeña nación. Los pocos personajes arriesgados, valientes y patrióticos que se atrevían a hablar en el interior eran rápidamente silenciados por medio del soborno, la amenaza, la coacción, el chantaje, el secuestro y la tortura o el asesinato.

La lista no entendía de clases sociales, de profesiones o de jerarquías; así fueron asesinados dos presidentes de la República: el muy carismático Bashir Gemayel -tío del asesinado Pierre Gemayel- y René Muawad -cuya elección contó con el beneplácito de Damasco, si bien sorprendió por su lenguaje directo, claro e inequívoco a favor de un Líbano libre e independiente-, y primeros ministros como Rashid Karame o Rafic Hariri, dos grandes hombres de Estado comprometidos con su país y con su pueblo. Otras personalidades importantes fueron asesinadas, buscando la desactivación de la oposición y de la crítica de personajes con peso, influencia y prestigio en sus sociedades.

Danny Chamoun, también hijo de presidente y él mismo aspirante a la máxima magistratura del Estado, fue asesinado y toda su familia aniquilada a excepción de un bebé de meses hábilmente escondido en un armario gracias al coraje y habilidad de sus niñeras. Los últimos asesinatos de Yubrán Tueni, Samir Kassir, George Hawi (líder comunista libanés, greco-ortodoxo y ex miembro de Hizbulá) o del propio Pierre Gemayel, obedecen a los mismos motivos. A esta larga, casi interminable lista hay que añadir a algunos extranjeros que significaron en la defensa de esa hermosa y entrañable república mediterránea. Me toca el doloroso pero inevitable deber de recordar la figura de mi padre, que amó profundamente al Líbano y que por su defensa abierta y sin ambages de la independencia y soberanía del país de los cedros, fue asesinado el 16 de abril de 1989.

Hoy podemos constatar con inmensa preocupación cómo los máximos defensores de la independencia del Líbano están siendo asesinados impunemente. La actual racha de asesinatos políticos se inicia con el del ex primer ministro Rafic Hariri, al que el responsable de los servicios de inteligencia sirios en el Líbano (auténtico virrey sirio en Beirut) amenazó en su despacho de la localidad fronteriza de Chtoura, advirtiéndole que se podía enfrentar a nefastas consecuencia si su grupo parlamentario no apoyaba la extensión del mandato del actual presidente de la República, el maronita ultra prosirio Émile Lahoud. Hariri le dijo que no lo haría nunca; unos días más tarde estaba muerto. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. El ministro del Interior, el sanguinario Ghazi Kanaan, él mismo anterior virrey sirio en el Líbano (quien, por cierto, fue responsable de los asesinatos de cientos, quizás miles de personas, incluido mi padre) se suicidó en extrañas circunstancias, para seguramente evitar cualquier conexión entre sus crímenes y la jerarquía política siria.

El grave problema es que uno de los propósitos de quienes han inspirado y realizado los asesinatos era evitar que Naciones Unidas aprobase la creación de un Tribunal Internacional que investigase los asesinatos políticos. Tampoco puede caber duda de que la laxitud internacional antes estos horrendos crímenes ha contribuido de manera decisiva a envalentonar a sus instigadores, de manera que pensaron, una vez más, que podrían salirse con la suya. La comunidad internacional no puede permitir que la impunidad sea premiada.

Las víctimas han sido cristianos, musulmanes y drusos, de izquierdas y de derechas, liberales, apolíticos, ateos y también agnósticos. Poco importa, los ignorantes expertos de salón tratarán de vendernos el actual conflicto como una guerra civil entre musulmanes y cristianos, entre prooccidentales y los demás (es decir no se sabe muy bien quién). Pero no, se trata de otro tipo de conflicto, no es una guerra civil, es una guerra de opresión, de quienes pretenden someter al Líbano a potencias extranjeras frente a los que defienden su independencia. Lo que se cierne sobre el Líbano es más bien una lucha por su soberanía, una verdadera guerra de independencia, que esperemos se gane en el campo de la ideas y con la presión internacional y sin que haya ni un muerto más.

Hay una minoría de libaneses que ha decidido tomar partido por los que quieren someter a su propio país a un yugo extranjero, que es, por lo que se ha podido comprobar, especialmente odioso y opresivo. Estos personajes no pueden más que ser calificados de verdaderos traidores a su patria (palabra, por cierto, injustamente denostada por la cobarde corrección política occidental). Los libaneses, el mundo entero y la Historia juzgarán sus abyectas intenciones.

Gustavo de Arístegui es diplomático, diputado por Ciudad Real y portavoz de Exteriores del PP en el Congreso.

Rubalcaba le enmienda la plana a Francia

IMPRESIONES
Rubalcaba le enmienda la plana a Francia


El titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó ayer que ETA disponga de más de 500 terroristas esperando para actuar, como aseguraba un informe presentado por la policía francesa. El ministro reveló además que había llamado al país vecino para pedir explicaciones por una cifra que considera excesiva y que le habían respondido que la cantidad abarcaba «a los de aquí, los de allí y los de siempre». Es probable que Rubalcaba tenga razón cuando asegura que la banda no dispone de medio millar de terroristas preparados para entrar en acción, pero la precisión de la cifra que da el informe -516- y las difusas fronteras de las labores terroristas -donde junto a quienes aprietan el gatillo hay que incluir a quienes reúnen información, transportan explosivos o realizan labores de seguimiento- dan un punto de credibilidad a la policía del país vecino. De todas formas, no cabe duda de que el trasfondo de esta controversia es la discrepancia latente que existe entre los dos gobiernos en torno al proceso de negociación con ETA, materializada en la ausencia del ministro Sarkozy en la reciente Cumbre de Gerona. La polémica en torno al informe sobre los militantes etarras no hace sino corroborar que la policía francesa no comparte el optimismo de Zapatero en torno al final de la banda y que el Gobierno español intenta edulcorar a toda costa cualquier dato que contradiga su visión beatífica del proceso.
http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053636.html

El problema de Montilla es su falta de credibilidad

IMPRESIONES
El problema de Montilla es su falta de credibilidad

José Montilla pronunció ayer un discurso de investidura conciliador, en el que se presentó como presidente de todos los catalanes por encima de los partidos. Montilla se definió como «un trabajador» y evitó las referencias identitarias que tan frecuentes han sido en las intervenciones de Pasqual Maragall. El próximo presidente de la Generalitat apeló «al patriotismo social» y afirmó que quiere convertirse en «un ejemplo ético para los ciudadanos». También efectuó un encendido elogio de Maragall, que, según sus palabras, ha llevado a los socialistas catalanes hacia «el horizonte soñado». Sus palabras suenan un tanto cínicas porque fue Montilla quien remató políticamente a Maragall, enfrentado con Zapatero. Maragall pretendió presentarse a la reelección, pero no encontró el apoyo suficiente ni en Montilla ni en el aparato del PSC. Igualmente parece mera retórica que el candidato apele ahora a un «patriotismo social» que ha brillado por su ausencia en la anterior etapa del Gobierno tripartito. Pero Montilla resulta todavía menos creíble cuando apela a la ética. Hay que recordar que el futuro presidente de la Generalitat aceptó la condonación de un crédito de la Caixa a su partido y que luego cambió las reglas del juego para favorecer la OPA de Gas Natural contra Endesa. El gran problema de Montilla es esa falta de credibilidad, que deriva de los errores cometidos en el pasado y del sectarismo del tripartito. Habrá que darle un margen para comprobar si es capaz de rectificar y cumple las promesas que ayer hizo.
http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053638.html

Siempre las víctimas

COMENTARIOS LIBERALES
Siempre las víctimas

Ahora que Ciutadans está poniendo de moda las citas de los cantautores de los años 60-70, podríamos recordar a propósito de las víctimas del terrorismo aquello de Raimon: «Jo vinc d un silenci / antic y molt llarg». Porque a las víctimas del terrorismo etarra, durante muchos años, se les sacaba en su ataúd por la puerta de atrás de ciertas iglesias vascas. Y ello no retrataba sólo a ciertos pastores y a algunas ovejas, sino a la cabaña ovina en pleno, es decir, a la nación española, que era incapaz de tratar con el respeto debido a quienes daban la vida precisamente por ser españoles y por defender todo lo que nuestra viejísima nación ha sido, es y significa.

Si no podemos aplicar a las víctimas otra canción de Raimon, ésta dedicada al viejo comunista López Raimundo, T he conegut sempre igual, es porque hubo unos días de dolor y de vergüenza, los del martirio y asesinato de Miguel Angel Blanco, en los que la nación española se hartó de renegar de sus hijos y decidió sacar a sus muertos por la puerta grande de las catedrales. Desde entonces, ya no hemos visto siempre igual a las víctimas del terrorismo etarra. Por lo menos, no toda España.

Durante los años de Aznar se entendió, con muy buen criterio, que a las víctimas no sólo había que tratarlas con decoro, sino convertirlas en referente moral de la lucha contra sus asesinos, porque sólo en la identificación, en la empatía con las víctimas quedaba anclado el rechazo permanente contra sus verdugos.

Esto ha cambiado con Zapatero, al menos en lo que a la izquierda se refiere, que tras intentar la destrucción de la AVT, con el infame Peces de chequista gubernamental, empleó todas sus herramientas mediáticas en el descrédito de Francisco José Alcaraz, ora negándole las subvenciones más elementales a las que tiene derecho la AVT, ora injuriándole por no rendirse ante ETA como este mal llamado Gobierno de España (no es ni una cosa ni la otra), que en el mal llamado proceso de paz (que tampoco lo es), ha resultado aún más infame que aquéllos de UCD y el PSOE que sacaban los ataúdes de los asesinados por la puerta de atrás de las iglesias.

El linchamiento de la AVT por parte de los sicarios o simpatizantes del zapaterismo, desde Peces a Savater, ha chocado con el respaldo moral y material, político y social de la nación española, al menos de la parte de ella que se niega a envilecerse pactando con los verdugos y despreciando a las víctimas. Este sábado, el 25 a las 17.00, de nuevo la AVT y otras organizaciones cívicas se manifiestan en Madrid contra la política de rendición ante ETA. Sólo los líderes del PP acudirán a esa manifestación, porque saben que ese resorte moral de respaldo a las víctimas obedece más que nunca a la razón de ser de toda la nación.

Son víctimas porque son nuestras y son nuestras porque son víctimas. Allá otros con sus verdugos

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053643.html

La Abogacía del Estado discrepa de la Fiscalía en el caso de las 'herriko'

ALTO EL FUEGO / La acción de la Justicia
La Abogacía del Estado discrepa de la Fiscalía en el caso de las 'herriko'

Da crédito a los indicios que apuntan a Batasuna como propietaria, aunque pide la comparecencia de sus titulares en el Supremo para comprobarlo

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- El caso del embargo de las herriko tabernas vinculadas a Batasuna, ordenado por el Tribunal Supremo, ha puesto en evidencia notorias discrepancias de criterio entre dos importantes instituciones. La Abogacía del Estado presentó ayer un informe en el Alto Tribunal en el que, a diferencia de la Fiscalía General, no descarta que estos locales dedicados formalmente a la hostelería, pertenezcan a Batasuna, tal y como sostuvieron los tres liquidadores de la Agencia Tributaria.

De hecho, da el crédito suficiente a los indicios aportados por su investigación como para solicitar que, en caso de que lo apuntado por los liquidadores se confirme, se abandonen los criterios de oportunidad esgrimidos el pasado martes por el Ministerio Público para no actuar, y se proceda a las medidas cautelares correspondientes.

La Abogacía del Estado destaca la «consideración» que le merece el «amplio y documentado informe emitido por los liquidadores». Aunque también es cierto que, para no ahondar excesivamente en diferencias poco convenientes para la coyuntura actual, no llega a avalar los embargos de manera directa y solicita que se actúe con absoluta precaución para evitar consecuencias negativas derivadas de errores puntuales. Propone, con este fin, que comparezcan ante la Sala todos los titulares de las herriko tabernas -algunos ya lo están haciendo- para acreditar que efectivamente lo son, y pide que las citadas medidas cautelares no impidan el funcionamiento de los locales «hasta que se adopten decisiones definitivas de ejecución».

Los tres liquidadores de la Agencia Tributaria sostuvieron que las herriko «se gestionan de forma centralizada con arreglo a un modelo de estatutos sociales circularizados por la gestora común Banaka» y detallaron «los indicios de su vinculación con los partidos políticos ilegalizados».

Asimismo, según recuerda la Abogacía, señalaron cómo «varias sociedades mercantiles fueron creadas ad hoc para residenciar la titularidad de los bienes inmuebles que constituyen las sedes provinciales de los partidos en las tres provincias vascas y Navarra, que son frecuentemente arrendados a Batasuna y demás formaciones ilegalizadas».

Ante afirmaciones tan contundentes como que las herriko «pertenecen» a Batasuna, «forman parte activa de su organización» y «son instrumentos para la financiación del partido ilegalizado», la Fiscalía -en contradicción con la postura que mantenía en 2005- presentó un escrito rechazando la existencia de pruebas concluyentes y cuestionó la «oportunidad» de actuar contra los locales.

En actitud distinta a la del Ministerio Público, la Abogacía -en su escrito de posicionamiento solicitado por el Supremo a las partes personadas-, sostiene que «si quedara acreditado que los bienes y derechos de las herriko tabernas pertenecen a los partidos políticos disueltos judicialmente, procedería que se extendiera a los mismos la liquidación patrimonial decretada por la sentencia de disolución» consecuencia de la Ley de Partidos.

«No cabe duda de que la suma de todos los medios de prueba admitidos así como la de indicios interpretados lógicamente y relacionados entre sí, deber ser utilizada para demostrar si la pertenencia real de dichos bienes corresponde o no a las formaciones políticas disueltas», sostiene.

En caso de que se haga, esta institución da la razón a los liquidadores de la Agencia Tributaria, y pide que se pueda aplicar la técnica del «levantamiento del velo» para poder descubrir a los testaferros. Es decir para «prescindir de la apariencia formal de la titularidad y penetrar en el sustrato íntimo de la sociedad o persona jurídica y establecer la titularidad real y efectiva; derribar el sistema de limitación subjetiva de responsabilidad» para extenderla a quienes son los titulares auténticos de la propiedad.

Sin embargo, el mismo informe recuerda que «la posible pertenencia a un tercero» constituye un indicio y no una prueba y propone que en el plazo de cinco días los afectados puedan alegar y documentar «lo que tengan por conveniente en defensa de su titularidad». De este modo, la Abogacía considera que se garantiza al máximo «la regularidad procedimental de la ejecución» y se evitan «incidentes procesales».

Superados todos estos controles, el informe recoge como medidas cautelares aplicables -entre otras-, el reembargo de bienes inmuebles, el de los saldos en cuentas, subvenciones y hasta los derechos de arrendamiento, así como el cierre y precinto de establecimientos, algunos de los cuales ya fueron clausurados por el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía General y la Abogacía sí están de acuerdo en lo relativo a las subvenciones directas, es decir, al embargo y la liquidación de las dotaciones del Estado recibidas por Batasuna en concepto de representación electoral; de las subvenciones otorgadas por el Parlamento Vasco al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak y de las 380 cuentas bancarias vinculadas a la formación ilegalizada. Se trata de un montante que alcanza aproximadamente los 2,9 millones de euros, ya en poder del Tesoro, destinados a actividades de interés social y humanitario.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053649.html

El PP preguntará al Gobierno qué negocia sobre Navarra con Batasuna

El PP preguntará al Gobierno qué negocia sobre Navarra con Batasuna

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El miércoles de la próxima semana, en la habitual sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el PP va a presentar una interpelación para que el Ejecutivo explique «las negociaciones que pueda estar llevando a cabo» con representantes de Batasuna y que puedan afectar a la comunidad foral de Navarra.

Esas supuestas negociaciones preocupan mucho a «los representantes del pueblo navarro», y en concreto a los diputados de esa comunidad, según afirmó ayer Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso.

Precisamente por esa preocupación, y porque considera que ése y otros asuntos son «muy graves», Zaplana convocó ayer a los periodistas -un día antes del viernes, que es cuando el PP acostumbra a informar de lo que planteará en el Pleno siguiente.

El mismo miércoles, el PP va a preguntar al Ejecutivo por el robo de 350 pistolas en Francia que llevó a cabo recientemente ETA. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció entonces que este hecho tendría «consecuencias» y los populares quieren saber cuáles son.

El portavoz del PP también adelantó que su grupo va a preguntar al Gobierno cuándo tiene intención de aprobar la reforma de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

Además, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación para mañana en Madrid, en contra de que el Gobierno negocie con ETA, el PP preguntará por este asunto en esa sesión de control.

Otra pregunta del PP se referirá a la decisión que ha anunciado Rodríguez Zapatero, en respuesta a una pregunta de CiU, de desistir del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de José María Aznar contra la Ley de Universidades que aprobó en su día el Parlamento catalán. Según Zaplana, la retirada de ese recurso es «para complacer a CiU».

El PP se interesará también por la resolución del Tribunal Supremo que declara nulo el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones desde Madrid a Barcelona y preguntará al ministro de Justicia si va a dimitir o seguirá compaginando ese cargo con el de candidato del PSOE al Gobierno de Canarias.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053648.html

editorial: UNA CORTINA DE HUMO DE ZAPATERO

EDITORIALES DEL DÍA
UNA CORTINA DE HUMO DE ZAPATERO

Zapatero arremetió ayer en la sesión de control del Congreso contra el PP, al que acusó de «no respetar» la instrucción del sumario del 11-M. Según el presidente, el Gobierno respeta a «los jueces, las pruebas y las sentencias», pero el PP «lleva dos años cuestionando la actuación de la Justicia» en la investigación de los atentados.

Zapatero incurre en un error de concepto: resulta perfectamente compatible «respetar» la instrucción de un juez con denunciar las lagunas, las contradicciones y los errores flagrantes de esa investigación. Igualmente, interpelar a la vicepresidenta -como hizo ayer la diputada del PP, Alicia Castro- sobre la implicación de la cúpula policial en la falsificación del documento que vinculaba a ETA con el ácido bórico tampoco es interferir en la instrucción judicial.

Fernández de la Vega aseguró que «el Gobierno no ha falsificado ningún documento», mientras que el PP sí lo ha hecho con un vídeo. El PP puede haberse equivocado en su propaganda, pero esa metedura de pata es irrelevante en comparación al hecho de que hay en estos momentos cuatro altos cargos de la Policía Científica imputados judicialmente por falsificación.

Zapatero y la vicepresidenta se refugiaron ayer en generalidades y en principios que nadie cuestiona para no responder a las preguntas del PP. Pero «el respeto» a las actuaciones judiciales al que aludieron ambos es también decir la verdad o hacer posible para que ésta prevalezca. En este sentido, el Gobierno no está respetando a los ciudadanos. Por ejemplo, si el Ejecutivo tuviera interés en esclarecer los atentados de Madrid, no seguiría guardando silencio sobre la información publicada por este periódico hace tres días, cuando revelaba que el análisis de los explosivos de los trenes, realizado en el laboratorio de los Tedax, carece de validez legal por estar firmado por un solo perito.

Esta negligencia -unida al propio contenido del informe que no especifica las sustencias detectadas- es gravísima y en cualquier país habría supuesto una depuración de responsabilidades. Pero ni la Comisaría General de Información ni la Dirección General de la Policía ni el Ministerio del Interior han ofrecido todavía una explicación de por qué pudo producirse ese gravísimo error si es que no fue una manipulación. ¿Es esto respeto a la verdad?

Zapatero instó también a Rajoy a no poner en cuestión la labor del fiscal general del Estado, pero ello resulta también muy difícil a juzgar por su actuación en los últimos meses, particularmente en lo que respecta al 11-M. La fiscal del caso, Olga Sánchez, una persona muy vinculada a Cándido Conde-Pumpido, ha cometido también numerosos errores. ¿Por qué no exigió a los responsables de la Policía que el análisis de los explosivos fuera firmado por dos peritos, como había hecho en otros asuntos? ¿Por qué presentó el análisis de los Tedax como si hubiera sido realizado por la Policía Científica? ¿Por qué dijo que no había dudas sobre los explosivos?

Zapatero comparecía ayer para hablar sobre ETA. Pero como quería eludir este tema que tanto le incomoda y sobre el que prefiere callar, optó por intentar poner al PP contra las cuerdas. La cortina de humo le salió mal porque ni dio las explicaciones que esperaba la opinión pública sobre el proceso de paz ni convenció sobre el 11-M

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053245.html

Editorial: OTRA CHAPUZA DE MONTILLA

EDITORIALES DEL DÍA
OTRA CHAPUZA DE MONTILLA

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), decidida por el Gobierno mediante un Real Decreto de diciembre de 2004, en cumplimiento de un compromiso político de Zapatero con el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. El traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona fue una exigencia del tripartito catalán, en un momento en el que Zapatero gobernaba con el respaldo de ERC.

El fallo del Alto Tribunal acepta los recursos presentados contra la decisión por los trabajadores de la CMT -que se consideraban perjudicados por tener que cambiar de residencia- y por la Comunidad de Madrid, que alegaba perjuicios para las empresas de telecomunicaciones. Hay que recordar que la decisión del Gobierno propició la dimisión del presidente del organismo, Carlos Bustelo, que calificó el traslado como «deportación». El Supremo aún no ha hecho público el contenido de la sentencia -sobre la que existen también votos particulares-, aunque se sabe que no cuestiona el fondo de la decisión ni el derecho del Gobierno a ubicar la sede de instituciones estatales en cualquier parte del territorio nacional, aunque anula el traslado por considerar insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto, en particular lo referido a la memoria económica.

El fallo no supondrá el retorno de la sede desde Barcelona a Madrid, puesto que el Ministerio de Industria ya ha anunciado que cambiará el Decreto Ley para subsanar los errores cometidos, aunque no por ello el varapalo es menor para el Gobierno, ya que pone en evidencia su falta de rigor, improvisación e ineficacia a la hora de tomar decisiones importantes y polémicas, como fue la del traslado de la CMT.

Casualmente, el responsable de la chapuza fue el entonces ministro de Industria, José Montilla, cuyo mandato está plagado de fiascos como éste. Recordemos que tanto el Supremo como la Comisión Europea desautorizaron la OPA de Gas Natural sobre Endesa impulsada por el líder del PSC. En su pugna con las instituciones europeas, Montilla alteró en el BOE un Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros para reforzar los poderes de la CNE con el fin de vetar la compra de Endesa por parte de E.ON. Las chapuzas de Montilla continúan coleando, lo cual no es precisamente un aval de confianza para su futura gestión como presidente de la Generalitat

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2053244.html

Retrato de interlocutor con pancarta al fondo

ALTO EL FUEGO / Análisis de la crisis
Retrato de interlocutor con pancarta al fondo

Jesús Eguiguren accedió ayer a la sede socialista en San Sebastián entre manifestantes que llamaban al PSOE «chantajista» y pedían la vuelta de los presos

ANGELES ESCRIVA

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, uno de los principales arquitectos e interlocutores del proceso iniciado para acabar con el terrorismo, se encontró ayer de bruces con un grupo de manifestantes del colectivo de familiares de presos Etxerat que, a las puertas de la sede socialista en San Sebastián, pedía el cese de la dispersión y acusaba al Gobierno de «utilizarles para obtener rendimiento político con su sufrimiento». En la pancarta culpaban al PSOE de estar «chantajeándoles» con los reclusos y mostraban su respaldo a la huelga de hambre retomada por el preso De Juana Chaos.

Esta protesta resume una parte de los escollos con los que, día a día, la izquierda abertzale alimenta su estrategia de presión sobre el Ejecutivo y refuerza las tesis de quienes sostienen que la situación del proceso en estos momentos es muy negativa. Y así lo dejaron patente ayer el secretario general del PSE, Patxi López, y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. El primero aseguró que la situación puede experimentar una peligrosa «marcha atrás», porque los radicales han «retrocedido en sus planteamientos». Y el segundo, aunque más optimista, reconoció que «todos los escenarios son posibles».

El hecho es que las dos vías por las que tendría que circular el proceso iniciado, el encuentro del Gobierno con ETA y las reuniones preparatorias para la creación de la mesa de partidos que aborde el autogobierno del País Vasco, están paralizadas y los datos que maneja el Ministerio del Interior no son tranquilizadores.

El Gobierno sostiene que, con el robo de armas por parte de ETA y la revitalización del terrorismo callejero, la posibilidad de un encuentro oficial con la dirección de la banda no es factible. Pero es que, además, hay dos elementos que agravan la situación: el hecho de que no se ha detectado ningún movimiento positivo en privado por parte de la banda y los informes de la Policía gala. En el ánimo del Departamento de Interior ha influido muy negativamente la información llegada desde Francia, en la que se detectan movimientos de los etarras y se dan datos tan precisos como que la banda cuenta con 516 terroristas a su disposición.

Respecto a las reuniones preparatorias de la mesa de partidos, se esperaba que la obtención de un preacuerdo desbloqueara la situación de crisis sobre la que ETA viene advirtiendo desde mediados de agosto, pero, en estos momentos, eso no es posible. Los socialistas han comunicado a Batasuna la imposibilidad de ir más allá de un preacuerdo en asuntos concretos como el de Navarra. Pero los radicales se siguen enrocando en que la territorialidad y la autodeterminación tienen que discutirse en la futura mesa con fórmulas concretas; así que cada parte está esperando la respuesta de la otra.

Los socialistas interpretan que Batasuna ha endurecido sus propuestas; sin embargo, la izquierda abertzale sostiene que siempre ha exigido lo mismo y que los negociadores del Gobierno «sobreentendieron» determinadas renuncias a las que ella no se comprometió.

¿Qué ocurrirá si Batasuna dice que no? «Ya se verá», responden fuentes conocedoras de la situación. «En el proceso, al igual que en el caso de De Juana Chaos, hay que dejar que pase el tiempo, porque es el que resuelve y disuelve muchas situaciones». De hecho, el Gobierno, hasta hace unos días, pensaba que a principios de año se habría desbloqueado lo suficiente la situación para seguir dando pasos importantes. Y el presidente sigue manteniendo esa convicción, aunque ésta, ahora, sea mucho menos firme en algunos departamentos del Ejecutivo.

Las dos partes siguen haciendo valer sus principales bazas: la izquierda abertzale sabe que un atentado le puede hacer perder las elecciones a Rodríguez Zapatero; y el Gobierno sostiene que, si esto ocurriera, Batasuna es consciente de que los líderes más representativos de la izquierda abertzale iban a ingresar en prisión de inmediato, la banda iba a quedar desarbolada y las propias bases radicales iban a castigar la iniciativa, como han hecho en otras ocasiones.

Y, mientras tanto, teóricamente, se está escenificando un pulso entre ambas partes que no parece tener fácil solución si una de ellas no da marcha atrás. Ayer, aparte de Etxerat, Askatasuna, también representante de presos, respondía a Patxi López que quien «bloquea» la situación es el Gobierno con la complicidad del PNV. Y Permach, portavoz de la formación ilegalizada, le pidió al líder socialista que sea «constructivo» -una palabra que, desde su punto de vista, implica que se «cierren» los macrosumarios contra «personas cuyo único delito es querer a este pueblo y trabajar por sus derechos»- y negocie la autodeterminación y la territorialidad.

Fuentes conocedoras del proceso fían al tiempo el que se sepa finalmente si se trata -y así lo creen- de una mera táctica de Batasuna. O si ETA, aplicando su principio de «cuanto peor mejor», de nuevo, no va a tener inconveniente en dejar a los pies de los caballos a los políticos de la izquierda abertzale.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053232.html

Pumpido dice ahora que no hay pruebas de que las 'herriko' sean de Batasuna

ALTO EL FUEGO / Un dictamen enviado a la 'Sala del 61' concluye que «no existen pruebas suficientes» de la vinculación a Batasuna / En cambio, en enero de 2005 sostuvo en la Audiencia Nacional que el partido «las controla»

Pumpido dice ahora que no hay pruebas de que las 'herriko' sean de Batasuna

MARIA PERAL

MADRID.- La Fiscalía se opone a que el Supremo adopte cualquier tipo de medida cautelar contra el patrimonio de las herriko tabernas, una red de locales formalmente destinados a hostelería y actividades culturales que «pertenecen» a Batasuna, «forman parte activa de su organización», son «instrumento para la financiación del partido ilegalizado» y están siendo utilizadas para «ocultar» la realidad patrimonial de la formación, según las conclusiones expuestas al Alto Tribunal por los tres liquidadores de la Agencia Tributaria.

En un escrito que acaba de enviar a la Sala del 61 del Supremo, la Fiscalía devalúa el informe de los expertos de Hacienda que han investigado el patrimonio de Batasuna desde octubre de 2003 y cuestiona la «oportunidad» de actuar sobre el patrimonio de las herriko tabernas «en este momento».

La Fiscalía considera que adoptar medidas cautelares sobre los bienes de las herriko tabernas sería «prematuro» y sostiene que «no existen pruebas suficientes que acrediten su efectiva vinculación a los partidos políticos ilegalizados».

El escrito -radicalmente contradictorio con las tesis que la propia Fiscalía está defendiendo en el sumario contra las herriko tabernas que tramita la Audiencia Nacional- es la respuesta al auto que el Supremo dictó el pasado 19 de octubre.

El Alto Tribunal preguntó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado si es preciso extender la liquidación patrimonial de Batasuna a los bienes que ostentan las herriko tabernas y si, mientras tanto, procede embargar o clausurar preventivamente los locales para neutralizar el riesgo de desaparición o transferencia de esos activos.

A la espera de las contestaciones, la Sala ordenó la entrada en todas las herriko tabernas del País Vasco y Navarra para que comisiones judiciales auxiliadas de agentes policiales realizasen inventarios del «dinero, bienes muebles y enseres de cualquier clase» que se encuentren en ellas. La orden del Supremo se llevó a cabo entre el 24 y el 26 octubre en medio de protestas y manifestaciones abertzales.

El informe de la Fiscalía está firmado por el teniente fiscal del Supremo y número dos de Cándido Conde-Pumpido, Juan José Martín Casallo.

En él se realizan dos alegaciones previas, «tanto sobre la forma de llevar a cabo las medidas de ejecución, como sobre la oportunidad de efectuarlas en este momento».

Respecto a la forma, advierte de que «la Sala debería llevarlas a término con absoluto respeto a los principios de audiencia, contradicción y defensa a fin de no ocasionar la indefensión de los que, en principio, aparecen como titulares» de los bienes de las herriko tabernas. Para ello, en su opinión, deberá darse audiencia a «todos y cada uno» de los directivos o cargos representativos.

En relación con la oportunidad, recuerda que en la Audiencia Nacional se tramita desde 2002 un sumario sobre las herriko tabernas y su vinculación al complejo ETA/Batasuna. «Parece razonable», dice, que la Sala del 61 «suspenda la adopción de cualquier medida» mientras se tramita ese proceso penal.

Consciente de la vulnerabilidad del argumento (pedir que se «suspenda» la ejecución de una sentencia firme dictada por el más alto tribunal y que éste quede a expensas de lo que decida un órgano inferior en otro orden jurisdiccional), el dictamen añade que «para el caso de que por la Sala se rechazaran las anteriores alegaciones», la extensión de la liquidación patrimonial a las herriko tabernas «es prematura». Según la Fiscalía, «en el momento en que nos encontramos no se ha probado, como requeriría la importancia de la medida, la existencia de una relación de carácter patrimonial entre ellas y los partidos ilegalizados».

Estrategia de ocultación

La afirmación no se compadece con lo que la propia Fiscalía sostuvo en enero de 2005 en un escrito por el que pidió al juez Garzón que procesara a 35 directivos de herriko tabernas, 15 de ellos ex dirigentes de Herri Batasuna. El fiscal dijo entonces que las herriko tabernas «constituyen un conjunto organizativo controlado por HB, con una apariencia disociada que obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de ETA». La Fiscalía valoró en 12 millones de euros los recursos económicos generados por las tabernas del pueblo.

El escrito al Supremo se esfuerza en restar valor al informe de los tres expertos de la Agencia Tributaria, nombrados por el Tribunal, liquidadores del patrimonio de las formaciones ilegalizadas.

Ese informe [ver página contigua] «no ofrece suficientes pruebas tendentes a la acreditación de la conexión» entre Batasuna y las tabernas, sostiene la Fiscalía.

Los liquidadores «distinguen entre indicios probatorios de vinculación general e indicios probatorios de vinculación particular», pero «de ninguno de ellos se desprenden, por el momento, pruebas directas que permitan afirmar que hay una confusión patrimonial entre los partidos ilegalizados y las herriko tabernas».

Para la Fiscalía, «es claro» que existe una afinidad ideológica e, incluso, una identidad de pensamiento con todos y cada uno de los objetivos que han prestado su apoyo a ETA (Orain-Egin, Ekin, asociaciones culturales, etc.)». «Pero de ello no puede inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento».

El escrito del Ministerio Público admite que, analizando los informes individualizados realizados por los liquidadores sobre cada una de las tabernas del pueblo, se observan «elementos comunes: alguno o algunos de los directivos fue candidato de HB; se halla integrada en la red de herriko tabernas gestionadas por Banaka; solicita y obtiene créditos hipotecarios controlados por Banaka, etcétera».

Estos datos son interpretados en el sentido de que «nos hallamos en presencia de un modelo de gestión comercial parecido, si se quiere común, pero que en ningún momento evidencia, hasta ahora, la existencia de sociedades pertenecientes a los partidos ilegalizados al margen de los titulares reales» de las tabernas.

Para la Fiscalía del Supremo, los informes de los liquidadores «no pueden ser considerados como instrumentos jurídicamente válidos» que eximan de probar la conexión entre la titularidad aparente y la real. «No cabe otorgar a una prueba pericial la eficacia de atribuir o negar la existencia de un determinado título de propiedad», dice.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2052823.html

EL FISCAL GENERAL ECHA UNA MANO AL 'PROCESO DE PAZ'

EDITORIALES DEL DÍA
EL FISCAL GENERAL ECHA UNA MANO AL 'PROCESO DE PAZ'
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo preguntó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado si consideraban preciso extender la liquidación patrimonial de Batasuna a las herriko tabernas, al tiempo que ordenó la inspección de dichos locales para inventariar sus activos. El proceso abierto tras la aprobación de la Ley de Partidos afecta a unas 120 locales repartidos por el País Vasco y Navarra. Pues bien, la respuesta de la Fiscalía ha llegado ya a la Sala del 61 y su lectura produce extrañeza y estupor. Sostiene el escrito firmado por el teniente fiscal del Supremo -el segundo de la carrera- que adoptar medidas cautelares contra el patrimonio de las herriko tabernas sería «prematuro», porque «no existen pruebas suficientes que acrediten la efectiva vinculación de las herriko tabernas a los partidos políticos ilegalizados».

Tal conclusión de la Fiscalía resulta insólita teniendo en cuenta que existe un detallado informe realizado por tres expertos de Hacienda que han investigado el patrimonio de Batasuna desde octubre de 2003 en el que se recogen numerosos vínculos de las organizaciones ilegalizadas con dichos locales. El informe de los peritos acredita que los locales formalmente destinados a hostelería y actividades culturales «pertenecen» a Batasuna, «forman parte activa de su organización» y «son instrumentos para la financiación del partido ilegalizado».

Este periódico publica hoy el detalle de los numerosos vínculos que los tres expertos de Hacienda han podido acreditar de las herriko tabernas con la formación ilegalizada por el Tribunal Supremo. La Fiscalía, sin embargo, prefiere obviar todos estos datos y concluye que esas pruebas no son suficientes. La perplejidad por este escrito del fiscal es doble, puesto que supone asimismo un cambio de criterio del Ministerio Público, que en enero de 2005 solicitó el procesamiento de 35 dirigentes de la antigua Batasuna por delito de pertenencia a organización terrorista en el sumario de las herriko tabernas instruido por Garzón. Entonces, la Fiscalía consideraba que los bienes de estos locales estaban directamente vinculados a la financiación de la banda terrorista ETA. Hay que recordar en este punto que la unidad de criterio es el elemento clave del Ministerio Público.

La pregunta que cabe hacerse es por qué la Fiscalía del Supremo -indudablemente bajo la inspiración de Cándido Conde-Pumpido- ha obviado el informe de los expertos de Hacienda y ha variado su propio criterio. Puesto que la respuesta no se puede encontrar en el ámbito jurídico, necesariamente tiene que estar relacionada con las circunstancias políticas derivadas del llamado proceso de paz. Evidentemente, la liquidación de las herriko tabernas sería un golpe decisivo para la estructura y las finanzas de la formación ilegalizada. Es muy posible que el fiscal general haya querido echar una mano a su amigo el presidente Zapatero, cuyo proceso está en plena crisis tras el robo de las pistolas por parte de ETA y los chantajes cada vez más claros de Batasuna.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2052833.html

Ocho años de vigilancia judicial por la financiación a ETA

Ocho años de vigilancia judicial por la financiación a ETA


Las 'herriko tabernas' han sido objeto de varias investigaciones por su posible contribución económica al terrorismo

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Siempre han estado en el ojo del huracán. Las herriko tabernas son desde hace años objeto de investigación judicial como presuntas piezas del sistema de financiación de ETA. Mucho antes de que el Tribunal Supremo decretase en 2003 la ilegalización de Batasuna, la contabilidad de estos locales afines a la formación de Arnaldo Otegi ya era investigada por orden de los jueces para determinar si desviaban o no parte de sus fondos a ETA.

En 1998, la Policía Nacional, por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, inició una investigación sobre las cuentas de las herriko tabernas para determinar o descartar su colaboración económica con ETA.

Esta investigación tomó como punto de partida un auto de Baltasar Garzón para confirmar la clausura del diario Egin, en el que se apuntaba el traspaso de unos 120 millones de pesetas de asociaciones culturales dependientes de las herriko a Orain, la empresa editora del clausurado periódico abertzale.

En 2001, el Ministerio del Interior no pudo probar que la herriko de Arrasate había sido el lugar elegido por ETA para preparar un atentado con coche bomba en Logroño.

Fue a partir de este momento cuando muchos de estos establecimientos empezaron a sustituir la denominación herriko taberna -Interior contabilizaba entonces 107 locales de este tipo en el País Vasco y Navarra, cuando hoy se calculan unos 140- por otras, igualmente reconocibles por el arrano beltza (un águila negra, insignia del viejo Reino de Navarra) que presidía las puertas de estos locales. Ya en 2002, Garzón ordenó el desmantelamiento de la organización juvenil Segi y en marzo detuvo a 12 de sus integrantes en una operación policial en la que se encontró diverso material documental de la organización interna de las herriko tabernas.

A partir de la obtención de estas pruebas, Garzón ordenó la detención de 12 destacados militantes de Batasuna, presuntos responsables de una red que blanqueaba dinero de la organización terrorista a través de las herriko tabernas, puesta en marcha en 1992 dentro del denominado proyecto Udaletxe. Se trata de un plan que consistía en la creación de sociedades mercantiles que, con actividad aparentemente regular, obtenían recursos destinados a mantener a la militancia de ETA. A partir de esta operación se bloquearon sus cuentas bancarias.

El pasado 23 de octubre, la Sala del 61 del Tribunal Supremo ordenó la entrada en las herriko tabernas del País Vasco y Navarra para inventariar los locales y bienes de Batasuna dentro del proceso de liquidación abierto tras su ilegalización en 2003.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2052841.html

Siete informes recientes vinculan a Batasuna con las 'herriko'

ALTO EL FUEGO / El trabajo de los liquidadores
Siete informes recientes vinculan a Batasuna con las 'herriko'

Los expertos de Hacienda concluyen que esos locales «son instrumento para la financiación de los partidos ilegalizados»

MARIA PERAL

MADRID.- En un informe fechado el pasado 4 de octubre y que ocupa dos tomos con sus correspondientes anexos, tres funcionarios de alto nivel de la Agencia Tributaria, que en octubre de 2003 juraron sus cargos como liquidadores del proceso de extinción patrimonial de Batasuna, pidieron al Supremo que amplíe el ámbito de la liquidación «a los bienes y derechos de titularidad indirecta, que figuran a nombre de herriko tabernas y de las sociedades instrumentales tenedoras de inmuebles y titulares de las sedes sociales alquiladas por parte de los partidos políticos ilegalizados».

A juicio de los expertos, existen indicios de que las herriko tabernas y un grupo de sociedades instrumentales forman parte de una red sometida a las «directrices superiores emanadas de los partidos ilegalizados».

El trabajo de los liquidadores, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se basa en siete informes elaborados por la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), todos ellos elaborados no sólo con posterioridad a la ilegalización de HB-EH-Batasuna en marzo de 2003, sino también después de la llegada del PSOE al poder.

También se han apoyado en informes policiales anteriores a la ilegalización; en las investigaciones de la Audiencia Nacional, y en pruebas documentales (publicaciones editadas por HB y escritos incautados a terroristas y referidos a las herriko tabernas).

Los siete informes posteriores a la ilegalización son los siguientes:

INFORME SEPBLAC 4-11-04

Investigación del Servicio de Prevención del Blanqueo sobre cuentas bancarias

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales remitió el 4 de noviembre de 2004 el resultado de la investigación relativa a cuentas bancarias titularidad de los partidos ilegalizados y de herriko tabernas.

Los propios liquidadores han examinado unas 250 cuentas de las tabernas (algunas pertenecientes también a HB) que «permitirían acreditar la existencia de confusión patrimonial y financiera entre las diversas herrikos y los partidos políticos, así como de la habitualidad de relaciones comerciales con diferentes sociedades mercantiles así mismo vinculadas al Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV)».

Por ejemplo, los liquidadores han podido confirmar que 10 herriko contribuyeron a la financiación de Erigane S.L. y de Hernani Inprimategia S.L. (vinculadas al MLNV), mediante desviación de los fondos previamente obtenidos vía préstamo hipotecario, para el vaciamiento patrimonial del grupo de comunicación Orain-Egin.

También ha resultado acreditado que las herriko han servido de instrumento de recaudación y cobro de las cuotas a los afiliados a los partidos ilegalizados.

Se ha comprobado, igualmente, que en cuentas de titularidad de las herriko tabernas se han residenciado ingresos procedentes de nóminas de concejales de los partidos ilegalizados.

Del examen de las pólizas hipotecarias suscritas por gran número de herriko, los liquidadores resaltan los indicios de vinculación con HB-EH-Batasuna, así como indicios de gestión conjunta de préstamos.

La sociedad Banaka «desarrolla una dirección y coordinación financiera conjuntas, así como un control global por zonas geográficas del total del crédito hipotecario recibido y vivo, llegando incluso a calcular la cuota mensual global que ha de satisfacer la red de herrikos».

Se han observado indicios de vinculación política -por haber sido candidato electoral por alguno de los partidos ilegalizados- o incluso penal -por tener antecedentes por delitos de colaboración o pertenencia a banda armada- en las personas físicas que figuran como representantes de algunas herriko en la negociación del préstamo o en la escritura pública de su constitución, o bien en cargos de la junta directiva que autoriza mediante certificado la formalización del préstamo.

Asimismo, se ha apreciado la existencia de disposición de fondos de las herriko tabernas para el pago de fianzas carcelarias de personas pertenecientes a organizaciones integradas en el MLNV.

Sobre este extremo, se ha comprobado que en los estatutos de numerosas asociaciones culturales (forma social que adoptan las herriko a partir de 1994) se refleja la finalidad de atender las necesidades de los presos y sus familiares.

INFORME SEPBLAC 14-6-04

Documento sobre transacciones exteriores

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales da cuenta de la investigación de transacciones exteriores realizadas por los partidos políticos y por las personas físicas vinculadas a las herriko.

INFORME UCI 20-9-05

Pruebas de la vinculación de sociedades instrumentales con los partidos

Se trata de posibles sociedades instrumentales titulares de las sedes sociales oficiales de las formaciones ilegalizadas.

Se cita a Ainztira SL, que alberga las sedes batasunas de San Sebastián; Ibaiertz Elkarte Mugatua S L, cuya única actividad desde su constitución en 1997 es alquilar las sedes que sucesivamente ha ido ocupando la coalición Batasuna bajo sus diferentes siglas en Vizcaya; Martzaliano Etxea SAL, que figura como arrendadora de la sede de Navarra, y la Asociación Cultural Recreativa Arranp, que arrienda la sede de Alava.

INFORME UCI 22-2-05

Relativo a los «signos externos» de identificación comunes a las 'herriko'

Se atestigua que 95 de 104 herriko tabernas examinadas (sobre un total de 114) permanecen abiertas y han seguido funcionando en la práctica cotidiana pese a la suspensión de actividades decretada por la Audiencia Nacional.

El informe policial destaca que en 70 de las herrikos se hace exhibición de signos distintivos de la izquierda abertzale, tales como el arrano beltza (águila negra), la ikurriña o el lauburu (cruz gamada vasca). En un porcentaje muy considerable se exhiben pancartas y carteles asociados a campañas políticas promovidas por organizaciones tales como Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna (frente de presos, incardinada en la estructura organizativa de ETA), figurando la firma de la ilegalizada Segi (antes Haika y Jarrai).

INFORME UCI 26-6-05

Sobre vinculaciones políticas y/o penales de empleados de 'herriko'

Contiene una relación de la identidad de 107 empleados de tabernas del pueblo que tienen antecedentes penales de acuerdo con los archivos policiales.

INFORME UCI 16-3-05

Antecedentes penales de directivos de 'herriko tabernas'

Se trata de una relación de integrantes de juntas directivas de tabernas del pueblo en los que concurre la circunstancia de tener antecedentes penales en los archivos policiales. La lista refleja 113 nombres.

Otra relación consigna los perceptores de las herriko que concurrieron como candidatos electorales de las formaciones ilegalizadas y/o que fueron investigados o condenados por delitos de terrorismo.

INFORME G.C. 17-8-05

Vinculación entre las 'tabernas del pueblo' y Egunkaria

Un informe de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil revela que una proporción significativa de herriko son accionistas de la empresa editora Egunkaria, objeto de una investigación penal por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por su vinculación al MLNV.

CONCLUSIONES

El informe de los liquidadores contiene las siguientes conclusiones:

- Las herriko tabernas y las sociedades instrumentales citadas forman parte de una red gestionada y coordinada jurídica y económicamente de manera centralizada. Su actuación se encuentra sometida a las directrices superiores emanadas de los partidos ilegalizados. Esta superior dirección corresponde a la Comisión Nacional de Herrikos, controlada por la Mesa Nacional del partido.

- Las herriko tabernas y las sociedades instrumentales guardan una relación de dependencia directa de los partidos ilegalizados.

- Las herriko tabernas y las sociedades instrumentales, bajo la apariencia de asociaciones culturales, son instrumento para la financiación de los partidos políticos ilegalizados y apoyo para el desarrollo de sus actividades políticas.

Para los liquidadores, existen indicios para entender que las herriko tabernas y sociedades instrumentales «pudieran servir, entre otras razones, al ánimo de eludir las responsabilidades (civiles, patrimoniales, etc.) que a los partidos políticos ilegalizados fueran exigibles».

«Así», añaden «podrían haber sido utilizadas como instrumento para, por un lado, realizar una serie de negocios en la búsqueda de mayores beneficios de sus reales titulares, los partidos ilegalizados, y por otro lado, de manera paralela, ocultar la real detentación de su patrimonio, haciendo así imposible que terceros ajenos pudieran reconocer la verdadera titularidad de los bienes embargados».

«A nuestro juicio», finalizan «podrían darse los requisitos necesarios para que se procediera al levantamiento del velo en relación a las herriko tabernas y las sociedades, ya hayan adoptado la forma jurídica de asociaciones culturales, ya la de sociedades mercantiles, de tal forma que, con ese corrimiento, se juzgara la realidad fáctica existente por encima del mantenimiento de la forma».

Consideran que con ello se impediría que las formaciones ilegalizadas pudieran invocar frente a sus acreedores -en este caso, frente a la liquidación emprendida por el Supremo- que existen personalidades jurídicas independientes.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2052842.html